Sentencia 2003-00223 de marzo 25 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION "A"

Rad. 11001-03-25-000-2003-00223-01(1265-03)

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Actor: Luis Antonio Martínez Triana

Demandado: Rama Judicial - Dirección Nacional de Administración Judicial y Fiscalía General de la Nación

Bogotá, D.C., veinticinco de marzo de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

En el caso sub lite se solicita la nulidad de las resoluciones por las cuales se decidió trasladar al señor Luis Antonio Martínez Triana de la Seccional de Fiscalías de Manizales a la de Pasto.

Para determinar si la decisión se encuentra ajustada a derecho es necesario exponer las normas que sobre movimientos de personal gobiernan a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.

El Decreto 2699 de 1991, “Por el cual se expide el estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación”, dispone en su artículo 76 lo siguiente:

“El traslado se producirá cuando un funcionario o empleado se designe para suplir la vacancia definitiva de un cargo o para intercambiarlo con otro cuyas funciones sean afines al que desempeña, de la misma naturaleza, categoría, nomenclatura y remuneración.

El traslado podrá tener origen en las necesidades del servicio o en la solicitud del interesado y será procedente siempre y cuando no implique condiciones menos favorables para el traslado o perjuicios para la buena marcha del servicio” (negrillas fuera del texto original).

Por su parte el artículo 25 del Decreto 261 de 2000 “Por medio del cual se modifica la estructura de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones” reprodujo el contenido del artículo arriba trascrito así:

“ART. 95.—El traslado se producirá cuando un funcionario o empleado de carrera o de libre nombramiento y remoción se designe para suplir la vacancia definitiva de un cargo o para intercambiarlo con otro cuyas funciones sean afines al que desempeña, de la misma naturaleza, categoría, nomenclatura y remuneración.

El traslado podrá tener origen en las necesidades del servicio o en la solicitud del interesado y será procedente siempre y cuando no implique condiciones menos favorables para el trasladado o perjuicios para la buena marcha del servicio”.

Nótese que esta disposición advierte que el traslado se puede dar en un funcionario o empleado de carrera o de libre nombramiento y remoción, pero tal advertencia en nada infiere en las condiciones que se tienen que dar para que este sea procedente.

En otras palabras, el traslado es “procedente” si con el no se afectan las condiciones laborales que tenía el empleado antes del movimiento, indistintamente que este sea de carrera o de libre nombramiento y remoción.

Así las cosas, para la Sala resulta irrelevante el hecho de que el actor no se encontrara inscrito en la carrera de la Fiscalía, o por lo menos eso se infiere del escaso material probatorio al respecto, por lo que se pasará a verificar si con el traslado al que se vio sometido el demandante se vulneraron las normas que cita como violadas, o si por el contrario tal movimiento se dio en aras del buen servicio.

En el presente caso está demostrado que el actor pasó de fiscal delegado ante jueces municipales y promiscuos de la Dirección Seccional de Fiscalías de Manizales a la Dirección de Seccional de Fiscalías de Pasto, en el mismo cargo (fl. 4).

Dicho movimiento se considera como un traslado horizontal, entendido como aquél que no implica ascenso ni descenso, se utiliza para proveer vacancias definitivas y se realiza siempre en razón del buen servicio.

La Resolución 0481 del 16 de septiembre de 2002, expedida por el director seccional de fiscalías, ubicó al actor en el mismo cargo que venía desempeñando, pero en la Dirección Seccional de Fiscalías de Pasto ante la vacante dejada por la doctora Margoth Bechara Simancas en la Fiscalía 17 Local con sede en Tumaco (fls. 6 y 7).

Teniendo en cuenta la normativa arriba trascrita y la motivación de los actos acusados, la orden de traslado oficiosa por parte de la fiscalía para suplir una vacante se traduce en una obligación que el empleado debe cumplir salvo que se vulneren sus derechos, esto es, que el traslado implique unas condiciones menos favorables.

En el proceso se logró demostrar que el señor Luis Antonio Martínez Triana tiene un hogar constituido por esposa y dos hijos menores de edad, los cuales residen en la ciudad de Armenia, a quienes visita aproximadamente cada dos meses, tal como se corrobora de los testimonios rendidos por los señores Miguel Ángel Hoyos Mesa, Rubén Darío Téllez y César Augusto Arroyave (fls. 167 a 170, cdno. 2).

De igual manera reposa en el plenario la relación de viajes que el demandante ha hecho por la aerolínea Satena, de donde se pueden deducir los gastos en que ha incurrido para visitar a su familia, los cuales no se hubieran ocasionado si hubiera continuado prestando sus servicios en la seccional de Manizales.

Se demostró también que en varias ocasiones solicitó a la directora seccional de fiscalías de Manizales y al Fiscal General de la Nación, su traslado a la ciudad de Armenia por ser el lugar donde reside su familia (fls. 45 y 53).

Con base en lo anterior, la Sala considera que el compromiso y la actitud responsable del funcionario, mostrada a lo largo de 8 años prestando sus servicios a la institución en lugares alejados de su núcleo familiar, toda vez que desde su vinculación fue trasladado a varios municipios del departamento de Caldas, no puede ser desconocida ni castigada por la administración enviándolo a una ciudad que está muy distante del perímetro donde se desarrolla su entorno familiar.

Además, llama la atención de la Sala el señor Martínez Triana, el 30 de abril de 2002, había solicitado a la administración un traslado a la ciudad de Armenia en razón a su condición familiar; sin embargo y haciendo caso omiso de tal solicitud, la entidad demandada lo trasladó en menos de 4 meses a la ciudad de Pasto.

La anterior situación demuestra que el traslado efectuado por el secretario general de la entidad, no se ciñó a los lineamientos establecidos en el artículo 10 de la Resolución 0-1347 del 4 de julio de 2000, por la cual el Fiscal General de la Nación delegó en el secretario general algunas funciones administrativas, toda vez que dicho movimiento no se dio por la solicitud que él hizo, obviamente, ni por petición expresa de su jefe inmediato, pues de esta última posibilidad no existe prueba que corrobore que ello hubiera sido así, o por lo menos, se vislumbre que la administración no tenía otra alternativa que trasladar al actor a la ciudad de Pasto con el fin de salvaguardar la prestación del servicio.

Así las cosas, el traslado que se concretó a través de los actos acusados fue de carácter oficioso, y las normas que regulan este tipo de traslados lo condiciona a que ello no implique condiciones menos favorables al trasladado, con lo cual pone en el mismo pie de igualdad sus intereses —del empleado— y los de la administración; del mismo modo ocurre en la hipótesis del traslado solicitado, el cual no se puede dar si con él se afecta la buena marcha del servicio público, por lo que, en este caso, no es válido el frío y reiterado argumento de que el interés público debe primar sobre el particular.

Los traslados, como forma de provisión de cargos públicos, bien se trate de empleados de carrera, de libre nombramiento y remoción o en provisionalidad, no pueden implicar condiciones menos favorables, vistas no sólo desde una perspectiva objetiva (salarios, prestaciones, nivel del cargo, funciones, etc.) sino en el contexto subjetivo (costo de vida, relaciones familiares, etc.). De tal suerte, que si se produce una disgregación del núcleo familiar, como en este caso, es indudable que ello se traduce en una desmejora de las condiciones del servidor público trasladado.

No hay que olvidar que la familia es una institución de rango constitucional, a la que la Carta Magna le asigna el doble carácter de “núcleo esencial” e “institución básica” de la sociedad, por este motivo merece amparo especial por parte de esta y del Estado.

Al reconocerle el constituyente esta calidad en el artículo 5º de la Carta, perteneciente al título primero, estableció que la protección aludida a la familia es además un principio fundamental del Estado Social de Derecho colombiano.

El marco de protección a esta institución cobija aspectos tales como el patrimonio familiar, la paternidad y maternidad responsable, la honra y las relaciones familiares; por ello, no se compadece con la lógica que el Estado como protector y garante de derechos fundamentales, desconozca uno de los más importantes cuando juega el papel de empleador, cual es el tener una familia y no ser separado de ella.

Verificado entonces que la administración con los actos acusados infringió las normas en que debió fundarse, toda vez que el traslado del actor violó sus derechos fundamentales en cuanto implicó unas condiciones menos favorables, la Sala despachará favorablemente las pretensiones principales de la demanda.

Por último y en relación con los perjuicios materiales que pide el demandante, se tiene que sobre el particular sólo allegó unos tiquetes aéreos y el poder del abogado, documentos que no resultan suficientes para demostrar un perjuicio material que pueda ser resarcido por el juez, razón por la cual se denegaran tales pretensiones. Además, no existe el lucro cesante ni el daño emergente, toda vez que el actor ha continuado percibiendo los salarios y prestaciones sociales en igual proporción del cargo desde donde fue inicialmente trasladado.

En cuanto a la solicitud de condena en costas, debe precisar la Sala que lo que da lugar a ella es el hecho de que la parte vencida en el proceso haya asumido una conducta que en sentir del fallador lo haga acreedor a tal sanción. En el caso sub lite, la conducta asumida por la entidad demandada no fue dilatoria ni temeraria, por lo que no es posible acceder a la condena en costas solicitada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 2-1871 de 22 de agosto de 2002 y 0481 de 16 de septiembre del mismo año, en cuanto dispusieron el traslado del señor Luis Antonio Martínez Triana, de la Dirección Seccional de Fiscalías de Manizales a la Dirección Seccional de Fiscalías de Pasto, en el mismo cargo.

2. A título de restablecimiento del derecho ORDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación reubicar o trasladar nuevamente al actor al mismo cargo que venía desempeñando en la Dirección Seccional de Fiscalías de Manizales o Armenia, de acuerdo a su solicitud.

3. Esta sentencia deberá ser cumplida en los términos del artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

4. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Esta providencia fue estudiada, aprobada y ordenada su publicación por la Sala en sesión celebrada en la fecha».