Sentencia 2003-00175 de marzo 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 25000232600020030017501 (28741)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Demandante: Goodyear de Colombia S.A.

Demandado: Nación - Congreso de la República

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintiséis de marzo de dos mil catorce.

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Nación - Congreso de la República, contra la sentencia del 27 de julio de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sala de Descongestión, en la que se decidió lo siguiente:

“PRIMERO: DECLÁRENSE no probadas las excepciones de buena fe y ausencia de culpa grave o dolo y la inexistencia de la obligación reclamada. Propuestas por la parte demandada.

“SEGUNDO: DECLÁRASE a la Nación - Congreso de la República, patrimonialmente responsable de los perjuicios ocasionados a la parte demandante, de conformidad con la parte motiva de la sentencia.

“TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNESE a la Nación - Congreso de la República, a pagar por concepto de perjuicios materiales la suma de dinero de novecientos noventa y cinco millones novecientos doce mil cincuenta y siete pesos con treinta y cinco centavos ($ 995.912.057,35) […]”

I. Antecedentes

1. En escrito presentado el 10 de enero de 2003, la sociedad Goodyear de Colombia S.A., actuando por conducto de apoderado judicial, solicitó que se declarara patrimonialmente responsable a la Nación —Congreso de la República—, “por la expedición y aplicación de unas normas abiertamente inexequibles, como son los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000, que crearon la obligación de liquidar y pagar la tasa especial por servicios aduaneros [TESA]”(1) (fl. 5, cdno. 1).

En consecuencia, solicitó la devolución de las sumas pagadas en sus declaraciones de importación por concepto de la TESA, entre el 1º de enero y el 25 de octubre de 2001, que estimaron en $ 831.931.000.

2. Como fundamento de las pretensiones expuso los siguientes hechos:

2.1. El Congreso de la República promulgó la Ley 633 del 29 de diciembre del 2000(2), que en su artículo 56, creó una tasa por servicios aduaneros, en los siguientes términos:

“ART. 56.—Tasa especial por los servicios aduaneros. Créase una tasa especial como contraprestación por el costo de los servicios aduaneros prestados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a los usuarios, que será equivalente al uno punto dos por ciento (1.2%) del valor FOB de los bienes objeto de importación”.

Según el artículo 57 de la mencionada ley, el recaudo y administración de la tasa estaba a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN— y conforme a la Resolución 29 de enero de 2001, comenzó a recaudarse a partir de esa fecha.

2.2. Mediante Sentencia C-992 del 19 de septiembre de 2001, —que fue notificada por edicto el 25 de octubre del mismo año—, la Corte Constitucional declaró inexequibles, entre otros, los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000.

2.3. Mientras las normas mencionadas estuvieron vigentes, la sociedad demandante tuvo que pagar la suma de $ 831.931.000, correspondiente al 1.2% sobre el valor FOB de los bienes objeto de importación, tributo que según afirman era ilegítimo.

2.4. Señala que la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas, confirman que el tributo “nunca tuvo fundamento constitucional y que hubo una falla en el servicio legislativo, porque el Congreso no cumplió con los requisitos constitucionales para la creación de este tipo de gravámenes” (fl. 13, cdno. 1). Añadió que era previsible para el Congreso que si el Estado recaudaba un tributo ilegítimo, tendría que restituir esas sumas a los contribuyentes y pese a que la Corte no se pronunció en ese sentido, éstos tienen la vía de la reparación directa para solicitar la indemnización de ese daño antijurídico, ya que de no ser así, se presentaría un enriquecimiento sin causa.

3. La demanda fue admitida en auto del 27 de febrero de 2003 y se notificó en debida forma a la entidad demandada y al Ministerio Público.

4. Al contestar, el Congreso de la República opugnó las pretensiones y adujo los siguientes argumentos:

Señaló que en nuestra legislación contenciosa administrativa, “se presenta el principio tradicional de que hay una falta de responsabilidad del Estado por hacer las leyes” y en consecuencia, por regla general, los sacrificios que se impongan a los individuos en virtud de una ley, no podrán ser indemnizados, a menos que la misma ley así lo ordene. A su vez, manifestó que no es posible que el juez declare patrimonialmente responsable al legislador, sin afectar su voluntad.

De otro lado, adujo que el único evento en que puede declararse patrimonialmente responsable al Estado por su actividad como legislador, es cuando se presenta un desequilibrio frente a las cargas públicas, constitutivo de un daño especial, que a su modo de ver no se configuró en el caso sub examine, comoquiera que la ley que fue declarada inexequible y que creó la TESA, se expidió con el fin de preservar el interés general, por lo que la obligación de pagar ese tributo era una carga “normal y común” (fl. 35, cdno. 1).

Respecto a la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000, señaló:

“Por último hay que decir que si bien los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000 fueron declarados inexequibles, no puede afirmarse que tales normas eran abiertamente inexequibles, ya que el planteamiento hecho por la Corte Constitucional en la parte pertinente de su Sentencia C-992 de septiembre 19 de 2001 evidencia claramente el complejo análisis que debió realizarse para llegar a la conclusión de que se transgredió el artículo 388 de la Constitución Política. Confirma lo anterior el salvamento de voto que en forma muy precisa realizó el magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, concretamente con relación al artículo 56 de la Ley 663 de 2000” (fl. 35, cdno. 1).

Finalmente propuso las excepciones de “inexistencia de la obligación reclamada” y “buena fe de culpa grave o dolo” y destacó en esta última, que la declaratoria de inexequibilidad no se formuló con efectos retroactivos y por ende, mientras los artículos 56 y 57 de la Ley 663 de 2000 estuvieron vigentes, el pago de la TESA fue obligatorio y legítimo.

5. En proveído del 11 de septiembre de 2003 se decretaron las pruebas y el 4 de diciembre del mismo año, el tribunal les corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de fondo y rendir concepto, respectivamente, oportunidad en la que se pronunciaron en los siguientes términos:

5.1. La parte demandante manifestó que la tesis de la irresponsabilidad de la rama legislativa no tiene sustento en nuestro ordenamiento jurídico, en virtud de la cláusula de responsabilidad patrimonial consagrada en el artículo 90 de la Carta, que incluye a todas las autoridades públicas y advirtió que el Congreso se encuentra en esa categoría y como tal puede causar daños antijurídicos con su actividad.

De otro lado, adujo que el daño sufrido es antijurídico por las siguientes razones: i) el importador no estaba obligado a pagar una tasa que no retribuía ningún servicio al Estado; ii) pese a que el ciudadano tiene el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, no está obligado a pagar tributos contrarios a la Constitución; iii) el principio de igualdad frente a las cargas públicas se rompe cuando algunos deben pagar tributos inconstitucionales; y iv) el Estado se estaría enriqueciendo injustificadamente si no devuelve a los ciudadanos la tasa que recaudó violando los preceptos constitucionales.

Manifestó también que el hecho de que la Corte Constitucional al declarar inexequibles los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000, no hubiera ordenado la devolución de las sumas recaudadas, no exime al Estado de responder por el daño antijurídico causado.

Finalmente, se refirió a la excepción de “buena fe” formulada por la entidad demandada, y señaló que “el elemento subjetivo de la antijuridicidad de la conducta del legislador que invoca el demandante como excepción, no es requisito para que se configure la responsabilidad patrimonial estatal” (fl. 57, cdno. 1), pues una es la responsabilidad patrimonial del Estado y otra la personal que se predica del servidor público.

5.2. El Congreso de la República reiteró íntegramente los argumentos expuestos al contestar la demanda, según los cuales por regla general el legislador no responde por los daños que cause con su actividad y en aras de preservar el interés general, la sociedad demandada tenía el deber de pagar el tributo establecido en la Ley 633 de 2000, mientras el mismo estuvo vigente.

5.3. El Ministerio Público guardó silencio.

II. Sentencia de primera instancia

El a quo en providencia del 27 de julio de 2004, declaró no probadas las excepciones de “buena fe y a ausencia de culpa grave o dolo” y de “inexistencia de la obligación reclamada” y declaró al Congreso de la República patrimonialmente responsable de los perjuicios ocasionados a la sociedad actora, y en consecuencia condenó a esa entidad al pago de las sumas por ella canceladas, por concepto de la TESA.

Consideró que cuando una ley es declarada inexequible por la Corte Constitucional, se está reconociendo la existencia “de una falla en la función legislativa” y concluyó que “la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley, proferida por la Corte Constitucional, revela que el Congreso no cumplió o se apartó de sus deberes constitucionales y legales al expedir la ley”. En relación al caso concreto, expuso:

“Estima la Sala que en el presente asunto, al ser declarada la inconstitucionalidad de los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000 por la Corte Constitucional se hizo evidente la falla del servicio sufrido por el actor como consecuencia de la expedición de la misma, pues la honorable Corte Constitucional consideró que la tasa creada, a pesar de corresponder a la prestación de servicios aduaneros, no estableció la forma en que se vinculaba a la utilización del servicio, pues se relacionó únicamente al valor del bien importado, perdiéndose de esta manera la diferencia existente entre la tasa y el impuesto, al hacer que dicha tasa se asimilara a un impuesto sobre las importaciones, razón por la cual su destinación especial era contraria a la Constitución.

“Además, en la medida en que el destino de los recaudos no se restringió a la recuperación del costo del servicio, sino que se extendió a cubrir la financiación de los costos laborales y de la capacitación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales” (fl. 92, cdno. ppal.).

III. Trámite en segunda instancia

1. El Congreso de la República impugnó la sentencia, con base en los siguientes argumentos.

1.1. La sociedad demandante no acreditó como correspondía la existencia de la sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequibles los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000, es decir, en copia auténtica y con la respectiva constancia de ejecutoria. Así mismo, tampoco demostró el daño alegado.

1.2. Con fundamento en los principios de soberanía popular y la prevalencia del interés general sobre el particular, el Estado no está llamado a responder por los daños que cause como legislador, regla que únicamente se exceptúa cuando el mismo legislador o la Corte Constitucional así lo determinen, para lo cual es necesario que esa corporación le confiera expresamente, efectos retroactivos al fallo que declara una inconstitucional una norma.

Bajo la lógica anterior, disiente de la afirmación del a quo, según la cual la mera declaración de inconstitucionalidad, entraña una falla en el servicio, pues ello sería desconocer los efectos en el tiempo que la Corte libremente le otorga a sus fallos de inexequibilidad. Además, sostuvo, con base en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 —LEAJ—, que el recaudo realizado por la DIAN con anterioridad a la ejecutoria de la Sentencia C-992 de 2001, fue legítimo, toda vez que durante ese período la ley fue constitucional, “ya que el vicio declarado a la ley, sólo tiene vigencia a partir de la firmeza del fallo de inconstitucionalidad”, por lo que el daño no deviene en antijurídico y a su modo de ver, considerar lo contrario sería otorgarle efectos retroactivos a la sentencia, cuando los mismos no fueron contemplados por la Corte. Al respecto, destacó:

“En conclusión y para terminar este aparte de la defensa, la Nación Congreso de la República no debe ser condenada a reparar ningún daño en razón a que la vigencia hacia el futuro dada por la honorable Corte Constitucional a la Sentencia C-992 de 2001 en su punto décimo quinto de la parte resolutiva, confirió validez constitucional al pago de la contribución hecha por Ford Motor de Colombia S.A., con anterioridad al 26 de octubre de 2001” (fl. 102, cdno. ppal.).

2. El recurso se concedió el 18 de agosto de 2004 y se admitió el 16 de noviembre de la misma anualidad, y luego de ello se corrió traslado a las partes para alegar y al Ministerio Público para emitir concepto, respectivamente, etapa en la que se pronunciaron esa entidad y la parte actora, en los siguientes términos:

2.1. La parte demandante señaló que el fallo de primer grado, “está reconociendo y dando aplicación a la cláusula de responsabilidad consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política”, conforme a la cual “el Estado legislador debe responder en el ejercicio de su función legislativa”.

En relación a la falta de prueba sobre la existencia de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000, así como del daño, adujo que no le asiste la razón a la apelante, por cuanto en ambos casos se trata de documentos públicos y además, el tribunal tenía pleno conocimiento, tanto de la ley como del fallo que la declaró inexequible. En cuanto a las declaraciones de importación, manifestó que pese a haber sido aportadas en copia simple, pueden valorarse conforme al artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, según el cual los documentos públicos se presumen auténticos mientras no se compruebe lo contrario mediante la tacha de falsedad.

Por último iteró los argumentos expuestos a lo largo de todo el proceso, alusivos a la responsabilidad del legislador y la antijuridicidad del daño, consistente en el pago de la TESA, con fundamento en una ley que fue declarada inconstitucional.

2.2. El Ministerio Público solicitó se revocara la sentencia de primera instancia. Señaló que con fundamento en la cláusula consagrada en el artículo 90 de la Carta y la teoría del daño especial, nada impide que el Congreso de la República sea sujeto pasivo de la acción de reparación directa, por los daños causados en el ejercicio de su función creadora de leyes. En ese orden de ideas, en relación al caso concreto, señaló que el daño se materializó cuando la tasa especial por servicios aduaneros, fue declarada inconstitucional, ya que mientras estuvo vigente la Ley 633 de 2000, era una obligación legal pagar la TESA, por lo que el perjuicio, consistente en el pago de la misma, debe indemnizarse, pero con base en la teoría del daño especial, toda vez que se originó en una actividad legítima del Estado, como lo es la creación de tributos.

Sin embargo, considera el delegado del Ministerio Público, que la parte demandante no acreditó el daño, es decir los pagos de la TESA, por cuanto las declaraciones de importación fueron aportados en copia simple y en consecuencia no pueden ser valoradas conforme al artículo 254 del Código de Procedimiento Civil.

Por último, adujo que de haberse probado el daño y de haber sido posible que prosperaran las pretensiones, debió convocarse al proceso al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la DIAN, con el fin de integrar en debida forma el litis consorcio necesario, comoquiera que la sanción de la ley y el recaudo de la tasa, correspondió a esas entidades y por lo tanto se verían afectadas con el resultado del proceso.

2.3. El Congreso de la República guardó silencio.

IV. Consideraciones

1. La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 27 de julio de 2004, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues la pretensión mayor, individualmente considerada, supera la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en 2003 tuviera esa vocación(3).

2. Previo a abordar el fondo del asunto, deben hacerse las siguientes precisiones:

2.1. Con la presentación de la demanda, se aportaron en copia simple, certificación expedida por la secretaría general de la Corte Constitucional sobre la ejecutoria de la Sentencia C-992 de 2001 (fl. 1, cdno. 2), así como de los recibos oficiales del pago de los tributos de importación, en los que se incluía la TESA (fls. 3 y ss., cdno. 2), los cuales podrán ser valorados conforme a la posición jurisprudencial adoptada en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, en la que se concluyó lo siguiente:

“En esa perspectiva, constituye una realidad insoslayable que el moderno derecho procesal parte de bases de confianza e igualdad de armas(4), en las que los aspectos formales no pueden estar dirigidos a enervar la efectividad del derecho material, sino que deben ser requisitos que garanticen la búsqueda de la certeza en el caso concreto y, por lo tanto, impidan que el juez adopte decisiones denegatorias de pretensiones por exceso ritual manifiesto(5). Así las cosas, se debe abogar por un derecho procesal dinámico, en el que las partes asuman sus responsabilidades a partir de un escenario serio en el que se defiendan los intereses subjetivos que se debaten al interior del litigio, sin que el operador judicial promueva rigorismos formales que entorpezcan la aplicación del mismo(6).

“Ahora bien, todo cambio o unificación de jurisprudencia genera una aplicación de la nueva hermenéutica adoptada, razón por la cual el posible argumento referente a la modificación de la línea jurisprudencial que sobre la materia ha sostenido esta Sección y, de manera concreta, una de sus Subsecciones, no puede constituir razón suficiente para mantener la vigencia de una tesis que no consulta los postulados constitucionales y los lineamientos procesales modernos. Una de las finalidades principales del orden jurídico o normativo reside en la efectividad de los derechos y las garantías de los sujetos procesales, por lo tanto, una postura excesivamente formal deslegitima los fines esenciales del derecho procesal o adjetivo, máxime si las partes han guardado silencio a lo largo de la actuación, lo que ha permitido convalidar su postura frente a los documentos que reposan en el plenario en copia simple.

“Y, si bien, la Corte Constitucional en reciente sentencia del 17 de abril de 2013 consideró que la exigencia de copias auténticas deviene razonable en los términos establecidos en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil(7), lo cierto es que en criterio de esta Sección, esa hermenéutica no es compartida por las siguientes razones: i) en ella no se analizó la problemática a la luz de los principios constitucionales de buena fe, lealtad y confianza, ii) ni se estudió el contenido y alcance del artículo 11 de la Ley 446 de 1998 (en relación con documentos emanados de las partes), así como tampoco el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, iii) se echa de menos un análisis sobre el nuevo paradigma procesal contenido en las leyes 1437 de 2011 (CPACA) y 1564 de 2012 (CGP), en las cuales se eliminan o suprimen esas exigencias formales, iii) no se examinó la jurisprudencia de las demás Altas Cortes, esto es, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, iv) la sentencia de unificación de la Corte Constitucional aborda la problemática desde un razonamiento exiguo que no permite abrir el debate sobre el tópico analizado, y v) el simple argumento de reiterar la posición de la Sentencia C-023 de 1998, no es válido porque en esa decisión no se estudiaron las modificaciones y cambios de cosmovisión introducidos por el legislador con las leyes 446, 1395, 1437 y 1564, antes mencionadas.

“De otra parte, resulta pertinente destacar que la posibilidad de valorar la documentación que, encontrándose en copia simple ha obrado en el proceso —y por consiguiente se ha surtido el principio de contradicción, no supone modificar las exigencias probatorias respecto del instrumento idóneo para probar ciertos hechos. En otros términos, la posibilidad de que el juez valore las copias simples que reposan en el expediente no quiere significar que se releve a las partes del cumplimiento de las solemnidades que el legislador establece o determina para la prueba de específicos hechos o circunstancias (v.gr. la constancia de ejecutoria de una providencia judicial para su cumplimiento).

“Así las cosas, si se desea acreditar el parentesco, la prueba idónea será el respectivo registro civil de nacimiento o de matrimonio según lo determina el Decreto 1260 de 1970 (prueba ad solemnitatem), o la escritura pública de venta, cuando se busque la acreditación del título jurídico de transferencia del dominio de un bien inmueble (prueba ad sustanciam actus)(8).

“De modo que, si la ley establece un requisito —bien sea formal o sustancial— para la prueba de un determinado hecho, acto o negocio jurídico, el juez no puede eximir a las partes del cumplimiento del mismo; cosa distinta es si el respectivo documento (v.gr. el registro civil, la escritura de venta, el certificado de matrícula inmobiliaria, el contrato, etc.) ha obrado en el expediente en copia simple, puesto que no sería lógico desconocer el valor probatorio del mismo si las partes a lo largo de la actuación no lo han tachado de falso.

“Entonces, la formalidad o solemnidad vinculantes en el tema y el objeto de la prueba se mantienen incólumes, sin que se pretenda desconocer en esta ocasión su carácter obligatorio en virtud de la respectiva exigencia legal. La unificación consiste, por lo tanto, en la valoración de las copias simples que han integrado el proceso y, en consecuencia, se ha surtido el principio de contradicción y defensa de los sujetos procesales ya que pudieron tacharlas de falsas o controvertir su contenido”(9).

De acuerdo con lo anterior, no es de recibo el argumento aducido por el Congreso de la República en el recurso de apelación, según el cual no se demostró la existencia del daño sufrido por la sociedad Goodyear S.A., en razón a que los recibos del pago de la TESA, fueron allegados en copia simple, sin embargo como se señaló en la sentencia de unificación, esa clase de documentos gozan de pleno mérito probatorio.

2.2. La entidad demandada también solicitó se revocara la sentencia de primera instancia, en atención que la accionante no demostró la existencia de la Sentencia C-992 de 2001, que declaró inexequibles los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000. Al respecto, se advierte que aunque es cierto que el texto de la misma no fue aportado al proceso, esto no es razón para negar las pretensiones de la demanda, pues una vez aprobada y notificada la sentencia, todos los ciudadanos y autoridades públicas, tienen la posibilidad de acceder a su contenido, comoquiera que no sólo es publicada en la Gaceta de la Corte Constitucional, como lo prescribe el artículo 18 del Decreto 2067 de 1991, sino que además, es publicada en el sistema de relatoría de esa corporación judicial y en su plataforma web, a la que pueden acceder todos los interesados, conforme a lo establecido por el artículo 47 de la Ley 270 de 1996 - LEAJ, que en su inciso segundo prescribe que “la Corte Constitucional dispondrá de un sistema de consulta sistematizada de la jurisprudencia a la cual tendrán acceso todas las personas”.

En consecuencia, bajo ninguna circunstancia puede afirmarse que no hay prueba de la existencia de la sentencia de inexequibilidad, cuando la misma puede ser consultada por quien lo desee en cualquier momento, una afirmación en ese sentido sería privilegiar las ritualidades sobre el derecho sustancial y desconocer la realidad, que no es otra diferente al hecho de que el fallo existe y al mismo pueden acceder todos los funcionarios públicos. En ese orden de ideas en casos como el sub judice, en los que el fallo de inconstitucionalidad se alega como la prueba de la falla en el servicio, no es necesario aportar el texto físico de la sentencia, en razón a que tanto las partes como el juez pueden consultarla en la base de datos de la entidad sin ninguna restricción o exclusión.

Esta conclusión guarda coherencia con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 166 de la Ley 1437 de 2011 —CPACA— según el cual “se podrá indicar que el acto demandado se encuentra en el sitio web de la respectiva entidad para todos los fines legales”. Si bien, la norma hace alusión a la prueba de la existencia de los actos administrativos, puede aplicarse al caso concreto, pues de la misma se infiere que el fin del legislador con la expedición del nuevo código y concretamente con el texto del dispositivo citado, no es otro que flexibilizar la prueba de ciertos hechos y aprovechar y hacer un uso óptimo de las tecnologías de la información, de modo tal que si un acto o norma se encuentra disponible en la página web de la entidad, nada obsta para que así se informe en la demanda y se exima al accionante de aportarla en medio físico, razonamiento que también tiene cabida en los eventos donde deba probarse la existencia de un fallo proferido por cualquiera de las Altas Cortes, comoquiera que todas ellas disponen de una base de datos digital a la que puede accederse con facilidad.

En consecuencia, no cabe duda que la ausencia del cuerpo de la Sentencia C-992 de 2001 en el proceso, no es motivo para negar las pretensiones y abstenerse de abordar el estudio de fondo del asunto, por lo que en este punto tampoco son de recibo los argumentos esgrimidos por el impugnante.

Además, cabe advertir que en sus alegaciones de primera instancia, el Congreso de la República, manifestó expresamente que en el proceso se recaudaron las pruebas conducentes para probar el pago de la TESA y en consecuencia, el debate se circunscribía aspectos de derecho, relacionados con la responsabilidad del Estado por los daños causados en el ejercicio de su función de hacer las leyes(10). Así las cosas, no tiene sentido que en primera instancia, la demandada no hubiere formulado ningún argumento relacionado con la prueba del daño y la existencia de la sentencia de inexequibilidad, sino todo lo contrario, aceptó la suficiencia probatoria que reinaba en el proceso sobre esos dos tópicos, y posteriormente al verse vencida, aduzca tales argumentos para obtener la revocatoria del fallo. Esa conducta riñe con los principios de lealtad y buena fe procesal.

2.3. Finalmente, en relación con la afirmación del Ministerio Público, según la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN— y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, debieron ser vinculadas al proceso, en razón a que podrían verse afectadas con el resultado del proceso, la Sala advierte que como se verá más adelante, este aserto carece de fundamento, puesto que debe distinguirse entre quien expide la ley y el encargado de ejecutarla, siendo el primero el llamado a responder patrimonialmente por los daños que cause cuando sea declarada inconstitucional, idea que será ampliada en los acápites subsiguientes.

3. Del acervo probatorio, se destacan los siguientes medios de convicción:

3.1. Certificación expedida el 16 de abril de 2002 por la secretaría general de la Corte Constitucional, según la cual la Sentencia C-992 de 2001, que declaró inexequibles los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000, se notificó por edicto que se fijó el 23 de octubre de esa anualidad y se desfijó el día 25 del mismo mes y año (fl. 1, cdno. 2).

3.2. Recibos oficiales del pago realizado por concepto de tributos aduaneros, entre el 31 de enero y el 31 de octubre de 2001, en los que aparece discriminada la tasa especial por servicios aduaneros (fls. 2 y ss., cdno. 2).

3.3. Por último, pese a que no fue aportada con la demanda, al consultar en el sistema de información de la Corte Constitucional, puede constatarse que mediante Sentencia C-992 del 19 de septiembre de 2001, esa corporación declaró inexequibles los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000(11).

4. En el caso sub judice, pretende la parte demandante que se declare patrimonialmente responsable al Congreso de la República, por los daños derivados de la expedición de los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000, en virtud de los cuales se creó y reguló la tasa especial por servicios aduaneros —TESA— y que posteriormente fueron declarados inexequible mediante la Sentencia C-992 del 19 de septiembre de 2001.

En el anterior orden de ideas, nos encontramos ante el típico escenario de la denominada responsabilidad patrimonial “por el hecho del legislador”, que en nuestra jurisprudencia contenciosa y constitucional ha recibido un tratamiento disímil y poco uniforme, razón por la que en los siguientes acápites, la Sala abordará de manera amplia y detallada el tratamiento que ha recibido el tema tanto en la doctrina y en el derecho comparado —especialmente en España— como en nuestro ordenamiento jurídico. Para tal efecto se tendrán en consideración los planteamientos y la orientación jurisprudencial recientemente expuestos por esta Subsección en sentencia del 26 de febrero de 2014, con ponencia de quien funge igualmente como tal en este proveído(12).

4.1. Responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador.

Sea lo primero señalar que cuando se habla de responsabilidad por el “hecho del legislador”, no se hace alusión únicamente a la ley en sentido estricto, sino también en sentido material. Es decir, que caben en este escenario no sólo las leyes expedidas por el Congreso, sino también todas aquellas normas que se caracterizan a su vez por ser generales, impersonales y abstractas, como los actos administrativos, decretos- ley, decretos expedidos por el presidente en el marco de facultadas extraordinarias, resoluciones, ordenanzas, entre otros, comoquiera que es de la función reguladora del Estado, de la que puede derivarse el daño antijurídico, sin importar su grado. Al respecto, el profesor Luis Felipe Botero Aristizábal, en su obra responsabilidad patrimonial del legislador, señala:

“Se impone entonces hablar de responsabilidad del Estado por daños en el ejercicio de su competencia normativa, como género que abarque los casos de responsabilidad del Estado por la competencia que tiene de proferir normas generales, impersonales y abstractas, así como normas concretas, sea que las mismas sean válidas o no. Siendo ello así, esto es, que la responsabilidad del Estado por la expedición de normas debe aceptarse independientemente de quien la profiera, se podría evitar en nuestro sistema jurídico una serie de contradicciones difícilmente explicables, como cuando un decreto presidencial con las características de ser una norma general, impersonal y abstracta es anulada, (siempre con efectos retroactivos) lo que da paso a la respectiva reparación que dicha norma causó desde el mismo momento en que entró a regir, mientras que si la misma norma es expedida por el Congreso y es declarada inexequible (por regla general sin efectos retroactivos salvo que la sentencia de constitucionalidad diga lo contrario) no habría lugar a la reparación de los daños causados por ésta”(13).

En un comienzo, tanto la jurisprudencia como la doctrina se mostraron temerosas de aceptar la existencia de responsabilidad del Estado por la actividad legislativa, siendo principalmente dos las objeciones que se esgrimieron:

De un lado, se abogaba por una inmunidad legislativa con fundamento en el hecho de que el poder legislativo representa al pueblo y por lo tanto, configura su voluntad, razón por la que su actividad no puede ser el origen de daños antijurídicos y tampoco puede incurrir en falla en el servicio:

“Las consideraciones que han llevado a esta negación se han basado fundamentalmente en el carácter del Parlamento como soberano y en la sacralidad de los productos legislativos que del mismo emanan en cuanto representación de la voluntad popular: en efecto, la aplicación al legislador de los principios que inspiran el instituto de la responsabilidad de la administración que construye la obligación indemnizatoria en el requisito de la antijuridicidad se enfrenta en estos casos como primera dificultad a la de anudar la culpabilidad al legislador en cuanto poder del Estado, o la de proclamar la ilegitimidad de la ley causante de los daños, juicios en cualquier caso vedado a los órganos jurisdiccionales ordinarios”(14).

No obstante, el anterior argumento pierde fuerza si se tiene en cuenta que a partir de la corriente que surge con posterioridad a la segunda guerra mundial, se desacralizó al legislador, dándole primacía a la Constitución sobre las demás normas del ordenamiento jurídico, lo cual es lógico, pues no puede olvidarse que conforme a los más elementales principios del derecho constitucional, el parlamento es tan solo el constituyente derivado, mientras que la Carta Política materializa la voluntad del constituyente primario, quien es en últimas, el verdadero soberano. Sobre el particular, son más que elocuentes las palabras del profesor chileno Enrique Barros Bourie, cuando señala que “[…] Bajo el principio de la soberanía política del legislador, resulta inimaginable la responsabilidad del Estado por actos de legislación. Sin embargo, ese principio está en colisión con el de la supremacía del derecho, característico del constitucionalismo y del estado de derecho […]”(15).

Por otra parte, se sostenía que el carácter de generalidad que precede a la ley impedía que ésta generara un perjuicio individualmente considerado, “tarea que resulta especialmente ardua cuando ésta es causada por una norma que presenta como característica intrínseca el rasgo de la generalidad en su dimensión subjetiva”(16), lo cual hoy día carece de sentido, puesto que pese a su generalidad, la ley una vez ejecutada está llamada a producir efectos individuales. Cosa diferente es que esos efectos pueden extenderse a un gran número de personas, como es el caso de aquellas que crean tributos.

De otro lado, quienes avalan el hecho de que el Estado en su función creadora de normas puede generar daños antijurídicos que deben ser indemnizados, invocan como fundamentos, el principio de confianza legítima y la supremacía de la Constitución sobre las demás normas, como eje del ordenamiento jurídico.

Fue así como en España, país donde el tema ha tenido mayor desarrollo doctrinal y jurisprudencial, se aceptó primero la responsabilidad por el hecho de la ley que no había sido objeto de ningún reparo constitucional. En este supuesto, la antijuridicidad del daño no se apoyaría en la ilegitimidad de la ley, sino “en la ruptura de la confianza legítima que la norma origina, en el quebranto que la misma efectúa de la seguridad jurídica o de la incertidumbre que muestran los particulares hacia el mantenimiento, al menos durante un período de tiempo razonable, de una determinada situación jurídica”(17). Es lo que en nuestro ordenamiento jurídico constituye un típico caso de daño especial, que como se verá más adelante ha tenido acogida en varias sentencias, sin mayores dificultades.

Sin embargo, hay quienes como el profesor García de Enterría, niegan que el legislador con su actividad pueda ocasionar daños antijurídicos. En primer lugar, señala que no puede inferirse del texto del artículo 9.3 de la Constitución Española(18), que ésta haya consagrado la responsabilidad patrimonial de los poderes públicos y en consecuencia del legislativo, pues a su modo de ver, cuando la norma alude a que la Constitución garantiza la responsabilidad de los poderes públicos, no se refiere al ámbito patrimonial, sino al político, es decir, “al principio sobre el que se constituyó desde sus orígenes mismos el sistema democrático según el cual todos y cada uno de los titulares de cualquier poder público son meros fiduciarios del pueblo […] a quien, por tanto, deben ‘dar cuenta’ de su ejercicio”(19). Además, señala que los jueces y tribunales contencioso administrativos carecen de jurisdicción para declarar responsabilidad patrimonial del legislador, comoquiera que la orden de indemnizar por las posibles consecuencias económicas derivadas de una ley, implican una intervención directa en el ejercicio del poder legislativo. Sobre el particular, considera que las sentencias de condena sustituyen la voluntad del legislador, quien si no consagró en el cuerpo de la ley la posibilidad de indemnizar, imposibilita al Juez para hacerlo, en palabras suyas, “no resulta simplemente posible, en elementales términos jurídicos, que un juez (ni ordinario ni con jurisdicción de constitucionalidad, pero sobre todo el primero), pueda condenar al pago de indemnizaciones al Estado legislador sin poner gravemente en cuestión las bases mismas del Estado democrático”(20).

Ahora bien, en el contexto colombiano, estas dos objeciones carecen de fundamento, toda vez que el artículo 90 de nuestra Carta Política es claro al señalar que “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”, texto normativo que como bien puede advertirse no hace exclusión ni contempla excepción alguna, por lo que se entiende que ningún órgano del Estado, bien sea que haga parte del poder ejecutivo, legislativo o judicial, está exento de responder patrimonialmente; en consecuencia, es claro que el juez administrativo tiene competencia para conocer de los procesos en los que se discuta la responsabilidad del legislador por haber causado un daño con su actividad.

Es el caso de las leyes declaradas inconstitucionales el que ha encontrado mayores tropiezos, anteponiéndose como uno de los principales obstáculos, el hecho de que los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad son en su mayoría ex nunc, es decir, rigen hacia el futuro, con el fin de preservar instituciones como la cosa juzgada y principios como la seguridad jurídica. Al respecto ha razonado el autor:

“c) Y, en fin, conviene detenerse un momento sobre la vía argumental con que el Tribunal Supremo afirma discutir los criterios del Tribunal Constitucional a propósito de los efectos de la cosa juzgada, intocables ante las sentencias del Tribunal Constitucional, como declaran de manera expresa el artículo 161.1ª) de la Constitución y el artículo 40.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

“Como vimos, la doctrina del Tribunal Supremo es que no afecta a la intangibilidad de la fuerza de cosa juzgada el hecho de que se reconozca a quien la sentencia firme declaró la obligación de pagar el tributo de que se trata el reconocimiento de que dispone, no obstante, de una acción de responsabilidad contra el Estado como autor de la ley que la sentencia firme aplicó, acción de la que resultaría la obligación del Estado de devolver el importe íntegro de lo pagado por el citado tributo, actualizado y con intereses. Parece bastante evidente que esa afirmación no es compatible con el principio de inmutabilidad de la cosa juzgada que proclaman, a la par, la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional como un límite infranqueable a los efectos producidos por una sentencia que declara la inconstitucionalidad de una ley […]

[…].

“Es evidente que no puede entenderse que se respete la cosa juzgada de un primer proceso que decidió que la administración tenía derecho a percibir una determinada deuda tributaria cuando se dicta una segunda sentencia que dice exactamente lo contrario: que el contribuyente tiene derecho a que se le devuelva el importe íntegro de lo pagado, más actualización e intereses. No es válido el argumento utilizado por el Tribunal Supremo de que la acción de responsabilidad no ha surgido sino posteriormente, como consecuencia de la anulación por inconstitucional de la ley con la que se había decidido el primero proceso; porque es justamente eso lo que dicen los artículos 161 de la Constitución y 40.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que la sentencia constitucional anulatoria de la ley no puede ser un título válido para dejar sin efecto sentencias firmes ya dictadas en el momento en que esa anulación se produce”(21).

En consecuencia, para García de Enterría “el único supuesto legítimo de una verdadera responsabilidad por actos legislativos es cuando estos desconocen o infringen normas superiores de los ordenamientos comunitarios o internacionales dotados del principio de primacía normativa y, por tanto, con capacidad reactiva o neutralizadora de la norma inferior que puede hacer valer el mismo juez”(22). Sin embargo, no se comprende como el hecho de infringir una norma del ordenamiento comunitario sí puede generar responsabilidad y no pueda predicarse lo mismo de la infracción a la Constitución, máxime cuando ambas tienen una jerarquía superior a la de la ley.

Nos encontramos frente a una colisión entre dos principios del derecho: seguridad jurídica de un lado y supremacía de la Constitución del otro. Ante este problema, conforme se concluye de varias sentencias del Tribunal Supremo Español y algún sector de la doctrina, ha prevalecido la supremacía de la Constitución para declarar la responsabilidad del legislador por la expedición de normas contrarias a ella, lo que es apenas lógico si se tiene en cuenta que el momento histórico en el que se encuentra el derecho occidental desde hace ya más de medio siglo, no deja lugar a dudas de la superioridad de la Carta Política sobre las demás normas del ordenamiento jurídico y además el que todos los poderes públicos están obligados a acatarla y someterse a ella, regla que no contempla excepción frente a ningún órgano, ni siquiera el legislativo. Sobre el particular, manifiesta Colautti:

“Pero para que exista Estado de derecho no es suficiente que haya subordinación a las reglas. Es necesario que el derecho al cual los gobernantes están subordinados tenga un contenido determinado.

“Si avanzamos un paso más, podemos advertir que para que se realice el Estado de derecho es insuficiente que los órganos del Estado no puedan actuar contrariamente al derecho, es necesario que deban actuar de acuerdo con el derecho. De esto se desprende que el legislador tiene también acotada su esfera de actuación pues ella debe conformarse a las normas superiores, es decir a la Constitución. El presupuesto se halla, por tanto, en el principio que intuyó Rosseau de la distinción —que desde luego estaba ausente en los absolutismos monárquicos— entre poder constituyente y poderes constituidos. De aquí la relevancia que tiene para el sistema la existencia de procedimientos de control y especialmente de control de constitucionalidad […]”(23).

Analizado lo anterior, se tiene que el argumento que propende por la inmunidad del legislador como representante de la voluntad del pueblo, cae por su propio peso y no pasa de ser una mera falacia argumentativa o error de razonamiento, pues se insiste, no puede perderse de vista que el legislador es el constituyente derivado y conforme a los más elementales principios del derecho constitucional, jamás podrá reemplazar ni suplir al constituyente primario, quien plasma su voluntad en la Constitución. De este modo, aceptar sin más, que se no deriven perjuicios a partir una norma que ha sido declarada inconstitucional equivaldría a decir que la voluntad del constituyente primario carece de valor.

Ahora bien, para el caso que nos atañe resulta de gran valía la sentencia del Tribunal Supremo Español del 11 de octubre de 1991, que aunque no declaró patrimonialmente responsable al Estado español, hizo alusión a la supremacía de la constitución como justificación para atribuir responsabilidad al Estado legislador; y las sentencias del 29 de febrero, 13 de junio y 15 de julio del 2000 en las que luego de que el Tribunal Constitucional Español declarara inconstitucionales varias leyes que establecían una serie de tributos, se condenó al Estado a indemnizar los perjuicios ocasionados a los sujetos pasivos del gravamen, por la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales.

En el primero de los fallos señalados el TS discurrió de la siguiente manera:

“Ciertamente, el poder legislativo no está exento de sometimiento a la Constitución y sus actos leyes quedan bajo el imperio de tal Norma Suprema. En los casos donde la ley vulnere la Constitución, evidentemente el poder legislativo habrá conculcado su obligación de sometimiento, y la antijuridicidad que ello supone traerá consigo la obligación de indemnizar. Por tanto, la responsabilidad del Estado-Legislador puede tener, asimismo, su segundo origen en la inconstitucionalidad de la ley. Precisamente así se desprende, también, de las sentencias citadas, en cuanto rechazaron la inconstitucionalidad de aquellas leyes que anticipaban la jubilación (resaltado de la Sala).

“En el primer caso (derivada del principio de indemnización expropiatoria), se trata de una actividad lícita que, sin dejar de serlo, comporta la obligación de resarcir el daño que esa actividad lícita hubiere causado; en el segundo (derivada de la inconstitucionalidad de la ley), se trata de la responsabilidad nacida de una actividad antijurídica(24) del poder legislativo” (resaltado de la Sala).

Son dos los aspectos a destacar del fallo que se viene de citar: i) en primer lugar, el poder legislativo también debe someterse a la Constitución; y ii) en consecuencia, las leyes contrarias a la Constitución constituyen un desconocimiento de ese deber, lo que torna la conducta en antijurídica y por ende, la hace fuente de indemnización.

Posteriormente, en la sentencia del 29 de febrero de 2000, el mismo tribunal razonó en torno a los efectos ex nunc y ex tunc de las sentencias de inconstitucionalidad:

“QUINTO. Ciertamente, se ha mantenido que la invalidación de una norma legal por adolecer de algún vicio de inconstitucionalidad no comporta por sí misma la extinción de todas las situaciones jurídicas creadas a su amparo, ni tampoco demanda necesariamente la reparación de las desventajas patrimoniales ocasionadas bajo su vigencia. Para ello se ha recordado que los fallos de inconstitucionalidad tienen normalmente eficacia prospectiva o ‘ex nunc’ —los efectos de la ley inconstitucional no vienen definidos por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ‘que deja a este tribunal la tarea de precisar su alcance en cada caso’ [sentencia del Tribunal Constitucional 45/1989, fundamento jurídico 11]—

“Ello nos da pie para resolver la excepción opuesta por el abogado del Estado, en el sentido de que el recurso es inadmisible por existencia de cosa juzgada material, pues la entidad recurrente había impugnado en su día las liquidaciones tributarias y, previo agotamiento de la vía económico-administrativa, interpuso recurso contencioso-administrativo que fue desestimado por la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla) el 30 de julio de 1994, sentencia que devino firme al inadmitirse la casación y desestimarse la queja contra dicha inadmisión.

“El Tribunal Constitucional en Pleno, en sentencia de 2 de octubre de 1997, número 159/1997, considera, ciertamente, que la declaración de inconstitucionalidad que se contiene en la sentencia del Tribunal Constitucional 173/1996, que declaró inconstitucional y nulo el artículo 38.2.2. de la Ley 5/1990, de 29 de junio, no permite, según el tribunal, revisar un proceso fenecido mediante sentencia judicial con fuerza de cosa juzgada en el que, como sucede en el presente caso, antes de dictarse aquella decisión se ha aplicado una ley declarada inconstitucional. No estando en juego la reducción de una pena o de una sanción, o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad, que son los supuestos exclusivamente exceptuados por el artículo 40.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la posterior declaración de inconstitucionalidad del precepto no puede tener consecuencia sobre los procesos terminados mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada (sents. del Tribunal Constitucional 45/1989, 55/1994)(25).

“SEXTO. Esta Sala considera, sin embargo, que la acción de responsabilidad ejercitada es ajena al ámbito de la cosa juzgada derivada de la sentencia. El resarcimiento del perjuicio causado por el poder legislativo no implica dejar sin efecto la confirmación de la autoliquidación practicada, que sigue manteniendo todos sus efectos, sino el reconocimiento de que ha existido un perjuicio individualizado, concreto y claramente identificable, producido por el abono de unas cantidades que resultaron ser indebidas por estar fundado aquél en la directa aplicación por los órganos administrativos encargados de la gestión tributaria de una disposición legal de carácter inconstitucional no consentida por la interesada. Sobre este elemento de antijuridicidad en que consiste el título de imputación de la responsabilidad patrimonial no puede existir la menor duda, dado que el Tribunal Constitucional declaró la nulidad del precepto en que dicha liquidación tributaria se apoyó (resaltado de la Sala).

“La sentencia firme dictada, al no corregir el perjuicio causado por el precepto inconstitucional mediante el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad a la que acudieron otros tribunales, consolidó la actuación administrativa impugnada, que en ningún momento fue consentida por la entidad interesada, la cual agotó todos los recursos de que dispuso. Con ello se impidió la devolución de lo indebidamente ingresado consiguiente a la anulación de la actuación viciada. Esta devolución se produjo, en cambio, en otros supuestos idénticos resueltos por otros órganos jurisdiccionales que creyeron oportuno plantear la cuestión. La firmeza de la sentencia, así ganada, no legitimó el perjuicio padecido por la recurrente, directamente ocasionado por la disposición legal e indirectamente por la aplicación administrativa de la norma inconstitucional. Es precisamente dicha sentencia, de sentido contrario a la pronunciada por los tribunales que plantearon la cuestión de inconstitucionalidad y la vieron estimada, la que pone de manifiesto que el perjuicio causado quedó consolidado, al no ser posible la neutralización de los efectos del acto administrativo fundado en la ley inconstitucional mediante la anulación del mismo en la vía contencioso-administrativa, no obstante la constancia de la sociedad interesada en mantener la impugnación contra el acto que consideraba inconstitucional”.

El caso resuelto en esta sentencia, tiene como singularidad el hecho de que antes de que el particular demandara la responsabilidad del legislador por la ley que creó un tributo, gravamen complementario sobre la tasa fiscal que gravaba los juegos de azar, había solicitado la rectificación de las liquidaciones y además interpuesto reclamación económica administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo, peticiones que fueron desestimadas, por lo que el Estado alegó en el proceso de responsabilidad patrimonial, la existencia de cosa juzgada. Sin embargo, son de gran utilidad los argumentos esgrimidos por el TS para rechazar la excepción, ya que distinguió claramente entre los efectos de la sentencia de inexequibilidad que pretende dejar en firme las actuaciones anteriores y además, advirtiendo que los mismos no son óbice para reconocer la existencia de un perjuicio; reiteró que la antijuridicidad del daño deviene de la misma declaratoria de inconstitucionalidad.

En la sentencia del 13 de junio de 2000, el Tribunal Supremo reiteró lo expuesto en la del 29 de febrero de ese año y además, añadió:

“CUARTO. La ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común ha venido a consagrar expresamente la responsabilidad de la administración por actos legislativos estableciendo el artículo 139.3 que ‘Las administraciones públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el deber jurídico de soportar; cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que especifican dichos actos’. Responde sin duda esta normación a la consideración de la responsabilidad del Estado legislador como un supuesto excepcional vinculado al respeto a la soberanía inherente al poder legislativo.

“Se ha mantenido que si la ley no contiene declaración alguna sobre dicha responsabilidad, los tribunales pueden indagar la voluntad tácita de legislador (‘ratio legis’) para poder así definir si procede declarar la obligación de indemnizar. No debemos solucionar aquí esta cuestión, que reconduce a la teoría de la interpretación tácita la ausencia de previsión expresa legal del deber de indemnizar. No es necesario que lo hagamos, no sólo porque la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común es posterior a los hechos que motivan la reclamación objeto de este proceso, sino también porque, por definición, la ley declarada inconstitucional encierra en sí misma, como consecuencia de la vinculación más fuerte de la Constitución, el mandato de reparar los daños y perjuicios concretos y singulares que su aplicación pueda haber originado, el cual no podía ser establecido ‘a priori’ en su texto. Existe, en efecto, una notable tendencia en la doctrina y en el derecho comparado a admitir que, declarada inconstitucional una ley, puede generar un pronunciamiento de reconocimiento de responsabilidad patrimonial cuando aquella ocasione privación o lesión de bienes, derechos o intereses jurídicos protegibles (resaltado de la Sala).

[…].

En este caso, se hizo alusión a la obligación del legislador de manifestar en la misma ley, su voluntad de indemnizar a los particulares por los perjuicios que les ocasione con la expedición de la ley, señalando que tratándose de aquellas declaradas inexequibles, ese requisito no era necesario, de un lado porque la sola declaratoria de inconstitucionalidad traía ínsito el deber de indemnizar y del otro, porque al legislador no le era posible prever que posteriormente tendría que indemnizar a los destinatarios de la ley. Y a continuación hizo una precisión en relación con la sentencia anterior, en el sentido de que no es necesario para acceder a la reparación, que el particular haya impugnado primero los actos mediante los cuales se ejecutó la ley declarada inexequible, sino que puede acudir directamente a la jurisdicción para solicitar el resarcimiento de los perjuicios:

“SÉPTIMO. Esta Sala estima, sin embargo, en la sentencia que sirve de precedente a esta, que la acción de responsabilidad ejercitada es ajena al ámbito de la cosa juzgada derivada de la sentencia, pues la sentencia firme dictada, al no corregir el perjuicio causado por el precepto inconstitucional mediante el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad a la que acudieron otros tribunales, consolidó la actuación administrativa impugnada.

“En el caso examinado no hubo siquiera sentencia firme, pues los recurrentes consintieron las autoliquidaciones que presentaron siguiendo el mandato de la ley vigente, luego declarada inconstitucional, y cuando se puso de manifiesto el perjuicio causado, mediante la declaración de inconstitucionalidad de la ley, hicieron uso de la oportuna acción de responsabilidad ante el Consejo de Ministros.

“En el caso examinado, por las mismas razones que en aquella sentencia se tuvieron en consideración, la acción de responsabilidad ejercitada es ajena a la firmeza del acto administrativo.

“OCTAVO. Podría sostenerse que las partes recurrentes están obligadas a soportar el perjuicio padecido por no haber en su momento recurrido las autoliquidaciones en vía administrativa. De prosperar esta tesis, el daño causado no sería antijurídico, pues, como se expresa hoy el artículo 141.1 de la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley.

“Esta Sala, sin embargo, estima que no puede considerarse una carga exigible al particular con el fin de eximirse de soportar los efectos de la inconstitucionalidad de una ley la de recurrir un acto adecuado a la misma fundado en que ésta es inconstitucional. La ley, en efecto, goza de una presunción de constitucionalidad, y por consiguiente, dota de presunción de legitimidad a la actuación administrativa realizada a su amparo. Por otra parte, los particulares no son titulares de la acción de inconstitucionalidad de ley, sino que únicamente pueden solicitar del tribunal que plantee la cuestión de inconstitucionalidad con ocasión, entre otros supuestos, de la impugnación de una actuación administrativa. Es sólo el tribunal el que tiene facultades para plantear ‘de oficio o a instancia de parte’ al Tribunal Constitucional las dudas sobre la constitucionalidad de la ley relevante para el fallo (de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, art. 35) resaltado de la Sala.

[…]

Se destaca de este pronunciamiento, la forma como resuelve la colisión entre el principio de seguridad jurídica y el de la supremacía de la Constitución, dándole prevalencia a este último:

Tampoco, puede, finalmente, anudarse la existencia de un supuesto deber de soportar los daños y perjuicios padecidos por la aplicación de la ley declarada inconstitucional al principio de seguridad jurídica. Este principio, en efecto, tal como infiere de la doctrina del Tribunal Constitucional, que lo aplica al ámbito tributario en relación con la devolución de los ingresos de esta naturaleza realizados al amparo de una ley declarada inconstitucional (v. gr., Sent. 45/1989) afecta el ingreso tributario en sí mismo, al acto administrativo en cuya virtud este ha tenido lugar y a la administración que lo ha percibido dentro de un sistema tributario que se rige por un principio de equilibrio entre ingresos y gastos. Sin embargo, dicho principio no puede extraerse de este contexto, para acudir a exonerar al Estado por los daños y perjuicios originados por su actuación legislativa. En efecto, dicha actuación es ajena y de naturaleza distinta a la actividad administrativa tributaria sobre la que aquel principio se proyecta en su formulación por el Tribunal Constitucional. El resarcimiento de los daños causados por la aplicación de la ley inconstitucional no equivale a la devolución de los ingresos realizados, la cual puede corresponder a un ente diferente. El estado, en su vertiente de legislador responsable de los perjuicios causados a los particulares, es un ente ajeno a la administración concreta a quien corresponde la gestión tributaria amparada en le ley declarada inconstitucional, y mientras la administración responsable será siempre en este caso la administración del Estado, la administración gestora en el ámbito tributario puede haber sido la autonómica, como en el caso examinado, u otra de distinto carácter” (resaltado de la Sala).

Como bien puede verse, en este fallo se hizo más clara la diferenciación entre los efectos ex nunc de la sentencia, que implican dejar en firme las situaciones jurídicas consolidadas y el deber de reparar el daño que radica en cabeza, no del ejecutor de la ley, sino de su autor, manifestando que “el resarcimiento de los daños causados por la aplicación de la ley inconstitucional no equivale a la devolución de los ingresos realizados, la cual puede corresponder a un ente diferente”.

Finalmente, en la sentencia del 15 de julio de 2000 además de iterar lo expuesto en las anteriores, al referirse a los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad, señaló:

“La interpretación del artículo 40.1 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, conduce, a nuestro parecer, a una conclusión distinta, al excepcionarse en él expresa y exclusivamente la eficacia retroactiva de las sentencias declaratorias de inconstitucionalidad de actos o normas con rango de ley respecto de los procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada, salvo los casos de penas o sanciones, de manera que la consecuencia lógica es que en los demás supuestos cabe la revisión.

“En nuestra opinión, cuando la propia sentencia del Tribunal Constitucional no contenga pronunciamiento alguno al respecto, corresponde a los jueces y tribunales, ante quienes se suscite tal cuestión, decidir definitivamente acerca de la eficacia retroactiva de las sentencias declaratorias de inconstitucionalidad en aplicación de las leyes y los principios generales del derecho interpretados a la luz de la jurisprudencia, de manera que, a falta de norma legal expresa que lo determine y sin un pronunciamiento concreto en la sentencia de declaratoria de la inconstitucionalidad, han de ser los jueces y tribunales quienes, en el ejercicio pleno de su jurisdicción, resolverán sobre la eficacia ‘ex tunc’ o ‘ex nunc’ de tales sentencias declaratorias de inconstitucionalidad (resaltado de la Sala).

[…]

“CUARTO. En nuestro sistema legal, quienes han tenido que satisfacer el gravamen complementario, impuesto por el precepto declarado inconstitucional, después de haber impugnado en vía administrativa y sede jurisdiccional dicho gravamen obteniendo sentencia firme que lo declara conforme a derecho, no tienen otra alternativa, en virtud de lo dispuesto por el artículo 40.1 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, que ejercitar como en este caso ha procedido la entidad demandante, una acción por responsabilidad patrimonial, desviada del acto legislador, dentro del plazo fijado por la ley (resaltado de la Sala).

[…]

“Sin embargo, en los supuestos en que no exista el vallador de la cosa juzgada, cabe instar en cualquier momento la revisión del acto nulo de pleno derecho, en virtud de la declaración de inconstitucionalidad de la norma en que se basaba […] sin perjuicio de que, como en el procesado terminado con nuestra sentencia de 13 de junio de 2000 (recurso 567/1998), el interesado promueva directamente la acción de responsabilidad patrimonial, derivada de actos del legislador, dentro del plazo legalmente establecido”.

En el fallo traído a colación, el TS señaló que ante el silencio del Tribunal Constitucional, respecto a los efectos de la sentencia de inexequibilidad, correspondía fijarlos al juez administrativo y además indicó con vehemencia que frente a la firmeza de las situaciones jurídicas derivadas de la ejecución de la ley, el particular no tenía otra opción que acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa, para demandar la reparación del daño causado con la ley.

Ahora bien, reseñados los rasgos generales del tratamiento que se le ha dado al tema en el derecho foráneo, conviene destacar la forma como nuestra jurisprudencia lo ha hecho, para así trazar un panorama general en relación al mismo.

4.1.2. Tratamiento del tema en la jurisprudencia contenciosa administrativa.

No empece a la notoria disparidad de criterios, ha sido posible distinguir dos títulos de imputación en aquellos eventos en los que se ha declarado la responsabilidad del Estado en esta materia: i) daño especial y ii) falla en el servicio; siendo este último tal como sucedió en España, el que ha encontrado mayores problemas en su aplicación.

En el primer caso en el que el Consejo de Estado se pronunció sobre el tema, se demandó en acción de reparación directa, al departamento del Valle del Cauca por los perjuicios ocasionados con la expedición de la Ordenanza 25 del 2 de diciembre de 1981 y el Decreto 623 del 30 de marzo de 1982, en cuya virtud se creó el impuesto de consumo a licores extranjeros, y que posteriormente fueron anulados por la jurisdicción contencioso administrativa. En esa oportunidad, la corporación, en sentencia del 18 de octubre de 1990, negó las pretensiones de la demanda, al concluir con fundamento en la jurisprudencia y la doctrina francesas, que la responsabilidad del legislador sólo procedía cuando él mismo lo autorizara en la respectiva ley:

“[…] Es verdad que el Consejo de Estado Francés en ciertas hipótesis excepcionales ha admitido la responsabilidad por el hecho de la ley, como ocurrió en el caso citado por el Profesor Rivero (L. 14, ene. /83), Sté desproduits laitiers “La Fleurette” Gr. Ar. pág. 244), pero ello ocurrió dentro del marco conceptual, que él destaca en su obra, así:

“a) La solución reposa en la interpretación de la voluntad del legislador: el juez deduce, de su silencio, teniendo en cuenta las circunstancias, un consentimiento a la indemnización”.

“b) La responsabilidad se basa en el principio de la igualdad de todos ante las cargas públicas - la ley impone, un pequeño número de particulares, identificables a pesar de la generalidad de los términos empleados, un perjuicio especial, en interés general. En el caso La Fleurette, la ley, en un conjunto de medidas destinadas a proteger la producción lechera amenazada por una caída de precios, prohibió la fabricación de productos susceptibles de reemplazar la leche para ciertos usos, lo cual no alcanzaba de hecho sino a un número reducido de empresas”.

“c) El interés general en nombre de cual el sacrificio es impuesto se confunde con el interés colectivo de una categoría social o económica (en la sentencia La Fleurette, los productores de leche): Se acuerda una ventaja a unos imponiendo una carga a otros. Si la medida adoptada beneficia al conjunto de la colectividad, el juez duda, en principio, en indemnizar”.

“d) Finalmente la actividad sacrificada no debe ser ni ilícita, ni inmoral, ni peligrosa para la colectividad

Esta jurisprudencia, muy notable en teoría, no tuvo durante mucho tiempo sino un alcance práctico muy limitado: no recibió, después de la sentencia La Fleurette, sino una sola aplicación (.E. 21 de enero de 1944 Caucheteux et Desmont, Rec., pág. 22). Luego el Consejo de Estado afirmo el principio (dic. 1º/61, Lacombe, D., 1962, pág. 89): lo aplicó en beneficio de un propietario que, habiendo obtenido un fallo de expulsión contra un inquilino cuyo hijo servía en Argelia, no había podido obtener la ejecución, por haber prohibido el legislador en ese tiempo tales expulsiones, imponiendo así a los propietarios cuyos inquilinos o miembros de su familia habían sido movilizados a Argelia, una carga especial, grave y excepcional (ene. 25/63, Bovero, JCP, 1.963, Nº 13.326,y la nota del decano Vedel). Algunos han visto en esta decisión una ampliación de la jurisprudencia anterior, y una admisión más franca de la responsabilidad del legislador. Pero la cuestión, desde entonces, no se ha planteado de nuevo al juez, lo que no permite confirmar esta interpretación optimista.

“Las soluciones que se acaban de analizar han sido recientemente trasladadas de la ley al tratado internacional: el Estado ha sido condenado a indemnizar a la víctima por un perjuicio grave y especial debido a una convención internacional (C.E., mar. 30/66, pág. 381; oct. 29/76, Burgat, A.J., 1.977, pág. 56)”.

En el sub lite la interpretación de la voluntad del legislador no permite inferir que éste, teniendo en cuenta las circunstancias, tuviera la decisión de que se indemniza a los posibles damnificados con los efectos jurídicos producidos por la Ordenanza 25 de 2 de diciembre de 1981 y el Decreto 623 de 30 de marzo de 1982. Por lo demás, no se aprecia cuál podría ser el interés general de la comunidad en que se incrementara la oferta de licores en el departamento. Por el contrario, la conciencia ciudadana suele quejarse del estado cantinero, que nada hace para frenar la producción distribución y consumo de bebidas embriagantes. Por ello, en el caso en comento, bien puede concluirse que la normatividad, que a la postre resultó violatoria de la Constitución y la ley, beneficiaba a el conjunto de la colectividad, por razones que no es necesario enumerar, pues fluyen con fuerza de convicción.

Los casos citados por Rivero, en que la jurisprudencia francesa ha aceptado excepcionalmente la responsabilidad por el hecho de las leyes, permiten concluir que, dentro de circunstancias distintas a las que se recogen dentro del presente proceso, bien podría abrirse paso, por la vía jurisprudencias, este nuevo frente de responsabilidad del estado legislador.

D) Para darle fuerza de convicción al proveído, La Sala desea destacar la filosofía que Georges Vedel expone en su Obra Derecho Administrativo como obstáculo para que la responsabilidad derivada de las leyes sea de recibo, a saber:

En primer lugar, hay que excluir totalmente la falta como posible fundamento de la responsabilidad del Estado legislador, porque, por definición, en tal sistema, la ley no puede incurrir en falta, puesto que la norma jurídica se halla al margen de toda crítica directa o indirecta” (resaltado de la Sala).

“Solo quedan, pues, como fundamentos posibles de la responsabilidad del Estado-Legislador, el riesgo o la igualdad ante las cargas públicas. Pero, incluso en este terreno la responsabilidad del legislador tiene otro rasgo irreduciblemente específico: en principio, corresponde al propio legislador apreciar si debe concederse reparación a los individuos que hayan sufrido un perjuicio como consecuencia de la ley; solo podrá, pues, concederse la reparación en virtud de disposiciones de la misma ley o, al menos con el tácito asentimiento del legislador. Si este niega expresa o tácitamente todo derecho a reparación, el juez, obligado por la supremacía de la ley, debe inclinarse” (resaltado de la Sala).

“Es, pues, un error ver en la responsabilidad derivada de las leyes un supuesto más de responsabilidad del Estado entre otros. Se trata de un régimen jurídico que se diferencia radicalmente, a pesar de algunas similitudes técnicas, del que preside la reparación de los daños causados por la acción administrativa del Estado. En primer lugar, la actividad dañosa (la ley) queda fuera de toda crítica y no pueden alegarse contra ella ni la falta ni la violación del derecho. Además, el autor del daño (el legislador) decide él mismo, expresa o tácitamente, si el daño debe o no ser reparado, y el juez, que no se hallaría vinculado por tal decisión si hubiese sido adoptada por una autoridad administrativa, está irrevocablemente vinculado por esta decisión del legislador” (resaltado de la Sala).

“Es decir, que la expresión “responsabilidad derivada de las leyes" tiene un sentido original; habría que hablar preferiblemente de un régimen de reparación aceptado por el legislador” (resaltado de la Sala). (Biblioteca Aguilar, pág. 341)”.

“La Sala reitera, pues, que dentro de la filosofía jurídica que se deja expuesta, es posible que, en una situación bien distinta a la que se registra en el presente proceso se abra paso un régimen de responsabilidad, que dé lugar a la indemnización de perjuicios por la actividad del Estado-Legislador, pero dentro del temperamento que se deja estudiado”(26).

Son varios los aspectos a destacar del fallo que se viene de citar. En primer lugar, señala que son dos los conceptos en los que se fundamenta la responsabilidad del Estado-legislador: el riesgo o la igualdad ante las cargas públicas, excluyendo de manera categórica cualquier responsabilidad por falla en el servicio y señalando vehementemente que el legislador no puede incurrir en ella, en tanto la ley está exenta de toda crítica. A su vez, destaca que aún cuando concurra alguno de los dos supuestos en los que podría hablarse de responsabilidad del legislador, es el mismo quien decide de manera expresa o tácita si habrá lugar a la reparación del daño que cause con su actividad, decisión que vincula al juez administrativo.

No cabe duda que esta postura a la luz de los principios consagrados en la Constitución y en especial en lo dispuesto en su artículo 90, carece de todo sentido hoy día, pues como se verá más adelante con mayor detalle, el legislador sí puede incurrir en falla en el servicio y si bien, existen ciertos casos en los que es la misma norma la que consagra el deber de reparar, como son las hipótesis de los artículos 58(27), 336(28) y 365(29) de la Carta Política, ello no obsta para que a través de las acciones ordinarias pueda obtenerse la indemnización de los perjuicios derivados de la expedición de una ley, aún cuando no haya sido autorizado por ella, máxime cuando a la luz de los más elementales principios de la responsabilidad, no tiene sentido que sea el mismo causante del daño, quien decida a su arbitrio si debe resarcir o no el perjuicio, pues tal prerrogativa situaría al administrado en una situación de franca desventaja.

En pronunciamiento del 25 de agosto de 1998, la Sección Tercera del Consejo de Estado dejó ver con más claridad la posibilidad de imputar responsabilidad al Estado a título de daño especial por la actividad legislativa, como consecuencia de la suscripción de un tratado internacional que confería inmunidad jurisdiccional a los agentes diplomáticos y que le impidió la accionante, demandar a un ciudadano norteamericano que trabajaba en la embajada de los Estados Unidos, a fin de que le resarciera los perjuicios ocasionados por la muerte de su cónyuge. En esa ocasión, la corporación condenó a la Nación, en cabeza de los ministerios del Interior(30) y de Relaciones Exteriores por los hechos señalados, aclarando que no se debatía la responsabilidad del Estado por la muerte del ciudadano colombiano, sino por el hecho de haberle impedido a sus causahabientes, solicitar la reparación ante la justicia colombiana. Véase:

“[…] En estricto sentido y con la orientación que esta Sala otorga a este proceso, debe entenderse que lo afirmado por el tribunal no obsta para que en este proceso administrativo los damnificados con un fundamento fáctico distinto, (el desequilibrio de las cargas públicas ante la ley), acudan ante la jurisdicción contencioso administrativa en demanda contra el Estado Colombiano, con lo cual se asegura precisamente el acceso a la justicia nacional y al derecho que tiene todo ciudadano a demandar en reparación en igualdad de condiciones en su territorio y ante jueces nacionales.

“En síntesis debe tenerse presente que mientras en el fallido proceso ordinario el demandado era Edmund Scott y el daño, la muerte de César Julio Cuervo, en este proceso, el demandando es el Estado colombiano y el fundamento es el desequilibrio de las cargas públicas ante la ley. Aquí, la muerte de Cuervo solo se tendrá en cuenta como factor objetivo para el cálculo de la indemnización a que haya lugar y no es materia de juicio la conducta de Scott”(31).

A continuación en el fallo se precisó que, si bien, el Estado estaba facultado para suscribir los tratados que considerara convenientes para el cabal desarrollo de sus relaciones internacionales, ello no lo eximía de responder por los eventuales daños que se desprendieran de esa actividad, por lo que debía responder a título de daño especial:

“[…] Si bien el Estado colombiano es soberano para el manejo de sus relaciones internacionales, ello no obsta para que ante la jurisdicción contencioso administrativa colombiana pueda ser convocado a responder por las consecuencias de sus actos que como en el caso presente se trata de un acto complejo. Los privilegios que conceda a Estados o a sus diplomáticos acreditados, corren a cargo de la Nación, y no sería equitativo que revertieran a cargo de una persona en particular”.

“Si del cumplimiento del tratado, que como en el caso particular que nos ocupa deviene para los actores un perjuicio cuya autoría material radica en cabeza de un agente diplomático, la Nación Colombiana debe asumir las consecuencias patrimoniales derivadas del cumplimiento de sus obligaciones y respecto de las relaciones diplomáticas entre los Estados. Entonces, se encuentra claramente establecido el factor de imputación de la responsabilidad impetrada respecto del ente demandado por su titularidad jurídica exclusiva y excluyente para el manejo de las relaciones internacionales que constitucionalmente implican una operación compleja con participación de las tres ramas del poder público, a saber, el ejecutivo encabezado por el Presidente de la República a quien corresponde la dirección de las relaciones internacionales y por ende la negociación de los tratados; el legislativo que incorpora los tratados internacionales como texto de derecho interno mediante leyes y el judicial representado en el caso por la Corte Constitucional mediante el control automático que ejerce sobre dichas leyes.

“El ejercicio de la titularidad de las relaciones internacionales por parte del Estado implica una actuación suya cuyas consecuencias conforme al artículo 90 de la Constitución Política deben ser por él asumidas y en el caso los afectados perdieron la oportunidad de demandar al autor material del daño y al propietario del vehículo automotor, todo lo cual justifica fehacientemente la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano en la especie”.

[…]

“En el sub judice, estima la Sala, que es pertinente aplicar el régimen de la responsabilidad por daño especial, que es el que corresponde aplicar cuando por la actividad legítima del Estado se causa un daño. En el caso presente la incorporación a la legislación nacional del texto de la convención de Viena de fecha del 18 de abril de 1961, en desarrollo de una operación compleja de naturaleza pública consistente en la negociación y firma del dicho tratado, su incorporación como ley nacional y la sujeción a los controles jurisdiccionales de conformidad con la constitución y su aplicación produjo un daño consistente en el desequilibrio de las cargas públicas que los actores no deben soportar” (resaltado de la Sala).

[…]

“[…] Si excepcionalmente como en este caso y por un tratamiento de privilegio conferido por el Estado a una persona, atendidas sus calidades, se produce un desequilibrio en su favor y en contra de otro que resulta damnificado y sin la posibilidad de demandar con fundamento en el hecho dañino ante su juez natural, es claro que hay un desequilibrio de las cargas públicas y que por ello el particular está habilitado para demandar al Estado en reparación con fundamento en su actuar complejo como ya se dijo”(32) (resaltado de la Sala).

El 26 de septiembre de 2002, la Sección Tercera se refirió a la responsabilidad que podía atribuírsele al legislador por la expedición de una norma declarada inexequible, haciendo alusión a los efectos de las sentencias de inexequibilidad y a la posibilidad de reparar los perjuicios ocasionados mientras la ley estuvo vigente. Se trató de un caso en el cual el municipio de Prado demandó ante la jurisdicción contenciosa, a fin de que se ordenara al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el pago de las sumas correspondientes a los ingresos de la concesión de telefonía móvil que había dejado de percibir mientras el artículo 5º de la Ley 217 de 1995 permaneció vigente, hasta la fecha en que fue declarado inexequible. Se negaron las pretensiones al considerar que toda vez que la Corte en la sentencia de inexequibilidad no dispuso que la misma tendría efectos retroactivos, no podía considerarse que los daños causados con anterioridad a esa declaratoria devenían en antijurídicos, haciendo énfasis en que sólo el Tribunal Constitucional estaba facultado para señalar los efectos de sus sentencias y no podía acudirse a la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad para acceder a la reparación de los daños causados mientras la norma estuvo vigente:

“Podría pensarse, en principio, que la decisión de la Corte constituye un argumento suficiente para tornar indiscutible el planteamiento de la autoridad que, respecto de situaciones anteriores, advierte la incompatibilidad entre la norma aplicable y una disposición constitucional, por lo cual resultaría perfectamente viable la aplicación de la excepción.

“Considera la Sala, sin embargo, que no puede perderse de vista lo expresado por la misma Corte, en la Sentencia C-113 de 1993, antes mencionada. En efecto, si los fallos de constitucionalidad expedidos por esa corporación tienen efectos de cosa juzgada erga omnes y ella es la única instancia competente para establecer los efectos de los mismos, debe concluirse que su pronunciamiento debe ser acatado por todas las autoridades públicas. En ese sentido, la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad encuentra límites en el pronunciamiento de la Corte Constitucional, guardiana suprema de la integridad y la supremacía de la Carta Fundamental.

[…]

“La decisión sobre los efectos de un fallo de constitucionalidad, en consecuencia, también tiene efectos de cosa juzgada erga omnes, de manera que no están facultadas las autoridades de la República para aplicar la excepción de inconstitucionalidad respecto de una norma determinada, cuando la misma ha sido declarada inexequible por la Corte y el fallo respectivo tiene efectos hacia el futuro. Si, como se dijo anteriormente, se trata de actos proferidos o situaciones consolidadas con posterioridad al fallo, éste simplemente debe acatarse, porque la norma en cuestión ha desaparecido del ordenamiento jurídico. Si, en cambio, se trata de actos proferidos con anterioridad al mismo o de situaciones consolidadas antes de su pronunciamiento, aquéllos y éstas conservan su eficacia jurídica. Una conclusión diferente nos llevaría a concluir, necesariamente, que el fallo de constitucionalidad puede ser desconocido, en situaciones concretas, por las autoridades competentes para resolverlas”(33)(resaltado de la Sala).

Llama poderosamente la atención de la Sala, lo expresado en los apartes finales del pronunciamiento al señalar que, si bien, es posible predicar responsabilidad por la actividad del legislador cuando se rompe el equilibrio ante las cargas públicas, no ocurre lo mismo frente a las situaciones que se consolidaron antes de que la norma fuera declarada inexequible, cerrando de contera la posibilidad de atribuir responsabilidad a título de falla en el servicio. En efecto, se dijo:

“Se precisa, al respecto, que si bien esta corporación ha aceptado la posibilidad de declarar la responsabilidad de la Nación por los perjuicios causados como consecuencia de la aplicación de normas constitucionales y legales, ella está referida a los casos en que el demandante demuestra que las mismas crean para él un desequilibrio frente a las cargas públicas, en relación con la situación en que se encuentran los demás ciudadanos(34). Es, entonces, en estos eventos, ese desequilibrio —que se materializa en un daño especial— lo que constituye el fundamento de la obligación de indemnizar que surge a cargo la Nación, la cual, por lo demás, debe ser representada en el proceso por el presidente del Senado de la República, conforme a lo dispuesto en el artículo 149, inciso tercero, del Código Contencioso Administrativo.

“Muy diferente es la situación que se plantea en el caso que hoy ocupa a la Sala; en efecto, como se ha expresado, la pretensión de declaración de responsabilidad está sustentada en el no pago de unos dineros que, según lo afirma el apoderado del municipio demandante, se deben a este último, situación que constituye una típica falla del servicio, referida concretamente a la aplicación de una norma contraria a la Constitución, esto es, el numeral 2.7 del artículo 1º de la Ley 168 de 1994, para definir la naturaleza de los recursos recibidos por la concesión del servicio de telefonía móvil celular, antes de la declaratoria de inexequibilidad de la misma. Así las cosas y dado que, según lo explicado, la contradicción con la Carta Política no existe con respecto a las situaciones consolidadas con anterioridad a la notificación del pronunciamiento de la corte contenido en el fallo C-423 de 1995, ni puede ser válidamente declarada por el juez contencioso administrativo, es claro que aquella pretensión no puede prosperar”(35).

Esta línea de pensamiento ofrece los mismos reparos hechos al fallo del 18 de octubre de 1990, pues aunque la Corte Constitucional fije los efectos del fallo, nada obsta para que el ciudadano pueda solicitar la reparación del daño ante el juez administrativo, no a título de restitución, sino de reparación. Sin duda alguna, la expedición de una norma que luego es declarada inexequible, cualquiera sea su rango, constituye una falla en el servicio que genera un daño antijurídico, idea que será ampliada más adelante.

El pensamiento que precede adquiere mayor fuerza, si se tiene en cuenta que en proveído del 15 de mayo de 2003, la misma Sección Tercera se pronunció en sentido contrario al fallo del 26 de septiembre de 2002, señalando que la acción de reparación directa sí era procedente para obtener la indemnización frente a una norma declarada inexequible, puesto que tal declaratoria ponía de manifiesto la existencia de una falla en el servicio. En esa ocasión se estudió la admisión de una demanda interpuesta contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural y el Departamento Administrativo de la Función Pública, por la expedición de los decretos-ley 1064 y 1065 de 1999, que posteriormente fueron declarados inexequibles mediante Sentencia C-918 de 1999. Sobre el particular se dijo en el proveído:

“La elección de la acción de reparación directa fue adecuada, pues, como se desprende de lo dicho y de acuerdo con la narración de los hechos que motivaron la demanda, una falla en la función legislativa (ordinaria y extraordinaria) generó los perjuicios aducidos por el actor (resaltado de la Sala).

“Los efectos materiales causados por los actos declarados inexequibles por la Corte, podrán ser reparados en caso de que se encuentren acreditados debidamente. Obviamente, tal inexequibilidad no obliga al reconocimiento de lo pedido por el demandante, pues debe haber claridad, al menos, sobre su ocurrencia y cuantía.

“En conclusión: la acción de reparación directa es procedente para obtener la indemnización de perjuicios causados por la aplicación de una norma que ha sido declarada inexequible, pues tal declaración deja a la vista una falla en el ejercicio de la función pública. Por ello, la demanda no podía ser rechazada”(36).

En sentencia del 12 de junio de 2003 proferida por la Sección Cuarta en sede de acción de grupo, el Consejo de Estado señaló nuevamente que los perjuicios derivados de la ejecución de una ley que más tarde fue declarada inexequible, no constituían un daño antijurídico, observación que se hizo en el marco de un asunto tributario en el que se solicitaba la restitución de la sumas pagadas en virtud del impuesto a las transacciones financieras, creado mediante el Decreto 955 de 2000 y que fue declarado inexequible por la Sentencia C-1043 de 2000. En esa oportunidad pronunciamiento fue del siguiente tenor:

“De lo anterior se colige que la causa del presunto perjuicio alegado es la ley, por tanto del cumplimiento o de la aplicación en sí de la misma no se puede derivar un perjuicio, puesto que es obligatoria para todos los habitantes del país desde su promulgación (CRPM, art. 52), y al ejecutivo dentro de las funciones constitucionales asignadas le corresponde velar por la estricta recaudación y administración de las rentas dentro del marco fijado en la ley por el Congreso o en los actos excepcionales con fuerza de ley. Así las cosas, el alegado detrimento del patrimonio de los usuarios del sistema financiero no sería antijurídico, porque el impuesto contenido en las disposiciones antes señaladas era aplicable y su constitucionalidad o legalidad sólo es susceptible de controversia ante el juez competente mediante el ejercicio de las acciones ordinarias contenidas en el ordenamiento jurídico y de otro lado el efecto de las inexequibilidades declaradas se determinó expresamente hacia el futuro.

(…).

“En relación con la solicitud de aplicar la excepción de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 4º de la Carta, la Sala considera que en la presente acción no es aplicable, pues declarada la inexequibilidad de las normas hacia el futuro, el efecto implica que los recaudos efectuados con fundamento en preceptos vigentes en tal momento, se apoyaron en la obligatoriedad de su aplicación, por lo que el alegado perjuicio no puede devenir en antijurídico (resaltado de la Sala)(37).

El 16 de agosto de 2007, la Sección Tercera señaló que la expedición de un acto administrativo contrario a la ley o a la Constitución, entrañaba una falla en el servicio que generaba daños antijurídicos. En la sentencia se declaró patrimonialmente responsable al municipio de Pereira por los perjuicios causados por el cobro indebido del impuesto de telefonía básica conmutada, establecido en el Acuerdo 51 de 2001, entre el tres de agosto de 2001 y el 31 de diciembre de 2003, comoquiera tal acto fue declarado nulo por la jurisdicción contencioso administrativa. Se expusieron las siguientes razones:

“La declaración de nulidad del acto administrativo que sustentaba el impuesto de telefonía urbana configura una falla del servicio de la cual se deriva el daño antijurídico, cuya indemnización se solicita en la demanda. En efecto, dicha declaración convierte el pago de dicho impuesto en un pago indebido, dado que la declaración de nulidad de un acto administrativo, es, en sí misma, constitutiva de una falla del servicio. Mantener lo pagado indebidamente, por los miembros del grupo, en el patrimonio de la entidad demandada configuraría un enriquecimiento injustificado, y contrario a la ley, en su favor […] (resaltado de la Sala).

[…]

“Parafraseando las citas anteriores es claro que las autoridades públicas se encuentran sometidas al imperio de la Constitución y la ley; de llegarse a conculcar dicha obligación se puede causar un daño antijurídico, imputable a la administración bajo el título de falla del servicio. El deber de indemnizar que surge de tal título no admite excepción alguna, como bien lo ha interpretado la Sala, al aplicar el artículo 90 de la Constitución Política”(38) (resaltado de la Sala).

Sin embargo, en sentencias del 24 de abril de 2013, esta Subsección se pronunció sobre la responsabilidad del legislador por las leyes declaradas inconstitucionales, señalando que en ese evento se configura una falla en el servicio y pese a que los efectos de las sentencias de inexequibilidad rigen hacia el futuro, nada le impide al juez de lo contencioso administrativo, ordenar la reparación de los perjuicios ocasionados con la expedición de la norma. Véase:

“(III) El tercer evento, y al cual reviste mayor importancia en el sub judice puesto que es el que sustenta las pretensiones de la parte actora, es cuando la obligación de responder se genera por una norma declarada inconstitucional por la autoridad competente para ello.

“Conforme al artículo 45 de la Ley 270 de 1996, LEAJ, las sentencias que profiere la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control, tienen efectos hacia futuro excepto que la misma corporación resuelva lo contrario. Así las cosas, la regla general es que los pronunciamientos de constitucionalidad de una norma tenga efectos ex nunc y solo, de manera excepcional y cuando la Corte expresamente lo señale sus decisiones surtirán efectos retroactivos, ex tunc. En este último evento, será entonces el mismo tribunal constitucional quien deberá determinar las consecuencias de retrotraer las cosas al estado anterior a la vigencia de la norma inexequible y si es del caso fijar las indemnizaciones a que haya lugar.

“Sin embargo, si el juez constitucional guarda silencio en este aspecto, la Sala considera que nada obsta para que sea el juez contencioso administrativo quien establezca las repercusiones que el retiro retroactivo del precepto retirado del ordenamiento puedan tener frente a aquellos afectados por la norma y ordenar las reparaciones pertinentes.

“En el acontecimiento planteado, el título de imputación será el de la falla de servicio, sin que haya lugar a distinguir entre la inexequibilidad por vicios de fondo o de procedimiento, puesto que el legislador no cumplió a cabalidad su tarea ora porque vulneró el ordenamiento supralegal y desconoció principios o preceptos de carácter constitucional, ya sea porque se inobservaron las normas propias que rigen el proceso de adopción de las leyes, y la prueba de la misma no será otra que la sentencia mediante la cual se declara a la norma inconstitucional.

“Se itera pues, que al Congreso de la República o al Presidente cuando revestido de facultades extraordinarias tiene estas competencias, como a cualquier otra autoridad pública les corresponde respetar la Constitución al ejercer las funciones para las cuales fueron investidas y si en desarrollo de las mismas faltan a ese deber, deben entonces indemnizar los perjuicios irrogados a los administrados”(39).

Finalmente, en sentencia del 29 de enero de 2014, la Subsección “A”, se pronunció en el mismo sentido, en un caso similar al sub judice, sosteniendo que los daños que se causen mientras la ley declarada inexequible permaneció vigente, son antijurídicos:

“Ahora bien, aunque resulta cierto que la modulación de los efectos de la sentencia de inexequibilidad podría llegar a tener consecuencias en cuanto a la determinación del momento a partir del cual se debe computar la caducidad de la acción o en punto a la cuantificación del perjuicio, en la medida en que desde la ejecutoria de la sentencia que ordena la expulsión del ordenamiento de la norma creadora del tributo se debe comenzar el cómputo de los dos años que el ordenamiento jurídico establece para la presentación oportuna de la demanda de reparación directa y, por otro lado, dicha exclusión frena los efectos nocivos que la aplicación de la referida disposición normativa puede llegar a tener frente al patrimonio de los particulares, no es menos cierto que de manera alguna podría considerarse que los efectos hacia el futuro de la sentencia de inexequibilidad tendrían por virtud o por efecto el saneamiento de las situaciones particulares que se concretaron con ocasión de la aplicación de una norma declarada contraria a la Constitución Política, puesto que ellas revisten el carácter de antijurídicas”(40).

4.1. Con fundamento en los pronunciamientos traídos a colación, que proveen una visión general de la forma como se ha tratado el tema en la doctrina, el derecho comparado y nuestra jurisprudencia contencioso administrativa, se tiene que el Estado podría responder por los daños causados en el ejercicio de su competencia reguladora, bien sea cuando éstos se deriven de la expedición de una norma ajustada al ordenamiento superior, siempre y cuando quien lo padece no tenía en principio por qué sufrirlos; o todo lo contrario, cuando se origine en una disposición que es declarada nula o inexequible según el caso, advirtiendo que en el primer evento, el daño será imputable a título de daño especial y en el segundo, de falla en el servicio. Como bien puede verse y ya se puso de manifiesto ab initio, no han sido uniformes los pronunciamientos en relación al tema, especialmente cuando se trata del régimen de falla, pues ningún tropiezo se ha presentado —al menos en Colombia— en lo que concierne a declarar la responsabilidad a título de daño especial.

Ahora bien, llama la atención que cuando se está frente a leyes en sentido estricto, es decir aquellas expedidas por el Congreso, la jurisdicción contencioso administrativa ha sido mucho más temerosa al momento de dar por acreditada la existencia de una falla en el servicio, mientras que tratándose de leyes en sentido material, como es el caso de los actos administrativos declarados nulos, no han sido mayores los reparos u objeciones al respecto, diferenciación que carece de sentido, lógica y sindéresis, pues como se explicó en acápites precedentes, todos son actos expedidos por el Estado en ejercicio de su función reguladora y se caracterizan por ser generales, impersonales y abstractos. Al respecto, el profesor Parada Vásquez, manifestó sobre los daños originados en una ley que ha sido declarada inexequible, que “deben ser indemnizados en la forma y medida en que lo son los originados por una disposición reglamentaria que se declare ilegal […]”(41).

De manera pues que no hay razón alguna para distinguir entre los daños producidos por una norma u otra, ya que en ninguno de los dos supuestos se estaría atentando contra la institución de la cosa juzgada, lo que ocurre es que en el caso de los daños derivados del reglamento o acto administrativo que ha sido declarado nulo, quien está llamado a reparar el daño es por regla general el mismo sujeto que lo expidió; mientras que en el caso de las leyes declaradas inexequibles, el llamado a responder patrimonialmente es el legislador, pese a no haber ejecutado la norma, justamente por ser el creador del precepto inconstitucional. De allí se sigue como conclusión que el factor de imputación no está constituido por la ejecución de la norma inconstitucional, sino por su creación y expedición. Sostener lo contrario sería permanecer en el sistema conceptual que exigía únicamente la existencia del nexo causal directo para atribuir el daño, que ya ha sido ampliamente superado.

Lo anterior reviste especial relevancia, cuando se trata de leyes que versan sobre aspectos tributarios, por medio de las cuales se establecen impuestos o tasas y posteriormente son declaradas inexequibles, pues prima facie tiende a pensarse que el llamado a resarcir el daño, no es el autor de la ley, sino quien recaudó el tributo, conclusión que está alejada de la realidad, comoquiera que aquel que recauda el pago no es más que una agente del Estado que obra de buena fe y se encarga de hacer cumplir la ley. Esta conclusión tiene su fundamento en el hecho de que no fue el recaudador del impuesto o tasa, quien creó la ley contraria a la Constitución, hecho que constituye la falla en el servicio y por lo tanto, en modo alguno puede imputársele el daño derivado de esa falla, ya que de ser así se estaría confundiendo la reparación con la restitución, advirtiendo que la primera siempre estará a cargo de aquel a quien le sea imputable el daño.

Es así como la misma Corte Constitucional, en Sentencia C-038 de 2006, en la que se pronunció sobre la exequibilidad del artículo 86 del Decreto 1 de 1984 —Código Contencioso Administrativo—, señaló que la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de los hechos del legislador, se encuentra expresamente contemplada en el artículo 90 de la Constitución y aclaró que aunque en ella se consagran varios supuestos en los que la actuación del legislador da lugar a la respectiva reparación de quienes puedan verse perjudicados con la misma, ello no excluye la posibilidad de imputar el daño por otros eventos derivados de la misma actividad reguladora del Estado. Véase:

“De este modo la responsabilidad patrimonial del Estado por los hechos, acciones u omisiones imputables al poder legislativo está expresamente contemplada en el artículo 90 constitucional, pues cualquier otra posibilidad sería abiertamente inconstitucional desde la perspectiva del Estado social de derecho y de los principios y valores que rigen nuestro ordenamiento constitucional tales como la solidaridad, la igualdad, la justicia material y la supremacía de la Constitución. Principios que cristalizaron en el ordenamiento jurídico colombiano y que encontraron una de sus expresiones en la disposición constitucional en comento. No sobra advertir que la Constitución establece expresamente determinados supuestos de obligación reparatoria por la actuación del Legislador, tales como la figura de la expropiación(42), la obligación de indemnizar cuando se establece un monopolio(43) o cuando el Estado decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos(44).

Lo anterior no significa que la responsabilidad del Estado legislador se vea circunscrita exclusivamente a los anteriores eventos o a los supuestos de declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes, pues como ya se ha dicho su fundamento estriba en la noción de daño antijurídico, la cual como se ha reiterado a los largo de esta decisión descansa en los principios de solidaridad y de igualdad, y no en la idea de la actividad ilícita del legislador, entendida como tal las actuaciones contrarias a la Constitución.

Por lo tanto determinar el régimen particular de la responsabilidad del Estado legislador, o si se prefiere los títulos de imputación del daño antijurídico a la actuación u omisión del Congreso de la República, es una tarea que en todo caso corresponde precisar al propio legislador en ejercicio de su potestad configuradora y a la jurisprudencia contencioso administrativa, como juez especializado en la materia. Al respecto resulta particularmente ilustrador observar la evolución de la figura desde la perspectiva del derecho comparado y en la jurisprudencia contencioso administrativa colombiana”.

Y a continuación, al referirse al derecho comparado, la Corte hace alusión al tratamiento que ha recibido el tema en el derecho español, así:

“Curiosamente, el supuesto al parecer más claro de responsabilidad patrimonial del Estado por actuación del Legislador: la indemnización de las lesiones patrimoniales causadas por una ley declarada inconstitucional, sería el último en ser reconocido por la jurisprudencia. En una serie de sentencias del año 2000(45), el Tribunal Supremo Español ha reconocido y declarado el derecho a la indemnización por responsabilidad del Estado-Legislador derivado de la aplicación de una ley inconstitucional.

“Las razones que llevan al máximo órgano de la jurisdicción ordinaria española a deducir tal responsabilidad, parecen tan lógicas y evidentes que sorprende que no hubiesen sido acogidas mucho antes. Pues en estos casos el tribunal presenta la obligación de indemnizar a cargo del Estado como una consecuencia necesaria de ese principio básico y esencial para cualquier ordenamiento basado en una Constitución dotada de auténtica eficacia normativa, el de constitucionalidad, que reclama el sometimiento del legislador a la norma superior (resaltado de la Sala).

“[C]iertamente, el poder legislativo no está exento del sometimiento a la Constitución y sus actos —leyes— quedan bajo el imperio de tal norma suprema. En los casos donde la ley vulnere la Constitución, evidentemente el poder legislativo habrá conculcado su obligación de sometimiento, y la antijuridicidad que ello supone traerá consigo la obligación de indemnizar. Por tanto, la responsabilidad del Estado-Legislador puede tener (...) origen en la inconstitucionalidad de la ley.

“[P]or definición, la ley declarada inconstitucional encierra en sí misma, como consecuencia de la vinculación más fuerte de la Constitución, el mandato de reparar los daños y perjuicios concretos y singulares que su aplicación pueda haber originado (…) Existe, en efecto, una notable tendencia en la doctrina en el derecho comparado a admitir que, declarada inconstitucional una ley, puede generar un pronunciamiento de reconocimiento de responsabilidad patrimonial cuando aquella ocasione privación o lesión de bienes, derechos o intereses jurídicos protegibles”(46).

La responsabilidad patrimonial por actuación del órgano representativo tiene origen, entonces, en la vulneración de la Constitución, la cual dado su carácter de norma suprema, vincula al legislador en su actuación. Esta tipo de responsabilidad, guardaría semejanza con la responsabilidad de la administración por la expedición de reglamentos ilegales, pues el deber de indemnizar tiene como requisito previo la declaratoria de inconstitucionalidad —o de ilegalidad en el caso de los reglamentos— de la disposición generadora del perjuicio” (resaltado de la Sala).

Se destaca en ese orden como en la jurisprudencia del ordenamiento español, la antijuridicidad del daño proviene justamente del hecho de que el legislador, al expedir una norma que es declarada inexequible, pone de manifiesto su falta de sometimiento a la Constitución. La violación de ese deber, constituye entonces el juicio de reproche sobre el cual se estructura la imputatio iuris del daño.

Bajo esa lógica y perspectiva, se tiene que nadie está obligado a soportar las consecuencias adversas de una norma que nació a la vida jurídica contrariando la Constitución, pues ello sería desdibujar el principio de la supremacía constitucional, que constituye la piedra angular de nuestro ordenamiento jurídico. No cabe duda que la expedición de una norma con esas características y que luego es declarada inexequible, constituye per se una falla en el servicio que puede generar un daño antijurídico y ello se dice, por cuanto los ciudadanos —y es apenas lógico—, esperan legítimamente, con fundamento en el principio de confianza legítima, que el legislador expida normas que se ajusten al texto constitucional.

Ahora bien, de los diversos pronunciamientos y reflexiones doctrinales traídos a colación, se infiere que el principal argumento para negar la existencia de responsabilidad, es el hecho de que los efectos de las sentencias de inexequibilidad de la Corte Constitucional, son ex nunc y sólo cuando esta señala lo contrario, pueden derivarse de ellas efectos hacia el pasado o ex tunc(47), afirmación que sustentan quienes la respaldan, en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996-LEAJ-, según el cual, “Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”. De acuerdo con la Sentencia C-037 de 1996, que revisó la constitucionalidad del articulado de la mencionada ley, sólo ella tiene competencia para fijar los efectos de las sentencias, por lo que por regla general las mismas sólo surten efectos a partir de su expedición. Es pertinente precisar que inicialmente el artículo 45 de la LEAJ, sí contemplaba varios supuestos en los que las sentencias de inexequibilidad debían ser tener efectos ex tunc, consagrándose expresamente la posibilidad de demandar la reparación de los perjuicios(48). Sin embargo, los mismos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, en la aludida sentencia, en la que se reiteraron los argumentos expuestos en la C-113 de 1993:

“Pero, fuera del poder constituyente, ¿a quién corresponde declarar los efectos de los fallos de la Corte Constitucional, efectos que no hacen parte del proceso, sino que se generan por la terminación de este? Únicamente a la propia Corte Constitucional, ciñéndose, como es lógico, al texto y al espíritu de la Constitución. Sujeción que implica tener en cuenta los fines del derecho objetivo, y de la constitución que es parte de él, que son la justicia y la seguridad jurídica.

“En conclusión, sólo la Corte Constitucional, de conformidad con la Constitución, puede, en la propia sentencia, señalar los efectos de esta. Este principio, válido en general, es rigurosamente exacto en tratándose de las sentencias dictadas en asuntos de constitucionalidad.

La Corte Constitucional se basó en el principio de seguridad jurídica para justificar el hecho de que las sentencias de constitucionalidad sólo puedan tener efectos hacia el futuro. Sobre el particular, considera la Sala que pese a ser ello cierto, no obsta para que pueda accederse a la reparación del perjuicio, toda vez que una cosa es la intangibilidad de la situaciones jurídicas consolidadas antes de la declaratoria de inconstitucionalidad y otra muy diferente, es el deber que tiene el legislador de reparar el daño que ha causado con su actuación; se trata de situaciones jurídicas autónomas e independientes entre sí. De ello se sigue una consecuencia lógica, y es que el daño no es imputable a quien ejecutó la ley, sino a quien la creó. En ese orden de ideas, se tiene que la prevención a aceptar la responsabilidad del Estado- legislador en estos eventos, obedece a una interpretación equivocada del artículo 45, que confunde la intangibilidad de la cosa juzgada, con la imposibilidad de reparar los perjuicios, cuando en realidad estas figuras no son excluyentes entre sí(49).

En este punto resulta bastante ilustrativo lo señalado por la Corte Constitucional en Sentencia C-066 de 1997, en la que declaró exequible el artículo 38 de la Ley 142 de 1994(50) y dejó ver con claridad que aunque la declaratoria de nulidad de un acto administrativo, sólo tenga efectos hacia el futuro, no es un obstáculo para solicitar la reparación de los daños ocasionados con el mismo:

“Califica el actor como irracional la parte del artículo 38 de la ley objeto de control que limita los efectos de la declaratoria de nulidad, única y exclusivamente hacia el futuro, argumentando que ello significa que el restablecimiento del derecho o la reparación del daño solamente proceden hacia adelante, a partir del momento en que la jurisdicción contencioso administrativa profiera el fallo, lo cual, en su sentir, no se aviene con lo dispuesto en el artículo 90 constitucional. También ataca la segunda parte del artículo diciendo que si la buena fe se presume, "declarada la NULIDAD de un acto o contrato, éstos de todas maneras pueden quedar vigentes cuando hayan sido celebrados de buena fe...Por lo tanto,... la jurisdicción contencioso administrativa tendría que entrar a demostrar la MALA FE (o quien ejerza la respectiva acción contractual...) a fin de poder proferir el fallo de anulación".

“No encuentra la Corte fundamento alguno que sirva para declarar la inexequibilidad del artículo 38 sub judice, a partir de los argumentos esgrimidos por el demandante. Como sucede con la disposición anteriormente examinada, el artículo 38 de la Ley 142 de 1994 consagra dos supuestos de hecho: primero, la sola anulación de los actos administrativos relacionados con los servicios públicos domiciliarios; y segundo, las consecuencias posibles de tal determinación jurisdiccional, es decir, el restablecimiento del derecho o la reparación del daño. En cuanto al primero, efectivamente la ley restringe el ámbito temporal de la anulación de los actos administrativos al momento de su declaratoria y hacia adelante, exclusivamente, con el fin de que todas las actuaciones consolidadas antes de la misma queden incólumes. Hasta aquí nada ha dicho el legislador sobre las posibles condenas patrimoniales, restablecimiento de derechos o reparación de daños a que haya lugar, sino simplemente se ha referido a la desaparición del acto anulado, a su exclusión del mundo jurídico, lo cual, se repite, sucede desde el momento en que así lo disponga la jurisdicción competente y hacia el futuro (resaltado de la Sala).

“Otra cosa sucede en relación con las consecuencias a que puede llevar la anulación de un acto administrativo, segundo supuesto de hecho del artículo 38, cuya lectura, contraria a la efectuada por el actor, en ningún momento limita la reparación o el restablecimiento a los daños causados o derechos conculcados después de la declaratoria de nulidad. No. Precisamente el legislador, previendo esta segunda posibilidad, separó la redacción de la norma buscando, de una parte, garantizar la estabilidad y seguridad jurídica en los asociados con la intangibilidad de las actuaciones amparadas por un acto administrativo posteriormente declarado nulo; y de otra, que los daños antijurídicos o los derechos cuya materialización o vulneración se desprendan de dicha declaratoria, puedan ser reparados o restablecidos, no desde el momento en que se profiera el fallo y hacia adelante únicamente, sino desde su efectiva verificación, incluso si ella se retrotrae a un momento anterior a la expedición del fallo. Luego, son diferentes los efectos en el tiempo de la anulación de los actos administrativos, que por orden del legislador solamente pueden ser ex nunc, y las consecuencias de la misma en cuanto a la reparación de daños o el restablecimiento de derechos que, dependiendo de las circunstancias, pueden tener efectos ex tunc, con lo cual, en manera alguna, el legislador ha desbordado lo prescrito en el artículo 90 constitucional” (resaltado de la Sala).

Si bien, es cierto, la sentencia en cita que precede se refiere a la declaratoria de nulidad de un acto administrativo y no a la inexequibilidad de una ley, conforme a lo que se ha venido exponiendo, para los efectos del tema que ocupa la atención de la Sala, la distinción carece de relevancia, toda vez que ambos son actos expedidos por el legislador en sentido material, como una expresión de la competencia creadora de normas del Estado, en su dimensión más amplia. En consecuencia, los razonamientos expuestos en la sentencia, tienen plena aplicación cuando es el Congreso quien expide una ley contraria a la Constitución, y de ellos se concluye que la cláusula que establece que las sentencias de exequibilidad sólo tienen efectos hacia el futuro, no tiene como propósito impedir el acceso a la reparación del daño o negar la existencia de responsabilidad del legislador y menos la antijuridicidad de aquél, sino que pretende imprimirle estabilidad y seguridad a las relaciones que ya se consolidaron con fundamento en la disposición que fue expulsada del ordenamiento jurídico, las cuales permanecerán incólumes, pero existiendo siempre la posibilidad de que quien se vio afectado con la norma pueda acudir al juez administrativo para que éste ordene al creador de la misma resarcir los perjuicios, pues, se itera, aceptar lo contrario sería legitimar los efectos nocivos que una norma contraria a la Constitución produzca, situación que no puede avalarse en un Estado social de derecho, que está gobernado por la supremacía constitucional como principio orientador.

Lo señalado encuentra sentido, y cobra vigencia puesto que si bien, la declaratoria de inexequibilidad de la norma es posterior a su expedición, desde un comienzo devino en inconstitucional, comoquiera que la contradicción frente a la Carta Política siempre estuvo presente, por lo tanto cualquier daño originado en su aplicación tiene el carácter de antijurídico, y por lo tanto es indemnizable.

En modo alguno puede señalarse que el juez contencioso administrativo carece de jurisdicción para juzgar los actos del legislador y que al condenarlo a reparar el daño se está supliendo su voluntad y por lo tanto usurpando sus funciones, pues el operador judicial simplemente se limita a verificar los presupuestos de responsabilidad del artículo 90, esto es, la existencia de un daño antijurídico y la imputación del mismo y en ningún momento ejerce un control sobre la constitucionalidad del precepto. Esta crítica parte del supuesto de que es el mismo legislador quien desde la expedición de la ley debe autorizar la indemnización de los daños que cause con aquella, sin embargo, en los casos de disposiciones declaradas inexequibles, ¿cómo exigirle esta actuación si no pudo avizorar la producción del daño antijurídico desde un comienzo? Es por ello que se concluye de manera contundente, que al ordenar la reparación, el juez no incursiona en la órbita de las competencias de la rama legislativa, toda vez que no está creando ni modificando una ley, simplemente está corrigiendo una situación que el particular no estaba en la obligación de soportar, cual es al fin de cuentas la esencia y el fin último del medio de control de reparación directa.

Se reitera, entonces que la declaratoria de inexequibilidad equivale a la falla en el servicio, sin importar si la misma obedece a razones de forma o de fondo, pues que en ambos casos el legislador infringió una norma de orden superior.

Ahora bien, la discusión así planteada se concentra en la determinación y delimitación del daño antijurídico cuando el mismo proviene de una ley declarada inexequible; en efecto, como se ha señalado in extenso en líneas anteriores, la tesis que niega la posibilidad de configuración de responsabilidad en estos eventos, argumenta que: i) si la sentencia de inexequibilidad no tiene efectos retroactivos no podría hablarse de antijuricidad o daño injusto porque la persona estaría obligada a soportarlo, y ii) tampoco se podría reparar esa alteración negativa puesto que ya existirían situaciones jurídicas consolidadas.

En relación con el primer fundamento, se ha sostenido que no son equiparables los escenarios de responsabilidad por el hecho de la ley declarada inexequible frente a los derivados del acto administrativo nulo porque, prima facie, los efectos de las sentencias de nulidad son retroactivos, hacia el pasado o ex tunc (desde siempre), mientras que los primeros, se itera, por regla general, serían efectos hacia futuro o ex nunc (desde ahora). Así las cosas, el razonamiento parte de la premisa de que si la sentencia de inconstitucionalidad no moduló los efectos hacia el pasado todas las situaciones jurídicas que se desprendieran de la misma —incluida la responsabilidad— se encontrarían cubiertas por un halo de juricidad, lo que impediría la configuración del primer elemento de la responsabilidad a la luz del artículo 90 de la Constitución Política.

La Sala no comparte los argumentos expuestos y, por el contrario, fija su posición en la materia para concluir que los daños provenientes del hecho de la ley —bien por omisión legislativa, por la ley exequible o constitucional, y por la ley declarada inexequible, con independencia de los efectos del fallo del tribunal constitucional— son de naturaleza antijurídica y, consecuencialmente, reparables de manera integral a la luz del artículo 16 de la Ley 446 de 1998. Las razones que permiten arribar a ese colofón, son las siguientes:

i) No son equiparables los efectos de la sentencia de inexequibilidad con los elementos de la responsabilidad. En otros términos, la Corte Constitucional al retirar del ordenamiento jurídico una disposición no determina si procede o no la reparación de un daño, por la sencilla pero potísima razón de que se está frente a una situación o alteración negativa a un estado de cosas favorables que, a la luz del artículo 90 de la Carta Política, la persona no estaba en la obligación jurídica de soportar.

En efecto, no es el fallo de la Corte Constitucional lo que determina la existencia o no del daño antijurídico, sino el conocimiento del mismo, aunado a la acreditación de una falla del servicio. De modo que, la antijuricidad en estos casos no pende de la decisión proferida por el respectivo tribunal constitucional, puesto que desde la misma expedición de la norma la persona no se encuentra en el deber jurídico de soportar el daño irrogado, con independencia de que tenga que cumplir con las exigencias del precepto ya que mientras sobre el mismo no recaiga un pronunciamiento judicial gozará de la presunción de constitucionalidad y, por lo tanto, será aplicable.

No se diga que en estas situaciones la persona desconoce el daño porque muy seguramente habrá adelantado todas las gestiones y actuaciones —administrativas y judiciales— tendientes a que no le sea aplicado ese ordenamiento. Lo que ocurre es que cuando el tribunal constitucional retira la norma del ordenamiento jurídico la persona tiene conocimiento de la antijuricidad y de la falla del servicio legislativo, circunstancia por la que, desde ese momento, podrá demandar la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por la vía de la reparación directa, para que sea reparado de manera integral el daño irrogado.

En este punto es importante advertir la distinción introducida por Von Lizt, según la cual la antijuricidad puede clasificarse en: a) formal (normwidrigkeit), esto es, la violación a una norma de derecho o jurídica, y b) material (rechtwidrigkeit), es decir, el menoscabo a derechos e intereses legítimos que al ser jurídicamente protegidos, no se está en la obligación de soportar su vulneración.

Sin duda, el daño constituye el primer elemento o supuesto de la responsabilidad, cuya inexistencia, o falta de prueba, hace inocuo el estudio de la imputación frente a la entidad demandada; esto es, ante la ausencia de daño se torna estéril cualquier otro análisis, comoquiera que es el umbral mismo de la responsabilidad extracontractual del Estado.

El daño se refiere a aquel evento en el cual se causa un detrimento o menoscabo, es decir, cuando se lesionan los intereses de una persona en cualquiera de sus órbitas, es “la ofensa o lesión de un derecho o de un bien jurídico cualquiera”(51) aunque algunos autores han considerado que esta concepción debe incluir también la “amenaza o puesta en peligro del interés”(52), con lo cual se amplía su concepción a la “función preventiva”(53) del mismo; en ese orden de ideas, se encuentran diversos conceptos del daño que ha planteado la doctrina:

“Nos encontramos ante un concepto amplio, impreciso y esencialmente intuitivo(54). De estas características se deriva la dificultad de dar un concepto unitario de <<daño>>, dada la diversidad de manifestaciones y matices que este presenta(55).

“Para De Cupis <<daño>> no significa más que nocimiento o perjuicio, o lo que es lo mismo aminoración o alteración de una situación favorable(56). En un entendimiento similar del concepto, la doctrina suele dar un concepto meramente objetivo del <<daño>> caracterizándolo —en palabras de LARENZ— como <<el menoscabo que, a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado, sufre una persona, ya en sus bienes vitales naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio>>(57).

“Esta afirmación precisa de una urgente aclaración ya que el hombre no sólo sufre cuando se lesionan sus intereses materiales; <<un atentado —escriben los hermanos Mazeaud— contra sus intereses morales, le puede resultar todavía más sensible>>(58). En definitiva, <<daño>> no se equipara a la mera pérdida pecuniaria.

“El concepto de daño comprende, en efecto, el perjuicio, el nocimiento causado(59). Es una modificación a la realidad material(60), modificación desfavorable para el dañado, perjudicial para sus intereses. En consecuencia, es inmanente al concepto de daño la idea de confrontación entre una situación antecedente y una sucesiva desventajosa para la víctima”(61).

Así, con la aproximación al concepto de daño(62), es pertinente señalar, que la constatación de éste no es suficiente para que se proceda a su indemnización; en efecto, el daño debe ser cualificado para que sea relevante en el mundo jurídico, por ello la Constitución Política en el artículo 90 señala que “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas” (se resalta).

La antijuridicidad(63) se refiere a aquello que no se tiene la obligación de padecer, al evento que es “contrario a derecho”(64), “es la contradicción entre la conducta del sujeto y el ordenamiento jurídico aprehendido en su totalidad”(65), ello se refiere a que se desconozca cualquier disposición normativa del compendio normativo, sin importar la materia o la rama del derecho que se vulnera, puesto que la transgresión a cualquiera de ellas, genera la antijuridicidad del daño(66).

En ese orden, la antijuridicidad puede ser estudiada en el plano formal y en el material: el primero de ellos se evidencia con la simple constatación de la vulneración a una norma jurídica, y el segundo se refiere a la lesión que se produce con esa vulneración, en los derechos de un tercero(67), aspectos que deben estar presentes para que el daño sea indemnizable.

Sin embargo, es preciso señalar que no sólo es antijurídico el daño cuando se vulnera una norma jurídica, sino también aquel que atenta contra un bien jurídicamente protegido, en palabras de Roberto Vásquez Ferreyra, “la antijuridicidad supone una contradicción con el ordenamiento, comprensivo éste de las leyes, las costumbres, los principios jurídicos estrictos dimanantes del sistema y hasta las reglas del orden natural. En esta formulación amplia caben los atentados al orden público, las buenas costumbres, la buena fe, los principios generales del derecho y hasta el ejercicio abusivo de los derechos(68)(69).

La Corte Constitucional en Sentencia C-333 del 1º de agosto de 1996, en lo que se refiere al daño antijurídico, indicó:

“El daño antijurídico no tiene una definición constitucional expresa, por lo cual es un concepto constitucional parcialmente indeterminado, cuyos alcances pueden ser desarrollados, dentro de ciertos límites, por el legislador.

“La doctrina española ha definido el daño antijurídico no como aquel que es producto de una actividad ilícita del Estado sino como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo. Esta concepción fue la base conceptual de la propuesta que llevó a la consagración del actual artículo 90. (…).

“Esta concepción de daño antijurídico ha sido admitida por la jurisprudencia del Consejo de Estado en nuestro país. Así, en múltiples oportunidades ese tribunal ha definido el daño antijurídico como “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar”, por lo cual “se ha desplazado la antijuricidad de la causa del daño al daño mismo”. Por consiguiente, concluye esa Corporación, “el daño antijurídico puede ser el efecto de una causa ilícita, pero también de una causa lícita. Esta doble causa corresponde, en principio, a los regímenes de responsabilidad subjetiva y objetiva”.

“Por ende, la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, por lo cual éste se reputa indemnizable. Esto significa obviamente que no todo perjuicio debe ser reparado porque puede no ser antijurídico, y para saberlo será suficiente acudir a los elementos del propio daño, que puede contener causales de justificación que hacen que la persona tenga que soportarlo”.

Esta corporación ha entendido el daño antijurídico como “el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo”(70), como también en los siguientes términos:

“A pesar de que el artículo 90 de la Constitución es claro en señalar que el Estado “responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables”, lo cierto es que en nuestro ordenamiento jurídico no existe definición normativa del concepto de daño antijurídico. Por ello, la jurisprudencia nacional, siguiendo algunos parámetros de la doctrina extranjera, dada la similitud de los artículos 106 de la Constitución Española y 90 de la Constitución Colombiana, ha definido el daño antijurídico como “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”(71); o también se ha entendido como el daño que se produce a una persona a pesar de que “el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de ´causales de justificación´(72).

“Nótese que, de la simple definición de daño antijurídico, pueden deducirse fácilmente dos de sus principales características, a saber:

“La primera: no todos los daños que causa el Estado resultan indemnizables, sobre todo si los mismos son el resultado de la actividad estatal lícita, pues solamente originan el deber de reparación patrimonial aquellos daños que exceden los límites jurídicos que garantizan los derechos e imponen obligaciones exigibles a todas las personas que viven en determinada sociedad. Se ve, entonces, como la concepción del daño antijurídico, desde esa perspectiva, no solamente resulta acorde con los principios de eficiencia de la función pública y efectividad de los derechos (arts. 228 y 2º de la Constitución), sino también confluye con los principios de igualdad frente a las cargas públicas y solidaridad, que constituyen las piezas angulares del Estado social de derecho (C.P., arts. 1º y 13)”(73).

El daño antijurídico, a efectos de que sea indemnizable, requiere que esté cabalmente estructurado, por tal motivo, es imprescindible que se acrediten los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; ii) que se lesione un derecho, bien o interés protegido legalmente por el ordenamiento; iii) que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente; por ende, no puede limitarse a una mera conjetura.

Así las cosas, se puede establecer que las hipótesis que no cumplan con esos parámetros, conformaran un daño opuesto, esto es, justo o jurídicamente permitido: “desde esta perspectiva, los actos humanos que resulten ajustados al derecho, en función de que son respetuosos con los intereses que este estima preferentes, integran la órbita de los actos lícitos, justos o no antijurídico (…)”(74), es decir, que serán daños jurídicos cuando la conducta por la cual se imputa el daño o el hecho dañoso este autorizado por las normas jurídicas vigentes, o el que acaece por el cumplimiento de un deber consagrado en el ordenamiento jurídico, en términos breves “cuando existe el deber legal de soportarlo”(75).

Como se aprecia, el daño antijurídico es el principal elemento sobre el cual se estructura la responsabilidad patrimonial de la administración pública, a la luz del artículo 90 de la Carta Política, entidad jurídica que requiere para su configuración de dos ingredientes: i) uno material o sustancial, que representa el núcleo interior y que consiste en el hecho o fenómeno físico o material (v.gr. la desaparición de una persona, la muerte, la lesión, etc.) y ii) otro formal que proviene de la norma jurídica, en nuestro caso de la disposición constitucional mencionada(76).

En este orden, el daño antijurídico no puede ser entendido como un concepto puramente óntico, al imbricarse en su estructuración un elemento fáctico y uno jurídico se transforma para convertirse en una institución deontológica, pues sólo la lesión antijurídica es resarcible integralmente en términos normativos (L. 446/98, art. 16) y, por lo tanto, sólo respecto de la misma es posible predicar consecuencias en el ordenamiento jurídico.

Es así como, sólo habrá daño antijurídico cuando se verifique una modificación o alteración negativa fáctica o material respecto de un derecho, bien o interés legítimo que es personal y cierto frente a la persona que lo reclama, y que desde el punto de vista formal es antijurídico, es decir no está en la obligación de soportar porque la normativa no le impone esa carga.

ii) Las inquietudes que es preciso formularse son las siguientes: ¿el nocimiento que se deriva de la aplicación de una ley que, con posterioridad, es declarada inexequible —sin que se imprima a la decisión efectos retroactivos— es jurídico? ¿Cuáles son las razones para llegar a esa conclusión, máxime si estamos frente a una situación objetiva que lesiona un interés legítimo (v.gr. aminoración del patrimonio por pagar un impuesto que es a todas luces inconstitucional), que es personal, cierto y que los mismos jueces han reconocido su falta de fundamento superior, razón que determina su antijuricidad?

El yerro conceptual se deriva de asimilar e identificar la validez o vigencia de la norma con la juricidad del daño; lo anterior, comoquiera que se entiende equivocadamente que los efectos hacia futuro de la sentencia de constitucionalidad (ex nunc), al no afectar la vigencia pasada de la disposición generan que se tenga el deber de soportar los efectos negativos.

El anterior planteamiento cae por su propio peso, por cuanto de aplicarse ese criterio sin anfibologías o matices, habría que concluir que no es procedente la responsabilidad del Estado por leyes exequibles o constitucionales, o por actos administrativos lícitos. En efecto, la sola legalidad de la norma de la que se desprende el daño haría nugatorio los efectos de la responsabilidad (v.gr. una ley declara un inmueble patrimonio histórico y cultural de la nación), ya que la licitud y constitucionalidad de la norma desvirtuarían la posibilidad de predicar la existencia de antijuricidad del daño.

En otros términos, la constitucionalidad o inconstitucionalidad —es decir, los efectos, la vigencia o la validez de las normas— no son elementos estructurales de la noción de daño antijurídico. Lo que determina la antijuricidad del daño es lo siguiente: i) que esa alteración o afectación negativa a un estado de cosas favorable sea injusta, esto es, que lesione un interés jurídicamente tutelado, lícito y legítimo, y ii) que el ordenamiento jurídico en su conjunto —principios, valores y reglas según la clasificación de Robert Alexy— no le impongan a la persona el deber jurídico de soportarlo.

Una posición contraria, no permitiría que se demandara en reparación directa al Estado por la expedición de una ley que, a criterio del demandante es inconstitucional, y de la cual se depreca la formulación de la excepción de inconstitucionalidad por parte del juez de lo contencioso administrativo, toda vez que la Corte Constitucional, en este hipotético escenario, no se habría pronunciado sobre la validez misma.

De modo que, si bien, la sentencia de inexequibilidad fija criterios de suma importancia en la materia, tales como: i) el término de caducidad del medio de control de reparación directa, ii) la delimitación de la falla del servicio, y iii) la imputabilidad del daño en cabeza del Congreso de la República, ello no quiere significar, en modo alguno, que la antijuricidad del daño se derive de la misma, porque la intolerabilidad de la lesión se origina desde el momento en que la ley fue promulgada con vicios de validez y, por lo tanto, con su aplicación afectó o trasgredió los intereses legítimos de los particulares.

En otros términos, la noción de antijuricidad del artículo 90 de la Constitución Política dista mucho de ser entendida en términos del hecho ilícito de raigambre civil, puesto que apunta de manera concreta a la noción de “daño injusto”, es decir, a la inexistencia en el cuerpo normativo de la obligación de soportar esa lesión; de modo que el interrogante que surge es el siguiente: ¿un problema de vigencia normativa —la validez y vigencia de la ley en el tiempo— tiene incidencia y repercusiones en el derecho de daños? La respuesta tiene que ser negativa porque con independencia a los efectos de la nulidad o inconstitucionalidad, el daño existe, es cierto, personal y, por obvias razones, la persona no se encontraba obligada a soportarlo.

En relación con la noción de daño injusto como manifestación de la antijuricidad, la doctrina ha sostenido:

“Por consiguiente, es posible advertir dos vertientes diferentes en torno a la comprensión de la antijuricidad del daño: i) la de corte civil estructurada en el concepto de “acto o hecho ilícito” que vulnera el plexo normativo (antijuricidad formal) y que lesiona un bien jurídico (antijuricidad material), y ii) la de raigambre constitucional que tiene como fundamento la teoría española de la lesión antijurídica, y que, por lo tanto, dista mucho de introducir un elemento propio de la noción de “ilícito civil”, para imprimir una característica más propia del derecho público y que se acompasa en mayor medida con el fenómeno de constitucionalización del derecho, esto es, la antijuricidad entendida como la inexistencia de la obligación “normativa o jurídica” de soportar el menoscabo patrimonial o inmaterial.

“Así las cosas, el factor de antijuricidad que se integró a la noción de daño no puede ser entendido en términos del ilícito de las codificaciones de derecho privado, sino que, por el contrario, comprende la necesidad de que se verifique si la víctima de la afectación se encontraba en el deber jurídico de tolerarla. Aunado a lo anterior, no es posible concluir que un paradigma estructurado sobre la noción de daño antijurídico convierta la responsabilidad de la administración en un sistema objetivo —que excluya de plano cualquier análisis de culpabilidad o de falla del servicio— o de aseguramiento universal.

“Por lo anterior, es válido concluir que la constatación del daño no genera de forma automática su reparación integral, comoquiera que es esencial que aquél revista la connotación de antijurídico, así como el hecho de que sea imputable a la organización estatal demandada. Por tanto, será la nota de antijuricidad un factor importante en la determinación de si la persona se encontraba compelida a tolerar —desde el derecho de daños— la restricción de un determinado derecho, bien o interés legítimo”(77).

En esa perspectiva, el daño injusto no tiene en cuenta para su configuración el análisis del comportamiento del Estado en general —tanto en lo que se refiere a la entidad que produjo el daño (v.gr. el Congreso de la República) como al organismo encargado de analizar la constitucionalidad o legalidad de las actuaciones públicas (v.gr. la Rama Judicial)— sino que se establece a partir de la víctima. En otros términos, será daño antijurídico o injusto todo aquel que lesione un interés legítimo (v.gr. el patrimonio) y que, a la luz del artículo 90 de la Carta Política, no tenga justificación o fundamento jurídico para su irrogación.

La doctrina con especial sindéresis ha destacado esta diferencia o disimilitud entre la conducta que da origen al daño antijurídico y este último, en los siguientes términos:

“Por lo demás, la no circunscripción de la categoría de la antijuricidad a una única rama del ordenamiento jurídico no hace más que poner de relieve, una vez más, la esencial trabazón existente entre todos los sectores jurídicos parciales integrantes del mismo, puesto que la “determinación normativa” de las circunstancias que caracterizan la antijuricidad puede encontrarse fuera del ámbito normativo que cualifica tipológicamente el supuesto de hecho que hace surgir la responsabilidad civil. De esta forma, la determinación de los “extremos normativos” de la antijuricidad en el ámbito de la tutela penal puede encontrarse, al menos en ciertos aspectos, también en el ámbito de las normas civiles. En efecto, la configuración normativa que en el ámbito del derecho civil se realiza de instituciones como, v.gr., la propiedad, la posesión o el crédito, son asumidos para caracterizar la antijuricidad en algunas forma de delito y, a la inversa, los extremos normativos de cualificación de la antijuricidad en el ámbito de la tutela civil, se puede detraer de la disciplina de determinadas instituciones contenidas en normas de derecho público”(78).

Quiere significar lo anterior, que la antijuricidad del daño no está marcada o influida por los siguientes aspectos o criterios: i) el comportamiento lícito o ilícito del Estado, ii) por los efectos proferidos por otros ámbitos o dimensiones normativas distintas al derecho público de daños (v.gr. el derecho penal, civil, laboral, disciplinario, ambiental, etc.), y iii) las decisiones judiciales previas que gocen del atributo de la cosa juzgada no constituyen óbice para que el juez de la responsabilidad analice si existen daños latentes que no se tenga el deber jurídico de soportar y, por lo tanto, al ser imputables a la administración pública sea inexorable su reparación integral.

Ejemplos concretos de daños antijurídicos cuya existencia ha encontrado acreditada esta corporación con independencia del comportamiento de la administración pública o de las decisiones emanadas de otras corporaciones judiciales son los siguientes: i) el escenario de la privación injusta de la libertad, en la que se ha sostenido que la privación de la libertad —física o jurídica— constituye una lesión antijurídica que la persona no está en la obligación se soportar, con independencia de las decisiones penales adoptadas en el proceso criminal, ii) la responsabilidad del Estado por actos administrativos legales, en los que se ha sostenido sin ambages que existe daño antijurídico porque con independencia de que el interés particular tenga que ceder frente al general, ello no puede constituir una patente de corso para irrogar daños, máxime si éstos se derivan del rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas, iii) los escenarios de responsabilidad hospitalaria por actos extramédicos, en los que con independencia de los estándares fijados en las normas que regulan la materia (v.gr. códigos de ética médica, leyes sobre el control de enfermedades nosocomiales, etc.) la jurisprudencia ha establecido que los daños producidos son de naturaleza o estirpe antijurídica porque el paciente no está en la obligación de padecerlos, iv) los supuestos de error jurisdiccional, en los que con independencia al debate doctrinal sobre la posibilidad del juez de la reparación de remover o modificar los efectos de la cosa juzgada, siempre se ha entendido que los daños derivados de providencias judiciales son de naturaleza antijurídica, etc.

En esa línea de pensamiento, el yerro conceptual a la hora de analizar la antijuricidad o no del daño se produce cuando se vincula su existencia a las disposiciones o decisiones emanadas de otro ámbito normativo distinto al contenido en el artículo 90 de la Constitución Política, cuyo contenido y alcance corresponde definir única y exclusivamente al juez de lo contencioso administrativo.

Como se advierte, a fortiori resulta incontrastable que si se puede decretar en cualquier tiempo la responsabilidad del Estado por la ley exequible o constitucional, en un ejercicio argumentativo a maiori ad minus se aprecia que resulta desproporcionado, irrazonable e injustificable que ante la constatación de un daño, se le diga a la víctima que tiene el deber de soportarlo por el solo hecho de que el tribunal constitucional —al analizar la ley en el marco de sus competencias— se abstuvo de modular hacia el pasado —providencia modulativa o mutativa— los efectos de la respectiva sentencia de inexequibilidad.

v) De otra parte, es importante precisar que la afectación de la validez de las normas atiende a dos circunstancias que no se relacionan o interfieren con la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado: i) el resurgimiento de la vigencia de las normas derogadas por el ordenamiento inexequible o ilegal, y ii) la protección de situaciones jurídicas consolidadas.

En relación con los efectos de las sentencias de nulidad, a diferencia de las de inconstitucionalidad, la jurisprudencia de la Sección Cuarta ha sostenido:

“3.2. Cosa distinta sucede con los efectos de las sentencias de nulidad de los actos administrativos de carácter general, pues ellas, por regla general, tienen efectos ex tunc, lo que implica la eliminación del ordenamiento jurídico del acto declarado nulo desde su nacimiento y, por ende, se debe tener como si nunca hubiese existido.

“En virtud de la declaratoria de nulidad de un acto de carácter general, las cosas deben volver al estado en que se encontraban antes de su expedición, lo que implica afectar situaciones jurídicas no consolidadas, es decir, aquellas que se debatían o eran susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa al momento de proferirse el fallo.

“Así lo ha reconocido también la Corte Constitucional, quien ha manifestado que “la situación contraria a la irretroactividad, es decir, los efectos retroactivos, coinciden con el efecto de los actos jurídicos que pretenden afectar situaciones del pasado, denominados efectos ex tunc. Estos, son propios de las nulidades o anulaciones, implican justamente, que las situaciones surgidas del acto que se anula, deben ser modificadas para dejarlas como estaban antes de su expedición. Esto es, como si el acto no se hubiera producido”.

“3.3. Podría pensarse que de acuerdo con lo expuesto en los apartes precedentes no tendría ningún sentido distinguir las sentencias de inconstitucionalidad y de nulidad.

“Si bien ello puede predicarse en punto a las situaciones jurídicas particulares —o los efectos de dichas sentencias frente a estas— no ocurre lo mismo respecto de las normas generales o actos regla.

“Todo, porque al desaparecer las normas objeto de la declaración de constitucionalidad, no “revivirán” las anteriores de la misma naturaleza —efectos ex nunc—; en tanto que cuando se trate de una sentencia de nulidad, sí recobrarán vida y vigencia las que fueron derogadas por la declarada nula —efectos ex tunc—.

“Agréguese a ello que los efectos ex tunc no vulneran el debido proceso, ya que, es, precisamente, una consecuencia de los efectos a la sentencia anulatoria, amén que ellos no afectan situaciones particulares, por lo ya dicho.

“La incidencia en las situaciones subjetivas, derivan de los efectos ex nunc y de la aplicación inmediata de la sentencia anulatoria o de inconstitucionalidad.

“3.4. En virtud de lo anterior, se concluye que, tratándose de situaciones jurídicas no consolidadas, esto es, de situaciones pendientes o en curso, que estén en controversia ante la administración o la jurisdicción, la declaratoria de nulidad del acto general, incide necesariamente en su validez.

“En ese orden de ideas, con las precisiones hechas, el reproche sobre los efectos ex tunc aplicados por el tribunal respecto de la sentencia de nulidad del Consejo de Estado, no está llamado a prosperar”(79) (cursivas del original).

No obstante lo anterior, un sector de la doctrina considera que los efectos de las sentencias de nulidad deberían ser hacia futuro, en una propensión por la protección de las situaciones jurídicas individuales consolidadas de buena fe. Al respecto, con especial sindéresis se sostiene:

“Problema interesante del derecho nacional se presenta respecto de los efectos de la declaratoria de nulidad de un acto administrativo. Sobre este aspecto vale la pena indicar que la jurisprudencia nacional no ha sido unívoca. Dos tipos de efectos se le han otorgado a la nulidad de actos administrativos de manera indistinta durante algunas épocas de nuestra jurisprudencia. Una primera corriente sostiene que la declaratoria de nulidad del acto administrativo produce efectos retroactivos a partir del momento en que el acto surgió a la vida jurídica. Se trata de una tesis que revive para el derecho público nacional los efectos de la teoría clásica de la nulidad, que considera nulo el acto a partir de su nacimiento.

“Consecuencia inevitable de esta tesis es la de que la totalidad de situaciones jurídicas emanadas del acto declarado nulo dejarían de existir. Una segunda tesis, en nuestra opinión aceptable y que propende por la protección del ordenamiento jurídico y de las situaciones individuales generadas a partir de un acto que ha sido declarado nulo, sostiene que los efectos de la nulidad tan sólo pueden ser hacia futuro, esto es, a partir del momento en que la providencia respectiva quede en firme… Se trata de una tesis de avanzada jurídica, que no puede ser desconocida y que eventualmente protegería a todos aquellos que de alguna manera obtuvieron derecho o situaciones jurídicas concretas durante el tiempo en que estuvo vigente la norma declarada nula”(80).

En esa línea de pensamiento, los efectos —en el tiempo— de las decisiones de inexequibilidad y de nulidad tienen como finalidad los dos aspectos mencionados, es decir: la identificación de si es viable hablar de normas que recobran vigencia en virtud de la norma (ley o acto administrativo) nula o inconstitucional, y la protección de situaciones jurídicas consolidadas a favor de personas que han obrado de buena fe, bajo el amparo de los principios de confianza legítima y seguridad jurídica.

En esa materia, la jurisprudencia constitucional ha puntualizado(81):

“(C)onsidera la Corte Constitucional que con la declaratoria de inexequibilidad se restauran ipso jure, siempre y cuando no sean contrarias al ordenamiento constitucional, las normas que habían sido derogadas por los apartes de la ley (...) que sean declarados inconstitucionales en esa sentencia.

“Esta determinación de la Corte de indicar las normas que deben aplicarse como consecuencia de la presente sentencia, se fundamenta en la facultad que tiene de fijar los alcances de sus fallos y en una justa y prudente actitud. Sobre este aspecto dijo la corporación en sentencia de 14 de diciembre de 1992:

“No sobra agregar que la presente decisión no crea o desencadena ningún vacío normativo ni coloca a sus destinatarios ante un abismo preceptivo, pues, como es natural y apenas obvio, reviven las normas que el presente decreto trató de remplazar y que regulan la materia”(8)(sic) (82).

“La anterior doctrina ha sido reiterada posteriormente, entre otras, en las sentencias C-427 de 2002(83), en la que a su vez se recoge la tesis sentada en Sentencia C-501 de 2001(84):

“Cabe recordar que en relación con los efectos de la inexequibilidad de una norma derogatoria, esta corporación en reiterada jurisprudencia ha señalado que tal determinación acarrea como consecuencia que las disposiciones que habían sido derogadas reviven. Así, en reciente oportunidad(85) la Corte Constitucional al reconocer la reincorporación al ordenamiento jurídico del parágrafo tercero del artículo 52 de la Ley 510 de 1999, por efecto de la inexequibilidad del artículo 47 de la Ley 640 de 2001, se refirió in extenso a dicho fenómeno en los siguientes términos:

“Varias décadas de historia legislativa y constitucional le dan ilación a la tesis de que hay normas que reviven cuando se declara inexequible la ley que trató de reemplazarlas.

“A) La providencia precitada de la Corte Constitucional tiene como antecedente inmediato la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que al definir la acusación contra el artículo 146 del Decreto 294 de 1973, reconoció que las normas derogadas por el Acto Legislativo 1 de 1979 reviven al ser inexequible este. Dijo entonces la Corte:

“Al ser declarada inexequible la modificación introducida en el parágrafo del artículo 208 de la Constitución por el Acto Legislativo 1 de 1979, y revivir el antiguo parágrafo de dicha disposición, adoptada como artículo 67 del Acto Legislativo 1 de 1968, recuperó también su vigencia el artículo 146 acusado y por tanto, la Corte puede ejercer su jurisdicción constitucional sobre la norma demandada”.

“B) Y como antecedente mediato, fue el Consejo de Estado el 7 de noviembre de 1958, el que por primera vez dijo que la declaratoria de inexequibilidad revive las normas que la ley inconstitucional había tratado de reemplazar. Se trataba de una consulta que el Ministro de Hacienda había formulado sobre este punto:

“Declarado inexequible en sus artículos vigentes el Decreto 700 de 1954, el cual, por medio de su artículo 113 derogó los decretos 2266 de 1952, con excepción de su artículo 1º, 3134 de 1952, artículo 1º, 2º, 3º, 6º, 7º y 8º del Decreto 2187 de 1953 y el artículo 7º del Decreto 2602 de 1951 desea el Ministerio de Hacienda saber si tales disposiciones derogadas por el Decreto 700 han vuelto a tener vigencia por causa de la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 700.

“La Sala de Negocios Generales del Consejo de Estado, con ponencia del doctor Guillermo González Charry, conceptuó:

“Aplicando los conceptos y conclusiones precedentes al caso consultado por el señor Ministro de Hacienda, el Consejo de Estado considera que la derogatoria que hizo el Decreto-Ley 700 de 1954 de preceptos pertenecientes a otros estatutos, debe tenerse por no hecha desde la fecha de ejecutoria del fallo de la Corte que declaró la inexequibilidad de tal decreto, y que, en consecuencia, tales normas deben aplicarse mientras no hubiesen sido derogadas por otros decretos-leyes no declarados inexequibles, o hasta cuando se cumpla la previsión contenida en el artículo 2º de la Ley 2ª de 1958”.

“Estos antecedentes coincidían además con las tesis sostenidas por la doctrina coetánea en el derecho comparado. Así, Mauro Cappelletti, basándose en la Constitución Italiana, que contiene un ordenamiento similar al colombiano, opinó:

“Una vez pronunciada la sentencia de inconstitucionalidad, la ley respectiva es privada de efectos de manera general, ni más ni menos que si hubiere sido abrogada por una ley posterior, y, por el contrario, recuperan su vigencia las disposiciones legislativas anteriores a la ley de inconstitucionalidad”.

“C- Como antecedente legislativo están los artículos 123 del Decreto-Ley 1675 de 1964, 155 del Decreto 294 de 1973 y el artículo 83 de la Ley 38 de 1989. Dice este último:

“Si la Corte Suprema de Justicia declarare inexequible la ley que aprueba el presupuesto general de la Nación en su conjunto, continuará rigiendo el presupuesto del año anterior, repetido de acuerdo con las normas del presente estatuto.

“La misma norma se aplicará en caso de suspensión provisional de una o varias apropiaciones de la ley o del decreto”.

“En el mismo tenor están los otros dos artículos, antes citados.

“Tales normas recogieron entonces los conceptos del Consejo de Estado y luego la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

“Es entonces la actual jurisprudencia de la Corte Constitucional la continuación de una doctrina nacional, elaborada desde 1958 por el Consejo de Estado, reiterada en 1961. Esta tradición fue recogida en normas legales, (D.L. 1675/64, art. 123, del D. 294/73, art. 155 y de la L. 38/89, art. 83) y adoptada en 1982 por la Corte Suprema de Justicia. Es pues un pensamiento jurídico coherente con la teoría constitucional colombiana(86)””(87).

“Ahora bien, la Corte no entra a pronunciarse sobre la suerte jurídica de los actos y decisiones administrativas dictadas al amparo del decreto durante su vigencia y que ahora se declara inexequible. Un pronunciamiento en tal sentido corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.

vi) Por último, resultaría paradigmático que se protegieran las situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad, pero no a quien sufre un perjuicio derivado de un daño producido por los efectos de la misma. En otros términos, se privilegiarían las situaciones consolidadas de buena fe, frente a las víctimas de daños antijurídicos, lo cual deviene desproporcionado e injustificado a la luz del principio de reparación integral contenido en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998.

De allí que, ante la constatación del daño antijurídico lo procedente es que el juez adopte todas las medidas tendientes a la reparación integral —esto es, volver las cosas al estado inmediatamente anterior a la ocurrencia o configuración del daño antijurídico—.

5. Conforme a lo expuesto, se modificará la decisión apelada para, de un lado, confirmar la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada y, por el otro, actualizar la liquidación de perjuicios reconocida en primera instancia. Y, si bien, esta misma Sala en providencia del 24 de octubre de 2013, expediente 26690, profirió sentencia absolutoria en otro proceso en el que se discutían los mismos hechos, lo cierto es que la Subsección, en esta oportunidad modifica su criterio al respecto, pues considera que sí existe un daño antijurídico conforme se ha expuesto a lo largo de este proveído, que es imputable a título de falla del servicio, la cual deviene acreditada del hecho de que el tribunal constitucional haya declarado inexequible la respectiva norma que genera la lesión, con independencia de su naturaleza (v.gr. tributaria, pensional, laboral, etc.), razón por la que se impone la reparación integral de los perjuicios ocasionados.

En el caso sub judice, la sociedad Goodyear S.A. aduce que con la expedición de los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000, que posteriormente fueron declarados inexequibles, se le causó un daño antijurídico, toda vez que se vio obligada a pagar la TESA, entre el 31 de enero y el 31 de octubre de 2001, cuando ese gravamen era ilegítimo.

Las razones que llevaron a la Corte a declarar la inexequibilidad de las disposiciones mencionadas fueron las siguientes:

“Entiende la Corte que, ciertamente, la creación de una tasa debe venir acompañada por la identificación, en la propia ley, del servicio a la que la misma corresponde y por cuya utilización serán gravados los contribuyentes. Cumplido ese requisito consustancial al concepto mismo de tasa, la Constitución no exige que para la fijación de la tarifa por el legislador se hagan explícitos, en la propia ley, los criterios que se tuvieron en cuenta para el efecto. Tal exigencia sólo resulta aplicable cuando se permita que la tarifa sea fijada por las autoridades administrativas, caso en el cual la ley deberá establecer el método y el sistema para definir los costos y la forma de hacer su reparto. Se trata de una garantía del principio de legalidad del tributo, conforme a la cual si bien, de manera excepcional y en atención a la complejidad que en ocasiones reviste el establecimiento de las tarifas para tasas o contribuciones, se permite que dichas tarifas sean fijadas por las autoridades administrativas, se exige, en todo caso, que el sistema y el método para definir los costos o los benéficos, así como la forma de hacer su reparto se fijen por la ley, o las ordenanzas o los acuerdos.

“Las disposiciones acusadas claramente se refieren a la creación y administración de una tasa que se aplicará como contraprestación por el costo de los servicios aduaneros prestados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a los usuarios por la importación de mercancías.

[…]

“No obstante lo anterior, en la medida en que es consustancial a la idea de tasa su vinculación con el servicio que se presta al usuario, la tarifa debe también, necesariamente, estar asociada a tal servicio. No quiere ello decir que deba existir una exacta correspondencia entre uno y otro, porque, como se ha señalado, puede ocurrir, por ejemplo, que según un determinado criterio de distribución se imponga a algunos usuarios un gravamen en cuantía más que proporcional al servicio recibido y viceversa; en otros casos la tasa puede conducir a una recuperación apenas parcial del costo de los servicios prestados.

“En el presente caso, el legislador señala que la tasa corresponde a los servicios aduaneros, pero no determina el contenido de los mismos ni la manera como el gravamen se vincula a ellos. La tarifa no se establece en función de la utilización del servicio sino, exclusivamente, en relación con el valor del bien importado. Tal indeterminación conduce a borrar la frontera entre tasa e impuesto y a que la tasa por los servicios aduaneros se asimile a un impuesto sobre las importaciones, caso en el cual su destinación especial resultaría contraria a la Constitución. Tal conclusión puede reafirmarse si se tiene en cuenta que la norma se inscribe en un proyecto cuyo alcance es de naturaleza fiscal y que, en principio, no se orienta a la regulación de aspectos del comercio exterior y más concretamente de los servicios aduaneros que presta la DIAN (resaltado de la Sala).

Lo anterior se corrobora si se tiene en cuenta que, de acuerdo con el segundo inciso del artículo 57, el destino de los recaudos no se restringe a la recuperación de los costos del servicio, con los cuales, por otro lado, en la medida en que no se conocen, no es posible establecer una relación de equivalencia al menos aproximada, sino que se extiende para cubrir los costos incurridos por la Nación en la facilitación y modernización de las operaciones de comercio exterior, mediante el uso de su infraestructura física y administrativa y para la financiación de los costos laborales y de capacitación de la DIAN, propósitos que claramente exceden el ámbito del gravamen definido en el inciso primero del artículo 56, en la medida en que no se refieren exclusivamente a los costos que se generan por los servicios aduaneros que se prestan a los contribuyentes de la tasa, sino que comprenden, o pueden comprender, servicios que correspondan a exportaciones y porque en la financiación de los costos laborales y de capacitación de la DIAN, caben conceptos que nada tienen que ver con las importaciones, o incluso, con el comercio exterior” (resaltado de la Sala).

Como puede apreciarse, el tribunal constitucional declaró la inexequibilidad de la TESA, al encontrar que el cobro de ese gravamen no tenía justificación en ningún servicio o beneficio que se le otorgara a los contribuyentes y es de allí de donde se deriva la falla en el servicio, pues en últimas, lo que se hizo por medio de los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000, fue crear un gravamen con todas las características del impuesto, en el que se impone al ciudadano la obligación de pagar una suma de dinero sin contraprestación alguna y nominarlo como tasa.

De la lectura cuidadosa de la Sentencia C-922 de 2001, se colige que no era necesario demostrar la falta de prestación del servicio cobrado por la imposición de la TESA, pues se insiste que fue justamente por ello que se declararon inexequibles los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000, por imponer una tasa que no equivalía a ningún beneficio y que en últimas se trataba de un impuesto.

A su vez, también se aparta del argumento según el cual el pago del gravamen efectuado por el contribuyente, no resultó antijurídico, toda vez que como ya se explicó con suficiencia, al haber sido declarada inconstitucional la norma, no cabe duda de que el Congreso incurrió en una falla en el servicio y causó un daño antijurídico a la sociedad Goodyear S.A., quien como se infiere de los recibos de pago aportados con la demanda, canceló las sumas correspondientes a la TESA, durante 9 meses —31 de enero al 31 de octubre de 2001—, aún cuando ese gravamen era contrario a la Constitución, hecho que como ya se explicó ampliamente no puede avalarse, pues ello iría en contravía del principio de supremacía constitucional y sería tolerar la consolidación de situaciones abiertamente inconstitucionales. En este punto, cabe reiterar que el llamado a responder es el Congreso y no la DIAN, comoquiera que aunque fue esta última entidad la encargada de recaudar y controlar el tributo, sólo actuó como un agente del Estado en ese sentido y fue el legislador como creador de la norma, el que dio origen a ese recaudo y por ende sólo a él le es imputable el daño antijurídico sufrido por la compañía actora.

Por lo tanto, acreditada la existencia del daño antijurídico y que el mismo le es imputable a la entidad demandada, se confirmará la sentencia de primera instancia y únicamente se actualizará la condena impuesta en ella, con base en la siguiente fórmula:

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Donde:

Ra: Renta actualizada

Rh: Renta a fecha de la liquidación

Índice inicial (jul. /2004):

Índice final (feb. /2014)

Entonces:

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En consecuencia, la suma actualizada a reconocer a favor de la sociedad Goodyear S.A., asciende a mil cuatrocientos cuarenta y tres millones ochocientos ochenta y cuatro mil quinientos setenta y cinco pesos con veintidós centavos ($ 1’443.884.575, 22).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase la sentencia del 27 de julio de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Modifícase el numeral tercero de la sentencia de primera instancia, el cual quedará así:

“Tercero: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNESE a la Nación - Congreso de la República, a pagar por concepto de perjuicios materiales la suma de mil cuatrocientos cuarenta y tres millones ochocientos ochenta y cuatro mil quinientos setenta y cinco pesos con veintidós centavos ($ 1’443.884.575, 22).

2. Dese cumplimiento a los dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

3. Expídanse las copias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, y se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado.

4. En firme esta providencia vuelva el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Enrique Gil Botero, Presidente—Olga Mélida Valle de De la Hoz—Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(1) Si bien, la Ley 633 de 2000, fue expedida el 29 de diciembre de 2000, los artículos 56 y 57 de la misma, que crearon la tasa especial por servicios aduaneros, fueron declarados inexequibles mediante la Sentencia C-922 del 29 de agosto de 2001, que según la certificación de la Secretaría General de la Corte Constitucional (fl. 1, cdno. 2), cobró ejecutoria el 25 de octubre de 2001, por lo que el término para presentar la demanda comenzaba a contarse a partir del día siguiente a esa fecha y vencía el 26 de octubre de 2003, por lo que la demanda fue presentada en el término previsto en el artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo.

(2) Por la cual se expide normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial.

(3) De acuerdo con la demanda, el valor de la pretensión mayor ascendía a $ 831.931.000, suma que excedía para el año en que fue presentada —10 de enero de 2003— la establecida en el numeral 10 del artículo 132 del Decreto 1 de 1984, subrogado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998.

(4) Sobre el citado principio de derecho procesal, la Corte Constitucional ha puntualizado: “Con el principio de igualdad de armas, se quiere indicar que en el marco del proceso penal, las partes enfrentadas, esto es, la fiscalía y la defensa, deben estar en posibilidad de acudir ante el juez con las mismas herramientas de persuasión, los mismos elementos de convicción, sin privilegios ni desventajas, a fin de convencerlo de sus pretensiones procesales. Este constituye una de las características fundamentales de los sistemas penales de tendencia acusatoria, pues la estructura de los mismos, contrario a lo que ocurre con los modelos de corte inquisitivo, es adversarial, lo que significa que en el escenario del proceso penal, los actores son contendores que se enfrentan ante un juez imparcial en un debate al que ambos deben entrar con las mismas herramientas de ataque y protección”. Corte Constitucional, Sentencia C-536 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(5) En relación con el concepto de “exceso ritual manifiesto”, se pueden consultar las sentencias de la Corte Constitucional T-264 de 2009 y T-599 de 2009.

(6) Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado su posición, en los siguientes términos: “En este caso, como en otros, el tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos presentados oportunamente por las partes que no fueron controvertidos ni objetados, y cuya autenticidad no fue puesta en duda … Llama la atención que en uno de los procesos el Consejo de Estado no valoró los resultados parciales de las investigaciones penales y disciplinarias en las que constaba la responsabilidad de los dos sargentos del Ejército Nacional, por considerar que la documentación fue remetida en copia simple197(sic). Si bien no correspondía a esta vía establecer responsabilidades individuales, al determinar la responsabilidad objetiva del Estado las autoridades jurisdiccionales deben tomar en cuenta todas las fuentes de información a su disposición. Por ende, las autoridades encargadas de estos procedimientos estaban llamadas no sólo a verificar las omisiones estatales, sino a determinar los alcances reales de la responsabilidad institucional del Estado”. Corte IDH, caso Manuel Cepeda vs. Colombia, sentencia del 26 de mayo de 2010.

(7) Corte Constitucional, Sentencia SU-226 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada. En la providencia se sostuvo, entre otros apartes, lo siguiente: “Para la Sala, la exigencia de certificaciones en original, tratándose de documentos públicos en asuntos contencioso administrativos, resulta razonable, pues permite que el juez de instancia, al realizar la debida valoración del material probatorio obrante en el expediente, pueda, por medio de un análisis cuidadoso de los elementos de juicio puestos en su conocimiento, otorgarles, de ser posible, el valor probatorio que estos ameritan, para efectos de una decisión razonable, justa y equitativa, acorde con los principios y valores constitucionales”.

(8) “Las pruebas formales tienen y cumplen una función eminentemente procesal: llevarle al juez el convencimiento sobre determinados hechos. Las pruebas ad solemnitatem o ad sustanciam actus, además, de cumplir la finalidad que cumplen las pruebas indicadas, son requisitos de existencia y validez de determinados actos de derecho material. Un escrito en donde consta que alguien debe $ 20.000, no sólo sirve para demostrar lo indicado, sino además, para que el acto pueda existir (la compraventa de inmuebles)”. Parra Quijano, Jairo “Manual de derecho probatorio”, Ed. Librería del Profesional, 17ª edición, Bogotá, 2009, pág. 172.

(9) Sentencia del 28 de agosto de 2013. Nº interno 25.022. Consejero Ponente: Enrique Gil Botero.

(10) “Dentro del proceso sólo se recolectaron pruebas conducentes para probar lo que la parte actora pagó debido a la obligación consagrada en la Ley 633 del 2000.

“Es por eso que este proceso se somete más que todo a la discusión sobre puntos de derecho sobre si es la actora o el Congreso quien tiene la razón en cuanto a la llamada responsabilidad del Estado por el ‘hecho de las leyes’” (fl. 58, cdno. 1).

(11) http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/queryARchi.idq?CiMaxRecordsPerPage=100&TemplateName=queryArchi&CiSort=rank%5Bd%5D&relatoria=%2Frelatoria&CiScope=%2F&CiRestriction=C-992-01

(12) Expediente 29.177.

(13) Botero, L. F. (2007). Responsabilidad patrimonial del legislador. 1era. Ed. Legis, Bogotá, págs. 159,160. Sobre el tema también se destaca en la misma obra:

“Ante todas estas circunstancias, resulta altamente controvertible, desde el punto de vista jurídico, conferirle a la ley un estatutos especial frente al resto de normas del ordenamiento, lo mismo que a su emisor respecto del resto de órganos del Estado. Si ello es así, el tratamiento diferencial —por no decir privilegiado—, que en materia de responsabilidad tiene la ley sería completamente injustificado y contrario al mismo ordenamiento. No existe una regla inconstitucional que inmunice al Congreso de ser controlado judicialmente o por el mismo pueblo. Todo lo contrario, diversas normas se han encargado de especificar los controles que sobre ella recaen: la excepción de inconstitucionalidad, la responsabilidad patrimonial del Estado, la acción de inconstitucionalidad, el referendo derogatorio y el referendo aprobatorio” (pág. 158).

(14) Alonso, G., M. 2009. La responsabilidad patrimonial del Estado legislador, en La Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública, Tomo I. Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 470 y 471.

(15) Barros B., E. 2006. Tratado de responsabilidad extracontractual. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, pág. 520.

(16) Alonso, G., M. 2009. La responsabilidad patrimonial del Estado legislador, en La Responsabilidad Patrimonial de la Administración Púbica, Tomo I. Tirant lo Blanch, Valencia, pág. 471.

(17) Ibídem, pág. 480. Se destaca en este supuesto, la sentencia del Tribunal Supremo, del 5 de marzo de 1993, en la que se ordenó al Estado Español, indemnizar los perjuicios causados a la empresa Pescanova S.A., con el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea, que dispuso en su artículo 168, la eliminación durante 7 años, del sistema de cupos exentos de aranceles, concedido, por el Reino de España. En esa ocasión, ese cuerpo colegiado razonó de la siguiente manera:

“[…] y si esto es así, si los particulares acomodaron su actividad a la política de fomento plasmada en las disposiciones más arriba reseñadas y si el propio gobierno español, con las necesarias autorizaciones, promovió y dio lugar al Tratado de Adhesión suscrito por el Reino de España, en el que resultaron eliminados, aunque fuera progresivamente, los cupos exentos de arancel, que, según parece, era el mayor beneficio para las empresas pesqueras españolas, es visto cómo y cual anticipábamos al inicio de esta motivación, deviene procedente la indemnización cuestionada, habida cuenta, en primer lugar, la existencia de derechos o al menos intereses patrimoniales legítimos, cuyo sacrificio particular se impuso por las determinaciones que hemos relatado, sin que las respectivas sociedades tengan el deber jurídico de soportarlo, y además porque concurren cuantos requisitos exige nuestro ordenamiento para dar lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado, […]

(18) El artículo 9.3 de la C.E., prescribe:

3. Garantías jurídicas. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

(19) García, E & Fernández, R. (2008). Curso de Derecho Administrativo, Tomo II. Temis - Palestra. 2008, pág. 399. En el mismo sentido, señaló García de Enterría en su obra La responsabilidad patrimonial del Estado legislador en el derecho español:

“Mi opinión es radicalmente diferente: el principio de la responsabilidad de los poderes públicos formulado por nuestra Constitución no pretende resolver ningún problema técnico de responsabilidad patrimonial y menos aún el formidable tema de la responsabilidad patrimonial, del legislador (ello no se compadece con el hecho de su fácil y apenas notada introducción en su texto), sino que es una alusión inequívoca (aunque lo cierto es que apenas si he visto que otros dos iuspublicistas, administrativista, por cierto, sustenten esta tesis), al principio de que todos los poderes públicos ejercitan un poder que no les es propio, sino que pertenece al pueblo, razón por la cual como ejercientes de un poder de otro deben ‘dar cuenta’ a este de su gestión y ‘responder’ de la objetividad misma”. (La responsabilidad patrimonial del Estado legislador en el derecho español. 2da. Ed. 2007. Thomson Civitas, pág. 91.).

(20) Ibídem, pág. 123. Cabe advertir que las reflexiones que en torno a este punto hace García de Enterría se basan en el artículo 106 de la C.E., según el cual “Los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de esta a los fines que la justifican” y “Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. Para él, dado que el texto se refiere únicamente al funcionamiento de los “servicios públicos”, la jurisdicción contencioso administrativa está vedada para conocer de las actuaciones desplegadas por el legislador, en tanto su actividad no puede enmarcarse dentro del concepto de “servicio público”. Así mismo, según la norma, los tribunales sólo podrían conocer de las posibles violaciones a la ley en que incurra la administración, excluyendo las violaciones de la Carta Política.

(21) García de Enterría, Eduardo, ob. cit., págs. 250 y 251.

(22) Ibídem, pág. 233.

(23) Colautti, C. (2003). Responsabilidad del Estado. Rubinzal Culzoni Editores, Buenos Aires, págs. 143-144.

(24) Cabe advertir que en este caso la expresión antijuridicidad alude a su connotación tradicional, es decir, no se refiere al hecho de que el particular no se encuentra en la obligación de soportar el daño sufrido, sino a al juicio de reproche que se le hace a conducta del legislador, al expedir una ley contraria a la Constitución.

(25) El artículo 40.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que regula los efectos de las sentencias de inexequibilidad, señala que “Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad”, lo que explica en parte, la reticencia de un sector de la doctrina y la jurisprudencia españolas, para aceptar la responsabilidad del legislador por la expedición de normas declaradas inexequibles.

(26) Sección Tercera. Sentencia del 18 de octubre de 1990, expediente 5396, C.P. Julio César Uribe Acosta.

(27) ART. 58.—<Artículo modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 1999. El nuevo texto es el siguiente:> Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio.

(28) ART. 336.—Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público o social y en virtud de la ley.

La ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una actividad económica lícita.

(29) ART. 365.—Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.

(30) Recuérdese que para la fecha en que se profirió la sentencia, conforme al artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, para efectos procesales, el Congreso de la República estaba representado por el Ministro de Gobierno.

(31) Sección Tercera. Sentencia del 25 de agosto de 1998, expediente IJ001, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

(32) Ibídem.

(33) Sección Tercera. Sentencia del 26 de septiembre de 2002, expediente 20945, C.P. Alier Eduardo Hernández.

(34) Ver, sentencias de la Sala Plena IJ 001 del 25 de agosto de 1998 e IJ002 del 8 de septiembre del mismo año.

(35) Ibídem.

(36) Auto del 15 de mayo de 2003, expediente 23.245, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(37) Sentencia del 12 de junio de 2003, radicación 25000-23-27-000-2002-00014-01(AG), C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(38) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 23245, M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(39) Expedientes 28.221 y 27.720, C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.

(40) Expediente 26.689, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(41) Parada Vásquez, citado en Concheiro, J. (2001). Responsabilidad patrimonial del Estado por la declaración de inconstitucionalidad. Madrid. Ed. Dijusa, pág. 341.

(42) El artículo 58 constitucional modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 12991, contempla:

Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio.

(43) ART. 336.—Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público o social y en virtud de la ley.

La ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una actividad económica lícita.

La organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos estarán sometidos a un régimen propio, fijado por la ley de iniciativa gubernamental.

Las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán destinadas exclusivamente a los servicios de salud.

Las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores, estarán destinadas preferentemente a los servicios de salud y educación.

La evasión fiscal en materia de rentas provenientes de monopolios rentísticos será sancionada penalmente en los términos que establezca la ley.

El gobierno enajenará o liquidará las empresas monopolísticas del Estado y otorgará a terceros el desarrollo de su actividad cuando no cumplan los requisitos de eficiencia, en los términos que determine la ley.

En cualquier caso se respetarán los derechos adquiridos por los trabajadores.

(44) ART. 365.—Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.

(45) Se trata de las sentencias del 29 de febrero, 13 de junio, 15 de julio y 30 de septiembre de 2000 proferidas por la Sección 6ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en resolución de los recursos interpuestos por diversas personas y entidades contra los acuerdos del Consejo de Ministros que desestimaron sus solicitudes de indemnización por responsabilidad del Estado-Legislador. Los perjuicios, según los recurrentes derivaban del cobro del gravamen complementario sobre la tasa fiscal del juego, establecido por el artículo 38.2.2 de la Ley 5ª/90 y declarado inconstitucional y nulo por la Sentencia del Tribunal Constitucional 173 de 1996.

(46) STS de 29 de febrero de 2000 FJ 4º.

(47) El primer evento en el cual la Corte le dio efectos retroactivos a una sentencia de inexequibilidad, fue el de la C-149 de 1993, en el que se declararon inexequibles los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 6ª de 1992, por los que se autorizó al Gobierno Nacional para emitir títulos de deuda pública interna hasta por una $ 270.000.000.000, denominadas “Bonos para desarrollo social y seguridad interna (BDSI)”. La Corte consideró que en realidad se trataba de la creación de un gravamen de carácter tributario, con efectos retroactivos, por lo que con el fin de restablecer el equilibrio y los derechos de quienes se habían visto perjudicados con la aplicación de las disposiciones señaladas, ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, devolver a los contribuyentes las sumas pagadas:

“Por otra parte, teniendo en cuenta que al momento de proferir este fallo la mayor parte del tributo que se ha encontrado opuesto a la Constitución ya fue recaudada, con el objeto de realizar la justicia querida por el Constituyente volviendo las cosas al estado anterior al quebranto de los preceptos superiores y en busca de la prevalencia del derecho sustancial (C.N., art. 228), se ordenará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la inmediata devolución de las sumas pagadas por los contribuyentes.

“Este reintegro resulta apenas natural pues, de no ser así, siendo contrarios a la Carta los preceptos que autorizaban la colocación de los bonos, se tendría un enriquecimiento sin causa para el Estado y un perjuicio injustificado para los contribuyentes, quienes no están obligados a transferir recursos al erario sino en los casos y por los motivos que disponga la ley. Desaparecida ésta, pierde fundamento el pago y, por ende, si se hubiere efectuado, debe ser restituido para realizar el principio de justicia y hacer operante y vigente el orden justo al que aspira la Constitución. Además, la aludida consecuencia se apoya en el principio de la buena fe.

“No desconoce la Corte que el gobierno al proponer el tributo y el Congreso al aprobar las disposiciones en referencia, tuvieron en cuenta importantes finalidades de interés colectivo, especialmente en las áreas de desarrollo social y seguridad interna, que dieron precisamente su nombre a los bonos cuya emisión se autorizaba.

“Pese a ello, esta corporación no tiene a su cargo la evaluación de si son convenientes, oportunos o benéficos los propósitos buscados por las normas que se someten a su juicio, sino el estudio y decisión objetivos acerca de la constitucionalidad de las mismas. Es, pues, el medio y su viabilidad a la luz del orden superior lo que cae dentro de la órbita de competencia de la Corte, no los fines a los cuales él está encaminado.

“Lo anterior resulta todavía más claro si se considera que en el presente caso el Congreso habría podido establecer, dentro del ámbito de sus atribuciones legislativas, otros mecanismos que se hubieran enmarcado dentro de la preceptiva constitucional, para alcanzar las metas propuestas, sin necesidad de esquivar el perentorio mandato que prohíbe la retroactividad de la tributación usando el expediente inconstitucional de dar al impuesto creado la apariencia de inversión forzosa”.

(48) Prescribía la norma en mención:

“Excepcionalmente la Corte podrá disponer que las sentencias tengan efecto retroactivo en los siguientes casos:

1. Cuando de la aplicación general de la norma se pueda llegar a irrogar un daño irreparable de cualquier naturaleza que no guarde proporción con las cargas públicas que los asociados ordinariamente deben soportar y que entrañe manifiesta inequidad;

2. Cuando se deba preservar el principio constitucional de favorabilidad o garantizar la efectividad de los derechos fundamentales; y,

3. Cuando se este en presencia de los actos a que se refiere el artículo 149 de la Constitución Política.

“En el evento en que el fallo deba tener efecto retroactivo, la Corte fijará con precisión el alcance del mismo en la parte resolutiva de la sentencia. Conforme a la apreciación de los elementos de juicio disponibles, la concesión de efectos retroactivos no se debe traducir en la afectación negativa de situaciones jurídicas consolidadas en cabeza de personas que han obrado de buena fe.

“En todo caso, frente a la vulneración de un derecho particular y concreto, el restablecimiento del derecho o la reparación directa solo podrán ordenarse por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, previo el ejercicio de las acciones pertinentes contra los actos administrativos expedidos con fundamento en la norma que haya sido declarada inexequible o con motivo de las actuaciones cumplidas por la administración en vigencia de ésta, respectivamente”.

(49) Para una mayor ilustración, ocurre lo mismo en los eventos de error judicial, en los que si bien no se revoca la providencia que contiene el yerro, sino que la cosa juzgada permanece incólume, la jurisdicción contenciosa administrativa sí puede ordenar el reconocimiento de los perjuicios derivados de ésta, quedando claro que una cosa es preservar intactas las situaciones jurídicas consolidadas y otra, resarcir el perjuicio.

(50) La norma en mención prescribe:

ART. 38.—Efectos de nulidad sobre actos y contratos relacionados con servicios públicos. La anulación judicial de un acto administrativo relacionado con servicios públicos sólo producirá efectos hacia el futuro. Si al declararse la nulidad se ordena el restablecimiento del derecho o la reparación del daño, ello se hará en dinero si es necesario, para no perjudicar la prestación del servicio al público ni los actos o contratos celebrados de buena fe.

(51) Orgaz Alfredo. El daño resarcible. 2ª Edición. Ed. Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, pág. 36. En ese mismo sentido Vásquez Ferreira Roberto en su obra Responsabilidad por daños. Ed. Depalma, Buenos Aires. Pág. 174 lo definió así: “El daño es la lesión a un interés jurídico”.

(52) De Lorenzo Miguel Federico. El daño injusto en la responsabilidad civil. Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pág. 17.

(53) Vázquez Ferreira Roberto, ob. cit., pág. 170.

(54) Nota del original: “Cfr. Ataz López, J.: Los médicos y la responsabilidad civil, Ed. Montecorvo, Madrid, 1985, pág. 319”.

(55) Nota del original: “Vid., entre otros, Yzquierdo Tolsada, M.: Responsabilidad civil contractual y extracontractual. Reus, Madrid, 1993, Vol. I, pág. 182”.

(56) Nota del original: “De Cupis, A.: Ill danno. Teoria generale della responsabilità civile, Giuffrè Editore, Milano, 1996, vol. I, pág. 7. Términos curiosamente coincidentes con los empleados por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua como sinónimos de <<nocimiento>> ; cfr. Diccionario de la Real Academia de la Lengua, Espasa-Calpe, edic. 1984 (20ª edición), t. II, pág. 956: <<Nocimiento. (De nocir), Daño o perjuicio>>“.

(57) Nota del original: “Cfr. Larenz, K.: Derecho de obligaciones (traducción española de Santos Briz), Edersa, Madrid, 1958, t. I, pág. 193. Definición recogida por Santos Briz, J. en sus obras: Derecho de daños, Edersa, Madrid, 1963, pág. 107 y La responsabilidad Civil. Derecho sustantivo y Derecho procesal, Montecorvo S.A., Madrid, 1993 (7ª edic.), t. I, pág. 144; por Pascual Estevill, L.: La responsabilidad extracontractual, aquiliana o delictual, Bosch, Barcelona, 1990-92, T.II, vol. 2º, Parte Especial (cont.), pág. 647”.

(58) Nota del original: “Cfr. Mazeaud, H., L. y J.: Lecciones de Derecho Civil (traducción de Luis Alacalá-Zamora y Castillo), ED. Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1960, Parte segunda, vol. II, pág. 60.

(59) Nota del original: “Vid. Patti, S.: Il dañño patrimoniale, UTET- Libreria, Torino, 1989, pág. 9; De Cupis, A.: <<Danno (dir vig.)>>, en Enc. Dir., t. XI, Milano, 1962, págs. 622 y ss.”.

(60) Nota del original: “Vid. Von Caemmerer, E.: Das Problem des Kausalzusammenhangs im Privatrecht, Freiburg i. Br., 1956.

(61) Bustos Lago José Manuel. La antijuridicidad del daño resarcible en la responsabilidad civil extracontractual. Ed. Tecnos. Madrid, pág. 40.

(62) El Consejo de Estado, ha definido el daño así: “El daño, como otro de los elementos de la responsabilidad, es la lesión o pérdida causada por una conducta lícita o ilícita, que puede ser patrimonial o extrapatrimonial, y la cual no tiene por qué soportar el lesionado (art. 90 constitucional)”, sentencia del 19 de mayo de 2005, expediente 15001-23-31-000-2001-01541-03, M.P. María Elena Giraldo Gómez; “El daño, en “su sentido natural y obvio“, es un hecho, consistente en “el detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia causado a alguien“, “...en su persona, bienes, libertad, honor, afectos, creencias, etc. …” y “...supone la destrucción o disminución de ventajas o beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales de que goza un individuo”. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, expediente 11.499, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(63) Término que ha sido aceptado por un sector de la doctrina como sinónimo de injusto, y en ciertos eventos de ilícito.

(64) Bustos Lago José Manuel, ob. cit., pág. 45.

(65) Nota del original: “Cfr. Bueres, A. J.: <<El daño injusto y la licitud>>, op. cit., pág. 149. En el mismo sentido, entre otros, Rodriguez Mourullo, G.: Derecho Penal. Parte General, op. cit., pág. 343: <<Para la determinación de la antijuridicidad resulta decisivo el ordenamiento jurídico en su conjunto>>”. Bustos Lago José Manuel, ob. cit., pág. 50.

(66) Sobre el concepto de daño antijurídico resulta ilustrativo, la breve reseña que sobre el mismo presentó, Vázquez Ferreira Roberto, ob. cit., pág. 128: “En una primera aproximación, Compagnucci de caso define a la antijuridicidad como “el acto contrario a derecho, considerado este último concepto como una concepción totalizadora del plexo normativo”.

“Gschnitzer entiende por antijuridicidad “una infracción de una norma, ley, contrato, ya norma expresa, ya atentado a la finalidad que la norma persiga o lesiones principios superiores”.

“En el campo penal, Mezger define la antijuridicidad —injusto— como el juicio impersonal-objetivo sobre la contradicción existente entre el hecho y el ordenamiento jurídico”.

(67) Bustos Lago José Manuel, ob. cit., págs. 51 a 52.

(68) Nota del original: “así lo expusimos en nuestra obra La obligación de seguridad en la responsabilidad civil y ley de contrato de trabajo, ED. Vélez Sarsfield, Rosario, 1988, pág. 67. Ver también Alberto Bueres en El daño injusto y la licitud…, ob. cit., pág. 149, y Omar Barbero, Daños y perjuicios derivados del divorcio, Edit. Astrea, Bs. As., 1977, pág. 106”.

(69) Vázquez Ferreira Roberto, ob. cit., pág. 131.

(70) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 8 de mayo de 1995, expedientes 8118 y 8163 de 13 de julio de 1993, M.P. Juan de Dios Montes Hernández, reiterado en sentencia del 6 de junio de 2007, expediente 16.460, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(71) Nota del original: “Sentencia del 2 de marzo de 2000, expediente 11945, entre muchas otras”.

(72) Nota del original: “Sentencias del 11 de noviembre de 1999, expediente 11499 y del 27 de enero de 2000, expediente 10867”.

(73) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2005, expediente 12.158, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Ver entre otras:

“En el bien entendiendo que la expresión lesión tiene un significado más estricto que la palabra daño. No cualquier daño será indemnizado, sino solo aquellos daños jurídicos, aquellos daños a los que el derecho les de alguna relevancia, aquellos daños que no deban ser normalmente soportables: el cambio de lugar de una parada de los autobuses urbanos, el tiempo que hay que aguantar en la cola en la ventanilla de una oficina pública, son consideraciones así como supuestos en los que las posibles molestias de los ciudadanos no alcanzan la categoría de 'lesión'”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 1991, expediente 6334, M.P. Daniel Suárez Hernández.

“Según se ha visto, condición necesaria para que desencadene la reparación es que el daño sea antijurídico, calificación que se obtiene de constatar que el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de “causales de justificación.

“(…).

“Por lo anterior, no hay duda de que el fundamento de la responsabilidad del Estado se desplazó de la ilicitud de la conducta causante del daño (falla del servicio o culpa del Estado) al daño mismo, siempre y cuando este fuese antijurídico”. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, expediente 11.499, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(74) Bustos Lago José Manuel, ob. cit., págs. 51 a 52.

(75) Gil Botero Enrique. Responsabilidad Extracontractual del Estado. Quinta Edición. Ed. Temis, pág. 28.

(76) Cf. De Cupis, Adriano “El Daño”, Ed. Bosch, Barcelona, 2ª edición, 1970, pág. 82.

(77) Gil Botero, Enrique “Constitucionalización del derecho de daños”, Ed. Temis, Bogotá, 2014, págs. 24 y 25.

(78) Busto Lago, José Manuel “La antijuricidad del daño resarcible en la responsabilidad civil extracontractual” Ed. Tecnos, Madrid, 1998, pág. 50.

(79) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de marzo de 2014, expediente 2009-00068 (19054), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

(80) Santofimio Gamboa, Jaime Orlando “Tratado de Derecho Administrativo”, Ed. Universidad Externado de Colombia, Tomo III, Bogotá, 2004, págs. 154 y 155.

(81) Corte Constitucional, Sentencia C-357 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda.

(8)(sic) Sentencia C-608 de 14 de diciembre de 1992, Ponente Dr. Jaime Sanín Greiffenstein.

(82) Sentencia C-145 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(83) M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Salvamento de voto Jaime Araújo Rentería.

(84) M.P. Jaime Córdoba Triviño. Salvamento de voto Jaime Araújo Rentería.

(85) C-501 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Con salvamentos de voto de Jaime Araújo Rentería y Rodrigo Escobar Gil.

(86) Sentencia C-045 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(87) Sentencia C-427 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.