Sentencia 2003-00176 de junio 27 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 850012331000200300176 - 01 (28.275)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Demandante: Pablo Alfonso Sánchez Cuéllar

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Asunto: Apelación sentencia de reparación directa

Bogotá, D.C., veintisiete de junio de 2013.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir sobre los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Casanare, proferida el día 3 de junio de 2004.

1. Las pruebas aportadas al expediente.

— Copia auténtica de la declaración mensual de retenciones en la fuente, que realizó el Consorcio Diseños y Construcciones, el 20 de abril de 1998, correspondiente al período 2 del año 1998, por un valor de $ 6.767.000, en la cual aparece un sello de “recibido sin pago” (fl. 81, cdno. 1).

— Copia auténtica de la declaración mensual de retenciones en la fuente, que realizó el Consorcio Diseños y Construcciones, el 18 de junio de 1998, correspondiente al período 5 del año 1998, por un valor de $ 5.153.000, en la cual aparece un sello de “recibido sin pago” (fl. 84, cdno. 1).

— Copia auténtica de la declaración mensual de retenciones en la fuente, que realizó el Consorcio Diseños y Construcciones, el 20 de agosto de 1998, correspondiente al período 7 del año 1998, por un valor de $ 4.900.000, en la cual aparece un sello de “recibido sin pago” (fl. 86, cdno. 1).

— Copia auténtica del oficio 6144067-140, contentivo de un aviso de cobro disuasivo, del 23 de agosto de 1999, emitido por la Administración de Impuestos y Aduanas de El Yopal, dirigido al Consorcio Diseños y Construcciones; mediante el mencionado oficio se le puso de presente al referido consorcio el contenido del artículo 655 del estatuto tributario y se le solicitó que “en el término de (5) días se ponga a paz y salvo con sus obligaciones, o nos haga llegar constancia del pago si ya lo efectuó, de lo contrario se le dará aplicación al artículo 665 del estatuto tributario, ‘Responsabilidad penal por no consignar las retenciones en la fuente y el IVA’” (fl. 96 a 97, cdno. 1).

— Copia auténtica del recibo oficial de pago de impuestos nacionales, fechado el 29 de septiembre de 1999, en el cual consta que el Consorcio Diseños y Construcciones realizó el pago de $ 9.933.000, por concepto “61” correspondiente al período 2 del año 1998; en el documento aparece en la parte inferior la inscripción “Administración UAE DIAN” (fl. 91, cdno. 1).

— Copia auténtica del recibo oficial de pago de impuestos nacionales, fechado el 19 de octubre de 1999, en el cual consta que el Consorcio Diseños y Construcciones realizó el pago de $ 7.247.000, por concepto “61” correspondiente al período 5 del año 1998; en el documento aparece en la parte inferior la inscripción “Administración UAE DIAN” (fl. 94, cdno. 1).

— Copia auténtica del recibo oficial de pago de impuestos nacionales, fechado el 19 de octubre de 1999, en el cual consta que el Consorcio Diseños y Construcciones realizó el pago de $ 6.774.000, por concepto “61” correspondiente al período 6 del año 1998; en el documento aparece en la parte inferior la inscripción “Administración UAE DIAN” (fl. 95, cdno. 1).

— Copia auténtica del “acta de llamada telefónica”, que realizó el grupo persuasivo de la Administración de Impuestos y Aduanas de El Yopal, el día 20 de octubre de 1999 al Consorcio Diseños y Construcciones (fl. 98, cdno. 1); en la referida acta se inscribió:

“El número telefónico corresponde a una casa de habitación. Dicha sociedad ya no figura en dicha dirección. En dicha oficina figura la Sociedad de Arquitectos de Yopal, con 3 empleados. Dichos empleados desconocen a tal persona (Pablo Alonso Sánchez C., y a Luis Bernardo Céspedes). Igual dichos contribuyentes no figuran en el directorio telefónico de Yopal”.

— Copia auténtica del “acta de visita”, que realizó la división de cobranzas de la Administración de Impuestos y Aduanas de El Yopal, el día 3 de noviembre de 1999 a la dirección aportada por el Consorcio Diseños y Construcciones (fl. 101, cdno. 1); en la referida acta se inscribió: “no se encontró tal contribuyente. Existe otra oficina”.

— Copia auténtica de la denuncia penal que presentó el administrador de Impuestos y Aduanas Nacionales de El Yopal, Casanare, el 26 de octubre de 1999 (fls. 27 a 28, cdno. 1); los hechos que fundamentaron la denuncia fueron los siguientes:

(…).

“La presente denuncia se efectúa teniendo en cuenta que, además de la norma citada [el artículo 665 del estatuto tributario], esta administración ha agotado la etapa persuasiva para que el contribuyente cancele las obligaciones fiscales generadas en sus declaraciones de impuesto de retenciones en la fuente correspondiente a los períodos:

ÍtemPeríodo:mesAño
121998
251998
371998

 

— Copia auténtica del memorial que presentó el señor Pablo Alfonso Sánchez Cuéllar, actuando mediante apoderado judicial, ante el fiscal 34 seccional de El Yopal, Casanare (fls. 29 a 30, cdno. 1); en el referido memorial se señaló:

“En mi condición especial en el proceso de la referencia acudo a su despacho con el objeto de aportar la prueba documental tendiente a demostrar el grado de certeza del pago de los dineros por concepto de retención en la fuente correspondiente a los meses dos, cinco y siete de 1998, cancelados de la siguiente forma:

1. La retención correspondiente al mes dos de 1998, se canceló el día veintinueve de septiembre de 1999, por valor de seis millones setecientos setenta y siete mil pesos por concepto de capital y tres millones ciento sesenta y seis mil pesos por concepto de intereses de mora, para un gran total de nueve millones novecientos treinta y tres mil pesos (anexo recibo oficial de pago correspondiente al número 13981090514549, con el sello de recibido por el Banco Ganadero, sucursal Yopal, Casanare, fecha 29 de septiembre de 1999, en copia en fax como fue enviado a la ciudad de Neiva y dos fotocopias).

2. La retención correspondiente al mes quinto de 1998, se canceló el día diecinueve de octubre de 1999, por valor de cinco millones ciento cincuenta y tres mil pesos por concepto de capital y dos millones noventa y cuatro mil pesos por concepto de intereses de mora, para un gran total de siete millones doscientos cuarenta y siete mil pesos (anexo recibo oficial de pago correspondiente al número 13981090515887, con el sello de recibido del Banco Ganadero, sucursal Yopal, Casanare, fecha 19 de octubre de 1999, en copia o en fax como fue enviado a la ciudad de Neiva y dos fotocopias).

3. La retención correspondiente al mes siete de 1998, se canceló el día diecinueve de octubre de 1999, por valor de cuatro millones novecientos mil pesos por concepto de capital y un millón ochocientos setenta y cuatro mil pesos por concepto de intereses de mora, para un gran total de seis millones setecientos setenta y cuatro mil pesos (anexo recibo oficial de pago correspondiente al número 13981098515871, con el sello de recibido por el Banco Ganadero, sucursal Yopal, Casanare, fecha 19 de octubre de 1999, en copia en fax como fue enviado a la ciudad de Neiva y dos fotocopias).

Los pagos anteriores fueron realizados por el Consorcio Diseños y Construcciones con NIT 844001004-6 y realizados por Pablo Alfonso Sánchez Cuéllar, mi defendido.

(…).

Con fundamento en lo anterior me permito peticionar (sic) la preclusión de la investigación”.

— Copia auténtica de un oficio, del 10 de febrero de 2000, emitido por la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de El Yopal, Casanare, dirigido al fiscal 34 seccional de El Yopal (fl. 31, cdno. 1); en el mencionado oficio se indicó:

“En respuesta al oficio de la referencia, le estoy enviando el nombre del representante legal o persona que representa a la firma Consorcio Diseños y Construcciones, su cédula de ciudadanía, dirección y deuda total actualizada, en original y copia.

Indagación preliminar1969
Razón socialConsorcio Diseños y Construcciones
Representante legalSánchez Cuéllar Pablo Alfonso
Cédula de ciudadanía17.163.168-1
DirecciónKR 22 Nº 8-66 piso 3. Tel. 6347907
Deuda total$ 9.178.000

 

— Copia auténtica de la providencia del 17 de febrero de 2000, emitida por la fiscalía 34 especializada de El Yopal, Casanare, mediante la cual se dispuso la apertura de la investigación penal contra el señor Sánchez Cuéllar, por infracción al artículo 655 del estatuto tributario (fl. 32, cdno. 1).

— Copia auténtica del informe 513 DAS.SHUI.COIN, del 12 de marzo de 2001, emitido por el Departamento Administrativo de Seguridad, mediante el cual se informó acerca de la detención del señor Sánchez Cuéllar, quien fue puesto a disposición de la fiscalía 34 seccional de El Yopal (fls. 33 a 34, cdno. 1); en el mencionado oficio se señaló:

“En cumplimiento de las órdenes impartidas por la jefatura del grupo operativo, el día de hoy siendo aproximadamente las 09:50 horas en momentos en que se adelantaba un plan pantalla en el Hotel Pacandé de esta ciudad, al solicitarle la cédula de ciudadanía a fin de verificar antecedentes judiciales al cupo numérico 17.163.168, correspondiente al señor Pablo Alfonso Sánchez Cuéllar le aparece orden de captura solicitada por ese despacho, registrada en el archivo Conant que posee este departamento administrativo, trasladándolo de inmediato a estas instalaciones donde se elaboraron y leyeron los derechos que tiene como capturado para luego ser puesto a disposición de ese despacho”.

— Copia auténtica de la providencia del 12 de marzo de 2001, mediante la cual la fiscalía 34 seccional de El Yopal (Casanare) dispuso comisionar a la unidad de fiscalías delegadas ante el Juzgado Penal del Circuito de Neiva para la realización de la indagatoria del señor Sánchez Cuéllar y ordenó dejarlo en libertad de manera inmediata al finalizar la diligencia anterior (fl. 37, cdno. 1).

— Copia auténtica de la diligencia de indagatoria(1) del señor Pablo Alfonso Sánchez Cuéllar, surtida ante la fiscalía 11 delegada ante los juzgados penales del Circuito de Neiva, Huila, el 13 de marzo de 2001 (fls. 35 a 36, cdno. 1).

— Copia auténtica de la providencia del 13 de marzo de 2001, emitida por la fiscalía 11 delegada ante los juzgados penales del Circuito de Neiva (fl. 40, cdno. 1); en la mencionada providencia se dispuso:

Escuchado como fue en diligencia de indagatoria Pablo Alfonso Sánchez Cuéllar, sindicado del presunto ilícito de peculado por apropiación, se dispone dejarlo en libertad conforme al ordenamiento hecho por la fiscalía treinta y cuatro delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Yopal (Casanare) en el numeral 3º de la resolución de ayer, debiendo suscribir la diligencia en la cual se comprometa a presentarse a la fiscalía antes indicada cuando se le requiera, informar el lugar de su residencia y cualquier cambio que de la misma se presente” (Aparece constancia del acta de compromiso suscrita por el señor Sánchez Cuéllar).

— Copia auténtica del oficio del 28 de marzo de 2001, que el señor Pablo Alonso Sánchez dirigió al jefe de división cobranza de la Administración de Impuestos y Aduanas de El Yopal; en el mencionado oficio se señaló: “Por error involuntario cancelamos la retención en la fuente correspondiente al período, según referencia, mediante stiker (sic) 1398109051587 del 19 de octubre de 1999, del Banco Ganadero, colocándose en el período 06, siendo el correcto [el] 07” (fl. 102, cdno. 1).

— Copia auténtica del auto de cancelación 18, del 28 de marzo de 2001, emitido por la Administración de Impuestos y Aduanas de El Yopal (fl. 44, cdno. 1); en el mencionado auto se indicó:

Se desprende del estudio del presente expediente que la obligación que dio origen a la gestión de cobro contra el contribuyente de la referencia, se encuentra cancelada en su totalidad, por lo que ha desaparecido la causa para proseguir con la misma.

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 833 del estatuto tributario, este despacho:

DISPONE:

1. Dar por terminadas las actuaciones que se vienen adelantando contra el Consorcio Diseños y Construcciones, identificado con el NIT 844.001.004-6 por las obligaciones:

PeriodoConceptoImpuestoSanciónTotal
2RTFTE6.767.00006.767.000
5RTFTE5.153.00005.153.000
7RTFTE4.900.00004.900.000
Totales 16.820.000016.820.000

 

— Copia auténtica del oficio 8544067-0589, del 4 de abril de 2001, emitido por la Administración de Impuestos y Aduanas de El Yopal, dirigido a la fiscalía 34 seccional de esa ciudad (fl. 48, cdno. 1); en el mencionado oficio se indicó:

A la fecha el contribuyente Consorcio Diseño y Construcciones con NIT 844001004, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones denunciadas ante ustedes.

En respuesta a lo solicitado en el oficio 321 del 23 de marzo de 2001, le informo que según oficio de cobro persuasivo 6144067-140, del 23 de agosto de 1999, se le informa al contribuyente en el primer parágrafo ‘Que el agente retenedor que no consigne las sumas retenidas dentro de los dos meses siguientes a aquel que se efectuó la respectiva retención, queda sometido a las mismas sanciones previstas en la ley penal para los servidores públicos que incurran en el delito de peculado por apropiación (E.T., art. 655)’. Y en el último parágrafo se le informa que nos haga llegar la constancia de pago si ya la efectuó

Como se puede dar cuenta Doctora Venus Helena, las declaraciones mencionadas en el oficio fueron canceladas en septiembre y octubre de 1999, sin que a la fecha en que nosotros presentamos la denuncia, 26 de octubre de 1999, se halla presentado constancia de su pago, ante esta administración.

— Copia auténtica de la providencia del 24 de abril de 2001, mediante la cual la fiscalía 34 seccional El Yopal, Casanare, resolvió la situación jurídica del señor Pablo Alfonso Sánchez Cuéllar (fls. 45 a 48, cdno. 1); en la mencionada providencia se indicó:

“… habiéndose allegado por el implicado los comprobantes de pago y según paz y salvo expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Yopal, en el que se declara extinguida la obligación tributaria, es así [como] la fiscalía no puede continuar la acción penal y por lo tanto deberá dar aplicación a lo estipulado en el artículo 22 de la Ley 383 de 1997, que consagra ‘el agente retenedor o responsable del impuesto a las ventas que extinga la obligación tributaria por pago o compensación de las sumas adeudadas, se hará beneficiario de la cesación de procedimiento dentro del proceso penal que se hubiera iniciado por tal motivo’. Para la etapa procesal [en la] que nos encontramos, se procederá a la preclusión de la investigación por ser la decisión jurídica pertinente, en armonía con lo regulado en el artículo 36 del Código de Procedimiento Penal”.

Por tanto, si este no es requerido por otra autoridad solicítole concederle la libertad definitiva de manera inmediata” (fl. 32, cdno. 1).

2. Los hechos probados y lo que se debate.

En el expediente se encuentra acreditado que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por intermedio de la Administración de Impuestos y Aduanas de El Yopal, interpuso denuncia penal, el 26 de octubre de 1999, por la supuesta comisión del delito de peculado por apropiación contra el señor Pablo Alfonso Sánchez Cuéllar, por cuanto consideró que en su calidad de representante legal del Consorcio Diseños y Construcciones omitió realizar el pago de las sumas correspondientes a la retención en la fuente que realizó en los meses de febrero, mayo y julio (períodos 2, 5 y 7) de 1998; sin embargo, en el expediente también se encuentra acreditado que los pagos que se consideraron como omitidos sí se realizaron, el 29 de septiembre y el 19 de octubre de 1999, pero para el caso de la deuda correspondiente al período 7 del año 1998, el declarante cometió un error al imputarlo, él mismo, al período 6 del mismo año, aun cuando el pago se realizó el 19 de octubre de 1999.

Transcurridos aproximadamente un año y seis meses desde la presentación de la denuncia, el 12 de marzo de 2001, el señor Pablo Alfonso Sánchez Cuéllar fue retenido en la ciudad de Neiva por agentes del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para lo que fuere pertinente; en auto del 12 de marzo de 2001, la fiscalía 34 seccional de El Yopal, comisionó a la unidad de fiscalías delegadas ante los jueces del Circuito de Neiva para que realizara la diligencia de indagatoria en el marco de la investigación penal que se adelantaba por la presunta comisión del delito de peculado por apropiación contra el señor Sánchez Cuéllar y ordenó dejarlo en libertad con la condición de que se comprometiera a comparecer ante las autoridades judiciales cuando fuera requerido. El señor Sánchez Cuéllar fue dejado en libertad el 13 de marzo de 2001.

Mediante escrito presentado ante la DIAN, el señor Sánchez Cuéllar solicitó el reconocimiento del pago que erróneamente él mismo imputó al período 6 del año de 1998, a raíz de lo cual la entidad pública demandada emitió, el 28 de marzo de 2001, un auto de cesación de la gestión de cobro que se adelantó en contra del demandante. El 24 de abril de 2001, la fiscalía 34 seccional de El Yopal, precluyó la investigación penal que se adelantaba contra el señor Sánchez Cuéllar.

En criterio de la parte demandante, la denuncia penal que interpuso en su contra la Administración de Impuestos y Aduanas de El Yopal constituye una falla en el servicio que habría comprometido la responsabilidad patrimonial de la entidad; por su parte, la entidad pública demandada alegó la culpa exclusiva de la víctima, por cuanto fue el demandante quien omitió allegar los recibos de pago de la retención en la fuente que se adeudaban y cometió un error en la declaración, lo que imposibilitó que se pudiera conocer con exactitud si se había realizado el pago de las obligaciones tributarias en cuestión.

El tribunal a quo encontró probada la falla en el servicio de la DIAN, por cuanto consideró que le correspondía a dicha entidad la verificación de los supuestos de hecho de la denuncia penal que presentó y que, además, se encontraba obligada a realizar las correcciones del caso ante la evidencia de las inconsistencias que generó el error en la declaración tributaria que presentó el demandante, correspondiente al pago del período 7 de 1998.

En cuanto al fondo, la parte demandada se mostró inconforme para con la declaratoria de responsabilidad que realizó el tribunal a quo, en vista de que en su criterio le resultaba imposible conocer y corregir el error en la declaración de retención en la fuente que dio lugar a la denuncia penal; por su parte, el demandante consideró que la condena impuesta por el fallador de primera instancia no es proporcional ni acorde con los daños que le fueron irrogados por el actuar de la DIAN.

La Sala debe afirmar, a título preliminar, que la presente acción no se encuentra caducada, por cuanto si bien es cierto que la denuncia penal que la entidad pública demandada presentó contra el señor Sánchez Cuéllar, fue radicada el 26 de octubre de 1999, no es menos cierto que las investigaciones penales que se adelantaron como consecuencia de ello terminaron el 24 de abril de 2001, con el auto de preclusión de la investigación que emitió la fiscalía 34 seccional de El Yopal; teniendo en cuenta que el escrito introductorio de la litis fue radicado el 21 de abril de 2003, esto es antes de que transcurrieran los 2 años de caducidad de la acción incoada, el fenómeno de la caducidad de la acción de reparación directa no se produjo.

3. El análisis de la responsabilidad de la entidad demandada.

En primer lugar, la Sala encuentra pertinente y necesario aclarar que el presente caso no se puede analizar a la luz del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado derivado de la privación injusta de la libertad que supuestamente afectó al demandante, por cuanto solo podrán ver comprometida su responsabilidad patrimonial por ese hecho aquellas entidades que se encuentran facultadas por la Constitución Política o por la ley para, valga la redundancia, privar de su libertad a los ciudadanos, competencia de la cual, como es evidente, no es titular la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por lo anterior, la Sala analizará si existió o no falla en el servicio imputable a la entidad demandada por la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación por la supuesta comisión del delito de peculado por apropiación contra el señor Sánchez Cuéllar, cuyo supuesto fáctico lo constituyó la omisión en la consignación de unos dineros que recibió a título de retención en la fuente y si de esa conducta se generaron los perjuicios que alega la parte actora.

En casos similares al que ahora se decide en segunda instancia, la Sala ha afirmado que la presentación de una denuncia penal por la supuesta comisión de un delito no compromete per se, la responsabilidad patrimonial del Estado; así, para la Sala:

“Le asiste la razón al a quo cuando afirma que, dejada de lado la circunstancia de que no se probó la calidad de empleado que tenía el señor Crawford, no se evidencia la responsabilidad de la entidad pública demandada, porque el funcionario que puso la denuncia penal contra el citado señor por falsedad en documentos, no hizo más que cumplir el mandato legal, el artículo 19 del Código de Procedimiento Penal que así lo imponía; y porque tenía fundamento plausible para hacerlo y que si no lo hubiera hecho habría incurrido él mismo en delito sancionable penalmente.

Sobre las denuncias penales y la responsabilidad que pueda imputársele al Estado por el hecho de las mismas, por temeridad, ligereza o mala fe, ha tenido la corporación oportunidad de referirse en más de una ocasión. Así en la sentencia de septiembre 2 de 1983, esta misma Sala fuera de hacer suyos los planteamientos de la fiscalía, reiteró pensamiento igual. Allí sostuvo:

A juicio de este despacho, el simple hecho del denuncio penal no puede ser calificado de falla del servicio, ni pretenderse en consecuencia que tal hecho genere indemnizaciones.

La denuncia penal que formuló el secretario de las empresas fue realizada en cumplimiento de un deber que la ley penal le impone a todo funcionario o empleado público (CPP, art. 12). Si lo anterior constituye una obligación por simple lógica no puede ser al mismo tiempo una falla; las nociones se excluyen entre sí. Cumplir con lo que la ley ordena no puede ser contrario a la ley.

Tanto el actor como la sentencia apelada echan de menos una investigación administrativa previa al denuncio penal, pero resulta que en tratándose de ilícitos como los denunciados no existe norma alguna que obligue o que establezca una investigación administrativa antes de elevar el denuncio penal. Una vez que se tuvo conocimiento del supuesto ilícito había que ponerlo en conocimiento del juez competente para que lo investigara, so pena de incurrir en el delito de encubrimiento (CPP, art. 199). La ley penal es muy enfática en señalar el momento en que debe hacerse el denuncio. Así pues no podemos enmendar la ley exigiendo investigaciones administrativas previas que no existen en nuestro sistema.

De aceptar la tesis expuesta en la demanda se caería en el extremo vicioso y peligroso de constituir en fuente de indemnizaciones administrativas, lo que la ley penal ha establecido como un deber o una obligación de todo funcionario público.

Que no se piense tampoco, que la actividad del funcionario puede ser ejercida sin control, o en forma temeraria, como se dice en la demanda, pues en estos casos habría una responsabilidad personal del agente que así se comporte, pudiéndose llegar a configurarse con su proceder el delito de falsas imputaciones de que trata el artículo 187 del Código Penal.

Una sana y juiciosa interpretación de las normas existentes nos lleva a concluir, que el hecho del denuncio penal, sea contra un sujeto en especial o como en el presente caso contra persona indeterminada, no puede ser calificada de falla del servicio ni puede generar el pago de indemnizaciones.

Por lo expresado, esta fiscalía se permite solicitar a la honorable Sala, revocación del fallo apelado y en su lugar negar las súplicas de la demanda.

La Sala comparte en un todo la apreciación de la fiscalía y anota:

1. La empresa demandada por conducto de uno de sus funcionarios (el secretario general) elevó una denuncia penal por la sustracción continuada de algunos bienes muebles. En esa denuncia no se sindicó a persona alguna en particular. (Ver copia de la denuncia y su ratificación a folios 48 y 49 del cuaderno principal). En aquella solo se dijo que se ponía el hecho en conocimiento de las autoridades, “ya que existen serias dudas acerca de la honestidad y en general del comportamiento de muchas personas vinculadas directa e indirectamente con la empresa”. En la ratificación tampoco se hizo incriminación concreta a alguna persona.

2. Hecha la denuncia (que era un deber del funcionario que conoció los hechos irregulares, según el artículo 12 del CPP) el asunto salió de la órbita de la administración e ingresó en la competencia de la justicia penal. Ahora, si esta actuó incorrectamente y con su conducta lesionó al señor Suárez C. es aspecto que no puede analizarse aquí, entre otras razones porque el mismo demandante afirma que no cuestiona la actividad jurisdiccional cumplida.

3. La denuncia propuesta no estaba supeditada a una formal investigación administrativa previa; y no podía estarlo porque la norma del Código de Procedimiento Penal (el art. 12) que impone la obligación de denunciar los hechos que pueden ser constitutivos de delito penal, no condiciona su ejercicio y menos impone a la administración la anticipada calificación de ilícito.

La denuncia no pudo ser más correcta y prudente. Además, para ello existió un motivo plausible, cual fue las informaciones suministradas al señor secretario de la empresa por dos de sus subalternos.

4. Los motivos que tuvo el juez para vincular al proceso penal al señor Suárez no pueden cuestionarse en esta oportunidad. Las diligencias judiciales le dieron pie para su detención y en éstas no tuvo nada que ver la administración denunciante’.

(…).

Además, en el caso concreto no se demostró que el funcionario denunciante hubiera actuado en forma ligera o irresponsable. No, la gravedad de los hechos que puso en conocimiento del juez penal, bajo juramento, contra el profesor Crawford no admitían otra conducta diferente. Si no lo hubiera hecho habría incurrido, posiblemente, en encubrimiento (ver denuncia a folios 21 y 21 vuelto). El resultado final de la investigación penal tampoco pone de presente la ligereza en la denuncia, para la cual, repite la Sala, hubo un fundamento plausible. Y si a lo anterior se suma que la parte actora no hizo ningún esfuerzo probatorio para demostrar la falla del servicio, se entiende bien el porqué el fallo apelado tendrá que ser confirmado” (resaltado por fuera del texto)(2).

En idéntica dirección, la Sala ha afirmado que:

“… considera la Sala que no está acreditada la falla del servicio de la empresa demandada al formular la denuncia penal por la existencia de un posible faltante de dinero en la central telefónica de Dabeiba, toda vez que dicha denuncia se fundamentó en las inconsistencias encontradas entre las cuentas que se llevaban en los libros de contabilidad y los extractos bancarios, inconsistencias que no se justificaron contablemente, tal como se reconoció en el informe que presentó la contraloría.

Al haber encontrado ese faltante, era obligación del señor Jaime Alberto Vélez, visitador administrativo del EDA, formular la denuncia penal, no solo porque esa era una de sus funciones, según consta en la copia auténtica de la parte correspondiente del manual, aportada por la entidad demandada (fls. 147-148, cdno. 2), sino por mandato del artículo 19 del Código de Procedimiento Penal vigente al momento de ocurrir el hecho —D. 50/87— que establecía el deber de todo funcionario de denunciar penalmente los presuntos ilícitos de que tuviera conocimiento.

Además, en la denuncia no se señaló a la demandante ni a ninguna otra persona como autora del presunto ilícito, sino que la misma se formuló contra persona indeterminada, aunque sí se mencionó su nombre y el de las demás personas que habían laborado en la central telefónica de Dabeiba durante el lapso en el que se encontraron las inconsistencias en el manejo de los dineros de la central telefónica.

Fue el juzgado instructor el que decidió vincular penalmente a la demandante, con fundamento en que ella era la encargada de llevar los libros de contabilidad y profirió la medida de aseguramiento “con base en indicios”, tal como se afirma en la providencia de 15 de junio de 1990, mediante la cual se dispuso la cesación del procedimiento que se le adelantaba en ese despacho.

De tal manera que si la demandante consideraba que la medida de aseguramiento que se profirió en su contra no estaba justificada, ello es imputable a la Nación, por el ejercicio de la actividad judicial y no a la demandada, que se limitó a poner en conocimiento de la justicia penal una irregularidad, que, en su criterio, era constitutiva de ilícito penal.

En casos similares, la Sección ha considerado que el simple hecho de formular denuncia penal no es constitutivo de falla del servicio, salvo que dicha denuncia fuera temeraria, es decir, ‘sin fundamento, razón o motivo’(3) pero en este evento, se reitera, existían fundamentos objetivos suficientes para formularla y, además, la denuncia no se dirigió contra persona alguna en particular. Por lo tanto, se confirmará la sentencia impugnada, en cuanto negó las pretensiones de la demanda” (resaltado por fuera del texto)(4).

Para la Sala, entonces, la responsabilidad patrimonial del Estado no se ve, en principio, comprometida por las denuncias penales que realicen los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, máxime cuando como lo disponía el artículo 25 del Decreto-Ley 2700 de 1991(5), contentivo del Código de Procedimiento Penal vigente para la época en que ocurrieron los hechos objeto de la demanda que ahora se decide en segunda instancia, la presentación de dichas denuncias penales obedecía al cumplimiento de un deber legalmente establecido; sin embargo, sí puede verse comprometida la responsabilidad patrimonial del Estado en aquellos eventos en que se verifique que la denuncia penal fue presentada con temeridad o mala fe, atendiendo, como es evidente, los hechos concretos de cada caso.

El artículo 74 del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable al proceso penal por expresa remisión del artículo 21 del Decreto-Ley 2700 de 1991(6), contentivo del Código de Procedimiento Penal vigente al momento de la presentación de la denuncia por parte de la DIAN, en cuanto a las actuaciones temerarias o de mala fe en el curso de un proceso judicial, dispuso:

“ART. 74.—Temeridad o mala fe. Se considera que ha existido temeridad o mala fe, en los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición, incidente o trámite especial que haya sustituido a este.

2. Cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.

3. Cuando se utilice el proceso, incidente, trámite especial que haya sustituido a este o recurso, para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos.

4. Cuando se obstruya la práctica de pruebas.

5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca reiteradamente el desarrollo normal del proceso”.

Por manera que, se impone determinar si con la presentación de la denuncia por parte de la DIAN contra el señor Sánchez Cuéllar se configuró una falla en el servicio que dio lugar a alguno de los supuestos que el ordenamiento jurídico califica como expresión de temeridad en las actuaciones judiciales, puesto que si bien los ciudadanos tienen el deber de soportar las investigaciones penales que se puedan surtir en su contra, esta carga pública se encuentra circunscrita a que si el denunciante es un funcionario público, la denuncia se encuentre soportada en fundamentos objetivos serios.

De los documentos allegados al expediente, la Sala encuentra que si bien existió un retardo por parte del demandante en la consignación de los dineros correspondientes a la retención en la fuente de los meses de febrero, mayo y julio de 1998, no es menos cierto que para la fecha de presentación de la denuncia por parte de la Administración de Impuestos y Aduanas de El Yopal, el 26 de octubre de 1999, dicha obligación se había extinguido debidamente respecto de los meses de febrero y mayo de 1998 (períodos 2 y 5 de ese año gravable), de lo cual dan cuenta los recibos de pago que aportó la misma entidad demandada, en los cuales aparece que los pagos se realizaron el 29 de septiembre y el 19 de octubre de 1999 (fls. 91 y 94, cdno. 1).

En criterio de la parte demandada, le resultó imposible conocer los pagos correspondientes a la retención en la fuente correspondiente a los meses de febrero y mayo de 1998, debidamente efectuados, por cuanto no se le allegaron en la debida oportunidad, lo cual, en su entender habría configurado la causal eximente de responsabilidad tipificada como culpa exclusiva de la víctima; para la Sala, este argumento no es de recibo, en primer lugar, porque el requerimiento que realizó la DIAN se hizo el 23 de agosto de 1999 (fls. 96 a 97, cdno. 1), es decir un mes antes de que se realizara el primer pago, no después de los pagos como lo pretendió afirmar la entidad pública demandada y, en segundo lugar, porque los recibos de pago de las referidas obligaciones tributarias aportados al expediente corresponden a los desprendibles que la entidad financiera en la cual se realiza el pago transmite directamente a la DIAN, razón por la cual desde el momento en que se satisface la obligación tributaria ella es conocida por el ente público. En otras palabras, no existe una obligación en cabeza de los ciudadanos de poner en conocimiento de la DIAN cada pago que se realice con ocasión del cumplimiento de las obligaciones tributarias, puesto que ello se realiza mediante un trámite interno entre la entidad financiera que recibe el pago y el ente recaudador, carga esta que no se puede trasladar al ciudadano.

Bien podría afirmarse, sin embargo, que dada la cercanía entre el pago correspondiente a los dineros recibidos a título de retención en la fuente por parte del demandante y la interposición de la denuncia por la DIAN, no resultaba ténicamente posible tener en cuenta que la obligación tributaria había sido satisfecha por el demandante, pero ello no explica que ante la evidencia de los pagos (al menos en lo que atañe al pago de los períodos 2 y 5 de 1998) se hubiere permitido la continuación del proceso penal, sin sustento legal alguno, que se inició contra el señor Sánchez Cuéllar.

Así las cosas, la Sala encuentra que en el sub lite, en cuanto se refiere al pago de los períodos mencionados (2 y 5), la DIAN actuó con temeridad, por cuanto interpuso la denuncia penal careciendo de cualquier fundamento legal y permitió su continuación a pesar de que en dicha entidad pública reposaba el comprobante de pago de las obligaciones tributarias por cuya omisión pretendió que se declarara responsable penalmente al señor Sánchez Cuéllar, configurándose así una falla en el servicio imputable a la entidad pública demandada.

Por otra parte, la Sala también encuentra probado en el expediente que: i) el mismo demandante cometió un error en la declaración y pago de los dineros correspondientes a la retención en la fuente recaudada en el período 7 de 1998, imputados erróneamente por él mismo al período 6; ii) en dos ocasiones, poco antes y después de la interposición de la denuncia penal, la DIAN intentó infructuosamente comunicarse con el demandante para que aclarara la situación y se pusiera al día con el pago; iii) la detención que afectó la libertad personal del señor Sánchez Cuéllar se realizó con la exclusiva finalidad de escucharlo en indagatoria, puesto que no se había constituido en parte en el proceso penal que se había iniciado con la denuncia presentada por la DIAN y no porque se le considerara el presunto autor del delito de peculado por apropiación.

Pues bien, para la Sala si bien la conducta del demandante no fue la causa determinante del daño, sí contribuyó a su agravación. Sobre la culpa exclusiva de la víctima, esta Sala ha afirmado:

“Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad —fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima— constituyen diversos eventos que dan lugar a que devenga jurídicamente imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo. En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado, extremos en relación con los cuales la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido lo siguiente:

En cuanto tiene que ver con (i) la irresistibilidad como elemento de la causa extraña, la misma consiste en la imposibilidad del obligado a determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para llevarla a cabo; en otros términos, el daño debe resultar inevitable para que pueda sostenerse la ocurrencia de una causa extraña, teniendo en cuenta que lo irresistible o inevitable deben ser los efectos del fenómeno y no el fenómeno mismo —pues el demandado podría, en determinadas circunstancias, llegar a evitar o impedir los efectos dañinos del fenómeno, aunque este sea, en sí mismo, irresistible, caso de un terremoto o de un huracán (C.C., art. 64) algunos de cuyos efectos nocivos, en ciertos supuestos o bajo determinadas condiciones, podrían ser evitados—.

Por lo demás, si bien la mera dificultad no puede constituirse en verdadera imposibilidad, ello tampoco debe conducir al entendimiento de acuerdo con el cual la imposibilidad siempre debe revestir un carácter sobrehumano; basta con que la misma, de acuerdo con la valoración que de ella efectúe el juez en el caso concreto, aparezca razonable, como lo indica la doctrina:

“La imposibilidad de ejecución debe interpretarse de una manera humana y teniendo en cuenta todas las circunstancias: basta que la imposibilidad sea normalmente insuperable teniendo en cuenta las condiciones de la vida(7).

En lo referente a (ii) la imprevisibilidad, suele entenderse por tal aquella circunstancia respecto de la cual “no sea posible contemplar por anticipado su ocurrencia”(8), toda vez que “[P]rever, en el lenguaje usual, significa ver con anticipación”(9), entendimiento de acuerdo con el cual el agente causante del daño solo podría invocar la configuración de la causa extraña cuando el hecho alegado no resulte imaginable antes de su ocurrencia, cuestión de suyo improbable si se tiene en cuenta que el demandado podría prefigurarse, aunque fuese de manera completamente eventual, la gran mayoría de eventos catalogables como causa extraña antes de su ocurrencia, más allá de que se sostenga que la imposibilidad de imaginar el hecho aluda a que el mismo jamás hubiera podido pasar por la mente del demandado o a que este deba prever la ocurrencia de las circunstancias que resulten de más o menos probable configuración o a que se entienda que lo imprevisible está relacionado con el conocimiento previo de un hecho de acaecimiento cierto.

Sin embargo, el carácter imprevisible de la causa extraña también puede ser entendido como la condición de “imprevisto” de la misma, esto es, de acontecimiento súbito o repentino, tal y como lo expresan tanto el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, como el artículo 64 del Código Civil(10) y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la cual “[I]mprevisible será cuando se trate de un acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia”(11). La recién referida acepción del vocablo “imprevisible” evita la consecuencia a la cual conduce el entendimiento del mismo en el sentido de que se trata de aquello que no es imaginable con anticipación a su ocurrencia, toda vez que esta última comprensión conllevaría a que la causa extraña en realidad nunca operase, si se tiene en cuenta que prácticamente todos los sucesos que ocurren a diario ya han sido imaginados por el hombre.

No está de más señalar, en cualquier caso, que la catalogación de un determinado fenómeno como imprevisible excluye, de suyo, la posibilidad de que en el supuesto concreto concurra la culpa del demandado, pues si este se encontraba en la obligación de prever la ocurrencia del acontecimiento al cual se pretende atribuir eficacia liberatoria de responsabilidad y además disponía de la posibilidad real y razonable de hacerlo, entonces los efectos dañinos del fenómeno correspondiente resultarán atribuibles a su comportamiento culposo y no al advenimiento del anotado suceso. Culpa e imprevisibilidad, por tanto, en un mismo supuesto fáctico, se excluyen tajantemente.

Así pues, resulta mucho más razonable entender por imprevisible aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que no obstante la diligencia y cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas maneras acaeció, con independencia de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia. En la dirección señalada marcha, por lo demás, la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha matizado la rigurosidad de las exigencias que, en punto a lo ‘inimaginable’ de la causa extraña, había formulado en otras ocasiones:

(...).

Y, por otra parte, en lo relacionado con (iii) la exterioridad de la causa extraña, si bien se ha señalado que dicho rasgo característico se contrae a determinar que aquella no puede ser imputable a la culpa del agente que causa el daño o que el evento correspondiente ha de ser externo o exterior a su actividad, quizás sea lo más acertado sostener que la referida exterioridad se concreta en que el acontecimiento y circunstancia que el demandado invoca como causa extraña debe resultarle ajeno jurídicamente, pues más allá de sostener que la causa extraña no debe poder imputarse a la culpa del agente resulta, hasta cierto punto, tautológico en la medida en que si hay culpa del citado agente mal podría predicarse la configuración —al menos con efecto liberatorio pleno— de causal de exoneración alguna, tampoco puede perderse de vista que existen supuestos en los cuales, a pesar de no existir culpa por parte del agente o del ente estatal demandado, tal consideración no es suficiente para eximirle de responsabilidad, como ocurre en los casos en los cuales el régimen de responsabilidad aplicable es de naturaleza objetiva, razón por la cual la exterioridad que se exige de la causa del daño para que pueda ser considerada extraña a la entidad demandada es una exterioridad jurídica, en el sentido de que ha de tratarse de un suceso o acaecimiento por el cual no tenga el deber jurídico de responder la accionada(12).

“Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder —activo u omisivo— de aquella tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima(13)(14).

En el presente caso surge con claridad que aun cuando es cierto que el elemento determinante para la causación daño fue la presentación de una denuncia penal carente de todo fundamento legal por parte de la entidad pública demandada, no es menos cierto que la conducta del señor Sánchez Cuéllar, al imputar tardía y erróneamente el pago de las retenciones en la fuente a un período distinto del que se adeudaba y al no presentarse en el momento oportuno al proceso penal, contribuyó a la configuración de la concurrencia de causas; para la Sala, la conducta del señor Sánchez Cuéllar contribuyó en un 50% en la producción del daño, razón por la cual el quantum indemnizatorio, en los términos del artículo 2357 del Código Civil(15), decretado por el tribunal a quo, se reducirá en esa proporción.

4. La liquidación de los perjuicios.

4.1. Los perjuicios materiales.

El tribunal a quo condenó a la entidad pública demandada al pago de $ 1.202.889, por concepto de perjuicios materiales a título de lucro cesante, correspondientes a 8 días de salario, puesto que, en su criterio, este fue el tiempo que el demandante dedicó de manera exclusiva a defenderse en el proceso penal que tuvo que padecer injustificadamente, durante el cual tuvo que abandonar sus negocios profesionales; por otro lado, el fallador de primera instancia tasó el daño emergente en un millón de pesos, suma dineraria correspondiente a los honorarios profesionales del abogado que contrató la víctima para actuar en el mencionado proceso penal.

Con el fin de acreditar el lucro cesante, en el memorial introductorio de la litis se señaló que el demandante devengaba $ 6.000.000 mensuales y que, como su intervención en el tantas veces mencionado proceso penal duró 2 meses —marzo y abril de 2001—, se debe condenar a la entidad demandada a pagar $ 12.000.000 (fls. 4 a 5, cdno. 1); sin embargo, la Sala encuentra que en la diligencia de indagatoria practicada ante la fiscalía 34, seccional El Yopal, el mismo demandante afirmó: “en este momento no estoy ejerciendo mi profesión, estoy prácticamente retirado, obtengo ingresos de $ 2.500.000 derivado[s] de mi actividad como ganadero” (fl. 35, cdno. 1). La Sala tomará en cuenta este último valor atendiendo los principios de buena fe y de lealtad procesal(16) que rigen toda actuación judicial, en virtud de que, a pesar de que se solicitó una suma superior en el presente proceso por concepto de perjuicios materiales a título de lucro cesante, el propio señor Sánchez Cuéllar estimó sus ingresos mensuales en la suma de $ 2.500.000 y afirmó encontrarse prácticamente retirado de la actividad profesional que desempeñaba.

Así pues, la Sala liquidará el lucro cesante teniendo en cuenta los ingresos que el mismo demandante afirmó percibir para esa época, esto es $ 2.500.000, los cuales serán actualizados a valor presente; por otro lado, si bien es cierto que de los documentos aportados al expediente no se evidencia que el señor Sánchez Cuéllar hubiere tenido que abandonar sus actividades profesionales para defenderse en el proceso penal, puesto que su actuación se limitó a solicitar la corrección de las imputaciones tributarias indebidamente realizadas y ponerse a disposición de la fiscalía 34 seccional de El Yopal, no es menos cierto que fue retenido por las autoridades durante 24 horas mientras se realizaba la diligencia de indagatoria. Por lo anterior, la Sala condenará a la entidad pública demandada al pago de un día del salario que para la época percibía el demandante, esto es $ 83.333, suma que será actualizada según la siguiente fórmula:

 

FOR1  S2003-00176.JPG
 

 

A esa cantidad se deberá descontar el 50%, correspondiente al porcentaje de responsabilidad que tuvo el demandante en la causación del daño, lo cual arroja el resultado de $ 72.995, por concepto de perjuicios materiales a título de lucro cesante.

En lo atinente a los perjuicios materiales por concepto de daño emergente, en el expediente se acreditó que el señor Sánchez Cuéllar tuvo que contratar un profesional en derecho para que lo representara en el proceso penal que se surtió en su contra, pero no existe prueba del monto de los honorarios que cobró el mencionado profesional; el tribunal a quo tasó este perjuicio material en la suma de $ 1.000.000, liquidación que, a juicio de la Sala, se encuentra ajustada a las tarifas que perciben los abogados por ese tipo de actuaciones, razón por la cual, se actualizará dicha suma siguiendo la fórmula utilizada por la Sala, así:

 

FOR2  S2003-00176.JPG
 

 

A ese monto se le descontará el 50% ($ 875.445) correspondiente al porcentaje que debe asumir la propia víctima, operación aritmética que arroja el resultado de $ 875.445, por concepto de perjuicios materiales a título de daño emergente.

4.2. Los perjuicios morales.

El tribunal a quo decretó el pago, a favor del señor Sánchez Cuéllar, de una suma equivalente a 50 smlmv por concepto de perjuicios morales, sin embargo, para la Sala, atendiendo las condiciones en las que se desarrolló el referido proceso penal y la corta duración que tuvo la participación del demandante, la suma decretada por el fallador de primera instancia no resulta, por lo elevada, proporcional al perjuicio sufrido, razón por la cual se modificará en este punto la providencia recurrida para, en su lugar, tasar los perjuicios morales en la suma equivalente a 5 smlmv, a la cual se deberá descontar el 50% correspondiente al porcentaje que debe asumir la víctima directa, resultando así una suma equivalente a 2.5 smlmv por concepto de perjuicios morales.

5. Condena en costas.

Habida cuenta que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Modifícase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare, el día 3 de junio de 2004, la cual quedará así:

1. Declarar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, responsable por la falla en el servicio que llevó a la interposición de la denuncia penal contra el señor Pablo Alfonso Sánchez Cuéllar, según la parte motiva de la presente providencia.

2. Condenar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a pagar a favor del señor Pablo Alfonso Sánchez, por concepto de perjuicios materiales a título de lucro cesante, la suma de setenta y dos mil novecientos noventa y cinco pesos ($ 72.995) mcte., y la suma de ochocientos setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos ($ 875.445) por concepto de perjuicios materiales a título de daño emergente.

3. Condenar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a pagar por concepto de perjuicios morales a favor del señor Pablo Alfonso Sánchez Cuéllar, el equivalente en pesos colombianos a dos punto cinco (2.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4. Negar las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

SEGUNDO: Expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) La Sala no le dará mérito probatorio al contenido de la indagatoria, por cuanto, tal y como se ha afirmado en reiterada jurisprudencia, esta carece del requisito del juramento. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de mayo de 2012, Expediente 22164 y sentencia del 23 de mayo de 2012, Expediente 22681, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de octubre de 1991, Expediente 6528, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.

(3) Cita textual del fallo: El diccionario de la Real Academia Española define temerario como: “excesivamente imprudente arrostrando peligros. Dícese de las acciones del que obra de ese modo. Que se dice, hace o piensa sin fundamento, razón o motivo”.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de marzo de 2005, Expediente 14258, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(5) Por cuya virtud:

“ART. 25.—Deber de denunciar. Todo habitante del territorio colombiano mayor de dieciocho años, debe denunciar a la autoridad los hechos punibles de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio.

El servidor público que por cualquier medio conozca de la comisión de un hecho punible que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento de la autoridad competente”.

(6) A cuyo tenor:

“ART. 21.—Integración. En aquellas materias que no se hallen expresamente reguladas en este código, son aplicables las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y de otros ordenamientos procesales, siempre que no se opongan a la naturaleza del procedimiento penal.

(7) Nota original en la sentencia citada: Robert, André, Les responsabilites, Bruselas, 1981, p. 1039, citado por Tamayo Jaramillo, Javier, Tratado de responsabilidad civil, cit., p. 19.

(8) Nota original en la sentencia citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 20 noviembre de 1989, Jurisprudencia y Doctrina, tomo XIX, Bogotá, Legis, p. 8.

(9) Nota original en la sentencia citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 mayo de 1936, Gaceta Judicial, tomo XLIII, p. 581.

(10) Nota original en la sentencia citada: Cuyo tenor literal es el siguiente: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”.

(11) Nota original en la sentencia citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 26 de enero de 1.982, Gaceta Judicial, tomo CLXV, p. 21.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2008, Expediente 16.530.

(13) Cita textual del fallo referido: “En la anotada dirección, ha sostenido la Sala: ‘El hecho de la víctima, al decir de los hermanos Mazeaud, solo lleva ‘consigo la absolución completa’ cuando ‘el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba, el hecho de la víctima, cuando sea culposo y posea un vínculo de causalidad con el daño, produce una simple exoneración parcial: división de responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la gravedad de la culpa de la víctima’. Henri y León Mazeaud, Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, págs. 332 y 333’. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de mayo dos (02) de dos mil siete (2007); Expediente 190012331000199800031 01; Radicación: 24.972”.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de junio de 2010, Expediente 17605.

(15) A cuyo tenor:

“ART. 2357.—La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”.

(16) Tal y como se encuentran consagrados en el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, por cuya virtud:

“ART. 71.—Deberes de las partes y sus apoderados. Son deberes de las partes y sus apoderados:

1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos.

2. Obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas y en el ejercicio de sus derechos procesales.

3. Abstenerse de usar expresiones injuriosas en sus escritos y exposiciones orales, y guardar el debido respeto al juez, a los empleados de este, a las partes y a los auxiliares de la justicia.

4. Comunicar por escrito cualquier cambio de domicilio o del lugar denunciado para recibir notificaciones personales, en la demanda o en su contestación o en el escrito de excepciones en el proceso ejecutivo, so pena de que éstas se surtan válidamente en el anterior.

5. Concurrir al despacho cuando sean citadas por el juez y acatar sus órdenes en las audiencias y diligencias.

6. Prestar al juez su colaboración para la práctica de pruebas y diligencias, a riesgo de que su renuencia sea apreciada como indicio en contra.

7. Abstenerse de hacer anotaciones marginales o interlineadas, subrayados o dibujos de cualquier clase en el expediente, so pena de incurrir en multa de un salario mínimo mensual.

8. Comunicar a su representado el día y la hora que el juez haya fijado para interrogatorio de parte, careo, reconocimiento de documentos, inspección judicial o exhibición, y darle a conocer de inmediato la renuncia del poder” (resaltado fuera del texto).