Auto 2003-00295 de abril 17 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

NULIDAD POR FALTA DE JURISDICCIÓN

Solo puede ser adoptada por el juez ante quien quede radicado el conocimiento del asunto.

EXTRACTOS: «La actora, a través de apoderada, solicita revocar el proveído de 23 de agosto de 2004, por el cual el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró por falta de jurisdicción, la nulidad de todo lo actuado y ordenó remitir el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito de Medellín (reparto).

Ciertamente, conforme lo señaló la Sala en proveído de 31 de agosto de 2006 (exp. 2002-04378, actora: Chivor S.A. ESP, consejero ponente Dr. Camilo Arciniegas Andrade), el acto recurrido contiene dos decisiones: la que declara la nulidad de lo actuado y la que ordena remitir el expediente a la jurisdicción ordinaria.

Sin embargo, no puede perderse de vista que la primera decisión se adopta como consecuencia de la segunda, la cual como reiteradamente lo ha sostenido esta corporación, no es susceptible de recurso alguno. En otras palabras, en el caso examinado la decisión principal no es la declaratoria de nulidad de lo actuado, sino la relacionada con la falta de jurisdicción que el tribunal estima configurada con argumentos que el Consejo de Estado no puede avalar o refutar por la razón antedicha de que en torno a la misma no cabe ningún recurso.

Conforme al artículo 216 del CCA, quien primero puede abordar el examen del tema relacionado con la falta de jurisdicción es el juez o tribunal que viene conociendo del proceso, como sucede en este caso. Claro está que el análisis del punto también puede abordarlo el juez ante quien se plantea el conflicto. Una segunda intervención está a cargo del juez o tribunal al que se remite el proceso quien en caso de no aceptar la jurisdicción que se le atribuye enviará el expediente al Consejo Superior de la Judicatura para que en últimas dirima el conflicto señalando cuál jurisdicción debe conocer.

Lo anterior evidencia que la decisión que declara la falta de jurisdicción sí está sujeta a un control jurisdiccional pero distinto al ejercicio de los recursos, los cuales en este caso expresamente se desechan para que sea un tercero en discordia (el Consejo Superior de la Judicatura) quien, previo el agotamiento de un trámite especial, zanje la diferencia planteada.

Se reitera entonces que la decisión que declare la falta de jurisdicción no admite recurso alguno.

En lo que toca específicamente con la decisión de declarar la nulidad de todo lo actuado, que en rigor sí admite apelación (CCA, art. 181, num. 6º), estima la Sala que la misma no debió ser adoptada por el tribunal a quo, pues resulta claramente inoportuna, ya que no se descarta la posibilidad de que el juez a quien se envía el asunto para su conocimiento no comparta los fundamentos de esa decisión y a su vez remita el expediente al Consejo Superior de la Judicatura, entidad que, en teoría, puede decidir que el asunto debe resolverlo quien inicialmente venía conociéndolo, caso en el cual la declaratoria de nulidad perdería todo sentido.

Lo anterior evidencia que la decisión sobre eventuales nulidades, por razón de un conflicto como el dilucidado, solo puede ser adoptada por el juez o tribunal en quien quede radicado, en definitiva, el conocimiento del asunto.

Vistas así las cosas, fácilmente se advierten las razones de coherencia, razonabilidad y economía procesal, que justifican a cabalidad la precedente hermenéutica, máxime si se tiene en cuenta que el trámite previo a la definición de quién es el juez o tribunal revestido de jurisdicción, de acuerdo con la ley que lo regula, no incorpora una decisión en ese sentido.

Tal es la razón por la cual se revocará la declaratoria de nulidad de todo lo actuado dispuesto por el tribunal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

REVÓCASE el auto de 23 de agosto de 2004, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en cuanto declaró la nulidad de lo actuado.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(Auto de 17 de abril de 2008. Expediente 2003-00295. Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno).

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