Sentencia 2003-00234 de julio 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Rad.: 660012331000200300234-01 (31231)

Actor: María Yolanda Carmona y otros

Demandado: Rama Judicial y otros

Asunto: Acción de Reparación Directa (sentencia)

Bogotá D.C., nueve de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia

La corporación es competente para conocer el asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en proceso de doble instancia57, seguido contra la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación – Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Se advierte por la Sala, que como la sentencia sólo es apelada por la parte demandante, deberá cumplirse lo establecido en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, de tal manera que el recurso se entiende interpuesto respecto a lo desfavorable al apelante. El análisis de la impugnación se circunscribirá por lo tanto a los argumentos expuestos y desarrollados por la parte demandante en el recurso de apelación.

2. Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Con la Carta Política de 1991 se produjo la “constitucionalización” de la responsabilidad del Estado y se erigió como garantía de los derechos e intereses de los administrados58, sin distinguir su condición, situación e interés59. Como bien se sostiene en la doctrina.

“La responsabilidad de la administración, en cambio, se articula como una garantía de los ciudadanos, pero no como una potestad60; los daños cubiertos por la responsabilidad administrativa no son deliberadamente causados por la administración por exigencia del interés general, no aparecen como un medio necesario para la consecución del fin público”61.

Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la responsabilidad extracontractual del Estado tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública62 tanto por la acción, como por la omisión. Dicha imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar: i) atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio —simple, presunta y probada; daño especial —desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal—; riesgo excepcional); Adicionalmente a lo anterior, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado.

En cuanto el daño antijurídico, debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado social de derecho. Así pues, el precedente jurisprudencial constitucional ha señalado,

“La Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia administración”63.

De igual manera, el precedente jurisprudencial constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra a los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (art. 1º) y la igualdad (art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución”64.

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad65, según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica66. Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”67.

En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva, título autónomo que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”68. Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico-jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”69.

Esto, sin duda, es un aporte que se representa en lo considerado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”70. Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no71.

Dicha tendencia es la que marcó el precedente jurisprudencial constitucional, pero ampliado la consideración de la imputación (desde la perspectiva de la imputación objetiva) a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad es necesario para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación.

En ese sentido, el precedente jurisprudencial constitucional indica:

“…el núcleo de la imputación no gira en torno a la pregunta acerca de si el hecho era evitable o cognoscible. Primero hay que determinar si el sujeto era competente para desplegar los deberes de seguridad en el tráfico o de protección frente a determinados bienes jurídicos con respecto a ciertos riesgos, para luego contestar si el suceso era evitable y cognoscible72. Ejemplo: un desprevenido transeúnte encuentra súbitamente en la calle un herido en grave peligro (situación de peligro generante del deber) y no le presta ayuda (no realización de la acción esperada); posteriormente fallece por falta de una oportuna intervención médica que el peatón tenía posibilidad de facilitarle trasladándolo a un hospital cercano (capacidad individual de acción). La muerte no le es imputable a pesar de la evitabilidad y el conocimiento. En efecto, si no tiene una posición de garante porque él no ha creado el riesgo para los bienes jurídicos, ni tampoco tiene una obligación institucional de donde surja un deber concreto de evitar el resultado mediante una acción de salvamento, el resultado no le es atribuible. Responde sólo por la omisión de socorro y el fundamento de esa responsabilidad es quebrantar el deber de solidaridad que tiene todo ciudadano”73.

A lo que se agrega por el mismo precedente,

“En la actualidad, un sector importante de la moderna teoría de la imputación objetiva (la nueva escuela de Bonn: Jakobs, Lesch, Pawlik, Müssing, Vehling) estudia el problema desde una perspectiva distinta a la tradición de Armin Kaufmann: el origen de las posiciones de garante se encuentra en la estructura de la sociedad, en la cual existen dos fundamentos de la responsabilidad, a saber:

1. En la interacción social se reconoce una libertad de configuración del mundo (competencia por organización) que le permite al sujeto poner en peligro los bienes jurídicos ajenos; el ciudadano está facultado para crear riesgos, como la construcción de viviendas a gran escala, la aviación la exploración nuclear, la explotación minera, el tráfico automotor etc. Sin embargo, la contrapartida a esta libertad es el surgimiento de deberes de seguridad en el tráfico, consistentes en la adopción de medidas especiales para evitar que el peligro creado produzca daños excediendo los límites de lo permitido. Vg. Si alguien abre una zanja frente a su casa, tiene el deber de colocar artefactos que impidan que un transeúnte caiga en ella. Ahora bien, si las medidas de seguridad fracasa y el riesgo se exterioriza amenazado con daños a terceros o el daño se produce —un peatón cae en la zanja— surgen los llamados deberes de salvamento, en los cuales el sujeto que ha creado con su comportamiento peligroso anterior (generalmente antijurídico) un riesgo para los bienes jurídicos, debe revocar el riesgo – prestarle ayuda al peatón y trasladarlo a un hospital si es necesario (pensamiento de la injerencia). Esos deberes de seguridad en el tráfico, también, pueden surgir por asunción de una función se seguridad o de salvamento, como en el caso del salvavidas que se compromete a prestar ayuda a los bañistas en caso de peligro.

Los anteriores deberes nacen porque el sujeto ha configurado un peligro para los bienes jurídicos y su fundamento no es la solidaridad sino la creación del riesgo. Son deberes negativos porque su contenido esencial es no perturbar o inmiscuirse en los ámbitos ajenos. Corresponde a la máxima del derecho antiguo de no ocasionar daño a los demás.

2. Pero frente a la libertad de configuración, hay deberes que proceden de instituciones básicas para la estructura social (competencia institucional) y que le son impuestas al ciudadano por su vinculación a ellas. Por ejemplo, las relaciones entre padres e hijos y ciertas relaciones del estado frente a los ciudadanos. Estos deberes se caracterizan, porque el garante institucional tiene la obligación de configurar un mundo en común con alguien, de prestarle ayuda y protegerlo contra los peligros que lo amenacen, sin importar que el riesgo surja de un tercero o de hechos de la naturaleza. Vg. El padre debe evitar que un tercero abuse sexualmente de su hijo menor y si no lo hace, se le imputa el abuso.

Los deberes institucionales se estructuran aunque el garante no haya creado el peligro para los bienes jurídicos y se fundamentan en la solidaridad que surge por pertenecer a ciertas instituciones básicas para la sociedad. Se trata de deberes positivos, porque contrario a los negativos en los cuales el garante no debe invadir ámbitos ajenos, en éstos debe protegerlos especialmente contra ciertos riesgos7475.

16. En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante, predicable tanto de los delitos de acción como de omisión, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de sí una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante.

“Si alguien tiene deberes de seguridad en el tráfico, lo trascendente para la imputación si esa persona desplegó deberes de diligencia para evitar que el peligro creado no excediera los límites de lo prohibido. Si se es garante, no interesa si el sujeto originó un curso causal (acción) o no impidió el desarrollo del mismo (omisión), sino, si ha cumplido con los deberes de seguridad que le impone el ejercicio de una actividad peligrosa. Vg. Si alguien maneja una represa y el agua se desborda ocasionándole daño a una población, en el juicio de imputación lo sustancial no es si el operario abrió la compuerta más de lo debido (acción) o simplemente no la cerró a tiempo (omisión); lo fundamental es si cumplió o no con los deberes de seguridad que surgían del control de una fuente de peligro. Lo mismo acontece, cuando en virtud de relaciones institucionales se tiene el deber de resguardar un determinado bien jurídico contra determinados riesgos. El padre de familia incumple sus deberes de protección frente a su hijo, no sólo cuando entrega el arma homicida, también lo hace cuando no evita que un tercero le ocasione una lesión mortal. En la actualidad, se afirma que la técnica moderna y el sistema social, hacen intercambiables la acción y la omisión76. Günther Jakobs ha demostrado que todos los problemas del delito de omisión son trasladables a la acción. Hay conductas activas, socialmente adecuadas, que se convierten en un riesgo jurídicamente desaprobado cuando la persona tiene una posición de garante. Ejemplo: es socialmente adecuado apagar la luz del portón de una casa (acción) aun cuando sea probable que un peatón puede tropezar en la oscuridad; pero se convierte en un comportamiento prohibido (apagar la luz) si el propietario ha realizado una construcción frente a ella, porque el crear una fuente de peligro aparecen deberes de seguridad en el tráfico: alumbrar la obra para que nadie colisione con ella”77.

En los anteriores términos, la responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico), y excepcionalmente procederá cuando el caso lo permita la imputación objetiva. Conforme a lo anterior esquema, se analizará el caso a resolver.

3. Las pruebas aportadas al proceso.

3.1 Documentales.

— Copia auténtica del registro civil de matrimonio de Ancízar González Hernández y María Yolanda Carmona expedida el 6 de febrero de 2003, en la que consta que contrajeron matrimonio el día siete de mayo de 196678.

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Martha Cecilia González Carmona79.

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Adriana González Carmona80.

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Julio Cesar González Carmona81.

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor John Jairo González Carmona82.

— Copia autentica del Registro Civil de defunción del señor Ancízar González Hernández83.

— Copia simple del Certificado de defunción Nº A-444194, expedido por Clara Gómez Rodríguez, Medico sanitario de la Cárcel del Distrito Judicial de Pereira en el que consta que la fecha y hora de la defunción fue el 29 de mayo de 2001 a las 3:20 p.m. y que la causa directa de la muerte fue “Infarto agudo de miocardio debido a enfermedad coronaria. Aneurisma disecante de Aorta No quirúrgico”84.

— Copia simple del Informe de Defunción del Interno Ancizar González Hernández, presentado por el Medico de Sanidad Clara Gómez Rodríguez en el que consta: “Paciente quien cursaba con enfermedad coronaria leve o moderada, disección aortica (sic), tipo V con compromiso de arteria renal. Paciente quien fue valorado en la Ciudad de Medellín y Cali, donde fue contraremitido (sic), por el algo riesgo de su cirugía, que probablemente implicaría su muerte. En este centro carcelario, se le administraron los medicamentos: lanitop, warfarina, isordil, catapril, formulados por cardiólogos. Probable causa de muerte infarto Agudo del (sic) Miocardio. Se informó el caso a la Fiscalía, quienes argumentaron que no se realizaría el levantamiento ni necropsia (sic) por ser una muerte natural.”85

— Copia auténtica del Certificado de Necropsia Nº A-290636, expedido por Henry Carlos Herrera, Medico de Medicina Legal, que indica que la fecha y hora de la defunción fue el 29 de mayo de 2001 a las 3:20 p.m, y que la causa directa de la muerte del señor González Hernández fue: “Choque Hipovolemico (sic) debido a: Aneurisma roto de aorta torácica, hipertensión arterial“86.

— Copia auténtica de la sentencia de única instancia proferida en el proceso Nº 0175-99 contra Ancízar González Hernández y otros, por el delito de Hurto agravado y falsa denuncia87.

— Petición del señor Ancízar González Hernández del 29 de enero de 2001, dirigida al Señor Juez Segundo de Ejecución de Penas de Pereira solicitando la suspensión de la pena al tenor de lo establecido en el artículo 507 del Código de Procedimiento Penal, aduciendo padecer grave dolencia para la que estaba siendo tratado y además por las obligaciones forzosas que tenía para atender para poder responder al sostenimiento de su esposa e hijos en proceso educativo88.

— Constancia Secretarial de 30 de enero de 2001, en la que consta que el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad asumió el conocimiento de la causa penal seguida contra el señor Ancízar González Hernández, procedente del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas89.

— Auto de 2 de febrero de 2001 en el que el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira disponible dar trámite a la solicitud de libertad del señor González Hernández y ordena remitir al citado señor al Médico Legista con el fin de que dictamine sobre su estado de salud, y en caso de sufrir alguna enfermedad informe, si ésta tiene connotación de grave, de forma tal que implique la suspensión de la pena90.

— Oficio Nº 174 de 5 de febrero de 2001, en el que el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira informa al peticionario que en atención a su solicitud se dispuso su remisión al Médico legista para que este o examine91.

— Oficio Nº 173 de 5 de febrero de 2001, en el que se solicita por parte del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de seguridad al Médico Legista la valoración del interno Ancízar González Hernández92.

— Copia simple de la Certificación expedida por el Instituto del Seguro Social de Pereira de 2 de marzo de 2001, donde consta que el señor Ancizar González Hernández fue hospitalizado el día 25 de febrero de 2001 con “un diagnóstico de Aneurisma Disecante de Aorta con compromiso de A. Renales, se encuentra delicado de salud93.

— Solicitud del Defensor del Pueblo, Regional Risaralda, para que atendiendo a las críticas condiciones de salud del interno Ancízar González Hernández “valoración por un Médico del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que determine la enfermedad que padece y si es el caso la suspensión de la ejecución de la pena que purga94.

— Oficio Nº 291 del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Aseguramiento de Pereira, en el que se le informa al Defensor del Pueblo que la remisión del interno González Hernández ha sido programada para el día 9 de marzo de 2001, con el fin de que el recluso sea valorado por el Médico Legista Nº 17395.

— Oficio Nº 576 de 12 de marzo de 2001 expedido por la Asesora Jurídica del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, en el que se comunica al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, que el “interno González Hernandez Ancízar, fue trasladado para la Cárcel del Distrito Judicial de Medellín- Ant.

El traslado se efectuó el día 9 de marzo del año 2001. En cumplimiento a orden de la Dirección del Establecimiento mediante Resolución 83 de Marzo 08/2001”96.

— Examen TAC helicoidal del tórax y del abdomen contrastados (angiotac), practicado al señor González Hernández en el que se concluyó que el paciente presentaba:

“Aneurisma de aorta torácica originado inmediatamente distal al origen de la arteria subclavia izquierda con disección aórtica secundaria originada en la parte distal del aneurisma la cual se extiende hasta el aspecto distal al origen de la arteria renal izquierda. El lumen falso tiene trombo mural pequeño periférico posterolateral izquierdo. Del lumen falso se están originando el tronco celíaco y la arteria renal izquierda. No se definen signos de ruptura. No se identifica hematomas mediastinales o retroperitoneales ni derrames pleurales. Cambios postquirúrgicos torácicos. Signos de prótesis valvular aórtica metálica.

Discreta cardiomegalia con crecimiento predominante de cavidades izquierdas. No hay signos de falla cardiaca.

No se identifica derrame pericárdico97”.

— Constancia secretarial de 14 de marzo de 2001, en la que el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad reconoce que no se pudo practicar el examen médico legista ordenado para el día 9 de marzo del mismo año, puesto que el señor Ancízar González Hernández, por motivos de salud había sido remitido en ambulancia a la ciudad de Medellín98.

— Boleta de cambio Nº 054 de 14 de marzo de 2001, por medio de la que el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, ordena la remisión inmediata del expediente del Señor González Hernández al juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de Medellín por competencia, anotando que hay solicitud de suspensión de la pena pendiente de resolver para la que se había solicitado remisión del interno a medicina legal para la correspondiente valoración99.

— Constancia secretarial de 23 de marzo de 2001, del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, en el que evocó conocimiento del asunto100.

— Copia auténtica del dictamen para Estado de Salud de 15 de marzo de 2001, rendido por el Perito Forense 204-4 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses101 cuya conclusión era que “1. Paciente no presenta enfermedad grave que implique suspensión de la pena desde el punto de vista orgánico. 2. Requiere evaluación por psiquiatría forense por estado de salud.”

Oficio Nº 346 de 26 de marzo de 2001, mediante el que el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira remite el dictamen pericial correspondiente al condenado Ancízar González Hernández, cuyo proceso fue remitido a la ciudad de Medellín el 14 de marzo del mismo año102.

— Informe del Doctor Luis Miguel Benítez de 14 de abril de 2001, del Servicio de Hemodinamia de la Clínica de Occidente, en el que se concluyó: “1. Enfermedad coronaria leve a moderada. 2. Tubo valvulado normo funcionante. 3. Disección aortica tipo v con compromiso de arteria renal izquierda103”.

— Decisión de 18 de abril de 2001 del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, en la que negó el beneficio de suspensión de la pena solicitada por el señor Ancizar González Hernández104.

— Informe de 25 de abril de 2001, emitido por el Doctor Julio E. Sánchez A, en el que consta que el “paciente se encuentra en una situación crítica que pone en peligro su vida”105

— Oficio de 11 de mayo de 2001 dirigido por el Defensor del Pueblo de la Regional Risaralda, al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira al que allega copia informal del concepto del médico Julio E. Sánchez y del dictamen médico forense del señor González Hernández, con el fin de que dicho Despacho los analice y determine la posibilidad de otorgarle el beneficio de suspensión provisional, puesto que es “… un hecho real que el hacinamiento en el centro carcelario donde se encuentra privado de la libertad el señor González, influyen de manera negativa en su estado de salud y aumentan el riesgo de muerte por lo que se hace imprescindible estudiar su caso en conjunto esto es, padecimiento, condiciones de vida, recursos, etc106.

— Solicitud de la Abogada de la Defensoría del Pueblo de 11 de mayo de 2001, dirigida al Director de la Cárcel Distrital de Varones de Pereira, en la que solicita allegar certificado de estado de salud del señor Gonzáles Hernández, recluido en la sección de enfermería de dicho Centro carcelario para garantizarle “calidad de vida y su vida misma”. Trámite necesario para obtener respuesta a la solicitud de suspensión de la Ejecución de la pena impuesta por parte del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad107.

— Constancia secretarial del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín de 15 de mayo de 2001, mediante la que se remite el expediente del señor Ancizar González Hernández, al juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Risaralda), funcionario que asume la competencia de vigilancia de la sanción impuesta al citado, puesto que el mismo se encuentra recluido en la Cárcel del Distrito Judicial de esa ciudad108.

— Oficio 0278 radicado ante el Juzgado de Ejecución de penas el 18 de mayo de 2001109 en el que el Director (encargado) de la Cárcel del Distrito Judicial de Pereira, alerta al Juez de la penosa enfermedad que padece el señor González.

— Oficio Nº 498 de 22 de mayo de 2001 del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira que ordena al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses la valoración del señor González Hernández con el fin de determinar si padece de enfermedad grave y si esta le impide seguir recluido en el establecimiento carcelario110.

— Copia auténtica del dictamen para Estado de Salud, de 24 de mayo de 2001, rendido por el Perito Médico Forense 15290 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses111, cuya conclusión era que: “el señor Ancizar González Hernández padece grave enfermedad. Positivo para grave enfermedad…”.

— Historia Clínica de paciente Ancizar González Hernández112.

— Informe rendido el 9 de diciembre de 2003 por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Risaralda en relación con los dos dictámenes médicos legales emitidos para valorar las condiciones de salud del señor González Hernández por orden del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, en el que se concluye que “los dictámenes 5220-01 y 1752-01 fueron emitido (sic) de conformidad con los parámetros científicos y médico legales establecidos por el Instituto Nacional Legal para estos casos113.

3.2. Testimoniales.

— Declaración del doctor Jairo González Henao, médico del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la ciudad de Pereira, quien rindió el primer dictamen por estado de salud del señor Ancízar González Hernández, en el que manifestó que el examen practicado responde a estándares médicos y científicos y que se circunscribió solo a lo solicitado por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Pereira. En los que el testigo relató:

Preguntado: Refiere medicina legal en el escrito de contestación de la demanda al hecho quinto “Es cierto por oficio 173 de febrero 5 de 2001, se recibió la solicitud para la práctica de un estado de salud más no para que se determine la “dolencia” que padecía el señor González Hernández porque esto no es un requisito que determine un estado de salud procedimiento médico legal que determina el estado de grave enfermedad”. De acuerdo con el diccionario Larousse cómo puede usted doctor como perito médico determinar un estado de grave enfermedad si desconoce la naturaleza de la misma. Contesto: Como se aclaró en pregunta anterior para el perito médico forense es fundamental conocer todos los elementos de juicio que pueda tener disposiciones en el momento de la evaluación para concluir el estado actual del examinado y si este cumple con los parámetros establecidos por la institución para ser considerado como grave enfermedad, es decir la histórica clínica antigua, los antecedentes personales del examinado médicos, quirúrgicos, familiares, este, el examen físico y el análisis de los exámenes paraclínicos que se aporten deben ser tenido en cuenta en el análisis de la situación actual. Preguntado: el señor González Hernández llegó a su consulta médico legal con signos de insuficiencia cardiaca como loa leve ingurgitación yugular, edema grado uno de miembros inferiores, sensación de muerte inminente con antecedentes de enfermedad arterioesclerótica tratada con cirugía de corazón abierto además le manifiesta que no le dan los medicamentos recomendados por los médicos especialistas, no cree usted doctor que con este historial se imponía una remisión inmediata del asistente (sic) al Instituto de Seguros Sociales para valoración y tratamiento por médico cardiólogo o internista y al cual el señor González tenía derecho por ser beneficiario del ISS. Contesto: Primero es importante aclarar que la sensación de muerte inminente no figura en la enfermedad actual relatada por el examinado. Desde el punto de vista médico legal no es sinónimo grave enfermedad a una enfermedad grave, es decir, un examinado puede tener una enfermedad que se considere grave pero es de acuerdo al estado de la misma que se define si puede ser considerada una grave enfermedad, en el caso que nos ocupa el examinado presentaba leve ingurgitación yugular, edema leve de miembros inferiores que son signos de una insuficiencia cardiaca leve esperada en el paciente después de un procedimiento quirúrgico que corrigió una lesión valvular severa y para se considerada como grave enfermedad al momento de este examen debe por lo menos estar comprometida la función respiratoria o cardiovascular la cual se encontraba compensada, se tuvo en cuenta además la necesidad de tratamiento recomendado por el especialista para ser administrado en el centro carcelario y fue detectado en el paciente una depresión secundaria a su vida de reclusión para la cual se recomendó tratamiento psiquiátrico. Todo esto se tuvo en cuenta en las recomendaciones finales donde se solicitó además continuar el tratamiento con especialista en cardiología cosa que debe hacer el médico forense en estos casos donde el manejo puede ser realizado en forma ambulatoria asistiendo a las instituciones asistenciales correspondientes”114.

Pese a lo cual también confirmó que:

Preguntado: Sírvase informar como complemento de la respuesta anterior si de la falta de entrega de los medicamentos de manera oportuna que le expuso a usted el señor González podría pensarse que en algún momento le sobreviniera la muerte conforme era su temor. Contesto: Inicialmente no he analizado la historia clínica para confirmar la entrega o no de medicamentos pero el tratamiento de cualquier enfermedad busca mejorar las condiciones del paciente, aliviarlas o evitar complicaciones. En el paciente hasta el momento del examen no se habían presentado las misma (sic) y correspondía a el interrogatorio la referencia de que no recibía medicamentos”115.

Informe rendido el 9 de diciembre de 2003 por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Risaralda en relación con los dos dictámenes médicos.

— Declaración del doctor Pablo Tadeo Correa López, médico del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien realizó el segundo dictamen de estado de salud el día 24 de mayo de 2001, en el que manifestó:

Preguntado: Sírvase informar si conoce al señor Ancizar González Hernández, en caso afirmativo se servirá exponer las razones de ese conocimiento y hacer un relato acerca de los hechos de que cuenta el objeto del presente proceso el cual se la informado. Contesto: Si lo conocí, el 24 de mayo de 2001 cuando me desplacé a la cárcel La 40 después de haberse entregado una orden para realizar un dictamen de estado de salud intracarcelario, cuando estuve en la enfermería de la cárcel se me entregó historia clínica y examiné al paciente el cual encontré que su estado de salud era grave con base en el interrogatorio los hallazgos al examen físico y la historia clínica aportada”116

(…).

Preguntado: El señor González es evaluado para el examen médico legal el 5 de febrero de 2001, en ese mismo año el 25 de enero es remitido desde la cárcel a urgencias del Hospital San Jorge en graves condiciones generales, o sea que entre uno y otro mediaron 20 días, doctor es posible científicamente que un aneurisma disecante de la aorta con compromiso a renales se desarrolle en se lapso. Contesto: Si, y en menos tiempo ya que el aneurisma disecante cuando se hace manifiesto clínicamente es porque al comienzo es agudo de hecho es uno de los diagnósticos diferenciales cuando estamos frente a un dolor abdominal o toráxico agudo”117.

Declaración del señor Guillermo Velosa Arbeláez, médico del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quién certificó que lo dos dictámenes realizados al paciente Ancízar González Hernández, para establecer su estado de salud, estuvieron ajustados a criterios científicos118.

4. Régimen de responsabilidad aplicable.

En relación con las personas que se encuentran privadas de la libertad, quienes deben soportar tanto la limitación en el ejercicio de sus derechos y libertades como, igualmente, la reducción o eliminación de las posibilidades de ejercer su propia defensa frente a las agresiones de agentes estatales o de terceros respecto de quienes puedan ser víctimas al interior del establecimiento carcelario, el Estado debe garantizar por completo la seguridad de los internos y asumir los riesgos que lleguen a presentarse.

En virtud de dicha circunstancia, esta Sección ha considerado que el régimen de responsabilidad aplicable a los daños causados a las personas privadas de la libertad, en centros carcelarios, es objetivo, teniendo en cuenta las condiciones especiales en las cuales se encuentran y con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política. Así pues, ha puesto de presente que en estos casos, entre las personas presas o detenidas y el Estado existen “relaciones especiales de sujeción119, teniendo en cuenta su sometimiento a un régimen jurídico especial, pero correlativamente, al limitar el ejercicio de ciertos derechos, surgen otros de carácter especial que deben ser garantizados por la autoridad competente.

La Corte Constitucional, en sentencia T-1190 de 4 de diciembre de 2003, ha considerado respecto del deber de protección del derecho a la vida de las personas lo siguiente:

“(…) La privación de la libertad de una persona la coloca en una situación de indefensión, que genera obligaciones de protección por parte de quien adopta la medida o acción restrictiva de la libertad. No importa que se trate de particulares o del Estado, y que la restricción sea lícita o ilícita.

“Esta particular condición de indefensión, en la medida en que impide por completo la satisfacción de las necesidades del privado de libertad por los medios a su disposición en condiciones de generalidad, implica que las obligaciones de protección no necesariamente son de medio120. En este sentido, la responsabilidad no se deriva de una relación causal naturalística entre la privación de la libertad y los daños o peligros a los que se ve sometida la persona, sino que tiene como base el mero deber de custodia y protección que se desprende de colocar a la persona en una situación restrictiva de su libertad.

Así pues, cuando se encuentre acreditado un daño antijurídico por la muerte del recluso y/o detenido, debe concluirse que el mismo resulta imputable al Estado, bajo un régimen objetivo de responsabilidad.

Sin embargo, también ha aclarado esta corporación que:

“Para determinar la imputabilidad al Estado de los perjuicios que se lleguen a causar a quienes se encuentren privados de la libertad por orden de autoridad competente, la jurisprudencia de la Sección ha sostenido que el título de imputación aplicable es de naturaleza objetiva. Sin embargo, hay que advertir que en casos como el presente en donde lo que se discute es la responsabilidad del Estado originada en daños sufridos por los reclusos, derivados de la prestación del servicio de salud por parte del establecimiento carcelario, la Sección ha sostenido que el régimen de responsabilidad aplicable es el de la falla del servicio, toda vez que tal servicio debe ‘prestarle en las mismas condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia que supone la prestación de este servicio para quienes no se encuentran en esa particular situación’121”.

La Subsección encuentra pertinente señalar que la postura jurisprudencial transcrita permite verificar los fundamentos teóricos que han servido para resolver los casos concretos que se han puesto en su conocimiento de la corporación, sin embargo, se debe reiterar lo señalado por la Sala Plena de la Sección Tercera, en sentencia del 29 de abril de 2012, en torno a la utilización de los mencionados regímenes, según la cual:

“En la actualidad, las decisiones judiciales que se consideran admisibles son únicamente aquellas que tienen como sustento, criterios o parámetros distinguibles que puedan ser revisados y analizados desde una órbita externa a la decisión misma. Bajo esa perspectiva, cada providencia judicial conlleva una elección entre diferentes opciones de solución, que, según el criterio del fallador, se escoge por mostrarse como la más adecuada al caso concreto.

“En ese orden de ideas, la razón por la cual se exige al juez dicha motivación tiene que ver con la necesidad de observar el itinerario recorrido para la construcción y toma de la decisión adoptada, de manera que se disminuya el grado de discrecionalidad del fallador quien deberá siempre buscar la respuesta más acertada, garantizando así una sentencia argumentada, susceptible de ser controvertida en tal motivación por vía de impugnación por las partes que se vean perjudicadas.

“En el caso colombiano, la obligatoriedad de motivación de las sentencias judiciales, encuentra su antecedente más cercano en el artículo 163 de la Constitución de 1886122, regla ésta que fue excluida de la Carta Política de 1991 y que vino a ser incorporada de nuevo con la expedición de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia123. Así mismo, el Código Contencioso Administrativo contempla los elementos esenciales que deben contener las sentencias judiciales, entre los cuales aparece de manera expresa la necesidad de motivación124.

“En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

“En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia”125.

Así las cosas, en el entendido de que en el sub lite se discute la responsabilidad administrativa y patrimonial de las entidades públicas demandadas por la muerte del recluso Ancízar González Hernández en cuanto se produjo mientras éste se encontraba en la Cárcel cumpliendo la pena de 25 meses impuesta por el delito de Hurto. La Sala analizará la conducta de la parte demandada con el fin de determinar el régimen de responsabilidad que mejor consulte en el presente caso concreto y permitirá adoptar la decisión que en Derecho corresponda.

5. Problema jurídico.

De lo anterior se puede plantear como problema jurídico: ¿cabe atribuir fáctica y jurídicamente la responsabilidad patrimonial a las entidades demandadas por los daños causados como consecuencia de la muerte de Ancizar González Hernández, en atención a que sus familiares no estaban obligados a soportar el resultado dañoso y perjudicial ocasionado por el Estado?

6. El daño antijurídico.

La muerte del señor Ancízar González Hernández el día 29 de mayo de 2001 se encuentra debidamente en los siguientes documentos:

Copia simple del Certificado de defunción Nº A-444194, expedido por Clara Gómez Rodríguez, Medico sanitario de la Cárcel del Distrito Judicial de Pereira en el que consta que la fecha y hora de la defunción fue el 29 de mayo de 2001 a las 3:20 p.m. y que la causa directa de la muerte fue “Infarto Agudo de Miocardio Debido a Enfermedad Coronaria. Aneurisma disecante de Aorta No quirúrgico”126.

Copia simple del Informe de Defunción del Interno Ancízar González Hernández, presentado por el Médico de Sanidad Clara Gómez Rodríguez en el que consta: “Paciente quien cursaba con enfermedad coronaria leve o moderada, disección ahortica (sic) tipo V con compromiso de arteria renal. Paciente quien fue valorado en la Ciudad de Medellín y Cali, donde fue contraremitido (sic), por el alto riesgo de su cirugía, que probablemente implicaría su muerte. En este centro carcelario, se le administraron los medicamentos: lanitop, warfarina, isordil, catapril, formualdos por cardiólogos. Probablemente causa de muerte infarto Agudo del (sic) Miocardio. Se informó el caso a la Fiscalía, quienes argumentaron que no se realizaría el levantamiento ni necropcia (sic) por ser una muerte natural.”127

Copia auténtica del Certificado de Necropsia Nº A-290636, expedido por Henry Carlos Herrera, Medico de Medicina Legal, que indica que la fecha y hora de la defunción fue el 29 de mayo de 2001 a las 3:20 p.m, y que la causa directa de la muerte del señor González Hernández fue: “Choque Hipovolemico (sic) debido a: Aneurisma rodo de aorta torácica, hipertensión arterial”128.

En cuanto al daño antijurídico, el precedente jurisprudencial constitucional señala que la,

“…antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración sino de la no soportabilidad del daño antijurídico a partir de la consideración de que quién lo sufre no está obligado a soportarlo constituye otra forma de plantear el principio constitucional según el cual, la igualdad frente a las cargas públicas es sustento de la actividad de la administración pública”129.

Así pues, el precedente jurisprudencial constitucional ha señalado,

“La Corte Constitucional ha entendido que esta aceptación del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia administración”130.

De igual manera, el precedente jurisprudencial constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (art. 1º) y la igualdad (art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución”131.

Así mismo, debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho, ya que como lo señala el precedente de la Sala un “Estado social de derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos”132. Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable133, anormal134 y que se trate de una situación jurídicamente protegida135.

Se trata de un daño que la víctima, González Hernández, no estaba llamado a soportar como una carga ordinaria, ni siquiera extraordinaria, en atención al respeto de su dignidad humana y de sus derechos constitucionales a la vida y a la integridad personal, que es incuestionable en un Estado Social de Derecho136. Sin embargo, no siendo suficiente constatar la existencia del daño antijurídico, es necesario realizar el correspondiente juicio de imputación, que permita determinar si cabe atribuirlo fáctica y jurídicamente a las entidades demandadas, o si opera alguna de las causales exonerativas de responsabilidad, o se produce un evento de concurrencia de acciones u omisiones en la producción del daño.

7. Imputación de la responsabilidad.

La Sala, del examen conjunto, armónico y coherente, y en aplicación del principio de la sana crítica, de los medios probatorios allegados al proceso no logra establecer que el daño antijurídico causado a Ancízar González Hernández sea atribuible [fáctica y jurídicamente] a las entidades demandadas puesto , que de ellos se deduce que la actuación desplegada por las entidades demandadas estuvo dentro del principio de legalidad y se acogió a los marcos científicos y normativos establecidos para la protección de este tipo de eventos. Si bien se probó que el señor González Hernández padecía de una enfermedad grave que no pudo haberse deteriorado por las condiciones de insalubridad en las que estaba recluido en la Cárcel bajo la orden del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de Pereira, también consta como en todo momento fue atendido por las Autoridades sanitarias del centro de reclusión. Desafortunadamente, y de acuerdo con los informes que reposan en el expediente, no se puede deducir que la resolución tardía de su solicitud de suspensión provisional de la Pena, de acuerdo con el artículo 507 del CPP, haya sido la causa eficiente para ocasionarle la muerte, ni que el hecho de no habérsele concedido dicho subrogado hubiera evitado el fatal desenlace.

En cambio, si se concluye que el estado de salud del recluso, siempre fue garantizado tanto en el centro médico de la institución carcelaria donde purgaba la pena como en los centros especializados a los que tuvo que acudir por las condiciones de su enfermedad para poder asegurar la salud del detenido, como alega la parte demandada.

En el caso sub examine, el señor González Hernández, pese a la solicitud de suspensión, continuo cumplimiento la pena en su sitio de reclusión y para tal fin, la autoridades públicas involucradas estuvieron atentas al seguimiento de su enfermedad y a facilitarle las atenciones y cuidados necesarios, de acuerdo con sus posibilidades.

En consecuencia, desde el punto de vista jurídico de deber del Estado, en el caso del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, su función era el cumplimiento de la orden judicial para mantener recluido al señor González Hernández y en todo momento, la protección de su salud se le garantizó tanto en la Cárcel como en las diferentes oportunidades en que tuvo que ser remitido a otros centros especializados para garantizar los cuidados de su enfermedad.

El señor Ancízar González Hernández, quería vivir y así lo manifestó en el escrito dirigido al Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira al solicitar el beneficio de suspensión de la pena, sin embargo, frente a la evolución de su enfermedad y analizando los informes médicos que constan en el sumario, no se probó que la situación de gravedad padecida tuviera como causa su reclusión en dicho centro penitenciario. Tanto que en su momento, la valoración que hizo el Juzgado de Ejecución de Penas de la ciudad de Medellín, basada en el Informe de Medicina Legal correspondiente, se ajustó a los términos legales y científicos y denegó la petición de suspensión. En la Cárcel siempre se le garantizó su derecho a la salud, y como se ve en el certificado de defunción, la muerte del recluso fue por muerte natural, no atribuible a ninguna circunstancia especial o a alguna falta de cuidado o diligencia de alguna autoridad pública involucrada en su custodia o vigilancia. Dicho lo anterior, el hecho de no haber probado que la muerte del recluso pueda ser atribuible a la no concesión de la medida de suspensión de la pena alegada o a un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, no permite a esta instancia atribuirle ningún tipo de responsabilidad a la parte demandada Nación – Rama Judicial, en la muerte del señor González Hernández.

Igualmente, compartimos la posición del A quo, de no atribuir responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación, toda vez que ésta no intervino ni tuvo injerencia alguna respecto del trámite de la solicitud de suspensión provisional de la pena, impetrada por el señor González Hernández ante el Juez de Ejecución de Penas de la ciudad de Pereira, siendo este último el funcionamiento judicial competente por virtud de su cargo para ejercer la vigilancia en la ejecución de la pena de 25 meses de prisión que le fue impuesta al recluso en cuestión por parte del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas por el hecho punible de hurto.

Con base en los anteriores argumentos, la Sala confirma la sentencia de a quo negando las súplicas de la demanda.

8. Condena en costas.

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de Conformidad con lo reglado en el artículo 171 de Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Risaralda el 10 de marzo de 2005.

2. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

3. SIN CONDENA en costas.

4. DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(57) La corporación admitió el recurso teniendo en cuenta que para la fecha de interposiciones se aplicaba el Decreto 597 de 1988, artículo 132 Nº 10 para determinar la cuantía y la vocación de doble instancia.

(58) La “responsabilidad patrimonial del estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Postura que fue seguida en la sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional, sentencia C-892 de 2001.

(59) La “razón de ser de las autoridades públicas es defender a todos los ciudadanos y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Omitir tales funciones entraña la responsabilidad institucional y la pérdida de legitimidad. El estado debe utilizar todos los medios disponibles para que el respeto de la vida y derechos sea real y no solo meramente formal” Sentencia de 26 de enero, Exp. AG-2001-213. En la doctrina puede verse Starck, Boris. Essai d une théorie general de la responsabilité civile considerée en sa doublé fonction de garantie et de peine privée. Paris, 1947.

(60) “La responsabilidad, a diferencia de la expropiación, no representa un instrumento en manos de la Administración para satisfacer el interés general, una potestad más de la que ésta dispone al llevar a cabo su actividad, sino un mecanismo de garantía destinado a paliar, precisamente, las consecuencias negativas que pueda generar dicha actividad. La responsabilidad, por así decirlo, no constituye una herramienta de actuación de la Administración, sino de reacción, de reparación de los daños por ésta producidos”. Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema. 1ª ed. Madrid, Civitas, 2001, pág. 120.

(61) Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema, ob, pp.120-121.

(62) Conforme a los establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sentencia de 21 de octubre de 1999, exps. 10948-11643. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la imputatio juris’ además de la ‘imputatio facti’. Sentencia de 13 de julio de 1993.

(63) Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996.

(64) Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001.

(65) En los términos de Kant, dicha imputación se entiende: “Imputación (imputatio) en sentido moral es el juicio por medio del cual alguien es considerado como autor (causa libera) de una acción, que entonces se llama acto (factum) y está sometida a leyes; si el juicio lleva consigo a la vez las consecuencias jurídicas del acto, es una imputación judicial (imputatio iudiciaria), en caso contrario, sólo una imputación dictaminadora (imputatio diiudicatoria)”. Kant, I. La metafísica de las costumbres. Madrid, Alianza, 1989, pág. 35.

(66) El “otro principio de responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De conformidad con éste, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al estado cuando exista título jurídico de atribución, es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados”. Corte Constitucional, sentencia C-254 de 25 de marzo de 2003.

(67) Tenía razón Welzel al considerar que el Derecho debe respetar estructuras antropológicas como la capacidad de anticipación mental de objetivos cuando se dirige al hombre mediante normas. Desde luego, si el ser humano no tuviera capacidad de adoptar o dejar de adoptar decisiones teniendo en cuenta motivos normativos, sería inútil tratar de influir en el comportamiento humano mediante normas prohibitivas o preceptivas”. MIR PUIG, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 05-05-2033 [http://criminet.urg.es/recpc], págs. 6 y 7.

(68) “El derecho se dirige a hombre y no a adivino. Declarar típica toda acción que produzca un resultado dañoso, aun cuando éste fuese imprevisible, significaría de la ley no tiene en cuenta para nada la naturaleza de sus destinatarios; pues una característica del hombre es precisamente la de que no puede prever más que muy limitadamente las consecuencias condicionados por sus actos. Vincular un juicio de valor negativo (el de antijuridicidad) a la producción de un resultado que el hombre prudente no puede prever sería desconocer la naturaleza de las cosas (más concretamente): la naturaleza del hombre” Gimbernat Ordeig, E. Delitos cualificados por el resultado y relación de causalidad. Madrid, 1990, pp 77 ss.

(69) Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob. cit, pág. 7.

(70) Larenz, K. “Hegelszurechnungslehre”, en MIR PUIG, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob, cit, p.7.

(71) Jakobs, G. La imputación objetiva en el derecho penal. Bogotá, Universidad Externado, 1994.

(72) Cfr. Günther Jakobs. Regressverbot beim Erfolgsdelikt. Zugleich eine Untersuchung zum Gruñd der strafrechtlichen Haftung bei Begehung. ZStW 89 (i977), págs. 1 y ss.

(73) Corte Constitucional, sentencia SU-1184 de 2001.

(74) Cfr. Günther Jakobs. Strafrech Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehre (studienausgabe). 2 Auflage. Walter de Gruyter. Berlin. New York. 1993, págs. 796 y ss.

(75) Corte Constitucional, sentencia SU-1184 de 2001.

(76) Cfr. Javier Sánchez-Vera. Pflichtdelikt und Beteiligung. Zugleich ein Beitrag zur Einheitlichkeit der Zurechnung bei Tun und Unterlassen. Duncker & Humbolt Berlin 1999, págs. 51 y ss Kurt Seelmann. Luchterhand. Neuwied. 1990, pág. 389.

(77) Corte Constitucional, sentencia SU-1184 de 2001.

(78) Folio 23 cdno. 2.

(79) Folio 24 cdno. 2

(80) Folio 25 cdno. 2

(81) Folio 26 cdno. 2

(82) Folio 27 cdno. 2

(83) Folio 28 cdno. 2

(84) Folio 57 cdno. 1

(85) Folio 58 cdno. 1.

(86) Folio 138 cdno. 1.

(87) Folios 174 a 186 cdno. 2.

(88) Folios 33 y 34 cdno. 2.

(89) Folio 35 cdno. 2.

(90) Folio 36 cdno. 2.

(91) Folio 37 cdno. 2.

(92) Folio 38 cdno. 2.

(93) Folio 46 cdno. 2.

(94) Folio 47 cdno. 2.

(95) Folio 48 cdno. 2.

(96) Folio 49 cdno. 2.

(97) Folios 50 y ss. cdno. 2.

(98) Folio 52 cdno. 2.

(99) Folios 53 a 55 cdno. 2.

(100) Folio 58 cdno. 2.

(101) Folios 127 y 128 cdno. 1.

(102) Folio 59 cdno. 2.

(103) Folios 63 y 64 cdno. 2.

(104) Folios 60 y 61 cdno. 2.

(105) Folios 67 y 68 cdno. 2.

(106) Folio 65 cdno. 2.

(107) Folio 66 cdno. 2.

(108) Folio 69 cdno. 2.

(109) Folio 210 C. Ppal.

(110) Folio 71 cdno. 2.

(111) Folios 129 y 130 cdno. 1.

(112) Folios 99 a 136 cdno. 2 y anexo 1.

(113) Folios 142 y 150 cdno. 2.

(114) Folios 158 y 159 cdno. 2.

(115) Folios 159 y 160 cdno. 2.

(116) Folio 162 cdno. 2.

(117) Folio 163 cdno. 2.

(118) Folio 164 cdno. 2.

(119) Sentencia del 26 de mayo de 2010, expediente 18800. M.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 9 de junio de 2010, expediente: 19849. M.P. Enrique Gil Botero. Ver sentencia de la Corte Constitucional T-881 de 2002.

(120) Sentencia T-590 de 1998.

(121) Cita textual del fallo: Sentencia de agosto 10 de 2001, expediente: 12947, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(122) Cita textual del fallo: Inicialmente correspondía al Artículo 161 que disponía: “Toda sentencia deberá ser motivada”.

(123) Cita textual del fallo: Artículo 55: “Las sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales. La parte resolutiva de las sentencias estará precedida de las siguientes palabras:

“Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley”. La pulcritud del lenguaje, la claridad, la precisión y la concreación de los hechos materia de los debates y de las pruebas que los respaldan, que los Magistrados y jueces hagan en las providencias judiciales, se tendrán en cuenta como factores esenciales en la evaluación del factor cualitativo de la calificación de sus servicios”.

(124) Cita textual del fallo: Artículo 170. La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones. Para establecer el derecho particular, los organismos de lo contencioso administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformar éstas.

(125) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de abril de 2012, Exp. 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(126) Folio 57 cdno. 1.

(127) Folio 58 cdno. 1.

(128) Folio 138 cdno. 1

(129) Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal —bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía— sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002.

(130) Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996. Puede verse también: Corte Constitucional, sentencia C-918 de 2002. A lo que agrega: “El artículo 90 de la Constitución Política le suministró un nuevo panorama normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado. En primer lugar porque reguló expresamente una temática que entre nosotros por mucho tiempo estuvo supeditada a la labor hermenéutica de los jueces y que sólo tardíamente había sido regulada por la ley. Y en segundo lugar porque, al ligar la responsabilidad estatal a los fundamentos de la organización política por la que optó el constituyente de 1991, amplió expresamente el ámbito de la responsabilidad estatal haciendo que ella desbordara el límite de la falla del servicio y se enmarcara en el más amplio espacio del daño antijurídico”. Corte Constitucional, sentencia C-285 de 2002.

(131) Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001.

(132) Agregándose: “Para eludir el cumplimiento de sus deberes jurídicos no puede exigirle al juez que, como no le alcanzan sus recursos fiscales, no le condene por ejemplo, por los atentados de la fuerza pública, contra la dignidad de la persona humana”. Sentencia de 9 de febrero de 1995. Exp. 9550.

(133) Sentencia de 19 de mayo de 2005. Rad. 2001-01541 AG.

(134) “Por haber excedido los inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio”. Sentencia de 14 de septiembre de 2000. Exp. 12166.

(135) Sentencia de 2 de junio de 2005. Rad. 199-02382 AG.

(136) “La Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que el Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración [sentencia C-333 de 1996]. Igualmente ha considerado que se ajusta a distintos principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (art. 1º) y la igualdad (art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución [sentencia C-832 de 2001]. Corte Constitucional, sentencia C-038 de 2006.