Sentencia 2003-00178 de marzo 27 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: C-1569331890012003-00178-01

Magistrado Ponente

Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar

Aprobada mediante acta de 27 de febrero de 2012.

Bogotá, D.C., veintisiete de marzo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Se precisa, ante todo, que si el tribunal negó la nulidad absoluta de la cláusula que confería al mandatario la facultad de disponer de los bienes del mandante, limitado en el tiempo hasta el año siguiente al deceso de este, resulta claro que al denunciarse la violación “directa” de las normas que se citan en el cargo, a la recurrente le correspondía aceptar que el acto jurídico censurado era distinto a un testamento.

Esto, porque dada la vía escogida para denunciar la violación de ley sustancial, la problemática, como se sabe, queda confinada a la subsunción de los hechos que han quedado establecidos, en las hipótesis normativas que las gobiernan, respecto a su elección, aplicación y alcance. En ese caso, en palabras de la Corte, la censura debe discurrir su actividad dialéctica sin “separarse, un ápice siquiera, de la quaestio facti, cual y como fue apreciada por el sentenciador, so pena de resultar inidónea la acusación en caso de que ello ocurra”(1).

Así las cosas, toda alegación contenida en el contexto de la acusación, referida al testamento, cae en el vacío, puesto que, al margen del acierto, el tribunal definió la controversia a partir de haber fijado que el acto jurídico cuestionado se circunscribía a un mandato, conferido para ser ejecutado hasta un año después de la muerte del comitente.

Por lo mismo, que se trataba de un mandato “amplio y suficiente”, dirigido, en general, a que el mandatario, por cuenta del mandante, “transfiera, comprometa, en promesa de venta” y extienda “escrituras”, respecto de todos sus “intereses”.

Distinto es que, como se advierte en otro apartado de la censura, a lo cual, por lo dicho, queda reducida la impugnación, en el campo estrictamente jurídico, esa manifestación autónoma de la voluntad no pueda surtir efecto alguno, por sustituir o desconocer las normas que regulan la forma como en vida una persona puede disponer de sus bienes luego de su muerte.

2. Desde el punto de vista jurídico, la noción de mandato viene asociada a la idea de favor o de encargo, ya sea que el colaborador actúe en nombre propio o en nombre de quien requiere del auxilio ajeno.

Se trata, entonces, de un instrumento de integración y colaboración que facilita satisfacer intereses del comitente, en cuyo beneficio se realizan actos que por circunstancias de diversa índole, no puede o no desea llevar a cabo él directamente. Tal herramienta permite, pues, que a través de una superposición personal, un sujeto de derecho realice una gestión por o para otro, ya como simple benevolencia, ora a cambio de una contraprestación.

Según el artículo 2156 del Código Civil, atendiendo la esfera de las facultades, el mandato es especial cuando “comprende uno o más negocios especialmente determinados”, y es general si “se da para todos los negocios del mandante” o “se da para todos, con una o más excepciones determinadas”.

3. Para el buen suceso de la gestión encomendada, el mandante puede ceder o transferir algunas autorizaciones o facultades al mandatario, con el fin de que sean utilizadas estrictamente de acuerdo con los términos convenidos, con independencia de que el mandato lleve o no consigo la facultad de representación, cual se previene en los artículos 1262 del Código de Comercio y 2177 del Código Civil.

Por esto, tratándose del mandato no representativo, se entiende que se ha celebrado el contrato y que el mandatario, en cumplimiento del encargo, actúa en nombre propio, así en el fondo lo haga por cuenta ajena, solo que frente al tercero carece de representación, en tanto los efectos jurídicos del negocio realizado se radican en cabeza del encomendado, quien fuera de responder ante la persona con la cual ha contratado, es el único que podría exigir el cumplimiento de lo estipulado. En cambio, exhibida la facultad de contratar en nombre y por cuenta de otro, la relación jurídica se traba es entre el comitente y el tercero.

Frente a lo expuesto, al decir de la Corte, “se distinguen claramente el mandato y el acto de apoderamiento, así éste sea una consecuencia de aquél, para significar que el primero por sí no confiere la representación del mandante y que el segundo es autónomo e independiente. De ahí que se hable de la coexistencia de dos actos jurídicos, uno bilateral, el mandato, y otro unilateral, el acto de procuración”(2).

3. Mostradas, por lo tanto, las facultades, dentro de las que por naturaleza se entienden comprendidas en el mandato, se encuentran las de “administración”, de conformidad con lo previsto en el artículo 2158 del Código Civil.

Entre ellas, “pagar las deudas y cobrar los créditos del mandante, perteneciendo unos y otros al giro administrativo ordinario; perseguir en juicio a los deudores, intentar las acciones posesorias e interrumpir las prescripciones, en lo tocante a dicho giro; contratar las reparaciones de las cosas que administra y comprar los materiales necesarios para el cultivo o beneficio de las tierras, minas, fábricas u otros objetos de industria que se le hayan encomendado”.

Por esto, de acuerdo con el inciso final de la misma disposición, para “todos los actos que salgan de esos límites [el mandatario], necesitará de poder especial”. Ahora, como dentro de esas facultades no se encuentran enunciados los actos jurídicos de enajenación o disposición, no cabe duda que para ese efecto resulta indispensable otorgar ese “poder especial”, al margen de la clase de mandato, porque se trata de asuntos de importancia, respecto de los cuales no puede caber duda de la autorización dada al apoderado para realizarlos.

En ese sentido, la Corte tiene dicho que para que el “mandante en general pueda ejecutar actos de disposición, como vender, permutar, hipotecar”, requiere que se le “otorguen expresamente, en cláusula especial, cada una de esas facultades, aunque no se especifiquen los bienes”(3), puesto que “un poder general” sólo lo habilita para llevar a cabo actos de administración, “pero no lo faculta para los dispositivos salvo que en dicho poder se otorgue autorización expresa para ejecutar determinada clase de actos, como vender, hipotecar, etc.”(4).

Esto mismo se reiteró posteriormente, al decirse que para que el “mandatario general pueda enajenar bienes raíces del mandante, fuera del giro ordinario de los negocios de este”, el Código Civil exige “un poder o facultad especial, esto es que en alguna parte del contrato se exprese, como se hizo en el caso de autos, que se faculta al apoderado especialmente para que venda los bienes raíces del otorgante”(5).

4. No obstante que los precedentes citados abogan por una cláusula especial para que el mandatario pueda disponer de los bienes del comitente, así “no se especifiquen”, juzga ahora la Corte que bajo la figura del mandato no es posible entregar al apoderado esas mismas facultades especiales sobre todo un patrimonio, universalmente considerado, porque así se desprende de la sistemática del Código Civil.

4.1. El artículo 1867, prohíbe en forma expresa la “venta” de todo un patrimonio, in genere, y sanciona con nulidad absoluta la enajenación de “todos los bienes presentes y futuros o de unos y otros, ya se venda el total o una cuota”, restricción que se justifica para no dejar sin efecto las normas que demandan determinar el objeto de las obligaciones y para evitar que la indefinición propicie abusos en perjuicio de los contratantes.

“[L]o que la ley no acepta —tiene dicho la Corte— y ese es el alcance de la norma citada, es la venta de una universalidad jurídica, porque no puede haber transferencia a título universal”.

4.2. Lo anterior debe mirarse en armonía con el artículo 1008, donde únicamente se prevé la sucesión universal mortis causa “cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles o en una cuota de ellos”.

Así mismo, con el artículo 1464, porque si bien permite las donaciones a título universal, sea de la totalidad o de una cuota de los bienes, exige de todas formas, entre otros requisitos, un inventario solemne, so pena de nulidad.

De igual modo, con el artículo 1518, según el cual, precisamente, solo pueden ser objeto de las obligaciones las cosas que sean comerciales, siempre que “estén determinadas, a lo menos, en cuanto a su género”.

Por último, con el artículo 15 del Decreto 2148 de 1983, modificado por el artículo 1º del Decreto 231 de 1985, donde se prevé que “quien otorgue poder especial para enajenar, gravar o limitar un inmueble, lo identificará con el número de la matrícula inmobiliaria, nomenclatura o nombre y lugar de ubicación”.

5. Como se observa, en esas disposiciones subyace un principio general, en cuya virtud, a nadie le es lícito celebrar negocios que impliquen la enajenación de todos los bienes que integran un patrimonio, a menos que se determinen o sean determinables. Al fin y al cabo, como refiere la doctrina, la “sucesión por acto entre vivos solo puede ser a título particular”(6).

Desde luego, si el mandante, directamente, no puede transferir a título universal su patrimonio, no cabe duda que tampoco se encuentra autorizado para otorgar mandato de disposición en forma genérica, porque por esa vía se estaría desconociendo una prohibición expresa del ordenamiento jurídico.

A la larga, en ese caso, el comitente entregaría al mandatario una facultad de la cual carece, lo que torna nula esa forma de gestión, pues bien es sabido que a nadie le es lícito hacer a través de otro, lo que no le es lícito por sí mismo (licere nemini debet per alium, quod non licet per se ipsum).

6. Ahora, sin pasarse por alto que la muerte del mandante se erige en una de las causales legales de terminación del mandato, la Corte reconoce que esa regla tiene su excepción en los casos en que es “destinado a ejecutarse después de ella”, según los términos del artículo 2195 del Código Civil.

Sin embargo, en coherencia con lo dicho, respecto del mandato post morten, en cuanto a facultades distintas de administración se refiere, es claro que no pueden ser abstractas, no solo porque esas otras cuestiones son ajenas a su naturaleza, sino porque como supra quedó explicado, para el efecto, en cuanto a asuntos determinados, necesita de un “poder especial”.

Con mayor razón cuando, conforme al Diccionario de la Real Academia Española, la expresión destinar significa “ordenar, señalar o determinar una cosa para algún fin o efecto”, de donde se sigue que la facultad, amén de ser expresa, debe versar sobre actos particulares y concretos que requieran ser ejecutados después de ocurrida la muerte del mandante.

Lo contrario, implicaría aceptar que a través de un mandato post-morten se pueden sustituir las normas imperativas que regulan la sucesión por causa de muerte, por las dispositivas que, frente a atribuciones generales, a bien tenga, en nombre del mandatario, el apoderado, cuando, como bien es conocido, el testamento es el único instrumento previsto en la ley para que una persona pueda disponer de todo o de parte de sus bienes, con pleno efecto después de sus días.

Esto significa, en suma, que el mandato destinado a ser ejecutado después del deceso del comitente, respecto de asuntos ajenos al giro ordinario de sus negocios, siempre que no tengan por finalidad eludir las normas imperativas que gobiernan la sucesión mortis causa, solo es válido en la medida en que expresamente se identifiquen, precisen o concreten las cuestiones sobre las cuales el mandatario puede obrar.

7. En el caso, al concluirse que era válido el mandato destinado a ser ejecutado hasta un año después de la muerte del comitente, dirigido a que el mandatario, respecto de la mandante, además, “transfiera, comprometa, en promesas de venta, extienda escrituras y defienda en toda forma sus intereses”, el tribunal violó en forma directa los artículos 1741 y 2195 del Código Civil, citados en el cargo, entre otros.

Las facultades post morten, desde luego, no podían ser de recibo frente a una cláusula de esa naturaleza. Sin embargo, como así se hizo, contrario a lo concluido por el sentenciador de segundo grado, el mandato se encontraba afectado de nulidad absoluta, por cuanto, cual quedó explicado, comprendía un objeto no permitido en la ley, como es la disposición genérica de todo el patrimonio de un causante, y por ende, la elusión de las reglas establecidas por la ley para la transmisión hereditaria.

8. El cargo, por lo tanto, se abre paso.

Sentencia sustitutiva

1. Se advierte, ante todo, que la sentencia apelada negó la nulidad absoluta del mandato y de los contratos de compraventa que le siguieron, incluidos los ajustados con los sub-adquirentes, así como la simulación absoluta de aquellos, decisiones que igualmente hizo extensivas a las pretensiones consecuenciales de unas y otras, a la par que se abstuvo de pronunciarse de fondo sobre las denuncias del pleito formuladas.

Precisión de capital importancia, para hacer notar que la competencia de la Corte, en sede de instancia, se circunscribe a resolver el recurso de apelación que interpuso la parte demandante, pero solo en lo que fue objeto de reproche, conforme a los escritos de sustentación de la alzada, en concreto, en lo relativo a la negación de las pretensiones principales.

Esto, porque si bien ese medio de impugnación se entiende interpuesto en lo desfavorable al recurrente único, como en el caso, sin que lo pueda agravar, cual lo prevé el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, el mismo precepto complementa la prohibición al decir que el “superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso”. Y los contornos de la alzada no pueden ser otros que las inconformidades expresadas en el escrito obligatorio de sustentación, como así últimamente lo señaló la Corte(7).

2. En síntesis, el a quo desestimó la nulidad absoluta del mandato, en términos generales, tras advertir que la comitente gozaba de capacidad plena para conferirlo y que su consentimiento había sido expresado libre de todo vicio.

Además, dijo, el apoderado aceptó en forma tácita la gestión y cumplió la voluntad de la comitente, al vender los bienes referidos en la demanda, mismos que estaban en el comercio y eran determinables por sus características o medidas.

Acotó que no hubo exceso del mandatario, respecto de los poderes otorgados, como tampoco en el término para ejercerlos; que no había formalidades que cumplir por tratarse de un acto consensual; y que el caso se exceptuaba de la terminación del mandato por la muerte de Graciela Niño Espejo, dado que su ejecución se extendió hasta tiempo después.

3. En el escrito de apelación, la demandante recaba en la nulidad absoluta del mandato conferido para ser ejecutado hasta por un año después de ocurrida la muerte de la comitente.

En lo esencial, según se afirmó en la demanda y su reforma, entre otras razones que no interesan al caso, por haber sido otorgado “sin ningún lineamiento respecto a instrucciones de venta” o con “amplias facultades para toda clase de negocios”, o al decir del escrito de sustentación de la alzada, por tratarse de “un simple poder otorgado por escritura pública para que el mandatario dispusiera de los bienes a su antojo”.

4. Sin desconocer que el ordenamiento positivo reconoce el mandato post morten, la Corte por economía se remite a las consideraciones consignadas al resolver el recurso de casación, en cuanto ese acto jurídico es nulo en forma absoluta, por objeto ilícito, en los casos en que, respecto de facultades distintas de administración, el mandato que se confiere no determina en concreto los asuntos de que se trata, con mayor razón cuando, de una parte, contiene atribuciones de disposición de todo el patrimonio del mandatario después de fallecido, y de otra, tiende a eludir las normas que gobiernan el modo de adquirir el dominio de las cosas por causa de muerte.

Eso es lo que acontece en el sub-judice, porque en el mandato se expresó que Ulises Niño Espejo estaba autorizado, hasta por un año después de la muerte del comitente, para defenderlo de “cualquier forma”. Según las propias palabras, para que “transfiera, comprometa, en promesas de venta, extienda escrituras y defienda en toda forma sus intereses”; igualmente, para “transar, desistir y representarme en la forma que él crea conveniente”.

Sin lugar a dudas, el mandato post morten se encuentra afectado de nulidad absoluta, por objeto ilícito, puesto que la forma de otorgar facultades de disposición para ser ejecutadas después de fallecido el comitente, no solo contraría los principios del ordenamiento civil a que se hizo referencia, sino también las reglas especiales de la sucesión mortis causa.

5. La nulidad absoluta de los contratos de compraventa ajustados en cumplimiento del mandado, así como los celebrados con los sub-adquirentes, se solicita, acorde con la demanda y su reforma, “como consecuencia necesaria”.

Según el artículo 1602 del Código Civil, las partes de un contrato sólo pueden invalidarlo “por su consentimiento mutuo o por causas legales”. Esto significa, sin más, que las pretensiones dichas no pueden ser de recibo, porque la ley no erige como causal de anulación, respecto de los actos y contratos subsiguientes, la declaración judicial de nulidad del negocio jurídico que directa o indirectamente los originó.

Precisamente, en palabras de la Corte, el artículo 1748 del Código Civil, “no prevé, como efecto propio de la sentencia declarativa de la nulidad de un acto jurídico, la invalidez de los negocios jurídicos celebrados con terceros adquirentes (…), sanción que por lo demás está reservada por la ley para aquellos actos en cuya formación se omiten las exigencias expresamente requeridas para dotarlos de validez —artículos 1740 y 1741 del Código Civil— y por ello solo se puede fulminar por las causas expresamente determinadas por el legislador”.

6. Con relación a las pretensiones restitutorias, la material de los inmuebles enajenados, o su valor actual en dinero, se entiende que su fundabilidad pendía de la nulidad absoluta de los contratos de compraventa, pues en los términos de la demanda y su reforma, fueron planteadas sucesivamente de manera “consecuencial”, de donde, stricto sensu, no se trataba del ejercicio autónomo de la acción reivindicatoria. Sin embargo, como tales negocios de enajenación no sufrieron ningún quebranto, por lógica, esto mismo debe seguirse de todos efectos que sobre el particular fueron esperados.

7. En suma, la sentencia del juzgado debe ser revocada parcialmente, en cuanto negó la nulidad absoluta del mandato otorgado, para en su lugar acceder a dicha pretensión, sin que haya lugar a condenar en costas ante la prosperidad relativa del recurso de apelación, como tampoco, respecto del mismo punto, en primera instancia, en cuanto al demandado allí involucrado, entendiéndose que se compensan, al no prosperar la nulidad absoluta que contra el mismo fue enderezada.

En coherencia, las demás decisiones adoptadas por el a quo quedarán incólumes, no solo porque, aunque por otras razones, la negativa a decretar la nulidad absoluta de todos los contratos de compraventa y sus consecuencias, se mantiene, sino porque ningún otro aspecto fue impugnado. Desde luego, como en esos temas, relativo a los otros demandados, la parte actora pierde totalmente el proceso, la condena en costas que al respecto se impuso en su contra en instancia queda justificada.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia de 26 de julio de 2007, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala Única, en el proceso ordinario de que se trata, y actuando en sede de instancia, REVOCA parcialmente la sentencia de 1º de junio de 2005, proferida por el Jugado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo, en cuanto negó la nulidad absoluta del contrato de mandato en cuestión, y en su lugar la DECRETA, a cuyo efecto se librarán las comunicaciones que sean de rigor, en tanto en todo lo demás impugnado se CONFIRMA, por supuesto, sin ninguna modificación en lo que aparece fue marginado de la apelación.

Sin costas en casación, por haber prosperado el recurso.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo pertinente».

(1) Sentencia de 14 de diciembre de 2010, Expediente 2002-00047, reiterando doctrina anterior.

(2) Sentencia 140 de 12 de diciembre de 2007, Expediente 2000-00310.

(3) Sentencia de Casación Civil de 14 de febrero de 1913.

(4) Sentencia de Casación Civil de 26 de febrero de 1913.

(5) Sentencia de Casación Civil de 6 de febrero de 1951.

(6) Alessandri Rodríguez Arturo, Somarriva Undurraga Manuel, Vodanovic H. Antonio, Tratado de Derecho Civil, Parte Preliminar y General, Ed. Temis, Santiago de Chile, pág. 393.

(7) Vid. Sentencia de 8 de septiembre de 2009, Expediente 00585.