Sentencia 2003-00218 de noviembre 22 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 630012331000200300218 01 (36.533)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Carlos Joel Muñoz Roa y Soley Moscoso Moreno.

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial.

Asunto: Recurso extraordinario de revisión.

Contenido. Descriptor: Se declara infundado el recurso extraordinario de revisión por no encontrarse reunidos los requisitos de procedibilidad de la causal 6 del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo. Restrictor: Cuestión previa - de la competencia / Del recurso extraordinario de revisión / De la causal de revisión invocada - numeral 6º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo.

Bogotá, D.C., veintidós de noviembre del dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia de 8 de febrero de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío bajo el radicado 630012331000200300218 01 donde fue demandada la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación en ejercicio de la acción de reparación directa.

Con el objeto de presentar un análisis ordenado y coherente, la Sala abordará el asunto sometido a su consideración en el siguiente orden: 1. Cuestión previa - De la competencia. 2. Del recurso extraordinario de revisión; 3. De la causal de revisión invocada; y, 4. Del caso concreto.

1. Cuestión previa - de la competencia.

Mediante Sentencia C-520 de 4 de agosto de 2009, la Corte Constitucional declaró inexequible parcialmente el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, en virtud del cual se modificó el artículo 185 del Código Contencioso Administrativo precisando que al circunscribir el recurso extraordinario de revisión a las sentencias dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y por los tribunales administrativos en única o segunda instancia, se limitaba el ejercicio de éste recurso, atentando contra el derecho fundamental a la igualdad y el acceso a la administración de justicia.

El citado pronunciamiento de la Corte Constitucional(11) establece la procedencia del recurso extraordinario de revisión para las sentencias proferidas por los jueces administrativos en procesos de única instancia, las sentencias no apeladas proferidas por los jueces administrativos en primera instancia, las sentencias proferidas en segunda instancia por los jueces administrativos, y las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos.

Ahora bien, con este pronunciamiento, se presenta un vacío sobre la competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión contra estas sentencias que no fueron contempladas inicialmente en el artículo 57 de la Ley 446 de 1998. Al respecto, la Corte Constitucional argumenta que se debe acudir a las normas procesales civiles aplicables al asunto, en atención a la remisión expresa contendida en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, por cuanto el recurso extraordinario de revisión tiene una naturaleza distinta a la de un proceso administrativo o de una acción contenciosa.

En atención a lo preceptuado y en aplicación de las normas que regulan la competencia funcional de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales superiores de Distrito Judicial frente al recurso extraordinario de revisión, éste debe ser conocido por el superior jerárquico del funcionario que profirió la sentencia objeto de impugnación.

Así las cosas, cuando se interpone el recurso extraordinario de revisión contra una sentencia dictada por un juez administrativo, bien sea en única, primera o segunda instancia, el competente para resolverlo es el Tribunal Administrativo del Distrito Judicial al cual pertenece el juez que profirió el fallo recurrido. Si la sentencia objeto de revisión fue proferida por un Tribunal Administrativo o una Sección o Subsección del Consejo de Estado, el competente para conocer del recurso extraordinario es el Consejo de Estado, observando las normas de competencia aplicables al caso.

La competencia para resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, o una Sección o Subsección del Consejo de Estado, es de la Sala del Consejo de Estado que ostente la facultad para conocer del asunto tratado en la sentencia recurrida. Al respecto, dispone el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999(12), modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003(13):

“ART. 13.—Distribución de los negocios entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:

(...).

Sección Tercera

(...).

5. Los procesos de reparación directa por hechos, omisiones u operaciones administrativas a que se refieren el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo y el inciso 3º del artículo 35 de la Ley 30 de 1988.

(…).

10. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia dictados por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección.

Analizado el asunto sometido a consideración a la luz de la disposición normativa en cita, se observa que la sentencia objeto de recurso de revisión fue proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío y que el tema abordado fue la reparación directa por los daños y perjuicios ocasionados con la privación injusta de la libertad de la que fue objeto Carlos Joel Muñoz Roa.

Dichos presupuestos permiten concluir, en consonancia con lo establecido en el numeral 5º del aparte transcrito del artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999, que la competencia para conocer del presente recurso es de esta Sección, no sólo porque fue interpuesto contra una providencia dictada por un tribunal administrativo, sino, además, porque la acción impetrada en la demanda inicial es la de reparación directa.

2. Del recurso extraordinario de revisión.

De conformidad con lo establecido en el preámbulo y en los artículos 1º y 2º de la Constitución Política, Colombia es un Estado social de derecho, instituido con el objeto de garantizar y proteger, entre otros valores e ideales supremos, la paz, la convivencia, la vigencia de un orden justo, la efectividad de los derechos y la prevalencia del interés general.

Estos principios, dotados de igual fuerza normativa, sin embargo, pueden entrar en colisión, de tal forma que la realización de alguno de ellos implique el sacrificio, en menor o mayor grado, de otro. Tal es el caso, v. gr. de la seguridad jurídica, la cual se encuentra fundada en razones de interés general, convivencia y paz social, pero cuya eficacia plena, en ocasiones, puede implicar la vulneración de la vigencia de un orden justo.

Como respuesta a este tipo de conflictos en nuestro ordenamiento jurídico existe la posibilidad de reabrir la discusión sobre un proceso respecto del cual existe sentencia ejecutoriada, bajo el uso del conocido recurso extraordinario de revisión(14), el cual constituye una limitante a la cosa juzgada, en tanto permite volver sobre asuntos respecto de los cuales ya se ha extinguido la jurisdicción del Estado mediante la expedición de un pronunciamiento judicial intangible, que escapa al control de los recursos ordinarios y que por lo mismo resulta perentorio y obligado para todos. La cosa juzgada es entonces uno de los principios esenciales, no sólo del proceso, sino de todo el derecho, pues en virtud de ella se impide que un debate judicial se prolongue de tal modo que por su indeterminación llegue hasta negar la seguridad que el derecho debe proveer, poniendo fin a la incertidumbre que sobre los derechos se cierne cuando ellos han sido conculcados o puestos en peligro.

Por tanto, se ha decantado que por la importancia de la cosa juzgada, ella no se puede desconocer de cualquier modo, sino acudiendo a las herramientas específicamente concebidas por el legislador, y desarrolladas por la jurisprudencia, más precisamente el recurso de revisión concebido con ese deliberado propósito. Sobre el marcado carácter restrictivo del recurso de revisión suele citarse, entre otros, el fallo 6 de diciembre de 1991, de la Corte Suprema de Justicia, en el cual se expresó que:

“la revisión es entonces un recurso eminentemente extraordinario y, por lo tanto, sometido a específicas causales señaladas con criterio limitativo, al punto de no resultar procedente la vía impugnativa si oportuna y cabalmente no se prueba la existencia de una de ellas” (GJ. Tomo CCXII, Nº 2451, pág. 311)(15).

Así las cosas, la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión se muestra en que tal medio de impugnación busca aniquilar la cosa juzgada material que acompaña a una sentencia, si es que el fallo resulta ser a la postre fruto de la violación del derecho de defensa, o si los medios probatorios que el tribunal tuvo a la vista vienen luego descalificados por la justicia penal o se dan circunstancias semejantes, que de haber sido conocidos en su momento hubieran variado radicalmente el sentido de la decisión. Se trata de brindar mediante el recurso de revisión una solución para atender aquellas situaciones críticas en las que a pesar de la presunción de legalidad que blinda las sentencias amparadas por la cosa juzgada, ellas no pueden subsistir por ser fruto de un grave desconocimiento de los principios fundamentales del proceso, pues la defensa a ultranza de la cosa juzgada sin mirar la manera irregular como a ella se llegó, causaría más perturbación que seguridad jurídica.

No obstante, es indispensable delimitar el ámbito del recurso de revisión, pues tal medio de impugnación no ha de tomarse como una simple instancia, en la que se pueda intentar una nueva valoración de la prueba o provocar una interpretación adicional de las normas aplicables al caso. Por el contrario, los errores de apreciación probatoria en que haya podido incurrir el tribunal, son extraños al recurso de revisión, pues éste no es una instancia adicional en la que pueda replantearse el litigio.

Estas restricciones propias del recurso de revisión, aplicables también en materia civil y penal, apuntan a evitar que el perdedor pueda a su antojo reanudar el debate concluido, so pretexto de volver la mirada a la prueba para pretender que se haga un nuevo y supuesto mejor juicio respecto de ella, o para reclamar una más aguda interpretación de la ley. En suma, el recurso de revisión es un medio extraordinario de impugnación encaminado a desvirtuar la operatividad del instituto jurídico de la cosa juzgada. Por tal razón, conforme lo han reiterado la jurisprudencia y la doctrina, la aplicabilidad de tal instrumento está sujeta a la estricta, rigurosa y ajustada configuración de las causales que expresamente ha consagrado el legislador como fundamento del mismo, con lo cual se busca, precisamente, evitar que se convierta en una tercera instancia, utilizada para remediar supuestas equivocaciones en que hubiera podido incurrir el tribunal por obra suya o de una de las partes.

3. De la causal de revisión invocada - numeral 6º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo.

La causal de revisión invocada se encuentra consagrada en el numeral 6º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, que preceptúa:

“6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación (…)”.

Como lo ha sostenido la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación en reiteradas decisiones, de la simple lectura de la norma pretranscrita se advierte que para que proceda la revisión bajo esta causal es necesario que:

“De conformidad con lo expuesto en la ley y conforme lo ha expresado la jurisprudencia para que proceda esta causal es necesario que al proferir la sentencia se incurra en una irregularidad estructurante de la nulidad(16).

No resulta acertado plantear cuestionamientos a la sentencia, motivados en que se realizó una apreciación errada de las pruebas, en que no se aplicó una determinada regla de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en que se interpretó equivocadamente una norma jurídica, pues todas estas observaciones escapan al ámbito de la aludida causal.

La nulidad en la sentencia como causal de revisión, según lo explica la Corte Suprema es un evento “lógico porque si la tal nulidad solamente aparece para las partes cuando éstas conocen la sentencia, no existiendo legalmente para ellas otra oportunidad para reclamar su reconocimiento, lo procedente es que se les abra el campo de la revisión”(17).

La Sala encuentra ilustrativo tomar en consideración los eventos que planteó esta corporación en la sentencia proferida el 11 de mayo de 1998, en la cual explicó lo siguiente:

“… el proceso solamente es nulo, en todo o en parte, por las causas establecidas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Así, por ejemplo, la nulidad que tiene origen en la sentencia puede ocurrir, en conformidad con la disposición referida, cuando se provee sobre aspectos para los que no tiene el juez jurisdicción o competencia (nums. 1º y 2º); cuando, sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia firme, o sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente concluido, o cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia; o cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, o se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo concerniente, también se pretermite íntegramente la instancia (num. 3º); o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida (num. 5º), entre otros eventos. (…).

También es nulo el proceso de ejecución y aquél en que haya remate de bienes, cuando se libra ejecución después de la muerte del deudor si se omite el trámite prescrito en el artículo 1434 del Código Civil y cuando faltan las formalidades prescritas para hacer el remate de bienes, según lo establecido en el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil (…)”(18).

En similar sentido, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia(19), se refirió a los eventos que pueden determinar la nulidad de una sentencia así: “También ha decantado la Corte que la nulidad se produce, por ejemplo, cuando se dicta sentencia en un proceso terminado por desistimiento, transacción o perención; cuando se profiere en el ínterin de la suspensión, o si se condena a quien no ha figurado en el proceso como parte (1)(20). En idéntico sentido, se ha dicho que hay nulidad de la sentencia si en respuesta a la solicitud de aclaración se reforma la sentencia (2)(21), igualmente ‘Cuando se dicta por un número de magistrados menor al previsto por la ley, a lo cual debe agregarse el caso de que se dicte la sentencia sin haberse abierto el proceso a pruebas o sin que se hayan corrido los traslados para alegar cuando el procedimiento así lo exija, de donde se desprende que no cualquier irregularidad en el fallo, o cualquier incongruencia, tienen entidad suficiente para invalidar la sentencia”(22).

De manera, pues, que para resolver la revisión extraordinaria de una sentencia, con fundamento en la causal 6 del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, deben observarse las causales previstas en el artículo 140 del ordenamiento procesal civil, modificado por el artículo 1º, numeral 8º del Decreto 2282 de 1989, cuyo tenor establece:

“ART. 140.—Modificado por el Decreto 2282 de 1989, artículo 1º, núm. 80. Causales de nulidad. El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

1. Cuando corresponda a distinta jurisdicción.

2. Cuando el juez carece de competencia.

3. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.

4. Cuando la demanda se tramite por proceso diferente al que corresponde.

5. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida.

6. Cuando se omiten los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de conclusión.

7. Cuando es indebida la representación de las partes. Tratándose de apoderados judiciales esta causal sólo se configurará por carencia total de poder para el respectivo proceso.

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación al demandado o a su representante, o al apoderado de aquél o de éste, según el caso, del auto que admite la demanda o del mandamiento ejecutivo, o su corrección o adición.

9. Cuando no se practica en legal forma la notificación a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas de deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público en los casos de ley.

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta de la que admite la demanda, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que la parte a quien se dejó de notificar haya actuado sin proponerla.

PAR.—Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este código establece”.

Criterios estos que de vieja data forman parte de la jurisprudencia de esta corporación y que hoy son reiterados por la jurisprudencia de la Sala Plena y de la Sección Tercera(23).

Entonces, de lo prescrito y de la simple lectura del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, es posible colegir que para que proceda el recurso extraordinario de revisión bajo esta causal es necesario que se cumplan los siguientes requisitos(24):

3.1. Que contra dicha sentencia no proceda recurso de apelación.

Con relación al presente requisito, la jurisprudencia de esta corporación ha considerado que el mismo, debe interpretarse restrictivamente, ya que cuando dice que ha de tratarse de sentencia contra la cual no proceda ningún recurso, se trata, sólo del recurso, ordinario o extraordinario, mediante el cual pueda alegarse y corregirse la nulidad originada en la sentencia y no de cualquier recurso(25).

3.2. Que exista nulidad procesal.

Adicional a lo que antes se ha dicho, al respecto la jurisprudencia de esta corporación en sentencia de 6 de julio de 1988(26) manifestó:

“En esta materia - (nulidad originada en la sentencia) - los procesalistas están de acuerdo en enseñar que ésta se genera cuando ella se dicta en un proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacción o perención, o cuando se condena a quien no ha figurado como parte, o cuando el proveido se profiere estando legalmente suspendido el proceso. Igualmente, cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley. Igualmente, la que provea sobre aspectos que no corresponden ora por falta de competencia, ora por falta de jurisdicción. Podría darse también la causal cuando la providencia carece completamente de motivación, pues el artículo 163 de la Constitución Nacional ordena que: “Toda sentencia deberá ser motivada”.

En esta materia no puede confundirse la nulidad del proceso (CPC, art. 152), con la generada en la sentencia, que solo admite el manejo fáctico que se ha dejado precisado, en todos los casos en que el fallo no era susceptible de otro recurso”.

3.3. Que la nulidad existente se haya originado en una sentencia que puso fin al proceso.

Ahora bien, cuando la norma se refiere a la “nulidad originada en la sentencia”, exige que la irregularidad se configure en el preciso momento en que se profiere la sentencia.

Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha manifestado(27):

“Cuando la norma se refiere a la “nulidad originada en la sentencia” exige que el vicio se configure en el preciso momento procesal en que se profiere la sentencia, por desconocimiento grave o insaneable de alguna ritualidad sustantiva propia de esa actuación. Dichas restricciones se explican por la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, en cuanto vía procesal que hace excepcionalmente posible la infirmación de una sentencia ejecutoriada y, por tanto, el quebrantamiento de la cosa juzgada”.

Por lo anterior, considera la Sala, que no será posible alegar como causal del recurso extraordinario de revisión la nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia(28):

“No se trata de controvertir la corrección o incorrección del juzgamiento, ni de corregir los errores de apreciación de los hechos y de las pruebas, en que a juicio del recurrente hubiera podido incurrir el fallador, pues eso equivaldría a convertir el recurso en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada; sino de verificar que se atiendan las reglas procesales propias de la sentencia que de incumplirse vician su validez”.

Entonces, resulta claro para la Sala que el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo condicionó la prosperidad de la causal 6ª de revisión extraordinaria a que la nulidad alegada hallara su génesis en la sentencia que puso fin al proceso, lo cual, adicionalmente encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, según el cual las nulidades pueden alegarse durante una actuación posterior a la sentencia cuando tales nulidades “ocurrieron en ella”.

No obstante, la jurisprudencia de esta Sala ha aceptado la posibilidad de alegar como nulidad originada en la sentencia aquella que, aunque ocurrida en momento anterior al de la emisión del fallo definitivo no apelable, no pudo ser advertida por el recurrente durante el curso del proceso(29):

“Así las cosas y como quiera que el proceso se adelantó con omisión del cumplimiento de la exigencia prevista en el numeral 3º del artículo 207 del Código Contencioso Administrativo, y aunque el vicio es anterior a la sentencia, según el 140 numeral 9º del Código de Procedimiento Civil, como tal situación genera la nulidad de todo el proceso, forzoso es concluir que se afecta la totalidad de las actuaciones surtidas, incluida la sentencia de segunda instancia, con lo cual se configura la causal de revisión prevista en el numeral 6º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, que se invocó como sustento del recurso extraordinario. En efecto, el vicio aducido por el recurrente y probado en el caso concreto es de naturaleza sustantiva porque afecta directamente el debido proceso y los derechos de acceso a la justicia y de defensa del titular del derecho y se decretará con fundamento en la causal procesal de nulidad definida en la citada norma del Código de Procedimiento Civil, ya que como se indicó, es insubsanable y afecta todo el proceso y por tanto éste debe renovarse en su integridad”.

4. Caso concreto.

De conformidad con los lineamientos teóricos antes expuestos, la Sala procede a determinar si en el caso de autos se cumplen los presupuestos para que prospere el recurso de revisión extraordinaria interpuesto por Carlos Joel Muñoz Roa contra la sentencia proferida el 8 de febrero de 2007 por el Tribunal Administrativo del Quindío.

4.1. Que contra dicha sentencia no proceda recurso de apelación.

El demandante interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia proferida el 8 de febrero de 2007 por el Tribunal Administrativo del Quindío dentro del proceso adelantado por el actor en ejercicio de la acción de reparación directa con el fin de que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto Carlos Joel Muñoz Roa por el término comprendido entre el 14 de noviembre y 4 de diciembre de 2000 por los delitos de celebración indebida de contratos y falsedad de documentos.

Igualmente, la Sala observa que la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la decisión que antecede, el cual no fue concedido por el Tribunal de Primera Instancia en razón a que “a la luz de la normatividad explicada [L. 446/98, art. 164 de la] tienen vocación de única instancia los procesos de reparación directa cuya cuantía no exceda de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes y según quedó establecido la cuantía en este asunto ($ 33.200.000) no los excede”.

No obstante, pese a la decisión del a quo de no conceder el recurso de apelación por considerar que el proceso adelantado por la parte demandante en ejercicio de la acción de reparación directa tenía vocación de única instancia, la Sala encuentra que dicha decisión es errada pues en contra de la providencia proferida el 8 de febrero de 2007 por el Tribunal Administrativo del Quindío sí procedía recurso de apelación por los siguientes motivos.

Al respecto, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 - Ley de Administración de Justicia y el auto proferido por la Sala Plena de esta corporación el 9 de septiembre de 2008, las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia, tienen vocación de doble instancia y conocen de ellas en primera instancia los tribunales administrativos y en segunda instancia, el Consejo de Estado.

En consecuencia, la Sala considera que en contra de la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión procedía recurso de apelación, teniendo en cuenta que la providencia en cita se profirió dentro de un proceso de reparación directa relacionado con el ejercicio de la administración de justicia - privación injusta de la libertad, el cual tiene vocación de doble instancia y conoce de ella en primera instancia el Tribunal Administrativo y en segunda instancia, el Consejo de Estado.

Así, contra el auto proferido el 7 de marzo de 2007 por el a quo que resolvió no conceder el recurso de apelación de la sentencia de primera instancia dentro del proceso de reparación directa, era procedente interponer el recurso de queja previsto en el artículo 182 del Código Contencioso Administrativo, con el fin de que se admitiera el recurso en cita y se surtiera la segunda instancia del proceso ante el Consejo de Estado. No obstante se encuentra que la parte demandante no recurrió en sede queja la providencia en cita.

Así las cosas, la Sala considera que no se reúne el primer requisito sine qua non para la procedencia del recurso extraordinario de revisión, esto es, que en contra de la sentencia objeto de recurso extraordinario de revisión no proceda recurso de apelación, toda vez que si procedía el recurso de apelación, aunque fue negado por un error de la administración de justicia que debió subsanarse con el recurso de queja que no fue interpuesto por la parte demandante, en su calidad de interesada y sobre lo cual no puede decidir esta Sala, toda vez que lo que aquí se revisa es la nulidad originada en la sentencia y no fuera de ella, de manera que como el auto que niega el recurso de apelación es posterior a la sentencia, no puede ser objeto en este escenario de revisión extraordinaria.

4.2. Que exista nulidad procesal originada en una sentencia que puso fin al proceso.

En el caso de autos, se encuentra que el 8 de febrero de 2007 el Tribunal Administrativo del Quindío dentro del proceso de reparación directa adelantado por la parte demandante por la privación injusta de la libertad de la que fueron objeto Soely Moscoso Moreno y Carlos Joel Muñoz Roa, resolvió negar las pretensiones de la demanda por cuanto consideró que:

“La privación de la libertad de que fueron objeto los libelistas, no puede ser catalogada de injusta, no obstante haber resultado absueltos por la Fiscalía Tres Delegada ante el Tribunal Superior; toda vez que el actuar de la Fiscalía Doce Delegada ante el Juez Penal del Circuito de Calarcá estuvo revestido de plena legalidad, basados en elementos probatorios que pesaban sobre las actuaciones ejecutadas por los hoy demandantes”.

Igualmente, se observa que en contra de dicha decisión, el señor Carlos Joel Muñoz Roa interpuso recurso extraordinario de revisión por estar incursa en la causal 6 de nulidad del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, principalmente por los siguientes motivos:

En primer lugar, se cuestiona la falta de aplicación por parte del a quo del principio constitucional - debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política por cuanto consideró que:

“Para el Tribunal Administrativo del Quindío, el hecho de que la Fiscal Doce Delegada ante el Juez Penal del Circuito de Calarcá, no haya resuelto la duda palmaria, existente en la foliatura del proceso, esto no fuera suficiente causa para demostrar el error, en que incurrió la funcionaria judicial al entrar a dictar las medidas de aseguramiento que tomó en contra de la entonces sindicada, por otra parte, si la duda impide a entrar a responsabilizar penalmente al sindicado conforme lo dispone la ley y la jurisprudencia, también lo es para entrar a dictar medida de aseguramiento. Cosa que el Tribunal Administrativo interpretó en la sentencia acusada en sentido contrario. Pero además, al observar palmariamente la cita de la Fiscalía acogida por el tribunal en la sentencia se puede evidenciar que dicha cita referida al in dubio pro reo, le estaba siendo aplicada a la sindicada Soely Moscoso Moreno y no a mi poderdante, de donde se deduce que el tribunal en la sentencia realiza generalizaciones para todos los sindicados en el proceso, cosa que contraría la realidad procesal a la que se refiere la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior en el texto de la aludida resolución de preclusión”.

En segundo lugar, el recurrente consideró que el tribunal de primera instancia violó de manera indirecta el artículo 90 de la Constitución Política por errónea interpretación del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal en la medida que no tuvo en cuenta que Carlos Joel Muñoz Roa no fue absuelto en aplicación del principio in dubio pro reo si no que fue exonerado de responsabilidad penal por cuanto la conducta por él desplegada no constituía el delito que se le imputaba en la acusación, razón por la cual se constituye una privación injusta de la libertad.

Por último, la parte actora consideró que dentro de la sentencia objeto del recurso, el Tribunal de Primera Instancia vulneró indirectamente el artículo 90 de la Constitución Política por errónea interpretación del artículo 388 del Código de Procedimiento Penal en la medida que en el caso de autos no existió ningún indicio grave que pudiera sindicarlo de presunto autor del delito que se le investigaba.

Ahora bien, al analizar la fundamentación efectuada por la parte actora para sustentar el recurso extraordinario de revisión, la Sala no encuentra en el caso en comento que los elementos sustantivos planteados por el recurrente conduzcan a concluir que dentro del fallo proferido el 8 de febrero de 2007 del Tribunal Administrativo del Quindío, exista algún vicio que configure la nulidad solicitada, frente a lo cual la Sala recuerda que para que haya lugar a la declaratoria de nulidad, es necesario que se invoquen las causales consagradas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de esta corporación que así lo señala, como se indicó previamente.

Así las cosas, al examinar el escrito contentivo del recurso de revisión se observa que no se invocó ninguna de las causales establecidas en el Código de Procedimiento Civil, por el contrario, su inconformidad por el fallo se limitó al hecho de señalar que el juzgador no dio aplicación al artículo 29 de la Constitución Política e interpretó de manera inadecuada los preceptos consagrados en los artículos 388 y 414 del Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos, lo que en su criterio configuró una nulidad procesal.

Sin embargo, se le recuerda al recurrente que de acuerdo con la naturaleza del recurso invocado, este no se trata de una tercera instancia en la cual se pueda revivir la discusión saldada con el fallo del a quo, siendo imperiosa la necesidad de demostrar que se configura la causal alegada, en este caso la consagrada en el numeral 6º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, una vez cumplido este requisito habrá lugar a pronunciarse de fondo sobre el asunto, en consecuencia, al no señalarse de manera precisa porqué la sentencia proferida el 8 de febrero de 2007 por el Tribunal Administrativo del Quindío dentro del proceso de reparación directa adelantado por el demandante por la privación injusta de la libertad, incurrió en una de las nulidades establecidas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil no hay lugar a conceder el recurso.

Asimismo, observa la Sala que las supuestas irregularidades en que a juicio del recurrente incurrió la sentencia, referente a la interpretación de los preceptos anteriormente citados no corresponde a los eventos que conllevan a la nulidad de la sentencia, siendo incorrecto y opuesto al tecnicismo requerido para sustentar la causal invocada, señalar cuestionamientos motivados en la interpretación de los preceptos normativos realizados por el juez, pues esta observación escapa del ámbito de la aludida causal, convirtiéndose un alegato de instancia.

Al respecto, se le recuerda al recurrente que el juez de revisión extraordinaria no tiene competencia para conocer el fondo del asunto, como lo pretende la parte actora, a menos que se configure la causal de revisión alegada, es decir, la nulidad configurada en la sentencia, razón por la cual no puede pronunciarse sobre los argumentos esbozados en el recurso.

Lo anterior, por cuanto en instancia de revisión extraordinaria no se trata de controvertir el juzgamiento del juez, ni de corregir los errores de apreciación de los hechos, de las pruebas y de interpretación de los preceptos normativos en que a juicio del recurrente hubiera podido incurrir el fallador, pues eso equivaldría a convertir el recurso en un juicio contra del fondo de la sentencia y frente a los cuales el juez de revisión extraordinaria no tiene competencia para pronunciarse en esta etapa procesal ya que su competencia se encuentra limitada a verificar que se atiendan las reglas procesales propias de la sentencia que de incumplirse vician su validez.

En este sentido, la Sala considera que en el caso de autos, la sentencia objeto del recurso de revisión extraordinaria, esto es, la proferida el 8 de febrero de 2007 por el Tribunal Administrativo del Quindío se encuentra motivada, con fundamento en los preceptos legales y los medios probatorios que obran en el expediente del proceso de reparación directa y es congruente con los hechos y pretensiones aducidas en la demanda, razón por la cual no se encuentra en curso de algún vicio que pueda afectar su validez.

En conclusión, la Sala encuentra que los argumentos brindados por el recurrente para invocar la causal 6ª del Recurso Extraordinario de Revisión, no se adecuan a las causales señaladas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil para que haya lugar a la declaratoria de nulidad de una sentencia ni tampoco se encuentra que la providencia objeto del recurso de revisión extraordinaria se encuentre viciada de nulidad.

En consecuencia, la Sala de Subsección considera que el caso de autos no se reúnen los requisitos de procedibilidad del recurso de revisión extraordinaria y, en consecuencia, procederá a declarar infundado el recurso.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión propuesto por la parte actora, contra la sentencia de fecha 8 de febrero de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, que negó las pretensiones de la demanda incoada por CARLOS JOEL MUÑOZ ROA Y OTROS contra la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

2. RECONOCER personería jurídica a Sandra Lorena Arias Forero identificada con la cédula de ciudadanía 24.336.232 de Manizales - Caldas y portadora de la tarjeta profesional 178.619 del Consejo Superior de la Judicatura como apoderada judicial de la Rama Judicial.

3. DEVOLVER inmediatamente el expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

11 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-520 de 4 de agosto de 2009. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 57 (parcial) de la Ley 446 de 1998.

12 Por el cual “La Sala Plena del Consejo de Estado, en ejercicio de la facultad que le atribuye el artículo 237, numeral 6º, de la Constitución Política y de conformidad con lo aprobado en la sesión de febrero 16 del año en curso; ACUERDA, La corporación se regirá por el siguiente reglamento: (...)”.

13 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.

14 No sobra advertir que el Recurso Extraordinario de Revisión fue introducido en nuestro ordenamiento Contencioso Administrativo, en los términos ahora conocidos, por el Acuerdo 1 de 1984, es decir, claramente en vigencia de la Constitución Nacional de 1886, bajo cuyo amparo también es viable predicar la exigencia de un ordenamiento jurídico llamado a solucionar conflictos y servir de fuente de estabilización de las expectativas de la sociedad pero a la vez con una pretensión axiológica mínima.

Razón por la cual, el análisis que se hace en el presente acápite es, por razones metodológicas y de vigencia normativa, a la luz de la Constitución Política de 1991 pero las referencias efectuadas son igualmente predicables con anterioridad a su puesta en marcha.

15 En el mismo sentido las sentencias de 12 de noviembre de 1974, 25 de noviembre de 1986, 27 de marzo de 1987, 16, 19 y 30 de septiembre de 1996, 14 de enero de 1998, 22 de septiembre de 1999, 4 de diciembre de 2000, y 16 de febrero de 2004 y los autos de 19 de enero de 1994, 22 de junio y 15 de marzo de 1994.

16 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia 2004-00729 proferida el 24 de agosto de 2008.

17 Sentencia citada en: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de diciembre 5 de 2000, expediente 7732, G.J. T. CLVIII, pág. 134.

18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de mayo 11 de 1998, expediente REV.-093.

19 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia 2004-00729 proferida el 24 de agosto de 2008.

20 (1) G.J. CLVIII, página 34, reiterada en sentencia de 30 de septiembre de 1999.

21 (2) Sentencia de 19 de junio de 1990.

22 Sentencia de 12 de marzo de 1993.

23 Consejo de Estado, sentencia del 26 de mayo de 2010, radicación 2001-01504 (35221).

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 26 de febrero de 2013, expediente REV: 11001-03-15-000-2009-00050-00.

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 11 de mayo de 1998, expediente REV-93.

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 6 de julio de 1988, expediente REV: 011.

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 2 de marzo de 2010, expediente REV: 11001-03-15-000-2001-00091-01.

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 26 de febrero de 2013, expediente REV: 11001-03-15-000-2009-00050-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 11 de mayo de 1998, expediente REV-93 y 13 de abril de 2004, expediente REV-132.

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 20 de abril de 2004, expediente REV: 00132.