Sentencia 2003-00198 de noviembre 23 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref. Exp. 11001-31-03-004-2003-00198-01

Magistrado Ponente:

Dr. Edgardo Villamil Portilla

Bogotá, D.C., veintitrés de noviembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

(...).

El daño cuyo resarcimiento se persigue, entonces, no se acreditó de manera concreta, por manera que no podían darse por cumplidas las exigencias del artículo 1077 del Código de Comercio. Ha de memorarse a ese respecto, que “la especie contractual en referencia no entraña ni puede engendrar ganancia, por cuanto su función no pasa de ser reparadora del daño efectivamente causado; desde luego que a partir de la ocurrencia del siniestro surge la obligación de resarcir el perjuicio siempre que sea cierto y determinado, como quiera que únicamente dentro del marco de esos conceptos puede establecerse que la indemnización guarda absoluta sujeción a lo previsto por el citado artículo 1088 y que la medida de la responsabilidad de la compañía aseguradora es la justa y ceñida a las previsiones generales del artículo 1089 ibídem” (Sent. Cas. Civ., nov. 15/2005, Exp. 11001-31-03-024-1993-7143-01).

En tales condiciones, la reclamación que hizo la demandante no podía ser atendida en sede judicial, porque ordenar el pago del dinero que se pidió en la demanda, podría afectar el principio indemnizatorio que gobierna en materia de seguros, esto es, que podría ir más allá del daño efectivamente padecido, en contravía de lo dispuesto en el artículo 1088 del Código de Comercio.

Precisamente, “en cuanto a la prueba de los perjuicios, es pertinente recordar, como ha sostenido la Corte, ‘que los seguros de daños tienen como finalidad última la de indemnizar al asegurado o beneficiario cuando su patrimonio es afectado por la realización del riesgo asegurado, principio este denominado ‘de la indemnización’ y recogido por el artículo 1088 del Código de Comercio, en cuanto preceptúa que ‘respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero este deberá ser objeto de un acuerdo expreso’.

“... A este respecto tráese a cuento (sic) el artículo 1077 del Código de Comercio que impone al asegurado el deber de demostrar, tanto la ocurrencia del siniestro, como la cuantía de la pérdida. A su turno, si el asegurador puede excluir o reducir su responsabilidad, tendrá la carga de la prueba de los hechos o circunstancias constitutivos de limitación o exoneración de responsabilidad en el pago del seguro” (Sent. Cas. Civ., dic. 12/2006, Exp. 11001-31-03-035-1998-00853-01 ).

Fueron, pues, evidentes y trascendentes los yerros fácticos del tribunal, pues de haber valorado todas las pruebas en conjunto, habría concluido que las pretensiones no podían salir avante, por ausencia de demostración de la naturaleza, extensión y quantum del perjuicio que la demandante alegó.

Esa circunstancia, desde luego, impone el quiebre de la decisión de segundo grado.

3. En ese escenario y puesta la Corte en sede de instancia para dictar la sentencia de reemplazo, es del caso recordar que en su memorial de apelación, la parte demandante alega que si bien es cierto el a quo indicó en la parte resolutiva de su sentencia BBVA Seguros Ganadero Compañía de Seguros S.A. no desvirtuó los hechos de la demanda y por ende desestimó las excepciones, finalmente también negó las pretensiones, “basándose en que la parte actora no acreditó el valor de la pérdida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1077 del Código de Comercio”, pues entendió que los documentos visibles a folios “58. (sic) 237 a 253” eran escritos “emanados de terceras personas sin autenticar, careciendo de valor probatorio”.

A juicio de la apelante, en los seguros de rotura de maquinaria es la aseguradora quien debe determinar la cuantía de la pérdida, “pues para ello, como costumbre mercantil, efectúa la inspección del siniestro y designa los ajustadores, que son las personas expertas y quienes determinan si hubo o no siniestro, y establecen si existió este, el valor que debe reconocer y pagar la aseguradora al beneficiario de la póliza”.

Agregó que la aseguradora objetó la reclamación de manera infundada, basándose en el informe técnico del centro de investigación en propiedades mecánicas y estructura de materiales de la facultad de ingeniería, departamento de ingeniería mecánica, de la Universidad de los Andes, el cual es “eminentemente conceptual”, pues “quedó probado que no hubo contacto directo con los equipos siniestrados, por parte de quienes elaboraron dicho informe”.

En la sustentación de la alzada, también dijo la demandada que dentro de los documentos que el juzgado no valoró —los cuales pudieron hacerse reconocer por su autor de manera oficiosa y en todo caso se presumen auténticos porque no fueron tachados de falsedad—, se encuentran unas cotizaciones “que reflejan los valores aproximados en que incurriría en la reparación de cada uno de los equipos afectados...”, y luego manifiesta que al limitar las pretensiones a una cifra concreta buscaba “de forma sumaria, establecer una aproximación a los valores o costos en que se incurriría para la reparación del daño desamparado objeto de la litis...”, de modo que acudió a la jurisdicción para que “se declarara responsable a la demandada para que cumpliera con la póliza de seguro, cuyo único fin, es esclarecer los valores o costos en los cuales se incurriría en la reparación de los daños”, recalcando luego que “la cuantía de las pretensiones de la demanda era un valor aproximado” y afirmando que las cotizaciones que allegó son prueba “una vez más” de que “efectivamente la cuantía de la pretensión eran valores en los cuales se incurriría en la reparación de los daños, valores que no se tenían en la fecha de presentación de la demanda ni el término probatorio y que hasta ahora se están determinando”.

3.1. De cara a esos reproches, debe comenzar la Corte por advertir que los alegatos del apelante en el curso de la segunda instancia, confirman la idea de que el daño que dijo padecer la empresa demandante no fue cabalmente precisado, en tanto que las cotizaciones allegadas servirían para probar cuál sería el costo eventual de las reparaciones de los reóstatos, sin que haya un parámetro objetivo, concreto y definitivo que permita determinar ese valor.

A más de lo anterior, cabe memorar que los aspectos relativos a la extensión del daño y su cuantificación, fueron objeto de reflexión al desatar la demanda de casación, para hacer ver que la demandante no atendió la carga de demostrar los perjuicios concretos que pudo padecer, de modo que no se hace necesario volver sobre dicho aspecto.

3.2. En cuanto refiere al argumento expuesto en la alzada, según el cual es a la aseguradora a quien correspondía demostrar la extensión material del daño y su estimación económica, por ser quien de acuerdo con la costumbre mercantil “efectúa la inspección del siniestro y designa los ajustadores, que son las personas expertas y quienes determinan si hubo o no siniestro, y establecen si existió este, el valor que debe reconocer y pagar la aseguradora al beneficiario de la póliza”, hay que decir que, en primera medida, la costumbre mercantil que invoca el apelante no aparece probada en el expediente y, en todo caso, el hecho de que la aseguradora designe el ajustador o haga inspecciones para verificar la ocurrencia del siniestro, no exime al asegurado de demostrar los supuestos previstos en el artículo 1077 del Código de Comercio.

A la postre, la norma en mención no tiene excepciones cuando se trata del seguro de daños y, además, debe decirse que las labores de ajuste y verificación que realizan el ajustador y la aseguradora, son actividades que en manera alguna sustituyen o modifican la carga demostrativa que pende sobre el asegurado, quien es el llamado a saber hasta dónde llega el perjuicio y cuál es su quantum. Recuérdese que “sobre el asegurado... gravita el onus probandi de la ocurrencia del siniestro, la existencia y cuantía de la lesión, correspondiendo al asegurador probar ‘los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad’ (C.C., art. 1757; CPC, art. 177 y C. Co., art. 1077)... En lo atañedero a la demostración del siniestro, el daño y la cuantía de la pérdida, al tenor de los artículos 1077 y 1080 del Código de Comercio, el asegurado puede acreditar en forma judicial o extrajudicial su derecho, siendo admisible todo medio probatorio lícito e idóneo, conducente, eficaz y con aptitud para suministrar certeza a propósito, en cuanto, el legislador no establece restricción alguna y a tono con los cambios sensibles del tráfico jurídico de las últimas décadas, incluso admite la relevancia jurídica del dato electrónico no solo respecto del comercio y la contratación sino en materia probatoria (L. 527/99; L. 270/1996 arts. 95 y s.s.)...” (Sent. Cas. Civ., ago. 27/2008, Exp. 11001-3103-022-1997-14171-01), a lo cual se añadió recientemente que “el monto de la prestación depende del quantum efectivo del perjuicio patrimonial sufrido, el que como es lógico deducir corresponde acreditar al tomador, salvo cuando se trate de valor admitido...” (Sent. Cas. Civ. dic. 18/2009, Exp. 05001-3103-010-1998-00529-01).

En lo que tiene que ver con el ajustador, también llamado liquidador, cabe precisar que la actividad que cumple este experto es averiguar y dar cuenta, entre otras cosas, de la naturaleza, la causa, los efectos o la cuantía del siniestro, esto es, que se trata de un profesional independiente a quien se contrata para que determine cómo se produjo el daño y, en algunos casos, cuál es el alcance real de la pérdida. Aunque por regla general su vínculo contractual se celebra con la aseguradora, sus servicios pueden ser contratados por el asegurado o tomador, por el beneficiario, o entre ellos conjuntamente, todo para facilitar la cabal y adecuada ejecución del contrato de seguro.

Sin embargo, la actividad de tal interviniente en el seguro no suple la carga probatoria del asegurado, a menos, claro está, que se le encomiende por el propio asegurado, o por este y la aseguradora, la tarea de recolectar las pruebas del daño y precisar la cuantía de la pérdida. En este evento, esto es, cuando así se conviene expresamente, los elementos que aporta el ajustador, servirían al propósito de cumplir las exigencias del artículo 1077 del Código de Comercio.

No obstante, ese no es el caso de ahora, pues el ajustador que aquí intervino, no tuvo esa precisa función; ni siquiera hay vestigios de que haya emprendido la investigación de las causas del daño, o de los perjuicios que la ruptura de la maquinaria pudo generar, de donde se sigue que la carga de demostrar el siniestro y la cuantía de la pérdida, estaba reservada de manera exclusiva a la demandante.

4. En el anterior orden de ideas, como los planteamientos esgrimidos en la apelación no estaban llamados a ser acogidos, se confirmará la sentencia de primer grado, aunque por las razones aquí plasmadas, pues no se verificaron los hechos sobre los cuales descansaban las pretensiones.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.

En su lugar, se confirma la sentencia de primer grado.

Costas de ambas instancias a cargo de la demandante.

Sin costas en el recurso de casación.

En su oportunidad, vuelva el proceso al despacho de origen.

Notifíquese y cúmplase».