Sentencia 2003-00172 de mayo 29 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Expediente: 29564

Radicación: 070012331000200300172 01

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: Luis Adolfo Torres Hernández y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintinueve de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción

De la jurisdicción, competencia y procedencia de la acción

Por ser la demandada una entidad estatal, el proceso es de conocimiento de esta jurisdicción (CCA, art. 82). Además, esta corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto perjuicios morales, supera la exigida por la norma para el efecto(1).

La acción de reparación directa instaurada (CCA, art. 86) es la procedente, por cuanto las pretensiones de la demanda están encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada por las actuaciones y omisiones en las que incurrió y que tuvieron como consecuencia la muerte del señor Fredi Luis Torres Zambrano.

De la legitimación en la causa

La legitimación en la causa aparece demostrada en el plenario, por una parte, porque la actora es la directamente afectada con el daño sufrido con los hechos que se imputan a la demandada y, por la otra, porque está probado en el expediente que el Ejército Nacional era la entidad encargada de la custodia del soldado al momento de su muerte, lo cual fue invocado en la demanda como origen de la responsabilidad estatal.

De la caducidad de la acción

En el presente asunto se pretende que se declare la responsabilidad de la entidad demandada por la muerte del señor Fredi Luis Torres Zambrano, el 7 de mayo de 2002, como la demanda fue impetrada el 18 de julio de 2003, se instauró dentro de los dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, en los términos del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

II. Problema jurídico

Procede la Sala a establecer si es posible atribuir al Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional, el daño alegado en la demanda, esto es, la muerte del soldado voluntario Fredi Luis Torres Zambrano, ocurrida el 7 de mayo de 2002, en las instalaciones del batallón de caballería mecanizado 18 Rebeiz Pizarro, con sede en el municipio de Saravena Arauca, o si se presenta alguna causal eximente de responsabilidad.

Para el efecto, tendrá la Sala que determinar si la muerte fue causada por un riesgo propio de la actividad militar o si por el contrario, se configuró una falla en el servicio o un riesgo que excedió lo que debía soportar el soldado.

III. Validez de los medios de prueba

Según el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento administrativo en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

En el presente caso, la entidad demandada solicitó expresamente en el escrito de contestación de la demanda que se ordenara a la brigada 18 del Ejército Nacional que remitiera copia de los procesos penal y disciplinario que se adelantaran sobre los hechos en los que el soldado Torres Zambrano perdió la vida (fls. 52-54, cdno. 1). El tribunal decretó la prueba y requirió que se allegara el citado proceso (fl. 162, cdno. 1). En virtud de esta orden, el grupo de caballería mecanizado Reveiz Pizarro, remitió copia auténtica de la investigación disciplinaria 2003-172 seguida por esa entidad (fls. 99-149, cdno. 1).

Las pruebas decretadas y practicadas en la investigación disciplinaria trasladada serán valoradas por la Sala debido a que fueron solicitadas por la entidad demandada en el presente caso, pues se trata de una investigación seguida por esta misma en contra del soldado Neber Bedoya Ramos y la parte demandante no las tachó o controvirtió.

IV. Hechos probados

De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se tienen probados los siguientes hechos relevantes:

1. El señor Fredi Luis Torres Zambrano ingresó al Ejército Nacional como soldado regular el 8 de enero de 1999, cumplió el tiempo de servicio militar obligatorio el 1º de mayo de 2000, y se vinculó como soldado voluntario desde el 1º de junio de 2000 hasta el 7 de junio de 2002, fecha en la cual falleció encontrándose en “misión del servicio” (constancia expedida por el jefe de la sección administrativa de la dirección de personal del Ejército Nacional, fl. 33, cdno. 1).

2. El 7 de mayo de 2002, falleció el soldado Fredi Luis Torres Zambrano como consecuencia de un “shock neurogénico secundario a contusión cerebral con mecanismo de golpe repetitivo secundario a trauma craneoencefálico con elemento contundente (puños)” (registro civil de defunción, protocolo de necropsia, acta de levantamiento de cadáver, fls. 18, 124-128, 144, cdno. 1).

3. Mediante informe rendido por el comandante de la unidad-Grupo Rebeiz Pizarro del Ejército Nacional, el 8 de mayo de 2002, se conceptuó lo siguiente:

De acuerdo con lo informado por el señor Capitán Paredes Medina Ricardo comandante del escuadrón A, el día 7-mayo-02 a las 4:45 horas aproximadamente, en el alojamiento, el SLV. Torres Zambrano Fredi Luis quien se encontraba prestando de servicio de alojamiento y llamando al personal de la contraguerrilla “Águila 2” para salir a efectuar una operación de registro y control militar de área mencionado le hizo un llamado de atención al SLV. Bedoya Ramos Neber Darío porque estaba cogiendo un material de intendencia que no le correspondía quien inmediatamente lo agredió, propinándole fuertes golpes en la cabeza y por último le dio uno en la espalda al SLV. Torres Zambrano Fredi Luis quien se cayó de frente al piso quedando sin sentido e inmediatamente fue trasladado al dispensario quien al ser atendido por el médico de la unidad ya había fallecido (...).

Imputabilidad:

De acuerdo con el Decreto 2728 de 1968, artículo 8º, la muerte del extinto SLV. Torres Zambrano Fredi Luis CM. 80022434 fue ocasionada en Misión del Servicio (sic) (fls. 265-266, cdno. 1).

4. Para la fecha de los hechos, el soldado Fredi Luis Torres Zambrano devengaba un salario de $ 564.647 pesos (constancia emitida por el jefe de nómina del comando del Ejército Nacional, fl. 40, cdno. 1).

5. El señor Fredi Luis Torres Zambrano era hijo de Luis Adolfo Torres Hernández y Eva Zambrano, y hermano de Wilmer Hipólito, Emiliano, Albeiro, Francisco, Eloy, Juan de Jesús y Gloria Torres Zambrano (registros civiles de nacimiento, fls. 17-25, cdno. 1).

V. Análisis de la Sala

De conformidad con los hechos probados, se tiene por demostrado el daño invocado por la parte actora, es decir, está debidamente acreditado el deceso del señor Fredi Luis Torres Zambrano, el cual se produjo el 7 de mayo de 2002, como consecuencia de los golpes propinados por el soldado Neber Bedoya Ramos, dentro de las instalaciones del batallón de caballería mecanizado 18 Rebeiz Pizarro, en el municipio de Saravena, Arauca.

Establecida la existencia del daño antijurídico, aborda la Sala el análisis de la imputación con el fin de determinar si en el caso concreto, dicho daño es endilgable por acción u omisión a la entidad demandada, y si esta se encuentra en el deber jurídico de resarcir los perjuicios que de dicho daño se derivan.

La jurisprudencia de esta corporación, al analizar el fenómeno de la imputación fáctica desde el punto de vista jurídico, ha manifestado lo siguiente(2):

Ahora bien, en cuanto concierne a la imputación, se tiene que el daño antijurídico puede ser atribuido a la administración pública en la medida en que esta lo haya producido por acción u omisión, pues, precisamente, en sentido genérico o lato la imputación es la posibilidad de atribuir un resultado o hecho al obrar de un sujeto.

En materia del llamado nexo causal, debe precisarse una vez más que este constituye un concepto estrictamente naturalístico que sirve de soporte o elemento necesario a la configuración del daño, otra cosa diferente es que cualquier tipo de análisis de imputación, supone, prima facie, un estudio en términos de atribuibilidad material (imputatio facti u objetiva), a partir del cual se determina el origen de un específico resultado que se adjudica a un obrar —acción u omisión—, que podría interpretarse como causalidad material, pero que no lo es jurídicamente hablando porque pertenece al concepto o posibilidad de referir un acto a la conducta humana, que es lo que se conoce como imputación.

No obstante lo anterior, la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política(3).

Si la ciencia jurídica parte del supuesto de atribuir o endilgar las consecuencias jurídicas de un resultado (sanción), previa la constatación de que una trasgresión se enmarca en una específica proposición normativa, es evidente que el nexo causal por sí mismo deviene en insuficiente para solucionar el problema de la atribución de resultados, tal y como desde hace varios años se viene demostrando por el derecho penal, lo que ha conllevado a que se deseche el principio de causalidad a efectos de imputar un hecho, para dar aplicación a una serie de instrumentos e ingredientes normativos (v. gr. el incremento del riesgo permitido, la posición de garante, el principio de confianza, la prohibición de regreso, etc.) dirigidos a establecer cuándo determinado resultado es imputable a un sujeto. Lo anterior, comoquiera que es posible que un determinado suceso tenga origen material en una específica conducta (causa material), pero las consecuencias del mismo sean atribuidas a un tercero (v. gr. la responsabilidad por el hecho de las cosas, o por el hecho de otro; la posición de garante)(4).

En otros términos, la causalidad —y sus diferentes teorías naturalísticas— puede ser empleada para determinar probablemente cuál es el origen de un hecho o resultado en el mundo exterior, esto es, en el campo de las leyes propias de la naturaleza o del ser. A contrario sensu, la imputación surge de la atribución de un resultado en cabeza de un determinado sujeto; parte del hecho de la sanción originada en el incumplimiento normativo a un precepto de conducta, es decir, del deber ser.

En consecuencia, la imputación fáctica puede derivarse de la constatación en el plano material de la falta de intervención oportuna que hubiera podido evitar el resultado; en efecto, es en el plano de la omisión donde con mayor claridad se verifica la insuficiencia del dogma causal, motivo por el cual el juez recurre a ingredientes de tipo normativo para determinar cuándo una consecuencia tiene origen en algún tipo de comportamiento y, concretamente, a quién resulta endilgable o reprochable la generación del daño. De lo contrario, la responsabilidad derivada de la omisión no tendría asidero, comoquiera que a partir de la inactividad no se deriva nada, es decir, no se modifica el entorno físico; en ese orden de ideas, el derecho de daños ha evolucionado en la construcción de instrumentos normativos y jurídicos que permiten solucionar las insuficiencias del denominado nexo causal importado de las ciencias naturales, para brindar elementos que permitan establecer cuándo un determinado daño es atribuible a la acción u omisión de un determinado sujeto.

Respecto de la responsabilidad aplicable a la administración por daños sufridos en el ejercicio del servicio militar, la jurisprudencia del Consejo de Estado distingue aquellos daños padecidos por un integrante de las Fuerzas Armadas que presta servicio militar obligatorio, de aquellos que se han incorporado voluntariamente al servicio. Dicha distinción tiene su fundamento razonable en que, mientras en el primer caso la prestación del servicio militar es impuesta a algunos ciudadanos por el ordenamiento jurídico(5), en la segunda eventualidad la persona ingresa al servicio por iniciativa propia, con lo que asume los riesgos inherentes que implica el desempeño de la carrera militar. Sobre este punto la Sala ha manifestado:

Es necesario precisar que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3º y 4º ibídem (L. 131/85 [19](6)) [20](7), los soldados que prestan de forma voluntaria el servicio militar ostentan los beneficios y calidades característicos de la vinculación al servicio de manera permanente —por un lapso no menor de doce meses—, en forma similar a como ocurre con los soldados profesionales, situación esta que implica que los soldados voluntarios tienen una condición de prestación del servicio sustancialmente diferente a la que es predicable de aquellos soldados que han ingresado al cuerpo militar en situación de conscripción. Por tal razón, es necesario que en cada caso particular se demuestre la forma de vinculación del servidor con las Fuerzas Armadas, para efectos de establecer el régimen de responsabilidad que resulta pertinente, toda vez que el régimen objetivo de responsabilidad solo es aplicable cuando se trate de soldados conscriptos —que presten servicio militar obligatorio— independientemente de su modalidad de incorporación tal como previamente se ha señalado [21](8) (9).

Así las cosas, quien se incorpora en el servicio militar en forma voluntaria, como ocurre en el presente caso, asume todos aquellos riesgos que naturalmente están relacionados con el desempeño de las actividades de la milicia. En este sentido, para determinar la responsabilidad del Estado frente a los daños sufridos por quien presta sus servicios como soldado voluntario, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que:

En principio no son jurídicamente atribuibles al Estado como responsabilidad extracontractual, toda vez que los mismos constituyen un riesgo propio de la actividad que dichos servidores públicos desarrollan comúnmente y que se concretan en cumplimiento de sus funciones y deberes constitucionales y legales, de tal suerte que, solo en aquellos casos en los cuales se demuestre que el daño devino de una falla en el servicio o de la materialización de un riesgo excepcional y superior al que normalmente en agente estatal está en obligación de soportar, deberá ser imputado a la administración(10).

De acuerdo con lo anterior, para determinar la responsabilidad estatal en los casos de daños causados a quien se vincula al servicio militar de manera voluntaria, la imputación se hace con base en la teoría del riesgo excepcional, en razón a que este se estructura cuando se presenta una situación extraordinaria frente a lo que asume normalmente un soldado al escoger dicha profesión, es decir, cuando el riesgo excede el que normalmente deben soportar el funcionario en virtud de su actividad militar.

Con miras a establecer cuáles son las actividades que constituyen un riesgo propio para los agentes de las Fuerzas Militares, la jurisprudencia de esta corporación(11) ha precisado que este riesgo se constituye cuando ocurre una afectación del derecho a la vida y/o a la integridad personal en desarrollo de los objetivos constitucionales en actividades propias de su cargo y relacionadas con el servicio, tales como, combates, emboscadas, ataques de grupos subversivos, operaciones de inteligencia, de inspección, de seguridad, de vigilancia o patrullaje, entre otras.

Sin embargo, si bien es cierto que la asunción voluntaria de los riesgos propios de la actividad militar modifica las condiciones en las cuales el Estado responde por los daños que los soldados voluntarios puedan llegar a sufrir, ello no significa que la aceptación de tales riesgos, en virtud de la naturaleza voluntaria de su vinculación, permita que sobre ellos recaigan cargas desproporcionadas, o que se exonere a las Fuerzas Militares de proteger la vida e integridad de sus miembros.

En el presente caso, se encuentra probado que las lesiones sufridas por el soldado voluntario Fredi Luis Torres Zambrano fueron ocasionadas durante el desarrollo de una actividad militar, en horas de servicio. Ahora bien, deberá la Sala establecer si la muerte del soldado constituyó un riesgo propio de la actividad militar.

Las circunstancias en que ocurrieron los hechos fueron narradas así:

Siendo las 4:00 a.m. me encontraba durmiendo en el alojamiento cuando el soldado Torres Zambrano Fredi nos empezó a despertar porque tenía la orden de levantarnos a esa hora para cumplir una orden de operaciones, me levanté, me vestí y me recosté en mi cama a esperar al resto de la gente, el soldado Torres Zambrano le decía al resto de la gente que se levantaran que si no querían trabajar pidieran la baja, el soldado Bedoya Ramos Neber Darío se levantó de la cama y se dirigió a la otra contraguerrilla que duerme en el mismo alojamiento y cogió unas botas de caucho de uno de los equipos, el soldado se encontraba durmiendo allí, el soldado Bedoya le dijo que el dueño de las botas era amigo y que no iba a decir nada, el soldado Torres volvió y le dijo pídale permiso por eso es que se pierden las cosas, el soldado Bedoya se devolvió de su cama y empujó al soldado Torres y le dijo que él no se las iba a robar, se pusieron a lanzarse puños, el soldado Torres se cubrió la cabeza con las manos mientras el soldado Bedoya seguía tirando puños, el soldado Torres se retiró caminando suavemente y le dio la espalda, el soldado Torres caminó unos pasos más y se cayó al piso en el momento que se encontraban peleando yo intenté separarlos pero ya era tarde porque Torres ya se estaba retirando, yo le dije al soldado Bedoya que por qué se ponía a pegarle así viendo que Torres tenía la razón, el soldado Bedoya le respondió que porque tenía que decirle así que él no se las iba a robar, yo al ver que el soldado Torres se había desmayado procedí a ayudarlo pero él no decía nada entonces lo llevamos al dispensario con los soldados Solado Becerra, Valencia Forero (sic), Giraldo Chavez, al salir a la plaza de armas nos encontramos con el oficial de servicio y él le dio la orden al conductor de un abir (sic) que nos llevara al dispensario, allí mi primero Riscanevo, nos recibió y al ver el estado del soldado inmediatamente mandó llamar a mi Teniente Solano médico de la unidad, trataron de reanimarlo pero mi Teniente Solano dijo que ya estaba muerto (...) la pelea duró cuestión de segundos, los golpes que él le lanzaba iban dirigidos a la cara y a la cabeza y el último puño que le dio fue en la espalda y los puños eran muy fuertes sobretodo el último que se lo pegó en la espalda (sic) (declaración juramentada del SLP. Ramírez González José Darío, fl. 109, cdno. 1).

En testimonio coincidente el SPL. Franklin Rizo Herrera narró:

Eran las 4:30 de la mañana, me paré y me fui para el baño a cepillarme la boca cuando llegué del baño el soldado Torres estaba parado al pie de mi catre me puse a arreglar la cama y vestirme al momento el soldado Bedoya se vino del catre hacia el catre del soldado Oliveros Lucas agarró el par de botas del soldado Oliveros entonces se fue para su catre y el soldado Torres en el momento se dio cuenta de que Bedoya llevaba el par de botas del otro soldado entonces el soldado Torres le dijo que porque no lo llamaba y le dijera personalmente que le prestara el par de botas, el soldado Bedoya le respondió diciéndole que eran amigos y que él no le decía nada, ahí el soldado Torres volvió a decirle que porque no lo despertaba y le dijera personalmente que le prestara el par de botas y el soldado Bedoya pasó hacia su catre y se sentó en él, por último Torres le dijo que así empiezan que entre amigos se roban las cosas, entonces el soldado Bedoya se paró de su catre y se dirigió hacia el soldado Torres y le dijo que cuál era el ladrón, quién es el ladrón, eso se lo repitió como tres veces, el soldado Bedoya le metió dos empujones y el soldado Torres lo quedó mirando de frente y le lanzó un puño a la cara y entonces el soldado Bedoya reaccionó cogiéndolo a golpes y no lo dejó reaccionar más, lo golpeó durante unos treinta o cuarenta segundos y sintiéndose el soldado Torres perdido se alejó, iba tambaleándose como unos tres metros y lo alcanzó Bedoya y le metió un puño por la espalda y el soldado Torres cayó en medio de dos catres no volviéndose a pararse más (sic) (...).

De acuerdo con la narración que de los hechos hicieron los compañeros del señor Torres Zambrano, este se encontraba cumpliendo la orden de despertar al pelotón, cuando tuvo un altercado con uno de sus compañeros quien lo agredió fuertemente causándole la muerte.

Conforme a lo consignado en la inspección de cadáver y en el protocolo de necropsia, el señor Fredi Luis Torres Zambrano falleció como consecuencia de la contusión cerebral causada por los fuertes golpes que recibió en la cabeza.

Así la cosas, para la Sala es claro que las lesiones que le causaron la muerte al soldado voluntario Fredi Luis Torres Zambrano, no ocurrieron como concreción de un riesgo propio e inherente al servicio y asumido en forma voluntaria por el servidor, sino que este se produjo por la conducta ilegal de su compañero, en desarrollo del cumplimiento de una orden que recibió el occiso de sus superiores y, en tales circunstancias, se produjo una reacción desproporcionada y violenta, lo que indica que este fue expuesto a una situación excepcional de riesgo que no estaba llamado a soportar.

Por lo anterior, se encuentra probada la materialización de un riesgo excepcional, superior al que el señor Torres Zambrano asumió al vincularse como soldado voluntario al Ejército Nacional, pues, a pesar de encontrarse en ejecución de una labor ordenada por un superior, su muerte no es una consecuencia que se espera de la actividad que desarrollaba.

Además, de acuerdo con el material probatorio arrimado al proceso, se evidencia que la entidad no logró mantener en sus instalaciones al soldado agresor, quien, luego de cometer el homicidio, huyó sin que las autoridades pudieran alcanzarlo.

Sobre la manera en que procedió la entidad, luego de verificar la muerte del soldado Torres, el soldado Alexander Giraldo Chávez afirmó:

(...) mi Teniente le tomó el pulso, le examinó los ojos y sacaron un aparato para echarle aire mientras mi Teniente seguía haciéndole masajes cardiacos y de ahí le colocaron una inyección y el soldado nada que reaccionaba, le colocaron otra inyección en el pecho y mi teniente nos dijo que está muerto que no había nada que hacer yo me retiré porque me sentí mal por la noticia y llegó mi Teniente Valencia y me dijo, lanza váyase detrás del soldado Bedoya y lo cuida (...) entonces yo me paré y le dije, ese man es muy grande y de pronto lo aporrea a uno, pero mi Teniente me dijo que me fuera con él, que ya mandaba más gente, en ese momento el soldado Rivera venía saliendo del dispensario y yo le dije que nos tocaba custodiar al soldado Bedoya para que no fuera a hacer nada (...) nosotros le dijimos, venga Bedoya siéntese acá y hablamos para ayudarlo y él nos dijo, de la única manera que me pueden ayudar es dejándome solo, entonces el soldado Rivera le dijo que no podíamos dejarlo solo porque la orden era cuidarlo, entonces se nos encaró y se nos vino hacia nosotros, y nosotros retrocedimos y entró al alojamiento hasta el catre de él, entonces Rivera me llamó hasta la puerta y me dijo que iba a llamar a mi Sargento porque ese man estaba muy insoportable, salió Rivera y yo me quedé allí, luego mi cabo Samudio me dijo que si no iba a salir a la patrulla y yo le dije que no porque la orden era cuidar al soldado Bedoya, entonces, cuando terminó de decirme eso, Bedoya salió caminando del alojamiento y dio la vuelta por detrás del alojamiento, entonces le dije que si tenía radio para timbrarle a mi Sargento y me dijo que no que no tenía baterías, luego me dirigí por la puerta principal del alojamiento y me dirigí por encima del mismo entonces cuando llegué a la esquina él se estaba dirigiendo hacia el estand del polígono entonces hice dos disparos al aire y el soldado salió a correr y se fue por el sector de la pista de infiltración, luego salimos con las contraguerrillas a realizar el registro (sic).

Al respecto, mediante auto de archivo de la indagación preliminar, el grupo de caballería mecanizado 18 manifestó lo siguiente:

En cuanto a la seguridad del soldado Bedoya se impartieron las órdenes correspondientes a la custodia y vigilancia del mismo hasta tanto las autoridades competentes se apersonaran de la situación; sin embargo el soldado Bedoya Ramos Neber eludió la vigilancia procediendo a evadirse de la unidad por el sector de la parte trasera de los alojamientos adentrándose en las matas de monte que se encuentran cerca al sector del polígono y que van a dar a la vía o carretera principal que conduce a Arauca, no obstante al haber reaccionado las tropas hacia ese sector no se pudo dar con el paradero del soldado BEDOYA (sic) (fl. 149, cdno. 1).

Así las cosas, si bien en el presente caso no se evidencia la configuración de una falla en el servicio, por cuanto la causa del daño no es atribuible a un incumplimiento por parte de la entidad de su deber de vigilancia y control sobre sus miembros, de conformidad con los hechos que resultaron acreditados en el análisis del material probatorio aportado al proceso, y en observancia del estudio de las circunstancias en que sucedieron los hechos, la Sala encuentra demostrada la responsabilidad patrimonial del Estado, que se configura debido a que la situación en la que murió el soldado excedió el riesgo que este asumió en virtud de las actividades propias del servicio militar, pues se trató de una reacción desproporcionada y violenta por parte del agresor, quien le provocó la muerte, lo cual constituyó una carga excesiva que el soldado no estaba llamado a soportar.

Por último, es necesario precisar que, en atención a que la imputación del daño no se realizó bajo la óptica del régimen de responsabilidad subjetivo, no se evaluará la conducta del soldado, o la incidencia que esta pudiera tener sobre la causación del daño, pues, bajo el régimen de responsabilidad objetivo, esta no es determinante para realizar la imputación del mismo, de acuerdo con los argumentos anteriormente expuestos que sustentan la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad por riesgo excepcional.

En consecuencia, se revocará la sentencia impugnada.

VI. Liquidación de perjuicios

Procede la Sala a fijar el monto de los perjuicios morales y materiales con fundamento en las pretensiones formuladas en la demanda y en las pruebas obrantes dentro del proceso.

A. Perjuicios morales

Respecto del pago de indemnización por los perjuicios morales causados a la parte demandante, la Sala encuentra que los lazos civiles y el parentesco del occiso con sus padres y hermanos están debidamente acreditados. De igual manera, se puede inferir que los familiares del señor Fredi Luis Torres Zambrano (occiso) padecieron pena, aflicción o congoja con su muerte, con lo cual se los tiene como damnificados por tal suceso(12). Es decir, a partir de un hecho debidamente probado llamado “indicador”, que en este caso es el parentesco, se infiere o deduce a través del razonamiento lógico, otro hecho llamado “indicado”, que corresponde al sufrimiento y tristeza padecidos por los parientes más próximos de la víctima(13).

Con base en lo anterior, la Sala condenará a la entidad demandada a pagar a Luis Adolfo Torres Hernández y Eva Zambrano de Torres, la suma equivalente a 100 SMLMV a cada uno, y a Wilmer Hipólito, Emiliano, Albeiro, Francisco, Eloy, Juan de Jesús y Gloria Torres Zambrano, la suma equivalente a 50 SMLMV a cada uno, en compensación por el daño moral padecido como consecuencia de la muerte de Fredi Luis Torres Zambrano.

B. Perjuicios materiales

La Sala accederá al reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de los padres del fallecido, debido a que se encuentra probado, que la víctima para el momento de su muerte contaba con 23 de edad y aún vivía con sus padres. También se encuentra probado que Fredi Luis Torres Zambrano ostentaba el cargo de cabo segundo del Ejército Nacional, por el cual devengaba un salario mensual de $ 564.647, incluidas prestaciones sociales según la certificación expedida por dicha entidad.

De ese valor se tomará la suma de $ 423.486, que se presume era lo que la víctima dedicaba al sostenimiento del hogar paterno, esto es, su salario, menos el 25% que se presume, disponía para sus gastos personales.

En cuanto al periodo a indemnizar, este deberá contarse a partir de la fecha de la ocurrencia del daño —mayo 7/2002— hasta que la víctima hubiera cumplido los 25 años —mayo 6/2004—, pues, de acuerdo con la jurisprudencia(14), se presume que las personas ayudan económicamente a sus padres hasta dicha edad.

Actualización de la renta:

S 2003-00172F1
 

Donde:

Ra: Renta actualizada a establecer.

Rh: Renta histórica, $ 423.486.

Ipc (f): Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 116.24 que es el correspondiente a abril de 2014.

Ipc (i): Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 75,01 que es el que correspondió al mes de mayo de 2002, mes en que ocurrieron los hechos.

S 2003-00172F2
 

La indemnización a que tienen derecho Eva Zambrano Barrera y Luis Adolfo Torres Hernández, comprende un periodo que se cuenta desde el momento en que ocurrieron los hechos (mayo 7/2002) hasta que la víctima hubiere cumplido 25 años (mayo 6/2004).

Indemnización debida o consolidada:

S 2003-00172F3
 

Para aplicar se tiene:

S: Suma a obtener.

Ra: Renta actualizada, es decir $ 656.259.

I: Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.

N: Número de meses transcurridos desde el daño hasta la fecha en que la víctima hubiere cumplido 25 años, esto es, 24.3 meses.

1: Es una constante.

S 2003-00172F4
 

S = $ 16.884.888

Este resultado se dividirá en dos cuotas para cada uno de los padres, así, el valor correspondiente a lucro cesante a favor de Eva Zambrano Barrera y Luis Adolfo Torres Hernández es de ocho millones cuatrocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos (8.442.444) para cada uno.

Respecto de la solicitud incoada en la demanda, sobre la indemnización de perjuicios por daños a la vida de relación, es necesario precisar que este se trata de un daño distinto del moral, que se causa como consecuencia de una lesión, o cualquiera otro hecho, el cual produce cambios en la vida de quien lo sufre. Estos cambios, pueden ser afectaciones en su capacidad para realizar actividades cotidianas y/o placenteras.

Cabe anotar, que en los casos en que el daño moral sea tan profundo que genere una afectación grave a las condiciones de existencia de algún familiar e incida en un cambio de comportamiento, esta situación debe ser demostrada, tal como se ha establecido en la jurisprudencia:

Se precisa que una afectación de tal naturaleza puede surgir de diferentes hechos, y no exclusivamente como consecuencia de una lesión corporal. De otra manera, el concepto resultaría limitado y, por lo tanto, insuficiente, dado que, como lo advierte el profesor Felipe Navia Arroyo, únicamente permitiría considerar el perjuicio sufrido por la lesión a uno solo de los derechos de la personalidad, la integridad física. Así, aquella afectación puede tener causa en cualquier hecho con virtualidad para provocar una alteración a la vida de relación de las personas, como una acusación calumniosa o injuriosa, la discusión del derecho al uso del propio nombre o la utilización de este por otra persona (situaciones a las que alude, expresamente, el art. 4º del D. 1260/70), o un sufrimiento muy intenso (daño moral), que, dada su gravedad, modifique el comportamiento social de quien lo padece, como podría suceder en aquellos casos en que la muerte de un ser querido afecta profundamente la vida familiar y social de una persona. Y no se descarta, por lo demás, la posibilidad de que el perjuicio a la vida de relación provenga de una afectación al patrimonio, como podría ocurrir en aquellos eventos en que la pérdida económica es tan grande que —al margen del perjuicio material que en sí misma implica— produce una alteración importante de las posibilidades vitales de las personas (...).

Debe precisarse que, como en todos los casos, la existencia e intensidad de este tipo de perjuicio deberá ser demostrada, dentro del proceso, por la parte demandante, y a diferencia de lo que sucede, en algunos eventos, con el perjuicio moral, la prueba puede resultar relativamente fácil, en la medida en que, sin duda, se trata de un perjuicio que, como se acaba de explicar, se realiza siempre en la vida exterior de los afectados y es, por lo tanto, fácilmente perceptible. Podrá recurrirse, entonces, a la práctica de testimonios o dictámenes periciales, entre otros medios posibles. Lo anterior debe entenderse, claro está, sin perjuicio de que, en algunos eventos, dadas las circunstancias especiales del caso concreto, el juez pueda construir presunciones, con fundamento en indicios, esto es, en hechos debidamente acreditados dentro del proceso, que resulten suficientes para tener por demostrado el perjuicio sufrido(15).

En efecto, por el daño causado a raíz de la muerte de un ser querido, se reconoce indemnización de perjuicios morales, debido a que la afectación ocurre en la esfera interior de cada uno de sus familiares; sin embargo, la afectación a las condiciones de vida a nivel externo, que genere una alteración grave que le impida a una persona desenvolverse normalmente, debe ser demostrada por la parte que la alega.

De acuerdo a lo anterior, se negará el reconocimiento de perjuicios por daño a la vida de relación, puesto que este daño no se encuentra debidamente acreditado dentro del plenario.

VII. Costas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia de 7 de octubre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, la cual quedará así:

1. Declarar patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional, por el daño sufrido por la parte demandante.

2. Condenar a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional a pagar por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas de dinero:

2.1. Cien salarios mínimos mensuales legales vigentes (100 SMMLV) a favor de cada una de las siguientes personas: Luis Adolfo Torres Hernández y Eva Zambrano de Torres.

2.2. Cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (50 SMMLV) a favor de cada una de las siguientes personas: Wilmer Hipólito Torres Zambrano, Emiliano Torres Zambrano, Albeiro Torres Zambrano, Francisco Torres Zambrano, Eloy Torres Zambrano, Juan de Jesús Torres Zambrano y Gloria Torres Zambrano.

3. Condenar a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante las siguientes sumas de dinero:

3.1. Ocho millones cuatrocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos (8.442.444) a favor de cada una de las siguientes personas: Luis Adolfo Torres Hernández y Eva Zambrano de Torres.

4. Sin condena en costas.

5. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. En firme este fallo devuélvanse los expedientes al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a las partes actoras las copias auténticas con las constancias de las cuales trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) La pretensión mayor, fue estimada en 150 smlmv por concepto de perjuicios morales, lo que para la época de los hechos equivalía a $ 55.333.333, monto que supera la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en 2003 fuera de doble instancia ($ 36.950.000). Se aplica en este punto el numeral 10 del artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2009, Exp. 17994, M.P. Enrique Gil Botero.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 12 de 1993, Expediente 7622, M.P. Carlos Betancur Jaramillo.

(4) “En la responsabilidad del Estado la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos” (se resalta). Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, de 21 de febrero de 2002, Expediente 14215.

(5) Artículo 216, Constitución Política: “Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas (...). La ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar”.

(6) [19] “Por la cual se dictan normas sobre servicio militar voluntario”.

(7) [20] “ART. 3º—Las personas a que se refiere el artículo 2º de la presente ley, quedarán sujetas, a partir de su vinculación como soldados voluntarios, al Código de Justicia Penal Militar, al reglamento de régimen disciplinario, al régimen prestacional y a las normas relativas a la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones para los soldados de las Fuerzas Militares y los reglamentos especiales que se expidan para el desarrollo de esta ley. // ART. 4º—El que preste servicio militar voluntario devengará una bonificación mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementada en un sesenta por ciento (60%) del mismo salario, el cual no podrá superar los haberes correspondientes a un cabo segundo, marinero o suboficial técnico cuarto”.

(8) [21] Tales modalidades de incorporación se encuentran establecidas en el 13 de la Ley 48 de 1993, y ampliamente explicadas en la providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, sentencia de 23 de junio de 2010, radicación: 05001-23-31-000-1996-00508-01, Expediente 18570.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P. Danilo Rojas Betancourth, sentencia de 31 de mayo de 2013, Expediente 22666.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de mayo de 2007, Expediente 16200, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 de marzo de 2010, Expediente 19756, C.P. Myriam Guerrero de Escobar; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de marzo de 2010, Expediente 17753, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de enero de 2011, C.P. Gladys Agudelo Ordóñez, Expediente 18429; sentencia del 26 de mayo de 2010, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 18950; sentencia del 23 de junio de 2010, C.P. Enrique Gil Botero, Expediente 19426.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de mayo 11 de 2006, Expediente 14694, C.P. Ramiro Saavedra.

(13) Respecto de la prueba indiciaria ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de febrero 16 de 2001, Expediente 12703, C.P. María Elena Giraldo.

(14) Consejo de Estado, sentencia del 9 de junio de 2005, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, Exp. 15129.

(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de julio de 2000, Exp. 11842, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.