Sentencia 2003-00261 de mayo 31 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

“SUBSECCIÓN B”

Consejero Ponente:

Danilo Rojas Betancourth

Bogotá, D.C., 31 de mayo de 2016

Expediente: 38267

Rad.: 630012331000200300261 01

Actor: Edilberto Piedrahita Tenorio

Demandado: Nación-Rama Judicial

Naturaleza: Acción de reparación directa

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

I. Competencia.

6. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío, sin que resulte necesario realizar consideración alguna en relación con la cuantía del proceso(1).

6.1. En este punto, conviene precisar que habida cuenta de que la Nación – Rama Judicial fue el único extremo del conflicto en apelar la decisión en primera instancia, en principio este pronunciamiento se limitará a abordar su contenido de conformidad con lo dispuesto por el artículo 357(2) del Código de Procedimiento Civil y con observancia del principio de la non reformatio in pejus contemplado en el artículo 31(3) de la Constitución Política, no obstante lo cual, no se puede perder de vista que dicha regla no es absoluta y admite ciertas excepciones derivadas, de una parte, de la lógica del recurrente en tanto el juzgador de segunda instancia conserva la facultad para manifestarse sobre los aspectos implícitos contenidos en la impugnación o cuya mención resultare ilógica o innecesaria, y de otro lado, de diferentes cuerpos normativos que le impongan el deber de pronunciarse de oficio al respecto —normas y principios de carácter constitucional, tratados internacionales relacionados con la protección de los derechos humanos y la vigencia del derecho internacional humanitario, y normas legales de carácter imperativo—(4).

6.2. Así las cosas, en el evento en que las especificaciones del presente asunto lo ameriten, se abordarán de manera oficiosa los aspectos exceptivos cuyo estudio resulte pertinente para adoptar la decisión que corresponda. Sobre este punto, la Sala Plena de la Sección Tercera, al unificar su jurisprudencia sobre el asunto, expuso:

3.2.2.1. En relación con el alcance del recurso de apelación de las sentencias, la Sala, a partir de la interpretación que hizo del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(5), acogió la tesis conforme a la cual la competencia del juez ad quem está limitada a los aspectos que señale el recurrente. Se consideró que de la premisa: “la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante”, no se sigue, tal como lo señaló la Corte Suprema de Justicia(6), “una autorización al juez de segundo grado para hacer el escrutinio y ad nutum determinar libremente ‘qué es lo desfavorable al recurrente’, pues a renglón seguido, la norma establece una segunda prohibición complementaria, según la cual ‘no podrá el ad quem enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso”.  

3.2.2.2. Para la Sala, sin embargo, la regla general relacionada con los límites de la competencia del juez ad quem, admitía excepciones derivadas de mandatos constitucionales y legales. A título de ejemplo se señalaron en el fallo algunos asuntos procesales, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, los cuales, entre otros, deben ser declarados por el juez de segunda instancia, de manera oficiosa, en tanto favorecen al apelante único, aunque no hubieran sido propuestos como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada, porque tales aspectos constituyen presupuestos para dictar sentencia de mérito.  

3.2.2.3. La Sala, en esta oportunidad precisa que la competencia del juez de segunda instancia abarca los temas implícitos en aquellos aspectos que el recurrente propone, al sustentar el recurso de apelación de la sentencia. Se trata de dar alcance a la expresión “los aspectos que señale el recurrente”, a los cuales se limitó la competencia del ad quem en la providencia referida. Para la Sala, la apelación de un aspecto de la sentencia confiere competencia al juez de segunda instancia para resolver todos esos asuntos, puntos o elementos que estén comprendidos en el mismo, en algunas ocasiones, inclusive, porque su mención resultaría ilógica, pero siempre que la revisión de esos asuntos le resulte favorable al recurrente (...)(7).

II. Los hechos probados.

7. De conformidad con el material probatorio allegado al proceso contencioso administrativo y valorado en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

7.1. El 28 de junio de 1994, cuando varias personas se movilizaban en un bus afiliado a la empresa de transporte Expreso Palmira S.A., en la carretera que de Bogotá D.C. conduce a Cali, Valle del Cauca, en el sector de la línea conocido como “la divisa”, sufrieron un accidente de tránsito en el que fallecieron siete individuos y resultaron heridos otros veinticinco, entre los que se encontraba el señor Edilberto Piedrahita Tenorio, quien sufrió una incapacidad de sesenta días sin secuelas (copias auténticas de la resolución de acusación del 5 de agosto de 1996, proferida por la Fiscalía Once de Vida Delegada ante los Juzgados del Circuito de Calarcá y de la sentencia del 22 de julio de 1998, proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito de Calarcá; fls. 84-94, 160-189, cdno. pruebas).

7.2. Con ocasión del anterior acontecimiento, se inició una pesquisa penal en contra del conductor del automotor, esto es, el señor Eduardo Zambrano, a quien se le decretó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva “con beneficio de libertad” o “con derecho a excarcelación”, dado que se habían reunido los requisitos legales para ello.

7.2.1. Durante el trámite de la investigación penal se ordenó romper la unidad procesal en virtud de que algunos de los lesionados que sobrevivieron al accidente sufrieron incapacidades inferiores a treinta días sin consecuencias, así como otros no contaban con un dictamen pericial que soportara el nivel de gravedad de sus heridas en términos de días de incapacidad y secuelas, por lo que no se podía determinar si sus afectaciones daban lugar a la investigación de la comisión de un delito o de un mera contravención.

7.2.2. Igualmente, varias personas que resultaron perjudicadas a raíz del siniestro se constituyeron en parte civil del proceso, como en algún momento lo hizo el señor Edilberto Piedrahita Tenorio. La mayoría de dichos individuos solicitaron que se vinculara al procedimiento como tercera civilmente responsable a la empresa trasportadora Expreso Palmira S.A. —aunque de forma imprecisa—, y algunas otras desistieron de sus pretensiones resarcitorias en tanto habían sido directamente reparadas por ésta (copias auténticas de la resolución de acusación del 5 de agosto de 1996, proferida por la Fiscalía Once de Vida Delegada ante los Juzgados del Circuito de Calarcá, del auto de sala del 25 de septiembre de 1998, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, y de la sentencia del 22 de julio de 1998, proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito de Calarcá; fls. 84-94, 143-157 160-189, cdno. pruebas).

7.3. La Fiscalía Once de Vida Delegada ante los Juzgados del Circuito de Calarcá, mediante resolución del 5 de agosto de 1996 —ejecutoriada el 27 de agosto de ese mismo año—, acusó al señor Eduardo Zambrano del delito de homicidio culposo en concurso con la conducta punible de lesiones personales culposas, acusación cuyo conocimiento en sede judicial fue avocado inicialmente por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Calarcá, la cual a la postre fue asumida por parte del Juzgado Único Penal del Circuito de Calarcá debido a “la conocida redistribución de despachos judiciales”.

7.3.1. En la audiencia pública que llevó a cabo el aducido despacho participaron cuatro representantes judiciales de diferentes grupos de personas integrantes de la parte civil del proceso, el abogado del investigado penalmente y el apoderado judicial de la empresa Expreso Palmira S.A. —tercera civilmente responsable—, quien además de alegar la ausencia de responsabilidad patrimonial de su defendida, adujo que sólo una de las demandas civiles se le había notificado debidamente (copias auténticas de la resolución de acusación del 5 de agosto de 1996, proferida por la Fiscalía Once de Vida Delegada ante los Juzgados del Circuito de Calarcá y de la sentencia del 22 de julo de 1998, proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito de Calarcá; fls. 84-94, 160-189, cdno. pruebas).

7.4. Por medio de la sentencia del 22 de julio de 1998, el Juzgado Único Penal del Circuito de Calarcá condenó penalmente al señor Eduardo Zambrano por el concurso de los delitos aducidos y resolvió, entre otras determinaciones de carácter penal, condenarlo patrimonialmente a pagar el monto equivalente a 500 gramos oro por los perjuicios materiales y morales que el señor Edilberto Piedrahita Tenorio padeció en virtud de las lesiones que sufrió a raíz del accidente de tránsito -250 gramos oro por cada uno de los dos tipos de detrimentos señalados-. El señalado valor fue determinado con fundamento en el arbitrio del operador judicial penal, toda vez de que no se había allegado medio probatorio alguno con cimiento en el cual el perito asignado para valorar el monto de la indemnización hubiese podido estimar el resarcimiento que correspondía con exactitud(8). Asimismo, condenó patrimonialmente a Expreso Palmira S.A., pero únicamente con ocasión de la muerte de otro pasajero distinto al señor Edilberto Piedrahita Tenorio, cuya demanda civil se le notificó de manera adecuada, con lo que descartó las pretensiones de los demás accionantes de la parte civil en su contra (copias auténticas de la sentencia del 22 de julio de 1998, proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito de Calarcá; fls. 23-39, c. 1; 160-189, cdno. pruebas).

7.5. En virtud de los recursos de apelación interpuestos contra la anterior decisión por parte de “la defensa, tres de los cuatro representantes de la parte civil que adquirieron a tiempo personería adjetiva para actuar y el apoderado del pretenso tercero civilmente responsable”, quienes en forma generalizada expresaron su desacuerdo con que se exceptuara la responsabilidad solidaria que le cabía a la empresa de transporte Expreso Palmira S.A. respecto de la mayoría de las condenas patrimoniales destinadas al resarcimiento de los perjuicios soportados por quienes habían integrado la parte civil, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, mediante auto del 25 de septiembre de 1998, advirtió que en el desarrollo del procedimiento se incurrieron en dos irregularidades que imponían declarar su nulidad parcial hasta antes del traslado preparatorio de la audiencia pública —artículo 446(9) del Decreto 2700 de 1991, normativa procesal penal que cabe tener en cuenta que rigió todo el proceso penal en análisis(10)—, consistentes en (copias auténticas del auto de sala del 25 de septiembre de 1998, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia; fls. 143-157, cdno. pruebas):

(i) No haber notificado debidamente a la señalada sociedad de la admisión de casi la totalidad de los libelos que se presentaron en su contra, no obstante durante el transcurso del trámite uno de los apoderados de la parte civil hubiere recordado la necesidad de ello y de que se tuvo la oportunidad y las herramientas para hacerlo, lo que impidió que aquélla ejerciera su derecho de defensa y conllevó a que se vulnerara su derecho al debido proceso, sin que fuese legal y legítima la decisión de condenarla únicamente por los perjuicios sufridos por los demandantes de cuyo escrito sí se le notificó, en tanto ello implicaría el desconocimiento de la solidaridad que comprometería su responsabilidad y el mismo contenido de los escritos de demanda que buscaron condenarla patrimonialmente por tales acontecimientos, y (ii) el haber permitido que en la audiencia pública intervinieran un mayor número de abogados de la parte civil en comparación con el que representaba la defensa —cuatro abogados de la parte civil y un único abogado del sindicado en contravía de lo dispuesto por el artículo 451(11) ibidem—, lo que generó un rompimiento de la igualdad de las partes y asimismo, una vulneración al derecho al debido proceso del investigado.

7.6. Una vez devuelto el expediente al Juzgado Único Penal del Circuito de Calarcá, éste procedió a integrar debidamente a la tercera civilmente responsable —lo que se logró para el mes de octubre de 1999— y decretó las pruebas que solicitó el apoderado del procesado, muchas de las cuales fueron practicadas hasta que mediante auto del 17 de febrero del 2000, nuevamente se ordenó el traslado para que se preparara la audiencia pública, instante en el que el abogado de la defensa, Jorge Eduardo Patiño Duque, requirió que se materializaran los elementos de convicción que aún faltaban por practicarse, petición que le fue denegada comoquiera que se consideró que ya obraban los suficientes medios probatorios para adoptar la decisión que correspondía. La señalada determinación fue apelada por el abogado referido y revocada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, autoridad que ordenó que se practicaran las pruebas que hicieran falta.

7.6.1. Asimismo, aquel apoderado presentó queja disciplinaria en contra del titular del Juzgado Único Penal del Circuito de Calarcá, debido a que antes de que se profiriera la sentencia anulada se abstuvo de dar traslado para celebrar la audiencia pública con fundamento en que aún no había podido vincular a la tercera civilmente responsable —queja que terminó por ser adelantada con ocasión de dicha vinculación tardía y del decreto de la nulidad parcial del proceso—(12). Una vez algunos de los aducidos medios probatorios fueron practicados, dicho abogado recusó al aducido juez por encontrarse investigado disciplinariamente con ocasión de una queja instaurada por él —causal de impedimento contenida en el numeral 10 del artículo 103(13) del Decreto 2700 de 1991—, requerimiento que al ser aceptado conllevó a que el proceso tuviera que ser repartido al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Armenia, despacho que de inmediato corrió el traslado para preparar la audiencia pública cuya fecha de realización se fijó mediante auto del 21 de febrero de 2001.

7.6.2. Durante el interregno previo a la celebración de dicha audiencia, el apoderado del defendido interpuso contra dicho auto dos recursos de reposición en oportunidades diferentes, habida cuenta de que advirtió que no se habían practicado todas las pruebas ordenadas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, medios de impugnación que le fueron denegados dado que la decisión debatida ya se encontraba ejecutoriada.

7.6.3. De otra parte, el apoderado de la tercera civilmente responsable señaló que respecto de ella había prescrito la acción civil correspondiente, de manera que se debían denegar las pretensiones elevadas en su contra, argumento que se le contestó que le sería resuelto al momento de dictar sentencia (copias auténticas del auto del 30 de agosto de 2001 y de la sentencia del 22 de junio de 2001, proferidos por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Armenia, y de las decisiones proferidas el 25 de mayo y el 26 de octubre del 2000 por el Consejo Seccional de la Judicatura y el Consejo Superior de la Judicatura, respectivamente; fls. 31-53, 76-82, 115-142, cdno. pruebas).

7.7. En la audiencia pública en la que actuó un solo representante por la parte civil y el representante del procesado, éste solicitó la absolución de su prohijado y mediante memorial, requirió que se declarara la nulidad de todo lo actuado desde el auto que dio el traslado para la preparación de esa audiencia por violación al debido proceso, con fundamento en “aspectos puntuales de naturaleza probatoria omitidos en su práctica por el juez de la causa no obstante su pedido oportuno, medios probatorios que a su juicio comportaban la aptitud inequívoca para variar la suerte jurídica del justiciable, dándose de contera con su omisión una afectación manifiesta al derecho de defensa”, en tanto “se habían dejado de llevar a la práctica pruebas ya decretadas como la ampliación de la injurada de su poderdante, la versión de Mario Flórez Cardona agente de carreteras nacionales que levantó el croquis (...), al igual que la designación de perito avaluador de perjuicios, máxime cuando en la sentencia previa invalidada el juez proveyente, a su juicio, se desbordó en la condena liquidada sobre gramos oro, dejando de igual suerte de resolver lo atinente con la misma condena civil en torno a “once” afectados más”, petición frente a la que se consideró que comoquiera que no se encontraba en ninguno de los eventos descritos en el artículo 454(14) del Decreto 2700 de 1991, era posible diferirla hasta el momento de dictar sentencia (copias auténticas del auto del 15 de agosto de 2001, proferido por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, y de la sentencia del 22 de junio de 2001, proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Armenia; fls. 101-142, cdno. pruebas).

7.8. Mediante sentencia del 22 de junio de 2001, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Armenia condenó penalmente al señor Eduardo Zambrano por los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas por las defunciones y heridas originadas a los pasajeros del automotor, por lo que además de imponerle las penas respectivas con el subrogado de ejecución condicional de la pena, lo condenó a indemnizar, entre otros, al señor Edilberto Piedrahita Tenorio en suma equivalente a 500 gramos oro debido a los perjuicios que soportó a raíz del siniestro —250 gramos oro por los detrimentos materiales y 250 gramos oro por los perjuicios morales—, monto que asimismo adoptó según su arbitrio en tanto reiteró que no se allegaron pruebas para que el perito fijara ese valor en forma adecuada.

7.8.1. De otro lado, consideró que había prescrito la acción civil en contra de la tercera civilmente responsable, en la medida en que a partir de la ocurrencia de los hechos —28 de junio de 1994— hasta el instante en la que efectivamente se le notificó de la admisión de las demandas —octubre de 1999—, trascurrieron más de cinco años, por lo que se habían excedido los tres años con que se contaba para haberla vinculado al proceso de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2358(15) del Código Civil, teniendo en cuenta que se tenían ciento veinte días adicionales dentro de los cuales, si se hubiese notificado el libelo introductorio, la prescripción de dicha acción se hubiese interrumpido —artículo 90(16) del CPC, previa su modificación por el artículo 10 de la Ley 794 de 2003— (copias auténticas de la sentencia del 22 de junio de 2001, proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Armenia; fls. 115-142, cdno. pruebas).

7.9. En virtud de los recursos de apelación interpuestos por ciertos apoderados de la parte civil y el abogado del procesado en contra de la sentencia aludida, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia volvió a conocer del asunto, y por medio del auto del 15 de agosto de 2001, declaró nuevamente la nulidad de todo lo actuado hasta antes de que se dictara dicha decisión judicial, habida cuenta de que en la misma se omitió resolver la petición de nulidad elevada en la audiencia pública por parte del defensor del sindicado con ocasión de la falta de práctica de pruebas que se habían decretado —ver párrafo 7.6.2—.

7.9.1. Al respecto, el tribunal ad quem manifestó que ciertamente se había configurado una vulneración al debido proceso y al derecho de defensa del señor Eduardo Zambrano, comoquiera que se dejó de resolver su petición de anulación del trámite a pesar de habérsele señalado que ello se haría al momento de dictar sentencia, más aún cuando la falencia que se pretendía hacer notar con aquélla petición en la audiencia pública no era irrelevante, sino que tenía que ver con el intento de demostrar dos situaciones basilares para el proceso a saber: (i) la carencia de responsabilidad penal del procesado indicado con la deponencia de quien efectuó el croquis del accidente de tránsito, y (ii) la valoración detallada y exacta del quantum de los perjuicios irrogados, con el objeto de facilitar que se arribara a una transacción entre los civilmente afectados y la compañía de seguros, acuerdo que de llevar a una reparación integral habría permitido finiquitar la acción penal en su contra de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39(17) ejusdem, motivos por los cuales aseveró que incluso el hecho de haber aplazado la determinación sobre tal requerimiento de anulación implicaba una vulneración a los señalados derechos, en tanto su definición previa a que se profiriera la sentencia impugnada era indispensable para adoptarla.

7.9.2. De otro lado, aseveró que toda vez que a lo largo del proceso se hizo palmario que varias actuaciones del apoderado del señor Eduardo Zambrano generaron múltiples dilaciones en su trámite, lo que en forma inexorable iba a conllevar a una “prescripción de la acción penal a favor del acusado, porque aunque hipotéticamente a la fecha de este pronunciamiento se emitiera una sentencia final que dirimiera en definitiva la suerte del acusado (...) la misma quedaría cobijada con el manto de la prescripción durante su período notificatorio (...) si tenemos en cuenta que la resolución acusatoria quedó ejecutoriada el 27 de agosto de 1996”, ordenó que se compulsaran copias a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío para que investigaran su conducta con el objeto de determinar si era necesario imponerle una sanción disciplinaria (copias auténticas del auto del 15 de agosto de 2001, proferido por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia; fls. 101-114, cdno. pruebas).

7.10. Con ocasión de lo expuesto, una vez el trámite retornó nuevamente al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Armenia, mediante auto del 31 de agosto de 2001 aclaró que si bien procedería enmendar la irregularidad procesal señalada en la providencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, aseveró que ello ya no era posible debido a que para ese momento ya habían transcurrido más de los cinco años que se tenían para haber adoptado una decisión de fondo en el asunto contados a partir del momento en que quedó ejecutoriada la resolución de acusación de conformidad con los artículos 80(18) y 84(19) del Decreto-Ley 100 de 1980 y los artículos 83 y 86 de la Ley 599 del 2000 —normas que de manera general reiteran lo expuesto por las disposiciones derogadas del antiguo código penal y que ya se encontraban vigentes para el momento en que se profirió la decisión en estudio, por lo que el juzgado decidió invocarlas—(20). Por su parte, debido a que la declaratoria de la prescripción de la acción civil en contra de la tercera civilmente responsable fue igualmente anulada, procedió a adoptarla una vez más (copia auténtica del auto del 31 de agosto de 2001, proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Armenia; fls. 76-85, cdno. pruebas).

7.11. La anterior providencia fue apelada por algunos de los apoderados de los integrantes de la parte civil, la cual fue confirmada en su totalidad por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia mediante auto del 18 de octubre de 2001. En este sentido, respecto de la prescripción de la acción penal, destacó que (i) el hecho de que se hubiese investigado la comisión de un concurso de conductas no conllevaba a que el término de prescripción determinado en las normas aludidas se extendiera en el tiempo, habida cuenta de que así lo prevé el artículo 84(21) de la Ley 599 del 2000 —igual previsión contiene el artículo 85 del Decreto-Ley 100 de 1980—, y (ii) las lesiones culposas “en momento alguno se calificaron bajo las circunstancias de agravación punitiva previstas en los artículos 121 y 110 de la preceptiva penal, por lo que no había lugar a aplicar entonces lo dispuesto en el art. 83 inciso 4 que impone para definir los mínimos y máximos prescriptivos tener en cuenta las causales sustanciales modificadoras de la punibilidad, que en la supuesta eventualidad de haber confluido en el evento que se juzga, tampoco hubieran dado margen para definir una sanción sobre montos superiores a los cinco años de prisión”. De otro lado, aseveró que la acción civil también se encontraba prescrita habida cuenta de que si se aplicaba el artículo 108(22) del Decreto-Ley 100 de 1980, no se podía perder de vista que al prescribir la acción penal generaba que lo mismo ocurriera con la acción civil. Asimismo, consideró que de aplicarse el artículo 98(23) de la Ley 599 del 2000, la acción civil en contra de los penalmente responsables igualmente había prescrito, lo que a su vez sucedía respecto de la tercera civilmente responsable de conformidad con el señalado artículo 2358 del C.C. y el artículo 993(24) del Código de Comercio (copias auténticas del auto del 18 de octubre de 2001, proferido por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia; fls. 61- 74, cdno. pruebas).

III. Problema jurídico.

8. Con observancia del contenido de la sentencia impugnada y de los argumentos esbozados por la Nación-Rama Judicial a lo largo de la litis, le corresponde a la Sala, en un primer momento, determinar si es factible construir el presente juicio de responsabilidad a partir del daño reconocido por el tribunal a quo a la luz de lo expuesto en el libelo introductorio, así como establecer si efectivamente dicho menoscabo se configuró, para luego, determinar si el mismo le puede ser imputado a la señalada entidad demandada a título de error jurisdiccional o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia o, si por el contrario, ello no resulta factible debido a que la dilación en el trámite del proceso penal que habría conllevado a la prescripción de la acción penal y a la frustración de que se produjera una condena patrimonial a favor del demandante, se generó en forma exclusiva por causas completamente ajenas a la conducta del ente demandado y de la prestación del servicio público que le correspondía.

8.1. Para efectos de desarrollar el anterior estudio, se procederá a (i) verificar la demanda con el objeto de revisar si la decisión impugnada respetó el principio de congruencia al adelantar el estudio de la responsabilidad del extremo pasivo de la contienda por la configuración del daño autónomo de pérdida de oportunidad; (ii) dilucidar si la expectativa del señor Edilberto Piedrahita Tenorio, que habría consistido en obtener una indemnización con ocasión de las lesiones que padeció en el accidente de tránsito respectivo, se perdió en forma definitiva y tenía una alta probabilidad de concretarse, y (iii) tener en cuenta todas las circunstancias que incidieron en que el procedimiento se demorara, entre las que cabe destacar la redistribución del proceso, las declaratorias de nulidad por vulneración a los derechos al debido proceso, y los comportamientos de los diferentes apoderados al interior del procedimiento.

8.2. En el evento en que encuentre que en el presente asunto se configuró la responsabilidad del Estado por el truncamiento de la expectativa del demandante, la Sala deberá determinar el quantum indemnizatorio que corresponda, teniendo en cuenta que el mismo puede ser reducido a favor de la entidad demandada como única apelante —ver párrafos 6.1 y 6.2—.

IV. Análisis de la Sala.

9. Con observancia (i) de que en el presente asunto se condenó a la entidad demandada a resarcir al señor Edilberto Piedrahita Tenorio, por el daño autónomo consistente en la pérdida de oportunidad que poseía de haber sido reparado pecuniariamente a raíz del siniestro que soportó, más no por la vulneración al derecho de percibir tal indemnización, y (ii) de que esta corporación conoce de dicha condena en virtud del único recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, conviene precisar que de acuerdo con los limitantes impuestos al juez de segunda instancia en los casos en que conoce de un asunto en virtud de un solo medio de impugnación —párrafos 6.1 y 6.2—, el estudio de responsabilidad del caso concreto se encuentra inexorablemente circunscrito a la producción de aquél menoscabo.

9.1. En efecto, en consideración a que jurisprudencialmente se ha estimado que el truncamiento de una oportunidad de percibir un beneficio o de evitar un menoscabo difiere de la afectación de un derecho o de un interés consolidado, en el sentido de que tiene una entidad inferior a éste y por lo tanto, su violación acarrea en todos los casos una menor indemnización(25), es evidente que en esta instancia no es posible reconocer la existencia de un daño de mayor categoría al que fue expresamente indemnizado en la sentencia impugnada, esto es, al cercenamiento de la ocasión de haber podido percibir la reparación patrimonial que se desprendía de las sentencias que fueron anuladas en el procedimiento penal, en tanto ello, al momento de definir el monto del correspondiente resarcimiento de perjuicios en este proceso contencioso administrativo, implicaría la vulneración del principio de la no reforma en peor establecida a favor de la Nación-Rama Judicial como única apelante.

9.2. Teniendo en cuenta lo expuesto, se principia por verificar que en una adecuada interpretación de la demanda, al Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío le era factible condenar al órgano estatal señalado por la aducida pérdida de oportunidad, sin que ello hubiese conllevado a la vulneración del principio de congruencia que rige la actividad judicial establecido en el artículo 305(26) del Código de Procedimiento Civil, habida cuenta de que si bien se solicitó la totalidad de la suma equivalente a los 500 gramos oro que fueron reconocidos en los dos fallos penales anulados, como si se hubiese demandado por el derecho indubitable que se tenía a recibir esos resarcimientos en su totalidad pese a las declaratorias de nulidad respectivas y a la posibilidad de que en la segunda instancia de ese proceso se hubiese revocado o morigerado tal determinación, lo cierto es que además de que las pretensiones de la demanda y la identificación del daño se formularon en forma genérica, tanto en el acápite de dichas peticiones como en el de los hechos que sustentan el libelo introductorio se invocó la configuración de una posibilidad frustrada, lo que a todas luces habilita su estudio por parte de esta jurisdicción y que sea viable edificar una condena con base en el mismo.

9.3. Al respecto, la Sala observa que, de una parte, el accionante no sólo manifestó que su daño correspondía a las afectaciones de sus intereses en general por “la declaración de la prescripción de la acción penal y la consecuente cesación de procedimiento a favor del acusado EDUARDO ZAMBRANO”, lo que ya sería suficiente para fundamentar la responsabilidad patrimonial del Estado en la producción de una pérdida de oportunidad(27), sino que adicionalmente pidió que se declarara responsable a la Nación – Rama Judicial con ocasión del error jurisdiccional o el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que hubiese incurrido, punto en el que solicitó que se le indemnizara a título de perjuicios morales el “haber perdido la oportunidad de obtener la indemnización a que tenía derecho”, lo que luego precisó como la “pérdida de dicha oportunidad procesal” —ver párrafo 1 y cita de pretensiones, por lo que no se puede desconocer que manifiestamente elevó una pretensión en tal sentido.

9.4. De otro lado, como causa petendi, aseveró que la conducta de la Nación-Rama Judicial que conllevó a la prescripción de la acción penal le había eliminado “de manera irreductible y ostensible la posibilidad” de “perseguir el pago de los perjuicios irrogados” con ocasión del accidente de tránsito que sufrió —ver párrafo 1.4 y cita posterior—, por lo que tampoco es posible soslayar que el demandante deprecó la existencia de una pérdida de oportunidad en los hechos fundamento de su escrito inicial.

9.5. Teniendo en cuenta lo expuesto, resulta diáfano que al tribunal a quo le era dable construir el juicio de responsabilidad respectivo con base en la configuración del aducido cercenamiento de una expectativa, consideraciones que resultan igualmente predicables respecto de la facultad que tiene la Sala en esta instancia para pronunciarse al respecto.

10. Con observancia de lo expuesto, en cuanto a la producción del daño de pérdida de oportunidad invocado en la demanda y definido en la sentencia apelada, se ha señalado que el mismo consiste en el cercenamiento de una ocasión aleatoria que tenía una persona de obtener un beneficio o de evitar un menoscabo, posibilidad benéfica que, sin perjuicio de que no es posible avizorar con toda certeza y sin margen de duda que se hubiese materializado en la situación favorable que se esperaba, no se puede desconocer que existía y que poseía una probabilidad considerable de haberse configurado en ésta.

10.1. Es así como se ha indicado que la posibilidad truncada se trata de una clase autónoma de menoscabo, “caracterizada porque en ella coexisten un elemento de certeza y otro de incertidumbre: la certeza de que en caso de no haber mediado el hecho dañino el damnificado habría conservado la esperanza de obtener en el futuro una ganancia o de evitar una pérdida para su patrimonio y la incertidumbre, definitiva ya, en torno de si habiéndose mantenido la situación fáctica y/o jurídica que constituía presupuesto de la oportunidad, realmente la ganancia se habría obtenido o la pérdida se hubiere evitado (...)(28).

10.2. De esta manera, la pérdida de oportunidad, como daño autónomo, demuestra que éste no siempre comporta la transgresión de un derecho subjetivo, pues la sola esperanza probable de obtener un beneficio o de evitar una pérdida mayor constituye un bien jurídicamente protegido cuya afección debe limitarse a la oportunidad en sí misma, con prescindencia del resultado final incierto, esto es, al beneficio que se esperaba lograr o a la pérdida que se pretendía eludir, los cuales constituyen otros tipos de daño.

10.3. En otros palabras, se ha distinguido entre el daño consistente en la imposibilidad definitiva de obtener un beneficio o de evitar un perjuicio, caso en el cual el objeto de la indemnización es, precisamente, el beneficio dejado de obtener o el perjuicio que no fue evitado, y aquel que tiene que ver con la pérdida de una probabilidad que, aunque existente, no garantizaba el resultado esperado, pese a que sí abría la puerta a su obtención en un porcentaje que constituirá el objeto de la indemnización. A título de ejemplo, en materia de indemnización de expectativas legítimas, esta Subsección ha manifestado:

La reparación de daños provenientes de la afectación de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas atiende a la pérdida o menoscabo de ese derecho, mientras que la afectación de expectativas legítimas, que no de los estados de confianza, no puede repararse como si se hubiera perdido el derecho, pues nunca se ha tenido, sino como la privación de la posibilidad de obtener el que estaba en “vía de serlo”(29). Frente a este último punto, teniendo en cuenta que la afectación de las expectativas legítimas interrumpe intempestivamente el proceso de formación —“o en vía de serlo”— de derechos o la consolidación de determinadas situaciones jurídicas, la reparación de dichas expectativas quebrantadas deberá ser proporcional al grado de probabilidad de concreción y realización del derecho, de esta manera, el modo de reparación de daños antijurídicos derivados de vulneraciones a expectativas legítimas se debe enmarcar dentro de los parámetros de la oportunidad pérdida, siguiendo la premisa conocida del derecho de daños que circunscribe la indemnización de los perjuicios al daño, “solo el daño y nada más que el daño” a fin de evitar un enriquecimiento sin justa causa a favor de la víctima y no contrariar las reglas de la institución jurídica de la responsabilidad estatal: “el daño es la medida del resarcimiento”.(30) 

(...)

10.2.8.2.1. Teniendo en consideración que el daño se origina por la amputación de una expectativa legítima a la consolidación de un derecho, bien sea, en tratándose de una aspiración de obtener un beneficio o una ganancia —polo positivo(31)—, o bien cuando la víctima tenía la aspiración de evitar o mitigar un perjuicio y, como consecuencia de la abstención de un tercero, dicho curso causal dañoso no fue interrumpido —polo negativo—, se debe declarar la responsabilidad del Estado y reparar dicha frustración de la expectativa legítima dentro de los presupuestos de la teoría de la pérdida de oportunidad cuyo monto dependerá de la mayor o menor probabilidad y cercanía de su ocurrencia(32) (33).

10.4. Asimismo, se ha destacado que para que resulte procedente indemnizar la pérdida de una oportunidad, es indispensable que la ocasión exista y sea cierta, puesto que si se trata de una posibilidad muy vaga o genérica, se estará en presencia de un daño meramente hipotético o eventual, que no resulta indemnizable. Esto significa que, para que pueda acreditarse la existencia del daño, el demandante deberá probar que “el no haber podido obtener la ventaja que esperaba es consecuencia de no haber gozado de la oportunidad que normalmente le habría permitido obtenerla”(34).

10.5. De acuerdo con lo anterior, la Sala ha manifestado que los requisitos cuya concurrencia se precisa para que pueda considerarse existente la pérdida de oportunidad como daño indemnizable en un caso concreto, son los siguientes:

(i) Certeza respecto de la existencia de una oportunidad que se pierde, aunque la misma envuelva un componente aleatorio, lo cual significa que esta modalidad de daño da lugar a un resarcimiento a pesar de que el bien lesionado no tiene la entidad de un derecho subjetivo —pues se trata de un mero interés legítimo, de la frustración de una expectativa, sin que ello suponga que se trata de un daño puramente eventual—, siempre y cuando se acredite inequívocamente la existencia de “una esperanza en grado de probabilidad con certeza suficiente”(35) de que de no haber ocurrido el evento dañoso, la víctima habría mantenido la expectativa de obtener la ganancia o de evitar el detrimento correspondientes(36);  

(ii) Imposibilidad definitiva de obtener el provecho o de evitar el detrimento, vale decir, la probabilidad de obtener la ventaja debe haberse convertido en inexistente, pues si la consolidación del daño dependiera aún del futuro, se trataría de un perjuicio eventual e hipotético, no susceptible del reconocimiento de una indemnización que el porvenir podría convertir en indebida(37); lo expuesto se antoja lógico en la medida en que si el resultado todavía puede ser alcanzado, el “chance” aún no estaría perdido y nada habría por indemnizar; por tanto, si bien se mantiene la incertidumbre respecto de si dicho resultado se iba a producir, o no, la probabilidad de percibir la ganancia o de evitar el perjuicio sí debe haber desaparecido definitivamente del patrimonio —material o inmaterial— del individuo porque dichos resultados ya no podrán ser alcanzados jamás.

Tal circunstancia es la que permite diferenciar la ‘pérdida de oportunidad’ del ‘lucro cesante’ como rubros diversos del daño, pues mientras que la primera constituye una pérdida de ganancia probable —dado que, según se ha visto, por su virtud habrán de indemnizarse las expectativas legítimas y fundadas de obtener unos beneficios o de evitar una pérdida que por razón del hecho dañoso nunca se sabrá si habrían de conseguirse, o no—, el segundo implica una pérdida de ganancia cierta —se dejan de percibir unos ingresos que ya se tenían(38)—;  

(iii) La víctima debe encontrarse en una situación potencialmente apta para pretender la consecución del resultado esperado, es decir que debe analizarse si el afectado realmente se hallaba, para el momento en el cual ocurre el hecho dañino, en una situación tanto fáctica como jurídicamente idónea para alcanzar el provecho por el cual propugnaba, posición jurídica que “no existe cuando quien se pretende damnificado, no llegó a emplazarse en la situación idónea para hacer la ganancia o evitar la pérdida”(39).(40)

10.6. Con observancia de lo expuesto y de conformidad con el material probatorio obrante en el plenario, la Sala observa que en el caso concreto se encuentra debidamente demostrado que el señor Edilberto Piedrahita Tenorio perdió la oportunidad de haber percibido la reparación patrimonial de las lesiones que padeció, las cuales le ocasionaron una incapacidad laboral de sesenta días sin secuelas —ver párrafo 7.1—, en la medida en que los tres requisitos referenciados para inferir la existencia del truncamiento de una posibilidad como daño autónomo están adecuadamente acreditados.

10.7. En relación con el primer condicionamiento aludido, está probado que el accionante en este proceso contencioso administrativo poseía una oportunidad de la cual fue privado en su totalidad, habida cuenta de que se demostró que (i) se constituyó como parte civil dentro del procedimiento penal que se inició en contra del señor Eduardo Zambrano con ocasión del siniestro acaecido el 28 de junio de 1994 —ver párrafos 7.2 a 7.2.2—, momento en el que le surgió la expectativa jurídicamente protegida de ser reparado por los perjuicios que de conformidad con el material probatorio obrante en tal plenario efectivamente se le hubiesen irrogado, debido a las heridas que sufrió como consecuencia de dicho accidente de tránsito en el cual se habría visto comprometida la responsabilidad penal de aquél por la comisión del concurso de los delitos por el cual se le investigó y acusó formalmente —conductas punibles de homicidio culposo y lesiones personales culposas; ver párrafo 7.3—, y (ii) tal posibilidad se vio cercenada con ocasión de la declaratoria de la prescripción de la acción penal que se adoptó mediante auto del 31 de agosto de 2001, proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Armenia —ver párrafo 7.10—, determinación que fue confirmada por medio del auto del 18 de octubre de la misma anualidad, dictaminado por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia —ver párrafo 7.11—.

10.8. Ciertamente, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 103(41), 104(42) y 105(43) del Decreto-Ley 100 de 1980, 94, 95 y 96 de la Ley 599 del 2000 —disposiciones sustanciales que en términos similares reiteraron el contenido de las normas derogadas—, y 23(44), 43(45), 44(46), 45(47), 55(48), 149(49) y 153(50) del Decreto 2700 de 1991, en el instante en que el señor Edilberto Piedrahita Tenorio ejerció su derecho de acción y se integró a la parte civil, lo cual seguramente acaeció en forma previa a que se dictara la primera sentencia anulada, se configuró a su favor la oportunidad de ser resarcido tanto por parte del sindicado Eduardo Zambrano como de la empresa Expreso Palmira S.A., en su calidad de tercera civilmente responsable, por los perjuicios que acreditó que soportó a raíz del accidente de tránsito, siempre y cuando al primero se le hubiese encontrado penalmente responsable de la conducta punible de lesiones personales a partir de la cual alegaba la causación de dichos detrimentos, y respecto de la segunda se hallara que le cabía la obligación de responder patrimonialmente de conformidad con la ley sustancial.

10.9. Teniendo en cuenta lo anterior y con observancia de lo señalado por los artículos 108 del Decreto-Ley 100 de 1980 y 98 de la Ley 599 del 2000 —ver notas 22 y 23— y 155(51) del Decreto 2700 de 1991, así como los criterios sentados por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que dentro del proceso punitivo, la responsabilidad patrimonial derivada del delito depende del éxito de la acción penal, es claro que el hecho de que hubieran transcurrido más de cinco años a partir del momento en que quedó ejecutoriada la resolución de acusación y por consiguiente, se hubiera impuesto el deber de declarar la prescripción de la acción penal y la cesación de todo procedimiento a favor del sindicado, produjo que el accionante perdiera la ocasión de ser indemnizado dentro de dicho trámite. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, al conocer sobre la exequibilidad del artículo 108 del Decreto 100 de 1980, adujo:

Es importante destacar que la prescripción de la acción civil proveniente del delito, no es ni puede ser ajena a la Codificación Penal; por el contrario, es parte de ella y, de consiguiente, al expedirse una nueva, dicha acción tenía que regular las situaciones respectivas, en cuanto a su ejercicio y efectos. 

El Código Civil en su artículo 1494 prescribe que “las obligaciones nacen... ya del concurso de las voluntades de dos o más personas, ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos” para significar que estas dos fuentes de aquéllas y por ende la exigencia de su cumplimiento supone la respectiva acción y que por derivarse del delito debe ser materia del Código Penal. 

Ese carácter subsidiario, o mejor accesorio de la acción civil, respecto a la penal, es lo que explica su ubicación en el Código Penal, característica que, obviamente, se extiende a la prescripción de las mismas(52). 

10.10. Asimismo, la Corte Constitucional, en relación con el artículo 98 de la Ley 599 del 2000, el cual como se denotó, reitera a grandes rasgos el contenido del aludido artículo 108 del Decreto-Ley 100 de 1980, refirió:

Así bien, dado que el fin de la prescripción es sustraer al sindicado del poder punitivo del Estado, no sería razonable que el juez penal dictara la condena en perjuicios si la acción penal ya ha sido prescrita. La coherencia interna exigida por el proceso penal obligan a que la pretensión adyacente de naturaleza civil siga la suerte de la pretensión principal y que si esta desaparece, desaparezca la primera como su consecuencia lógica. Ello no obsta, sin embargo, para reconocer que cuando el juez penal dicta una sentencia absolutoria o establece que la conducta desplegada es atípica, el afectado patrimonialmente por la conducta conserva la facultad de acudir a la jurisdicción civil para solicitar la indemnización correspondiente(53).

10.11. Por su parte, frente a un accidente de tránsito ocurrido en una época similar al del presente asunto —año 1997—, la Corte Suprema de Justicia destacó al momento de resolver un caso concreto lo siguiente:

1. El 26 de mayo de 1997, el autobús de servicio público de placas VOV-229, perteneciente a la empresa Expreso Trejos Ltda., salió del Terminal de Transporte de Cali a eso de las seis de la mañana, con destino al puerto de Buenaventura. 

(...)

Teniendo en cuenta que el artículo 83 del actual Código Penal (anterior art. 80 del D.L. 100/80) establece que en ningún caso el término de prescripción será inferior a los cinco años de pena privativa de libertad, y que además el inciso 1º del artículo 86 de la Ley 599 de 2000 (inc. 1º del art. 84 del C.P., anterior) señala que la prescripción de la acción penal se interrumpe con la resolución de acusación o su equivalente debidamente ejecutoriada, es incuestionable que incluso cuando la Fiscalía profirió la calificación del mérito del sumario en el presente caso la acción penal por el concurso de delitos de lesiones personales culposas se encontraba sin lugar a dudas prescrita, en la medida en que, de acuerdo con el último inciso del artículo 84 del Código Penal (anterior art. 85), el término de prescripción corre independientemente para cada conducta punible investigada y juzgada dentro de un mismo proceso. 

(...)

2.3.3. Por otro lado, como el artículo 98 del Código Penal (anterior art. 108 del D.L. 100/80) señala que la acción civil proveniente de la conducta punible prescribe en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal cuando se ejercitan dentro del mismo proceso, la Sala también declarará prescrita la acción civil ejercida a nombre de los lesionados Moisés Vicente Narváez Rosero, Guillermo Salazar Jiménez y Humberto de Jesús Tonuzco Marín(54). 

10.12. La señalada corporación aclaró su postura frente a la prescripción de la acción civil al interior del proceso penal, incluso en lo referente a los terceros civilmente responsables, en los siguientes términos:

1. El artículo 98 del Código Penal establece que la acción civil originada en la conducta punible, cuando se ejerce dentro del proceso penal, prescribe en un tiempo igual al previsto para la acción penal, esto, en relación con los penalmente responsables. En los demás casos, es decir, en el de los terceros civilmente responsables, “se aplicarán las normas pertinentes de la legislación civil”. 

2. Sobre este tema, la jurisprudencia de la Corte ha decantado criterios como que la víctima puede optar libremente por reclamar la reparación de los daños y perjuicios, bien por vía de la jurisdicción civil, en cuyo caso ha de estarse a las reglas de ésta, ya por la penal, lo que comporta que, con la definición de la responsabilidad del señalado autor o partícipe del delito, el juzgador igual está obligado a pronunciarse sobre la responsabilidad de orden civil, no solamente del procesado sino de aquellos que, sin haber participado en el delito, hubieren sido vinculados legalmente como llamados a responder por los daños generados. 

Por tanto, si surgen motivos que impiden el pronunciamiento penal, tampoco puede resolverse lo relativo a la responsabilidad civil, pues lo último exige la existencia previa del fallo de responsabilidad penal (Sent. del 10 de agosto de 2005, Rad. 20.489). 

3. También se ha dicho que, en el entendido de que lo accesorio (la acción civil) sigue la suerte de lo principal (la penal), la vigencia de aquella depende de ésta, cuando se ejerce dentro del juicio penal, contexto dentro del cual la extinción de la acción penal a causa de la prescripción deja sin vigor los fallos de instancia, lo cual incluye la condena al pago de perjuicios, en relación con el penalmente responsable (Auto del 18 de abril de 2007, Rad. 26.328). 

Entonces, el ejercicio de la acción civil dentro del proceso penal comporta, respecto de los penalmente responsables, que prescrita la última, igual suerte corre la primera.  

4. En los casos restantes deben aplicarse las disposiciones de la legislación civil; se trata de los supuestos en donde la acción civil se ejercita por fuera del proceso penal, o dentro de éste pero respecto de aquellos que sin ser penalmente responsables están obligados a responder por los daños y perjuicios, que no son otros que los terceros civilmente responsables, respecto de los cuales aplica la prescripción de tres años (arts. 2346 y 2358 del C.C.), lapso que se interrumpe con la presentación de la demanda (Sent. del 23 de abril de 2008, Rad. 28.396),  

5. Ocurrida la prescripción de la acción civil, el juez penal la reconocerá respecto del penalmente responsable, no así en relación con los terceros civilmente responsables, en tanto en esa materia específica rigen las normas del derecho civil (Sent. del 23 de agosto de 2005 —radicado 23.718—, autos del 20 de febrero de 2008 —radicado 29.235— y del 20 de octubre de 2008 —radicado 30.249—). 

6. Como la vinculación del tercero civilmente responsable tiene su fuente en las acciones penal y civil, extinguidas éstas, el juez penal no puede proseguir acción alguna en contra de aquel, como que su llegada al proceso penal estuvo condicionada a la existencia y vigencia de las últimas, pero el juez civil competente debe considerar que dentro del proceso penal se ejerció acción contra ese tercero y fue vinculado (Auto del 10 de diciembre de 2008, Rad. 30.108). 

7. En otras palabras, agrega la Corte hoy, extinguidas por prescripción las acciones penal y civil, en relación con el penalmente responsable, el juez penal pierde toda competencia para hacer algún pronunciamiento en relación con el tercero civilmente responsable, cuya situación, en consecuencia, debe ser definida por los jueces y legislación civiles, y para los efectos de ese trámite, en especial lo relacionado con la prescripción e interrupción de la misma, el juzgador civil habrá de tener en cuenta que en forma legítima, conforme al procedimiento penal, se ejerció acción contra ese tercero habiendo sido vinculado(55).  

10.13. De esta manera, para la Sala es diáfano que además de que se encuentra probado que por errores en la notificación de la totalidad de los libelos de la parte civil a la sociedad demandada como tercera civilmente responsable, conllevó a que se declarara la imposibilidad de condenarla patrimonialmente por haber prescrito la acción civil que se ejercitó en su contra —ver párrafos 7.8.1, 7.10 y 7.11—, toda oportunidad que quedaba de que los perjuicios que hubiere probado el accionante fuesen indemnizados por aquélla o por lo menos, por parte del señor Eduardo Zambrano, al interior del proceso penal, se cercenó por completo al haberse declarado la prescripción de la acción penal que se tenía en su contra, habida cuenta de que luego de adoptada tal determinación, al juez penal le resultaba inviable conocer de las pretensiones civiles de reparación patrimonial de carácter subsidiario o accesorio que se elevaron con ocasión del siniestro al interior de un procedimiento judicial principalmente encaminado a determinar la responsabilidad de carácter penal del sindicado referenciado.

10.14. De otra parte, se advierte que las circunstancias del sub judice también coinciden con el segundo requisito enunciado para entender configurado el daño autónomo consistente en la pérdida de oportunidad, toda vez que con ocasión de que (i) el señor Edilberto Piedrahita Tenorio intentó la acción civil dentro del proceso penal, lo que como se vio a partir de las normas referenciadas, le era totalmente legítimo, y (ii) se decretó la cesación de dicho procedimiento debido a la extinción de la acción penal, hizo que dicho actor perdiera definitivamente la posibilidad de obtener el provecho objeto de su expectativa, esto es, el que los detrimentos que se le causaron le fueran resarcidos patrimonialmente.

10.15. En efecto, no se puede desconocer que si bien el demandante tenía el derecho de acudir a la administración de justicia para ver garantizado sus derechos, podía escoger si elevaba sus pretensiones indemnizatorias por fuera o por dentro del procedimiento penal que se inició en contra del señor Eduardo Zambrano, sin que le fuese viable manifestar sus peticiones de manera simultánea tanto frente a la jurisdicción penal como frente a la jurisdicción civil —artículos 43, 55 y 50(56) del Decreto 2700 de 1991; ver notas Nos. 45 y 48—, por lo que al haber elegido y depositado su confianza en la vía penal y que el proceso respectivo concluyera sin una decisión de fondo —determinación que en todo caso fue acorde a las normas y a la jurisprudencia sobre la materia—, le generó la imposibilidad de percibir la indemnización que le hubiese correspondido no sólo en dicho procedimiento, sino en cualquier sede judicial, de tal forma que es clara la plena frustración de la oportunidad de ser reparado por los daños que padeció.

10.16. Al respecto, sin perjuicio de que reiteradamente se ha aducido que los integrantes de la parte civil de un proceso penal pueden acudir ante el operador judicial civil competente para elevar las pretensiones que hubiesen manifestado y que no se solventaron adecuadamente, luego de que dicho procedimiento finaliza por prescripción de la acción penal, la Sala no pierde de vista que para cuando ello sucede es posible que ya no les sea dable acudir ante la jurisdicción en virtud de la configuración de la prescripción de la acción civil, por lo que evidentemente se ven privados de la tutela judicial efectiva de sus derechos y en consecuencia, pierden en forma definitiva la ocasión de ver materializadas sus pretensiones.

10.17. Ciertamente, debido a que entre el momento en que un sujeto se vincula como parte civil a un procedimiento penal y en que éste es terminado por prescripción de la acción penal, pueden pasar varios años en los que aquél espera legítimamente que se adopte una decisión de fondo sobre sus solicitudes, cuando esto último no acaece, usualmente ya le es muy tarde para iniciar otro procedimiento judicial en el que pueda hacer conocer sus peticiones y obtener una sentencia de fondo sobre las mismas.

10.18. A partir de los elementos de convicción que militan en el sub judice, lo anterior le ocurrió al señor Edilberto Piedrahita Tenorio, comoquiera que teniendo en cuenta que las lesiones en virtud de las cuales sufrió un período de incapacidad se le produjeron el 28 de junio de 1994, una vez se profirió la decisión mediante la cual se declaró la prescripción de la acción penal el 31 de agosto de 2001, y la misma fue confirmada por medio de auto del 18 de octubre la misma anualidad, ya no le era viable presentar la demanda de responsabilidad contractual a que tenía derecho de conformidad con lo dispuesto por los artículos 982(57) y 993 del Código de Comercio —ver nota Nº 24— y el artículo 2358 del C.C. -ver nota Nº 15-, en tanto ya habían transcurrido mucho más de los dos años desde el momento en que la ejecución de la obligación debió haber finalizado y más de los tres años en que se estableció que se puede demandar a un tercero civilmente responsable —ya habían pasado más de 7 años, situación que fue evidenciada al momento de adoptarse la decisión de la prescripción de la acción civil frente a la sociedad tercera civilmente responsable—.

10.19. En consecuencia, es claro que el aducido demandante perdió de manera conclusiva su expectativa de percibir las reparaciones que pretendía a partir de las lesiones que se le infligieron, comoquiera que al haberse fiado de que en el proceso penal se resolverían sus peticiones tanto en contra de la tercera civilmente responsable como en contra del causante de las lesiones, dejó de acudir al juez civil, lo que en todo caso no le estaba dado mientras durara el trámite penal, por lo que cuando finalmente éste cesó por extinción de la acción penal, ya no le era viable ejercitar el medio de control civil ordinario para tener la oportunidad de que sus pretensiones se fallaran de fondo y a su favor, punto en el que se debe precisar que el argumento esbozado por la Nación – Rama Judicial en el sentido de que antes de demandarla todavía tenía la posibilidad de haber ejercido la acción civil, está llamado a fracasar.

10.20. Por último, en relación con el tercer condicionamiento referenciado para avizorar la configuración de una posibilidad truncada, a la Sala le es viable aseverar, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso concreto, que el señor Piedrahita Tenorio estaba en una situación potencialmente apta para obtener el objeto de su expectativa, es decir, la reparación pecuniaria de los perjuicios que demostró haber sufrido a raíz del accidente de tránsito señalado, en la medida en que los medios probatorios obrantes en el plenario permiten colegir que existía una probabilidad considerable de que se hubiese encontrado penalmente responsable al señor Eduardo Zambrano de haberse tramitado el proceso penal en el tiempo previsto por la ley -pese a que exista también cierto margen de incertidumbre necesario para hacer referencia a la figura jurídica de la pérdida de una oportunidad; —ver párrafos 10 y 10.1—, y en consecuencia, de que por lo menos a él se le hubiera condenado a resarcirle los aducidos detrimentos derivados de la conducta punible de lesiones personales a título de culpa que se le habría enrostrado.

10.21. En este sentido, se tiene que de los medios probatorios que obraban en el expediente penal, los cuales se conocen a partir de lo expuesto en la providencia mediante la cual se acusó al señor Eduardo Zambrano de la comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas, y en las sentencias anuladas de primera instancia en las que se le encontró penalmente responsable de dichos comportamientos delictivos, se advierte que de no haber prescrito la acción penal, era factible que se le hubiese condenado penalmente tanto por los fallecimientos como por las heridas que habría causado a los pasajeros que se movilizaban en el automotor que él conducía para el momento de acaecimiento del siniestro, de tal forma que de acuerdo con lo consagrado en los artículos 103 y 105 del Decreto-Ley 100 de 1980 —ver notas Nos. 41 y 43—, 94 y 96 de la Ley 599 del 2000, y 44 del Decreto 2700 de 1991 —ver nota Nº 46—, también se le hubiese obligado a reparar los detrimentos que se encontraran acreditados, como eran los perjuicios que se desprendieron de las lesiones soportadas por el señor Edilberto Piedrahita Tenorio, las cuales le produjeron una incapacidad de sesenta días, sin que se tuviese que efectuar una consideración adicional al respecto toda vez que legalmente se impone que el penalmente responsable indemnice los daños probados que se desprendan de su conducta punible.

10.22. Efectivamente, teniendo en cuenta que las providencias aducidas se valoran como pruebas documentales que tienen la potencialidad de graficar plenamente los hechos del caso concreto(58), y dado que partir de sus narraciones sobre los señalados elementos de convicción que obraban en el plenario penal, el sindicado manejaba de forma negligente, con exceso de velocidad pese a que transitaban por una pendiente, y siendo consciente de que la caja de cambios del vehículo presentaba problemas, así como sus hipótesis de defensa no sólo no fueron soportadas por medio probatorio alguno, sino que se desvirtuaron por otros elementos de convicción, se puede inferir que los operadores judiciales penales que hubiesen podido fallar de fondo el asunto, plausiblemente habrían colegido que la causa del siniestro fue la conducta típica, antijurídica y culpable desplegada por aquél.

10.23. Al respecto, sin perder de vista que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 177(59) del Código de Procedimiento Civil, le correspondía a la Nación-Rama Judicial haber debatido el contenido de las decisiones proferidas en el procedimiento penal y haber demostrado que a nivel probatorio no había posibilidad de que se condenara al señor Zambrano, para efectos de acreditar que el accionante no habría resultado indemnizado y en ese orden de ideas, controvertir la configuración del daño de pérdida de oportunidad en estudio o de cualquier otro detrimento relacionado con el no haber recibido la indemnización que pretendía, actividad probatoria de la parte demandada que cabe señalar que ni siquiera intentó, es viable indicar que todas las pruebas obrantes en plenario penal apuntaban a la responsabilidad penal de aquél sujeto.

10.24. Es así como de una parte, durante el procedimiento penal, la casi totalidad de los testigos refirieron que el señalado conductor manejaba desprevenidamente y con exceso de velocidad —al parecer para adelantar a otro bus y ganar tiempo perdido en el trayecto—, mientras charlaba en la cabina con el conductor auxiliar y otras dos personas, por lo que cuando comenzó a descender por un segmento de la carretera de topología pendiente, perdió el control del vehículo e hizo que cayeran por un despeñadero.

10.25. De otro lado, los casos fortuitos alegados en su defensa, consistentes en que un objeto lo impactó en su cabeza y en que el sistema de frenos del automotor falló súbitamente, puesto que él y otro individuo intentaron accionar tanto los frenos principales como los frenos de emergencia sin que los mismos funcionaran, no tenían respaldo probatorio y en sentido opuesto, un dictamen pericial que se practicó permitía establecer que los últimos frenos aducidos no fueron utilizados.

10.26. Asimismo, tal como fue precisado en las providencias penales respectivas, válidamente se puede inferir que la señalada falla de los frenos, de haber ocurrido, provenía de la forma de conducción del sindicado al frenar y acelerar desmedidamente en una carretera topográficamente accidentada, lo que también permitiría comprometer su responsabilidad penal. Sobre todo lo expuesto, cabe destacar que en la providencia mediante la cual se acusó al señor Eduardo Zambrano, el 5 de agosto de 1996, se advirtió:

En cuanto a la responsabilidad, considera igualmente el despacho, que existe demostración plena de la misma en cabeza del hoy procesado, EDUARDO ZAMBRANO, por cuanto la mayoría de los testimonios recibidos a los lesionados, coinciden en afirmar que el accidente se produjo, debido al exceso de velocidad que el conductor le imprimía al automotor, lo cual más adelante al parecer causó daño en la máquina, pero la causa inicial fue la forma rápida como se conducía el bus y la velocidad que se le imprimió al mismo, al empezar a descender la línea.  

Dan a entender algunos declarantes, que debido a una pérdida de tiempo en un trancón, el conductor quería recuperarlo y por ello conducía en forma rápida y frenaba en forma constante y cuando ya quiso controlar el aparato, este no le respondió con las consecuencias ya conocidas. 

Fueron claros igualmente los testimoniantes (sic) al asegurar que cuando se inició el viaje en la ciudad de Bogotá, era otro conductor distinto al hoy procesado quien manejaba el carro y el cual lo hizo en forma normal, pero cuando Zambrano asumió el control del aparato notó la diferencia, debido a que siempre condujo en forma acelerada.

El procesado, al momento de su indagatoria, quiso evadir su responsabilidad asegurando que en ningún momento se presentaron fallas en el vehículo y que no es cierto que estuviera manejando a (sic) exceso de velocidad, que el accidente se produjo debido a que algo le rompió el parabrisas del carro y lo golpeó a él en la cabeza, por lo tanto, sin visibilidad alguna y lesionado como estaba, perdió el control, estrellándose contra un barranco y yéndose luego al abismo con las consecuencias conocidas.

La versión del conductor no encontró respaldo alguno en las plenarias, toda vez que las dos personas que dicen viajaban con el mismo en la cabina, en ningún momento hicieron manifestación de la circunstancia que algo hubiera roto el parabrisas y por el contrario afirman que el carro se quedó sin frenos y se dieron cuenta de ello porque el mismo conductor se los manifestó, presentándose en consecuencia contradicción con el dicho de Eduardo Zambrano, quien niega fallas mecánicas y mucho menos que él hubiera expresado algo en ese sentido. 

Dijo igualmente Eduardo Zambrano en su indagatoria, que al quedarse el carro descontrolado, por el percance por él sufrido, uno de los pasajeros que iban en la cabina accionó el freno de seguridad, hecho que tampoco es corroborado por los declarantes y que también quedó sin piso alguno esa manifestación, con la diligencia de inspección judicial practicada al vehículo, donde el perito manifestó que si el freno de seguridad se hubiera accionado, estando el carro en movimiento, se hubiera desprendido en su totalidad el troque trasero, encontrándose por el contrario que dicho troque estaba en buen estado. 

(...)

Considera la Fiscalía que ninguna credibilidad merece el dicho del procesado, por cuanto su versión no encontró respaldo alguno en las pruebas y por el contrario la mayoría de los declarantes coinciden en afirmar que manejaba el carro a exceso de velocidad y por ello se produjo el accidente.  

Los dichos de los testigos nos merecen plena credibilidad al hacer cargos en contra del procesado, ya que se encontraban en perfecto uso y goce de sus facultades mentales, durante todo el viaje, tanto así que estuvieron en capacidad de diferenciar la forma como se conducía el automotor, al asegurar que el primer conductor lo hizo en forma normal y que el segundo lo hizo en forma imprudente, a (sic) exceso de velocidad, cogiendo las curvas demasiado rápido y frenando en forma constante.

(...)

Encontrándose entonces, que los requisitos del artículo 441 del Código de Procedimiento Penal, se encuentran reunión en contra del procesado, por cuanto se encuentran demostrados los hechos punibles investigados y existe declaración de testigo y peritación que hacen recaer la responsabilidad en el conductor EDUARDO ZAMBRANO. 

Al conducir a exceso de velocidad, frenar en forma constante y no mermar velocidad en las curvas, actuó Eduardo Zambrano en forma imprudente, confiando que ningún resultado dañoso se iría a producir y no previendo que con su actuación podía, como en efecto sucedió, perder el control del automotor, produciéndose el fatal accidente que dejó a varias personas muertas y otras lesionadas (fls. 84-94, cdno. pruebas).

10.27. Asimismo, sobre las pruebas obrantes en el proceso penal y los hechos que se podían tener por acreditados a partir de las mismas, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Armenia, el cual reiteró varias manifestaciones que en su momento fueron advertidas por el Juzgado Único Penal del Circuito de Calarcá, refirió:

Declara bajo juramento César Augusto Cano Saavedra quien aquel día viajaba en el bus accidentado con su esposa Alba Rocío y su hijo de 45 días de nacido, anotando que cuando empezaron a bajar la línea hacia Calarcá “me dio la impresión de que el bus venía muy rápido bajando”, que en su opinión el accidente se produjo por la velocidad que traía el conductor y que en su criterio, por la velocidad cuando el conductor fue a frenar “le fallaron los frenos”. 

Riquelio Naranjo Ramírez nos dice que el viaje fue normal hasta cuando empezaron a subir de Cajamarca hacia la línea donde el “bus comenzó a sentirse como deficiente en la máquina.... escuché como en el ritmo de la máquina del carro que ésta estaba como fallando; empezaron a bajar de la línea hacia Calarcá y el bus comenzó a descender más rápido ya que el conductor pretendía adelantar un platino Bolivariano ... la falla del bus era más notable sin que el conductor hiciera nada por revisarlo”, sintió un ruido extraño en la máquina del bus y “un señor que venía al lado me alcanzó a decir que el bus venía fallando, cuando ya quedó el bus loco, entonces le gritamos al conductor que lo recostara contra un barranco para la segunda vuelta siguiente salió por el aire” y el bus cayó al abismo, sostiene que el accidente ocurrió por la velocidad que traía el conductor quien no hizo caso de las fallas que presentaba el rodante y al contrario trataba de adelantar otro automotor. 

(...)

La señora Esther Serna de Osorio manifiesta que hacía el viaje en compañía de sus hijos y que antes del accidente, su hijo Harold le había dicho que ese “conductor tan ordinario porque era que el conductor venía pasando carros en las curvas... además en la cabina venían como cuatro señores haciendo recocha, charlando todo el tiempo... venía muy rápido”, se dio cuenta cuando el conductor maniobró rápido el carro y fue cuando se fueron al abismo. 

(...)

El pasajero Fernando Escobar Marín nos dice que en la cabina del bus viajaban los dos conductores “y dos personas particulares o amigos de ellos” que nada tenían que hacer allí, este deponente es conductor y de ahí que se atreva a asegurar que el bus bajaba muy rápido y en una curva “el conductor del vehículo lo mandó contra la peña al lado derecho” para luego irse al abismo. Sobre las causas del accidente aclara que éste ocurrió porque como se trata de un vehículo bueno, los conductores “bajan la línea a exceso de velocidad sin respetar las palabras educativas de tránsito”, por la velocidad a menudo el conductor aplica el freno “y las campanas del vehículo se deben de recalentar, ahí es cuando se cristalizan las bandas” y el vehículo venía rápido. 

Benjamín Reinoso Hernández abordó el bus en Ibagué y dice que el recorrido fue normal hasta que se presentó un trancón que duró unos 45 minutos “de ahí en adelante el señor que conducía el bus empezó a desplazarse con mucha mayor velocidad ... en ese preciso instante era que empezaba a descender la línea ... estaba bajando muy rápido y hubo personas que le gritaban desde adentro del bus que si era que nos iba a matar” al rato sintió un estruendo muy fuerte debajo del bus y éste quedó sin control, el carro “ se pegó contra la peña ... de ahí rebota hacia la izquierda y el bus sale hacía un precipicio”. 

La Fiscalía con intervención del perito practicó inspección judicial al bus accidentado donde se estableció que “la manguera del freno lado derecho se encuentra reventada, la del lado izquierdo se encuentra en buen estado. Es difícil establecer si la manguera se reventó al momento del accidente o antes.... la manguera del freno de seguridad está perfecta sin daño alguno. Esto nos indica que el freno de seguridad no fue accionado en ningún momento. Si se hubiera accionado este freno de seguridad, estando el vehículo en movimiento, se había reventado en su totalidad el troque trasero. Este troque se encuentra en buen estado”. 

(...)

Igualmente se estableció con los diferentes dictámenes médicos que aparecen diseminados a lo largo y ancho del expediente, que en aquel accidente sufrieron heridas los pasajeros Ricardo Villamil, Riquelio Naranjo Ramírez, Hernán Camacho Martínez, Esther Serna de Osorio, Eder, Miller y Jhon Alexander Osorio Serna —hermanos—, Edilberto Piedrahita, Juan Carlos Carvajal Restrepo, Oswaldo Enrique Fontalvo Caballero y Benjamín Reinoso cuyas incapacidades superan los 40 días y algunos de ellos perturbación funcional permanente de algunos órganos y deformidad física también permanente.  

Establecido entonces el corpus delicti en el concurso de homicidios y lesiones personales, nos corresponde ahora entrar en el análisis de las pruebas recaudadas (...).

Es necesario entonces primeramente examinar frente a la gama probanzal legalmente acercada al proceso, si el accidente ocurrido en el sitio “La Divisa” cercano a Calarcá, tantas veces referenciado se produjo por caso fortuito o fuerza mayor, según trató de plantearlo el procesado en sus descargos auspiciado por su defensor. 

Eduardo Zambrano en su indagatoria afirmó para el proceso que conducía normalmente hacía Calarcá el día y hora de los hechos, cuando sintió que “algo” le dio en la cabeza después de romper el parabrisas, haciéndole perder el control del automotor, con las fatales consecuencias conocidas, en ningún momento el procesado argumenta otra razón o causa eficiente para el siniestro, debiendo decir desde ya, que ningún otro sobreviviente erigido en testigo, menciona tal circunstancia, la que será ni más ni menos que la mencionada por los tratadistas o doctrinantes como ejemplo típico de caso fortuito es decir, la roca que imprevistamente cae al paso de un automotor y le hace perder el control causando el accidente. 

Esta circunstancia alegada por el procesado, de ser creíble en el evento de tener respaldo probatorio sería excluyente de culpa habida consideración de los ingredientes de excepcionalidad, inevitabilidad y anormalidad, haciendo salir lo ocurrido del control humano. 

Lastimosamente para la prosperidad de los intereses del procesado y su defensor, esta tesis no obtuvo eco en el debate, pues nadie ni nada deja entrever que un objeto imprevisto, después de romper el parabrisas chocara justamente contra la humanidad del motorista citado, haciéndole perder el control del automotor que manejaba aquella aciaga noche del 28 de junio de 1994. 

Ni siquiera los dos testimoniantes (sic) mencionados por el defensor que casualmente iban en la cabina del bus, es decir, próximos al conductor, hacen mención de la rebuscada aunque permisible y lógica circunstancia defensiva del procesado.

(...)

Las citas antes referenciadas prueban con seriedad dos cosas fundamentales: Que el conductor Eduardo Zambrano mintió al señalar en sus descargos como causa eficiente del accidente, un presunto caso fortuito consistente en que “algo” que rompiendo el parabrisas justamente lo golpeó a él, naturalmente haciéndole perder el control del carro, cuando lo que parece ser cierto es que tal control lo perdió por exceso de velocidad y porque no decirlo alguna falla atribuible a la prisa con que guiaba el automotor; de otro lado, queda probado que los testigos sí elaboraron un cuadro serio y creíble de lo ocurrido, casi todos de acuerdo en que el exceso de velocidad, que hizo llegar a unos casi al pánico, ocasionó el accidente, dejando también traslucir que la distracción o charla del conductor con las tres personas que venían en la cabina con él, necesariamente influyó en el lamentable desenlace, quedando así insular la coartada del señor Zambrano quien, ni siquiera como defensa esgrimió como caso fortuito, el haberse quedado sin frenos, tal como ciertamente tuvo oportunidad de exclamar tal circunstancia en el momento mismo del insuceso, sabedor como veterano motorista que debe ser, que una conducción a exceso de velocidad y bajando por un tramo de topografía tan accidentada y peligrosa, necesariamente reclamaba uso constante y excesivo del sistema de frenos, con las consecuencias naturales en cualquier sistema cuando se le reclama exceso de trabajo, la falta de prudencia y aún de pericia afloran por si solas. 

Producida la falla en los frenos, pero consciente como debió serlo el acusado de los motivos determinantes, no lo mencionó en su indagatoria, recuérdese que este hecho se comprobó en la inspección judicial, donde se detectó una manguera —la del lado derecho— reventada, aunque pericialmente no se pudo establecer si fue antes o como consecuencia del accidente. 

Se dirá, con vista en el sustento central de los Serios, lógicos y plausibles argumentos del señor defensor que realmente nos encontramos ante un caso fortuito por falla súbita en el sistema de frenos. 

A ello se responderá que el único defecto encontrado en este sistema fue la manguera de marras reventada, sin poderse establecer, ya se dijo, según el perito si fue antes o como efecto del accidente y aceptando en gracia de discusión que el reventamiento ocurrió antes, desde ya se dirá que el sistema general de frenos de esta clase de automotores es muy complejo y variado, debiéndose recordar que a pesar de que el conductor dice que uno de sus acompañantes accionó en el instante del volcamiento el freno de emergencia o de mano, con la inspección judicial se pudo establecer todo lo contrario, diciendo el perito razonablemente que esto nunca ocurrió porque si así hubiera sido el troque ,trasero del carro estaría fragmentado y fue encontrado en condiciones normales, lo que indica que en este aspecto Eduardo Zambrano también mintió para el proceso. 

Frente a tales falencias y ante la cualificación y condigna seriedad que se desprende del testimonio de los sobrevivientes, todos coincidentes no solo en el exceso de velocidad, sino también que a pesar de que el carro venía fallando desde la localidad de Cajamarca, el conductor continuó la marcha en forma temeraria y peligrosa, por ello imprudente conscientemente, deviniendo la culpa y, cuando ello ocurre es decir, cuando se presenta un caso fortuito precedido por un acto humano comportamental culposo como el caso que analizamos, no le es dable al acusado alegar tal hipótesis, el caso fortuito como excluyente de culpa a la luz del ordinal 10 del artículo 40 del Código Penal, como en vano pretende la defensa y en principio lo solicitó el señor representante del tercero civilmente responsable para alcanzar la absolución del procesado por la vía de la exoneración de culpabilidad. 

No sobra agregar además, ante la certeza de la responsabilidad por culpa imputable a Eduardo Zambrano que, cuando el posible caso fortuito, como sería el daño en los frenos, estuvo precedido o ligado a una conducta culposa de aquel como agente activo de la ilicitud y tal comportamiento generó, como en este caso, el evento inesperado, debe responder ya sea por negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de leyes, reglamentos, órdenes o disciplinas (como variantes de las especies de culpa), sea ésta consciente o inconsciente (fls. 115-142, cdno. pruebas; se resalta).

10.28. Con fundamento en el anterior marco situacional revelado por las providencias referenciadas, es viable considerar que en el caso en que el procedimiento penal hubiese concluido con una decisión de fondo sobre la responsabilidad penal del señor Eduardo Zambrano, con base en las únicas pruebas que obraban en el plenario penal, existía una oportunidad probable de que se le hubiese condenado penalmente por las lesiones y los homicidios respectivos a título de culpa y en consecuencia, que se le hubiese impuesto la obligación de reparar los perjuicios que se encontraran acreditados derivados de las heridas causadas al señor Edilberto Piedrahita Tenorio con ocasión de esos crímenes -lesiones que se encontraban debidamente probadas mediante dictamen médico-, puesto que tal como se consideró en las dos sentencias anuladas, razonablemente se podía colegir, según lo que revelaban las pruebas hasta ese momento, que aquél condujo el automotor con exceso de velocidad y de manera descuidada, con lo que habría causado el accidente de tránsito en el cual se vieron vulnerados los derechos protegidos por la ley penal, que en el caso del señor Edilberto Piedrahita Tenorio consistía en su integridad personal, cuya vulneración en el equivalente a 60 días de incapacidad sin secuelas se encontraba tipificada en los artículos 331(60) y 332(61) del Decreto-Ley 100 de 1980, y 111(62) y 112(63) de la Ley 599 del 2000, respectivamente, de manera que en forma factible se pudo considerar que se encontraran demostrados los elementos constitutivos de la conducta punible y su imputación para el surgimiento de las condenas penal y civil correspondientes.

10.29. En efecto, de conformidad con los elementos de convicción aludidos, el señor Eduardo Zambrano habría manejado con exceso de velocidad y de manera descuidada por una pendiente, mientras charlaba con varios acompañantes, en contravención de las normas de tránsito respectivas, de tal forma que se pudo haber colegido que el siniestro se originó por su conducta delictiva culposa y que por consiguiente, surgía su responsabilidad penal, puesto que, actuó de esa forma con la creencia de que podía evitar el acaecimiento de un accidente de tránsito de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37(64) del Decreto-Ley 100 de 1980, así como también se pudo inferir que en el despliegue de una actividad peligrosa incumplió con su deber objetivo de cuidado según lo establecido por el artículo 23(65) de la Ley 599 del 2000, conjunción de todos los elementos denotados que en criterio de la Corte Suprema de Justicia deriva en la configuración de responsabilidad penal. Al respecto, ha señalado:

2. En tratándose de la infracción imprudente y para la construcción coherente de una teoría general del delito, la doctrina fue desplazando los criterios de realización del delito culposo hacia aspectos más objetivos, situados en la categoría de la tipicidad, con la introducción y consolidación del concepto de la “infracción al deber objetivo de cuidado”(66), noción que igualmente fue acogida en la jurisprudencia de la Corte, pues al respecto ha señalado: 

“El delito culposo, por su parte, consiste en que la comisión del punible se encuentra acompañada de la omisión del deber de cuidado ya sea por la negligencia, la imprudencia, la violación de reglamentos o la impericia del agente”(67). 

Y también ha dicho: 

“La violación al deber de cuidado objetivo se evalúa siempre dentro de un ámbito situacional determinado, es decir, por medio de un juicio de la conducta humana en el contexto de relación en el cual se desempeñó el actor, y no en el aislamiento de lo que éste hizo o dejó de hacer”(68). 

Ahora, al entrar en vigencia la Ley 599 de 2000, el legislador, en vista del desarrollo y avance de la doctrina y la jurisprudencia, señaló en el artículo 23 que “La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo”, concepto del delito imprudente que debe conjugarse con los dos postulados aludidos en precedencia y que constituyen normas rectoras prevalentes y orientadoras de la interpretación del sistema penal, según las cuales “La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado” y “Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva”(69). 

3. De acuerdo con lo precedente, el injusto culposo está integrado por componentes objetivos —descriptivos o normativos—, y por elementos o aspectos subjetivos. 

Los componentes objetivos o normativos que lo integran son: sujeto activo —que es indeterminado o calificado, como sucede, por ejemplo, en el peculado culposo—; acción extratípica, constituida por la infracción al deber objetivo de cuidado; realización de un resultado lesivo y relevante —descrito en la norma penal imputada—, y la relación de causalidad o nexo de determinación —la transgresión al deber objetivo de cuidado y el resultado típico deben estar vinculados por una relación de determinación, es decir, la vulneración del deber ocasiona el resultado—. 

Resulta oportuno aclarar que la utilización por el legislador de la expresión “infracción al deber objetivo de cuidado”, no significa que ese elemento de la culpa sólo pueda concebirse objetivamente con prescindencia de lo subjetivo, pues la misma norma recalca la previsibilidad del agente respecto del resultado, lo cual va ligado a consideraciones eminentemente subjetivas(70). 

10.30. Adicionalmente, se debe destacar que la seriedad de la ocasión referida que poseía el accionante se ve fortalecida por el hecho de que en dos oportunidades, y por dos despachos diferentes, se condenó al referido conductor por la comisión de los hechos punibles aducidos y por consiguiente, se le ordenó indemnizar a aquél por la suma equivalente a 500 gramos oro —ver párrafos 7.4 y 7.8—, de tal manera que si bien no se puede concluir que, de haberse tramitado debidamente el proceso y de no haber sido factible declarar la prescripción de la acción penal, tales determinaciones se hubiesen mantenido o confirmado con exactitud en segunda instancia —dado que también pudo proferirse una sentencia absolutoria o terminar por otorgársele al demandante señalado una indemnización pecuniaria inferior—, lo cierto es que a raíz de las circunstancias descritas y del hecho de que se hubiesen proferido sendas sentencias en ese sentido, hace viable inferir que el aducido demandante se encontraba en una posición lo suficientemente fundamentada para obtener el resarcimiento de los perjuicios que acreditó que soportó, al menos del conductor referenciado.

10.31. Igualmente, no escapa a la Sala que en las providencias penales obrantes en el plenario, se hizo referencia a la existencia de una póliza de seguro que habría respaldado al señor Eduardo Zambrano en cuanto a los débitos que le hubieran surgido de haber finalizado el procedimiento penal con su condena patrimonial, lo que fortalece la seguridad de que las víctimas pudieron llegar a percibir la indemnización de los perjuicios que efectivamente demostraron en el proceso, tal como lo hizo el señor Piedrahita Tenorio, aunque como se verá detalladamente más adelante, en forma diferente a lo planteado por las sentencias anuladas.

10.32. Por otra parte, la anterior inferencia en cuanto a la responsabilidad penal y patrimonial del señor Eduardo Zambrano también encuentra sustento, en que es posible colegir que las pruebas solicitadas por la defensa de aquél y que faltaron por practicarse —falta de práctica de pruebas con fundamento en la cual se declaró la segunda nulidad del proceso; ver párrafos 7.9 a 7.9.2—, no habrían tenido un verdadero impacto en el posible resultado condenatorio del trámite penal, comoquiera que se trataban de la ampliación de la indagatoria y del testimonio de quien hizo el informe del accidente de tránsito -quien es factible que no habría podido dar información adicional sobre siniestro que ya no reposara en su informe y en el plenario- y por el contrario, se pidió a su vez que se rindiera otro dictamen pericial para que se precisara los perjuicios que fueron causados a las víctimas con el objeto de que se pudiera transar su reparación con la aseguradora respectiva y así, dar por terminado el trámite penal.

10.33. De otro lado, conviene señalar que no es posible tener ese nivel seguridad respecto de la empresa Expreso Palmira S.A., debido a que se carecen de los elementos de convicción para afirmar que el accionante tenía una oportunidad relevante de que ésta tuviera la obligación de entrar a responderle por la producción de sus perjuicios de conformidad con la ley sustancial, toda vez que en este proceso contencioso administrativo no se tienen las pruebas del proceso penal para comprometer su responsabilidad patrimonial, y las autoridades judiciales competentes tampoco hicieron mención de los mismos en las providencias analizadas —en la primera sentencia anulada en la que se le condenó solamente por la indemnización de los perjuicios soportados por los integrantes de la demanda que se le notificó debidamente, no se refirieron las pruebas que militaban en su contra—, máxime cuando tuvieron que declarar que la acción civil en su contra había prescrito en tanto se le notificó indebidamente de la admisión de las demandas y se le vinculó tardíamente al procedimiento.

10.34. En consecuencia, a diferencia de la posible declaratoria de responsabilidad patrimonial que pudo proceder en relación con el sindicado, la obtención de ese mismo resultado frente a la demandada como tercera civilmente responsable es mucho más aleatoria y por consiguiente, no puede aducirse que representaba una expectativa cierta que pudiera ser objeto de indemnización en esta sede.

10.35. Con fundamento en todo lo expuesto, para la Sala resulta diáfano que se cumplen todos los requisitos jurisprudencialmente establecidos para concluir que al señor Edilberto Piedrahita Tenorio se vio privado en forma definitiva de la oportunidad considerable de que sus pretensiones indemnizatorias prosperaran y por lo tanto, de que percibiera la reparación de las lesiones que se le ocasionaron, daño autónomo que en caso de poder ser imputado a la Nación – Rama Judicial, originará su responsabilidad patrimonial.

11. En cuanto a la imputación del daño señalado al Estado, es pertinente poner de presente que la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco puede la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que éste puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación:

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación. 

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia(71).  

11.1. Así las cosas, de conformidad con la jurisprudencia citada, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas tienen que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede, en cada caso concreto, considerar válidamente que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

11.2. Ahora bien, no obstante se ha destacado la libertad del operador judicial para acudir a cualquiera de los títulos de imputación decantados por la jurisprudencia vigente, no se debe perder de vista que la utilización justificada de dichos fundamentos obedece a los aspectos fácticos que se encuentren demostrados, así como los mismos pueden implicar una aproximación distinta a la atribución jurídica del deber de reparar que se puede radicar en cabeza del demandado.

11.3. Con observancia de lo expuesto, se debe tener en cuenta que el accionante invocó que el daño autónomo en estudio y referido en las peticiones de su demanda, fue originado por el error judicial y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que incurrieron los Juzgados Único Penal del Circuito de Calarcá y Cuarto Penal del Circuito de Armenia, al tramitar el proceso penal iniciado contra el señor Eduardo Zambrano.

11.4. Al respecto, conviene recordar que de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado está obligado a responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que sean causados por las acciones u omisiones de todas las autoridades públicas, incluyendo las judiciales. Con esta disposición se superó definitivamente la posición jurisprudencial según la cual los errores cometidos por los funcionarios judiciales, en desarrollo de su actividad, comprometían únicamente la responsabilidad personal del servidor público y no la del Estado(72).

11.5. En este sentido la Ley 270 de 1996 —Ley Estatutaria de la Administración de Justicia—, reguló ampliamente el tema de la responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento de esta rama del poder público y estableció tres supuestos o, como se han denominado jurisprudencialmente, tres títulos jurídicos de imputación bajo los cuales es posible analizar dicha responsabilidad. Ellos son: el error jurisdiccional, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la privación injusta de la libertad(73).

11.6. Al respecto, de acuerdo con el artículo 66(74) y 67(75) ibidem, el error judicial es aquél que se materializa en una providencia proferida por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, para cuya configuración requiere de dos presupuestos, a saber; (i) que el afectado haya interpuesto los recursos previstos por el ordenamiento pues, de lo contrario, en los términos del artículo 70(76) de la misma ley, se estaría frente a un caso de culpa exclusiva de la víctima, y (ii) la firmeza de la providencia contentiva del supuesto error.

11.7. En relación con el primer presupuesto, la Sección Tercera ha insistido en que si el interesado no agota los medios de defensa judicial que tiene a su alcance, el perjuicio sería ocasionado por su propia negligencia y no por el error judicial(77) fijado en la decisión correspondiente y, además, ha indicado que los “recursos de ley” deben entenderse como “los medios ordinarios de impugnación de las providencias, es decir, aquellos que no sólo permiten el examen limitado de la decisión con el objeto de corregir los errores de toda clase, tanto de hecho como jurídicos, sino que pueden interponerse sin sujeción a las rígidas causales que operan para los extraordinarios, los que adicionalmente requieren para su trámite la presentación de una demanda”(78).

11.8. En lo que tiene que ver con el segundo presupuesto, esto es, que el presunto error se encuentre contenido en una providencia judicial que esté en firme, es oportuno señalar que tiene pleno sentido pues, como lo ha señalado la Sección Tercera(79), “aun cuando una decisión judicial resulte equivocada, si ésta aún puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no produciría efectos jurídicos y, además, podría superarse con la intervención del superior funcional”.

11.9. De otra parte, según el artículo 69(80) ejusdem, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es un título de imputación de carácter subsidiario que se aplica a todos aquellos eventos en los que los daños cuya indemnización se reclama se derivan de la función jurisdiccional, pero no provienen de una providencia judicial en firme o de una privación injusta de la libertad. Al respecto, se ha sostenido:

La doctrina española para diferenciar el error judicial del defectuoso funcionamiento explicó:  

“...nos encontramos en el dominio de la responsabilidad por funcionamiento anormal de la administración de justicia, siempre y cuando la lesión se haya producido en el ‘giro o tráfico jurisdiccional’, entendido éste como el conjunto de las actuaciones propias de lo que es la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (excluidas las actuaciones de interpretar y aplicar el derecho plasmadas en una resolución judicial que, como se acaba de indicar, caerán en el ámbito del error judicial); a sensu contrario, no entrarían en este concepto aquéllas actividades que produjesen un daño —incluso si éste fuese identificado plenamente como achacable a la actuación de un juez o magistrado— si su actuación no se hubiese realizado en el mencionado ‘giro o tráfico jurisdiccional’, sino en otro tipo de actuaciones distintas. 

En definitiva, en el régimen establecido para la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia habrán de incluirse las actuaciones que, no consistiendo en resoluciones judiciales erróneas, se efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”(81). 

Así también lo previó el legislador colombiano cuando dispuso que, fuera de los casos de error jurisdiccional y privación injusta de la libertad, “quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación” (art. 69 L. 270/96)(82). 

11.10. De conformidad con los anteriores planteamientos y con observancia del material probatorio obrante en el plenario, la Sala advierte ab initio que se encuentra acreditado que la pérdida de oportunidad soportada por el demandante no se originó a partir de un error jurisdiccional sino del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, lo que hace que la misma le sea plenamente imputable a la Nación-Rama Judicial, sin que en la producción de tal menoscabo hubiese incidido una causa extraña que la pueda exonerar en todo o en parte de la obligación que le surge de indemnizar al demandante.

11.11. Al respecto, conviene reiterar lo sostenido en la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío, en el sentido de que en el sub judice no resulta factible invocar la existencia de un error judicial a partir del cual se le hubiese cercenado al señor Piedrahita Tenorio la expectativa de percibir una indemnización por los perjuicios que se le provocaron en el accidente de tránsito, habida consideración de que los yerros en que se incurrieron en las diferentes providencias judiciales adoptadas durante el procedimiento penal fueron enmendados mediante las declaraciones de nulidad del mismo y la consecuente repetición del trámite, de tal forma que se está frente a la inexistencia de una providencia judicial en firme de la cual se hubiese desprendido la aducida pérdida de oportunidad.

11.12. Ciertamente, tal como se aclaró, en el presente asunto no resulta viable colegir la existencia de un error judicial de conformidad con las normas vigentes y la jurisprudencia de esta corporación, toda vez de que si bien durante el trámite penal ante los juzgados competentes se produjeron diferentes equivocaciones procesales que vulneraban los derechos al debido proceso y a la defensa de las partes, las cuales fueron consolidadas en su momento mediante distintas providencias judiciales, no se puede perder de vista que esas decisiones dejaron de producir efectos y no quedaron en firme debido a su anulación, de modo que no se cumple con el segundo presupuesto referenciado para la invocación del aludido título de imputación.

11.13. Sin perjuicio de lo anterior, para la Sala es evidente que en el proceso penal adelantado en contra del señor Eduardo Zambrano se produjo una dilación injustificada que produjo la prescripción de la acción penal atribuible a la Nación – Rama Judicial, precisamente por dichos errores en la tramitación del proceso que en dos oportunidades llevaron a su anulación procesal y que a la postre permitieron que transcurriera el tiempo para la prescripción y extinción de la acción penal, demora en la que si bien también pudieron haber incidido, de una parte, ciertos factores no atribuibles a los juzgados que adelantaron el procedimiento y, de otro lado, las actuaciones de ciertos apoderados de las partes, lo cierto es que dichas circunstancias no se habrían configurado en causas ajenas al Estado o en hechos de terceros con la potencialidad de excluir su responsabilidad en el sub lite, respectivamente.

11.14. Al respecto, se principia por precisar que la causa extraña como excluyente de responsabilidad(83) requiere de cuatro presupuestos estructurales para su configuración, los cuales se concretan en su imprevisibilidad, irresistibilidad, exclusividad y exterioridad en relación con la parte demandada respecto a la cual se pretende imputar el daño(84), aspectos que deben encontrarse debidamente demostrados en el proceso(85), punto en el que se debe tener en cuenta que cuando el suceso dañoso es previsible o resistible para aquélla, o provino parcial o totalmente de su conducta, se revela una falla del servicio al no haberlo prevenido, resistido o evitado pudiendo hacerlo, máxime cuando en su cabeza se radica el deber legal de precaución, por lo que la circunstancia extraña correspondiente no podría tener plenos efectos absolutorios o liberatorios de responsabilidad.

11.15. Conforme lo ha explicado la doctrina, sólo cuando el hecho o acto “ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la obligación, deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor”(86). Así también lo han señalado los hermanos Mazeaud, cuando precisan que la causa extraña lleva “consigo la absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima”(87).

11.16. Igualmente, conviene advertir que para que una causa extraña pueda exonerar completamente de responsabilidad, es necesario que jurídicamente se le pueda calificar como la fuente del daño desde la perspectiva de la teoría de la causalidad adecuada(88), o en otras palabras, que haya sido determinante para su producción.

11.17. Teniendo en cuenta lo expuesto, se debe destacar que en el sub lite se encuentra fehacientemente acreditado que luego de que quedara ejecutoriada la resolución de acusación el 27 de agosto de 1996 —ver párrafo 7.3—, con lo que empezaba a correr el término de cinco años para proferirse una decisión de fondo, el Juzgado Único Penal del Circuito de Calarcá no sólo tardó casi dos años para celebrar la audiencia pública y dictar sentencia, sino que vinculó indebidamente a la empresa Expreso Palmira S.A. como tercera civilmente responsable al no notificarle la admisión de la totalidad de las demandas que se presentaron en su contra, así como permitió que en aquélla audiencia participaran más abogados de la parte civil que del procesado, con lo que (i) vulneró los derechos al debido proceso y a la defensa de dicha sociedad y del señor Eduardo Zambrano, y (ii) desconoció el contenido de los libelos que solicitaban la comparecencia de aquélla sociedad con el objeto de que respondiera patrimonialmente de los detrimentos irrogados, pretensiones que evidentemente no se podían descartar por el yerro de no haber notificado las demandas pertinentes, lo que ameritaba que se declarara la nulidad del procedimiento para subsanar tales falencias según lo establecido en el artículo 304(89) y 305(90) del Decreto 2700 de 1991, como ocurrió, suceso que retrasó indebidamente el proceso, contribuyó a que se declarara la prescripción de la acción penal y en consecuencia, frustró la oportunidad del demandante a ser resarcido —ver párrafo 7.3.1, 7.4 y 7.5—.

11.1.8. Sobre lo expuesto, conviene precisar que dentro de la presente litis no está probado motivo alguno que justifique el que durante el señalado lapso, la autoridad judicial reseñada no hubiera logrado notificar debidamente a la sociedad anónima Expreso Palmira, máxime cuando está acreditado que luego de la declaratoria de nulidad que se produjo a raíz de dicha situación, tal notificación se logró en el término de un año y, por el contrario, en el proceso disciplinario que se le adelantó al titular del despacho aducido, se destacó que el mismo no llevó un control adecuado de la comisión que efectuó para el efecto, no instó a las partes para que colaboraran con la vinculación de quien demandaban, y tampoco acudió a las demás herramientas con las que contaba para dicho fin. En este sentido, se adujo en la decisión del 25 de mayo del 2000, proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío:

En primer lugar y con relación a las copias de las demandas, no obra en el expediente una sola constancia procesal que indique que el funcionario de manera diligente haya realizado las gestiones necesarias para obtener los elementos materiales necesarios para el cumplimiento oportuno de su deber, bien solicitando el apoyo logístico al director ejecutivo seccional de administración judicial, o la colaboración a otro despacho de la rama judicial (...).

Tampoco aparece demostrado en las diligencias que el juez haya requerido oportunamente, en forma verbal o escrita, a los abogados representantes de los interesados en las demandas de parte civil para que sufragaran los gastos relativos a la compulsa de copias para ser remitidas con la comisión al juez de la ciudad de Palmira para que agilizara las notificaciones correspondientes al tercero civilmente responsable en el proceso. 

(...)

Con relación al cargo derivado de las desatención mostrada por el funcionario del conocimiento al resultado de la comisión remitida a la Juez Primero Penal del Circuito de Palmira, al transcurrir más de cuatro meses sin que se preocupara por solicitar a la funcionaria comisionada la devolución del despacho debidamente diligenciado, argumenta el disciplinado que sostuvo permanente comunicación telefónica con la titular del despacho mencionado indagando sobre la suerte de la comisión. 

Agrega además, que ninguno de los apoderados de la parte civil se hizo presente para cumplir con el impulso procesal de que trata la primera parte del artículo 318 del Código de Procedimiento Civil. 

Considera esta Sala que para que se surta una notificación personal como la indicada, la que viene a ser el punto de partida para el reinicio de un proceso penal de tanta trascendencia, no es necesario esperar tanto tiempo, generando una parálisis dentro de un negocio que se inició a mediados del año 1994, en consideración a que el funcionario tiene a la mano las herramientas que consagra el Código de Procedimiento Civil para tales efectos. 

Sólo hasta el 13 de octubre de 1999, esto es, dos días antes de cumplirse un año de haber egresado el proceso del Tribunal Superior y ordenarse la comisión a la ciudad de Palmira, el juez de conocimiento dispone que se dé aplicación al trámite señalado en el artículo 318 del Código Procesal Civil, y que se libre comunicación a todos y cada uno de “... los abogados que en este proceso representan la parte civil, a fin de que se pongan en contacto con la referida juez de Palmira...”, para cubrir los gastos pecuniarios que emana la publicación del edicto en la prensa y en una de las emisoras de esa ciudad. 

(...)

Si bien es cierto existen constancias sobre las reiteradas comunicaciones vía telefónica por parte del funcionario investigado sostenidas con la Juez Primero Penal del Circuito de Palmira, éstas apenas se iniciaron a partir del 10 de septiembre de 1999, en tanto que por telegrama, sólo hasta el 14 de abril de 1999 el Dr. Holvey Martínez Velásquez le solicita al juez penal del circuito reparto Palmira, que interviniera para lograr la devolución del despacho comisorio Nº 049 de 4 de diciembre de 1998. 

Como corolario de lo expuesto resulta evidente que los comportamientos reprochados al Dr. Martínez Velásquez son la consecuencia de una actitud negligente, jurídicamente culposa.

11.19. Asimismo, conviene destacar que tampoco tiene una explicación válida el que el operador judicial aludido hubiera intentado tomar una decisión de fondo a sabiendas de que no había vinculado adecuadamente a la tercera civilmente responsable, ni siquiera a través de curador ad litem tal como se lo imponía el ordenamiento jurídico a través del estatuto procesal civil, el cual resultaba aplicable por remisión expresa del artículo 21(91) del Decreto 2700 de 1991, puesto que le era evidente que el dictar una sentencia en esas circunstancias consistía en una irregularidad de la que se podía llegar a desprender la nulidad y devolución del trámite y por consiguiente, su demora.

11.20. De hecho, disciplinariamente también se encontró que el aludido funcionario judicial fue negligente para verificar la notificación de la sociedad anónima aludida incluso luego de que se declarara la nulidad del proceso. Al respecto, en la decisión del 20 de octubre del 2000, proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, se señaló:

En efecto, la primera demora se hizo evidente a partir del auto del 15 de octubre de 1998, proferido por el juzgado en el que ordenó comisionar al Juzgado Penal del Circuito de Palmira, para notificar las demandas de constitución de parte civil. En esa oportunidad, el juzgado procedió a despachar el comisiorio el 4 de diciembre, es decir, demoró algo más de cuarenta y cinco (45) días para la primera actuación. 

A partir de esa fecha transcurrieron 5 meses y 8 días (hasta el 13 de mayo de 1999), en que el despacho comisorio fue recibido varias veces en el juzgado comisionado, regresando de nuevo a la oficina de origen, sin que fuera posible lograr el propósito de la comisión. 

De lo anterior se infiere que el funcionario investigado no adelantó ninguna actividad para notificar a los terceros en los términos que señalan los artículos 318 y 320 del Código de Procedimiento Civil, denotando con ello una actitud omisiva y por ende, un desobedecimiento a lo dispuesto por la Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia. 

(...)

En ese orden de ideas, sin esperar a que fuera requerido por la falta de notificación de las demandas y cuando el comisiorio fue devuelto por primera vez con los informes respectivos, debió ordenar la notificación prevista en los artículos 318 y 320 del Código de Procedimiento Civil para vincular formalmente a los terceros civilmente responsables.  

11.21. Por su parte, no se entiende el motivo por el cual se permitió que participaran más abogados de la parte civil en comparación con el único apoderado de la defensa, cuando ello estaba expresamente prohibido por el artículo 451 del Código de Procedimiento Penal —ver nota Nº 11— con el objeto de que no se generara una desventaja entre las partes, lo que evidentemente estaba relacionado con los derechos de defensa y debido proceso del último cuya vulneración evidentemente podía acarrear la anulación de lo actuado e implicar una demora injustificada del trámite.

11.22. De esta manera, es claro que el juzgado señalado incurrió en sendas irregularidades procesales que se tradujeron en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por parte de la entidad demandada, las cuales fueron causalmente determinantes para que se frustrara la ocasión del accionante, habida cuenta de que en incumplimiento de sus cargas obligacionales, no le imprimió un trámite adecuado al proceso para su correcta y célere conclusión, y a pesar de que le era completamente previsible que al dictar sentencia en esas circunstancias podía originar la nulidad del proceso y una demora adicional, lo que hubiese podido evitar de haber respetado el debido proceso y adelantado las actuaciones procesales conforme lo ordenaba la ley, no obró de esa forma y produjo una dilación que abarcó más de tres de los cinco años que se tenían para que se profiriera una sentencia definitiva —tanto la decisión de primera instancia como aquella que resolviera su impugnación—.

11.23. Ahora bien, tampoco escapa a la Sala que con el poco tiempo que quedaba —menos de dos años—, el Juzgado Único Penal del Circuito de Calarcá y el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Armenia no practicaron unas pruebas que ya habían sido decretadas, punto en el que cabe recordar que en un comienzo, la primera autoridad aludida produjo una decisión que tendía a desatender dicho deber de materializar esos medios probatorios, la cual fue revocada por su superior funcional y lo que indudablemente generó una paralización adicional del proceso.

11.24. Asimismo, posteriormente, el segundo despacho referenciado intentó evitar la práctica de tres pruebas que todavía no se habían incorporado al procedimiento, para lo cual dejó de responder una solicitud de nulidad impetrada por el señor Eduardo Zambrano con ocasión de esa misma falta de práctica de pruebas, lo que a todas luces implicaba la vulneración de su derecho de defensa y del debido proceso y ocasionó una segunda declaratoria de nulidad del procedimiento así como el vencimiento del término que se tenía para que se definiera el proceso —ver párrafos 7.6, 7.6.1, 7.6.2, 7.7, 7.8, 7.9 y 7.9.1—.

11.25. Con observancia de lo expuesto, es diáfano que las omisiones descritas tampoco encontraban justificación alguna y por el contrario, conllevaron en forma adecuada a que el trámite del procedimiento se tardara aún más, lo que también contribuyó para que el señor Piedrahita Tenorio viera imposibilitada su oportunidad de ser resarcido por las lesiones que se le causaron.

11.26. En consecuencia, es factible concluir que los referenciados comportamientos de la Nación – Rama Judicial se configuraron en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia sin que se encuentren llamados a prosperar sus argumentos referentes a la tramitación legal del procedimiento —lo que no sólo no se encuentra acreditado sino que por el contrario, se probaron debidamente las irregularidades procesales señaladas—, las cuales en forma eficiente privaron al demandante de la ocasión que tenía de obtener las reparaciones que se derivaran de las lesiones que había sufrido, sin que se hubiese constituido una causa extraña que tuviera la potencialidad de llevar al traste las pretensiones del libelo introductorio en su contra.

11.27. Al respecto, se debe tener en cuenta que la parte demandada, tanto en la contestación de la demanda como en su recurso de apelación, aseveró que la demora del proceso y la consecuente declaratoria de la prescripción de la acción penal se debieron a causas extrañas a su conducta, relacionadas con (i) la supresión del juzgado penal en el que comenzó el trámite y la consecuente sobrecarga laboral del Juzgado Único Penal del Circuito de Calarcá, y (ii) el comportamiento de las partes del proceso.

11.28. En cuanto al primer aspecto reseñado, para la Sala resulta evidente que si bien la supresión del juzgado que avocó en un principio el conocimiento del proceso penal, y la consiguiente asunción de todos sus asuntos por parte del Juzgado Único Penal del Circuito de Calarcá, pudo haberle representado a este despacho una gran carga laboral y haber incidido en su demora al tramitar el asunto referenciado, lo cierto es que de una parte, la Nación-Rama Judicial no probó que esa situación se constituyó verdaderamente en una causa de la dilación que en el presente asunto conllevó a la prescripción de la acción penal y, de otro lado, en el evento de que ello hubiese sido así, es evidente que esa circunstancia no le fue ajena a la entidad demandada y en sentido opuesto, estaba bajo su control adoptar las medidas para evitar que la “conocida redistribución de despachos judiciales” no originara un represamiento anormal del trámite de los procesos judiciales a cargo de los funcionarios competentes, de manera que no cumple con uno de los requisitos indispensables para configurarse en una causal de exoneración de responsabilidad y por lo tanto, no se le puede tener como tal —ver párrafos 7.3, y 11.14 a 11.16—.

11.29. Asimismo, respecto de la intervención de los apoderados de las partes del proceso penal, no obstante se concuerda con el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia en el sentido de que el abogado del defendido, Jorge Eduardo Patiño Duque, realizó ciertas actuaciones que dilataron el proceso, lo que se puede inferir, entre otras circunstancias, por el hecho de que presentó una queja disciplinaria en contra del juez de Calarcá por el mero hecho de que se había negado a su solicitud de dar traslado para la audiencia pública —lo que para ese momento era adecuado en tanto tal como explicó, aún no había logrado vincular a la sociedad civilmente responsable; ver párrafo 7.6.1—, para luego recusarlo y lograr que se declarara impedido -lo que lógicamente acarreó cierta demora-, abogado respecto del cual finalmente se ordenó que se compulsaran copias al Consejo Superior de la Judicatura para que investigara su comportamiento —ver párrafo 7.9.2—, también es verdadero que su conducta no tiene la potencialidad de configurarse en una causa exclusiva de la pérdida de la oportunidad y por consiguiente, no tiene el poder absolutorio deseado por la Nación-Rama Judicial en el presente asunto.

11.30. Efectivamente, si bien se podría entrar a estudiar en forma detallada los momentos en los que dicho abogado intentó retrasar el proceso en forma indebida -sin desconocer que muchas de sus intervenciones habrían estado dirigidas a velar por los derechos de su representado-, lo cierto es que en el sub lite se encuentra fehacientemente acreditado que la demora del proceso y la declaratoria de prescripción de la acción penal que causó el truncamiento de la expectativa del demandante, tuvo en múltiples momentos, como causa única y exclusiva, las omisiones e irregularidades en las que incurrieron los operadores judiciales, en las que no incidió el comportamiento de ninguno de los apoderados de las partes —a saber, no haber empleado los mecanismos de los que disponía para la temprana vinculación de la sociedad anónima, el darle la palabra a varios representantes de la parte civil en la primera audiencia pública, no haber propendido por que se practicaran las pruebas solicitadas por el defendido y haber intentado obviar sus solicitudes al respecto—, de tal forma que de poder sostener que las actuaciones del abogado reseñado hubiesen comportado el retardo inadecuado del procedimiento, no sería viable exonerar a la entidad demandada de la responsabilidad patrimonial que le cabe, habida cuenta de que a la luz del ordenamiento jurídico colombiano —artículo 2344(92) del C.C.—, la concurrencia de causas, también denominada concausalidad, entre el comportamiento del aparato estatal y la actuación u omisión de un tercero que no sea vinculado a la litis, no genera a su favor efecto liberatorio alguno de las pretensiones indemnizatorios que se hubiesen incoado en su contra, en virtud de la solidaridad que surge entre ellos.

111.31. Finalmente, tampoco se encuentra llamada a prosperar el argumento de la entidad demandada, consistente en que no resulta posible condenarla habida cuenta de que el titular del Juzgado Único Penal del Circuito de Calarcá fue sancionado disciplinariamente, habida cuenta de que tal decisión no representa cosa juzgada para el presente asunto, en el sentido de que pueda configurar la prohibición de juzgar dos veces a la misma persona con ocasión de los mismos hechos, en la medida en que en el proceso disciplinario se juzgó la responsabilidad del juez aludido con ocasión del incumplimiento de sus funciones públicas, mientras que en el sub judice se resuelve la responsabilidad patrimonial del Estado en relación con la producción del daño antijurídico soportado por el señor Edilberto Piedrahita Tenorio.

12. En consecuencia, debido a que a la Nación-Rama Judicial le resulta plenamente imputable el daño demandado consistente en la pérdida de oportunidad soportada por el señor Edilberto Piedrahita Tenorio, se impone confirmar el sentido condenatorio de la sentencia proferida en primera instancia y, verificar la indemnización de los perjuicios que fue reconocida por el tribunal a quo.

12.1. Respecto del último punto, cabe señalar que en caso de que se encuentre que los resarcimientos establecidos en la sentencia impugnada pueden ser reducidos a favor de la apelante única, se procederá en ese sentido, en tanto que la petición de la disminución de la indemnización de los perjuicios puede entenderse comprendida dentro de los argumentos tendientes a establecer la inexistencia de la responsabilidad patrimonial esbozados por la Nación – Rama Judicial, tal como ha sido reconocido por la Sala Plena de la Sección Tercera(93).

V. Liquidación de perjuicios.

13. En el caso de la estimación de los perjuicios originados por la pérdida de oportunidad, se ha reconocido que esta deberá ser inferior a aquella que se derivaría con motivo de la ventaja finalmente perdida o del detrimento ulteriormente padecido por el afectado, reducción que debe ser proporcional a las probabilidades que tenía éste de obtener el referido beneficio o de evitar el aludido menoscabo y, para lo cual se ha establecido que es de vital importancia acudir a cálculos estadísticos.

13.1. Teniendo en cuenta lo expuesto, y con observancia de todo lo señalado en cuanto a la existencia de la oportunidad que ostentaba el señor Piedrahita Tenorio, especialmente, en relación con su probabilidad de haberse concretado en el beneficio que esperaba —ver párrafos 10 a 10.33—, para la Sala, contrario a lo estimado por el tribunal a quo, es claro que el demandante tenía una probabilidad superior al 40% de haber percibido una indemnización de sus lesiones por parte del señor Eduardo Zambrano, habida cuenta de que (i) aquél demostró al interior del trámite penal la causación de detrimentos susceptibles de ser reparados -lo que se abordará con mayor detenimiento más adelante-, y (ii) la responsabilidad penal de éste no sólo fue considerada como diáfana en las sentencias anuladas, sino que su contenido enseña que, por una parte, aparentemente todas las pruebas que obraban en el expediente propendían por develar su autoría en cuanto a la realización de las conductas punibles investigadas y, de otro lado, no se encontraban acreditadas las únicas causales que fueron alegadas para exonerarlo de responsabilidad y que, en el evento de que hubiesen sido probadas, igualmente habrían permitido considerar que fue su actitud culposa la que originó la producción del accidente en el que se vulneraron los bienes jurídicos tutelados por la ley penal.

13.2. Ahora bien, a pesar de que en el presente asunto no es posible determinar científicamente un porcentaje de probabilidad de concreción de la oportunidad que tenía el actor para que fallaran a su favor sus pretensiones indemnizatorias, en la medida en que cada asunto judicial se encuentra inexorablemente atado a los elementos de prueba que obren en el expediente, a los hechos que se pueden inferir a partir de los mismos y al criterio judicial propio del operador judicial que lo resuelva, elementos que evidentemente difieren de un caso judicial a otro y que los dotan de particularidades especiales que imposibilita su comparación y el efectuar un estudio que devele un grado exacto de probabilidad relevante para invocar en el caso concreto, le es posible a la Sala colegir, en aplicación de su arbitrio judicial y de la equidad a la que puede acudir en virtud de lo dispuesto por el artículo 16(94) de la Ley 446 de 1998, de conformidad con la jurisprudencia de esta corporación(95) y con fundamento en toda la motivación anteriormente denotada, que la expectativa que tenía el señor Piedrahita Tenorio de que se le resarciera pecuniariamente en el proceso judicial orbitaba alrededor de un 75%.

13.3. Al respecto, a pesar de que el Consejo de Estado no ha tenido la ocasión de definir de conformidad con su arbitrio razonado, un índice de probabilidad en casos de pérdida de oportunidad similares al del sub judice —en el que se hubiese truncado la expectativa de percibir una indemnización en un proceso penal iniciado por lesiones personales derivadas de un accidente de tránsito—, se observa que en un caso de error judicial por vulneración al derecho de libertad de expresión en un proceso de tutela, acudió a la equidad para definir el porcentaje de probabilidad de concreción que tenía el actor de vender unos libros que a la postre resultó frustrada, y así poder definir su reparación integral. En este sentido, se adujo:

De conformidad con lo anterior y como no obran en el plenario elementos de juicio que permitan establecer, con base en criterios técnicos, estadísticos y con información objetiva y contrastada, la cuantía del perjuicio sufrido por el demandante como consecuencia de la referida pérdida de oportunidad de vender el libro “La corrupción de la justicia en Colombia proponen robo al Estado”, la Sala estima, en virtud de: (i) la medida de restricción y de censura, (ii) del principio de equidad —reconocido por el ordenamiento jurídico para efectos de reparar de forma integral (...) el daño causado por la acción o la omisión de las autoridades públicas—, (iii) que no se sabe si —al reanudar la venta— hubiera podido vender o no todos los libros que aún le faltaban por vender (1413 ejemplares) y (iv) la suma que el señor Luis Armando Carpio Caicedo esperaba percibir por la venta de esos 1413 libros, esto es, $ 28'189.350, correspondientes al 50% del total de la venta de dichos ejemplares ($ 56'378.700), que una suma adecuada por concepto de la pérdida de oportunidad es lo equivalente a 43.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del señor Luis Armando Carpio Caicedo, toda vez que esta es la cifra que se aproxima a la mitad de lo que el demandante habría recibido en el evento de venderse dicha cantidad de libros(96).

13.4. No es posible considerar que el anterior porcentaje de probabilidad para el sub lite sea mayor, en tanto en el caso concreto tampoco se puede despreciar la posibilidad, aunque no demasiado relevante, de que el criterio y la valoración del material probatorio efectuada por el juzgador ad quem, ante la apelación de una decisión de primera instancia condenatoria, hubiese podido ser diametralmente opuesta, máxime cuando la falta de certeza más allá de toda duda razonable permite la invocación del principio in dubio pro reo, y cuando aún faltaban pruebas decretadas a favor del defendido que si bien, como se refirió, no tenían una alta probabilidad de cambiar el sentido de una decisión declaratoria de su responsabilidad penal, tenían la posibilidad de hacerlo e incidir para efectos de que se le absolviera penal y civilmente, sin que se deba perder de vista que es dicho elemento de incertidumbre lo que, como se relató, permite hacer alusión a la existencia de una pérdida de oportunidad en el sub judice.

14. Con observancia de lo señalado y en cuanto a la indemnización de los perjuicios materiales a título de lucro cesante solicitados en la demanda —no de daño emergente, en tanto se trata de una cifra de dinero que no le habría ingresado a su patrimonio con ocasión de la pérdida de oportunidad que sufrió—, la cual fue concedida en la decisión de primera instancia por el equivalente a 200 gramos oro —monto que corresponde a 40% de los 500 gramos oro que se le reconoció en las decisiones que no debe perderse de vista que fueron anuladas—, se advierte que tal determinación será modificada a favor de la apelante única, con fundamento en la siguiente argumentación.

14.1. Al respecto, no obstante del aumento del porcentaje de probabilidad de un 40% estimado por el tribunal de primera instancia, a un 75% elucubrado por la Sala, parecería conllevar a un aumento de la indemnización del concepto aludido a favor del demandante, comoquiera que de conformidad con el material probatorio, la oportunidad de que se generara el deber indemnizatorio en cabeza del señor Eduardo Zambrano era mayor al decantado en la sentencia impugnada, se advierte que ello no ocurre así, toda vez que en sentido opuesto a lo considerado por dicha autoridad y a lo pretendido por el accionante, para calcular la indemnización que se derivaba de la frustración de la expectativa acreditada no era factible acudir a los 500 gramos oro que fueron reconocidos a su favor en las sentencias penales de primera instancia anuladas.

14.2. Ciertamente, a pesar de que se tienen los elementos probatorios para afirmar que el señor Edilberto Piedrahita Tenorio perdió la oportunidad de haber percibido una indemnización por los detrimentos derivados de sus lesiones personales, certidumbre en la que incidió, entre otros aspectos analizados, el que en dos oportunidades se hubiese condenado penalmente al señor Eduardo Zambrano, no escapa a la Sala que no hay certeza alguna de que dicha indemnización habría correspondido a los 500 gramos oro establecidos en esas decisiones que no se puede olvidar que fueron dejadas sin efectos —aspecto que de entrada impediría utilizar el monto establecido en las mismas como referente— y por el contrario, se cuentan con los suficientes elementos para inferir que, de haberse proferido tal resarcimiento, el mismo finalmente habría sido inferior.

14.3. Pese a que hay la seguridad de que el demandante tenía una posibilidad notable de haber sido indemnizado en el proceso penal, lo mismo no se puede predicar respecto de que ésta hubiese correspondido a los 500 gramos oro fijados en las decisiones anuladas, habida cuenta de que no se puede obviar que dichas determinaciones se dictaron según un arbitrio judicial que no se encontraba fundamentado en medios probatorios, toda vez que en ese proceso penal no se acreditaron los perjuicios materiales derivados de las lesiones soportadas por el actor, o los factores objetivos con fundamento en los cuales se le hubiese podido reparar un “daño material no valorable pecuniariamente” —tal como lo señaló el dictamen pericial practicado al interior del proceso penal; ver nota Nº 5—, forma de estimar los perjuicios a la que en cualquier caso no se podía acudir arbitrariamente.

14.4. En efecto, se observa que en forma contraria al artículo 55 del Decreto-Ley 2700 de 1991 —ver nota 36—, el cual exigía la acreditación de los perjuicios para su correspondiente indemnización, y en una extralimitación de la facultad contenida en el artículo 107(97) del Decreto-Ley 100 de 1980, en el que se estableció que en caso de que no fuese factible valorar pecuniariamente un perjuicio material, ello se podía determinar prudencialmente por parte del juez con fundamento en unos factores objetivos que en todo caso debían estar acreditados, en las decisiones anuladas se concedió un resarcimiento por concepto de detrimentos materiales que no era procedente, habida cuenta de que (i) los mismos no se habían acreditado para que el perito correspondiente efectuara la liquidación de su indemnización, y (ii) no sólo no era posible liquidarlos, en forma irreflexiva, como si se trataran de menoscabos cuya valoración pecuniaria era inviable —como lo hicieron los juzgados Único Penal del Circuito de Calarcá y Cuarto Penal del Circuito de Armenia en las decisiones anuladas—, sino que tampoco se habían probado ninguno de los fundamentos objetivos exigidos por la norma para ello.

14.5. Sobre lo aducido, si bien la Corte Suprema de Justicia ha señalado que la estimación de los perjuicios materiales no valorables pecuniariamente se trata de una facultad discrecional, no es posible acudir a ella cuando la parte civil contaba con los medios para demostrar adecuadamente los detrimentos que le fueron causados, en los siguientes términos:

Sobre dicha temática esta colegiatura señaló: 

“Entendiendo a derechas el artículo 107 del Código Penal, se tiene: 

“a) El juez y el Ministerio Público no deben desentenderse, por el hecho de contar con la disposición comentada, de la obligación de procurar la comprobación concreta de los daños, en tal forma que los peritos puedan determinar en el dictamen su cuantía y razón de ser. Este continúa siendo su compromiso y el cometido general ineludible;” 

(...)

“e) Existiendo una constitución de parte civil en el proceso, por lo mismo que ésta ha tenido que empezar por demostrar la posibilidad de los perjuicios y su monto, y contando con los medios para hacerlo, no es dable hacer uso del citado artículo 107, máxime cuando la parte civil puede lograr su concreción conforme a lo establecido en el artículo 26 del Código de Procedimiento Penal”(98). (99) (resaltado por la Sala).

14.6. De otra parte, al conocer de la exequibilidad del artículo 107 referenciado, la Corte Constitucional destacó que para que el juez penal pudiera apreciar prudencialmente el monto de la indemnización de los daños materiales no valorables pecuniariamente, evidentemente debía contar con los medios probatorios que acreditaran los factores establecidos para ello, puesto que su determinación al respecto no podía ser arbitraria. En este sentido, adujo:

Lógicamente, la aplicación del artículo 107 supone la demostración de la existencia del daño y de la responsabilidad de su autor. Deben, además, estar probadas las circunstancias a que se refiere el inciso segundo, que son los elementos objetivos que el juez debe tener en cuenta al señalar la indemnización.  

El juez, en consecuencia, no procede arbitrariamente: se basa en hechos y circunstancias probados en el proceso. La manera como él aprecie esos elementos sometidos a su juicio, lo mismo que la interpretación que haga de la ley en el caso particular, corresponde al ámbito propio de su libertad para decidir. Hay que recordar que sólo está sometido al imperio de la ley, tal como él la entienda. 

No hay que pensar, en conclusión, que la apreciación del juez, cuando ejerce la facultad que la norma acusada le confiere, pueda estar desligada de la realidad procesal. Por el contrario, tiene en ésta su base, como la tiene la sentencia en su integridad. 

(...)

Sexta. Conclusión 

Toda la demanda está construida sobre un supuesto inexacto: el de que el artículo 107 ordena al juez fallar sin tener en cuenta las pruebas. Lo que dice la norma acusada es precisamente lo contrario: que la facultad conferida al fallador, y que éste debe usar prudentemente, está sujeta a la comprobación de unos hechos, de los cuales el inciso segundo enumera algunos, por vía de ejemplo. Lógicamente, el juez jamás puede fallar sin que existan las pruebas(100) (resaltado del original).

14.1.(sic) De esta manera, en el caso concreto, de haberse tramitado el procedimiento penal en el tiempo establecido por la ley y de haberse proferido válidamente una tercera decisión similar a las anuladas en primera instancia, es claro que la misma hubiese sido apelada por la defensa del procesado tal como sucedió respecto de aquéllas, con el fin de que se revisara esa reparación de los perjuicios materiales, la cual, a la luz de las normas y los criterios jurisprudenciales referidos, muy posiblemente hubiese sido revocada para ser denegada, dado que al accionante le había sido completamente viable haber acreditado los perjuicios de dicha naturaleza y su monto —tal como sí lo hicieron otros afectados a raíz del mismo siniestro, como ocurrió con el señor Riquelio Naranjo Ramírez(101)—, de tal forma que no se había podido acudir a lo dispuesto por el artículo 107 del Decreto 2700 de 1991 para indemnizarle los mismos, menos cuando tampoco probó los factores establecidos por la ley para ello.

14.2. Además, es claro que la indemnización de los perjuicios materiales no se podía fijar en 250 gramos oro debido a la carencia de pruebas en el plenario penal al respecto, en tanto no se habían demostrado los factores objetivos para ello puesto que el perito indicó que “no se demostraron gastos” ni “la profesión a que se dedicaban” las víctimas del accidente entre las que se encontraba el señor Piedrahita Tenorio.

14.3. De otro lado, resulta diáfano que el resarcimiento de 500 gramos oro —250 por perjuicios materiales y 250 por daños morales— tampoco podría ser un referente para la reparación de la pérdida de oportunidad que se debe indemnizar en este asunto, habida cuenta de que no se puede olvidar que con ocasión de la primera de las sentencias anuladas, el defensor del señor Eduardo Zambrano solicitó que se practicara un dictamen pericial adicional en el que se determinaran con claridad los perjuicios irrogados a las víctimas del accidente y sus correspondientes resarcimientos, prueba que fue decretada y que de haberse practicado de manera correcta, seguramente habría mostrado una cifra de indemnización mucho menor a favor del señor Edilberto Piedrahita Tenorio, comoquiera que la suma equivalente a los 500 gramos oro que para el 13 de mayo de 2016 ascienden a $ 60.284.805, resulta excesiva para una persona que sólo sufrió una incapacidad temporal de 60 días sin secuela alguna.

14.4. En consecuencia, teniendo en cuenta que con base en la jurisprudencia y normas estudiadas, y el material probatorio obrante en el plenario, difícilmente se habría producido una indemnización al interior del proceso penal por concepto de perjuicios materiales, en la medida en que el actor no acreditó su causación, así como no era viable que se le reconocieran perjuicios materiales no valorables pecuniariamente, la Sala considera que de haberse proferido una indemnización, solamente se habría resarcido los detrimentos morales en un monto mucho menor al concedido en las sentencias que en cualquier caso fueron dejadas sin efecto, puesto que se reitera, la reparación de dicho perjuicio en el equivalente a 250 gramos oro —$ 30.142.402— parece extremadamente alta para una persona que sufrió unas lesiones en virtud de las cuales estuvo incapacitado por 60 días, sin padecer consecuencia adicional alguna.

14.5. De esta manera, se podría inferir que en respeto del principio de igualdad de casos similares(102), el monto de la indemnización por perjuicios morales en el supuesto de que se hubiese fallado de fondo, habría correspondido al equivalente a 15 smmlv —$ 10.341.825, que en gramos oro, con fundamento en la cifra decantada, habrían correspondido aproximadamente a 86 gramos oro—, valor de indemnización que la Sala considera razonable, dadas las particularidades de las lesiones soportadas por el accionante.

14.6. Ahora bien, al aplicar a la cifra razonable que hubiese obtenido el actor como indemnización, el porcentaje de probabilidades que tenía de que sus pretensiones se fallaran en forma favorable al interior del proceso penal —75%—, la Sala observa que el resarcimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante derivado de la ocasión frustrada equivale únicamente a 11,25 smmlv, quantum indemnizatorio que por lo tanto será modificado -sin que haya impedimento alguno para fijar dicho resarcimiento en salarios mínimos-.

15. De otra parte, en relación con el reconocimiento de los perjuicios morales originados por la congoja y el dolor derivados de la pérdida de oportunidad consistente en haber podido ver resarcido sus detrimentos en el procedimiento penal, el tribunal a quo reconoció a favor del actor la suma equivalente a 10 smmlv.

15.1. Al respecto, se debe tener en cuenta que el Tribunal a quo sostuvo que se encontraba acreditado el daño moral soportado por el accionante, con cimiento en lo expuesto por los testimonios de los señores Luz Dary González Ibagón, Mario Fernando González Ibagón y Amparo Alarcón (fls. 224-226, cdno. pruebas).

15.2. Con observancia de la naturaleza de los anteriores medios probatorios, es necesario tener en cuenta las reglas de la sana crítica según las cuales, para el estudio de testimonios, debe realizarse una lectura integral de todos los elementos que rodean la declaración, así como las condiciones personales del deponente, todo ello con el objetivo de verificar las características que deben estar presentes en la versión juramentada, si es que con ella se pretende formar el convencimiento del juez.

15.3. Dichos rasgos son la imparcialidad del testigo, la coherencia interna de sus dichos, la ciencia del conocimiento que tiene sobre los hechos y la coherencia externa del testimonio con los demás medios de prueba que obren en el plenario(103), y cualquier defecto presente en alguno o varios de dichos elementos de análisis, tiene la potencialidad de minar la credibilidad de las declaraciones del testigo y, por esa misma vía, dar al traste con la vocación probatoria del medio de convicción sometido a la crítica del juzgador. Frente a este punto ha dicho la Corte Suprema de Justicia:

Como es bien sabido, la atendibilidad de la prueba testimonial depende en buena medida de que las declaraciones rendidas sean responsivas, condición que ha de entenderse satisfecha cuando “... las respectivas contestaciones se relaten concienzudamente (sic)...” (G.J.T. CXI, pág. 54), relato que por lo tanto debe incluir la razón de la ciencia del dicho de los deponentes que, según conocida definición de la jurisprudencia, consiste en “... la expresión de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el hecho, y la explicación concerniente al lugar, modo y tiempo como el testigo tuvo conocimiento del mismo...” (Casación Civil de 8 de marzo de 1972), toda vez que solamente así, explicando de qué manera tuvo el declarante conocimiento del hecho acerca del cual testifica, podrá el juzgador apreciar la veracidad con que el testimonio se produce y si realmente dicho declarante tiene o no el conocimiento que se atribuye, resultado al que no es fácil arribar pues supone comprobar, ante esa información así suministrada, si el testigo declaró sobre hechos que pudieron caer sobre la acción de sus sentidos, si apoya o no su dicho en observaciones personales suyas, si la declaración resulta verosímil por no contrariar los dictados del sentido común ni las leyes elementales de la naturaleza y, en fin, si esa misma declaración, además de original y persistente, es consonante con el resto del material probatorio obrante en el proceso. Y en orden a verificar si el requisito mencionado se cumple, es decir si en un caso determinado los testigos dieron razón fundada de su dicho o no, preciso es no olvidar que las declaraciones efectuadas, sea para acogerlas o sea para desecharlas, han de tomarse en su integridad, evitando extraer frases aisladas o afirmaciones ocasionales que por lo común desorientan en el análisis, sentándose entonces un criterio de razonable ponderación crítica en el cual muchas veces ha insistido la Corte al destacar que, cuando de la prueba testimonial se trata, “... no se pueden analizar aisladamente unos pasajes de la declaración, sino que debe serlo en su conjunto para deducir su verdadera significación” (G.J.T. LXXXIX pág. 842), regla ésta que lleva a entender, por lógica inferencia, que la expresión de la ciencia del dicho de los testigos no es cuestión que dependa en modo alguno de exigencias rituales, toda vez que aun cuando lo normal es que aparezca explícita o formalmente referida, pues a ello tiende sin duda alguna el numeral 3º del artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, “... no repugna que ella esté implícita en los términos de la exposición misma, tomada en su conjunto; y si tratándose de una declaración cuyos varios puntos, por razón de la materia están íntimamente enlazados entre sí, la razón de una de las respuestas podría entrarse en la contestación dada a otro de los puntos...” (G.J.T. CVI, pág. 140)(104).

15.4. Además, tal como se insinúa en la cita hecha, es necesario enfatizar que según los mismos criterios de la sana crítica, la prueba testimonial debe ser analizada en forma integral y no aisladamente en cada una de sus partes y además, debe ser percibida en conjunto con todos los demás medios de convicción que componen el acervo probatorio, para lo cual se debe tener en cuenta la posibilidad de que el dicho del testigo se vea mediatizado por la acción del tiempo transcurrido entre la época de ocurrencia de los hechos que se relatan, y el momento en que la declaración es vertida al proceso(105).

15.5. Con observancia de lo señalado, la Sala advierte que la credibilidad de los testigos reseñados se encuentra completamente minada y por consiguiente, sus aseveraciones no generan convencimiento alguno, por cuanto afirmaron injustificadamente que debido a las lesiones que se le causaron al accionante, el mismo no había podido trabajar en las labores en las que se desempeñaba desde el momento del siniestro hasta el año 2007 —fecha en la cual rindieron sus testimonios—, aseveraciones que no se sujetan a la verdad, habida cuenta de que en contravía al dictamen médico rendido durante el proceso penal, medio de convicción que genera mayor certeza en cuanto al verdadero estado de salud del demandante en comparación con lo dicho por sus amigos y vecinos, el señor Piedrahita Tenorio sólo sufrió una incapacidad de sesenta días sin secuelas o traumas posteriores que le imposibilitara ejercer sus actividades.

15.6. Ciertamente, está debidamente acreditado que el accionante no vio afectada su capacidad laboral a diferencia de otras personas que sufrieron el mismo accidente y sufrieron deformidades o perturbaciones funcionales de sus órganos -ver nota Nº 101-, de tal forma que el contenido de las deponencias aludidas pierden toda potencialidad de convencimiento.

15.7. Sin perjuicio de lo anterior, esta corporación ha considerado que del mero hecho de la privación de una oportunidad es posible inferir la producción de un perjuicio moral, consistente en la angustia que provienen de la frustración de la expectativa(106), motivo por el cual se confirmará el monto reconocido en la sentencia impugnada por dicho concepto, esto es, el equivalente a 10 smmlv, en consideración a que se estima que tal suma representa adecuadamente el detrimento moral padecido por el accionante al no haberse resuelto sus pretensiones indemnizatorios con ocasión del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, cifra que en todo caso no puede ser aumentada dado que aquél fallo únicamente fue impugnado por el extremo pasivo de la litis.

15.8. Finalmente, se impone agregar que no hay motivo alguno para condenar por intereses desde la época de causación del daño, habida cuenta de que éstos no se generarían desde esa fecha sino desde el momento en que la obligación indemnizatoria es radicada en cabeza del Estado, es decir, a partir de que se profiera esta sentencia de acuerdo con lo establecido por la ley, tal como se indicará en su parte resolutiva.

VI. Costas.

16. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido, punto en el que cabe destacar que con fundamento en la misma razón no se considera plausible declarar la responsabilidad patrimonial de las partes y de sus apoderados por las actuaciones surtidas en el presente proceso.

17. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío, el 26 el noviembre de 2009 y, en su lugar, se dispone:

1. DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación-Rama Judicial con ocasión de la pérdida de oportunidad sufrida por el señor Edilberto Piedrahita Tenorio.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación-Rama Judicial a pagar a favor del señor Edilberto Piedrahita Tenorio, el equivalente a 11,25 smmlv por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, y el equivalente a 10 smmlv por concepto de perjuicios morales.

3. DENEGAR las restantes súplicas de la demanda.

4. Todas las sumas aquí determinadas devengarán intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.

5. CUMPLIR la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. EXPEDIR, por Secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado judicial.

7. En firme esta fallo, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Stella Conto Díaz del Castillo, Presidenta de la Subsección—Danilo Rojas Betancourth—Ramiro Pazos Guerrero».

1 La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad. En relación con la competencia funcional en el juzgamiento de las controversias suscitadas por tales asuntos, determinó que, en primera instancia, conocerían los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado. Para tal efecto, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

2 “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”. Sobre el alcance de la competencia del juez en segunda instancia frente a la motivación del recurso de apelación, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, Exp. 05001-23-26-000-1994-02321-01 (20104), actor: Sandra Saldarriaga y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

3 “Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.// El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.

4 “Ahora bien, en relación con la mencionada regla general, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de tratados internacionales relacionados con la protección de los derechos humanos y la vigencia del derecho internacional humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada.

En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado en múltiples decisiones ha determinado la operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción ejercida, así como también ha encontrado acreditada la existencia de la falta de legitimación en la causa —por activa o por pasiva— e incluso la ineptitud sustantiva de la demanda, casos en los cuales ha denegado las pretensiones de la demanda o se ha inhibido de fallar, según el caso, con independencia de si tales presupuestos o aspectos hubieren sido, o no, advertidos por el juez de primera instancia o por alguno de los sujetos procesales, incluido, claro está, aquel que hubiere impugnado la providencia del juez a quo. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, Exp. 50001-23-31-000-1997-06093 01 (21.060), C.P. Mauricio Fajardo Gómez

5 [2] Sentencia de 9 de febrero de 2012, Exp. 500012331000199706093-01 (21.060), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

6 [3] Sentencia de 4 de agosto de 2010, Exp. 0500131030012002, M.P. Ruth Marina Díaz.

7 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, Exp. 05001-23-26-000-1994-02321-01 (20104), C.P. Ruth Stella Correa Palacio, y sentencia del 9 de febrero de 2012, Exp. 50001-23-31-000-1997-06093 01 (21.060), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

8 “En el accidente que se investigó por este medio también recibieron lesiones las personas que a continuación se relacionan y que por sus incapacidades, deformaciones y perturbaciones merecen ser indemnizados por el consabido perjuicio material y moral que recibieron. Son ellos: (...) 3) Edilberto Piedrahita Tenorio. Las lesiones que sufrió le dieron incapacidad de 60 días sin secuelas. (...) Con relación a estos cuatro ofendidos y según el perito designado para la valoración de perjuicios, no se demostraron gastos, la profesión a que se dedicaban, pero que por las lesiones sufridas necesariamente tuvieron que hacer erogaciones pecuniarias y por ende, recibieron perjuicios de orden moral, por lo que el proveyente estima justo y equitativo condenar al procesado Eduardo Zambrano a cancelar a cada uno de ellos, el equivalente en moneda nacional de 250 gramos oro por perjuicios materiales y 250 gramos oro por perjuicios morales”.

9 “Al día siguiente de recibido el proceso, previa constancia secretarial, el expediente quedará a disposición común de los sujetos procesales por el término de treinta días hábiles, para preparar la audiencia pública, solicitar las nulidades que se hayan originado en la etapa de instrucción que no se hayan resuelto y las pruebas que sean conducentes”.

10 Artículo 40 de la Ley 153 de 1887: “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.

11 “Concluida la práctica de las pruebas, el juez concederá por una sola vez la palabra en el siguiente orden: fiscal, representante del Ministerio Público, apoderado de la parte civil, sindicado y defensor, quienes podrán presentar una vez terminada su intervención, resumen escrito de las razones aducidas y de las peticiones hechas.
En la audiencia pública no podrá actuar un número mayor de apoderados de la parte civil que el de defensores. Si para ello no se pusieren de acuerdo los interesados, corresponderá el derecho a quienes primero hubieren sido reconocidos como tales en la actuación procesal”.

12 Situaciones por las que a la postre fue sancionado disciplinariamente mediante decisión 25 de mayo del 2000, proferida por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, determinación confirmada por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante determinación del 26 de octubre del 2000, en la medida en que se consideró que no había realizado todas las labores que le correspondían para haber notificado de la admisión de las demandas civiles a Expreso Palmira S.A.

13 “Son causales de impedimento: (...) 10. Que el funcionario judicial haya estado vinculado legalmente a una investigación penal o disciplinaria en la que se le hayan formulado cargos, por denuncia instaurada antes de que se inicie el proceso, por alguno de los sujetos procesales. Si la denuncia fuere formulada con posterioridad a la iniciación del proceso procederá el impedimento cuando se vincule jurídicamente al funcionario judicial”.

14 “A menos que se trate de la libertad, de la detención del acusado, o de la práctica de pruebas, el juez podrá diferir para el momento de dictar sentencia, las decisiones que deba tomar respecto de las peticiones hechas por las partes en el curso del juicio, cuando éstas no afecten sustancialmente el trámite. La determinación de diferir la tomará mediante auto de sustanciación contra la cual procede el recurso de reposición”.

15 “Las acciones para la reparación del daño proveniente de delito o culpa que puedan ejercitarse contra los que sean punibles por el delito o la culpa, se prescriben dentro de los términos señalados en el Código Penal para la prescripción de la pena principal.

Las acciones para la reparación del daño que puedan ejercitarse contra terceros responsables, conforme a las disposiciones de este capítulo, prescriben en tres años contados desde la perpetración del acto”.

16 “La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquélla, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro de los ciento veinte días siguientes a la notificación al demandante de tales providencias, por estado o personalmente. Pasado este término, los mencionados efectos sólo se producirán con la notificación al demandado”.

17 “En los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas, cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva, consagradas en los artículos 330 y 341 del Código Penal, y en los procesos por los delitos contra el patrimonio económico, excepto el hurto calificado y la extorsión, la acción penal se extinguirá para todos los sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado.

(...)

La reparación integral debe efectuarse de conformidad con el avalúo que del perjuicio haga un perito, a menos que exista acuerdo sobre el mismo”.

18 “La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley si fuere privativa de libertad, pero en ningún caso, será inferior a cinco años ni excederá de veinte. Para este efecto se tendrán en cuenta las circunstancias de atenuación y agravación concurrentes.

En los delitos que tengan señalada otra clase de pena, la acción prescribirá en cinco años”.

19 “La prescripción de la acción penal se interrumpe por el auto de proceder, o su equivalente, debidamente ejecutoriado.
Interrumpida la prescripción, principiará a correr de nuevo por tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 80. En este caso, el término no podrá ser inferior a cinco años”.

20 Artículo 476 de la Ley 599 del 2000: “Este código entrará a regir un (1) año después de su promulgación”. La anterior norma fue promulgada el 24 de julio del 2000, mediante publicación en el Diario Oficial 44097.

21 “(...) Cuando fueren varias las conductas punibles investigadas y juzgadas en un mismo proceso, el término de prescripción correrá independientemente para cada una de ellas”.

22 “La acción civil proveniente del delito prescribe en veinte (20) años si se ejercita independientemente del proceso penal y en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal, si se adelanta dentro de éste.

23 “La acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán las normas pertinentes de la legislación civil”.

24 “Las acciones directas o indirectas provenientes del contrato de transporte prescriben en dos años.//El término de prescripción correrá desde el día en que haya concluido o debido concluir la obligación de conducción.//Este término no puede ser modificado por las partes”.

25 “13.4 La Sala no considera admisible que en la providencia de primera instancia se hubiera acudido a una aplicación del concepto de pérdida de oportunidad como daño independiente, para tener la posibilidad de deprecar la responsabilidad del Estado por la muerte del referenciado occiso, habida cuenta de que (i) dicho análisis no resultaba procedente, por cuanto, o se declara la responsabilidad y se condena por un daño -muerte- o por el otro —oportunidad pérdida— (nota Nº 29 de la providencia en cita: “Cabe señalar que de haberse reparado el daño de pérdida de oportunidad de sobrevivir, y no la muerte como en todo caso lo hizo el tribunal a quo, la indemnización reconocida hubiera sido inferior. Al respecto, conviene precisar que en el caso de la estimación de los perjuicios originados por la pérdida de oportunidad, se ha reconocido que esta deberá ser inferior a aquella que se derivaría con motivo de la ventaja finalmente perdida o del detrimento ulteriormente padecido por el afectado, reducción que debe ser proporcional a las probabilidades que tenía éste de que obtener el referido beneficio o de evitar el aludido menoscabo”) (...)”. Consejo de Estado, Subsección B, sentencia del 3 de mayo de 2013, Exp. 68001-23-15-000-1997-10847-01, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

26 “La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.// No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último.//En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que entre el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio”.

27 Así lo ha considerado la Sala de esta Subsección. Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencias del 3 de mayo de 2013, Exp. 68001-23-15-000-1997-10847-01 (24832), y de 31 de mayo de 2013, Exp. 50001-23-31-000-1998-00187-01 (24387), C.P. Danilo Rojas Betancourth. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de agosto de 2010, Exp. 05001-23-26-000-1995-00082-01(18593), C.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.

28 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de agosto de 2010, Exp. 05001-23-26-000-1995-00082-01(18593), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

29 [68] Cfr. Consejo de Estado, Subsección B, sentencia del 29 de julio de 2013, Rad. 27228, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

30 [69] “[La] explicación que se da a esta regla se apoya en un principio general del derecho: si el daño se indemniza por encima del realmente causado, se produce un enriquecimiento sin justa causa a favor de la “víctima”; si el daño se indemniza por debajo del realmente causado, se genera un empobrecimiento sin justa causa para la víctima. Es así el daño la medida del resarcimiento”: HENAO, Juan Carlos, El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés, 4ª reimp, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2004, pág. 45.

31 [72] DEGUERGUE, Maryse, “La perte de chance en droit administratif”, en L´égalité des chances. Analyses, évolutions, perspectives, Geneviève Koubi y Gilles Guglielmi (dirs.), La Découverte, París, 2000, pág. 198.

32 [73] A título ilustrativo, la Corte Suprema de Justicia dijo: “Razonado en lo anterior, la Sala, a través de fallo de 24 de junio de 2008, expediente 2000 01141 01, determinó, a propósito de las ganancias frustradas o ventajas dejadas de obtener, “que una cosa es la pérdida de una utilidad que se devengaba realmente cuando el acontecimiento nefasto sobrevino, la pérdida de un bien con comprobada actividad lucrativa en un determinado contexto histórico o, incluso, la privación de una ganancia que con una alta probabilidad objetiva se iba a obtener circunstancias en las cuales no hay lugar a especular en torno a eventuales utilidades porque las mismas son concretas, (...) y, otra muy distinta es la frustración de la chance, de una apariencia real de provecho, caso en el cual, en el momento que nace el perjuicio, no se extingue una utilidad entonces existente, sino, simplemente, la posibilidad de obtenerla. Trátase, pues, de la pérdida de una contingencia, de evidente relatividad cuya cuantificación dependerá de la mayor o menor probabilidad de su ocurrencia (...)”. Corte Suprema de Justicia, sala de casación civil, sentencia de 4 de agosto de 2014, M.P. Margarita Cabello Blanco, Rad. 1998-07770-01 (...).

33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de agosto de 2015, Exp. 25000-23-26-000-1999-00007-01 (22637) (acumulado), C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

34 Juan Carlos Henao. El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, pág. 161.

35 [7] TRIGO REPRESAS, Félix Alberto, Pérdida de chance. Presupuestos. Determinación. Cuantificación, Astrea, Buenos Aires, 2008, págs. 38-39.

36 [8] A este respecto se ha sostenido que “... la chance u oportunidad, es una posibilidad concreta que existe para obtener un beneficio. El incierto es el beneficio pero la posibilidad de intervenir es concreta, pues existe de forma indiscutible. Por eso sostenemos que existe daño jurídicamente indemnizable cuando se impide esa oportunidad o esa chance: se presenta el daño... Las dificultades pueden presentarse en la evaluación, porque lógicamente ésa no puede ser la del beneficio que posiblemente se habría obtenido sino otra muy distinta” (énfasis añadido). Cfr. MARTÍNEZ RAVÉ, Gilberto y MARTÍNEZ TAMAYO, Catalina, Responsabilidad civil extracontractual, Temis, Bogotá, 2003, pág. 260.
En similar sentido, Trigo Represas señala que “[E]n efecto, si la chance aparece no sólo como posible, sino como de muy probable y de efectiva ocurrencia, de no darse el hecho dañoso, entonces sí constituye un supuesto de daño resarcible, debiendo ser cuantificada en cuanto a la posibilidad de su realización y no al monto total reclamado.

La pérdida de chance es, pues, un daño cierto en grado de probabilidad; tal probabilidad es cierta y es lo que, por lo tanto, se indemniza (...) cuando implica una probabilidad suficiente de beneficio económico que resulta frustrada por el responsable, pudiendo valorársela en sí misma con prescindencia del resultado final incierto, en su intrínseco valor económico de probabilidad (subrayas fuera del texto original). Cfr. TRIGO REPRESAS, Félix Alberto, Pérdida de chance, cit., pág. 263.

37 [9] HENAO, Juan Carlos, El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, págs. 159-160.

38 [10] Al respecto la doctrina afirma que “...“en el lucro cesante está ‘la convicción digamos más o menos absoluta de que determinada ganancia se produzca’, mientras que en la pérdida de chance hay ‘un álea que disminuye las posibilidades de obtenerla’, diríase que en el lucro cesante el reclamo se basa en una mayor intensidad en las probabilidades de haber obtenido esa ganancia que se da por descontado que de no haberse producido el hecho frustrante se habría alcanzado. Desde el prisma de lo cualitativo cabe señalar que el lucro cesante invariablemente habrá de consistir en una ganancia dejada de percibir, en tanto que la pérdida de chance puede estar configurada por una ganancia frustrada y además por la frustración de una posibilidad de evitar un perjuicio””. Cfr. VERGARA, Leandro, Pérdida de chance. Noción conceptual. Algunas precisiones, LL, 1995-D-78, N° 3, apud TRIGO REPRESAS, Félix Alberto, Pérdida de chance, cit., pág. 262.

39 [11] ZANNONI, Eduardo. El daño en la responsabilidad civil, Astrea, Buenos Aires, 1987, págs. 110-111.

40 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de agosto de 2010, Exp. 05001-23-26-000-1995-00082-01(18593), C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En el mismo sentido, ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 25 de agosto de 2011, Exp. 25000-23-26-000-1997-03994-01(19718), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

41 “El hecho punible origina obligación de reparar los daños materiales y morales que de él provengan.
Esta obligación prevalece sobre cualquiera otra que contraiga el responsable después de cometido el hecho y aún respecto de la multa”.

42 “Las personas naturales, o sus sucesores, y las jurídicas perjudicadas por el hecho punible tienen derecho a la acción indemnizatoria correspondiente, la cual se ejercerá en la forma señalada por el Código de Procedimiento Penal”.

43 “Deben reparar los daños a que se refiere el artículo 103 los penalmente responsables, en forma solidaria, y quienes de acuerdo con la ley están obligados a reparar”.

44 “Todo hecho punible origina acción penal y puede originar, entre otras, acción civil”.

45 “La acción civil individual o popular para el resarcimiento de los daños y perjuicios individuales y colectivos causados por el hecho punible, podrá ejercerse ante la jurisdicción civil, o dentro del proceso penal, a elección de las personas naturales o jurídicas perjudicadas, o por los herederos o sucesores de aquellas, o por el Ministerio Público o el actor popular cuando se afecten intereses colectivos”.

46 “Están solidariamente obligados a reparar el daño, resarcir los perjuicios causados por el hecho punible y a restituir el enriquecimiento ilícito las personas que resulten responsables penalmente, quienes de acuerdo a la ley sustancial deban reparar el daño y aquéllas que se hubieren beneficiado de dicho enriquecimiento.//Quienes sean llamados a responder de acuerdo con la ley sustancial, deberán ser notificados personalmente del auto admisorio de la demanda, tendrán el carácter de sujetos procesales e intervendrán en el proceso penal para controvertir las pruebas de las que se derive su responsabilidad”.

47 “La constitución de parte civil, como actor individual o popular, podrá intentarse en cualquier momento, a partir de la resolución de apertura de instrucción y hasta antes de que se profiera sentencia de segunda o única instancia”.

48 “En todo proceso penal en que se haya demostrado la existencia de perjuicios provenientes del hecho investigado, el funcionario procederá a liquidarlos, para lo cual podrá disponer la intervención de un perito según la complejidad del asunto, y condenará al responsable de los daños en la sentencia. El perito designado, podrá ser escogido de cualquier lista autorizada para otros despachos o entidades del lugar.//En los casos de perjuicios materiales o morales no valorables pecuniariamente, la indemnización se fijará en la forma prevista en los artículos 106 y 107 del Código Penal. Cuando en el proceso obrare prueba de que el ofendido ha promovido independientemente la acción civil, el funcionario se abstendrá de imponer condena al pago de perjuicios. Para todos los efectos legales, será ineficaz la condena impuesta en un proceso penal al pago de perjuicios, cuando se ha ejercido independientemente la acción civil”.

49 “Con la finalidad de obtener el restablecimiento del derecho y el resarcimiento del daño ocasionado por el hecho punible, el perjudicado o sus sucesores, a través de abogado, podrán constituirse parte civil dentro de la actuación penal”.

50 ”El tercero civilmente responsable es quien sin haber participado en la comisión del hecho punible tenga la obligación de indemnizar los perjuicios conforme al Código Civil”.

51 “El tercero civilmente responsable tiene los mismos derechos y facultades de cualquier sujeto procesal. No podrá ser condenado en perjuicios cuando no se haya notificado debidamente y se le haya permitido controvertir las pruebas en su contra”.

52 Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, sentencia del 10 de julio de 1981, Exp. 865, Nº 35, M.P. Humberto Mesa González, publicada en la gaceta judicial Nº 2405, págs. 236-239.

53 Corte Constitucional, sentencia C- 570 del 15 de julio de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. La Corte Suprema de Justicia ha precisado lo mismo en los siguientes términos

54 Corte Suprema de Justicia, sentencia del 5 de diciembre de 2007, Exp. 26153, M.P. Julio Enrique Soacha Salamanca.

55 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 18 de enero del 2012, Exp. 36841, M.P. José Luis Barceló Camacho. Igualmente, consultar: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 28 de septiembre de 2011, Exp. 36542, M.P. José Leonidas Bustos Martínez y Fernando Alberto Castro Caballero, y sentencia del 11 de abril de 2012, Exp. 3308, M.P. Julio Enrique Soacha Salamanca.

56 “El rechazo de la demanda sólo podrá fundarse en la ilegitimidad de la personería del demandante, cuando se demuestre que se ha promovido independientemente la acción civil, o cuando se encuentre acreditado el pago de los perjuicios o la reparación del daño. El funcionario que conoce del proceso, de oficio o a petición del interesado, admitirá la demanda si posteriormente apareciere comprobada la legitimidad de aquella personería”.

57 “El transportador estará obligado, dentro del término por el modo de transporte y la clase de vehículos previstos en el contrato y, en defecto de estipulación, conforme a los horarios, itinerarios y demás normas contenidas en los reglamentos oficiales, en un término prudencial y por una vía razonablemente directa:

1) En el transporte de cosas a recibirlas, conducirlas y entregarlas en el estado en que las reciba, las cuales se presumen en buen estado, salvo constancia en contrario, y 

2) En el transporte de personas a conducirlas sanas y salvas al lugar de destino”.

58 En materia de la valoración de providencias judiciales de procesos ajenos al contencioso administrativo, se ha destacado: “Y, finalmente, (...) no puede desconocerse el valor probatorio que la misma pueda tener en este proceso; por lo tanto, la sentencia penal puede ser el fundamento de la decisión de reparación, cuando constituya la única prueba de las circunstancias del ilícito que ha sido juzgado, de la cual se infieran los demás elementos de la responsabilidad estatal, como lo son el hecho, la autoría del agente estatal y el nexo con el servicio; pero, se insiste, ese valor de la sentencia penal no surge del hecho de que la misma produzca efectos de cosa juzgada sobre la acción de reparación sino porque esa sentencia constituye una prueba documental para el proceso, que bien puede brindar al juez contencioso certeza sobre los elementos de responsabilidad”.

59 “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Con base en la norma referida, esta corporación ha señalado: “La referida norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el Juez de lo Contencioso Administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si aquél no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es éste, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, una fallo adverso a sus intereses”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720), actor: Ulises Manuel Julio Franco y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

60 “El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud, incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes”.

61 “Si el daño consistiere en incapacidad para trabajar o enfermedad que no pase de treinta días, la pena será de arresto de dos (2) meses a dos (2) años y multa de cien (100) a un mil pesos (1000)).

Si pasare de treinta días sin exceder de noventa, la pena será de seis meses a tres años de prisión y multa de un mil a cinco mil pesos. 

Si pasare de noventa días, la pena será de dieciocho meses a cinco años de prisión y multa de un mil a diez mil pesos”.

62 “El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud, incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes”.

63 “Si el daño consistiere en incapacidad para trabajar o en enfermedad que no pase de treinta (30) días, la pena será de prisión de uno (1) a dos (2) años.

Si el daño consistiere en incapacidad para trabajar o enfermedad superior a treinta (30) días sin exceder de noventa (90), la pena será de uno (1) a tres (3) años de prisión y multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Si pasare de noventa (90) días, la pena será de dos (2) a cinco (5) años de prisión y multa de diez (10) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

64 “La conducta es culposa cuando el agente realiza el hecho punible por falta de previsión del resultado previsible o cuando habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo”.

65 “La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo”.

66 [31] Welzel, Hans. Derecho penal alemán, parte general, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1970, páginas 187 y ss.

67 [32] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 23 de noviembre de 1995, Rad. 9476.

68 [33] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 16 de septiembre de 1997, Rad. 12655.

69 [34] Artículos 9, 12 y 13 del Código Penal.

70 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 28 de octubre de 2011, Exp. 34317, M.P. Fernando Alberto Castro Caballero.

71 Consejo de Estado, Sección Tercera-Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, Exp. 19001-23-31-000-1999-00815-01 (21515), C.P. Hernán Andrade Rincón.

72 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 14 de febrero de 1980, Exp. 2367. Sobre el particular la Sección Tercera sostuvo: “Antes de la expedición de la Constitución de 1991 la jurisprudencia de la Corporación distinguía la falla del servicio judicial del error judicial. La primera se asimiló a las actuaciones administrativas de la jurisdicción y se reservó el segundo concepto para los actos de carácter propiamente jurisdiccional. En relación con el error judicial cabe señalar que en una primera etapa la jurisprudencia de la Corporación se negó a admitir la responsabilidad patrimonial del Estado, con fundamento en el principio de la cosa juzgada y por considerar que este era un riesgo a cargo de todos. Esas limitaciones para declarar la responsabilidad del Estado por error jurisdiccional no estaban fundadas en disposiciones constitucionales o legales, porque si bien la Constitución de 1886 no establecía expresamente la obligación a cargo del Estado de responder por los daños que sus acciones u omisiones causaran a los particulares en desarrollo de la función de impartir justicia, el artículo 16 de la Carta que consagraba el deber de todas las autoridades públicas de proteger a los ciudadanos en su vida, honra y bienes y de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares y que se invocaba como fundamento constitucional de la responsabilidad del Estado por la jurisprudencia de esta corporación, permitía incluir en tal concepto a las autoridades encargadas de dicha función. De igual manera la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos más conocida como “Pacto de San José de Costa Rica”, incorporada al derecho nacional por la Ley 16 de 1972, permitía deducir responsabilidad del Estado por error judicial toda vez que en su artículo 10 prevé que “toda persona tiene derecho a ser indemnizado conforme a la ley en caso de haber sido condenado en sentencia firme por error judicial”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp. 13.164, C.P. Ricardo Hoyos Duque. En el mismo sentido ver sentencias de 2 de mayo de 2007 y 14 de agosto de 2008, Exp. 1576 y 16594, respectivamente, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

73 Artículo 65 de la Ley 270 de 1995: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.
En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”.

74 “Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”.

75 “El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos.

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial. 

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme”.

76 “El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

77 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, Exp. 16594, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, y sentencia del 22 de noviembre de 2001, Exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

78 Ibídem.

79 Exp. 14837, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Reiterada por la sentencia de 23 de abril de 2008, Exp. 16271, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

80 “Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

81 [5] Cobreros Mendazona, Eduardo. La responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento anormal de la administración de justicia. Madrid. Cuadernos Civitas. 1998, pág. 25.

82 Sección Tercera, sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

83 Sentencia del 30 de noviembre de 2000, Exp. 13329, actor: José Antonio Rincón Tobo, C.P. Ricardo Hoyos Duque. En similar sentido ver sentencia del 11 de abril de 2002, Exp. 73001-23-31-000-1995-2129-01(13122), actor: Jorge Avelino Torres Parra y otros, C.P. Alier Enríquez Hernández; sentencia del 30 de agosto de 2007, Exp. 07001-23-31-000-1995-00004-01(15635), actor: Luz Marina Serrano Navas, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

84 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, Exp. 25000-23-26-000-1995-01957-01(18886), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

85 “De manera que no estando probados los hechos a partir de los cuales el Tribunal a quo configuró la culpa exclusiva de la víctima, resulta no menos que contradictoria su decisión de exonerar de responsabilidad a la entidad pública demandada por virtud de esa causa extraña, toda vez que la falta de prueba de esos hechos no permite cosa distinta que concluir la inexistencia del supuesto fáctico alegado, así como la imposibilidad de verificar las condiciones de irresistibilidad e imprevisibilidad en las que habría podido encontrarse la entidad pública demanda[da] respecto de la forma en la cual el señor ALBERTO DE JESÚS RAMÍREZ ZAPATA condujo la volqueta y, por ende, desde este punto de vista le asiste razón a los apelantes”. Sentencia del 16 de julio de 2008, Exp. 66001-23-31-000-1995-03079-01(16344), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

86 Luis Josserand, Derecho Civil, Tomo II, Vol. I; Ed. Bosh y cia, Buenos Aires, 1950, pág. 341

87 Henri y León Mazeaud, Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, págs. 332 y 333.

88 Sobre la teoría de la causalidad adecuada dentro del marco de la responsabilidad patrimonial extracontractual, la doctrina jurídica ha señalado: “a) Gravitación de la teoría. La doctrina de la “causa adecuada” adquirió gran predicamento y se la considera en la actualidad la posición dominante en la doctrina comparada en materia de relación causal, tanto en el campo penal como en el civil. (...).// b) Su mecánica. La “prognosis póstuma”. Dicha teoría aquilata la adecuación de la causa en función de la posibilidad y probabilidad de un resultado, atendiendo a lo que corrientemente acaece según lo indica la experiencia diaria en orden al curso ordinario de los acontecimientos id quos plerumque accidit.(...)// El concepto de causalidad adecuada implica, pues, el de regularidad, apreciada de conformidad con lo que acostumbra suceder en la vida misma. Es decir, para que exista relación causal, según la interpretación que comentamos, la acción tiene que ser idónea para producir el efecto operado, tiene que determinarlo normalmente (65). (...).// A fin de establecer la vinculación de causa efecto entre dos sucesos, es menester realizar un juicio retrospectivo de probabilidad, cuya formulación es la siguiente: ¿la acción u omisión que se juzga era per se apta o adecuada para provocar normalmente esa consecuencia?(...).// Este juicio de idoneidad o cálculo de probabilidades tiene que plantearse en abstracto, o en general, con prescindencia de lo efectivamente sucedido, atendiendo a lo que usualmente ocurre; y no en concreto o en particular, es decir, como se han producido realmente las cosas.// La determinación del fenómeno causal constituye de este modo el resultado de un proceso de abstracción y generalización que da relevancia a una de las condiciones del caso concreto, elevándola a la categoría de “causa” del evento.(...).// d) Fractura del nexo causal. La operatividad de la teoría que nos ocupa se condiciona a que todos los eslabones de la cadena sean adecuados, la regularidad debe existir en cada etapa del iter causal. Como bien lo señala ORGAZ “no basta establecer que la acción era en general idónea para producir el daño, sino que es además necesario que las circunstancias intermedias hayan sucedido también normalmente, sin la intervención de factores anómalos o extraordinarios.//Precisamente, la concurrencia de esos eventos disociantes interfieren el curso ordinario del proceso, interrumpiéndolo; se produce entonces la fractura del nexo causal. En tales hipótesis queda excluida la imputatio facti entre el resultado final y el suceso desencadenante de la trama de acontecimientos (73).// Nos hallamos ante lo que se denomina “proceso atípico o inadecuado”: los efectos anormales no se atribuyen ya al agente, pues no se consideran causado por su acción, aunque en concreto ese obrar haya constituido una condictio sine qua non del desmedro resultante (74).(...)// En otras hipótesis el proceso puede verse alterado o desviado de su curso normal por circunstancias anteriores o concomitantes que concurren a la producción del efecto”. Isodoro Goldenberg. “La relación de causalidad en la responsabilidad civil”, segunda edición ampliada y con actualización jurisprudencial, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2000, págs. 22-27.

89 “Son causales de nulidad:

1. La falta de competencia del funcionario judicial. 

Durante la instrucción no habrá lugar a nulidad por razón del factor territorial. 

2. La comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. 

3. La violación del derecho a la defensa”.

90 “Cuando el funcionario judicial advierta que existe alguna de las causales previstas en el artículo anterior, decretará la nulidad de lo actuado desde que se presentó la causal, y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo para que se subsane el defecto”.

91 “En aquellas materias que no se hallen expresamente reguladas en este Código, son aplicables las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y de otros ordenamientos procesales, siempre que no se opongan a la naturaleza del procedimiento penal”.

92 “Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355”.

93 “3.2.2.3.5. Pero no hay ninguna duda de que el interés del recurrente al pretender que se modifique a su favor un aspecto de la sentencia que le es desfavorable, queda en parte satisfecho cuando esa modificación es proporcionalmente menor a lo pretendido, pero en todo caso, favorable a su interés.// Es lo que lo que sucede en los casos en los cuales el recurrente solicita que se revoque el fallo, porque aduce que no es responsable del daño que se le imputa y en segunda instancia se considera que sí es responsable, pero que hay lugar a una reducción de la indemnización, por considerar que la víctima también contribuyó a la causación del daño, o se aprecia que no está demostrado uno o algunos de los daños cuya indemnización se reclama, o que en la liquidación del mismo se incurrió en errores que afectan al apelante único, como ocurrió en el caso concreto.//Es de esperar que los argumentos expuestos en el recurso de apelación por parte de quien ha sido condenado a pagar una indemnización y pretenda la revocatoria del fallo, se centrarán en las razones por las cuales se pide tal revocatoria, pero que se omitirá toda reflexión relacionada con los aspectos consecuenciales de la sentencia en la cual se accedió a las pretensiones, dado que al revocarse la declaración de responsabilidad, se negarán las pretensiones de la demanda. Sin embargo, la ausencia de razones expuestas por el recurrente no impiden al juez corregir la sentencia apelada, para hacer reducciones por concurrencia de la intervención de la víctima en la causación del daño, o por reconocimientos de daños que no aparecen demostrados en el expediente, o por errores en la liquidación de las indemnizaciones”. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, Exp. 05001-23-26-000-1994-02321-01 (20104), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

94 “Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”.

95 “Toda vez que no obran en el expediente más elementos probatorios que puedan ser valorados con miras a establecer, con fundamento en criterios técnicos, estadísticos y apoyándose en información objetiva y contrastada, la cuantía del daño que por concepto de pérdida de oportunidad le fue irrogado a la parte demandante, la Sala acudirá al criterio de la equidad como principio que el ordenamiento jurídico —artículo 16 de la Ley 446 de 1998(...)— impone tener en cuenta para efectos de reparar de forma integral el daño causado por la acción o la omisión de las autoridades públicas, a cuyo auxilio debe acudirse, además, por virtud del denominado principio pro damnato, propio del derecho de daños y que sin duda ha de hacer sentir su vigor en escenarios como el del presente caso, en el cual se encuentran acreditados todos los elementos necesarios para imponer al Estado la obligación de reparar el daño antijurídico que causó, pero resulta altamente improbable —por no decir que materialmente imposible— recaudar elementos demostrativos que permitan cuantificar de forma técnica, con apoyo en elementos matemáticos y/o estadísticos, el monto del perjuicio a indemnizar””. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de agosto de 2010, Exp. 05001-23-26-000-1995-00082-01(18593), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

96 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de julio de 2015, Exp. 76001-23-31-000-2006-00871-01(36634), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

97 “Si el daño material derivado del hecho punible no pudiere avaluarse pecuniariamente, debido a que no existe dentro del proceso base suficiente para fijarlo por medio de perito, el juez podrá señalar prudencialmente, como indemnización, una suma equivalente, en moneda nacional, hasta de cuatro mil gramos oro.//Esta tasación se hará teniendo en cuenta factores como la naturaleza del hecho, la ocupación habitual del ofendido, la supresión o merma de su capacidad productiva y los gastos ocasionados por razón del hecho punible”.

98 [107] Sentencia de casación del 20 de septiembre de 1982.

99 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 27 de abril de 2011, Exp. 34547, M.P. María del Rosario González de Lemos.

100 Corte Constitucional, sentencia C-557 del 6 de diciembre de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía.

101 En la sentencia anulada del 22 de junio de 2001, se señaló: “Riquelio Naranjo Ramírez. Sufrió lesiones que le ocasionaron incapacidad definitiva de 180 días y como secuela “perturbación funcional del órgano de la locomoción y una deformidad física, todas de carácter permanente (ver folio fte.).

(...) 

Se tendrá en cuanta para este ofendido el dictamen rendido por el perito al folio 120 tomo II original, dictamen que no fue objetado y por ende es ley procesal, allí el colaborador de la justicia estimó el lucro cesante y daño emergente —daños materiales— en la suma de $ 24.850.673.oo y ese será el valor que el acusado Eduardo Zambrano deberá cancelar (...)”.

102 En un caso de un accidente de tránsito en el que varias personas sufrieron varias lesiones, entre las cuales un individuó soportó una incapacidad de más de 30 días establecida en el inciso 2º del artículo 332 —como ocurre en el sub judice—, se concedió a su favor por el tribunal correspondiente, el equivalente a 15 smmlv por concepto de perjuicios morales. Al respecto, consultar: Corte Suprema de Justicia, sentencia del 5 de diciembre de 2007, Exp. 26513, M.P. Julio Enrique Soacha Salamanca.

103 Al respecto ha dicho la Sección Segunda del Consejo de Estado: “Para apreciar el valor de convicción de las declaraciones de los testigos, debe tenerse en cuenta la razón del dicho, la concordancia entre unas y otras, la precisión o vaguedad de lo que exponen, su imparcialidad frente a su particular situación, y, por supuesto, deben desecharse los juicios de valor o conceptos referentes a las causas o efectos de los hechos que conocieron basados en simples deducciones personales”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, providencia del 8 de abril de 1999, radicación n.° 15258, actor: Jaime Cendales Melo.

104 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 11 de agosto de 1992. Dicha providencia aparece citada por la Sección Primera del Consejo de Estado en la sentencia del 19 de julio de 2007, Exp. 68001-23-15-000-2006-02791-01(PI), C.P. Martha Sofía Sanz Tobón.

105 En palabras de la Corte Suprema de Justicia: “En la labor tendiente a apreciar tal prueba —se refiere a la prueba testimonial—, el juez debe obrar con especial cuidado, porque si no es factible exigir uniformidad a declarantes que dada la diversidad de sus condiciones personales perciben en forma diferente las circunstancias fácticas, ni reclamar especial grado de fidelidad cuando el tiempo transcurrido entre el hecho que se investiga y el que declara el testigo, impide reconstruir con nitidez el hecho objeto de investigación, tampoco puede catalogarse de sospechosa la versión de un grupo de personas que, en lo sustancial, narran hechos similares, porque es entendible que si el paso del tiempo borra los detalles y las particularidades, también puede aclarar el acaecimiento del hecho por probar, sin las aristas que en un momento determinado puedan enturbiar lo principal. // Adicionalmente, cabe recordar que la declaración del testigo no puede tomarse únicamente de una frase aislada, ni de las afirmaciones disgregadas de su declaración, sino que cada versión debe valorarse teniendo en cuenta la totalidad de las respuestas; amén de que deben ser apreciadas las condiciones sociales del deponente, porque mientras algunos adornarán con especial cuidado su exposición, otros rendirán un relato escueto sobre lo que se les interroga, todo lo cual conduce a que el juez debe velar por lograr un mesurado equilibrio en el estudio de las varias circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodean el hecho investigado, de tal manera que no se vea precisado, como resultado de una severa crítica, a dejar sin valor testimonios que no podrían ser rendidos en otra forma”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 de febrero de 2001, M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno, Exp. 6353. En el mismo sentido puede consultarse del Consejo de Estado: Sección Cuarta, sentencia del 28 de enero de 2002, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, Rad. 25000-23-26-000-2001-01551-01 (1791), actor: Irma Yolanda Páez Luna.

106 “En cuanto corresponde a esta clase perjuicios, dado que ninguna incompatibilidad existe entre el reconocimiento de los perjuicios ocasionados por el daño autónomo consistente en la pérdida de oportunidad que aquí se ha detallado y la aflicción, angustia y congoja que en el plano puramente moral o inmaterial les generó la mencionada pérdida de oportunidad —que no los perjuicios morales por la muerte de la víctima directa— se hará un reconocimiento por este específico concepto en los siguientes términos:

Para cada uno de los padres y para la compañera permanente de la víctima, un monto equivalente a treinta (30) S.M.L.M.V., y para cada uno de los hermanos, quince (15) SMLMV”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, Exp. 25000-23-26-000-1995-01957-01(18886), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.