SENTENCIA 2003-00294/47441 DE ABRIL 26 DE 2017

 

Sentencia 2003-00294 de abril 26 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente:

Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017).

Rad.: 2500-02-32-6000-2003-00294-01 (47.441)

Actor: Álvaro Gutiérrez Rueda y otros

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

Ref.: Acción de reparación directa

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES

Para resolver la segunda instancia de la presente litis, se abordarán los siguientes temas: 1) prelación del fallo en casos de privación injusta de la libertad; 2) la competencia de la Sala: el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de los procesos que versen sobre error judicial , defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia y privación injusta de la libertad; 3) el valor probatorio de las copias simples; 4) el ejercicio oportuno de la acción; 5) los parámetros jurisprudenciales acerca de la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad; 6) el caso concreto: se demostró que el demandante estuvo privado de la libertad y que luego se benefició de la preclusión de la investigación; 7) la imputación: se declara responsable a la Fiscalía porque precluyó la instrucción, con fundamento en que no se demostró que el demandante cometió el delito por el que se lo investigó; 8) indemnización de perjuicios: a) daño emergente: se niega por falta de prueba, b) lucro cesante: se liquida con base en el salario mínimo legal, dado que no se demostró el monto de sus ingresos ni que era profesional, c) morales: se indemniza por resultar procedente , d) bienes constitucionales: se indemniza mediante medida de satisfacción, toda vez que hubo despliegue noticioso de la captura del demandante; 9) acerca del llamamiento en garantía: se niega porque no se demostró culpa grave o dolo en las actuaciones de la fiscal ; 1O) acerca de la condena en costas: no procede porque las partes no presentaron conductas temerarias.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho de la magistrada conductora del proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe solo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el objeto del debate dice relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en relación con lo cual ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009 , la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada .

2. Competencia.

De conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso(17).

Como en este caso se debate la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad que habría soportado un ciudadano, la Sala es competente para conocerlo en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió el 26 de abril de 2012.

3. Valor probatorio de los documentos que obran en copia simple.

En relación con el valor probatorio de las copias simples, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de unificación, introdujo una importante modificación jurisprudencial que permite considerar su contenido. Así se pronunció la corporación:

“Por consiguiente, desconoce de manera flagrante los principios de confianza y buena fe el hecho de que las partes luego del trámite del proceso invoquen como justificación para la negativa de las pretensiones de la demanda o para impedir que prospere una excepción, el hecho de que el fundamento fáctico que las soporta se encuentra en copia simple. Este escenario, de ser avalado por el juez, sería recompensar una actitud desleal que privilegia la incertidumbre sobre la búsqueda de la certeza procesal. De modo que, a partir del artículo 228 de la Constitución Política el contenido y alcance de las normas formales y procesales —necesarias en cualquier ordenamiento jurídico para la operatividad y eficacia de las disposiciones de índole sustantivo— es preciso efectuarse de consuno con los principios constitucionales en los que, sin hesitación, se privilegia la materialización del derecho sustancia/ sobre el procesal, es decir, un derecho justo que se acopla y entra en permanente interacción con la realidad a través de vasos comunicantes”.(18) 

En aplicación del precedente jurisprudencial en cita, se valorarán los documentos que se allegaron al proceso en copia simple, entre ellos la resolución de preclusión de la investigación a favor del demandante.

4. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

En tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad en virtud de una medida de aseguramiento de detención preventiva(19).

En el presente caso la demanda se originó en los perjuicios que habría sufrido el demandante, con ocasión de la privación de la libertad que soportó.

Reposa en el expediente la copia de la resolución que precluyó la investigación a favor del señor Álvaro Gutiérrez Rueda, fechado el 31 de enero de 2001(20). Sin embargo, no se cuenta con la constancia de su ejecutoria, razón por la cual será el día siguiente a su expedición el momento a partir del cual se contabilizará el término de caducidad.

La anterior forma de contabilizar la caducidad fue la misma que utilizó el Tribunal de primera instancia, por cuanto también concluyó que no obraba en el proceso la constancia de ejecutoria de la resolución de preclusión(21).

Con base en tal fecha, el término de caducidad empezó a correr el 1 de febrero de 2001 e iba hasta el 1 de febrero de 2003.

Dado que la demanda se presentó el 30 de enero de 2003, el ejercicio de la acción de reparación directa se adelantó en tiempo oportuno.

5. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Reiteración de jurisprudencia.

Acerca de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada estable y reiterada a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

De manera general, la jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor cuando en el proceso a que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta no constituía hecho punible, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función judicial en cuyo caso se deberá aplicar el régimen subjetivo de responsabilidad.

De igual forma, de conformidad con la posición mayoritaria reiterada y asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico, aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal de in dubio pro reo.

Por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación a cargo del Estado de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos —cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo—, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera en su contra la medida de detención preventiva(22).

Todo lo anterior se encuentra reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala Plena de la Sección Tercera, así: en primer lugar, en abril 6 de 2011, expediente 21.653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos consagrados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, y en la Ley 270 de 1996.

En segundo lugar, mediante sentencia fechada el 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, se precisó que además de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, y de la Ley 270 de 1996 también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de una persona cuando es absuelta por la aplicación del principio de in dubio pro reo.

Bajo esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

6. El caso concreto. Cuál fue la situación jurídica por la que atravesó el demandante.

Según una certificación expedida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —en adelante Inpec— el demandante permaneció detenido en la cárcel La Modelo de Bogotá entre el 7 de diciembre de 1999 y el 3 de febrero de 2001, por su posible responsabilidad en los delitos de rebelión y secuestro extorsivo, dentro de la investigación penal Nº 310(23).

De igual manera, el expediente cuenta con la copia de la Resolución fechada el 31 de enero de 2001, por medio de la cual se precluyó la investigación a favor del demandante y respecto de otra persona. Esta decisión lo exoneró de los delitos de rebelión y secuestro extorsivo, luego de que se lo sindicara de participar en el secuestro de un avión Fokker 50 de Avianca, el 12 de abril de 1999. Así mismo, ordenó su libertad inmediata. El encabezado de esta providencia identificó a la instrucción con el radicado número 310(24).

A pesar de que el expediente no cuenta con la copia de la providencia que impuso al demandante la medida de aseguramiento, lo cierto es que se puede concluir que la reclusión que soportó en la cárcel La Modelo de Bogotá —según la certificación expedida por el INPEC—, ocurrió como consecuencia de la investigación que precluyó mediante Resolución fechada el 31 de enero de 2001, identificada con el radicado número 310.

Ciertamente, los datos que ofrece la certificación del INPEC acerca de la investigación en virtud de la cual el demandante estuvo detenido en La Modelo coinciden con los que entregó la resolución fechada el 31 de enero de 2001. En ambos documentos se identificó la instrucción con el mismo número de radicado, así como los delitos de rebelión y secuestro extorsivo.

En definitiva, a partir de las pruebas documentales arriba mencionadas, se concluye que el señor Álvaro Gutiérrez Rueda estuvo privado de la libertad, en la cárcel La Modelo, entre el 7 de diciembre de 1999 y el 3 de febrero de 2001, por su posible participación en los mencionados hechos.

7. Reiteración de los argumentos expuestos por la Subsección B, de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro de la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2013.

Se debe informar que la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación ya se pronunció acerca de los mismos hechos que aquí se discuten. A través de sentencia calendada el 27 de septiembre de 2013 se declaró la responsabilidad del Estado como consecuencia de la privación injusta de la libertad que soportó otra de las personas que, supuestamente, participó del secuestro del avión Fokker 50 de Avianca, el 12 de abril de 1999(25).

Resulta importante mencionar que el demandante en ese otro proceso, señor Javier Mendoza Orduz, también hizo parte de la investigación penal en virtud de la cual el señor Álvaro Gutiérrez Rueda —accionante en este proceso— resultó privado de la libertad.

La Sala no tiene duda de que los demandantes en ambos procesos de reparación directa estuvieron vinculados a la misma investigación penal, toda vez que así se deduce del contenido de la resolución de preclusión, fechada el 31 de enero de 2001 y proferida en segunda instancia por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

En efecto, este es el contenido de la resolución fechada el 31 de enero de 2001 que cobijó a ambas personas:

“Procede el despacho a conocer el recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión de fecha octubre 24 de 2000, por medio de la cual una fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos profirió resolución de acusación en contra de los procesados (...) Javier Mendoza Orduz y Álvaro Gutiérrez Rueda como posibles autores de los delitos de rebelión y secuestro extorsivo. 

“(...). “HECHOS 

“Conocidos ampliamente por la opinión pública ocurrieron el 12 de abril de 1999, cuando un avión comercial de la empresa nacional AVIANCA, tipo Fokker que para ese día volaba de la ciudad de Bucaramanga hacia Bogotá, fue obligado a desviarse de su curso normal por hombres armados que ascendieron el vuelo como pasajeros normales, pero que posteriormente esgrimieron armas cortas para lograr su cometido. 

“(...). 

“CONCLUSIÓN 

“Ante este desarrollo probatorio se hace imperativo aceptar que no existe vinculación probatoria suficiente de los procesados como coautores de los delitos de secuestro extorsivo y rebelión, situación por la que se procederá a precluir la investigación en favor de los procesados apelantes REVOCANDO la acusación emitida por parte de la Unidad de Derechos Humanos. 

“(...). 

“REVOCAR la acusación proferida en contra de los procesados (...) Javier Mendoza Orduz y Álvaro Gutiérrez Rueda, por los delitos de secuestro extorsivo y rebelión. 

“En su lugar se precluye la investigación en favor de los procesados (...) Javier Mendoza Orduz y Álvaro Gutiérrez Rueda por los delitos impetrados en la acusación. 

“DECRETAR la libertad inmediata e incondicional de (...) Javier Mendoza Orduz y Álvaro Gutiérrez Rueda. 

“REVOCAR la medida de aseguramiento que en contra de los citados se había proferido por los delitos de secuestro extorsivo y rebelión”. (Se destaca).

En suma, la referida resolución no solo precluyó la investigación al aquí demandante, sino también respecto del señor Javier Mendoza Orduz. Además, las razones de ello fueron las mismas, aspecto que resulta relevante para acoger la decisión adoptada por la Subsección B de la Sección Tercera, mediante sentencia fechada el 27 de septiembre de 2013.

De hecho, las razones de la preclusión, que se hicieron extensivas a las dos personas mencionadas, fueron las siguientes:

“LOS HECHOS 

“Conocidos ampliamente por la opinión pública, ocurrieron el 12 de abril de 1999 cuando un avión comercial de la empresa nacional Avianca, tipo Fokker que para ese día volaba de la ciudad de Bucaramanga hacia Bogotá, fue obligado a desviarse de su curso normal por hombres armados que ascendieron al vuelo como normales pasajeros, pero que posteriormente esgrimieron armas cortas para lograr su cometido. Dichos individuos, se supo después, pertenecían al grupo guerrillero ELN. 

(...). 

“En conclusión, los testigos reservados ‘Arcángel’ y ‘Estrella’ carecen del respaldo y coherencia suficiente para ofrecer los serios motivos de credibilidad que exige la prueba al momento de la calificación y en ellos no puede fundarse la acusación. 

“No se ha demostrado con suficiente claridad que las camionetas ‘todo terreno’ utilizadas por la guerrilla luego de que las personas fueron llevadas en chalupa para posteriormente ser trasladadas al sitio llamado ‘El Vallecito’ fueran exactamente las de propiedad de la señora Cecilia Orduz. Ello por dos razones: la primera y más clara es que los testimonios no ofrecen la claridad exigida por la ley; la segunda, que no se puede olvidar que en esas zonas esta clase de vehículos son los que normalmente se utilizan por la población que puede tener acceso a ellos, lo que hace que sea frecuente encontrarlos en cualquier parte, siendo muy posible, incluso de buena fe, confundir marcas, modelos, colores, etc. 

“Ahora, si estuviera demostrado que efectivamente las camionetas de propiedad de Cecilia Orduz y su familia hubiesen sido utilizadas en el plagio; está muy lejos la demostración de que tal conducta de colaboración fuera realizada bajo un criterio libre y determinado, fuera de todo elemento perturbador del conocimiento del incalculable impacto negativo, nacional e internacional, que iba a tener el hecho. Tampoco se demostró, salvo los vagos e imprecisos dichos del testigo que manifiesta que esas camionetas sirven para llevar alimentos y gente de la guerrilla, si efectivamente sus propietarios y conductores —tres para dos camionetas—, como lo hace ver el Ministerio Público, realizaban tal labor participando de la ‘ideología’ y con la infraestructura jerarquización propias de la guerrilla del ELN, o si, por el contrario, eran contratados, obligados o coaccionados por la fuerza de las armas directamente, o de las circunstancias que hacen que todos los habitantes de una determinada región se adscriban a un ‘Estado paralelo’ que organiza a toda una comunidad impartiendo órdenes, administrando justicia y desarrollando las labores que originariamente le corresponden al Estado, tal como ocurre en diferentes zonas del país, no solo rurales sino también urbanas, algunas controladas por la autodefensas, otras por grupos guerrilleros de variada denominación. 

“Al desconocerse todos los aspectos de la investigación, es obvio que, además de las insalvables dudas sobre la tipicidad y la antijuridicidad formal y material, la demostración de la culpabilidad o responsabilidad de los sindicados sobre las conductas imputadas se encuentra aún más indeterminada, hecho por el que en contra de los señores (...) Javier Mendoza Orduz y Álvaro Gutiérrez Rueda no puede, definitivamente, edificarse una acusación seria y acorde con las exigencias del Código de Procedimiento Penal. 

“El proceso desconoce dos elementos fundamentales para la construcción de la imputación fáctica y jurídica de la acusación: en primer término, si efectivamente los procesados colaboraron materialmente en el delito inicialmente imputado; y en segundo término, si esa colaboración, en el evento que se hubiese dado, se realizó con el conocimiento de la antijuridicidad y la voluntad de organizar un comportamiento que contraviniera en el orden social establecido en la constitución y la ley, de forma tal que les era exigible desplegar una conducta diferente. 

“Ante este panorama, no hay otra salida que la preclusión de la investigación”. (Se destaca).

Con base en las anteriores consideraciones de la Fiscalía para precluir la investigación, la Subsección B concluyó que se configuraba una de las hipótesis que permiten declarar la responsabilidad del Estado por la privación de la libertad de sus ciudadanos, así:

“El análisis de esta decisión permite concluir que la Fiscalía revocó la resolución de acusación dictada contra Javier Mendoza Orduz porque, luego del examen de los medios de prueba disponibles, encontró que no era posible comprobar su participación en el secuestro de los pasajeros del avión de Avianca, es decir, concluyó que este no había cometido los delitos por los que fue acusado”(26). (Se destaca).

Dado que el fundamento de la preclusión para ambos ciudadanos resultó ser idéntico, tras ser privados de la libertad por los mismos hechos, se acogerá en esta oportunidad lo que la Subsección B decidió en la sentencia calendada el 27 de septiembre de 2013.

Así las cosas, se debe declarar la responsabilidad de la Fiscalía por haber privado de la libertad al señor Álvaro Gutiérrez Rueda, en desarrollo de una investigación que precluyó porque no se demostró que él hubiera cometido los delitos que se le sindicaron, rebelión y secuestro extorsivo.

Aun cuando en esta oportunidad se reitera la postura de la Sección B que se plasmó en aquella oportunidad, resulta importante mencionar que del material probatorio que obra en el expediente, no se puede establecer la configuración de alguna causal eximente de responsabilidad. Especialmente circunstancias que permitan estructurar la culpa exclusiva de la víctima.

Por cierto, las pruebas que obran en el expediente son, además de la certificación expedida por el INPEC y la resolución de preclusión, unas providencias por medio de las cuales la Fiscalía negó una solicitud de nulidad(27) y de revocatoria de la medida de aseguramiento(28). Las consideraciones expuestas en estas dos últimas decisiones señalan que el demandante participó en el secuestro del mencionado avión, mediante la conducción de uno de los vehículos que transportó a los retenidos.

Anótese que la certificación expedida por el INPEC se allegó al proceso, porque en la demanda se solicitó que se oficiara a esa entidad que certificara el tiempo de reclusión del señor Álvaro Gutiérrez Rueda. La resolución de preclusión se incorporó como anexo de la demanda. Las providencias por medio de las cuales la Fiscalía negó una solicitud de nulidad y de revocatoria de la medida de aseguramiento se aportaron al expediente cuando la llamada en garantía intervino en la contestación de su vinculación.

Así, por ejemplo, se expuso en la Resolución fechada el 26 de mayo de 2000, por la cual se negó una nulidad procesal:

“Pero el caso es que son muchas las pruebas que señala a Álvaro Gutiérrez Rueda y a (...) como ellos mismos lo aceptan en haber sido citados para manejar esos automotores, es muy diciente que la camionetas fueron las que transportaron los secuestrados de una manera voluntaria y conociendo realmente lo que iban a hacer, de otro caso la guerrilla hubiese procedido como con las embarcaciones que le quitaron a sus dueños de manera violenta y luego llenaron de explosivos viéndose obligada la marina a hundir esas embarcaciones para contrarrestar el peligro y que ciudadanos inocentes pudiese morir violentamente por culpa de la desarmada acción de dejar explosivos en embarcaciones. 

“Caso contrario ocurrido con los conductores de las camionetas que en ningún momento fueron engañados, sino que a ciencia cierta o sea de manera dolosa conociendo el acto aceptaron colaborar, se sabe que no fueron obligados ya que ellos mismos en sus indagatorias afirmaron que manejaron las camionetas. 

“(...). 

“Hoy en día Ja prueba no se ha desvirtuado, por lo tanto sigue siendo cierto que estos implicados colaboraron abierta y dolosamente en el secuestro extorsivo de los pasajeros y tripulación del avión de Avianca, por lo tanto no se decretará la nulidad de lo actuado”(29).

De modo similar se razonó en la Resolución fechada el 16 de junio de 2000, por medio de la cual se negó una solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento que recaía sobre el demandante:

“SITUACIÓN DE (...) Y ÁLVARO GUTIÉRREZ RUEDA “(...). 

“Por lo que siempre ha quedado claro que se necesitó de la colaboración de los vehículos y de sus respectivos conductores para que transportaran a los secuestrados. Si la guerrilla hubiese necesitado solo los carros se hubieran apropiado de ellos como lo hace en muchas ocasiones y sin necesitar de los conductores lo que además nos lleva a deducir que la responsabilidad de los señores (...) y Gutiérrez Rueda está claramente demostrada pues de aquí concluimos el acuerdo con los subversivos y su intención de perseverar en la finalidad delictiva al no solo participar en el hecho con una actividad clara sino, además, guardar silencio sobre el mismo ante el deber de denunciar un hecho criminal de tal magnitud. 

“(...). 

“En cuanto a (...) y Gutiérrez Rueda está demostrado que fueron quienes hicieron el viaje a Vallecito el día de los hechos, no obstante señalan que no eran ellos los conductores de los mismos, sino otras personas ajenas a la familia a quienes los subversivos llamaron para hacer el viaje. 

“(...). 

“Los (...) y Álvaro Gutiérrez Rueda no fueron coaccionados, obraron conociendo si significado ilícito, o sea conociendo que iban a transportar a los secuestrados de un avión. Véase que dicho secuestro estuvo muy bien planeado, pues se contrató con anterioridad los vehículos que transportarían a los pasajeros del avión de Avianca y no se retuvieron a la fuerza para compeler/os a prestar ese servicio. De ello existe prueba”(30). 

No obstante las anteriores consideraciones, que situaban al demandante como conductor de uno de los vehículos que transportó a los secuestrados, en la resolución de preclusión se concluyó acerca de la imposibilidad de ubicarlo en el lugar de los hechos.

En efecto, así se razonó en la resolución de preclusión acerca de los medios de pruebas que incriminaban al demandante:

“No se observa que del testimonio de ‘Arcángel’ pueda surgir ni prueba directa, ni hecho indicador alguno que pueda servir para inferir con suficiencia un indicio serio de responsabilidad de los procesados apelantes, pues analizado en su integridad el atestado, encontramos que solo terceras personas son su fuente y en algunas de sus afirmaciones, incluso, de esos terceros se toman ‘comentarios’, lo que hace imposible probatoriamente particularizar al testigo en sus cargos. 

“(...). 

“Obsérvese que los secuestrados liberados son claros en determinar que del lugar del aterrizaje al lugar en que son recogidos por las camionetas fueron transportados en chalupas, hecho que no es mencionado por el testigo ‘Arcángel’, como tampoco menciona el poblado Vallecitos, que es donde realmente fueron llevados en un comienzo los secuestrados el mismo día del plagio. 

“(...). 

“Vuelven a existir elementos que no concuerdan con lo demostrado en el proceso. En primer término, afirma que los secuestradores llegaron al lugar conocido como ‘ahuyamas’ caminando, hecho que como se sabe no es cierto, pues los secuestrados informan al unísono que de la pista de aterrizaje al lugar en que fueron recogidos fueron llevados en chalupa, hecho que de manera sorprendente los testigos ‘Arcángel’ y ‘Estrella’ omiten contar y que lleva a pensar que están muy lejos de ser testigos presenciales de los hechos. 

“(...). 

“En conclusión, los testigos reservados, ‘Arcángel’ y ‘Estrella’, carecen del respaldo y coherencia suficiente para ofrecer los serios motivos de credibilidad que exige la prueba el momento den la calificación y en ellos no puede fundarse la acusación. 

“Ante la ausencia de una prueba clara de la autoría, se abstendrá este delegada de realizar el análisis de las demás propuestas de la defensa y el Ministerio Público”(31).

De conformidad con el análisis que la Fiscalía efectuó para precluir la investigación , se tiene que desvirtuó las declaraciones de los testigos ‘Arcángel’ y ‘Estrella’, precisamente como las pruebas que señalaban al demandante de transportar a los secuestrados, conclusión probatoria que imperaba en la instrucción hasta antes de la calificación del sumario.

Se observa que la Fiscalía no tuvo opción diferente a precluir la investigación luego de que desvirtuara tales declaraciones, puesto que el expediente se quedó sin medios de prueba que situaran al demandante en el lugar de los hechos.

En definitiva, dado que no se demostró que el demandante participó en el secuestro del mencionado avión, no resulta posible pensar que alguna conducta suya favoreció su captura. Dicho de otro modo, como no hubo manera de vincularlo a los hechos investigados mucho menos él pudo propiciar su detención. Pues de haber sido así, no se hubiera descartado su presencia en el lugar de los hechos.

Expuesto lo anterior, se procede a estudiar las pretensiones indemnizatorias formuladas con la demanda.

8. Indemnización de perjuicios.

a) Daño emergente.

Se solicitó en la demanda que se reconocieran las siguientes sumas de dinero:

— $ 2’000.000 representados en los honorarios que el señor Álvaro Gutiérrez Rueda pagó a un abogado para que lo asistiera dentro de la investigación penal que lo privó de la libertad.

— $ 800.000 que la compañera permanente y la hija del señor Álvaro Gutiérrez Rueda pagaron, para transportarse desde su domicilio, en el municipio de San Pablo, Bolívar, hasta la cárcel La Modelo de Bogotá, para visitarlo. Esta cantidad de dinero también incluyó los gastos de hospedaje en la ciudad capital.

— $ 100.000 que el señor Álvaro Gutiérrez Rueda gastó para transportarse de Bogotá hasta el municipio de San Pablo -lugar de residencia-, una vez recuperó su libertad.

— $ 500.000 representados en los gastos en que incurrieron los demandantes para interponer esta demanda de reparación directa.

Tras revisar el expediente no se encontraron medios de prueba que demostraran la erogación de tales sumas de dinero. Tampoco la testimonial que se recaudó hizo referencia a tales costos(32).

A pesar de que se tiene certeza de que el apoderado de los demandantes que actúa en este proceso de reparación directa fue el mismo que asistió al señor Álvaro Gutiérrez en la investigación penal, no por esto se deduce automáticamente que hubo un pago de honorarios.

El hecho del pago de los honorarios debió demostrarse por algún medio probatorio, pero no ocurrió. No resulta suficiente que en la demanda se haya afirmado.

El artículo 177 del Código de Procedimiento Civil le imponía a la parte actora el deber de demostrar los hechos en que se fundamentaron las pretensiones(33), de ahí que le correspondía demostrar, por cualquier medio, que pagó tales sumas de dinero.

En suma, se debe negar la indemnización del daño emergente por falta de prueba.

b) Lucro cesante.

La indemnización del lucro cesante se estimó en $ 7’400.000 para el señor Álvaro Gutiérrez Rueda, equivalentes a los ingresos que no percibió durante el término que estuvo privado de la libertad. Se indicó en la demanda que se componía de $ 500.000 mensuales, producto de conducir un vehículo de servicio público de transporte.

Al igual que ocurrió con el perjuicio del daño emergente, el expediente no cuenta con medios de prueba que demuestren la actividad de conducción como el medio de sustento del demandante. Tampoco alguna evidencia respecto del monto de sus ingresos derivados de otro oficio.

No obstante la falencia probatoria que se puso de presente, resulta posible acudir a la presunción según la cual toda persona en edad productiva, como lo era el demandante, devenga al menos un salario mínimo mensual legal vigente para subsistir. Así lo ha dicho la corporación:

“Conviene destacar que si bien dentro del asunto de la referencia no se logró acreditar que el señor Caicedo Hurtado desempeñara al momento de su detención actividad productiva alguna, toda vez que dentro del acervo probatorio solo obra un informe de la Personería de Samaniego en el cual se indica que la víctima se dedicaba a vender calzado y cigarrillos, lo cierto es que una de las funciones de la pena (art. 4º de la L. 599/2000(34) es la resocialización del individuo(35) lo cual implica la reincorporación del individuo a la sociedad económicamente productiva, cuestión que resulta compatible con el principio constitucional de la buena fe, principio fundamental previsto en el artículo 83 de la Constitución Política(36).

“En consecuencia y teniendo en cuenta que el señor Caicedo Hurtado para la fecha en que hubiere quedado en libertad tendría 26 años de edad, la Sala aplicará la presunción respecto de que toda persona que se encuentre en determinada edad productiva devenga por lo menos el salario mínimo legal vigente. 

“Proceder en forma contraria en el presente asunto entrañaría el desconocimiento de los valores, principios y fines que tanto la Constitución Política como las normas penales consagran respecto de la reinserción social del individuo y el principio de buena fe’”(37) (Se destaca).

Así las cosas, el lucro cesante a favor del señor Álvaro Gutiérrez Rueda se liquidará con base en el tiempo que permaneció privado de la libertad. En este caso no se reconocerá el período que se dice una persona requiere para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad o acondicionarse en una actividad laboral(38), dado que solo procede en los casos donde sí se demuestra que había un vínculo laboral, el cual se terminó como consecuencia de la restricción de dicho derecho. Hipótesis que no se estableció en este expediente.

En estos términos se procederá a calcular el monto de la indemnización:

Período de privación de la libertad: entre el 7 de diciembre de 1999 y el 3 de febrero de 2001 = 13,9 meses

Se tomará como el ingreso base de liquidación el salario mínimo vigente actualmente ($ 737.717), en tanto resulta más favorable que actualizar el que regía en la época de los hechos. Adicionalmente, al mismo se agregará un 25% por concepto de prestaciones sociales, lo cual arroja la suma de $ 922.146.

Se hace necesario aplicar la fórmula para el cálculo del lucro cesante consolidado:

S = Ra (1+ i)n - 1

i

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Ingreso base de liquidación sobre el cual se liquidará el lucro cesante: $ 922 .146.

i = Interés puro o técnico: 0,004867

n = Número de meses que comprende el período de la indemnización: 13,9 meses

Reemplazando tenemos:

S = $ 922 .146 (1+ 0,004867) 13,9 - 1

0,004867

S = $ 13’228.080

c) Morales.

Como demandantes comparecieron las siguientes personas, quienes adujeron ser parientes del señor Álvaro Gutiérrez Rueda —víctima directa—:

La menor de edad Elba María Gutiérrez Donado en calidad de hija.

El menor de edad Alexánder Donado como hijo de crianza.

La señora Paulina Rueda Morales como madre.

El señor Jorge Gutiérrez como padre.

El señor Juan Bautista Ortega Rueda como hermano.

La señora Delfina Arena Rueda como hermana.

En el expediente reposan los registros civiles de nacimiento, por medio de los cuales se acredita el vínculo familiar que cada uno de los demandantes dijo tener con el señor Álvaro Gutiérrez Rueda(39).

Así mismo, según la prueba testimonial rendida por los señores Moisés Hoyos Rodríguez y Rafael Enrique Díaz Miranda(40), se tiene acreditado que el joven Alexánder Donado era el hijo de crianza del señor Álvaro Gutiérrez Rueda. Ambos declarantes coincidieron en señalar que creció junto a este y a su madre, la compañera permanente de aquel —también demandante—, al punto que lo identificaron como su padre(41).

No sobra mencionar que los hijos de crianza reciben el mismo tratamiento que los biológicos, así que en términos indemnizatorios les corresponde igual derecho económico(42).

También demandó la señora Leonor Donado Rodríguez como compañera permanente del señor Álvaro Gutiérrez Rueda y madre de su hijo de crianza —Alexánder Donado—, condición que se acreditó a través de la prueba testimonial referida, cuyos declarantes afirmaron que convivían juntos desde hacía aproximadamente 20 años y que habían procreado a la menor Elba María Gutiérrez Donado, como se estableció con su registro civil de nacimiento(43).

Resulta oportuno agregar que las declaraciones rendidas en el proceso no fueron cuestionadas en ningún momento por la Fiscalía. Además, no se encontraron elementos para sospechar de ellas.

De otra parte, según se expuso, el demandante permaneció privado de la libertad en establecimiento carcelario, por el término de 13,9 meses —entre el 7 de diciembre de 1999 y el 3 de febrero de 2001—.

Con fundamento en las máximas de la experiencia, resulta posible afirmar que la privación de la libertad que soportó el señor Álvaro Gutiérrez Rueda le causó un perjuicio moral que debe ser indemnizado, dado que es razonable asumir que un ciudadano al que se le afecta su libertad experimente sentimientos de angustia e impotencia por no poder determinar el rumbo de su vida. De igual manera, que este sufrimiento se hizo extensivo a su compañera permanente, hijos, padres y hermanos.

No solo se tiene certeza del perjuicio moral sufrido por los demandantes, de acuerdo con las reglas de la experiencia, sino que la prueba testimonial rendida en primera instancia dio cuenta de ello.

Así, por ejemplo, declaró el señor Rafael Enrique Díaz Miranda —vecino de los demandantes— al responder acerca de la situación emocional de la familia del señor Álvaro Gutiérrez Rueda, tras la privación de la libertad de este:

“produjo dolor y angustia en los padres y hermanos de este”(44).

Sin perjuicio de las particularidades propias de cada caso concreto, la Sala, para efectos de determinar el monto de los perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad, estima necesario tener en cuenta algunos presupuestos o criterios que sirven de referente objetivo a la determinación de su arbitrio , con el fin de eliminar al máximo apreciaciones eminentemente subjetivas y garantizar así, de manera efectiva , el principio constitucional y a la vez derecho fundamental a la igualdad (arts. 13 y 209, C.P.), propósito para cuya consecución se han utilizado, entre otros: i) el tiempo durante el cual se extendió la privación de la libertad; ii) las condiciones en las cuales se hizo efectiva la privación de la libertad, esto es, si se cumplió a través de reclusión en centro carcelario o detención domiciliaria; iii) la gravedad del delito por el cual fue investigado y/o acusado el sindicado; iv) la posición y prestigio social de quien fue privado de la libertad.

En relación con el quantum indemnizatorio de esta tipología de perjuicios, la Sala ha tomado como guía de su tasación los criterios establecidos en la sentencia de unificación de la Sección Tercera de esta corporación del 28 de agosto de 2014(45), según los cuales, dependiendo del período de restricción física de la libertad de la víctima directa del daño y del grado de parentesco de cada uno de los demandantes, los montos que se sugieren como indemnización, tasados en salarios mínimos legales mensuales vigentes, son los siguientes :

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 NIVEL 1NIVEL 2NIVEL 3NIVEL 4NIVEL 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero (a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidadParientes en el 2° de consanguinidadParientes en el 3° de consanguinidadParientes en el 4° de consanguinidad y afines hasta el 2ºTercero s damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del Porcentaje de la víctima directa35% del Porcentaje de la víctima directa25% del Porcentaje de la víctima directa15% del Porcentaje de la Víctima directa
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Superior a 18 meses10050352515
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
Superior a 9 e inferior a 128040282012
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
Superior a 1e inferior a 33517,512,258,755,25
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

Así las cosas, dado que se demostró el perjuicio moral en cabeza de los demandantes y como la privación de la libertad —en establecimiento carcelario— del señor Álvaro Gutiérrez Rueda tuvo una duración superior a 12 meses, pero inferior a 18, resulta procedente reconocer las siguientes indemnizaciones, en salarios mínimos legales mensuales vigentes:

Para Álvaro Gutiérrez Rueda —víctima directa—: 90

Para Leonor Donado Rodríguez —compañera permanente—: 90

Para Elba María Gutiérrez Donado —hija—: 90

Para Alexánder Donado —hijo de crianza—: 90

Para Paulina Rueda Morales —madre—: 90

Para Jorge Gutiérrez —padre—: 90

Para Juan Bautista Ortega Rueda —hermano—: 45

Para Delfina Arena Rueda —hermana—: 45

d) Daño a bienes constitucionalmente protegidos.

Por concepto de indemnización por el daño al buen nombre del señor Álvaro Gutiérrez Rueda, se solicitaron 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Así mismo, con la demanda se solicitó la indemnización por el daño a la vida de relación de los demandantes, señores Álvaro Gutiérrez Rueda, Leonor Donado Rodríguez —compañera permanente— y Elba María Gutiérrez Donado —hija—, en cuantía de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, para cada uno.

Los anteriores perjuicios se justificaron en la publicación en los medios de comunicación de la captura del señor Álvaro Gutiérrez Rueda.

No obstante lo anterior, en la actualidad los perjuicios señalados en los párrafos anteriores se indemnizan bajo la denominación “afectación de bienes constitucionalmente protegidos”.

En efecto, la jurisprudencia de esta corporación, siguiendo los lineamientos planteados en sus sentencias de unificación, se apartó de la tipología de perjuicio inmaterial denominado perjuicio fisiológico o daño a la vida en relación, para en su lugar reconocer las categorías de daño a la salud(46) (cuando estos provengan de una lesión a la integridad psicofísica de la persona) y de afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados(47), estos últimos que se reconocerán siempre y cuando su concreción se encuentre acreditada dentro del proceso y se precise su reparación integral, teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos.

Con el objeto de ilustrar el despliegue noticioso que se efectuó de la captura del señor Álvaro Gutiérrez Rueda, se allegó al proceso el reportaje que se publicó en la edición de El Espectador del 22 de noviembre de 1999(48).

Sobre el valor probatorio de este tipo de documentos, la jurisprudencia de la corporación ha dicho lo siguiente:

“Advierte la Sala que obran recortes de periódicos y sus copias, allegados por la parte demandante, con los que se pretende demostrar la ocurrencia de los hechos; al respecto, se precisa que aquellos carecen de la entidad suficiente para probar, por sí solos, la existencia y veracidad de tales hechos. En efecto, en - sentencia reciente de la Sala Plena Contencioso Administrativa de esta corporación se dijo, refiriéndose a las noticias de prensa, que su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individua/ e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez, razón por la cual los recortes allegados se apreciarán con el conjunto de pruebas obrantes en el expediente”(49).

Tras revisar el expediente, se colige que la noticia en mención coincide con los hechos que aquí se discuten.

En efecto, el reportaje que se divulgó en El Espectador consistió en lo siguiente:

“GOLPE A PRESUNTOS SECUESTRADORES 

“Fueron capturados 13 presuntos miembros y auxiliadores del ELN vinculados, según las autoridades, con el secuestro del avión del avión de Avianca en abril pasado. 

“En una operación adelantada por unidades de la Policía de Santander y la Fiscalía General de la Nación fueron capturados 13 presuntos integrantes del ELN, al parecer autores intelectuales y materiales del avión Fokker de Avianca, ocurrido el pasado 12 de abril cuando cubría la ruta Bucaramanga-Bogotá. 

“(...). 

Entre los capturados se encuentran (...) presunta propietaria de los vehículos donde fueron trasportados los secuestrados. Álvaro Gutiérrez Rueda, alias ‘Gurre’ y (...) quienes habrían conducido los vehículos donde transportaban a los secuestrados, recogiéndolos y dejándolos en los campamentos. 

“(...). (Se destaca).

Como puede verse, los hechos que se expusieron en la prensa consistieron en la captura del señor Álvaro Gutiérrez Rueda, por posiblemente pertenecer a la guerrilla y por su eventual responsabilidad en el secuestro del mencionado avión, concretamente de conducir los vehículos en que se movilizaron los retenidos.

Dado que la noticia que se trajo al expediente resulta acorde con los demás medios de prueba, se concluye que la captura del demandante se hizo pública, con la consecuente vulneración de su buen nombre.

Así las cosas, se tiene que el bien constitucionalmente protegido del señor Álvaro Gutiérrez Rueda —el buen nombre— se afectó con la medida de aseguramiento impuesta en su contra, —que se tornó en injusta con la preclusión— por lo que se adoptará una medida de reparación no pecuniaria.

Resulta oportuno señalar que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 28 de agosto de 2014(50), unificó la jurisprudencia en lo atinente al reconocimiento de los perjuicios por la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, en el sentido de que su reconocimiento procede siempre y cuando se encuentre acreditado dentro del proceso su concreción y se precise su reparación integral. Lo anterior, con el propósito de reconocer la dignidad de las víctimas, reprobar las violaciones a los derechos humanos y concretar las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición, así como las demás definidas por el derecho internacional.

Igualmente, se señaló que debe privilegiarse la compensación a través de medidas de reparación no pecuniarias y, además, se precisó que solamente en casos excepcionales debe reconocerse una indemnización en dinero —hasta 100 smlmv— exclusivamente para la víctima directa, siempre y cuando las medidas no pecuniarias no fueran suficientes, pertinentes, oportunas o posibles.

En ese orden de ideas, como en el presente caso se acreditó que el señor Álvaro Gutiérrez Rueda resultó privado injustamente de su libertad y que, con ocasión de esa restricción vio afectado su derecho fundamental al buen nombre, de conformidad con la sentencia de unificación aludida, la Sala ordenará la siguiente medida de reparación no pecuniaria:

La Fiscalía General de la Nación establecerá un link en su página web con un encabezado en donde reconozca públicamente su responsabilidad en este caso y en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia.

Así mismo, en el término de 2 meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo, la Fiscalía subirá a la red el archivo que contenga esta decisión y mantendrá el acceso al público del respectivo vínculo durante un período de 6 meses que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en su página web.

9. Responsabilidad de la llamada en garantía. (51)

El llamamiento en garantía es una figura procesal que se cimienta en la existencia de un derecho legal o contractual, que vincula a un tercero, para que haga parte de un proceso, con el fin de exigirle la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir el llamante o el reembolso de la cantidad de dinero a que sea condenado a pagar como consecuencia de la sentencia.

En relación con esta figura, la doctrina nacional ha sostenido:

“El llamamiento en garantía se presenta cuando cualquiera de las partes solicita al funcionario judicial la citación de un tercero con quien tiene una relación sustancia/ o material de carácter real o personal (legal o contractual) que lo habilita para obtener de este la indemnización del perjuicio que pueda sufrir, o el reembolso total o parcial de la cantidad de dinero a que sea condenado a pagar en la sentencia que se profiera en el proceso”.(52)

Ahora bien, de conformidad con el artículo 217 del Código Contencioso Administrativo , el llamamiento en garantía procederá en los procesos de reparación directa y relativos a controversias contractuales; sin embargo, la norma en cita solo se establece la oportunidad de presentación del llamamiento, sin indicar otros requisitos necesarios para determinar su procedibilidad, razón por la cual se debe aplicar la remisión ordenada en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, en cuanto dispone aplicar el Código de Procedimiento Civil en los aspectos no regulados por el Código Contencioso Administrativo.

En ese sentido, el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil reguló lo correspondiente al llamamiento en garantía y estableció que podía solicitarlo aquella persona que tuviera “derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia...”.

En relación con los requisitos que debe reunir la citación, el artículo 55 de la misma codificación dispuso:

— El nombre de la persona llamada y el de su representante, si aquél no puede comparecer por sí mismo al proceso.

— La indicación del domicilio del denunciado o, en su defecto, de su residencia, y la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuere el caso, o la manifestación —bajo juramento— de que se ignoran.

— Los hechos en que se basa la denuncia y los fundamentos de derecho que se invoquen.

— La dirección de la oficina o habitación donde el denunciante y su apoderado recibirán notificaciones personales.

En línea con lo anterior, conviene precisar que la Ley 678 de 2001 reguló lo concerniente a la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.

Frente al llamamiento en garantía con fines de repetición, esta corporación ha sostenido:

“i) La Ley 678 de 2001 se dirige a regular la responsabilidad de los agentes y ex agentes del Estado, mediante la figura de la acción de repetición consagrada en la Constitución Política, o utilizando el llamamiento en garantía con fines de repetición. 

“ii) El llamamiento en garantía con fines de repetición se define en el artículo 19 de la misma Ley, disponiendo que se puede solicitar el llamamiento del agente ‘...para que en el mismo proceso se decida la responsabilidad de la administración y la del funcionario ‘. Además de lo anterior, existen requisitos referentes a la conducta del agente llamado en garantía, así como de titularidad del llamamiento, que hacen especialísimo éste tipo de intervención procesal.

“Se tiene entonces que las disposiciones analizadas crean una institución independiente del regular llamamiento en garantía aplicado por esta jurisdicción, correspondiente a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Civil (arts. 55, 56 y 57, CPC), en razón de la remisión dispuesta por el Código Contencioso Administrativo (art. 267, CCA). 

“La especialidad de la figura radica, inicialmente, en el sujeto susceptible de ser llamado en garantía, pues el mismo es calificado, al exigirse que sea un agente o ex agente del Estado. En el llamamiento en garantía aplicado por esta Jurisdicción, bajo las directrices del ordenamiento procesal civil, la intervención del sujeto llamado en garantía no se establece con relación a su calidad, sino al vínculo existente entre éste y una de las partes del proceso. 

“Sin embargo, la particularidad de la institución se revela en el objeto de la misma, pues tal como lo ordena el artículo 19 de la Ley 678 de 2001, el llamamiento se profiere para determinar conjuntamente, la responsabilidad de la administración y de sus agentes, dentro de los procesos de responsabilidad emprendidos en contra el Estado. 

“De ésta manera, la Sala advierte que el llamamiento en garantía con fines de repetición, hace alusión directa a los hechos y derechos debatidos en un proceso de responsabilidad en contra del Estado, por lo que se aleja de lo dispuesto para el llamamiento en garantía previsto en el Código de Procedimiento Civil, donde, como requisito de procedibilidad, prevalece la relación entre alguna de las partes y el tercero interviniente”(53). 

Con la contestación de la demanda, la Fiscalía General de la Nación solicitó llamar en garantía, con fines de repetición, a la fiscal que adelantó la instrucción en contra del señor Álvaro Gutiérrez Rueda y, por tanto, quien profirió la medida de aseguramiento.

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, no resulta posible acceder a la pretensión de repetición. No contiene pruebas que permitan dilucidar si hubo o no dolo o culpa grave en la actuación de la llamada en garantía.

Como se indicó anteriormente, no se allegó al proceso la resolución, supuestamente proferida por la llamada en garantía, que impuso la medida de aseguramiento para efectos de estudiarla y verificar si incurrió en alguna conducta que pudiera calificarse de tales modos.

Tan solo se cuenta con la decisión que precluyó la investigación, así como otra por medio de la cual se negó una nulidad procesal en desarrollo de la instrucción. Lo único que se extrae de estas actuaciones es su motivación, sin que se deriven aspectos irregulares con la virtualidad necesaria para responsabilizar a la llamada en garantía por el daño antijurídico padecido por el demandante.

La preclusión de la investigación no constituye, en sí misma, la prueba de que la llamada en garantía obró con desidia en desarrollo de la instrucción. Simplemente se observa una valoración diferente al material probatorio, pero en ningún momento puso en evidencia alguna interpretación grosera o arbitraria por parte de ella, que pueda calificarse de gravemente culposa o dolosa como conductas indispensables para declararla responsable.

Adicionalmente, no se pierde de vista que el argumento central de defensa de la Fiscalía General de la Nación se fundó en la ausencia de falla del servicio por no presentarse una actuación arbitraria o caprichosa, de ahí que llama la atención que hubiere solicitado la vinculación de la funcionaria con el fin de obtener su responsabilidad personal con base en conductas que, al mismo tiempo, negó.

En definitiva, se niega la pretensión del llamamiento en garantía que formuló la Fiscalía General de la Nación.

10. Condena en costas.

En vista de que no se observa temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo estatuido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-Sección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia, la sentencia proferida el 26 de abril de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar se dispone:

1. DECLARAR que la Nación – Fiscalía General de la Nación, es patrimonialmente responsable por la privación injusta de la libertad que soportó el señor Álvaro Gutiérrez Rueda.

2. CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a pagar indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, por la siguiente suma de dinero:

Para el señor Álvaro Gutiérrez Rueda la suma de TRECE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHENTA PESOS ($ 13’228.080).

3. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación- a pagar indemnización de perjuicios morales por las siguientes sumas de dinero, expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes, smmlv, a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia:

Para Álvaro Gutiérrez Rueda —víctima directa—: 90

Para Leonor Donado Rodríguez —compañera permanente—: 90

Para Elba María Gutiérrez Donado —hija—: 90

Para Alexánder Donado —hijo de crianza—: 90

Para Paulina Rueda Morales —madre—: 90

Para Jorge Gutiérrez —padre—: 90

Para Juan Bautista Ortega Rueda —hermano—: 45

Para Delfina Arena Rueda —hermana—: 45

4. CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a la reparación integral de la violación del derecho fundamental al buen nombre del señor Álvaro Gutiérrez Rueda, para lo cual, de conformidad con la parte motiva de esta providencia, deberá adoptarse la siguiente medida de satisfacción:

La Fiscalía General de la Nación establecerá un link en su página web con un encabezado en donde reconozca públicamente su responsabilidad en este caso y en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia.

En el término de 2 meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo, la Fiscalía subirá a la red el archivo que contenga esta decisión y mantendrá el acceso al público del respectivo vínculo durante un período de 6 meses que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en su página web.

5. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

6. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

7. Para el cumplimiento de esta sentencia, expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

8. SIN condena en costas.

Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Marta Nubia Velásquez Rico—Hernán Andrade Rincón—Carlos Alberto Zambrano Barrera, aclara voto».

Aclaración de voto

Rad.: 25000232600020030029401

Expediente: 47.441

Actor: Álvaro Gutiérrez Rueda y otros

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

Asunto: Acción de reparación directa

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, me permito manifestar que, si bien acompañé la providencia mediante la cual se declaró la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por privación de la libertad del señor Álvaro Gutiérrez Rueda, por el delito de secuestro, a quien se le precluyó la investigación, por cuanto no los cometió, no comparto el criterio según el cual hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado no sólo cuando la persona privada de la libertad es exonerada en el proceso penal porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible, sino también cuando lo es en virtud del principio del indubio pro reo.

En mi sentir, los únicos supuestos que permiten inferir objetivamente que una persona fue privada injustamente de la libertad, aún con la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, son los señalados por el derogado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, pues en los eventos no contemplados en la citada norma, quien haya sido privado de la libertad está en la obligación de demostrar la injusticia de la medida, esto es, debe acreditar la existencia de una falla en la prestación del servicio.

El legislador fue claro y enfático en establecer únicamente esos tres eventos como aquellos en los cuales la persona que sufre una detención preventiva y luego es exonerada de responsabilidad penal tiene derecho a ser indemnizada, sin entrar a hacer calificaciones o elucubraciones de índole alguna, salvo que dicha medida obedezca a una actuación dolosa o gravemente culposa de la víctima, evento en el cual hay lugar a exonerar de responsabilidad a la demandada.

De hecho, pueden darse múltiples ejemplos de casos en los que la exoneración de responsabilidad penal se dé por razones distintas a las tres que la norma en cita consagra como generadoras de responsabilidad de la administración, como cuando opera la causal eximente de antijuridicidad o de culpabilidad, o cuando la detención se produce por delitos cuya acción se encuentra prescrita, o por una conducta que la legislación haya dejado de considerar delictiva, o cuando la detención se produce en un proceso promovido de oficio frente a un delito que exija querella de parte, o cuando la medida restrictiva de la libertad se produce sin fundamento legal o razonable o ésta resulta desproporcionada en consideración al delito de que se trate, casos en que la responsabilidad obliga a indemnizar se resuelve bajo el título de falla en la prestación del servicio y ante los cuales no se ve razón válida alguna para dar un tratamiento diferente al del indubio pro reo.

Como se sabe, a medida que transcurre el proceso penal la exigencia de la prueba sobre la responsabilidad en la comisión de un hecho punible es mayor, de modo que, para proferir una medida de aseguramiento de detención preventiva, basta que obre en contra de la persona sindicada del hecho punible un indicio grave de responsabilidad penal, pero dicha carga cobra mayor exigencia a la hora de proferir sentencia condenatoria, pues, al efecto, se requiere plena prueba de la responsabilidad; por consiguiente, puede llegar a ocurrir que estén reunidas las condiciones objetivas para resolver la situación jurídica del procesado con medida de aseguramiento de detención preventiva y que, finalmente, la prueba recaudada resulte insuficiente para establecer la responsabilidad definitiva, caso en el cual debe prevalecer la presunción de inocencia y, por ende, la decisión debe sujetarse al principio del indubio pro reo, situación que no implica, por sí misma, que los elementos de juicio que permitieron decretar la medida de aseguramiento hayan sido desvirtuados en el proceso penal y que la privación de la libertad fuera injusta, desproporcionada o carente de fundamento legal.

Efectivamente, unas son las circunstancias en las que a la decisión absoluta se arriba como consecuencia de la ausencia total de pruebas en contra del sindicado, lo que afecta, sin duda, la legalidad de la orden de detención preventiva, pues no puede aceptarse de ninguna manera que la falta de actividad probatoria por parte del Estado la tengan que soportar las personas privadas de la libertad, cuando precisamente del cumplimiento a cabalidad de dicha función depende el buen éxito de la investigación; otras, en cambio, son las que tendrían lugar cuando, a pesar de haberse recaudado diligentemente la prueba necesaria para proferir medida de aseguramiento y, luego, resolución de acusación en contra del sindicado, existe duda para proferir sentencia condenatoria, evento en el cual, para que surja responsabilidad del Estado, debe acreditarse que la privación de la libertad fue injusta, pues su hay duda de la culpabilidad es porque también la hay de la inocencia y, en este caso, a mi juicio, es claro que se deben soportar a cabalidad las consecuencias de la investigación penal, sin que esto se entienda, como pudiera pensarse, en que se parte, entonces, de la presunción de culpabilidad de la persona, pues de donde se parte es del hecho de que hubo elementos de juicio suficientes, válidos, no arbitrarios, ni errados, ni desproporcionados, ni contrarios a derecho y más bien ajustados al ordenamiento jurídico, para privarla de la libertad en forma, por ende, no injusta.

Lo acabado de expresar cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta, por otra parte, que el numeral 1º del artículo 250 de la Constitución Política obliga a la Fiscalía General de la Nación a solicitar las medidas que se requieran para asegurar que el imputado comparezca al proceso penal, que es una de las finalidades que se persigue con la detención preventiva.

A lo anterior se añade que resultaría cuando menos absurdo que el Estado tuviera que indemnizar por una privación de libertad dispuesto, incluso, con el mencionado sustento constitucional.

El artículo 414 del anterior Código de Procedimiento Penal establece, en su parte inicial, un título de imputación genérico para la indemnización por privación injusta de la libertad, caso en el cual el interesado en la indemnización debe acreditar lo injusto de la medida, por ejemplo, demostrando su falta de proporcionalidad, su arbitrariedad, la ilegalidad o lo errado de la misma. A renglón seguido, la misma norma define o identifica unos casos en los que parte de la injusticia de la medida, con base en la absolución por uno de los supuestos señalados en la norma: el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o no es un hecho punible. Siendo ello así, es claro, a mi juicio, que no puede otorgarse el mismo efecto a ambas partes de la norma, para derivar de ellas un derecho a la reparación, con base en la simple constatación de que no se dictó sentencia condenatoria en contra del procesado.

Así las cosas, la enumeración de unos casos determinados en que el legislador (art. 414 del D. 2700/91) califica a priori la detención preventiva como injusta significa que, en los demás supuestos, es decir, en los que se subsumen en la primera parte de la norma en cita, como cuando la absolución deviene como consecuencia de la aplicación del principio del indubio pro reo, para que surja la responsabilidad del Estado el demandante debe acreditar la injusticia, la falta de proporcionalidad, la arbitrariedad, la ilegalidad o lo errado de la medida de aseguramiento de detención preventiva, para lo cual no basta acreditar que no hubo condena en el proceso penal.

Así, por ejemplo, puede suceder que la duda se configura porque la desidia o la ineficiencia del Estado lo que no permite desvirtuar la presunción de inocencia del encartado, como cuando aquél no asume con diligencia y seriedad la carga que le corresponde, en aras de establecer la responsabilidad del sindicado, caso en el cual es evidente que la privación de la libertad se torna injusta, ya que la medida restrictiva no cumple con la finalidad para la cual fue diseñada y es entonces cuando emerge clara la responsabilidad del Estado, por un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Si se considera que en todos los casos en que la sentencia absolutoria o la providencia equivalente a la misma da derecho a indemnización en favor de la persona que hubiera sido sindicada del delito y sometida a detención preventiva, sin que sea necesario establecer si la medida fue o no ilegal, desproporcionada, errada, arbitraria o, en fin, injusta, resulta necesario concluir que ningún efecto jurídico tiene el hecho de que la decisión absolutoria se produzca con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, o bien con un fundamento diferente.

En este sentido dejo expuesta mi aclaración de voto en torno a un criterio que en la sentencia no es relevante, toda vez que, en el sub judice, la parte actora o tenía que demostrar la ilicitud de la detención preventiva que afectó al señor Álvaro Gutiérrez Rueda, ya que la Fiscalía General de la Nación precluyó la investigación a su favor, por cuanto no cometió el delito imputado.

Fecha ut supra.

Carlos Alberto Zambrano Barrera. 

17 Sobre este tema consultar el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

18 Sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, calendada el 28 de agosto de 2013, Exp. 25.022, C.P. Enrique Gil Botero.

19 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias proferidas por esta Subsección: Providencia del 26 de agosto de 2015, Rad. 200301473 01 (38.649), actor: Omar Fernando Ortiz y otros, C.P. Hernán Andrade Rincón (E). Providencia del 25 de junio de 2014, Rad. 199900700 01 (32.283), actor: Wladimiro Garcés Machado y otros, C.P. Hernán Andrade Rincón (E).

20 Fls. 9-26 del cdno. de pruebas.

21 Así razonó el a quo:

“De esa manera se tiene que el término de caducidad de la acción de reparación directa inició a partir del 1º de febrero de 2001, según resolución que precluyó la investigación adelantada en contra del señor Álvaro Gutiérrez Rueda, expedida el 31 de enero de 2001, y en atención de que no se aporta constancia de ejecutoria”.

22 Sentencias proferidas por la Sección Tercera el 4 de diciembre de 2006, Exp. 13.168 y el 2 de mayo de 2007, Exp. 15.463, siendo en ambos casos el magistrado ponente Mauricio Fajardo Gómez. El contenido de esas providencias fue reiterado por esta Subsección en sentencia fechada el 27 de marzo de 2014, Exp 31.535, magistrado ponente Carlos Alberto Zambrano Barrera.

23 Fl. 30 del cdno. de pruebas.

24 Fls. 9-26 del cdno. de pruebas.

25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 27 de septiembre de 2013, Exp. 29.779, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 27 de septiembre de 2013, Exp. 29.779, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

27 Se trata de la providencia fechada el 26 de mayo de 2000. Fls. 25-28 del cdno. del llamamiento en garantía.

28 Se trata de la providencia fechada el 16 de junio de 2000. Fls. 29-43 del cdno. del llamamiento en garantía.

29 Fls. 25-28 del cdno. del llamamiento en garantía.

30 Fls. 29-43 del cdno. del llamamiento en garantía.

31 Fls. 9-26 del cdno. de pruebas.

32 Los testimonios recaudados en primera instancia fueron los de los señores Moisés Hoyos Rodríguez y Rafael Enrique Díaz Miranda. Fls. 115-118 del cdno. de pruebas.

33 “ART. 177.—Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

“Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.

34 Original de la cita: “Artículo 4º de la Ley 599 de 2000. Funciones de la pena. La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión”.

35 Original de la cita: “Corte Constitucional. Sentencia C-1112 de 24 de agosto de 2000: ‘La pena tiene en nuestro ordenamiento jurídico un fin preventivo, que se cumple en el momento en que el órgano legislativo establece la sanción que se presenta como la amenaza de un mal ante la violación de las prohibiciones; un fin retributivo, que se manifiesta al momento de la imposición judicial de la pena, y un fin resocializador que orienta la ejecución de la misma, de conformidad con los principios humanísticos y las normas de derecho internacional adoptadas. Privar al contraventor de la posibilidad de acumular las rebajas de pena que como se señaló, por lo general guardan relación con el desarrollo de actividades edificantes para el interno como el trabajo o el estudio —se traduce en una forma de limitar sus posibilidades de pronta reinserción a la sociedad, coartando tanto el desarrollo de su personalidad que también en estos casos se reconoce plenamente al individuo— como las posibilidades de que el sistema judicial y penitenciario se convierta en verdadera herramienta de control y transformación social’”.

36 Original de la cita: “Artículo 83 de la Constitución Política de 1991: Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten”.

37 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de abril de 2012, Exp. 520012331000199800596 01 (23.901).

38 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp. 13.168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez:

“En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con la cual dicho período equivale a 35 semanas (8.75 meses)”. 

Original de la cita:36 Cfr. URIBE G., José Ignacio y GÓMEZ R., Lina Maritza, «Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003», en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, Nº 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA – Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, pág. 22”.

39 Las copias auténticas de los registros civiles de nacimiento obran entre los folios 1-5 del cuaderno de pruebas.

40 Las declaraciones obran entre los folios 115-118 del cuaderno de pruebas.

41 Por ejemplo, de esta manera se expresó el testigo señor Moisés Hoyos Rodríguez: “Alexánder Donado creció en la familia de Álvaro Gutiérrez y Leonor Donado, ellos son sus padres y se profesan mucho amor, cariño y comprensión”.

42 Así se ha pronunciado esta Subsección respecto de los hijos de crianza y su equiparación a los naturales:

“En este punto de la providencia, resulta oportuno señalar que la familia no se conforma únicamente por vínculos naturales y jurídicos, sino que se extiende a los lazos de amor, solidaridad y convivencia, como por ejemplo, entre padre e hijos de crianza, tal y como ocurre en este caso”. Sentencia proferida por esta subsección, fechada el 14 de septiembre de 2016, Rad. 05001-23-31-000- 2009-00263-01 (43.515).

43 De esta manera se pronunciaron los testigos acerca del vínculo sentimental que había entre el señor Álvaro Gutiérrez Rueda y la señora Leonor Donado Rodríguez:

El declarante señor Moisés Hoyos: “Sí conozco, hace aproximadamente unos 20 a 22 años que conviven juntos’’. Fl. 116 del cdno. de pruebas.

El declarante señor Rafael Díaz Miranda: “Hace unos 18 años de estar viviendo juntos”. Fl. 118 del cdno. de pruebas.

44 Fl. 117 del cdno. de pruebas.

45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 36149, M.P. Hernán Andrade Rincón (E). Actor: José Delgado Sanguino y otros. Demandada: La Nación - Rama Judicial.

46 “(...) se recuerda que, desde las sentencias de la Sala Plena de la Sección Tercera de 14 de septiembre de 2011, Exp. 19031 y 38222 (...) se adoptó el criterio según el cual, cuando se demanda la indemnización de daños inmateriales provenientes de la lesión a la integridad psicofísica de una persona. va no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al daño a la vida de relación o incluso a las alteraciones graves de las condiciones de existencia. sino que es pertinente hacer referencia a una nueva tipología de per juicio, denominada daño a la salud (...) la Sala unifica su jurisprudencia en relación con la indemnización del daño a la salud por lesiones temporales en el sentido de indicar que, para su tasación, debe establecerse un parangón con el monto máximo que se otorgaría en caso de lesiones similares a aquellas objeto de reparación, pero de carácter permanente y, a partir de allí, determinar la indemnización en función del período durante el cual, de conformidad con el acervo probatorio, se manifestaron las lesiones a indemnizar (...)” (Se destaca). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 28832, M.P. Danilo Rojas Betancourth y Exp. 31170, M.P. Enrique Gil Botero.

47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 32988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero y Exp. 26251, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

48 Fls. 27-28 del cdno. de pruebas.

49 Sentencia proferida el 10 de septiembre de 2014 por la Sección Tercera, Subsección A, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, Rad. 73001-23-31 -000-2002-01402- 01(30875).

50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2014, M.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, Exp. 32.988, Rad. 05001-23-25-000-1999-01063-01, Actor: Félix Antonio Zapata y otros.

51 Se reiteran algunas consideraciones expuestas en diferentes pronunciamientos de la Sala, las cuales sirven como fundamento al presente caso, tales como la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A del 13 de marzo de 2013, Exp. 25.569, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 28 de 2010, Exp. 17537, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de agosto 11 de 2010, Exp. 16.074, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

52 CAMACHO, Azula. Manual de derecho procesal, Tomo II. Editorial Temis S.A., 2000. Bogotá-Colombia, pág. 85.

53 Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia del 5 de marzo de 2004, Exp. 25.528, M.P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra.