Sentencia 2003-00310 de noviembre 15 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2003-00310-01

Consejero Ponente:

Dr. Camilo Arciniegas Andrade

Autoridades Nacionales

Actor: Jaime Enrique Lozano y José Ignacio Beltrán González

Bogotá, D.C., quince de noviembre de dos mil siete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Consideración preliminar.

Las acusaciones planteadas en la demanda se dirigen y sustentan contra los artículos 12 de los acuerdos 001 y 005 de 2002, que dispusieron que el interesado pagará el costo de expedición de 185 copias de toda clase de documentos, cuando a juicio de la corporación la cantidad solicitada lo justifique.

En tal virtud, la Sala contraerá su análisis a estas normas cuyo contenido normativo es objeto de las acusaciones, según se infiere del concepto de violación consignado en la síntesis de la demanda.

2.2. El cobro de las copias no es una contribución parafiscal.

Debe la Sala comenzar por advertir que el cobro previsto en las normas acusadas no equivale a una contribución parafiscal. Para que tuviese tal naturaleza, según lo preceptuado por el artículo 338 C.P., tendría que tener por objeto la recuperación de los costos de los servicios prestados por la rama judicial o la participación en los beneficios que esta proporciona. Del tenor literal de las normas acusadas se infiere inequívocamente que el cobro corresponde al costo de expedición de las copias de los documentos solicitados por los particulares en ejercicio del derecho de petición, cuando la cantidad solicitada lo justifique, a juicio de la corporación.

En las normas acusadas la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no está ordenando el cobro del servicio que presta. Prevé que el interesado deberá pagar el costo de expedición de las copias de los documentos que solicite, cuando a juicio de la corporación, la cantidad lo amerite.

2.3. La carga para el peticionario, de pagar los costos de expedición de las copias de los documentos no constituye una restricción del derecho de petición, pues se ajusta a la Constitución Política.

Los actores alegan que a través de los acuerdos acusados el Consejo Superior de la Judicatura obstaculiza el ejercicio del derecho de petición, pues crea un gravamen para acceder a su núcleo esencial, que lo desnaturaliza y entraba en grado sumo, que como contribución parafiscal solo podría imponer el Congreso, y que legalmente este cobro no está permitido.

Sobre este punto anota la Sala que la materia debatida ya había sido regulada por el artículo 24 del Código Contencioso Administrativo (subrogado por el artículo 17 de la Ley 57 de 1985), al disponer que “La expedición de copias dará lugar al pago de las mismas cuando la cantidad solicitada lo justifique”.

La jurisprudencia constitucional ya ha tenido oportunidad de desvirtuar el cargo que alega que la autorización para cobrar al peticionario los costos de expedición de las copias de documentos, cuando la cantidad lo amerite, impone una restricción inconstitucional al derecho de petición, que es el cargo que en el asunto sub examine vuelve a plantearse en relación con análoga previsión normativa que para los despachos y corporaciones judiciales dispuso la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

En Sentencia de (sic) C-099 de 2001 (ene. 31) la Corte Constitucional desestimó este cargo, que en esa ocasión recayó sobre el artículo 17 de la Ley 57 de 1985, que subrogó el artículo 24 del Código Contencioso Administrativo, cuyo contenido normativo coincide en lo esencial con las disposiciones acusadas. Las consideraciones con fundamento en las cuales la Corte declaró exequible la autorización para cobrar el costo de expedición de las copias de documentos prevista en el artículo 17 de la Ley 57 de 1985, son enteramente aplicables al caso sub examine puesto que las disposiciones se acusan por los mismos motivos. Se sostuvo:

“El artículo 24 del Decreto-Ley 01 de 1984 subrogado por el artículo 17 de la Ley 57 de 1985 contempla el pago de las copias de los documentos oficiales cuando la cantidad solicitada lo justifique. A juicio del demandante, la norma restringe el derecho fundamental de petición como quiera que impone una carga económica injustificada al peticionario. En consecuencia debe la Corte Constitucional estudiar si la exigencia legal del pago de las copias de los documentos oficiales solicitadas por los ciudadanos conculca o restringe de manera injustificada y desproporcionada el derecho fundamental de petición, de igualdad en el tratamiento por parte del legislador u otros derechos fundamentales.

[...] Los argumentos esbozados por el autor en su demanda no son aceptables, como quiera que la disposición demandada, al imponer al ciudadano peticionario la carga de asumir el pago de las copias de los documentos solicitados, cuando la cantidad lo justifique, no significa que dicha limitación resulte violatoria del derecho fundamental de petición, pues es claro que el propósito que anima al legislador, cuando introduce este tipo de disposiciones en el orden jurídico, no es otro que el de pretender racionalizar el ejercicio de la función administrativa (Const. Pol., art. 209) si como el de preservar el patrimonio público de las entidades públicas.

[...] El legislador determinó que todas las personas en condiciones de igualdad, cuando en virtud del derecho de petición solicite la expedición de copias, deberán pagar las mismas, cuando la cantidad solicitada así lo justifique, conforme a la tarifa que adopte el funcionario público encargado de autorizar la expedición de las mismas, la cual en ningún caso podrá exceder el costo de la reproducción.

[...] Conforme a la jurisprudencia de esta Corte el derecho de petición al igual que los demás derechos fundamentales consagrados en el orden constitucional no tienen per se el carácter de absolutos, pues cuentan con los límites impuestos por los derechos de los demás y el orden jurídico.

En este sentido el legislador, puede, en ejercicio de la cláusula general de competencia prevista en el artículo 150 superior definir los distintos elementos materiales para concretar el ejercicio de los derechos fundamentales y por lo tanto es un deber constitucional la prevalencia de interés general y la carga ética de todo ciudadano de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. (art. 95, num. 1º y 5º constitucional).

La disposición acusada se acompasa con el orden constitucional superior y con la jurisprudencia de esta corporación, vertida sobre el particular, entre otras en las sentencias C-621 de 1997, T- 522 de 1994, T-424 de 1998, C-555 de 1993 y C-23 de 1998, en donde esta corporación en forma reiterada ha estimado que el derecho a una acción estatal que involucra la utilización de recursos públicos limitados se debe configurar dentro de unas condiciones materiales definidas previamente por el legislador, ya que la actividad estatal pero especialmente la administrativa se sustenta en los principios de eficiencia, moralidad, economía, celeridad y equidad (art. 209 superior).

Bajo esta perspectiva constitucional no existe límite constitucional para que el legislador no pueda establecer condiciones que procuren la racionalización del manejo de sus recursos públicos, siempre claro está, que tales límites sean razonables y proporcionales respecto a las finalidades constitucionales que se persiguen.

[...] El fundamento jurídico para el cobro por la expedición de las copias de documentos públicos, descansa en el artículo 95 numeral 9º de la Constitución Política a cuyo tenor es deber de las personas y de los ciudadanos contribuir con el funcionamiento y los gastos del Estado, dentro de los conceptos de justicia y equidad” (4) .

En el mismo sentido se había pronunciado la Sala de Consulta y Servicio Civil, al responder consulta elevada por el Ministro del Interior. En lo pertinente, se sostuvo (5) :

“En cuanto al costo de las fotocopias, este debe estar fijado en el reglamento interno del derecho de petición, adoptado por cada entidad estatal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1º de la Ley 58 de 1982, y 24 y 32 del Código Contencioso Administrativo.

Es de anotar que estas normas tendientes a que la administración cobre el valor del fotocopiado, tienen plena justificación cuando se trata de la solicitud de un particular...”.

Con el mismo criterio, en sentencia de 19 de agosto de 2004 la Sección Quinta de esta corporación, negó una acción de tutela en que el reclamante pretendía que las copias de los documentos públicos que había solicitado se le procuraran en forma gratuita. Precisó:

“El artículo 24 del Código Contencioso Administrativo, dispone que la expedición de copias dará lugar al pago de las mismas cuando la cantidad solicitada lo justifique, conforme a la tarifa que adopte el funcionario encargado de autorizar la expedición, la cual no podrá exceder el costo de la reproducción. El accionante solicitó a la subgerencia de gestión contractual del Instituto Nacional de Concesiones, que le fuera expedida “copia completa de ... para ser aportadas como prueba dentro de una acción popular, así como también para obtener certificación sobre la licitación para los proyectos relacionados y los proyectos con deuda. El funcionario comunicó al actor que el número de folios correspondientes a los documentos requeridos era ..., que el valor de las copias ascendía ..., y que quedaban a la espera del recibo de consignación para efectos de señalar el día y la hora en los que podía recogerlas. En el sub lite, no obra alguna que permita establecer que el actor se hubiera dirigido a la entidad demandada con el recibo de consignación para que le fueran entregadas las copias solicitadas. [...] Se tiene, entonces, que el hecho de que se cobre una tarifa por las copias que los particulares soliciten en ejercicio del derecho de petición —cuando lo sean en un número considerable— no constituye una vulneración al mismo, pues aquella medida se encuentra fundamentada en el principio de economía que es uno de los que debe regir la función administrativa, de acuerdo con el artículo 209 de la Constitución Política, al igual que en el deber ciudadano de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad, consagrado en el numeral 9º del artículo 95 de la Carta” (6) .

2.4. Los restantes cargos.

Los actores alegan violación de los artículos 1º (en tanto en un Estado social de derecho las competencias de los servidores públicos son regladas), 6º (por extralimitación funcional), 121 (por abuso de las funciones constitucionales) y 150 (nums.1º, 2º y 10 que atribuyen al Congreso la facultad de crear, modificar o derogar las leyes y los códigos).

Tampoco se configura la violación del artículo 6º C.P. que en cuanto dispone que los servidores públicos son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes o por extralimitarse en el ejercicio de sus funciones, pues en este caso el Consejo Superior de la Judicatura está facultado para expedir los acuerdos necesarios que reglamenten la prestación del servicio público de administración de justicia y regular los trámites judiciales y administrativos ante sus dependencias.

En cuanto a los artículos 121 y 150 (nums. 1º, 2º y 10) C.P. no observa la Sala por las siguientes razones la violación alegada:

El artículo 81 de la Ley 270 de 1996 (estatutaria de la administración de justicia) prevé que el derecho de petición podrá ejercerse ante el Consejo Superior de la Judicatura, en los términos de la Ley 57 de 1985 y demás disposiciones que la desarrollen y complementen.

A su vez, el artículo 257 C.P., en su numeral 3º, dispone que el Consejo Superior de la Judicatura dentro de sus funciones podrá dictar en los aspectos no previstos por el legislador, los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos y corporaciones judiciales.

La Ley 270 de 1996 (ley estatutaria de la administración de justicia) en el artículo 79 faculta a la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura para dictar su reglamento interno y el artículo 85 ibídem asigna a la Sala Administrativa competencia para dictar los reglamentos relacionados con la organización y funciones de los despachos y corporaciones judiciales y las de los distintos cargos.

El artículo 32 del Código Contencioso Administrativo al regular el trámite interno de las peticiones dispone que los organismos de la rama ejecutiva del poder público, las entidades descentralizadas del orden nacional, las gobernaciones y las alcaldías de los distritos especiales deberán reglamentar la tramitación interna de las peticiones que les corresponda resolver.

En consecuencia, el Consejo Superior de la Judicatura está habilitado constitucional y legalmente para adoptar las decisiones administrativas que juzgue necesarias para regular lo relacionado con el ejercicio del derecho de petición, en los despachos y corporaciones judiciales.

De las normas y las jurisprudencias citadas se concluye que no existe violación de las normas superiores invocadas.

Se denegarán las súplicas de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el 15 de noviembre de 2007».

(4) M.P. Fabio Morón Díaz.

(5) Consulta de 17 de marzo de 1999, Expediente 1176, actor: Ministro del Interior, M.P. César Hoyos Salazar.

(6) Sentencia de 19 de agosto de 2004, Expediente 19001-23-31-000-2004-0813-01, actor: Gustavo Adolfo Chávez Paz, M.P. María Noemí Hernández Pinzón.

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