Sentencia 2003-00217 de agosto 29 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

Expediente 33824

Rad.: 17001233100020030021701

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: Óscar de Jesús Echandía Sánchez y otros.

Demandados: Nación-Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación.

Naturaleza: Reparación directa.

Bogotá, veintinueve de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción

7. Por ser las demandadas entidades estatales, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, de acuerdo con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.

8. La Sala es competente para resolver el presente caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los tribunales administrativos, y en segunda instancia en el Consejo de Estado, sin que sea relevante lo relacionado con la cuantía(3).

9. La acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo es la procedente en este caso, por cuanto las súplicas de la demanda van encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación por las acciones y omisiones en que incurrieron dichas entidades y que, según la parte actora, están representadas en la privación injusta de la libertad, error judicial y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en perjuicio del señor Óscar Echandía Sánchez.

10. Interesa recordar que, de acuerdo con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, la Sala debe limitarse a analizar los aspectos de la sentencia de primera instancia que el impugnante cuestiona en el recurso de apelación(4) o aquellos que son “consecuenciales, accesorios o derivados del aspecto de la sentencia que fue recurrido”(5). Sobre este punto, la corporación ha reiterado que el juez de segundo grado no puede determinar libremente lo desfavorable al recurrente ni enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso(6).

11. En cuanto a la legitimación en la causa, están demostrados los lazos de parentesco entre el señor Óscar de Jesús Echandía Sánchez y los demás demandantes en el presente caso —párr. 16.14—. Se aclara que la señora Lastenia Sánchez de Echandía no se tendrá como parte en el proceso, pues, si bien aparece como demandante en el escrito introductorio, no le otorgó poder al representante judicial de los demás actores. En cuanto a la señora Clara Cecilia Martínez Rodríguez y a su hija Clara Alejandra Gabriela Cecilia Echandía Martínez, la Sala se atiene a lo dispuesto por el a quo en el auto que aceptó el desistimiento de la agencia oficiosa por parte de Echandía Sánchez (fls. 158-159, cdno. 1).

12. En lo relacionado con la legitimación en la causa por pasiva, la Sala constata que el daño que se invoca en la demanda proviene de actuaciones y decisiones que corresponden a la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, de manera que la Nación, representada por tales entidades, se tiene como legitimada como parte demandada en el presente asunto.

13. Finalmente, en lo atinente a la caducidad de la acción, la Sala comprueba que en el presente caso no opera tal fenómeno, dado que la decisión que le puso fin al proceso seguido contra Óscar Echandía fue proferida el 26 de diciembre de 2001 y la demanda se interpuso el 6 de marzo de 2003, es decir, dentro del término legal de dos años que fija para tal efecto el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

II. Problema jurídico

14. La Sala debe establecer si la entidad demandada es responsable administrativa y patrimonialmente por haber incurrido en un error judicial al no aplicar la disposición legal que le otorgaba el beneficio de la exclusión de punibilidad al señor Óscar de Jesús Echandía Sánchez, debido a su cooperación con la justicia penal para el esclarecimiento de hechos punibles. Además deberá determinar si, como lo alega la parte actora, el señor Echandía fue privado injustamente de la libertad.

III. Validez de los medios de prueba

15. Dado que la parte demandante aportó documentación en copia simple tendiente a demostrar los hechos que sirven de sustento a sus pretensiones, es necesario precisar si éstos pueden ser valorados.

15.1. En repetidas oportunidades, el Consejo de Estado ha señalado que las copias de documentos públicos y privados solo pueden ser aducidas o apreciadas como prueba dentro de un proceso judicial si reúnen las exigencias del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, a saber: (i) que hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial previa orden del juez donde se encuentre el original o la copia autenticada; (ii) que sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente; o (iii) que sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de una inspección judicial. De forma que para que puedan ser considerados como elementos de prueba válidos para acreditar o hacer constar los supuestos de hecho que resultan de interés para el proceso, los documentos públicos y privados deben allegarse en original o copia auténtica.

15.2. No obstante, esta corporación también ha considerado que, en ciertas circunstancias, las exigencias legales para la valoración de las copias simples pueden flexibilizarse con el propósito de proteger los principios de lealtad procesal, equidad y buena fe(7). Esta situación ocurre cuando la parte contra la cual se aducen las copias conserva el original de los documentos y, por lo tanto, está en capacidad de efectuar un cotejo y de tacharlas de falsedad si ello fuera procedente. Así, en la sentencia 27 de octubre de 2011, se indicó:

Además, con fundamento en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil es posible, sin contrariar lo dispuesto en los artículos 244 y 268 ibídem, conferir valor probatorio a las copias simples, cuando la parte contra la cual se aducen conserva el original de las que señala fueron reproducidas y puede, por lo tanto, efectuar su cotejo y tacharlas de falsedad cuando no estén conformes, sin necesidad de que se practique la inspección judicial de que trata la norma.

En efecto, el artículo 255 citado prevé: “La parte contra quien se aduzca copia de un documento, podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de éste con una copia auténtica expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante inspección judicial, dentro de la oportunidad para practicar pruebas”.

Es cierto que la norma establece un trámite judicial para conferir autenticidad a las copias simples y es el cotejo con el original que se practique en una inspección judicial, a solicitud de la parte contra quien se aduce la prueba, el cual tiene como finalidad conferir certeza al documento que servirá como prueba, para así garantizar el derecho de defensa de quien no lo ha aportado.

Sin embargo, resultaría superfluo que la misma parte que tiene bajo su guarda los documentos originales, de los cuales la parte contraria afirma haber obtenido las copias que aporta, solicite inspección judicial para que se practique el cotejo, cuando esa misma parte puede practicar la confrontación sin intervención judicial y, en caso de encontrar disconformidad, proponer la tacha de falsedad de que tratan los artículos 289 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

La práctica del cotejo previsto en el artículo 255 citado debe quedar reservada para aquellos eventos en los cuales el documento original o la copia autenticada se encuentren en poder de un tercero y, por lo tanto, sin posibilidad de acceso por la parte en contra de la cual se aduce la prueba, para que sea la autoridad judicial la que disponga la exhibición del documento para asegurar su confrontación, con el fin de asegurar su derecho de defensa(8).

15.3. Otra razón para morigerar los requisitos para la valoración de los documentos traídos en copia simple la supone el hecho de que la parte demandada haya utilizado los documentos que tiene bajo su guarda para fundamentar su defensa, pues se presume que, con tal actuación, acepta la validez de los medios de prueba. Al respecto se ha indicado:

Más evidente aún resulta la carencia de necesidad de que autentiquen las copias simples en contra de quien tiene a su disposición los originales o copias auténticas anteriores, o de que éstas se cotejen en diligencia de inspección judicial, en aquellos eventos en los que quien tiene éstos bajo su guarda y en contra de quien se aducen las copias simples, en vez de tachar estas de falsedad, se remite a las mismas para fundamentar su defensa. Con ese comportamiento procesal ha de entenderse que la parte contra quien se aducen las copias ha verificado su autenticidad y las acepta como pruebas válidas dentro del proceso(9).

15.4. De conformidad con lo anterior, debe señalarse que el auto de 5 de febrero de 1997 proferido por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación (fls. 20-39, cdno. 1), el auto de 18 de febrero de 1998 y la orden de libertad 107185 de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional (fls. 40-42, cdno. 1), el fallo de 28 de septiembre de 1999 del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales (fls. 43-68, cdno. 1), la sentencia de 14 de septiembre de 2000 del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Manizales (fls. 69-93, cdno. 1) y el fallo de tutela T-031 de 2001 de la Corte Constitucional (fls. 94-99, cdno. 1), traídos en copia simple por la parte actora, serán valorados porque corresponden a documentos expedidos por las entidades demandadas —Fiscalía y Rama Judicial— frente a los cuales no hicieron ninguna tacha de falsedad, pudiendo efectuar su cotejo según el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil, pues se presume que los originales deben reposar en sus archivos. Se constata, además, que la parte demandada no solo no cuestionó la veracidad del informe, sino que, teniéndolo bajo su guarda, lo utilizó para sustentar su defensa, como se evidencia en la contestación de la demanda (fls. 198-203, 222-239, cdno. 1) y en los alegatos conclusivos de segunda instancia (fls. 337-350, cdno. 2).

IV. Hechos probados

16. De acuerdo con las pruebas incorporadas al expediente, están acreditados en el proceso los siguientes hechos relevantes:

16.1. El 7 de junio de 1989, el Noticiero Nacional, presentado por el periodista Daniel Coronell, divulgó las imágenes contenidas en un video casete suministrado por el mayor retirado Óscar Echandía Sánchez, en las que se registraba el entrenamiento de civiles que estaban llevando a cabo los grupos de autodefensa con el apoyo de mercenarios israelíes (copia de la sentencia del Juzgado Penal Especializado del Circuito de Manizales —fls. 43-68, en especial 57, cdno. 1—).

16.2. El 13 de febrero de 1990, Echandía Sánchez se presentó ante el DAS para rendir testimonio sobre los crímenes cometidos por grupos de autodefensa y narcotraficantes en el Magdalena Medio a finales de la década de 1980, entre los cuales se contaban masacres, homicidios selectivos, secuestros, despojos de tierras y desplazamientos forzados. Así mismo, relató las actividades de entrenamiento militar de civiles llevadas a cabo por el israelí Yair Klein a instancias de algunos grupos paramilitares, en las cuales el mismo oficial había participado “dictando unos cursos” de utilización de explosivos (copia de la sentencia del Juzgado Penal Especializado del Circuito de Manizales —fls. 43-68, en especial 52, cdno. 1—).

16.3. El 5 de febrero de 1997, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación resolvió la situación jurídica de Óscar Echandía Sánchez y lo vinculó en calidad de cómplice a la investigación adelantada por el homicidio, por parte de grupos paramilitares, de los miembros de una comisión judicial que investigaba la desaparición de unos comerciantes en la región del Magdalena Medio, ocurrido en el corregimiento de “La Rochela” del municipio de Simacota, Santander(10). Según la fiscalía, Echandía Sánchez, siendo alcalde militar de Puerto Boyacá, Boyacá, conoció a Henry Pérez, un ganadero de la zona que pronto se convertiría en un reconocido jefe paramilitar. Con el tiempo afianzaron sus relaciones, al punto que el hermano de Echandía fue nombrado secretario de la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio, una cuadrilla de autodefensas que regentaba Pérez. Cuando el señor Echandía ingresó al ejército y luego fue ascendido al rango de mayor, colaboró activamente con los grupos paramilitares de la región, tuvo conocimiento de los crímenes cometidos por dichos grupos, entre ellos el de “diecinueve comerciantes”, e incluso participó en las actividades de entrenamiento ilícito de civiles en estrategias de combate, realizadas por mercenarios israelíes. En cuanto a los hechos investigados, quedó probado que el mayor Echandía Sánchez había sido encargado por los paramilitares de avisarles sobre el rumbo que tomaría la comisión judicial, para que estos pudieran actuar a tiempo para interceptarla y perpetrar la masacre. En consecuencia, al mayor Echandía le fue impuesta una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva (copia del auto de 5 de febrero de 1997 proferido por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía —fls. 20-39, cdno. 1—).

16.4. El 12 de septiembre de 1997, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación calificó el mérito de la instrucción con resolución de acusación contra Óscar Echandía Sánchez por los delitos de homicidio agravado con fines terroristas y tentativa de homicidio agravado con fines terroristas, a título de cómplice (copia parcial(11) del auto de 18 de febrero de 1998 proferido por la fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional —fls. 40-41, cdno. 1—).

16.5. El 18 de febrero de 1998, la fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional revocó la decisión del 12 de septiembre de 1997 que calificó el mérito del sumario con resolución de acusación y, en su lugar, precluyó la investigación a favor de Óscar Echandía Sánchez. Además, revocó la medida de aseguramiento y ordenó su libertad inmediata. Finalmente, dispuso que se investigara al señor Echandía Sánchez por el delito de promover, financiar, organizar, dirigir o fomentar a grupos armados al margen de la ley, prescrito en el artículo 1º del Decreto 1194 de 1989(12) (copia parcial del auto de 18 de febrero de 1998 proferido por la fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional —fls. 40-41, cdno. 1—).

16.6. El 19 de febrero de 1998, la fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional dictó la orden de libertad 107185 a favor del señor Óscar Echandía Sánchez, y lo puso a disposición de la secretaría adjunta de la Unidad de Terrorismo de la dirección regional de fiscalías (copia de la orden de libertad de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional —fl. 42, cdno. 1—).

16.7. El 20 de febrero de 1998, Echandía Sánchez rindió indagatoria ante el Juzgado Penal Especializado del Circuito de Manizales. El 2 de marzo de 1998, el juzgado resolvió su situación jurídica como presunto autor del delito de “instrucción y entrenamiento en tácticas técnicas o procedimientos militares o terroristas”, proscrito en el artículo 15 del Decreto 180 de 1988(13) y elevado a legislación permanente en el artículo 4º del Decreto 2266 de 1991(14), y se dispuso su detención preventiva. El 6 de mayo de 1998, se calificó el mérito del sumario con resolución de acusación en su contra (copia de la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales —fl. 81, cdno. 1—).

16.8. El 28 de septiembre de 1999, el Juzgado Penal Especializado del Circuito de Manizales dictó sentencia en la que declaró al señor Óscar Echandía Sánchez responsable penalmente por el delito de “instrucción y entrenamiento en tácticas técnicas o procedimientos militares o terroristas” y lo condenó a una pena principal de 8 años, 10 meses y 20 días de prisión y multa de 16,6 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del fallo, y a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso. El juzgado concluyó que, de acuerdo con la confesión de Echandía Sánchez, él mismo había impartido unos “cursos” de entrenamiento de grupos de autodefensa en tácticas militares y utilización de explosivos, en asocio con mercenarios israelíes, paramilitares del Magdalena Medio y el cartel de Medellín. Por otra parte, negó la solicitud de la defensa de que se aplicara a favor del procesado el beneficio de la exclusión de punibilidad fijado en el artículo 6º del Decreto 2490 de 1988, pues, según el juzgado, aunque Echandía Sánchez había colaborado con la justicia en el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación, la aplicación del citado beneficio estaba sujeta a un trámite que debía surtir el Fiscal General de la Nación y que, en el presente caso, no se había agotado (copia de la sentencia del Juzgado Penal Especializado del Circuito de Manizales —fls. 43-68, en especial 62, cdno. 1—).

16.9. Contra la anterior providencia, la defensa de Echandía Sánchez interpuso recurso de apelación en el que, si bien se mostró conforme con la declaración de responsabilidad y la sanción impuesta, reiteró su solicitud de que se aplicara a favor del condenado el beneficio de la exclusión de punibilidad fijado en el artículo 6º del Decreto 2490 de 1988, en vista de que había colaborado con la justicia (copia del fallo dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales —fls. 69-93, en especial 82, cdno. 1—).

16.10. El 14 de septiembre de 2000, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala de Decisión Penal, dictó sentencia en la que confirmó en su integridad el fallo del 28 de septiembre de 1999. Sobre la responsabilidad penal del condenado, se limitó a destacar la existencia de medios de prueba contundentes —incluida su propia confesión— para comprobar su participación en el delito endilgado. En lo relacionado con la solicitud del beneficio legal por colaboración con la justicia, el tribunal declaró que no era procedente, pues en el momento en que se presentó tal colaboración y se hizo el requerimiento —1989 y 1990—, el solicitante no tenía la calidad de autor o partícipe en un proceso penal, ni estaba vinculado como imputado a una investigación, como lo exigía la norma. Agregó que para la fecha en que el señor Echandía fue involucrado en una investigación penal —el 20 de febrero de 1998, con la diligencia de indagatoria—, los beneficios por colaboración eficaz estaban previstos en el artículo 44 de la Ley 81 de 1993, que introdujo el artículo 369A en el Decreto 2700 de 1991, de manera que el condenado debía sujetarse a dicha normatividad para efectos de obtener el beneficio legal reclamado (copia del fallo dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales —f. 69-93, en especial 90-92, cdno. 1—).

16.11. El 27 de septiembre de 2001, la Corte Constitucional resolvió la acción de tutela incoada por Óscar Echandía Sánchez contra la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Penal Especializado del Circuito de Manizales y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Penal(15). La Corte decidió a favor del accionante y encontró que resulta constitucionalmente inadmisible condicionar el beneficio de eximente de punibilidad para el autor o partícipe de un hecho delictivo que colabore eficazmente con la justicia, a que la colaboración se brinde en el marco del proceso penal en el cual se le juzga. Además advirtió que la norma en comento —el artículo 6º del Decreto 2490 de 1988— debe interpretarse en el sentido de permitir que tanto las personas sometidas a un proceso penal como aquellas por fuera de él sean beneficiarias de la exención de punibilidad, pues de lo contrario se estaría dando un trato diferencial o preferencial injustificado. En ese sentido, agregó que “resulta contrario a la buena fe que se premie a quien ha burlado a la autoridad y que únicamente cuando ve comprometida su libertad decide colaborar, y que se sancione a quien, gozando de su libertad, decide comparecer ante la justicia”. En conclusión, manifestó que los jueces de primera y segunda instancia que condenaron al señor Óscar Echandía y dejaron de aplicar el beneficio legal al que tenía derecho, hicieron una interpretación de la norma citada que resulta violatoria de la Constitución Política (copia de la Sentencia T-1031 de 2001 de la Corte Constitucional —fls. 94-99, cdno. 1—).

16.12. El 26 de diciembre de 2001, el Juzgado Penal Especializado del Circuito de Manizales dictó sentencia en la que declaró al señor Óscar Echandía Sánchez responsable penalmente por el delito de “instrucción y entrenamiento en tácticas técnicas o procedimientos militares o terroristas” y, en atención a lo dispuesto por la Corte Constitucional, aplicó la eximente de punibilidad establecida en el artículo 6º del Decreto 2490 de 1988, con lo cual quedó extinta la acción penal (copia auténtica de la sentencia del Juzgado Penal Especializado del Circuito de Manizales —fls. 100-129, en especial 125-126, cdno. 1—).

16.13. Óscar Echandía Sánchez estuvo recluido en la penitenciaría “La Picota” desde el 29 de enero de 1997 hasta el 9 de octubre del mismo año, fecha en la que fue trasladado al centro de reclusión del batallón de policía militar 13 del Ejército Nacional, donde estuvo detenido hasta el 15 de junio de 2001 (certificado del director del centro de reclusión militar 13 del Ejército Nacional —fl. 134, cdno. 1—).

16.14. Óscar de Jesús Echandía Sánchez es padre de Luisa Fernanda Echandía Martínez y Óscar Darío Echandía Martínez (copias auténticas de los registros civiles de nacimiento —fls. 10-11, cdno. 1—) y hermano de Gabriela, Doris del Carmen y Vilma Echandía Sánchez(16) (copias auténticas de los registros civiles de nacimiento —fls. 12-14, cdno. 1—).

V. Análisis de la Sala

17. La Ley 270 de 1996 desarrolla la responsabilidad del Estado por error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad.

17.1. En cuanto al error jurisdiccional, el artículo 65 de dicho estatuto indica que es aquel cometido por una autoridad investida de facultades jurisdiccionales, en su carácter de tal, durante el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.

17.2. Además, el artículo 66 establece como presupuestos del error jurisdiccional que el afectado haya interpuesto los recursos legales en los eventos previstos en el artículo 70 de la misma ley (excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una sentencia judicial), y que la providencia contentiva del error se encuentre en firme.

18. Por su parte, esta corporación ha desarrollado amplios criterios jurisprudenciales sobre el contenido y alcance del error jurisdiccional.

18.1. El error judicial debe estar contenido en una providencia judicial que de manera normal o anormal le ponga fin al proceso, pero dicha providencia no debe ser analizada de manera aislada, sino en relación con los demás actos procesales(17). En dicho error pueden incurrir otros agentes del Estado que, sin pertenecer a la Rama Judicial, cumplan la función de administrar justicia(18).

18.2. Puede incurrirse en error judicial en providencias por medio de las cuales se interpreta, se declara o se hace efectivo un derecho subjetivo(19). El error puede ser de hecho o derecho, por interpretación errónea, falta de aplicación de la norma o indebida aplicación de la misma. Además, deben entenderse incluidas en la definición de error jurisdiccional las providencias contrarias a la Constitución(20).

18.3. El concepto de error judicial puede estar vinculado a alguna de las llamadas por la Corte Constitucional “causales de procedibilidad”, esto es, a un defecto sustantivo, orgánico o procedimental, un defecto fáctico, un error inducido, un fallo sin motivación, un desconocimiento del precedente o una violación directa de la Constitución(21).

19. En el presente caso, la parte actora considera que las entidades demandadas incurrieron en un error judicial, dado que, en el proceso penal adelantado contra el señor Óscar Echandía Sánchez por el delito de “instrucción y entrenamiento en tácticas técnicas o procedimientos militares o terroristas”, dejaron de aplicar a su favor el artículo 6º del Decreto 2490 de 1988, que fijaba el beneficio del eximente de pena para el que colaborara con la justicia en el esclarecimiento de hechos punibles y, por el contrario, lo mantuvieron detenido, a pesar de que aquel había cooperado activamente con las autoridades judiciales.

20. Con el fin de establecer si este alegato es procedente, es preciso examinar las decisiones adoptadas en el proceso penal seguido contra Óscar Echandía Sánchez y, en particular, los argumentos que llevaron a los funcionarios judiciales a negar el beneficio de eximente de la pena previsto en el artículo 6 del Decreto 2490 de 1988, que señala:

ART. 6º—El artículo 37 del Decreto legislativo 180 de 1988, quedará así: ART. 37.—Eximente de punibilidad. Quien después de haber intervenido como autor o partícipe en la comisión de los delitos de competencia de la jurisdicción de orden público, colabore eficazmente con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos y la determinación de la responsabilidad penal de quienes hubieren intervenido a cualquier título en su ejecución, será eximido de pena al momento de dictar sentencia.

Comprobada la colaboración, el imputado tendrá derecho a libertad provisional inmediata, sin necesidad de suscribir diligencia de compromiso o de otorgar caución.

20.1. En el fallo de primera instancia, el Juzgado Penal Especializado del Circuito de Manizales encontró que, a pesar de que efectivamente Echandía Sánchez había colaborado con la justicia, el beneficio de la exclusión de pena estaba regido por disposiciones legales distintas, y sometido a un trámite especial ante el Fiscal General de la Nación o su delegado (fl. 62, cdno. 1):

Durante el último trámite de la etapa del proceso y desde el momento en que se presentó ante el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el señor Echandía y su apoderado han venido solicitando que se le dé aplicación al artículo 6º del Decreto 2490 de 1988 que hace referencia al eximente de responsabilidad por colaboración eficaz, pero debemos manifestar que este trámite debe estar ceñido a la ley de procedimiento, en este caso al artículo 44 de la Ley 81 de 1993, y específicamente al artículo 369A del Código Adjetivo Penal, el cual señala que corresponde al Fiscal General de la Nación o al que este designe con previo concepto del Procurador General de la Nación o su delegado, acordar beneficios con quienes estén siendo investigados, juzgados o condenados, en virtud de la colaboración que presten a las autoridades de cualquier orden para la eficacia de la administración de justicia, sujetándose el acuerdo a la aprobación de la autoridad judicial competente.

Una vez levantada el acta por colaboración eficaz, el funcionario judicial competente le dará aplicación inmediata a esta, de conformidad con la ley, pero es bueno acotar sobre este aspecto que, una vez estudiado el proceso en su integridad, este fallador encontró que las investigaciones sobre los grupos de autodefensas del Magdalena Medio que eran adiestrados por mercenarios extranjeros, nació del videocasete que el procesado envió al Noticiero Nacional y fue mostrado al aire el 7 de junio de 1989, y que, según las declaraciones del señor Alberto Romero Otero, del general retirado Alfredo Maza Márquez y de Carlos Cañizales Ovalle, son contestes (sic) en afirmar que el procesado dio variada información valiosísima en algunas investigaciones que salieron positivas, como es el caso de la muerte del periodista Jorge Enrique Pulido, la captura de Guillermo Oswaldo Santana Galviz y Octavio Pineda Galviz, a los que se les encontró diez misiles tierra aire con los cuales iban a realizar algunos atentados en el país, el decomiso de las armas provenientes de la Isla de la Antigua perteneciente a las Antillas Menores, y dio una versión libre y voluntaria ante el DAS en el mes de febrero de 1990 en la cual informó sobre la existencia de grupos terroristas entrenados por mercenarios israelíes y sobre un curso de explosivos que él coordinó en el municipio de Puerto Boyacá.

20.2. A su vez, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala de Decisión Penal, en la sentencia de segunda instancia, concluyó que el beneficio de exclusión de punibilidad previsto en la norma antes anotada no le era aplicable al señor Echandía Sánchez por cuanto, al momento de solicitarla, este no tenía la calidad de imputado ni estaba vinculado como autor o partícipe del delito, como lo exigía la disposición legal. Por ende, declaró que la exoneración de la aplicación de la pena debía sujetarse a la normatividad entonces vigente (fls. 90-92, cdno. 1):

Debe, finalmente, la Sala ocuparse de la eximente de punibilidad consagrada en el artículo 6º del Decreto Legislativo 2490 de 1988, reformatorio del 37 del 180 del mismo año, deprecada por Echandía Sánchez y su defensor en los alegatos pre-sentencia, denegada en el fallo de primera instancia, aunque no en la parte resolutiva, y fundamento de la alzada interpuesta por el imputado contra la sentencia. (...).

Debe anotarse, en primer término, que según la redacción de la norma en el Decreto legislativo, dictado en uso de las facultades otorgadas en el canon 121 de la Carta anterior, el colaborador, en los términos de la norma, debía ser autor o partícipe del evento y estar vinculado como imputado a la averiguación penal por el mismo.

Debe advertirse que el precepto transcrito no fue incorporado como legislación permanente por el Decreto 2266 de 1991, según revela la lectura de este, y si bien aquella previsión legal existía para la época en que el procesado mayor Echandía Sánchez ejecutó la actividad delictiva que se le enrostra, 1989, y colaboró con la administración de justicia(22), febrero de 1990, por tales calendas no se adelantaba al imputado Echandía Sánchez, como lo requería la norma, proceso por la conducta que ahora responde, pues el diligenciamiento por estos hechos, su vinculación a este proceso, tuvo lugar el día 20 de febrero de 1998, cuando rindió indagatoria, dispuesta en enero de tal año, y así, de la norma mencionada, inexistente hoy, no puede pregonarse su aplicación ultractiva, pues en la época de vigor de la norma no se dieron los supuestos de hecho para su aplicación. Y como para el tiempo en que Echandía Sánchez fue vinculado a este proceso, otras normas, como la Ley 81 de 1993, artículo 44, que involucró en el Código de Procedimiento Penal la regla 369A, determinan los beneficios por colaboración eficaz(23) en los procesos penales, a ellas habrá de estarse, las que implican un trámite del fiscal general o su delegado, previo concepto del señor procurador general o su delegado, sujeto “a la aprobación de la autoridad judicial competente”, procedimiento que, es bueno anotarlo, ya está en curso.

En el orden de ideas precedente, no procediendo la aplicación de la norma invocada por el recurrente, por este extremo igualmente, habrá de ratificarse la sentencia objeto de censura.

20.3. Finalmente, en la sentencia de tutela que declaró la nulidad del fallo de primera instancia, la Corte Constitucional consideró que debía interpretarse la norma en cuestión en el sentido de conceder el beneficio legal tanto a aquellos sometidos a un proceso penal como a los que aún no habían sido vinculados formalmente al mismo, pues, de lo contrario, se estaría dando un trato diferenciado sin justificación alguna. Dada la importancia de la decisión para este asunto, se transcribe in extenso, en dos partes: la primera resume la doctrina relativa a la vía de hecho y advierte sobre “el capricho y la arbitrariedad interpretativa de los jueces” (fls. 97-98, cdno. 1):

En la evolución jurisprudencial sobre la vía de hecho y el caso de la interpretación judicial, se observa que la Corte, de manera paulatina, ha construido una jurisprudencia que responde a los criterios antes señalados. De una postura inicial que rechazaba la posibilidad de la vía de hecho por interpretaciones judiciales, la Corte llegó a la conclusión provisional de que la tutela procede cuando la aplicación de la norma legal se basa en una “interpretación ostensible y abiertamente contraria a la norma jurídica aplicable”(24). Con posterioridad, en Sentencia T-382 de 2001, la Corte asumió una postura más amplia:

“Ahora bien, aun cuando la tutela no es un mecanismo para controvertir las interpretaciones que los jueces hagan del ordenamiento jurídico, sustituyéndolas por otras que el juez de tutela considere mejores o más adecuadas, en ciertos eventos, es procedente la tutela cuando la interpretación de la ley por el juez ordinario contraviene los principios y valores constitucionales, derechos fundamentales o es contraevidente o irracional(25). (...).

En efecto, la competencia del juez de tutela para controvertir la interpretación hecha por un juez ordinario está limitada por la autonomía e independencia que este tiene en el ejercicio de su función (C.P., art. 228). Sin embargo, estos dos principios constitucionales, propios de la administración de justicia, están condicionados, al igual que todo el conjunto de las acciones del Estado, por el principio de razonabilidad. Una interpretación legal que de manera manifiesta vaya en contra del ordenamiento jurídico, en detrimento de los derechos fundamentales de las personas no constituye un ejercicio de la autonomía, sino, una decisión ultra o extra vires, es decir, desviación de su juridicidad” (negrillas fuera del texto).

6. Esta evolución de la jurisprudencia implica que la Corte ha decantado los conceptos de capricho y arbitrariedad judicial. No sólo se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que esta corporación ha señalado que toda actuación estatal, máxime cuando existen amplias facultades discrecionales (a lo que de alguna manera se puede asimilar la libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable está condicionado, en primera medida, por el respeto a la Constitución.

7. La postura de la Corte Suprema de Justicia resulta correcta, en tanto parte de la idea de que constituyen vía de hecho las actuaciones arbitrarias y caprichosas de los funcionarios judiciales. Así mismo, resulta insuficiente, en la medida en que entiende estas conductas de manera restrictiva, de suerte que excluye el capricho y la arbitrariedad interpretativa de los jueces, en los términos señalados.

20.4. La segunda parte señala que la norma en cuestión no impone la obligación de que la colaboración con la justicia se preste dentro de un proceso penal, y concluye, en definitiva, que la interpretación de dicha regla hecha por los jueces de instancia, que se tradujo en la negativa a reconocer el beneficio de la eximente de punibilidad, resulta contraria a la Constitución (fl. 98-99, cdno. 1):

Interpretación del artículo 6º del Decreto 2490 de 1988. Su corrección constitucional.

8. Como se ha precisado anteriormente, el punto central del debate está vinculado con la interpretación del artículo 6º del Decreto 2490 de 1988 (...).

En concepto del tribunal demandado y del a quo, de esta disposición se desprende claramente que la colaboración eficaz, a fin de que tenga por efecto eximir de punibilidad, ha de producirse durante la investigación penal contra el colaborador. Ello se desprende del hecho de que el beneficio se brinde en la sentencia y del derecho a la libertad condicional inmediata del imputado. De ahí que si la colaboración se brindó antes de iniciarse el proceso penal en contra del colaborador, éste no tenga derecho alguno al beneficio.

9. La norma en cuestión no impone la obligación de que la colaboración se preste dentro de un proceso penal. De allí que deba analizarse si resulta razonable que se restrinja el beneficio a quienes cumplen una condición que no resulta claramente impuesta por la norma. Para comenzar, es necesario establecer si es posible otra interpretación.

La norma condiciona el beneficio a que la persona haya sido autora o partícipe en la comisión de un delito (supuesto A) y que colabore, luego de la intervención, eficazmente con la justicia (supuesto B). El beneficio (P) se otorgará en la sentencia. Los supuestos A y B no requieren de la existencia de un proceso penal en curso. Basta el hecho fáctico de la participación (A) y la conducta premiada (B). Lo único que requiere la existencia de un proceso penal es (P), pues, por disposición normativa, se otorga en una sentencia. Es decir, únicamente es inherente al otorgamiento efectivo del beneficio (P) la existencia de un proceso. Así las cosas, podría entenderse que basta la realización de (A) y (B) para que, en caso de que se inicie un proceso penal, sea acreedor del beneficio (P). Lo regulado en el inciso, por su parte, supone la regulación de la situación de quien ha realizado (B) durante el proceso y esté privado de la libertad.

Existiendo la posibilidad de una segunda interpretación, ¿cómo ha de seleccionarse aquella compatible con la Constitución?

10. De conformidad con el principio de ponderación, las decisiones restrictivas de los derechos de los asociados han de responder a razones objetivas. Este principio rige igualmente en materia de interpretación judicial. La interpretación que apoya el tribunal demandado y el a quo es más restrictiva que la interpretación que ha propuesto esta corporación. La restricción se deriva del hecho de que la primera interpretación sanciona, con la exclusión del beneficio, a quienes (a) denuncian el hecho criminis, siendo partícipes de ella o, (b) colaboran, sin ser denunciantes, antes de ser vinculados.

La Corte no encuentra razón distinta a lo expuesto en el fundamento 8, que explique porqué deba brindarse un tratamiento distinto a quienes colaboran dentro del proceso penal y quienes lo hacen antes de ser vinculados a este. Los argumentos en cuestión, —imposibilidad de explicar que el beneficio se otorgue en la sentencia y libertad condicional inmediata que supone una persona vinculada a un proceso—, como quedó expuesto, no tienen relación alguna de necesidad con el supuesto de hecho. En efecto, la conducta (B) puede hacerse con independencia de la existencia de un proceso penal. Es decir, se brinda una aplicación diferente de la ley, frente a un supuesto de hecho (B) que no justifica dicho tratamiento, en clara violación del artículo 13 de la Carta.

Por otra parte, resulta extraño al ordenamiento que se premie a quienes han sido vinculados por el Estado con la comisión de delitos y, luego de establecerse al menos de manera precaria, dicho vínculo decidan colaborar, se sancione a quienes deciden colaborar aún sin que el Estado tenga conocimiento alguno sobre los responsables o sospechosos de los actos criminales o, en el peor de los casos, tenga conocimiento de la ocurrencia del hecho. Claramente el propósito de la norma era estimular la cooperación con las autoridades en el esclarecimiento de hechos punibles. En este orden de ideas, resulta contrario a la buena fe que se premie a quien ha burlado a la autoridad y que únicamente cuando ve comprometida su libertad decide colaborar y que se sancione a quien, gozando de su libertad, decide comparecer ante la justicia. El mensaje que se deriva de esta interpretación es el respaldo institucional al oportunismo: mientras no lo vinculen, no ayude; si lo vinculan, ayude para no perjudicarse. De ello se desprende el debilitamiento, por no decir que hace fútil, el deber de “colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia” (C.P., art. 95-7).

Resulta abiertamente desproporcionado que se premie con la libertad a quien colaboró para recuperarla y que se castigue con la pérdida del mismo, a quien nunca la había perdido. El principio pro libertate obliga a seleccionar la interpretación más favorable para la protección de la libertad.

En suma, la interpretación que acogen los funcionarios judiciales mencionados (la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no se pronunció al respecto), si bien puede aparecer acorde con las pautas interpretativas del orden legal, no resulta razonable frente a la Constitución. Por lo tanto, no podía ser acogida por el tribunal demandado.

21. De acuerdo con lo anterior, la Sala procede a determinar si con la adopción de tales decisiones las entidades demandadas incurrieron en un error judicial al haber reconocido al señor Óscar Echandía Sánchez el beneficio legal ya mencionado.

22. En primer lugar, se debe recordar el marco normativo que reguló el beneficio legal por colaboración eficaz con la justicia en la época en que sucedieron los hechos objeto de demanda.

22.1. El Decreto 180 de 1988, dictado en el marco del estado de sitio declarado por el Decreto 1038 de 1984, y que establecía medidas para tratar con rigor los delitos de terrorismo, secuestro, homicidio con fines terroristas o en funcionarios públicos, concierto para delinquir con fines terroristas y otras conductas conexas, consagró en su artículo 38 una “gratificación por información eficaz” que permitiera la captura de quien hubiera intervenido en alguno de estos ilícitos(26).

22.2. El Decreto 2490 de 1988, cuya falta de aplicación constituye, de acuerdo con la parte actora, un error judicial, modificó en su artículo 6º el canon 37 del Decreto 180 de 1988, creando un eximente de punibilidad para quien, después de haber intervenido como autor o partícipe en delitos de competencia de la jurisdicción de orden público, “colabore eficazmente” en el esclarecimiento de hechos punibles. La exención de pena se declararía en la sentencia, pero, antes de esta, comprobada la colaboración, el imputado tendría derecho a libertad.

22.3. El Decreto 2047 de 1990, por el cual se crearon mecanismos para incentivar el sometimiento a la justicia de quienes hubieran cometido delitos relacionados con la perturbación del orden público, establece beneficios como rebaja de la pena o condena de ejecución condicional. En el artículo 9º se señaló que tales beneficios son incompatibles con los consagrados para estas mismas conductas en las normas penales, pero el beneficiario podría escoger entre cualquiera de ellos(27).

22.4. El Decreto 3030 de 1990, que lo complementó, consideró que la confesión es diferente a la colaboración eficaz, pues la última se refiere a los aportes que se hicieran para desarticular grupos delincuenciales, entregar sus bienes y capturar a sus dirigentes(28).

22.5. Por último, la Ley 81 de 1993 creó en el artículo 44 el canon 369A del Decreto 2700 de 1991, que habilitó al Fiscal General de la Nación, previo concepto del procurador general, para acordar con las personas investigadas, juzgadas o condenadas la concesión de beneficios legales por la colaboración que presten a las autoridades judiciales:

ART. 44.—El Código de Procedimiento Penal tendrá un artículo con el número 369-A, del siguiente tenor:

“ART. 369A.—Beneficio por colaboración eficaz. El Fiscal General de la Nación o el fiscal que este designe, previo concepto del Procurador General de la Nación o su delegado, podrá acordar uno o varios de los beneficios consagrados en este artículo con las personas que sean investigadas, juzgadas o condenadas, en virtud de la colaboración que presten a las autoridades de cualquier orden para la eficacia de la administración de justicia, sujetándose el acuerdo a la aprobación de la autoridad judicial competente.

El acuerdo de los beneficios podrá proponerse según evaluación de la fiscalía acerca del grado de eficacia o importancia de la colaboración, conforme a los siguientes criterios:

a) Contribución a las autoridades para la desarticulación o mengua de organizaciones delictivas o la captura de uno o varios de sus miembros;

b) Contribución al éxito de la investigación en cuanto a la determinación de autores o partícipes de delitos;

c) Colaboración en la efectiva prevención de delitos o a la disminución de las consecuencias de delitos ya cometidos o en curso:

d) Delación de copartícipes, acompañada de pruebas eficaces de su responsabilidad;

e) Presentación voluntaria ante las autoridades judiciales o confesión libre no desvirtuada por otras pruebas;

f) Abandono voluntario de una organización criminal por parte de uno o varios de sus integrantes;

g) La identificación de fuentes de financiación de organizaciones delictivas e incautación de bienes destinados a su financiación.

h) La entrega de bienes e instrumentos con que se haya cometido el delito o que provengan de su ejecución.

Podrán acordarse, acumulativamente y en razón del grado de colaboración, una disminución de una sexta (1/6) hasta las dos terceras (2/3) partes de la pena que corresponda al imputado en la sentencia condenatoria; exclusión o concesión de causales específicas de agravación o atenuación punitiva respectivamente; libertad provisional; condena de ejecución condicional; libertad condicional en los términos previstos en el Código Penal; sustitución de la pena privativa de la libertad por trabajo social; beneficio de aumento de rebaja de pena por trabajo, estudio o enseñanza; detención domiciliaria durante el proceso o la ejecución de la condena, en delitos cuya pena mínima legal para el delito más grave, no exceda de ocho (8) años de prisión; e incorporación al programa de protección de víctimas y testigos.

En ningún caso los beneficios podrán implicar la exclusión total del cumplimiento de la pena, ni estarán condicionados a la confesión del colaborador.

PAR.—Para los efectos del literal (c) del presente artículo, se entiende que se disminuyen las consecuencias de un delito cuando se indemniza voluntariamente a las víctimas o a la comunidad; se entregan a las autoridades elementos idóneos para cometer delitos, o bienes o efectos provenientes de su ejecución; se logra disminuir el número de perjudicados o la magnitud de los perjuicios que habrían de ocasionar delitos programados o en curso, mediante el oportuno aviso a las autoridades, o se impide por este medio la consumación de los mismos; se facilita la identificación de miembros de organizaciones delincuenciales o se propicia su aprehensión; se suministran pruebas sobre bienes que son producto de la criminalidad organizada o sirven para su financiamiento; o se colabora efectivamente con las autoridades en el rescate de personas secuestradas”.

22.6. Importa precisar que el artículo 6º del Decreto 2490 de 1988, cuya falta de aplicación constituye la fuente del daño que se alega, estuvo vigente desde el 30 de noviembre de 1988, cuando la norma se publicó en el diario oficial, hasta el 2 de noviembre de 1993, fecha de la entrada en vigencia de la Ley 81 de 1993, que la derogó tácitamente.

22.7. Sobre la derogatoria tácita, la Corte Constitucional ha expresado que esta opera cuando, sin haberse dicho expresamente que se deroga una determinada regla, surge una incompatibilidad entre la norma nueva y la anterior, y suele estar plasmada en una declaración genérica en la que se ordena la supresión de las disposiciones anteriores que resulten contrarias a aquella expedida con posterioridad. Al respecto, precisó(29):

La derogación tácita obedece a un cambio de legislación, a la existencia de una incompatibilidad entre la ley anterior y la nueva ley, lo cual hace indispensable la interpretación de ambas leyes para establecer la vigente en la materia o si la derogación es parcial o total. Tiene como efecto limitar en el tiempo la vigencia de una norma, es decir, suspender su aplicación y capacidad regulatoria, aunque en todo caso el precepto sigue amparado por una presunción de validez respecto de las situaciones ocurridas durante su vigencia(30).

Cuando se deroga tácitamente una disposición no se está frente a una omisión del legislador sino que al crear una nueva norma ha decidido que la anterior deje de aplicarse siempre que no pueda conciliarse con la recientemente aprobada. Así lo ha sostenido la Corte al indicar que “la derogación no siempre puede ser expresa, pues ello implicaría confrontar cada nueva ley con el resto del ordenamiento. Es decir, se le exigiría al Congreso una dispendiosa labor que no tiene razón de ser, pues la tarea legislativa se concentra en asuntos específicos definidos por el propio Congreso, con el objeto de brindar a los destinatarios de las leyes seguridad jurídica y un adecuado marco para la interpretación y aplicación de las mismas (v. gr. Sent. C-025/93)”(31). Además, para que sea posible la derogación debe darse por otra de igual o superior jerarquía(32).

Entonces, la derogación tácita es aquella que surge de la incompatibilidad entre la nueva ley y las disposiciones de la antigua, que suele originarse en una declaración genérica en la cual se dispone la supresión de todas las normas que resulten contrarias a la expedida con ulterioridad(33).

22.8. En este caso, el artículo 6º del Decreto 2490 de 1988, al resultar contrario a la norma posterior, es decir, al artículo 44 de la Ley 81 de 1993 que regula lo relativo a los beneficios legales por la colaboración con la justicia, queda derogado tácitamente. Esta regla se desprende de la declaración genérica prevista en el artículo 63 de la misma ley:

ART. 63.—Vigencia. La presente ley rige a partir de su sanción, deroga y subroga todas las disposiciones que le sean contrarias, tanto del Código de Procedimiento Penal, como de las disposiciones adoptadas como legislación permanente conforme a lo establecido en el artículo 8º transitorio de la Constitución Política.

22.9. No obstante la derogatoria tácita, como se explicará más adelante —párr. 28.2—, debe dársele aplicación al principio de favorabilidad en materia penal, por lo que la norma aplicable al asunto del señor Óscar Echandía Sánchez resulta ser el artículo 6º del Decreto 2490 de 1988.

23. En segundo lugar, una vez determinado el marco legal entonces vigente, es necesario determinar si el señor Óscar Echandía Sánchez le prestó colaboración a la justicia en el esclarecimiento de hechos ilícitos y, de ser así, si dicha cooperación fue eficaz, de manera que le generó el derecho a ser beneficiado con la exención de la sanción al momento de proferirse la sentencia.

23.1. Está demostrado que el señor Echandía Sánchez le entregó al Noticiero Nacional un video casete en el que constaba el entrenamiento ilícito de civiles que en la década de 1980 estaban realizando los grupos paramilitares con apoyo de mercenarios extranjeros —párr. 16.1—. Así mismo, se acreditó que el militar retirado se presentó ante el DAS para declarar sobre la creación de grupos de autodefensa en el Magdalena Medio, los crímenes cometidos por estos grupos y las personas que los integraban —párr. 16.2—.

23.2. El artículo 6º del Decreto 2490 de 1988 indica que la colaboración eficaz con la justicia se refiere al esclarecimiento de hechos punibles y la determinación de la responsabilidad penal de los intervinientes en el delito. Sin embargo, la norma en comento no precisa en qué consiste exactamente la eficacia de la cooperación.

23.3. Para subsanar este vacío, cabe acudir al artículo 44 de la Ley 81 de 1993, que establece como parámetros definitorios de la eficacia: la contribución con las autoridades para la desarticulación o la mengua de organizaciones delictivas o la captura de uno o varios de sus miembros; la contribución al éxito de la investigación en cuanto a la determinación de autores o partícipes de los punibles; la colaboración en la efectiva prevención de delitos o a la disminución de las consecuencias de delitos ya cometidos o en curso; la delación de copartícipes, acompañada de pruebas eficaces de su responsabilidad; la presentación voluntaria ante las autoridades judiciales o la confesión libre no desvirtuada por otras pruebas; el abandono voluntario de una organización criminal por parte de uno o varios de sus integrantes; la identificación de las fuentes de financiación de las organizaciones delictivas y la incautación de bienes destinados a su financiación; y la entrega de bienes e instrumentos con que se haya cometido el delito o que provengan de su ejecución.

23.4. La Sala comprueba que la información suministrada por Echandía Sánchez permitió identificar a distintas personas relacionadas con los “cursos” de entrenamiento ilícito de civiles por parte de los grupos de autodefensa: a Yair Klein y Teddy Melnick, oficiales retirados del ejército israelí, quienes organizaron la instrucción; a Henry de Jesús Pérez, el jefe paramilitar que dio la orden; a Antonio Meneses, alias “Ariel Otero”, que contactó al militar retirado para que se involucrara en esa actividad; al paramilitar Alonso Baquero Agudelo, alias “Vladimir”, que participó en la instrucción y ejecutó, con otras personas, la llamada “Masacre de La Rochela”; a Alejandro Echandía Sánchez, hermano del demandante y colaborador de grupos de autodefensa; y a algunos de los paramilitares que realizaron el “curso” como alias “Trampas”, alias “Salchichón”, alias “Fercho” y alias “Abraham”.

23.5. Además, se constata que el militar retirado no solo hizo pública ante los medios de comunicación la información con la que contaba, sino que se presentó de manera voluntaria ante los organismos de seguridad y confesó libremente ante las autoridades judiciales los hechos punibles en los que había tomado parte, con lo cual renunció voluntariamente al derecho fundamental de no autoincriminación, previsto en el artículo 33 de la Constitución Política(34) y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia e incorporados al orden interno(35).

23.6. Sobre esta garantía fundamental, la Corte Constitucional ha dicho que se orienta a proteger a las personas frente a la actividad punitiva o sancionatoria del Estado, que debe ser aplicada en asuntos criminales, correccionales, policivos y disciplinarios, y que consiste en el derecho a guardar silencio, es decir, a no declarar contra sí mismo, su cónyuge o compañero permanente y sus parientes más allegados(36). Además ha expresado que es una garantía que hace parte integral del derecho de defensa y, en esa medida, del debido proceso:

El derecho de defensa, núcleo esencial del debido proceso, se encuentra conformado por el derecho a ser oído, con el pleno de sus garantías constitucionales, y el derecho a guardar silencio, es decir, su derecho a callar, así como a dar su propia versión sobre los hechos en ejercicio pleno de su derecho de defensa. Ello se traduce a su vez, en la garantía que tiene toda persona a no autoincriminarse, ni a incriminar a su cónyuge o sus parientes más cercanos. El derecho fundamental a no autoincriminarse en el curso de un proceso criminal, correccional o de policía, constituye como lo ha señalado la jurisprudencia, “una forma de defensa y por tanto un verdadero derecho de carácter fundamental que hace parte del debido proceso”(37).

23.7. En particular, la Corte ha aclarado que la garantía de no declarar contra sí mismo o contra los parientes más cercanos no se ve lesionada cuando el ciudadano cumple, como lo hizo el señor Óscar Echandía en este caso, con el deber de colaborar con la justicia en el esclarecimiento de hechos punibles, que establece el artículo 95.7 de la Carta Política(38):

Lo que pretende el artículo 33 de la Carta Política, que además aparece desarrollado como garantía procesal del indagado en el artículo 358 del Código de Procedimiento Penal, es proscribir toda actuación de las autoridades que pretenda la confesión involuntaria de quien es parte en un proceso. Ello, por supuesto, no afecta ni se contrapone a la obligación constitucional que tienen los ciudadanos de colaborar con la administración de justicia (C.P., art. 295-7), ni al deber constitucional que tiene el funcionario judicial de comunicar al imputado, por todos los medios legales posibles, la existencia de una investigación penal en su contra (C.P., arts. 28 y 29)(39).

23.8. Así las cosas, al identificar a las personas que participaron en los hechos ilícitos objeto de investigación penal, al presentar ante la opinión pública el conocimiento que tenía de dichos delitos y al sacrificar de forma voluntaria al derecho constitucional de no autoincriminación, es claro que su colaboración con la justicia, en los términos del artículo 44 de la Ley 81 de 1993, fue eficaz.

23.9. Por lo anterior, resulta claro que el señor Echandía Sánchez, al haber brindado información valiosa a la justicia para el esclarecimiento de hechos punibles y la atribución de responsabilidades por los delitos de los que tenía conocimiento, cooperó eficazmente con la justicia.

24. En tercer lugar, es preciso esclarecer el momento en que Óscar Echandía Sánchez solicitó la aplicación del beneficio del eximente de la sanción al cual tenía derecho por haber colaborado eficazmente con la justicia, con el fin de identificar la norma aplicable a su situación.

25. De acuerdo con el Juzgado Penal Especializado del Circuito de Manizales, el señor Echandía solicitó dicho beneficio “durante el último trámite de la etapa del proceso y desde el momento en que se presentó ante el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)” (fl. 62, cdno. 1). Y según el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, la solicitud la hizo “en los alegatos pre-sentencia” (fl. 90, cdno. 1).

26. Se tiene, entonces, que el requerimiento se hizo el 13 de febrero de 1990, cuando el militar se presentó ante el DAS para informar sobre el entrenamiento ilícito de civiles por parte de grupos paramilitares y mercenarios israelíes, y reconocer su participación en esos hechos (fl. 52, cdno. 1), y se reiteró en los meses anteriores a septiembre de 1999, durante la etapa de alegatos finales (fls. 45-46, 81-82, cdno. 1), antes de que el juzgado a quo dictara el fallo en su contra.

27. Así las cosas, la primera solicitud, de febrero de 1990, debía ser resuelta en virtud de lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 2490 de 1988, que fijaba el beneficio legal de la exención de punibilidad para el que colaborara con la justicia en el esclarecimiento de hechos punibles.

27.1. Al respecto, la Sala advierte que, si bien esta disposición exigía que el solicitante tuviera la calidad de imputado y que hubiera sido autor o partícipe del delito por el cual se le investiga, la interpretación que de esta norma hizo la Corte Constitucional en la Sentencia T-1031 de 2001 permite que se aplique el beneficio allí previsto a quienes, aún sin haber sido vinculados a un proceso judicial, hubieran cooperado eficazmente con la administración de justicia.

27.2. Por esa razón, no cabe duda de que el señor Echandía Sánchez, al haber aportado información valiosa a la justicia para el conocimiento de las actividades ilícitas de entrenamiento militar de civiles por parte de grupos paramilitares y mercenarios, tenía, en principio, derecho a que se le otorgara el beneficio legal y, en consecuencia, se le exonerara de la sanción penal al momento de dictarse la sentencia y se le concediera la libertad provisional de manera inmediata.

27.3. No obstante, la aplicación real del criterio hermenéutico trazado por la Corte Constitucional resultaba imposible para el momento en que el señor Echandía Sánchez solicitó que se le otorgara el beneficio, pues en esa época —feb./90— aún no había sido vinculado a proceso penal alguno. Solo hasta el 5 de febrero de 1997 se le involucró en la indagación por la “Masacre de La Rochela” y el 20 de febrero de 1998 se le vinculó mediante indagatoria a la investigación relacionada con el delito de instrucción y entrenamiento ilícito de civiles.

27.4. Es decir, a pesar de tener el derecho a recibir el beneficio, ante la ausencia de una investigación en contra suya, no podía exigirse de la fiscalía que actuara conforme al Decreto 2490 de 1988 y le otorgara la libertad provisional, dado que, en la práctica, no había sido detenido. Menos aún podía reclamarse de la Rama Judicial que lo exonerara de la sanción penal al momento del fallo, pues nunca se le llevó a juicio.

27.5. De hecho, se ignora ante qué autoridad hizo el señor Echandía Sánchez la solicitud de que se le aplicara el beneficio legal previsto en el artículo 6º del Decreto 2490 de 1988, pues las concesiones favorables dispuestas en esa norma están en cabeza de la fiscalía —otorgar la libertad provisional— y de la Rama Judicial —eximirlo de la sanción penal al momento de la sentencia—, y si no se había iniciado un proceso penal en su contra, no era posible reclamar de dichas entidades la aplicación del beneficio. En caso de haberse solicitado ante el DAS, es claro que esta no era la entidad competente para proceder en ese sentido.

28. Ahora bien, los jueces de instancia consideraron que, en cuanto a la solicitud de aplicación del beneficio legal en los alegatos previos a la sentencia de primer grado —en sep./99—, la regla que debía aplicarse a su situación era el artículo 44 de la Ley 81 de 1993, que adicionó el artículo 369A al Código de Procedimiento Penal, por ser la norma vigente regulatoria del beneficio legal por la cooperación eficaz con la justicia —párrs. 22.5 a 22.8—. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales agregó que el trámite previsto en esa norma ya estaba “en curso”, al dictarse el fallo de segunda instancia (fl. 92, cdno. 1).

28.1. Esta regla, se reitera, habilitaba al Fiscal General de la Nación o a su delegado, con el aval de la procuraduría, para acordar beneficios con quienes estuvieran siendo investigados, juzgados o condenados y le prestaran colaboración a las autoridades de cualquier orden para lograr la eficacia de la administración de justicia, sujetándose el acuerdo a la aprobación de la autoridad judicial competente.

28.2. Sin embargo, la Sala se aparta de esta conclusión al evidenciar que en este punto se desconoció el principio de favorabilidad de la ley penal consagrado en el tercer inciso del artículo 29 de la Carta Política, en los principales tratados internacionales de derechos humanos(40) y en el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal entonces vigente(41). Este principio expresa que la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se debe aplicar de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:

La favorabilidad ha sido consagrada como un principio rector del derecho punitivo, forma parte integral del debido proceso penal y se contempla como derecho fundamental de aplicación inmediata, tal como lo prevé el artículo 85 de la Carta.

Dicho principio constituye una excepción a la regla general según la cual las leyes rigen hacia el futuro, el contexto propio para su aplicación es la sucesión de leyes, y no puede desconocerse bajo ninguna circunstancia:

“Frente a la sucesión de leyes en el tiempo, el principio favor libertatis, que en materia penal está llamado a tener más incidencia, obliga a optar por la alternativa normativa más favorable a la libertad del imputado o inculpado. La importancia de este derecho se pone de presente a la luz del artículo 4º de la Ley 137 de 1994, que lo comprendió entre los derechos intangibles, esto es, inafectables durante los estados de excepción”(42).

La importancia de este instituto radica en que el legislador en ejercicio de su potestad de configurar los mecanismos para el ejercicio del ius puniendi, en desarrollo de la política criminal que considere más apropiada y acorde con las conveniencias políticas y sociales del momento, bien puede establecer un régimen penal más o menos restrictivo que el anterior. En ese contexto de tránsito normativo, las personas sometidas a proceso penal tienen la prerrogativa de acogerse a las disposiciones que resulten menos gravosas frente a la restricción de derechos fundamentales que de suyo comporta el ejercicio de la potestad punitiva estatal(43).

28.3. En este caso, es claro que aunque la disposición que regulaba el beneficio legal por colaboración eficaz con la justicia, atendiendo solo al factor temporal, era el artículo 44 de la Ley 81 de 1993, la norma más favorable al procesado estaba prevista en el artículo 6º del Decreto 2490 de 1988, de manera que esta era la ley aplicable a la situación del señor Óscar Echandía Sánchez.

28.4. Esta norma, como ya se expresó, establecía que los vinculados a un proceso penal en calidad de autores o partícipes del delito, si colaboraban con la justicia en el esclarecimiento de hechos punibles y la determinación de la responsabilidad penal de los intervinientes en la ejecución del mismo, serían merecedores de un beneficio consistente en la exención de la pena al momento de dictarse sentencia; una vez comprobada la colaboración, la persona tenía el derecho a gozar de la libertad inmediata.

28.5. En este asunto, si bien la colaboración con la justicia que prestó el procesado data de junio de 1989 y la solicitud de que se reconociera el beneficio legal de la exención de punibilidad se hizo, por primera vez, en febrero de 1990, la eficacia de la cooperación tan solo se comprobó en la sentencia de primera instancia, que señaló (fl. 62, cdno. 1):

Una vez estudiado el proceso en su integridad, este fallador encontró que las investigaciones sobre los grupos de autodefensas del Magdalena Medio que eran adiestrados por mercenarios extranjeros, nació del videocasete que el procesado envió al Noticiero Nacional y fue mostrado al aire el 7 de junio de 1989, y que, según las declaraciones del señor Alberto Romero Otero, del general retirado Alfredo Maza Márquez y de Carlos Cañizales Ovalle, son contestes (sic) en afirmar que el procesado dio variada información valiosísima en algunas investigaciones que salieron positivas, como es el caso de la muerte del periodista Jorge Enrique Pulido, la captura de Guillermo Oswaldo Santana Galviz y Octavio Pineda Galviz, a los que se les encontró diez misiles tierra aire con los cuales iban a realizar algunos atentados en el país, el decomiso de las armas provenientes de la Isla de la Antigua perteneciente a las Antillas Menores, y dio una versión libre y voluntaria ante el DAS en el mes de febrero de 1990 en la cual informó sobre la existencia de grupos terroristas entrenados por mercenarios israelíes y sobre un curso de explosivos que él coordinó en el municipio de Puerto Boyacá (destaca la Sala).

28.6. En atención al artículo 6º del Decreto 2490 de 1988, solo a partir de la comprobación de la eficacia de la colaboración es posible aplicar el beneficio de la exención de la pena, lo que en este caso ocurrió el 28 de septiembre de 1999 —párr. 16.8—, cuando se dictó el fallo de primera instancia. Al momento de dictar sentencia, el juzgado debió aplicar la norma antes citada en el sentido de otorgar la libertad inmediata al señor Echandía Sánchez, luego de haber comprobado que la información que este suministró resultó valiosa para la administración de justicia. Al no hacerlo así, convirtió la restricción de la libertad que venía soportando el procesado en una privación injusta de la libertad. Sin embargo, resulta oportuno precisar que la detención que sufrió el señor Echandía durante los meses anteriores a la sentencia, era una carga que debía soportar mientras se resolvía lo relacionado con la eficacia de la cooperación con la justicia, de manera que la Sala se abstendrá de condenar por la detención que soportó durante ese lapso.

29. Así las cosas, al no reconocer el derecho a la libertad a Echandía Sánchez, los jueces de instancia tornaron injusta la detención que el hoy demandante venía soportando. En cuanto a la disposición aplicable en esta materia, el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 señalaba:

ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

29.1. Esta subsección ha determinado el contenido y alcance de dicha disposición, en los siguientes términos:

En este orden de ideas, se señala que de manera unánime, la Sala ha adoptado el criterio conforme al cual quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente, con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta.

En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que, de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y, por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquel(44).

29.2. Con fundamento en esta norma, la responsabilidad estatal debe ser declarada en todos los casos en que se dicte una sentencia penal absolutoria o su equivalente, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de un hecho punible, si bien existen otros supuestos de privación injusta de la libertad, como ocurre con la aplicación del principio in dubio pro reo o, como sucede en este caso, con el no reconocimiento de un beneficio legal.

29.3. Es preciso advertir que la sentencia definitiva, es decir, la que aplicó a favor de Echandía Sánchez el beneficio de la exclusión de la pena, a pesar de condenarlo, fue dictada el 26 de diciembre de 2001 por parte del Juzgado Penal Especializado del Circuito de Manizales. Para esa fecha, ya había entrado en vigencia la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, cuyo artículo 68 prevé que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar del Estado la reparación de perjuicios”. No obstante, esta circunstancia no impide abordar la responsabilidad de la entidad demandada con fundamento en el criterio expuesto. Al examinar el proyecto de dicha ley estatutaria, la Corte Constitucional condicionó la declaratoria de exequibilidad del que sería luego el artículo 68, en estos términos:

Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención. (...) Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible(45).

29.4. Al respecto, la Sala ha considerado que si bien el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos haya sido “abiertamente arbitraria”, esta disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estos no tengan el deber jurídico de soportarlos(46), como sucede en el caso de haberse negado el beneficio legal por cooperación eficaz con la justicia, a pesar de tener derecho al mismo.

29.5. En el presente caso, la Sala encuentra injusta la privación de la libertad a la que fue sometido el señor Óscar Echandía entre el 28 de septiembre de 1999, cuando se dictó la sentencia de primera instancia y no se reconoció el beneficio legal de la exención de la pena, y el 15 de junio de 2001, cuando se le dejó finalmente en libertad. Así las cosas, la entidad demandada deberá asumir su responsabilidad administrativa y patrimonial por este hecho.

30. Finalmente, la parte actora en este proceso también alegó que las entidades demandadas incurrieron en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia al no reconocer a favor del señor Echandía Sánchez el beneficio legal de la exoneración de punibilidad al que tenía derecho de acuerdo con el artículo 6º del Decreto 2490 de 1988.

30.1. Al respecto, cabe resaltar que el artículo 69 de la Ley 270 de 1996 estableció esta modalidad de responsabilidad del Estado como residual, con fundamento en la cual deben ser decididos los supuestos de daño antijurídico sufridos como consecuencia de la función jurisdiccional, que no constituyen error jurisdiccional o privación injusta de la libertad, por no provenir de una decisión judicial.

30.2. Con base en dicha disposición, esta corporación ha admitido la responsabilidad del Estado por las fallas en la administración de justicia derivadas del retardo en adoptar decisiones o del desconocimiento del plazo razonable para tomar una decisión. Además, ha aclarado que con el fin de establecer si un caso concreto hubo o no retardo, debe tenerse en cuenta si ese retardo estuvo o no justificado, conclusión a la cual se llegará luego de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo del despacho que conoce y los estándares de funcionamiento del mismo, entre otros factores(47).

30.3. En este caso, no se evidencia que la investigación adelantada por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía o el juzgamiento que hicieron el Juzgado Penal Especializado del Circuito de Manizales y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta misma ciudad, en contra de Óscar Echandía Sánchez, se hayan surtido con desconocimiento del plazo razonable para adoptar decisiones, o hayan incurrido en retardo injustificado, de manera que provocaran un funcionamiento deficiente o anormal de la administración de justicia.

VI. Liquidación de perjuicios

31. Para fijar el valor correspondiente a la compensación del perjuicio moral, la Sala advierte que la condena se proferirá en el equivalente a salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv)(48).

31.1. El juez administrativo tiene la potestad de determinar el monto a reconocer cuando se trata de perjuicios morales. Esta discrecionalidad está regida por: (i) la regla de que la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, dado que “la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia”, mas no como restitución o reparación; (ii) el principio de equidad establecido en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iii) la obligación de estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso respecto del daño y su intensidad; y (iv) el deber de estar fundada, cuando sea el caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad(49).

31.2. Si bien en el plenario no obran pruebas concretas que acrediten directamente la existencia del daño moral derivado de la vinculación al proceso penal y la privación injusta de la libertad, sí se puede inferir, con base en las reglas de la experiencia reconocidas por esta subsección(50), que el dolor moral fue experimentado por la víctima. La Sala ha dicho que el individuo sometido a prisión padece un sufrimiento “por haber sido la persona que estuvo injustamente privada de la libertad, con todas las incomodidades y sufrimientos que la restricción al mencionado derecho fundamental conlleva, sin que sea necesario aportar pruebas adicionales para acreditarlo, pues así lo enseñan las reglas de la experiencia”(51).

16.1. En relación con la cuantificación del perjuicio moral, en reciente decisión de la Sala Plena de esta sección se unificaron los criterios para la tasación del mismo en casos de privación injusta de la libertad, con base en los siguientes parámetros: (i) el tiempo durante el cual se extendió la privación de la libertad; (ii) las condiciones en las cuales se hizo efectiva la privación de la libertad, esto es, si se trató de reclusión en centro carcelario o de detención domiciliaria; (iii) la gravedad de la conducta por la cual fue investigado y/o acusado el sindicado; (iv) la posición y prestigio social de quien fue privado de la libertad(52).

16.2. En la misma providencia, la Sala consideró que, sin perjuicio de las circunstancias especiales de cada caso, los siguientes lineamientos permiten orientar la discrecionalidad del juez para la tasación de tales perjuicios: (i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 smlmv; (ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 smlmv; (iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 smlmv; (iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 smlmv; (v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smlmv; (vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smlmv; y (vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 smlmv, todo ello para la víctima directa y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados(53).

31.3. En atención a la reciente sentencia de la Sala Plena, teniendo en cuenta que Óscar Echandía estuvo privado de la libertad durante 20 meses y 17 días —párr. 29.5—, el valor de la condena por ese concepto asciende a 100 smlmv.

31.4. Para la compensación del perjuicio moral causado a los familiares del señor Echandía Sánchez, se comprueba, en primer lugar, que este es padre de Luisa Fernanda Echandía Martínez y Óscar Darío Echandía Martínez, y hermano de Gabriela, Doris del Carmen y Vilma Echandía Sánchez —párr.. 16.14—.

31.5. Esta Sala ha dicho que el parentesco constituye indicio suficiente de la existencia, entre miembros de la misma familia, de una relación de afecto profunda y, por lo tanto, del sufrimiento intenso que experimentan unos con el padecimiento de otros(54). En esa medida, y en atención al criterio ya esbozado, se reconocerá el valor equivalente a 100 smlmv a favor de sus hijos y el de 50 smlmv a favor de sus hermanos.

32. Para la reparación de los perjuicios materiales en la modalidad del lucro cesante, la Sala tomará el salario mínimo legal mensual vigente al momento de esta sentencia, que corresponde a $ 589.500, pues no obra prueba de los ingresos que percibía el señor Echandía Sánchez antes de ser privado de la libertad.

32.1. Esta cifra se incrementa en un 25% por concepto de prestaciones sociales, de donde resulta que el ingreso base de liquidación asciende a $ 736.875. El periodo a indemnizar corresponde al tiempo en que el señor Echandía estuvo privado injustamente de la libertad, esto es, 20,5 meses (entre el 28 de septiembre de 1999 y el 15 de junio de 2001).

32.2. Ahora bien, se considera procedente extender dicho período de tiempo por el término en que Echandía Sánchez debió quedar cesante una vez recuperó su libertad definitiva, el cual se estima en un período adicional de 35 semanas (8,75 meses), que corresponden al tiempo que, en promedio, tarda una persona en edad productiva para encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, como lo ha considerado esta Sala en anteriores oportunidades con fundamento en la información brindada por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)(55). Lo anterior debido a que no obra prueba en el expediente de que el demandante haya encontrado trabajo en un tiempo menor al señalado, luego de ser puesto en libertad. En esa medida, el período total a indemnizar será de 29,25 meses.

La fórmula se aplicará así:

S2003-00217formulaCE.jpg
 

S = $ 23.102.975

33. Por último, en cuanto al daño emergente, representado, según el actor, en los gastos de representación judicial, la Sala no lo encuentra causado, por lo que se abstendrá de condenar por ese concepto.

VII. Costas

34. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que se condenará en costas a la parte que haya actuado de forma temeraria. En el presente caso, a pesar de que los demandantes solicitaron que se condenara en costas a la entidad, la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de dicha parte dentro del proceso, por lo que no condenará frente a este punto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR el fallo de 30 de noviembre de 2006, dictado por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Decisión, y en su lugar dispone:

1. DECLARAR responsable administrativa y patrimonialmente a la Nación-Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de que fue víctima Óscar Echandía Sánchez.

2. CONDENAR a la Nación-Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de compensación de los daños morales: a favor de Oscar Echandía Sánchez, Luisa Fernanda Echandía Martínez y Óscar Darío Echandía Martínez, el valor equivalente a 100 smlmv, para cada uno; a favor de Gabriela Echandía Sánchez, Doris del Carmen Echandía Sánchez y Vilma Echandía Sánchez, el valor equivalente a 50 smlmv, para cada una.

3. CONDENAR a la Nación-Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de reparación del daño material en la modalidad de lucro cesante, a favor del señor Oscar Echandía Sánchez, el valor equivalente a $ 23.102.975.

4. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. Aplicar lo establecido en los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

6. Expedir por secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien ha actuado como apoderado judicial.

7. En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, auto de 9 de septiembre de 2008, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(4) El artículo 357 del Código de Procedimiento Civil señala al respecto: “el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella”.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 9 de febrero de 2012, Exp. 20104, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de junio de 2012, Exp. 21507, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(7) Al respecto, pueden consultarse las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: 16 de abril de 2007, Exp. AG-25000-23-25-000-2002-00025-02, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, y 10 de marzo de 2011, Exp. 15.666, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de octubre de 2011, Exp. 20.450, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(9) Ibídem.

(10) Cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 11 de mayo de 2007, declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por estos hechos, al encontrar probada la colaboración entre grupos paramilitares y la fuerza pública para perpetrar la masacre, y al evidenciar la falta de una investigación seria, imparcial y efectiva de este crimen. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de la masacre de La Rochela vs. Colombia, sentencia de 11 de mayo de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas), serie C Nº 163.

(11) Se aclara que de dicho auto solo se allegaron las últimas dos hojas, que registran la parte resolutiva del mismo (fls. 40-41, cdno. 1). Se desconoce la ratio decidendi de dicha decisión.

(12) Decreto 1194 de 1989. “ART. 1º—Mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional, quien promueva, financie, organice, dirija, fomente o ejecute actos tendientes a obtener la formación o ingreso de personas a grupos armados de los denominados comúnmente escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares, será sancionado por este solo hecho con pena de prisión de veinte (20) a treinta (30) años y multa de cien (100) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales”.

(13) Decreto Legislativo 180 de 1988. “ART. 15.—Instrucción y entrenamiento. El que sin autorización legal organice, instruya, entrene o equipe a personas en tácticas, técnicas o procedimientos militares o terroristas, o las contrate con fines terroristas, incurrirá en prisión de ocho (8) a catorce (14) años y multa de quince (15) a sesenta (60) salarios mínimos mensuales”.

(14) Decreto 2266 de 1991. “ART. 4º—Adóptanse como legislación permanente las siguientes disposiciones del Decreto Legislativo 180 de 1988. (...) ART. 15.—Instrucción y entrenamiento”. (...).

(15) Corte Constitucional, sentencia T-1031 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(16) Aunque no se cuenta con el registro civil de nacimiento de Óscar Echandía Sánchez para saber quiénes son sus padres, en el registro civil de matrimonio se señala que estos son Alejandro Echandía Ruiz y Lastenia Sánchez (fl. 8, cdno. 1), quienes aparecen, además, como padres de Gabriela Echandía Sánchez, Doris del Carmen Echandía y Vilma Echandía Sánchez en sus respectivos registros de nacimiento (fls. 12-14, cdno. 1).

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de diciembre de 2007, Exp. 15.128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra: “La Sala precisa que el error judicial siempre está contenido en una providencia judicial, por medio de la cual se pone fin, en forma normal o anormal al proceso, por esta razón el yerro sólo se configura cuando se han agotado los recursos previstos en la ley para impugnar la providencia judicial. Su configuración se logra mediante el análisis comparativo entre las fuentes del derecho que rigen la función de administrar justicia y la providencia judicial respecto de la cual se predica el error judicial, a cuyo efecto deberá considerarse también el conjunto de actos procesales que integran el correspondiente proceso. En efecto, no es dable tomar como hecho independiente o autónomo únicamente la providencia judicial, pues esta debe analizarse mediante el estudio de los otros actos procesales, demanda, contestación, pruebas, etc. Pues solo de esta manera es dable deducir la inconformidad de la providencia con el deber ser definido por el ordenamiento jurídico, en su aspecto sustancial y procedimental”.

(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de diciembre de 2007, Exp. 15.528, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(19) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de agosto de 2008, Exp. 16.594, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de agosto de 1997, Exp. 13.258, C.P. Ricardo Hoyos Duque. “El error judicial también incluye el error de hecho en el cual puede incurrir al no considerar un hecho debidamente probado o al no promover la realización de las pruebas conducentes para determinar el hecho que daría lugar a la aplicación del derecho. En efecto, lo que podríamos llamar la intuición jurídica, la intuición de lo que es justo y ajustado a derecho, nos señala en este caso que el error judicial procede no solamente por inadecuada aplicación del derecho, sino también porque se ha impuesto una decisión judicial que se ha basado en un hecho que posteriormente se ha demostrado que es falso, o porque posteriormente se ha logrado probar un hecho que da lugar a la absolución de responsabilidad de quien resultó afectado por una decisión judicial errada”. Ver también sentencia de 28 de enero de 1999, Exp. 14.399, C.P. Daniel Suárez Hernández.

(21) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de enero de 1999, Exp. 14.399, C.P. Daniel Suárez Hernández; sentencia de 2 de mayo de 2007, Exp. 15.576, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 5 de diciembre de 2007, Exp. 15.128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(22) (6) “Véase informe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), ratificado por las declaraciones juradas de la cúpula de entonces de tal ente, Alberto Romero Otero, Carlos Julio Cañizales y Miguel Alfredo Maza Márquez”.

(23) (7) “Que es innegable, en principio, en cabeza del acusado, pero cuya evaluación o ponderación, por ahora, escapa al resorte judicial”.

(24) (9) “Sentencia SU-692 de 1999”.

(25) (10) “Sobre la posibilidad de controvertir interpretaciones judiciales que resulten contrarias a la Constitución, ver Sentencia T-001 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo). En esta Sentencia se aceptó la procedencia de la acción de tutela en los casos en que la interpretación que el juez haga de una norma resulte contraria a un criterio hermenéutico mandado por la Constitución. En este mismo sentido, refiriéndose a casos en que la interpretación judicial resulte contraevidente o irracional, ver sentencias T-1017 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-1072 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa)”.

(26) Decreto 180 de 1988. “ART. 38.—Gratificación por información eficaz. El que suministre oportuna y eficaz información que permita la captura de quien hubiere intervenido en la perpetración de cualesquiera de los hechos de que trata el presente decreto, recibirá del erario, a título de gratificación, hasta el equivalente de quinientos (500) salarios mínimos, exentos de todo impuesto en el respectivo año gravable”.

(27) Decreto 2047 de 1990. “ART. 9º—Los beneficios establecidos en este Decreto para los casos de confesión y colaboración con la justicia, son incompatibles con los consagrados para estas mismas conductas en las leyes penales, pero el beneficiario podrá acogerse a cualquiera de ellos, a su elección”.

(28) Decreto 3030 de 1990. “ART. 10.—Cuando el procesado haya confesado el delito de porte ilegal de armas o el de concierto para delinquir o su concurso, el juez suspenderá la ejecución de la sentencia en los términos señalados en los artículos 69, 70 y 71 del Código Penal, pero sólo respecto de estos delitos. Si además hubiere confesado otros delitos, o los confesados fueren distintos de los señalados en el inciso anterior, el juez condenará por éstos, estableciendo la pena a que haya lugar, de acuerdo con lo previsto en el inciso segundo del artículo 7º de este decreto, descontando previamente para los delitos confesados las siguientes rebajas: a) En una tercera parte por razón de la confesión; b) Hasta en otra sexta parte, por razón de la colaboración que se haya prestado para descubrir los demás autores o partícipes del delito y por la cuantía de los bienes denunciados; c) Las que están establecidas en la legislación penal o en leyes especiales, si el procesado prefiere éstas, en los términos señalados en el artículo siguiente”.

(29) Corte Constitucional, Sentencia C-901 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

(30) (16) “Sentencia C-571 de 2004”.

(31) (17) “Sentencia C-159 de 2004”.

(32) (18) “Ibídem. Cfr. Sentencia C-529 de 1994”.

(33) (19) “Sentencia C-857 de 2005”.

(34) Constitución Política. “ART. 33.—Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”.

(35) Convención Americana sobre Derechos Humanos. “ART. 8º—(...) 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (...) g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable”. Pacto internacional de derechos civiles y políticos. “ART. 14.—(...) 3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (...) g. A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable”.

(36) Corte Constitucional, Sentencia C-426 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía; Sentencia C-102 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; Sentencia C-258 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, entre otras.

(37) Corte Constitucional, Sentencia C-782 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(38) Constitución Política. “ART. 95.—(...) Son deberes de la persona y del ciudadano: (...) 7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia”.

(39) Corte Constitucional, Sentencia C-403 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(40) Convención Americana sobre Derechos Humanos. “ART. 9º—Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”. Pacto internacional de derechos civiles y políticos. “ART. 15.—Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”.

(41) Decreto 2700 de 1991. “ART. 10.—Favorabilidad. En materia penal y procesal penal de efectos sustanciales, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”.

(42) (53) “Sentencia C-304 de 1994. Sobre la vigencia de esta garantía en cualquier tiempo, ver la Sentencia C-200 de 2002”.

(43) Corte Constitucional, Sentencia C-371 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

(44) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de abril de 2011, Exp. 20.942, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(45) Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(46) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 6 de 2011, Exp. 21653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(47) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de noviembre de 2004, Exp. 13.539, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 3 de febrero de 2010, Exp. 17.293, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(48) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de septiembre de 2001, Exp. 13232-15646, C.P. Alier Hernández Enríquez.

(49) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de marzo de 2007, Exp. 15459, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(50) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de febrero de 2012, Exp. 20322, C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 12 de mayo de 2011, Exp. 18902, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(51) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de junio de 2010, Exp. 18370, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(52) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero.

(53) Ibídem.

(54) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de marzo de 2005, Expediente 14.808, C.P. Germán Rodríguez.

(55) Cfr. Uribe, José Ignacio y Gómez, Lina Maritza, “Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003”, Documentos laborales y ocupacionales, Nº 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA-Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, pág. 22. Fuente citada por la Sala en sentencia de 4 de diciembre de 2006, Expediente 13168, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, y reiterada por esta subsección en sentencia de 3 de diciembre de 2012, Expediente 26258, C.P. (e) Danilo Rojas Betancourth.