Sentencia 2003-00221 de diciembre 6 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 11001-0324-000-2003-00221-01

Consejero Ponente:

Dr. Camilo Arciniegas Andrade

Autoridades nacionales

Actora: Eternit Colombiana S.A.

Bogotá D.C., seis de diciembre de dos mil siete

Extractos:«V. Consideraciones de la Sala

Consta en los antecedentes allegados que mediante Resolución 4413 de 1987 (ago. 24) la SIC concedió a Eternit Colombiana S.A. el registro de la marca «Livianit» para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 20 internacional, según certificado 118389 vigente hasta el 24 de agosto de 1992.

Eternit Colombiana S.A. solicitó el 11 de agosto de 1992 la renovación del certificado de registro 118389 de la marca «Livianit», para la clase 20 internacional.

Por Resolución 5419 de 1992 (dic. 30), la división de propiedad industrial de la SIC concedió la renovación del certificado 118389 del registro de la marca «Livianit» por el período comprendido entre el 24 de agosto de 1992 al 24 de agosto de 2002.

A los efectos de esta decisión, debe tenerse en cuenta que la Resolución 5419 de 1992 concedió la renovación «previa la cancelación (sic) de los derechos que esta actuación causa».

Consta en la parte motiva de la Resolución 30615 de 2002 (sep. 23) que la SIC declaró la caducidad del título de renovación de la marca «Livianit» por no haber acreditado Eternit Colombiana S.A. el pago de las tasas causadas por la expedición del título correspondiente a la renovación del certificado de registro 118389 a más tardar el 14 de enero de 1994, fecha en que vencía el plazo de gracia fijado por el artículo 25 del Decreto 2591 de 2000 para que los titulares de los títulos concedidos entre el 26 de abril de 1993 y el 14 de abril de 1994 lo hicieran.

• La declaración de caducidad de un título de renovación del registro marcario no equivale a la imposición de una sanción. Opera por ministerio de la ley, al verificarse la condición extintiva del derecho que esta prevé.

Puesto que la actora no discute la ocurrencia de los hechos que sirvieron de fundamento a los actos acusados para la declaración de caducidad, corresponde a la Sala determinar si, como se alega, se violó el debido proceso y su derecho a la defensa por haberse aplicado el artículo 38 Código Contencioso Administrativo y haberse declarado la caducidad luego de expirado el término de tres (3) años a que esta norma supedita el ejercicio de la potestad sancionatoria y haberla privado de la oportunidad de controvertirla, según lo dispone el artículo 35 ídem.

La Sala ya ha tenido oportunidad de consignar su pensamiento acerca de las cuestiones que vuelven plantéame en el asunto sub examine, con unión de acciones de nulidad y restablecimiento contra actos de la SIC cuya legalidad controvirtió la actora con fundamento en los mismos cargos que alega en el caso presente.

Al pronunciarse sobre la normativa aplicable a la declaración de caducidad de un registro marcario, la Sala en diversas providencias ha dejado claramente definido que esta no se regía entonces por el artículo 38 Código Contencioso Administrativo sino por los artículos 103 de la decisión 313 y 25, inciso 2º de los decretos 117 de 1994 y 2591 de 2000, normas especiales que regulan la materia.

Así, en sentencia de 22 de noviembre de 2007, al decidir una acción análoga a la sub examine, desestimó el cargo que en esta oportunidad vuelve a plantearse, con las consideraciones que resulta pertinente transcribir por resultar enteramente aplicables al caso sub examine. Dijo entonces la Sala:

«Igualmente, el inciso 2º del artículo 25 del Decreto 2591 de 2000, vigente cuando se expidieron los actos acusados y que se invoca como sustento de los mismos, estableció que la Superintendencia de Industria y Comercio continuará declarando la caducidad de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, traspasos, para los títulos concedidos entre el 8 de abril de 1992 y la fecha de publicación del Decreto 117 de 1994, cuyo pago no se acredite ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los tres meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia de tal decreto (destaca la Sala).

Por lo tanto, los actos demandados no tienen carácter sancionatorio, sino que se limitan a declarar una situación jurídica objetiva que se configura cuando se dan los supuestos que generan de pleno derecho, de manera directa y automática la caducidad del registro marcario de que se trate, de modo que obedecen a las condiciones propias del régimen especial marcario de la Comunidad Andina.

Así lo indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial dada en el Proceso 23-IP-2006, de 29 de marzo de 2006, aportada al sub lite, en la que considera que “la caducidad del registro opera de pleno derecho, es decir, de manera automática” (fl. 211).

Ello significa que no es el acto administrativo el que genera la caducidad, sino que se da antes de él, por virtud de la ocurrencia de los supuestos que la causan, en este caso fue la falta de pago de las tasas correspondientes a la renovación de la marca; de allí que aquél no hace otra cosa que declararla y, por ende, sus efectos tienen la vocación de ser retroactivos» (3) .

A los efectos de la decisión por adoptarse, debe tenerse en cuenta que a la situación sometida a examen era aplicable la siguiente normativa, para entonces vigente:

— La decisión 313 (4) cuyo artículo 103 erigió la falta de pago de las tasas en causal de caducidad del registro marcario:

«ART. 103.—El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el periodo de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión.

Asimismo será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del país miembro.

...»

— El Decreto 1168 de 1992 (5) , cuyo artículo 1º fijó una tasa de $ 66.000.00 por concepto de prórrogas y renovaciones, así:

«El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades que le confieren el ordinal 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y el artículo 119 de la Ley 6ª de 1992,

DECRETA:

ART. 1º—Fijar las siguientes tasas para la tramitación de los procedimientos relacionados con la propiedad industrial:

ConceptoMonto
a) Solicitudes 
— De prórroga y renovaciones$ 66.000.00
b) Títulos 
— De marcas y lemas comerciales$ 66.000.00
[...]»

— El Decreto 117 de 1994 (6) reglamentario de la Decisión 313 en su artículo 25, inciso 2º facultó a la SIC para declarar la caducidad de los títulos de renovación de registro marcario cuyo pago no se acreditará dentro de los tres meses siguientes a su entrada en vigencia:

«ART. 25.—La Superintendencia de Industria y Comercio declarará la caducidad de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, traspasos, prórrogas, licencias, cambios de nombre y de domicilio del titular otorgados a partir de la fecha de publicación del presente decreto, cuyo pago no se acredite ante dicha entidad dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo respectivo. Para las patentes de invención el plazo será de seis meses.

Así mismo, se declarará la caducidad de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, traspasos, para los títulos concedidos entre el 8 de abril de 1992 y la fecha de publicación del presente decreto, cuyo pago no se acredite ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los tres meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto».

— El Decreto 2591 de 2000 (7) en su artículo 25 conservó para la SIC la facultad de declarar la caducidad de los títulos concedidos entre el 8 de abril de 1992 y el 14 de enero de 1994, fecha de publicación del Decreto 117 de 1994, así:

«ART. 25.—La Superintendencia de Industria y Comercio continuará declarando la caducidad de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, transferencias, prórrogas, licencias, cambios de nombre y de domicilio del titular otorgados a partir de la fecha de publicación del Decreto 117 de 1994, cuyo pago no se haya acreditado ante dicha entidad dentro de los 3 meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo respectivo. Para las patentes de invención el plazo será de 6 meses.

Así mismo, se continuará declarando la caducidad de los títulos enunciados en el inciso anterior, salvo a aquellos que se refieran a patentes de invención, concedidos entre el 8 de abril de 1992 y la fecha de publicación del Decreto 117 de 1994, cuyo pago no se haya acreditado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que aquel entró en vigencia».

La actora, según se desprende de los hechos de la demanda y de los actos acusados, únicamente pagó la suma de $ 66.000.00 correspondiente al trámite de la solicitud de renovación, no así el mismo valor que estaba obligada a pagar por concepto de la expedición del título de renovación.

El artículo 3º de la Resolución 5419 de 1992 (dic. 30), le concedió a Eternit Colombiana S.A. la renovación del registro marcario «previa la cancelación (sic) de los derechos que esta actuación causa [...]».

Lo anterior pone de manifiesto que para la fecha en que se concedió la renovación del registro marcario de la actora, con vigencia entre los años 1992 y 2002, ya existía la caducidad por la falta de pago de las tasas y que, conforme a la legislación interna, estas se causaban por concepto del trámite de la solicitud y por la expedición del título de renovación.

En efecto, la Resolución 5419 de 1992 condicionó el registro a la «previa cancelación (sic) de los derechos que esta actuación causa» de modo que la falta de pago de estos dentro del término legal era la condición extintiva para que, en forma unilateral, la administración, en cualquier tiempo declarara su ocurrencia.

Ahora bien, la Resolución 5419 de 1992 (dic. 30) quedó ejecutoriada el 27 de abril de 1993. Por su parte, el Decreto 117 de 1994 fue publicado el 14 de enero de 1994, y a partir de su expedición la actora disponía de tres meses para pagar las tasas, término en que tampoco lo hizo ocurriendo así la condición resolutoria del derecho que condujo a la SIC a declarar la caducidad del certificado de registro marcario 118389 correspondiente a la marca «Livianit».

Ante la inactividad de la actora la administración declaró la ocurrencia de la condición resolutoria extintiva del derecho según las normas que contemplan la consecuencia jurídica que los actos acusados declaran, ya que el derecho a la marca «Livianit», como ya se dijo, estaba sometido a una condición resolutoria. La caducidad por falta de pago de las tasas se produce, pues, de pleno derecho (8) .

Como quedó expuesto, los actos administrativos acusados se fundamentan en los artículos 103 de la Decisión 313 de la Comisión de la Comunidad Andina y 25 del Decreto 2591 de 2000, que no fijan límite temporal para la declaración de caducidad.

Síguese de lo expuesto que los actos acusados se ajustaron a las normas legales vigentes al tiempo de su expedición, razón por la cual la Sala no halla fundamento en las acusaciones de la demanda, habida cuenta de que el término establecido por el artículo 25 del Decreto 2591 de 2000 venció el 14 de abril de 1994, sin que la actora acreditara el pago de las tasas causadas por la expedición del título de renovación. Por consiguiente, mal puede alegar en su favor su propia falta, cuando quedó demostrado que incumplió la carga procesal que dio lugar a la declaración de la caducidad que controvierte en este proceso.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 6 de diciembre de 2007.

(2) Si bien la SIC se fundamentó en el inciso 2º del artículo 25 del Decreto 117 de 1994, para la fecha de expedición de la Resolución 30622 de 2002 dicha norma había sido derogada por disposición expresa del artículo 26 del Decreto 2591 de 2000.

(3) Consejero Ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Expediente: 2003-00258, Actora: Eternit Colombiana S.A.

(4) La decisión 313 formó parte del ordenamiento jurídico colombiano a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo (feb. 14/92).

(5) Por el cual se fijan las tasas para la tramitación de los procedimientos relacionados con la propiedad industrial.

(6) Por el cual se reglamenta la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

(7) Por el cual se reglamenta parcialmente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(8) Consejero Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Actora: Eternit Colombia S.A., Expediente: 2003-0318.

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