Sentencia 2003-00263/40463 de diciembre 13 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Proceso número: 54001233100020030026301 (40463)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo

Asunto: reparación directa

Actor: Orlando Vargas Beltrán

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial y Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Descriptor: Privación injusta de la libertad, responsabilidad solidaria.

Bogotá, D. C., trece de diciembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Presupuestos procesales de la acción.

Esta corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por los demandantes, en proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Administrativo del Cesar, tal como lo dispone el artículo 129 del C.C.A., habida cuenta de la naturaleza del asunto, actividad que debe ser juzgada bajo los parámetros establecidos en el artículo 90 de la Constitución Política y la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia, tal como lo definió la jurisprudencia de esta corporación.

Efectivamente, sobre el particular la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, desde el 9 de septiembre de 2008, tiene sentado que, en aplicación de los artículos 73 de la Ley 270 de 1996 y 31 constitucional, la primera instancia de los procesos de reparación directa fundamentados en error judicial, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, iniciados en vigencia de dicha ley, se tramitan en primera instancia ante los tribunales contencioso administrativos y en segunda instancia ante esta corporación.

Finalmente, se advierte que la acción se presentó en el término consagrado en el artículo 136 del C.C.A(1).

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar –en función de los hechos probados y el recurso de apelación interpuesto— si la Nación - Fiscalía General y Policía Nacional son patrimonialmente responsables por cuenta de la imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, en el marco de la investigación y juzgamiento penal del señor Orlando Vargas Beltrán por la presunta comisión de los delitos de homicidio, en el agente de la Policía Nacional Juan Anselmo Heredia Contreras, tentativa de homicidio respecto del agente de la Policía Nacional Óscar Manuel Álvarez Téllez, hurto calificado en bien de propiedad privada, hurto agravado en bien destinado a la seguridad y defensa nacional y daño en bien de uso público. Situación que a juicio del recurrente le causó graves daños que no estaba en el deber jurídico de soportar.

3. Cuestión previa: valor probatorio de las copias aportadas con la demanda.

Como primera medida es pertinente hacer alusión al valor del material probatorio aportado con la demanda, comoquiera que la ratio decidendi de la sentencia de primera instancia versó frente a la imposibilidad de tener los hechos alegados como acreditados con los documentos aportados oportunamente sin la formalidad procesal relacionada y en la medida en que es esa la primera inconformidad puesta de presente en el recurso de alzada.

Observa la Sala que, con el cuerpo de la demanda, fueron aportadas copias del proceso penal que aunque cuentan con el sello de la Secretaría Común de la Fiscalía General de la Nación, no cumplen con las previsiones del artículo 254 del C.P.C., comoquiera que no obra orden previa del fiscal para su compulsa ni fueron practicadas en medio de inspección judicial (fls. 13 a 82, c. ppal.). Empero, tal como lo estableció esta Sección en sentencia de 28 de agosto de 2013(2), a partir del contenido normativo de la Constitución Política y en virtud de la presunción de buena fe contenida en el artículo 83 superior, las copias simples que presenten las partes con fines probatorios deben ser valoradas, sin perjuicio de que su originalidad pueda ser corroborada a través del cotejo (arts. 257 y 291 del C.P.C.), el reconocimiento (art. 273.), la exhibición (arts. 283 y ss.) y la tacha de falsedad (art. 291), por lo cual, dado que en este caso, las copias simples aportadas no fueron controvertidas por las entidades demandadas, cuentan con pleno valor probatorio.

Ahora bien, las copias precitadas corresponden al sumario Nº 15397 de la Fiscalía Segunda de la Unidad de Vida de Cúcuta (Norte de Santander). Plenario en el que reposan medios de prueba documentales y testimoniales que habrán de ser valorados por la Sala, en la medida en que los mismos estuvieron a disposición de las partes y fueron practicadas ante la entidad demandada, esto es, la Nación, independientemente de que para el caso concreto la misma esté representada, no sólo por la Fiscalía General de la Nación, entidad que tuvo a cargo la investigación, sino por el Ministerio de Defensa - Policía Nacional, sin que su legalidad fuera cuestionada durante el curso del proceso, tal como lo señala el artículo 185 del C.P.C.(3). En efecto, así quedó establecido en el pronunciamiento de unificación de 11 de septiembre de 2013 de la Sala de Sección Tercera, que dispuso que en casos como el presente, las pruebas quedan válidamente incorporadas al proceso y debe dársele pleno valor si no son controvertidas o tachadas, por cuanto ha sido la misma persona jurídica demandada quien las recaudó, aunque en una sede procesal diferente, lo que implica que lo fueron con su audiencia y por ende son plenamente admisibles y susceptibles de valoración(4).

4. Hechos probados.

4.1. Como primera medida, en relación con la legitimación en la causa por activa, obra en el expediente, el auto proferido por la Fiscalía Segunda de la Unidad de Vida de Cúcuta (Norte de Santander) el 3 de enero de 2000, mediante el cual se resolvió la situación jurídica del demandante con medida de aseguramiento de detención preventiva, por la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado, en concurso real y efectivo con el delito de disparo con arma de fuego contra vehículo y de porte ilegal de armas y municiones y hurto calificado y agravado (fls. 13 a 18, c. ppal.), así como la resolución de preclusión de la investigación proferida por la Fiscalía Delegada ante los Juzgados del Circuito Especializados el 13 de julio de 2001 (fls. 57 a 82, c. ppal.). Documentos que acreditan su interés en el asunto sub lite en su calidad de afectado.

4.2. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva, en el sub judice se tiene que la vinculación al proceso judicial y la imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva fue ordenada por la Fiscalía General de la Nación. Esto es, siendo tal actuación la que se indica generadora de daño, no cabe duda a la Sala acerca de que la Fiscalía se encuentra legitimada para comparecer a responder en esta causa.

Igualmente, se tendrá como legitimada a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, entidad que tuvo a su cargo la captura del señor Vargas Beltrán y cuya actuación procesal fue destacada en distintas piezas allegadas al proceso como determinante en la detención.

4.3. En relación con los hechos que se acusan como dañosos, se acreditó en el proceso:

4.3.1. El día 25 de diciembre de 1999, siendo las diez de la noche aproximadamente, fue asesinado el agente de la Policía Nacional Juan Anselmo Heredia Contreras, adscrito a la estación de Policía del barrio Comuneros de Atalaya de la ciudad de Cúcuta. De conformidad con los hechos reiterados en los antecedentes de las providencias penales, el funcionario se bajó de la patrulla Nº 057 y le solicitó una requisa a unos sujetos ubicados en la entrada del establecimiento comercial denominado “Los Chamos”, quienes reaccionaron violentamente, utilizando armas de fuego con las que le causaron la muerte al agente y graves lesiones a su compañero de patrulla, Óscar Manuel Álvarez Téllez, a quienes, además, hurtaron sus armas de dotación oficial. Acto seguido, los agresores emprendieron la huida, inicialmente mediante el hurto del vehículo de servicio público de propiedad del señor Giovanni Vargas y, ante la presentación de fallas mecánicas, optaron por apoderarse de una camioneta ubicada en el lugar, abandonada unas cuadras después (fls. 13, 20 y 57 c. ppal.).

4.3.2. El 3 de enero de 2000, la Fiscalía Segunda de la Unidad de Vida de Cúcuta (Norte de Santander) resolvió la situación jurídica de los señores Omar Ramírez Rivera(5) y Orlando Vargas Beltrán con la imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva por su presunta participación en calidad de coautores responsables de los delitos de “homicidio agravado respecto del agente de la Policía Nacional Juan Anselmo Heredia Contreras, en concurso real y efectivo con el delito de disparo de arma de fuego contra vehículo y de porte ilegal de armas y municiones, en perjuicio de la seguridad pública y de hurto calificado y agravado consumado en perjuicio del patrimonio de la Policía Nacional, Juan Anselmo Heredia Contreras y Héctor Quintero Ordóñez y hurto calificado y agravado en calidad de tentativa respecto de los bienes del señor Raúl Pérez Contreras” (fls. 13 a 19, c. ppal.). Providencia respecto de la cual se destacan los siguientes apartes:

“(…) HECHOS:

Los hechos que ocupan este proceso, acontecen en la ciudad de Cúcuta el día (sic) en la avenida 13 con calle 0 # 13-02 (sic) frente al establecimiento de razón social Restaurante y Cervecería Los Chamos, en la esquina de este mentado negocio el día diciembre veinticinco de mil novecientos noventa y nueve a las 21:00 horas aproximadamente, transitaba por allí una patrulla de la Policía Nacional identificada con el número 057 en la que se movilizaba en calidad de agente de la Policía Nacional y en cumplimiento de su trabajo el señor Juan Anselmo Heredia Contreras, quien en el lugar mencionado vio a unas personas sospechosas ordenando al conductor de la patrulla que parara la misma para requisar a un grupo de personas que ahí se encontraba y una vez allí, el mentado agente fue herido con arma de fuego, lo que le produjo su muerte, pero a quien por demás le hurtaron su pistola y el revolver de la institución; seguidamente al acudir en la defensa de su compañero el señor Agente de la Policía Nacional Oscar Manuel Álvarez Téllez, accionó su arma de fuego por lo que fue impactada en el capó y la puerta del platón la patrulla que conducía; posteriormente los agresores huyen del lugar y a cuadra y media de ese sitio intentan hurtar al señor Giovanni Pérez Contreras un taxi de placas URJ-321, del cual no lo despojan por avería en los cambios, para finalmente llegar los agresores a la casa del señor Rogelio Rodríguez ubicada en la manzana 52 Lote # 8 del barrio Claret y hurtar allí la camioneta de placas 452-VBH de Venezuela de propiedad del señor Héctor Quintero Ordóñez.

(…)

Resultandos legales y consideraciones:

Se ha establecido la materialidad para el delito contra el derecho a la vida en el señor Juan Anselmo Heredia Contreras, en el acta de levantamiento de su cadáver (fl. 3) y en su diligencia de necrodactilia (fl. 6); dejándose constancia en la diligencia de inspección al cadáver (fl. 4) que su muerte fue ocasionada con arma de fuego, que según lo normado en el artículo 253 del C.P.P., sírvase para establecer que se portaron y usaron por los sujetos activos elementos bélicos no permisados, lo que de contera estructura la vulneración al bien jurídico de la seguridad pública; de otra parte se ha materializado el delito contra el patrimonio económico de la Policía Nacional al conocerse que el fallecido agente usaba un revólver de la misma entidad el que le hurtaron (fl. 15) y de este mismo Juan Anselmo Heredia Contreras, ya de él se menciona que le hurtaron la pistola de su propiedad; también se sabe que en desarrollo de ese hecho se tentó hurtar un taxi de placas URJ-321 de propiedad del señor Raúl Pérez Contreras, el cual está valorado en la suma de cuatro millones quinientos mil pesos (fl. 75) y se hurtó igualmente una camioneta de placas 452-VBH de Venezuela al señor Héctor Quintero Ordóñez, que de conformidad en lo dispuesto en el art. 295 del C.P.P. la ha estimado en un valor de siete millones de pesos (fl. 42) y se ha establecido el delito de disparo de arma de fuego contra vehículo al dejarse constancia en el acta de levantamiento del cadáver que la patrulla número 057 de la Policía Nacional presenta impactos en el capó y puerta del platón (fl. 3V).

(…)

Al vincularse a este asunto al señor Omar Ramírez Rivera (fl. 76) habla de que llegó al estadero Los Chamos, solo y ahí pierde el conocimiento, va a tomar un taxi y escucha unos totes, miro al establecimiento y sonaban unos tiros, agregando que no posee armas de fuego y que no conoce al señor Orlando Vargas Beltrán, persona ésta que en su diligencia de indagatoria (fl. 79), afirma no conocer de los hechos ya que se encontraba en su casa desde las cinco de tarde hasta las nueve y media de la mañana del día siguiente, reclamando que no tiene armas, que no conoce al señor Omar Ramírez Rivera y que es inocente.

De lo expuesto por el señor Omar Ramirez Rivera, no hay prueba en lo que respecta a la pérdida de su conocimiento, en su desfavor se contrapone su mismo sentido de orientación para ir a tomar un taxi y el informe policial al decirse que este llegó acompañado con los demás autores del asesinato (fl. 10) y esto es avalado por lo que sostiene la señora Ruth Maritza Núñez Jaimes (fl. 39), al evocar que el que se quedó ahí también venía con ellos; ahora la no presencia en el lugar de los hechos de el (sic) señor Orlando Vargas Beltrán, no tiene prueba que así lo corrobore y en su contra milita un reconocimiento y un señalamiento de que si fue coautor de estos reatos.

Contrae el anterior análisis que los señores: Omar Ramírez Rivera y Orlando Vargas Beltrán, según la prueba allegada que si fueron coprotagonistas de este asunto, codominaron los hechos, no los detuvieron, los dejaron descorrer, y así ejecutaron los delitos que ocupan la calificación jurídica de la presente resolución, no surtiéndose el proceso y en favor de los vinculados ninguna causal negativa de antijuridicidad que les exima su responsabilidad penal en este expediente por justificado ese actuar, tampoco obra una causal exculpable pues se contrae que los sujetos activos se determinaron voluntariamente y en forma dolosa a ejecutar cada delito aquí anotado; estando válidamente comprobado en nexo de causación entre lo que fue el portar, usar y accionar las armas de fuego para extinguir un derecho a la vida, dañar un vehículo policial, con los mismos resultados aquí obtenidos como lo son el homicidio del señor Juan Anselmo Heredia Contreras y el disparo de arma de fuego contra vehículo, así con el comportamiento tentado de despojar de su vehículo al señor Giovanni Pérez y de hurtar (ilegible) se fuego al policial muerto y de despojar la (ilegible) Quintero Ordóñez.

Quiere precisar el despacho que los delitos contra el patrimonio económico que se han mentado en la presente resolución calificados ante la violencia ejercida sobre sus víctimas a las cuales mediante el uso de armas de fuego se les menoscabó su voluntad de oponerse a este daño económico, también es agravado este punible si tomamos en cuenta que existió una pluralidad de sujetos activos, lo fue sobre bienes automotores y destinados –revólver– a la seguridad y a la defensa nacional, estos hechos se ejecutan en horas de la noche y se agrava también el delito contra el derecho a la vida del señor agente de la Policía Nacional, al saberse que para ese homicidio se usaron elementos bélicos no permisados y el fallecido en ese momento tenía no sólo la calidad de miembro de la fuerza pública, sino que se hallaba en uso de sus funciones al mismo instante que se le segó su existencia.

De acuerdo con lo que se ha anotado, el despacho halla que hasta este momento procesal se encuentran cumplidas las exigencias del artículo 368 del C.P.P. en desfavor de los señores: Omar Ramírez Rivera y del señor Orlando Vargas Beltrán, por lo que habrá de proferírseles medida de aseguramiento en la modalidad de detención preventiva en calidad de coautores responsables de los delitos de homicidio agravado en perjuicio de el (sic) derecho a la vida del señor agente de la Policía Nacional Juan Anselmo Heredia Contreras en concurso real y efectivo con el delito de disparo de arma de fuego contra vehículo y porte ilegal de armas de fuego y municiones de uso personal, en perjuicio de la seguridad pública y de hurto calificado y agravado en perjuicio de el (sic) patrimonio económico de la Policía Nacional, de los señores Juan Anselmo Heredia Contreras y Héctor Quintero Ordóñez y tentado en perjuicio de el patrimonio económico de el (sic) señor Raúl Pérez Contreras.

No se estima procedente concederle el beneficio de la libertad provisional a los señores: Omar Ramírez Rivera ni a Orlando Vargas Beltrán, en razón a la naturaleza de los delitos ejecutados y a la modalidad de el suceso aquí investigado, por lo que se les librará por ante la penitenciaría de Cúcuta el correspondiente oficio detentivo solicitándole al señor Comandante de la Sijín Cúcuta, disponga la remisión de los asegurados a ese centro de reclusión con las debidas seguridades de ley (…)” –se destaca–.

4.3.3. La imposición de medida de detención preventiva en establecimiento carcelario fue confirmada mediante Resolución 025 de 14 de febrero de 2000, por la Unidad Primera de Fiscalía Delegada ante el Tribunal del Distrito en cuanto al señor Orlando Vargas Beltrán y revocada respecto del sindicado Omar Ramírez Rivera (fls. 20 a 25, c. ppal.). En relación con el aquí demandante, señaló el ad quem:

“(…) En lo que respecta al procesado Orlando Vargas Beltrán, su incriminación está argumentada en el reconocimiento y dicho de la testigo Ruth Maritza Núñez Jaimes, quien como ya se dijo, ofrece credibilidad, observó en forma serena y calmada a los atacantes del agente de policía y por eso es que puede detallar y precisar las características físicas de estos y referir más claramente las circunstancias concomitantes y subsiguientes, cosa que no ocurre con el compañero agente del occiso, quien debido a que estaba siendo objeto de disparos y persecución, lógicamente no puede ir a detallar cosas que por obvias razones no vio, como sería el caso del colectivo que abordaron los homicidas, estos testigos percibiendo los hechos en situaciones totalmente diferentes, pues la una lo hizo en el refugio de su casa y el otro cuando fue atacado intempestivamente, cosa que no le permitió reparar en los rasgos físicos de sus atacantes, como sí lo hace Ruth Maritza, quien para el caso concreto, es decir, respecto de Orlando Vargas, a quien describe como una persona delgada, de estatura aproximada 1,65, trigueño, como de 25 años, con bigote, cabello ondulado y como semilargo, que tenía arma y disparaba contra el policía.

Si miramos la descripción física que se hace de este procesado en su indagatoria, nos preguntamos dónde están las grandes contradicciones o en donde no coinciden estas características con las dadas a conocer por la testigo Núñez Jaimes como lo afirma el abogado defensor? A ello debemos responder que si miramos la descripción de los demás partícipes, cada uno de ellos es individualizado morfológicamente, que no es dable confusión alguna pues a todos se presentan con rasgos diferentes, como en el color de su piel, cabello, altura, contextura, resaltando que es el único que señala la testigo tenía bigote. 

La versión de Ruth Maritza toma aún más fuerza con el reconocimiento en fila de personas, al señalarlo como uno de los partícipes activos del hecho;diligencia que se realizó conforme las ritualidades procesales, en cuanto se hizo con intervención del fiscal, testigo, Ministerio Público y defensor, no dejándose constancia de irregularidad alguna y la presunta falsedad de que habla el defensor, pues ello obedece a una irregularidad que no afecta el debido proceso, además de que esto en nada perjudicaría sus intereses. Aquí se debe anotar que por los delitos contra la seguridad pública y patrimonio económico el fiscal materializó su imputación en la indagatoria.

En resumen, se tiene que contra Orlando Vargas Beltrán, existe testimonio creíble que lo señala como partícipe de los hechos que compromete su responsabilidad, razón por la cual se le confirmará la medida detentiva” –se destaca–.

4.3.4. Durante la etapa instructiva, se recaudaron las siguientes pruebas:

4.3.4.1. El 2 de octubre de 2000, siendo las 8:45 p.m., se llevó a cabo la diligencia de inspección judicial al inmueble en que funcionaba el establecimiento comercial “Cervecería Los Chamos”, en cuya acta se hizo constar (fls. 30 a 32, c. ppal.):

“(…) A continuación se procede a dar respuestas a cada numeral así: Numeral primero: El sitio donde ocurrió el hecho fue ocurrido en la esquina de la calle 0 con avenida 13 Nº 13-03 del barrio Comuneros, establecimiento comercial denominado Cervecería Los Chamos, con respecto a este numeral se tomarán las placas fotográficas respecto de la nomenclatura del inmueble al igual que al aviso publicitario y la esquina donde fue asesinado el extinto agente de la Policía Nacional. Al numeral segundo: (…) en cuanto a la visibilidad del lugar y de acuerdo a lo expresado por la administradora y al momento que nos encontramos adelantando la respectiva diligencia es de aclarar que ésta se hace de adentro hacia afuera lográndose determinar que dentro del salón es deficiente, en la parte de la verja ya pasaría a un término regular y sobre el andén igual de regular teniendo en cuenta que allí se ubican tres árboles los cuales se referenciarán en las respectivas placas fotográficas, con relación a las personas que laboraron en este establecimiento el día de los hechos fueren Mayerli Rico Ramos, Angélica Santiago quien para la época de los hechos estuvo como ayudante de la señora administradora, al numeral tercero se determina que la distancia y ubicación del lugar donde vive Ruth Maritza Núñez Jaimes al bar Los Chamos es de 25,75 metros, residente en la calle 0 Nº 12-36 del barrio Comuneros en línea recta con relación al bar Los Chamos, distancia ésta que se plasmará en el respectivo levantamiento planimétrico y álbum fotográfico. Con relación a la descripción que hace la joven Maritza Núñez Jaimes (…) deduciéndose que en el sitio donde estaba ubicada ésta y virando hacia la esquina en donde se coloque a una persona que no se conozca de antemano no es posible reconocerla ni describirla, pero como lo ilustra la testigo si esa persona ha sido vista antes es posible reconocerla y referirme a ellas, tomando en cuenta que la testigo afirma que los sujetos (06) a los que se refiere los había visto desde temprano tomando en este establecimiento, esto lo expresa el señor Fiscal de conocimiento (…) en lo que respecta a la percepción auditiva los suscritos funcionarios y sujetos procesales pudimos constatar, entrevistando a la testigo a Martiza Núñez Jaimes, que las charlas que tenían los contertulios sentados en las mesas de afuera no se pueden oír ni distinguir estando el equipo de sonido sonando como se le puso a sonar en esta diligencia, pero que la testigo sí pudo oír perfectamente los gritos de la víctima en el momento en que está arrodillado y le propinaron los disparos diciendo “no me maten que tengo una niña de brazos”. Es de anotar que se hizo la demostración colocando a un voluntario en la esquina en donde cayó acribillado el agente Heredia para que alzara la voz y se constató que se oye claramente la voz cuando afirmó “permítame una requisa” (…)”.

4.3.4.2. Así mismo, se recepcionaron los testimonios de los señores José Antonio Núñez Villamizar (fls. 33 a 37, c. ppal.), Ruth Maritza Núñez Jaimes (fls. 38 a 41, c. ppal.) y Ana de Jesús Jaimes de Núñez (fls. 42 a 45, c. ppal.).

4.3.4.2.1. El señor Núñez Villamizar declaró (fls. 36 a 33, c. ppal.):

“PREGUNTADO. Qué conocimiento tiene acerca de los hechos sucedidos el 25 de diciembre de 1999 en el barrio Comuneros de esta ciudad en donde fue muerto el agente de policía Juan Anselmo Heredia Contreras? CONTESTÓ: Yo me encontraba como a las ocho de la noche en mi hogar mirando televisión, cuando de pronto mi familia que se encontraba, mi esposa y mi hija, que se encontraban en la parte fuera de la verja, me sobresaltó de que estaban, rectifico, me sobresaltó con la noticia de que estaban matando un policía, acto seguido me abalancé sobre la puerta de la verja para cerciorarme de este hecho y efectivamente observé desde el lugar de mi hogar hacia donde sucedían los hechos, que es como a unos veinte a veinticinco metros, observé que yacía en el suelo una persona que por su vestimenta era efectivamente un miembro de la policía a la cual unos sujetos le decían no sé qué cosas y le daban puntapiés. Instantes después vi atrás dos personas que regresaron al lugar donde se estaba haciendo la agresión del uniformado y uno de ellos de contextura alta, delgada, camisa blanca, descargó o disparó un arma sobre el agente que yacía en el suelo. Una vez cometido este hecho se desplazaron por la avenida trece, creo que es. Hacia la calle primera donde se oían por ahí algunos murmullos de escándalo desapareciendo del escenario. Acto seguido procedí como Ministro de la Iglesia Mocesana, acercarme al moribundo para administrarle algunas oraciones que tenemos para estos casos al mismo tiempo constatar de que el Agente estaba muerto por su inmovilidad y opté por retirarme y decirle a algunos curiosos que despejáramos el lugar por el peligro que representaba ante la llegada de sus compañeros. Es todo. PREGUNTADO: Tiene conocimiento del nombre de la víctima y del nombre o individualización de los agresores? CONTESTÓ: Después a través de los medios de información me enteré del nombre de la víctima y de uno de los sindicados. La víctima el agente Heredia y el sindicado Orlando no recuerdo el apellido. Este sindicado por mi hija Ruth que ha sido como la primera testigo, resultó siendo una persona conocida de mi comunidad, conocida por la razón que yo ejerzo funciones pastorales de mi parroquia e indudablemente tengo mucha familiaridad con las gentes que viven en esta parroquia, al enterarme que Orlando estaba siendo sindicado, de este hecho me alarmé de sobremanera y no pasaba a creer que este muchacho estuviera siendo implicado en el hecho. Al poco tiempo su familia recurrió a otros amigos para que me contaran a mí lo que estaba sucediendo con este joven. Fue cuando tomé la decisión de apersonarme y tomar como cosa mía la situación, dialogando personalmente con su familia los pude conocer más a fondo para en sí ver con más claridad este momento tan difícil, primer paso a seguir, hablar en la intimidad con mi hija Ruth, dialogar como se debe dialogar, padres e hijos, con mucha confianza para que me manifestara a ciencia cierta la verdad de su versión y sindicaciones y ella en actitudes de desconfianza y seguridad, dudó mucho en responderme, que no estaba totalmente segura, que Orlando hubiera sido uno de los agresores del agente de la policía. Quiero destacar que a este joven siempre lo conocí como una persona trabajadora en sastrería y de piedad, puesto que los domingos yo lo veía en la eucaristía dominical. Hasta ahí. (…) PREGUNTADO: Con motivo de esta investigación han sucedido inconvenientes en su hogar tales como amenazas o agresiones. CONTESTÓ: En ningún momento he escuchado o ha manifestado mi familia alguna amenaza contra nuestra integridad personal, por ahí algunas ofensas verbales o roces con algunas muchachas que trabajan en el establecimiento donde sucedieron los hechos y una vez enterado me acerqué al dialogo con alguna de ellas para llamarlas a la prudencia y la reconciliación (…) PREGUNTADO: Sírvase manifestar a qué nivel de volumen acostumbran colocar la música en el establecimiento Los Chamos y si lo recuerda manifieste a qué nivel estaba la noche de los hechos aquí investigados? CONTESTÓ: Por lo general siempre este local mantiene su equipo de sonido a muy alto volumen, lo que ha ocasionado que yo esté adelantando alguna campaña para erradicar este negocio de nuestro vecindario. Esa noche cuando yo salí y una vez sucedidos los hechos, ya habían apagado el equipo y antes de los hechos no recuerdo como estaba el volumen porque yo me encierro pero por lo general siempre está alto. PREGUNTADO: Cree usted, teniendo en cuenta la distancia que existe desde la reja de su casa hasta el lugar de los hechos y el grado de volumen a que regularmente colocan música, cree usted que sea posible escuchar los diálogos que realicen las personas que se encuentran en el establecimiento. CONTESTÓ: En absoluto, es imposible oír cualquier expresión que pronuncian los allí presentes. PREGUNTADO: Manifieste al despacho el grado de visibilidad existente en la calle de su residencia en las horas de la noche con respecto al establecimiento Los Chamos? CONTESTÓ: es muy escaso puesto que este lugar permanece a muy poca luz, además, yo carezco por mi edad de una visión clara, a veces tengo que utilizar mis gafas formuladas para poder distinguir hasta las personas y esa noche yo no tenía gafas puestas (…)” –se destaca–.

A su declaración, anexo una carta en la que solicitó la preclusión de la investigación del señor Orlando Vargas Beltrán por las mismas razones señaladas en su declaración (fls. 37 a 37 vto., c. ppal.).

4.3.4.2.2. Por su parte, la joven Ruth Maritza Núñez Jaimes, cuya declaración y reconocimiento en fila se tuvo como prueba central para la imposición de medida de aseguramiento en contra del señor Orlando Vargas Beltrán, rindió testimonio en los siguientes términos (fls. 38 a 41, c. ppal.):

“(…) PREGUNTADA: Sírvase manifestar al despacho cómo hizo para presentarse a la Sijín a rendir el primer testimonio que aparece dentro de las diligencias. CONTESTÓ: No sé, quien sabe quién diría porque allá llegaron dos hombres en un carro con mi nombre completo y apellido y dirección, ellos se presentaron como miembros de la Sijin y me dijeron que fuera para allá y me llevaron de una vez, eso fue al otro día, me trajeron aquí a la estación que queda al lado de Telecom, eso fue como a las siete de la noche del otro día del hecho. Allá me metieron a una oficina cerca al patio y empezaron a preguntarme sobre la muerte del policía, una señora empezó a escribir a máquina y de ahí llegó esto un muchacho, era un detenido porque lo tenían esposado. Los que estaban adentro de la Sijin apagaron las luces de la oficina y al detenido lo colocaron frente a la ventana de la oficina y a mí me hicieron abrir un poquito la cortina, me mostraron al preso y me dijeron que ese era el que había estado en la muerte de Heredia, el supuesto asesino. De ahí me preguntaron que si ese era y yo les dije que no sabía, entonces empezaron los policías a presionar que dijera que sí que ese era, yo les dije que no que no sabía, luego llegaron otros con otros detenidos que los habían traído del negocio y me los mostraron y ahí también estaba el que me habían mostrado antes y yo ahí en la fila identifiqué a dos, o sea, yo lo identifiqué porque me pareció mucho a otro, a los asesinos, como habían varios en fila a los otros sí no los reconocí. De ahí se los llevaron a ellos, firmé a lo último la hoja que estaban escribiendo y sin leer la firmé. Es que como yo estaba toda aturdida porque nunca había visto matar a nadie. No sé cómo se llama el que identifiqué. Yo no pregunté pero me dijeron que se llamaba Orlando y el otro Omar. De ahí firme y no hice más nada y volvieron y me llevaron a la casa los que me sacaron en el carro. PREGUNTADA: Sírvase manifestar al despacho si con posterioridad al día que fue a la Sijin volvió a estas instalaciones y si es así sírvase hacer un relato de lo sucedido? CONTESTÓ: A mi fueron a buscarme otras vez a los tres días no recuerdo la fecha, fueron en un carro negro me pareció, me recogieron fue en el Colegio Juventudes Unidas en la esquina me recogieron y me dijeron que me traían para acá para un reconocimiento y ahí me entraron y me taparon con una toalla la cabeza y la cara y fui subiendo las escaleras, claro que yo veía las escaleras, me dejaron sí libres los ojos para que pudiera ver, me subieron a un salón donde había un espejo grandote y ahí estaba el otro policía compañero de Heredia y habían hartos policías alrededor. Luego el policía empezó a hablar conmigo y empezamos a hablar que a él se le había trabajo (sic) el arma y el policía me dijo que por eso había salido corriendo, luego nos paramos cerca a un vidrio grandote para mirar a una fila de hombres que había ahí y yo señalé al policía los dos que había señalado antes y yo le dije que uno de ellos estaba muy borracho, que estaba en el negocio y el policía dijo que sí, que había estado ahí también, esto yo al otro que había identificado, Orlando, ese también se lo mostré a él y él me dijo que no, que no se acordaba de él, que no lo conocía que por defenderse él y al compañero no vio caras. PREGUNTADA:Sírvase manifestar al despacho si alguno de los agentes ahí presentes le insinuó o señaló a alguna de las personas que estaban formadas en fila para que fuera reconocida? CONTESTÓ: Yo voy a decir la verdad porque a mí sí me lo mostraron antes de hacer el reconocimiento con el policía compañero de Heredia. Al Policía lo sacaron y me dejaron a mí con otro con uno de los que me habían ido a buscar a la casa. El Policía ese me dijo, no el compañero de Heredia, me dijo que iba a salir con franela blanca el que yo iba a identificar y que me lo iba a mostrar para que me acordara de la cara de él, yo esto no lo había dicho antes porque los policías me dijeron que no dijera que ellos me lo habían mostrado antes, que era la primera vez que yo iba a identificar y que no dijera que ellos me lo habían mostrado antes en la parte de debajo de la oficina. Cuando el Fiscal me preguntó que si a mí me lo habían mostrado antes yo dije que no porque les había dicho a los policías que yo no los iba a hacer quedar mal. PREGUNTADA: Sírvase manifestar qué tiempo transcurrió desde el momento en que le mostraron el muchacho que Ud. debía identificar, a la llegada del funcionario que realizó la diligencia de reconocimiento? CONTESTÓ: Es que cuando me llevaron, antes de que llegara el Fiscal a mí me lo colocaron en unos números que habían en una pared y lo cambiaban de posición en la fila. Yo ya sabía qué número era y cuando llegó el Fiscal pues dije cuál era. El Fiscal demoró una media hora en llegar para hacer el reconocimiento. Yo no sé por qué el policía se echó de pa’ atrás (sic) porque él había señalado al que se llama Omar, que era el que estaba borracho (…) PREGUNTADA: Mirando la exposición suya anteriormente nos preguntamos cómo se atrevió Ud. a señalar a alguien de que no le constaba que hubiera participado en ese homicidio? CONTESTÓ:Porque lo confundí y Ud. sabe que uno tiene personas que se parecen mucho y lo confundí. Eso yo lo reconocí por la presión y el miedo a no defraudar a los otros agentes, que me miraba el uno y me miraba el otro. PREGUNTADA: Pero en su fuero íntimo, en su conciencia, Ud. sabía que ese individuo señalado, era culpable o no? CONTESTÓ: No, él no es, eso es feo llevar un cargo de conciencia uno y yo me desahogo con un sacerdote comentándole que el cargo de conciencia de llegar a juzgar a una persona inocente. PREGUNTADA: Hay la sensación en el expediente y eso deducida de las varias salidas al mismo, de que ha estado presionada y que debió ausentarse de la ciudad y hasta esconderse por miedo a represalias. Díganos que hay de cierto en esto? CONTESTÓ: No, de nada. Yo me fui para otra ciudad porque el novio que había puesto los cachos, no porque hubiese estado amenazada ni nada, estuve unos ocho días en Bucaramanga. PREGUNTADA: Tiene alguna otra cosa qué decir en esta diligencia? CONTESTÓ: No señor, nada más?” –se destaca–.

4.3.4.2.3. Por su parte, la señora Ana de Jesús Jaimes de Núñez declaró (fls. 42 a 45, c. ppal.):

“PREGUNTADA: Díganos qué conocimiento tiene Ud. acerca de los hechos ocurridos el 25 de diciembre de 1999 en el barrio Comuneros en donde fue muerto el agente de Policía Juan Anselmo Heredia Contreras? CONTESTÓ: Pues en el momento me encontraba sentada con mi hija Maritza Núñez y pasó el carro de la Policía, como a los quince o diez minutos se encendió la balacera, nosotros salimos corriendo hacia adentro y fue cuando después vimos que el policía había muerto, es todo. PREGUNTADA: En dónde se encontraba Ud. en el momento en que sucedieron los hechos? CONTESTÓ: yo estaba en la casa pero en la calle, sentada junto con mi hija Maritza. Estaba ahí sentada de frente a la autopista. Ahí fue cuando vimos y a toda la gente que llegó a ver, a mirar que era lo que había pasado, no más. PREGUNTADA: Díganos si usted puede discriminar los acontecimientos que usted presenció?. CONTESTÓ: No señor, ya dije lo que había visto. Pues los de la balacera fueron unos tipos ahí, los que estaban tomando en el establecimiento, pues nosotros escuchamos los tiros pues no supimos quien había sido, escuchamos los tiros y como estaba oscurito, nos fuimos pa’ dentro (sic) de las rejas. PREGUNTADA: usted distinguió a los sujetos que estaban sentados tomando en el sitio de los acontecimientos? CONTESTÓ: No señor, antes sí venían ahí pero no sabíamos cómo se llamaban, solo de vista. Era un grupo como de seis o siete tipos (…) PREGUNTADA: Sírvase manifestar al despacho cuando Ud. en respuesta anterior manifiesta “cuando escuchamos los disparos nosotros nos entramos a la casa”, a qué personas aparte de usted se está refiriendo? CONTESTÓ: Me refiero a mí y a mi hija Ruth Maritza Núñez, PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho en qué momento preciso Uds. Entraron a su casa de habitación? CONTESTÓ: Nos entramos a los primeros disparos”.

4.3.5. Con base en las pruebas recaudadas, la Fiscalía Especializada de la Unidad de Terrorismo 51-5, resolvió en resolución de 31 de octubre de 2000, revocar la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta al encartado penal y, como consecuencia de ello, ordenó su libertad condicionada inmediata (fls. 52 a 55, c. ppal.).

4.3.6. Finalmente, la Fiscalía Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados, en resolución de 13 de julio de 2001, precluyó la investigación seguida en contra del señor Orlando Vargas Beltrán, en los siguientes términos (fl. 82, c. ppal.):

“PRIMERO: precluir la investigación seguida contra José Luis Parra Suárez(6), Omar Ramírez Rivera y Orlando Vargas Beltrán, de anotaciones civiles y personales consignadas en autos por homicidio en el agente de la Policía Nacional Juan Anselmo Heredia Contreras, tentativa de homicidio en el agente de la Policía Nacional Oscar Manuel Álvarez Téllez, hurto calificado en bien de propiedad privada y hurto agravado en bien destinado a la seguridad y defensa nacional y daño en bien de uso público.

SEGUNDO: Si no fuere apelado este proveído, consúltese con las fiscalías delegadas ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta”.

4.3.6.1. Como razones de la decisión, puso de presente, entre otras, las siguientes pruebas (fls. 57 a 81, c. ppal.):

“Indicación y evaluación de las pruebas allegadas a la investigación (…)

1. En oficio 1577 del 27 de diciembre en 1999 (fl. 9 cuaderno original # 1) dirigido al fiscal disponible en turno de la URI, informa la Unidad Criminalística Seccional Policía Judicial –CSPJ– sobre las pesquisas que ha adelantado, entre ellas la recepción de los siguientes testimonios: del agente de la Policía Nacional Óscar Manuel Álvarez y de los particulares Mayerly Rico Ramos, Angélica Santiago Ríos, Yasmín Pallares, Edwin Murcia Rivera, William Martínez Pabón, Jorge Eliécer Escobar Melo, Geovany Pérez Contreras, Enzo Vladimir Duque Corona, Rogelio Jesús Rodríguez Rico, Ruth Maritza Núñez Jaimes y Héctor Quintero Ordóñez.

Expresa el oficio que por informaciones de la declarante Ruth Maritza Núñez Jaimes fue identificado uno de los participantes, Omar Ramírez Rivera.

Agrega que el día de ayer –diciembre 26 recibieron una llamada anónima que decía que en el mismo establecimiento “Los Chamos” se encontraba una persona vestida de determinada forma que había participado en el asesinato.Se trasladaron los agentes allí y encontraron a Orlando Vargas Beltrán, sobre el cual, analizadas las características físicas, de acuerdo a las indicaciones de ésta. Correspondía a uno de los hombres descritos por ella. 

Concluye el oficio con la aseveración de que, merced a las diligencias que ellos verificaron Omar Ramírez Rivera y Orlando Vargas Beltránson dos de los sujetos que intervinieron en el crimen. 

(…)

12. Ruth Maritza Núñez Jaimes (fl. 38, c. o. #1) A las 5 y 30 de la tarde llegaron dos tipos al negocio Los Chamos, se sentaron a tomar cerveza con dos mujeres de allí; luego a las 6 y 30, llegaron cuatro hombres más en un taxi colectivo marca Dodge; a las 7 y 30 se fueron dos en el mismo carro y regresaron a los cinco minutos; tal vez iban a traer armas porque cuando se alejaron llevaban la camisa por dentro y al regresar tenían la por fuera como cubriendo las armas; a las 8 de la noche se pararon en el mismo sitio en donde se estacionó la patrulla; en ese momento los seis estaban juntos; paso la patrulla y vio a los tipos allí parados; la patrulla andaba despacio y coincidentemente uno de los seis individuos salió corriendo hacia la avenida 13 con calle 1ª; los policías retrocedieron el carro y se apearon los dos ocupantes a la vez; seguramente les hablaron de una requisa, momento en que los hombres empezaron a sacar armas y a disparar al Policía que venía sentado al lado derecho –de acompañante– lo agarraron entre tres por el cuello y le pusieron las manos hacia atrás, le quitaron el arma que llevaba en la mano y lo tiraron al piso, le daban puntapiés y puñetazos. Al otro policía también le disparaban y él contestaba pero se le trabó el arma. Yo vi cuando él agarraba el arma y la movía y se le trabó. Al ver la situación de este agente, dos de los tipos empezaron a corretearlo, ningún carro le paraba hasta que sí lo hizo un taxi. Los agresores se regresaron y siguieron propinándole “pata y puño” al caído. El hombre de la franela blanca le dio el primer tiro en la cabeza y a continuación los otros descargaron sus armas sobre él; luego cinco se embarcaron en el colectivo, le dieron encendido y se fueron; se quedó uno, el que ni le pegó al policía. Luego del insuceso la testigo le dijo al agente Escalante que ahí estaba uno de los que andaba con el grupo; por eso, de la reja en donde estaba recostado, lo esposaron y se lo llevaron.

Esta es la descripción que hace Ruth Maritza Núñez Jaimes de cada uno de los seis individuos que conformaban el grupo a los que citaremos con los números ordinales:

1º. Quien disparó al policía que falleció: de 1,70 metros de estatura, moreno, con cabello adelante corto y atrás larguito y como ondulado, de color oscuro, cara delgada y alargada, sin bigote, de una edad de 24 años; vestía bermudas color café y franela toda blanca. Este también fue de los que persiguió al policía que se escapó.

2º. De contextura acuerpada, de una talla aproximada de 1,67 metros, con 28 o 30 años de edad, de tex blanca, cabello castaño claro al igual que los ojos, sin bigote, vestido con franela blanca con rayas rojas y jean; era el conductor y también disparó.

3º. “Es el que trajeron aquí (a la SIJIN, de la Policía). Gordito, bajito. Compárese (con la descripción morfológica de la indagatoria del que se de inmediato en libertad), trigueño de 1,60 metros de estatura, cabello corto y parado, con boso vestido de camisa color beige (no se fijó en el pantalón). Cuando lo subían a la patrulla que lo llamaban Eliécer y lo había visto antes en el negocio porque venía los fines de semana a tomar.

4º. Sé que se llama Javier y le dicen Porkis. La muchacha Mayerli una vez se lo presentó. Es carilarguito (sic), parecido a Mandíbula el de la televisión; de unos 25 años, delgado, moreno, sin bigote, mechiparado, de 1.60 metros de estatura, vestido de camisa verde y pantalón beige. Ese llevaba un arma y disparaba contra el policía que murió, al igual que le propinó puntapiés y puñetazos.

5º. c. Portaba un arma y disparó contra el agente sacrificado, y también lo pateó. La testigo nunca lo había visto. 

6º. Gordito blanco, sin bigote, cabello de corte militar, de una estatura de 1,70 metros, vestido con bermudas de franela y camisa como curubita. Estaba armado y disparó contra el servidor asesinado. La deponente no había visto antes a este sujeto.

En suma, de los seis había visto a tres; al primero, a Eliécer y a Porkis. Ellos venían a tomar allí y en una ocasión les oyó decir que eran raspadores de coca en La Gabarra.

A todos los vio desde una distancia de tres metros, pues vive cerca de allí, además, desde las horas de la tarde los estaba observando. El policía suplicaba que no lo mataran pues tenía hijos.

(…)

14. Al folio 43 del cuaderno original número 1 encontramos la resolución de apertura de instrucción sumarial por el fiscal jefe de la Unidad de Vida, Uri y UNASE, doctor Pedro Ván Contreras Mejía, de fecha 27 de diciembre de 1999. Se lee en el documento, “Establecida plenamente la identidad de los señores Omar Ramírez Rivera y Orlando Vargas Beltrán y como se observa que existe prueba suficiente para vincularlo (sic), líbrese de inmediato orden de captura en su contra”. (En este momento cabe preguntarse: ¿de dónde salieron esos nombres? ¿Qué pruebas había a esa hora contra ellos? Obsérvese, además, que las declaraciones anotadas antes se tomaron el 25 y 25 de diciembre de 1999 (sic)”.

(…)

17. Diligencia de reconocimiento (fl. 65, c. o#1) en que la señorita Núñez Jaimes reconoce a Orlando Vargas Beltrán como uno de los individuos a los que alude en su declaración.

(…)

21. Indagatoria de Orlando Vargas Beltrán (fl. 79, c. o #1). Afirma que tiene una fábrica de confecciones en el barrio Comuneros, con 12 operarios; la producción la vende en el centro comercial el Oití. Está inscrito en la Cámara de Comercio. A la hora del homicidio se encontraba en su casa. Estaba vestido con short de jean y una cami-buzo color verde con rayas azul marino y perchera beige, tenis deportivos marca Reboock y medias. Nunca ha cargado armas. No sabe cómo puede decir una persona que lo reconoció cómo que estaba allí si el descansaba en la casa en la casa con su esposa e hijos.

(…)

31. El investigador judicial José Abel Gómez Montoya (fl. 251, C. O #1), en informe del 8 de febrero de 2000 dice que visitó la residencia de Ruth Maritza Núñez Jaimes –Calle 0 # 12-36, barrio Comuneros–, en donde la madre, doña Ana Jaimes, le informó que en vista de las constantes amenazas de que venía siendo objeto su hija, se vio en la necesidad de enviarla para la ciudad de Bogotá por determinado tiempo, ya que después de los hechos empezó a recibir llamadas telefónicas en donde le advertían que se cuidara por “sapa”.

(…)

33. Ampliación de la declaración de Mayerly Rico Ramos (fl. 269, c. co #1) Expresa en resumen que no vio nada. Cuando sonaron los disparos estaba adentro del negocio y se disponía a cambiar un CD. Sí conoce a Orlando e imagina que su apellido es Vargas porque es cliente del negocio y pasa por ahí en una bicicleta, pero ese día no lo vio en el contorno (…) La última vez que vio a Orlando Vargas Beltrán fue al día siguiente de la tragedia, cuando fue capturado, a las 6 y 30 de la tarde; él le confió la bicicleta para que se la entregara a Alicia, su mujer.

34. María Alicia Vargas Ramírez (fl. 273, id.) Es la compañera permanente de Orlando Vargas Beltrán. El 25 de diciembre de 1999 él salió a las 4 de a la tarde a dar una vuelta y retornó una hora después, para no volver a salir y dedicarse a ver televisión. A las 7 y 3 p.m., mientras rodaba la película “Jesús”, se quedó dormido en una silla y continuó en el sueño hasta el otro día 26. A eso de las 9 y 30 A.M. se levantó y a las 10 se fue a misa. A las 6 p.m. salió en bicicleta a comprar comida y no regresó. A ella la llamaron del negocio Los Chamos y le avisaron de la captura. De los Chamos a su casa hay unas cinco o seis cuadras, en línea indirecta o desviando. Él estaba cansado de la fiesta del día anterior, se entiende, el 24, puesto que el 25 no hizo sino dormir.- No conoce a Ruth Maritza, nunca la ha oído nombrar, no sabe si el esposo la conoce.

35. Ana Elisa Higuera Mora (fl. 277, id.) Es amiga de Alicia, la mujer del incusado Orlando Vargas Beltrán. El 25 estuvo en la casa de dicha familia y vio a Orlando durmiendo desde que llegó a las siete de la noche hasta que se despidió a las 10. En un momento él se levantó de la silla y buscó la cama para dormir, de modo que no salió de la casa esa noche. Vargas Beltrán es una persona trabajadora, no toma trago, es juicioso, asiduo practicante de la religión católica, muy honorable; se hizo cargo, a pesar de ser tan joven, de una señora con tres hijos.

(…)”.

4.3.6.2. Y, en consideración a lo anterior, esgrimió como razones para precluir la investigación:

(…) El despacho estima que se honra la verdad sentando este primer corolario: Cómo se trataba del sacrificio infame de un agente de la Policía Nacional, quizá por lo que se ha llamado espíritu de cuerpo, surgió la solidaridad de la misma institución en pro de no dejar en la impunidad semejante crimen, dándose entonces que la SIJIN asumiera de inmediato del adelanto de las pesquisas. Pero hubo arrebato, ausencia de planeación de la investigación, un derrotero cierto y unos métodos sabiamente escogidos, además depasionamiento (sic), por el contrario, las pesquisas estuvieron marcadas por la imprevisión, el pálpito, la sospecha y, de otro lado, por el desorden y de alguna manera, por un sutil ánimo revanchista. Por ello se fueron apresurando a un borracho al que hubo que darle libertad al poco tiempo, y a intervalos a dos sujetos sobre los que los sabuesos de la Policía pusieron el ojo y les vieron el perfil de asesinos, a quienes con el correr del tiempo también debió reconocerse su libertad. Ciertamente la Policía festinó la investigación, metió la mano para confundirla y llevarla a este término estéril que hoy debemos señalar. Véase cómo aquí no ha podido buscarse un rumbo seguro cuando –como se vio en el numeral 50 de arriba– el CTI dio a la luz pública la noticia publicada en el diario local La Opinión de que ya estaba descubierto el homicida del agente Heredia, que no era otro que Rulber Bravo Sánchez, pretendido militante de la facción clandestina terrorista “Ejército de Liberación Nacional”. El Despacho les pidió que suministraran el soporte de tal afirmación y nunca ofrecieron respuesta alguna, lo que significa que cada ente investigativo, por su lado, SIJIN, DAS y CTI, tienen sus propios sospechosos como homicidas, o que todos andan a la caza de los culpables pero sin ton ni son, sin concierto ni unidad.

Se ha visto aquí, por lo ya puntualizado, mezcla de hechos disímiles para hacerlos confluir hacia el homicidio del infortunado Heredia, si no, obsérvese el desgaste en la persecución de los autores de un automotor al parecer por el mismo contorno de la ocurrencia de la occisión y a las mismas horas, llegándose a señalar a sujetos que podrían ser los autores de la muerte, pero cuyas características –dadas por el testigo falaz Enzo Vladimir Duque Corona– no coinciden en absoluto con las ofrecidas por Ruth Maritza Núñez de sus sospechosos. En el tema de dichos ladrones se empleó gran parte del tiempo de investigar, así como en seguirle el juego al testigo Duque Corona.

Se vio igualmente testigos como los nombrados que avanzaban y retrocedían, afirmaban y se retractaban. Ruth Maritza Núñez Jaimes fue manipulada o se dejó manipular o nos manipuló a todos? Porque habló durante mucho lapso de amenazas y hasta su misma madre le confió a un investigador del CTI que había tenido que salir de la ciudad, mas posteriormente apareció, como lo dijo en su última exposición, feliz, sin preocupación, bailando extrañada de que mentaran amenazas.

Intuimos que esta muchacha sabe más de lo que dijo, aunque indudablemente fue presionada por el temor de represalias, pero una vez arreglada su declaración, ya se declaró en paz con quienes la atenazaban (sic). Para lograrlo se refugió en un fácil artilugio: que había entrado en un grave estado de confusión. De ahí no quiso salir y tampoco correspondía a ninguna autoridad sacarla.

¿Qué campea, entonces, entre los folios de esta investigación? La incertidumbre, la duda, que no funge de buena consejera y mucho menos es convidada a definir sobre la culpabilidad o inculpabilidad (…)

Resolución (…)

No es dable predicar la prueba absoluta de que los tres indiciados no hayan perpetrado los hechos punibles, más la tesis contraria tampoco está probada, vale decir, que sí lo cometieron, por lo que la carencia de medios que apoyen una u otra postura, se resuelve en la duda y esta opera a su favor. En suma, procesalmente ha de inferirse que los incriminados no incurrieron en las transgresiones y debe seguirse la preclusión de la investigación. Esto no obsta para que se prosiga en investigación previa la búsqueda de los inculpados”.

4.3.7. La resolución de preclusión fue notificada por estado de 19 de julio de 2001 (fl. 374, c. ppal.) y, comoquiera que no que impugnada, se remitió para su consulta ante el superior el 25 del mismo mes y año (fl. 376, c. ppal.). Decisión que quedó en firme, según lo hizo constar la Unidad de Fiscalías Delegadas ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Cúcuta (Norte de Santander) que señaló que se allegó al plenario copia auténtica de “la resolución que calificó el mérito del sumario de fecha 13 de julio del año 2001, así como su ejecutoria (…)”, sin que se especifique la fecha en que la decisión adquirió firmeza (fls. 346 y 347, c. ppal.).

4.3.8. Durante el periodo probatorio en el presente proceso, los señores Ruth Maritza Núñez Jaimes(7) y Cruz Lenin Blanco Barrientos rindieron testimonio:

4.3.8.1. La señora Núñez Jaimes reiteró los hechos declarados ante la Fiscalía General de la Nación en el proceso penal y añadió (fls. 157 a 160, c. ppal.):

“PREGUNTADO: Manifieste al despacho como hizo para presentarse a la SIJIN a rendir el primer testimonio dentro de la investigación adelantada por los hechos relacionados. CONTESTÓ: A mi casa llegaron unos hombres de la SIJIN llegaron con el nombre completo y apellidos míos, no se quien se los daría, me sacaron en un carro y me llevaron a la esquina a declarar, me mostraron una hilera de personas, yo al que señalé fue a Omar que era quien estaba borracho, yo no lo vi disparando. PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho si alguno de los agentes ahí presentes le insinuó o señaló a alguna de las personas que estaban formadas en fila para que fuera reconocida? CONTESTÓ: Sí, me lo señalaron y me lo mostraron, me dijeron como estaba vestido y todo, me señalaron a un hombre flaco, me lo señaló uno de los que estaba de civil. Abrieron un poquito la cortina y me lo mostraron, ellos no dieron nombres, estaban todos de civil ahí no había NINGUNO uniformado (…) PREGUNTADO: De acuerdo con sus respuestas dadas, porqué se atrevió a señalar a alguien respecto del cual no le constaba que hubiera participado en ese homicidio? CONTESTÓ: Todo lo que hubo fue una gran confusión y debido a ese temor que estuviera acusando a alguien que era inocente, fui a donde un sacerdote quien me recomendó que fuera y testificara para que no juzgaran a un inocente, porque no quería que juzgaran y condenaran a alguien inocente. PREGUNTADO: Estuvo presionada o tuvo miedo a represalias por las declaraciones rendidas dentro del proceso al que se ha hecho referencia? CONTESTÓ: Nunca he estado amenazada ni presionada sino que no quiero llevar un cargo de conciencia juzgando a alguien que no tiene nada que ver”. Se concede el uso de la palabra al procurador, quien interroga: PREGUNTADO: Sírvase decirnos si la persona que usted reconoció en la diligencia llevada a cabo en la SIJIN, es el mismo Orlando Vargas Beltrán, a quien usted había visto anteriormente a la muerte del policía. CONTESTÓ: Yo nunca lo señalé a él ni nunca lo vi en ese negocio, al que dije que estaba con esas personas fue a Omar, ni conozco ni distingo a Orlando, nunca lo vi involucrado con la muerte de Heredia. A Orlando lo involucran con la muerte del policía. Yo nunca lo vi ahí (…)”.

4.3.8.2. Por su parte, el señor Cruz Lenin Blanco Barrientos señaló en su declaración(8) (fls. 161 a 163, c. ppal.):

“(…) CONTESTÓ: Conocí al señor Orlando Vargas Beltrán por medio de mi hermano porque él tiene un almacencito de ropa infantil, desde 1998 porque yo trabajaba con él, él le traía los vestidos. Nosotros llegamos el 26 de diciembre de 1999 a los chamos, un establecimiento donde se toma cerveza, queda en la calle 0 con avenida 12 y 13 comuneros, estábamos ahí tomando cuando llegaron a hacer una requisa al señor Orlando iba pasando y lo llamaron para la requisa y nos requisaron y nos montaron a la camioneta y al señor lo montaron boca abajo, de ahí nos trasladaron para la estación 100, a nosotros cuatro nos esposaron y a él lo apartaron, lo amarraron a una ventana más o menos unos tres o cuatro metros de donde estábamos nosotros y esa noche nos tuvieron ahí hasta el otro día, nosotros firmamos un libro y salimos y a él lo dejaron ahí, después fue que supe, que estuve hablando con mi hermano y me dijo que lo habían trasladado para la modelo porque le echaron la culpa de la muerte del policía. Él se quedó detenido en la estación cien, después fue que me dijo mi hermano que lo habían trasladado para la modelo, no fui a visitarlo, no tengo nada más que decir (…) PREGUNTADO: Aclare al despacho a qué actividad económica específica se dedicaba el señor Orlando Vargas Beltrán para la época de los hechos relatados por usted y si sabe o le consta a cuanto ascendían sus ingresos mensuales? CONTESTÓ: No, de eso no tengo idea, sé que confeccionaba ropa infantil pero no más. PREGUNTADO: Desea agregar, aclarar o modificar algo de lo que se ha declarado? CONTESTÓ: No, que a él lo agarraron ahí con nosotros, él iba pasando cuando lo agarraron”.

4.3.9. Reposa a folio 12 del cuaderno principal, el certificado de matrícula de persona natural expedido por la Cámara de Comercio de Cúcuta en el que consta que el señor Orlando Vargas Beltrán está registrado como comerciante a partir del 27 de enero de 1999 y que su actividad es “Fabricación de ropa para niña”, la que desempeña como propietario del establecimiento de comercio “Confecciones Oraly”, la cual contaba con renovaciones hasta el año 2001.

4.3.10. Así mismo, fue allegada al plenario un documento privado suscrito por el contador Pedro Alfonso Villamil titulado “Relación de clientes que dejaron de comprar mercancía al señor Orlando Vargas Beltrán del 26 de diciembre de 1999 a 31 de octubre de 2000” (fls. 83-84, c. ppal.) y un estado de ganancias y pérdidas para el mismo periodo (fl. 87, c. ppal.).

4.3.11. Igualmente, fue aportada al plenario una constancia proferida por la abogada Martha Liseth Galvis Jurado en que esta hace constar que el señor Orlando Vargas Beltrán le pagó la suma de treinta millones de pesos por concepto de honorarios profesionales por su defensa en el proceso penal (fl. 85, c. ppal.).

4. Juicio de responsabilidad.

5.1. El régimen de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.

El fundamento legal de la responsabilidad a cargo del Estado por daños causados por la privación injusta de la libertad era el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, que establecía:

ART. 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave –se destaca–.

En interpretación de dicho artículo, la jurisprudencia de la Sala de manera reiterada ha considerado que conforme al artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente cuando (i) el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió o (iii) la conducta no constituía conducta punible tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta. Ha dicho la Sala:

“(…) quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente [18]17, con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta.

En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado, el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquél”(9).

En este mismo sentido, en la Sección no ha habido resistencia para concebir la procedencia de la responsabilidad estatal en los casos antes referidos, inclusive, en vigencia de la Ley 270 de 1996 como acaece en el caso concreto, pero no como aplicación ultractiva del referido Decreto 2700 de 1991, sino de los supuestos previstos en él, los cuales, en todo caso, sólo son desarrollos del artículo 90 de la Constitución Política de 1991(10). En efecto, dado que en el caso concreto, la investigación, y la preclusión acaecieron en vigencia de la Ley 270 de 1996, es preciso indicar que, las normas aplicables para dirimir el asunto bajo comento son el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 precitado y el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, que establece que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.

Al revisar el proyecto de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, la Corte Constitucional en Sentencia C-037 de 1996, condicionó la declaratoria de exequibilidad del que sería el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en estos términos:

“Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, nirazonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención.

“En virtud de lo anterior, y a propósito de lo explicado en torno al artículo 66 del presente proyecto, debe entenderse que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente y el procedimiento a seguir respecto de la responsabilidad proveniente del error judicial en que incurran las demás autoridades judiciales.

“Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible” –se destaca–.

Sin embargo, la Sala ha considerado que el artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia no puede recortar el alcance del artículo 90 de la Constitución, que no limita la responsabilidad patrimonial del Estado sólo a los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos del Estado hubiera sido “abiertamente arbitraria”, sino que la extiende a todos “los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas” y en consecuencia, también mantienen su vigencia para comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado, todas aquellas hipótesis de responsabilidad que fueron previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, vigente para la época de los hechos(11).

Esto porque la responsabilidad patrimonial del Estado tiene su fuente en el artículo 90 de la Constitución, norma que consagra el derecho a la reparación de los perjuicios causados por las actuaciones de las autoridades públicas, cuando tales daños sean antijurídicos(12), es decir, cuando los afectados no estén en el deber jurídico de soportar esos daños y quien sufre una privación de su libertad por una conducta que no era merecedora de ningún reproche penal sufre un daño antijurídico.

Así las cosas, en el caso bajo examen, el fundamento normativo de la decisión reparatoria radica en el artículo 90 de la Constitución.

Igualmente, la Sala entiende que aunque la medida se haya impuesto con fundamento en uno o más indicios graves de responsabilidad, si la actividad probatoria no da lugar a desvirtuar la presunción de inocencia, no se estaría ante una duda razonable, sino más exactamente ante falta de prueba del hecho, de la conducta o de su punibilidad(13).

Es que la privación de la libertad demanda una investigación eficiente, proclive a respetar el derecho constitucional fundamental del sindicado, por lo que si el Estado no obstante la inocencia, privó al sindicado de su libertad, debe responder por los perjuicios ocasionados.

Cabe además señalar que independientemente de las razones que se consignen en la providencia para justificar la decisión, ya sea con fundamento expreso en alguno de los eventos precitados o del in dubio pro reo, se habrá de contrastar dicha providencia con las conclusiones a las que, tras la lectura atenta del expediente, se desprendan. Es decir, corresponde verificar si la decisión absolutoria que se apoya en un in dubio pro reo, realmente constituye un daño antijurídico, o, en caso de ajustarse al derecho en mención, a cuál de las modalidades descritas efectivamente obedece.

Como puede observarse, dentro de la regla general consolidada jurisprudencialmente, la responsabilidad de la administración por la privación injusta de la libertad ha sido desarrollada de tal manera que, a menos que opere la culpa grave o dolo de la víctima, la protección del derecho fundamental a la libertad deberá imponerse. En efecto, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 estipula que se entenderá probada la culpa de la víctima cuando ésta haya actuado “con culpa grave o dolo”, en el mismo sentido consagrado en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal que establece que quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios siempre y cuando la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

Desde esta perspectiva, es relevante recordar que la Sala ha determinado que cuando se trata de acciones de responsabilidad patrimonial, el dolo o culpa grave que allí se considera, se rige por los criterios establecidos en el artículo 63 del Código Civil. Así, en decisión de 18 de febrero de 2010 dijo la Sala(14):

“Culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible. Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico. De la norma que antecede [artículo 63 del Código Civil] se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo” –se destaca–.

De igual modo, la jurisprudencia del Consejo de Estado(15) ha estudiado los conceptos de culpa grave y dolo al analizar los elementos de fondo de la acción de repetición(16) y la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el tema al resolver diversos cargos de inconstitucionalidad contra los artículos 77(17) y 78(18) del C.C.A., y de la Ley 678 de 2001(19). Así señaló que,

“(…) para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Agregó que es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como son los de buena y mala fe, que están contenidos en la Constitución Política(20) y en la ley a propósito de algunas instituciones, como por ejemplo contratos, bienes y familia”.

Esta tesis ha sido aplicada por la Sección Tercera del Consejo de Estado frente a casos en los que personas que han sido privadas de la libertad por orden judicial y posteriormente absueltas, han contribuido con su actuación en la producción del daño, dando lugar a la configuración de una causal de exoneración en virtud del hecho exclusivo y determinante de la víctima(21).

5.2. El caso sub lite.

De los hechos probados, relacionados ut supra, se tiene que el señor Orlando Vargas Beltrán fue detenido en virtud a orden de captura proferida en su contra el 27 de diciembre de 1999 dentro de la instrucción sumarial adelantada por la muerte del agente policial Juan Anselmo Heredia Contreras, materializada desde el día 26 anterior, tal como se relata en los antecedentes de la decisión preclusoria. Detención que perduró hasta el día 31 de octubre de 2000, en virtud de resolución que revocó la medida de aseguramiento de detención preventiva y la reemplazó por libertad condicionada de manera inmediata –Cfr. Párr. 4.3.5 y 4.3.6 Supra–. Esto es, estuvo privado de la libertad por un término de 309 días (10,13 meses).

Si bien, no fue aportada la certificación de detención solicitada oficiosamente por la Sala al Instituto Nacional Penitenciario –ver. acápite 7, antecedentes–, tampoco arrimadas al plenario las boletas de captura y salida del establecimiento carcelario, se considera suficientemente probada la detención con las piezas procesales aportadas, específicamente si se advierte que en los antecedentes de la resolución de 13 de julio de julio de 2001 relata el instructor lo relativo a la captura del señor Vargas Beltrán por cuenta de la Unidad Criminalística Seccional de Policía Judicial y la posterior orden de captura, proferida al día siguiente por el Fiscal en turno de la URI de Cúcuta, así como la prolongación de la misma hasta el 31 de octubre de 2000, cuando se ordenó su libertad inmediata, de conformidad con las previsiones del artículo 198 del Código Penal vigente para la fecha de los acontecimientos(22). En este punto vale la pena recordar que la ley aplicable a los juicios administrativos no establece tarifa legal, esto es, la aportación de determinados medios probatorios sino en casos limitados. La regla general en materia probatoria es la libertad de los medios probatorios que lleven al libre convencimiento de los hechos al juzgador.

En ese orden, señala la providencia precitada que, según informe de policía judicial contenido en el Oficio 1577 de 27 de diciembre de 1999 “el día de ayer –diciembre 26– recibieron una llamada anónima que decía que en el mismo establecimiento “Los Chamos” se encontraba una persona vestida de determinada forma que había participado en el asesinato. Se trasladaron los agentes allí y encontraron a Orlando Vargas Beltrán, sobre el cual, analizadas las características físicas, de acuerdo a las indicaciones de ésta, correspondía a uno de los hombres descritos por ella. Concluye el oficio con la aseveración de que, merced a las diligencias que ellos verificaron Omar Ramírez Rivera y Orlando Vargas Beltrán son dos de los sujetos que intervinieron en el crimen”. Lo que concuerda con lo declarado en sede penal por la señora Mayerli Rico Ramos, trabajadora del establecimiento comercial “Los Chamos”, quien indicó que el señor Vargas Beltrán fue “detenido al día siguiente de la tragedia” y por la señora María Alicia Vargas Ramírez, quien se identifica como compañera permanente del encartado penal, quien a su vez señaló que la captura acaeció el día 26 de diciembre cuando el señor Vargas salió a hacer compras en bicicleta y que, siendo las 6:30 p.m., le fue informada la captura por una llamada telefónica que le realizaron desde el mencionado local comercial.

Así mismo, se probó que el demandante no tenía que soportar la pérdida de su libertad, comoquiera que, la investigación adelantada en su contra por la presunta comisión de los delitos de homicidio en el agente de la Policía Nacional Juan Anselmo Heredia Contreras, tentativa de homicidio respecto del agente de la Policía Nacional Óscar Manuel Álvarez Téllez, hurto calificado en bien de propiedad privada, hurto agravado en bien destinado a la seguridad y defensa nacional y daño en bien de uso público terminó con preclusión proferida por la Fiscalía Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados, en resolución de 13 de julio de 2001 que concluyó que “no es dable predicar la prueba absoluta de que los tres indiciados no hayan perpetrado los hechos punibles, más la tesis contraria tampoco está probada, vale decir, que sí lo cometieron, por lo que la carencia de medios que apoyen una u otra postura, se resuelve en la duda y esta opera a su favor. En suma, procesalmente ha de inferirse que los incriminados no incurrieron en las transgresiones y debe seguirse la preclusión de la investigación” –Cfr. Párr. 4.3.6.2 Supra–. Decisión que quedó en firme como lo certificó el mismo ente acusador –Cfr. párr. 4.3.7. Supra–.

En otras palabras, la preclusión tuvo como fundamento que no se probó que el señor Orlando Vargas Beltrán hubiera cometido la conducta punible por la que fue investigado, de donde la privación de la libertad impuesta deviene injusta, comoquiera que no estaba en la obligación jurídica de soportarla, en tanto se mantuvo incólume su presunción de inocencia ante la falta de prueba incriminatoria en su contra, por lo que la Sala desestimará en lo pertinente los argumentos invocados por la parte demandada. En este punto, vale la pena precisar que de la lectura detenida de la resolución preclusoria se desprende, no la oposición de teorías del caso que pudieran conducir a una verdadera duda razonable, sino una ausencia de material probatorio suficiente que conduzca a establecer la responsabilidad del encartado penal.

Es que, si bien, no puede desconocerse (i) que la joven Ruth Maritza Núñez Jaimes en un primer momento describió a uno de los agresores como un hombre “[d]elgado, de 1,65 metros de estatura, trigueño, con bigote, cabello ondulado y semilargo, vestido de franela blanca y pantalón jean” (sic), (ii) que en llamada anónima registrada por la Unidad Criminalística Seccional de Policía Judicial se señaló que uno de los responsables de los delitos investigados se encontraba en el establecimiento “Los Chamos” el 26 de diciembre de 1999 cuando justamente se encontraba en el lugar el señor Orlando Vargas Beltrán y (iii) que en posterior reconocimiento en fila, la testigo Ruth Maritza Núñez reconoció al señor Orlando Vargas Beltrán como uno de los individuos a los que alude su declaración, no es menos cierto que el material probatorio resultaba insuficiente para incriminar al detenido, tal como lo deja en claro el ente acusador cuando cuestiona la resolución de apertura de instrucción sumarial en la que el jefe de la Unidad de Vida, URI y Únase señala como plenamente establecida la identidad de los agresores como Omar Ramírez Rivera y Orlando Vargas Beltrán, y se pregunta “¿de dónde salieron esos nombres? ¿Qué pruebas había a esa hora contra ellos?”, para concluir que la Policía Judicial, probablemente motivada por la solidaridad de cuerpo ante el homicidio de un agente de la institución, adelantó las pesquisas con “marcada imprevisión, [guiada por] el pálpito, la sospecha y, de otro lado, por el desorden y de alguna manera, por un sutil ánimo revanchista”. Concluyó entonces el ente acusador que no se daban elementos suficientes para acusar al señor Vargas Beltrán comoquiera que “[c]iertamente la Policía festinó la investigación, metió la mano para confundirla y llevarla a este término estéril que hoy debemos señalar” –Cfr. Párr. 4.3.6.1. Supra–.

En adición, no se advierte en el caso concreto culpa grave o dolo de la víctima en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y 414 del Decreto 2700 de 1991, en concordancia con lo señalado en el artículo 63 del Código Civil, que define la culpa grave como la consistente “en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios y el dolo como “la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”, dado que, como se estableció durante la investigación, no obra prueba alguna seria, clara y precisa que dé cuenta de la comisión de los graves delitos investigados por parte del señor Orlando Vargas Beltrán.

Por el contrario, encontró el juez penal que la principal testigo de los hechos, Ruth Maritza Jaimes Núñez, aunque inicialmente realizó una descripción bastante detallada del grupo de seis individuos que presuntamente cometió los punibles investigados –Cfr. Párr. 4.3.6.1. Supra–, y que, al día siguiente de la captura del señor Orlando Vargas Beltrán, lo reconoció en diligencia adelantada ante los agentes de policía judicial como uno de los infractores de la ley penal en el asunto sub lite, posteriormente se retractó de su dicho y afirmó que no estaba segura que el hombre al que reconoció como agresor efectivamente lo fuera, aunado lo anterior a la señalada presión ejercida por el cuerpo policial para que incriminara al detenido, al punto que, aseveró, que agentes de la Sijin le señalaron al sospechoso previamente a la diligencia, en flagrante desconocimiento de las ritualidades procesales establecidas para garantizar los derechos del encartado penal –Cfr. Párr. 4.3.4.2.2 supra–.

Al respecto, la declarante señaló que “[e]l Policía ese me dijo, no el compañero de Heredia, me dijo que iba a salir con franela blanca el que yo iba a identificar y que me lo iba a mostrar para que me acordara de la cara de él, yo esto no lo había dicho antes porque los policías me dijeron que no dijera que ellos me lo habían mostrado antes, que era la primera vez que yo iba a identificar y que no dijera que ellos me lo habían mostrado antes en la parte de debajo de la oficina. Cuando el Fiscal me preguntó que si a mí me lo habían mostrado antes yo dije que no porque les había dicho a los policías que yo no los iba a hacer quedar mal”. Hechos que reiteró en la declaración rendida ante el a quo, cuando afirmó que “[t]odo lo que hubo fue una gran confusión y debido a ese temor que estuviera acusando a alguien que era inocente, fui a donde un sacerdote quien me recomendó que fuera y testificara para que no juzgaran a un inocente, porque no quería que juzgaran y condenaran a alguien inocente (sic)” –Cfr. Párr. 4.3.8.1 supra–.

Última versión coincidente con la deponencia de su padre, José Antonio Núñez Villamizar, quien en declaración juramentada señaló que su hija “no estaba totalmente segura, que Orlando hubiera sido uno de los agresores del agente de la policía”, al tiempo que intercedió por él y solicitó al ente acusador la preclusión de la investigación, como quiera que “a este joven siempre lo conocí como una persona trabajadora en sastrería y de piedad, puesto que los domingos yo lo veía en la eucaristía dominical” –Cfr. Párr. 4.3.4.2.1 supra–.

Corolario de lo anterior es que, como lo señaló la Fiscalía Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados, de la investigación se desprende, sino el indebido interés, al menos la premura y falta de rigurosidad con que la Unidad Criminalística Seccional de Policía Judicial de Cúcuta llevó a cabo la diligencia de reconocimiento que terminó sirviendo como principal soporte de la resolución de 3 de enero de 2000, por medio de la cual, la Fiscalía Segunda de la Unidad de Vida de Cúcuta (Norte de Santander) resolvió la situación jurídica de los señores Omar Ramírez Rivera y Orlando Vargas Beltrán con la imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva por su presunta participación en calidad de coautores responsables de los delitos de “homicidio agravado respecto del agente de la Policía Nacional Juan Anselmo Heredia Contreras, en concurso real y efectivo con el delito de disparo de arma de fuego contra vehículo y de porte ilegal de armas y municiones en perjuicio de la seguridad pública y de hurto calificado y agravado consumado en perjuicio del patrimonio de la Policía Nacional, Juan Anselmo Heredia Contreras y Héctor Quintero Ordóñez y hurto calificado y agravado en calidad de tentativa respecto de los bienes del señor Raúl Pérez Contreras” y que por los mismos motivos fue confirmada el 14 de febrero siguiente por la Unidad Primera de Fiscalía Delegada ante el Tribunal del Distrito, que de manera expresa consideró que “[e]n resumen, se tiene que contra Orlando Vargas Beltrán, existe testimonio creíble que lo señala como partícipe de los hechos que compromete su responsabilidad, razón por la cual se le confirmará la medida detentiva” –Cfr. Párr. 4.3.3 supra–.

Frente al cambio de versión de la principal testigo de los hechos, la Fiscalía cuestionó si habían existido amenazas que hubieran determinado su actuación y, aunque rondan en la investigación algunos indicios de su ocurrencia, especialmente el informe del 8 de febrero de 2000 rendido por el investigador judicial José Abel Gómez Montoya, quien dejó constancia de que “la madre [de Ruth Maritza], doña Ana Jaimes, le informó que en vista de las constantes amenazas de que venía siendo objeto su hija, se vio en la necesidad de enviarla para la ciudad de Bogotá por determinado tiempo, ya que después de los hechos empezó a recibir llamadas telefónicas en donde le advertían que se cuidara por “sapa””, lo cierto es que tanto la joven declarante como sus padres al ser cuestionados por la Fiscalía sobre la situación, negaron que hubieran sido objeto de intimidación, al tiempo que afirmaron que el viaje de Ruth Maritza estaba determinado por motivaciones personales, específicamente, la ruptura de su relación de pareja. Versión que reiteró esta última en la diligencia rendida posteriormente ante esta jurisdicción.

Ahora bien, las dudas manifestadas por la declarante Ruth Maritza Núñez respecto de la identidad del infractor de la ley penal, resultan apoyadas con lo señalado por la señora Ana de Jesús Jaimes, quien señaló que se acompañaba de su hija Ruth Maritza Núñez al momento de los hechos y que, una vez escucharon los primeros disparos, ingresaron a su casa de habitación “[d]e modo que no supimos quien había sido, escuchamos los tiros y como estaba oscurito, nos fuimos pa’ dentro (sic) de las rejas” –Cfr. Párr. 4.3.4.2.3 supra–. En el mismo sentido, en la inspección judicial realizada el 2 de octubre de 2000, frente a la visibilidad con la que contaba la testigo respecto del lugar de los hechos, señaló que “deduciéndose que en el sitio donde estaba ubicada ésta y virando hacia la esquina en donde se coloque a una persona que no se conozca de antemano no es posible reconocerla ni describirla, pero como lo ilustra la testigo si esa persona ha sido vista antes es posible reconocerla (…)”. Frente este último asunto, en declaración rendida en sede contenciosa, la señora Núñez Jaimes manifestó: “ni conozco ni distingo a ORLANDO, nunca lo vi involucrado con la muerte de HEREDIA. A Orlando lo involucran con la muerte del policía. Yo nunca lo vi ahí” –Cfr. Párr. 4.3.8.1. Supra–. En ese orden, si la declarante no conocía al capturado, difícilmente habría logrado identificarlo como lo estableció la inspección judicial. Mucho más en las condiciones de oscuridad relatadas por su madre y la confusión generada por el cruce de disparos que llevó, de inmediato, a las dos mujeres a buscar refugio en su domicilio. Situación que sin duda alguna, refuerza la duda manifestada por el ente instructor a la hora de dar crédito a los señalamientos realizados inicialmente por la testigo.

Aunado a lo anterior, se resalta que las declaraciones rendidas por las señoras Mayerli Rico Ramos y Ana Elisa Higuera Mora, son contestes en señalar que para el 25 de diciembre de 1999 a la hora en que aconteció el homicidio del agente Higuera, el señor Vargas Beltrán se ubicaba en su casa de habitación o, al menos, no se encontraba en el establecimiento comercial “Los Chamos” y que sólo salió en la tarde del 26 del mismo mes y año, cuando fue capturado en el mismo establecimiento de comercio –ver. Párr. 4.3.6.1 supra–. En ese En ese orden, (i) lo que se desprende del análisis del plenario, como lo señaló el ente investigador, es la ausencia de pruebas incriminatorias serias y concluyentes en contra del encartado penal, al tiempo que, como lo reconoció en la resolución preclusoria (ii) no existen más que indicios de la ocurrencia de las intimidaciones a la principal testigo de los hechos, Ruth Maritza Núñez Jaimes, que además son posteriormente negadas por esta, de donde nada puede reprocharse al señor Orlando Vargas Beltrán comoquiera que no obra prueba alguna en el proceso penal que permita imputarle una actuación dolosa tendiente a obstruir el obrar judicial por sí mismo o por interpuesta persona y que, en consecuencia, llevara a establecer la exoneración de la administración en seguimiento de lo dispuesto por el artículo 14.6 del pacto de Derechos Civiles y Políticos(23).

Por lo anterior, la Sala revocará la decisión de primera instancia en el sentido de condenar solidariamente a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Nación - Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados al señor Orlando Vargas Beltrán con su privación injusta de la libertad. En relación con la primera entidad, considera la Sala suficientemente acreditadas las circunstancias que permiten imputarle el daño, pues, como se ha señalado, en lo de su competencia advirtió la Fiscalía que actuó con “imprevisión, [guiada por] el pálpito, la sospecha y, de otro lado, por el desorden y de alguna manera, por un sutil ánimo revanchista”, y ello resultó determinante en la captura y posterior imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario del señor Vargas Beltrán. En cuanto a la Fiscalía General, como directora de la investigación, le corresponde asumir los perjuicios que con la privación de la libertad se hayan causado injustamente.

En ese orden, la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, asumirá el pago de los perjuicios acreditados en un 40% y la Nación - Fiscalía General de la Nación lo hará en un 60%. Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las entidades demandadas pagará el monto total de la condena y, posteriormente, podrá repetir contra la otra para que, de conformidad con lo expuesto en este punto, le reembolse la suma que en derecho corresponde.

Así las cosas, la Sala procederá a liquidar los perjuicios debidamente acreditados en el expediente.

5. Los perjuicios a indemnizar.

5.1. Perjuicios morales.

De los hechos probados en el plenario, se tiene que el señor Orlando Vargas Beltrán estuvo privado de la libertad –injustamente según se estableció ut supra por un lapso de por un lapso de 309 días (10,13 meses).

Así las cosas, se tiene que la parte actora solicitó el reconocimiento de perjuicios morales causados al demandante por el monto equivalente a 1000 gramos de oro fino.

En este orden de ideas, es menester señalar, como primera medida, que para la cuantificación del pretium doloris con el cual se pretende compensar el dolor padecido por el actor durante el tiempo en que se encontró detenido, no se acudirá a los gramos oro como se solicitó en la demanda, sino a salarios mínimos mensuales legales como se viene sosteniendo por esta corporación, a partir de la sentencia del 6 de septiembre de 2001, proferida dentro de los procesos acumulados Nº 13.232 y 15.646.

En relación con la acreditación del dolor moral padecido por el detenido y de la cuantía del perjuicio, con ocasión de la restricción injusta de la libertad a la que fue sometido, si bien la jurisprudencia contenciosa administrativa ha señalado unos parámetros que operan como criterios orientadores para liquidar las condenas por daños morales, los mismos pueden variar –ser incrementados o disminuidos– según el caso concreto, en razón de la magnitud e implicaciones del padecimiento(24). En efecto, las pautas jurisprudenciales en la materia constituyen una guía, ante la dificultad de fijar reglas para gobernar una valoración que no las admite y precisamente por ello, si el caso concreto lo amerita, el juez se deberá apartar y condenar por montos superiores a los tradicionalmente empleados. En todo caso, es claro que, por aplicación de las máximas de la experiencia, puede inferirse, razonablemente, que todo aquel que se encuentra injustamente vinculado a un proceso penal en el que le es impuesta medida de aseguramiento privativa de la libertad, padeció una afección de orden moral por la detención sufrida que debe ser indemnizada.

Ahora bien, según pronunciamiento de la Sala(25), reiterado en sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014(26), se aplicará la guía elaborada por la misma para la tasación del perjuicio moral de la víctima directa privada de la libertad en establecimiento carcelario, sin que se adviertan circunstancias particulares que ameriten apartarse de las reglas generales, así:

 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero(a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidadParientes en el 2º de consanguinidadParientes en el 3º de consanguinidadParientes en el 4º de consanguinidad y afines hasta el 2ºTerceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del Porcentaje de la Víctima directa35% del Porcentaje de la Víctima directa25% del Porcentaje de la Víctima directa15% del Porcentaje de la Víctima directa
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Superior a 18 meses10050352515
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
Superior a 9 e inferior a 128040282012
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

En consecuencia, dado que la privación del derecho a la libertad del señor Orlando Vargas Beltrán se prolongó por 10,13 meses, esto es, por un lapso superior a 9 e inferior a 12 meses, lo procedente es otorgarle la suma de 70SMLMV a modo de indemnización del perjuicio moral.

5.2. Perjuicios materiales.

El actor solicitó el valor de los perjuicios materiales en sus modalidades de daño emergente y lucro cesante que se encontraran probados en el expediente.

5.2.1. Lucro cesante.

En relación con el perjuicio patrimonial derivado de la privación de la libertad, en la modalidad de lucro cesante, el señor Orlando Vargas Beltrán, se documentó en el expediente el desempeño de la labor de comerciante, como propietario del establecimiento comercial “Confecciones Oraly”, destinado a la “Fabricación de ropa para niña”, el cual, como se entiende, no pudo ser atendido por su propietario durante el tiempo que estuvo detenido.

Empero, desconoce la Sala a cuanto ascendían los ingresos del señor Vargas, pues, aunque se arrimó al plenario un documento privado suscrito por el contador Pedro Alfonso Villamil titulado “Relación de clientes que dejaron de comprar mercancía al señor Orlando Vargas Beltrán del 26 de diciembre de 1999 a 31 de octubre de 2000” y un estado de ganancias y pérdidas para el mismo periodo, lo cierto es que la prueba no lleva al convencimiento de su veracidad a la Sala, por cuanto no cuenta con soportes contables y financieros como declaraciones de renta o contabilidad que así sustenten lo certificado por el suscribiente. Tampoco conduce el documento precitado a establecer el monto dejado de percibir, no por el establecimiento de comercio, sino personalmente por el encartado penal.

Sin embargo, no cabe duda de que el señor Vargas Beltrán ejercía una actividad productiva en calidad de trabajador independiente, como lo demuestra la aportación del registro mercantil que así lo acredita, al tiempo que a lo largo del proceso los intervinientes señalan su dedicación al oficio de la sastrería. Toda vez que no hay certeza de los ingresos devengados en el ejercicio de dicha actividad económica por parte del señor Vargas Beltrán, pero sí conocimiento de que desempeñaba una actividad económica, se liquidará el perjuicio con fundamento en el salario mínimo mensual vigente aumentado en un 25% por concepto de prestaciones sociales por el tiempo de la privación de la libertad, esto es, un periodo de 10,13 meses(27), por lo cual la renta actualizada asciende a $922.146,25(28), así:

S= Ra (1 + i)n - 1

i

Para aplicar se tiene:

S = Suma a obtener.

Ra = Renta actualizada, es decir $922.146,25, equivalente al salario mínimo mensual para el año 2017 con adición de un 25% correspondiente a prestaciones sociales.

I = Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.

N = Número de meses a indemnizar, esto es 10,13.

S = $922.146,25 (1 + 0,004867)10,13 – 1 = $9.551.647,39

0,004867

Del cálculo efectuado se tiene entonces que el lucro cesante sufrido por el señor Orlando Vargas Beltrán, a título de lucro cesante, asciende a nueve millones quinientos cincuenta y un mil seiscientos cuarenta y siete pesos con treinta y nueve centavos ($9 551 647,39).

5.2.2. Daño emergente.

La parte actora allegó con la demanda, a título de daño emergente, el valor pagado por honorarios de abogado para la defensa dentro del proceso penal, una constancia proferida por la abogada Martha Liseth Galvis Jurado en que esta hace constar que el señor Orlando Vargas Beltrán le pagó la suma de treinta millones de pesos por concepto de honorarios profesionales –Cfr. Párr. 4.3.11 supra–.

Respecto de la primera pretensión, se tiene que efectivamente las copias allegadas del proceso penal demuestran que no fue asistido por defensor público, sino que, por el contrario, designó a la profesional del derecho Martha Liseth Galvis Jurado como su procuradora durante las etapas preinstructiva e instructiva. En ese orden, la misma se tendrá probada con la constancia aportada al plenario, y la copia de las actuaciones realizadas.

Empero, aunque no se desconoce que la tasación de los honorarios tiene relación con el prestigio del profesional, su preparación y la complejidad del asunto sometido a debate, dada la significativa diferencia entre el monto certificado y las tarifas de la Corporación Colegio Nacional de Abogados de Colombia - Conalbos como criterio orientador al que ha acudido la Sala anteriormente, en aras de la equidad, la Sala tomará como criterio para tasar el perjuicio las segundas. Así las cosas, el valor de la indemnización a reconocerse será el siguiente(29):

GestiónTarifa
Asistencia en indagatoria ante Fiscal Seccional3 SMLMV
Asistencia jurídica durante la etapa instructiva ante Fiscal Especializado20 SMLMV
Total23 SMLMV

En ese orden, se reconocerá a título de daño emergente para el señor Orlando Vargas Beltrán, la suma equivalente a 23 SMLMV para el momento del pago de la condena.

6. Costas.

No hay lugar a la imposición de costas, toda vez que de las actuaciones del proceso no se colige la existencia de temeridad o mala fe en los términos del artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia de 30 de noviembre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y en su lugar DECLARAR administrativa y extracontractualmente responsable solidariamente a la Nación - Fiscalía General y Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

2. CONDENAR solidariamente a la Nación - Fiscalía General y Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar por concepto de perjuicios morales la suma de 70 SMLMV al señor Orlando Vargas Beltrán, directamente afectado en el asunto sub lite.

(Sic) 4. CONDENAR solidariamente a la Nación - Fiscalía General y Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar por concepto de perjuicios materiales al señor Orlando Vargas Beltrán, las siguientes sumas de dinero.

— Por concepto de lucro cesante, la suma de nueve millones quinientos cincuenta y un mil seiscientos cuarenta y siete pesos con treinta y nueve centavos ($9 551 647,39).

— Por concepto de daño emergente, la suma equivalente a 23 SMLMV para el momento de la condena.

5. DISPONER que la entidad que pague el 100% de la condena a elección del demandante tenga derecho a repetir contra la otra en el monto que corresponda, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la sentencia.

6. DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y 37 del Decreto 359 de 1995. Las destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 En el precedente jurisprudencial es pacífica la premisa según la cual el término bienal de caducidad de la acción de reparación directa, previsto en el art. 136 del C.C.A., debe computarse desde “la ejecutoria de la providencia judicial que determina la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la decisión”. Para el caso concreto, aunque se desconoce la fecha en que la sentencia que absolvió de responsabilidad penal al señor Orlando Vargas Beltrán quedó ejecutoriada, comoquiera que se notificó por estado fijado y desfijado el 19 de julio de 2001 a las partes, sin que hubiera sido impugnada, se conoce que el proceso fue remitido a la Delegada Superior para consulta y, aunque se desconoce la fecha en que se adoptó la decisión, la Unidad de Fiscalías Delegadas ante los Jueces Penales del Circuito hizo constar el 23 de febrero de 2017 que la resolución que calificó el mérito del sumario del 13 de julio del año 2001 está en firme (fls. 347, c. ppal.). En ese orden, comoquiera que la demanda en el caso sub examine fue presentada el día 17 de mayo de 2003 y la decisión absolutoria que quedó ejecutoriada en sede de consulta fue notificada el 19 de julio de 2001, la Sala encuentra acreditado que no se había cumplido el término de dos años de caducidad de la acción consagrado en el artículo 136 del C.C.A., aun cuando no se haya certificado la fecha de ejecutoria, que en todo caso sería posterior a la que aquí se toma como hito temporal.

2 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera - Sala Plena, C. P. Enrique Gil Botero, 28 de agosto de 2013, Exp. 25022.

3 ARTÍCULO 185. “Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella”.

4 Al respecto, se precisó: “(…) se unifican en el sentido de que cuando la demandada es la Nación, y es una entidad del orden nacional quien recaudó los testimonios con plena observancia del debido proceso, entonces puede afirmarse que la persona contra la que pretenden hacerse valer dichas pruebas, por ser la misma, tuvo audiencia y contradicción sobre ellas. En este caso, se entiende que la Nación es la persona jurídica en cuya cabeza radican las garantías que se pretenden preservar con las previsiones del artículo 229 del Código de Procedimiento Civil y, por lo tanto, también es plausible afirmar que tales prerrogativas no se transgreden cuando se aprecia el testimonio trasladado en las condiciones aludidas”. Consejo de Estado, sentencia de septiembre 11 de 2013, rad. 20601, Sala Plena de la Sección Tercera, C. P. Danilo Rojas Betancourth.

5 Revisado el sistema de gestión judicial respecto del señor Omar Ramírez Rivera, no se halló proceso alguno de reparación directa iniciado por el mencionado señor ante esta corporación y que pudiera ser objeto de acumulación de procesos, conforme a lo normado por el artículo 157 del C.P.C.

6 Realizada la revisión del sistema interno de gestión judicial Siglo XXI, no se encontró demanda de reparación directa alguna interpuesta por el señor José Luís Parra Suárez, que curse ante esta corporación y, por ende, sea susceptible de acumulación de procesos en los términos del artículo 157 del C.P.C.

7 Declaración rendida ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el 4 de mayo de 2005.

8 Declaración rendida ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el 4 de mayo de 2005.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2011, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 24 de mayo de 2012, Exp. 23.174, M.P. Ruth Stella Correa.

11 Sentencia de 2 de mayo de 2007, Exp. 15.463. En el mismo sentido, sentencias de 23 de abril de 2008, Exp. 17.534 y de 25 de febrero de 2009, Exp. 25.508, entre otras.

12 Sobre el concepto de daño antijurídico, ha dicho la Sala: “A pesar de que el artículo 90 de la Constitución es claro en señalar que el Estado “responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables”, lo cierto es que en nuestro ordenamiento jurídico no existe definición normativa del concepto de daño antijurídico. Por ello, la jurisprudencia nacional, siguiendo algunos parámetros de la doctrina extranjera, dada la similitud de los artículos 106 de la Constitución Española y 90 de la Constitución Colombiana, ha definido el daño antijurídico como “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”; o también se ha entendido como el daño que se produce a una persona a pesar de que “el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de ‘causales de justificación”. Sentencia de 5 de diciembre de 2005, Exp. 12.158.

13 Sentencia de ésta misma Subsección, proferida el 6 de abril de 2011 dentro del Expediente 19.225, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B, sentencia de 18 de febrero de 2010, Exp. 17933, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, Exp. 37722, C. P. (E) Mauricio Fajardo Gómez.

16 [20] Al respecto pueden consultarse las sentencias que dictó la Sección Tercera: 25 de julio de 1994, Exp. 8483, C. P. Carlos Betancur Jaramillo; 21 de octubre de 1994, Exp. 9.618, C. P. Julio César Uribe Acosta; 12 de abril de 2002, Exp. 13.922, C. P. Germán Rodríguez Villamizar; 5 de diciembre de 2005, Exp. 23.218, C. P. María Elena Giraldo Gómez; y auto de 22 de mayo de 2003, Exp. 23.532, C. P. Ricardo Hoyos Duque.

17 [21] Sentencia C-100 que dictó la Corte Constitucional el 31 de enero de 2001, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.

18 [22] Corte Constitucional, Sentencia C-430 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

19 Corte Constitucional, sentencias C-484 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-455 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-423 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

20 [24] El artículo 83 Constitucional reza: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”.

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 2 de mayo de 2007; exp.15.463, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 30 de marzo de 2011, Exp. 19565, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Sección Tercera, Subsección “C”, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia de 13 de abril de 2011, Exp. 19889; Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 26 de febrero de 2014, Exp. 29.541, C. P. Enrique Gil Botero; Sección Tercera, sentencia de 13 de mayo de 2009; C.P. Ramiro Saavedra Becerra; exp.17.188; Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 11 de julio de 2013, Exp. 27.463, C. P. Enrique Gil Botero.

22 Decreto 2700 de 1991. ARTÍCULO 198. “Cumplimiento inmediato. Las providencias relativas a la libertad y detención y las que ordenan medidas preventivas, se cumplirán de inmediato. // Si se niega el subrogado de la condena de ejecución condicional, la captura sólo podrá ordenarse cuando se encuentre en firme la sentencia, salvo que durante el proceso se hubiere proferido medida de aseguramiento de detención sin excarcelación”.

23 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante Ley 74 de 1968 y en vigor en Colombia desde el 3 de enero de 1976. Artículo 14. (…) “6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido”.

24 Con relación al arbitrio judice en materia de la cuantía de los perjuicios morales, ver entre otras: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencias de febrero 13 de 2003, Exp. 12654, C. P. Alier Hernández y junio 24 de 2004, Exp. 14950, C. P. Ricardo Hoyos Duque.

25 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25.022, C. P.
Enrique Gil Botero.

26 Consejo de Estado, Sección Tercera - Sala Plena, C. P. Hernán Andrade Rincón (E). Sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 680012331000200202548 01 (36.149).

27 Para el caso concreto, como se trataba de un trabajador independiente, que podría reintegrarse de manera inmediata a su labor, la Sala no reconocerá el período adicional de 262,5 días (8,75 meses), que corresponden al tiempo que, en promedio, puede tardar una persona en edad económicamente activa para encontrar un nuevo empleo en Colombia, como lo ha considerado la Sala en oportunidades anteriores, con fundamento en la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

28 El Decreto 2209 de 2016, fijó el salario mínimo mensual para el año 2017 en $737,717.

29 Colegio Nacional de Abogados - Conalbos. Tarifa de honorarios profesionales para el ejercicio de la profesión de abogado adoptada por la Junta Directiva Nacional por Resolución 001 de enero de 2013.