Sentencia 2003-00320 de abril 29 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 470012331000200300320 01 (17051)

Magistrado Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Demandante: BAYER S.A.

Demandado: U.A.E. DIAN

Bogotá, Veintinueve de abril de dos mil diez.

FALLO

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Corresponde a la sección decidir sobre la legalidad de los actos administrativos que rechazaron la solicitud de devolución de IVA implícito de una serie de importaciones realizadas por Bayer S.A. en el año 2000.

En concreto, el problema jurídico se centra en determinar si la sociedad demandante tenía derecho a la devolución del IVA implícito pagado por las importaciones de unos productos ubicados en la partida arancelaria 38.08, que se hicieron entre el 11 de enero y el 3 de noviembre de 2000. En especial, se trata de establecer si la demandante cumplió con el requisito de acreditar la no producción nacional previsto en el parágrafo 1º del artículo 424 del estatuto tributario, modificado por el artículo 43 de la Ley 488 de 1998.

Previo a examinar el caso concreto, la Sala debe hacer las siguientes precisiones, que son necesarias para ilustrar el sentido de la decisión que se adoptará:

El artículo 43 de la Ley 488 de 1998, que modificó el artículo 424 del  estatuto tributario, en lo que interesa, dispuso:

“ART. 424.—Bienes que no causan el impuesto. Los siguientes bienes se hallan excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o importación no causa el impuesto a las ventas. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria Nandina vigente:

(…).

38.08 Plaguicidas e insecticidas.

(…).

PAR. 1º—La importación de los bienes previstos en el presente artículo estará gravada con una tarifa equivalente a la tarifa general del impuesto sobre las ventas promedio implícita en el costo de producción de bienes de la misma clase de producción nacional, con excepción de aquellos productos cuya oferta sea insuficiente para atender la demanda interna”.

Para  efectos de la liquidación y pago del impuesto sobre las ventas por las importaciones de esta clase de bienes, el Gobierno Nacional deberá publicar la base gravable mencionada en el inciso anterior aplicable a laimportación de cada bien, teniendo en cuenta la composición en su producción nacional” (se destaca).

En cumplimiento de ese mandato, el artículo 1º del Decreto 1344 de 1999(1) fijó la tarifa promedio implícita aplicable a la importación de los bienes señalados en el artículo 424 del estatuto tributario. Para la partida arancelaria 38.08 se asignó una tarifa del 9,2%. Esa tarifa era aplicable siempre que se acreditara, conforme al parágrafo 1º trascrito, que la producción nacional era insuficiente para atender la demanda interna.

Posteriormente, el artículo 1º del Decreto 2085 de 2000(2) estableció nuevamente las tarifas para la importación de los bienes señalados en el artículo 424 del estatuto tributario. Para la partida arancelaria 38.08 se fijó una tarifa del 7,7%.

Así mismo, el artículo 3º del decreto citado definió que no existía oferta insuficiente de un producto “cuando no exista producción nacional del mismo”. Sin embargo, esa expresión fue anulada por esta corporación, mediante sentencia del 15 de marzo de 2002, Expediente 11634, M.P. Dr. Germán Ayala Mantilla.

Mediante sentencia del 8 de febrero de 2002, Expediente 11864, esta sección declaró la nulidad del artículo 1º del Decreto Reglamentario 1344 de 1999, en cuanto gravó con IVA la importación de “plaguicidas e insecticidas” de la partida arancelaria 38.08, a la tarifa promedio implícita de 9,2%. La nulidad declarada incluía los siguientes productos:

“Partida arancelariaDescripciónCosto de producción nacional (base gravable para el Cálculo de la tarifa) % Tarifa promedio implícita %
38.08Plaguicidas e insecticidas57.89.2”

Nombre técnicoPosición arancelaria
1. Herbicida a base de Metribuzina y Clorimuron38.08.30.90.90
2. Herbicida a base de Clorimuron Etil38.08.30.90.90
3. Insecticida  a base de Methomyl38.08.10.19.00
4. Funguicida a base de Flusilasol38.08.20.90.90
5. Insecticida a base de Carbosulfan38.08.10.19.00
6. Insecticida a base de Permetrina38.08.10.92.90
7. Insecticida a base de Zetacipermetrina30.08.10.11.00
8. Herbicida a base de Hexazinona y Diuron38.08.30.90.90
9. Herbicida a base de Metsulfuron Methyl38.08.30.90.90
10. Funguicida a base de Benomyl38.08.20.90.90
11. Herbicida a base de Clomazoma38.08.30.90.90
12. Herbicida a base de Bensulfuron Methyl38.08.30.90.90
13. Herbicida a base de Nicolsulfuron38.08.30.90.90
14. Funguicida a base de Famoxadone y Cymoxanil38.08.20.90.90
15. Funguicida a base de Azimsulfuron38.08.30.90.90

 

En esa oportunidad se concluyó que la certificación expedida por el jefe de grupo de origen y producción nacional del Ministerio de Comercio Exterior acreditaba la oferta insuficiente para atender la demanda interna de los productos ubicados en la partida arancelaria 38.08(3).

No obstante, si bien la nulidad afectó las subpartidas mencionadas, lo cierto es que también cobijaba las demás incluidas en la nomenclatura arancelaria para la partida 38.08, que comprende los plaguicidas e insecticidas.

De tiempo atrás, la doctrina judicial de esta sección(4) ha establecido que los fallos de nulidad producen efectos “ex tunc”, es decir, desde el momento en que se profirió el acto anulado, por lo que las cosas deben retrotraerse al estado en que se encontraban, antes de que se expidiera el acto. Así mismo, se ha señalado que la sentencia de nulidad que recaiga sobre un acto de carácter general, afecta las situaciones que no se encuentren consolidadas. Esto es, las situaciones que al momento de dictarse el fallo se debatían o eran susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales.

En ese contexto, la Sala examinará el caso concreto.

Caso concreto

Hechos probados

La Sala encuentra probados los siguientes hechos:

1. Las declaraciones de importación cuyo pago del IVA implícito se acreditó, son las siguientes(5):

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Declaración de importaciónFechaProducto importadoSubpartida arancelariaIVA implícito pagado
DMA
2387003084541-7 30052000Carpropramide38.08.20.90.90$16’747.441
2387004053154-0 18072000Oxidemeton metil38.08.10.99.104’753.831
2387003084735-9 08082000Cyflutrin38.08.10.99.102’482.855
2387004054205-2 03112000Glicolica 2 -  bromo -2 nitro -1.3 propanodiol /  isotiazolinona38.08.90.90.002’616.328
2387004051448-1 03032000Cyflutrin38.08.10.99.102’245.755
2387003084879-0  28092000Glicolica 2 -  bromo -2 nitro -1.3 propanodiol /  isotiazolinona38.08.90.90.002’565.449
5518625008373-1 02022000Carpropramide38.08.20.90.9015’660.970
0534107055966-9 08092000Cyflutrin38.08.10.99.102’552.271
2387004053495-7 14082000Coumaphos38.08.10.99.908’327.761
2387004054021-4 04102000Coumaphos38.08.10.99.9012’701.670
2387004051071-9 11012000Glicolica 2 -  bromo -2 nitro -1.3 propanodiol /  isotiazolinona38.08.90.90.002’027.043
2387004053153-3 18072000Pencycuron38.08.20.90.907’095.644
2387003084903-1 02102000Methiocarb – pencycuron38.08.10.99.9038.08.20.90.9019’728.801
5518625008372-4 02022000Imidacloprid38.08.10.99.9039’190.192
5518625009218-2 10052000Pencycuron38.08.20.90.9012’770.077
5518625009219-1 10052000Pencycuron38.08.20.90.906’640.442
 Total$ 158’106.530

 

2. No está probada la presentación de la declaración de importación ni el pago del IVA implícito de la siguiente declaración:

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ver tabla
 FechaProducto importadoIVA implícito que habría pagado
DMA
2387004053703-428082000Pencycuron – carpropramide$15’811.535

 

3. Mediante oficio 53-022494 del 24 de junio de 1999, el jefe de división de producción nacional y oferta exportable del Instituto Colombiano de Comercio Exterior certificó que, entre otros, los productos carpropramid, coumaphos y cyflutrin, no tenían producción nacional(6). Además, en esa certificación se dejó la siguiente constancia:

“Es importante aclarar que el registro como productor nacional no es de carácter obligatorio, por lo tanto pueden existir en el país empresas que no se encuentren registradas y/o están desactualizadas y producen el producto en mención (sic).

Finalmente, aclaramos que la división de producción nacional se registran los productos por sus nombres técnicos y no por las marcas o nombres comerciales”.

4. Por medio de oficio 2-2000-22222S del 22 de agosto de 2000, el jefe de producción nacional del Ministerio de Comercio Exterior certificó que los productos isiotizolinona / glicol y glicolica 2- bromo - 2 nitro – 1.3- propanodiol / isotiazolinona, no tenían  producción nacional(7). Además, en esa certificación se dejó constancia de que:

“El registro como productor nacional no es de carácter obligatorio, por lo tanto pueden existir en el país empresas que producen los anteriores productos y no se encuentren inscritos en el Ministerio de Comercio Exterior. Por tal motivo, el concepto se emite con respecto a la existencia de productos registrados ante este ministerio independientemente de los volúmenes de producción”.

5. Mediante oficio 2-2000-15228S del 23 de junio de 2000, el jefe del grupo de producción nacional del Ministerio de Comercio Exterior certificó que, entre otros, los productos imidacloprid, coumaphos y cyflutrin, no tenían  producción nacional(8). En la certificación se dejó la misma constancia antes trascrita.

6. Por oficio 2-2000-38242S del 29 de noviembre de 2000, el jefe del grupo de origen y producción nacional del Ministerio de Comercio Exterior certificó que, entre otros, los productos carpropamid, imidacloprid, methiocarb, oxidimethon methyl y pencycuron, no tenían producción nacional(9). En la certificación se dejó la misma constancia antes trascrita.

7. El 24 de diciembre de 2001, la sociedad Bayer S.A. presentó solicitud de devolución de IVA implícito pagado en la importación de una serie de productos de la partida 38.08 del artículo 424 del estatuto tributario, por valor de $173’918.065(10).

8. En auto 023 de 27 de diciembre de 2001, la anterior solicitud fue inadmitida, porque el poder otorgado al apoderado judicial de Bayer S.A. no había sido otorgado por ninguna de las personas legalmente facultadas(11).

9. El 13 de febrero de 2002, la sociedad demandante subsanó la deficiencia advertida y reiteró la solicitud de devolución de IVA implícito(12).

10. Mediante Resolución 2 del 25 de febrero de 2002, la DIAN - Santa Marta rechazó definitivamente la solicitud de devolución(13).

En concreto, la DIAN argumentó que las certificaciones de no producción nacional, necesarias para acceder a la excepción del IVA implícito, debían presentarse con las declaraciones de importación. Dijo que, únicamente, la certificación de no producción nacional para la declaración de importación del 3 de noviembre de 2000 se presentó oportunamente, esto es, al momento de presentación de la declaración de importación. Que, sin embargo, dicha solicitud de devolución del IVA implícito se había presentado por fuera de los seis meses de que trata el artículo 853 del estatuto tributario.

11. Contra la última resolución se presentó recurso de reconsideración(14). La DIAN, con Resolución 14 del 30 de septiembre 2002, confirmó la decisión adoptada con la Resolución 2, mencionada(15).

Del recuento anterior, la Sala concluye que los hechos que dieron origen a la solicitud de devolución del IVA implícito y a la expedición de los actos administrativos demandados, deben ser analizados a la luz de los decretos 1344 de 1999 y 2085 de 2000, pues las declaraciones de importación fueron presentadas entre el 11 de enero y el 3 de noviembre de 2000.

En ese orden, como los productos importados estaban incluidos en la partida 38.08, que, como se dijo, fue anulada en el fallo del 8 de febrero de 2002, Expediente 11864, se debe determinar si las declaraciones de importación estaban en firme y si se configuró una situación jurídica, que no pudiera afectarse con la declaratoria de nulidad del artículo 1º del Decreto 1344 de 1999.

Esta corporación(16) ha considerado que, en materia de devoluciones, una situación jurídica no se consolida mientras el término para solicitar la devolución no esté vencido y, en esos casos, se ha dicho que procede la solicitud de reintegro.

En cuanto a la firmeza de las declaraciones de importación la Sala ha señalado(17) que, de conformidad con el artículo 131 del estatuto aduanero, la declaración de importación queda en firme cuando han transcurrido tres años, contados a partir de su presentación y aceptación, sin que haya existido notificación del requerimiento especial aduanero.

En el caso particular, se observa que las declaraciones de importación se presentaron el 11 de enero; el 2 de febrero; el 3 de marzo; el 10 y el 30 de mayo; el 18 de julio; el 8 y el 14 de agosto; el 8 y el 28 de septiembre; el 4 de octubre, y el 3 de noviembre, todas del año 2000. Luego, los términos de firmeza se cumplían transcurridos tres años desde esas fechas, esto es, en los mismos días y meses de los años 2003, respectivamente.

En efecto, cuando la demandante presentó la solicitud de devolución (24 de diciembre de 2001), las declaraciones citadas no estaban en firme, porque no había transcurrido el término requerido para el efecto. Es decir, el pago que realizó la actora por la importación de los productos carpropramid, coumaphos, cyflutrin, isiotizolinona / glicol y glicolica 2- bromo - 2 nitro – 1.3 - propanodiol / isotiazolinona, imidacloprid, methiocarb, oxidimethon methyl y pencycuron, no correspondía a una situación jurídica consolidada y constituye, a su vez, un pago de lo no debido al haber desaparecido la causal legal por los efectos ex tunc del fallo de nulidad citado.

En el caso que ocupa la atención de la Sala, la sociedad demandante contaba con diez años(18) para solicitar la devolución del pago de lo no debido, que era el plazo equivalente al de la prescripción de la acción ejecutiva que establecía el artículo 2536 del Código Civil, adoptado mediante del Decreto 1000, para las devoluciones en materia tributaria (D. 2685/99, art. 561 y D. 1000/97, arts. 11 y 21).

Significa lo anterior que mientras el término para solicitar la devolución no estuviera vencido, no existía situación jurídica consolidada y procedía la petición de reintegro. Esto es, los plazos para solicitar la devolución de lo pagado indebidamente, expiraban (y expiran) en los años 2009 y 2010, conforme con las declaraciones de importación.

En consecuencia, en el presente caso se pueden hacer extensivos los efectos ex tunc del fallo de nulidad proferido el 8 de febrero de 2002, Expediente 11864, en el que esta sección declaró la nulidad del artículo 1º del Decreto Reglamentario 1344 de 1999, en cuanto gravó con IVA la importación de “plaguicidas e insecticidas” de la partida arancelaria 38.08, pues, como se vio, no se consolidó una situación jurídica.

Por último, se debe advertir que los efectos del fallo de nulidad del Decreto 1344 de 1999 se aplican a las declaraciones presentadas entre el 11 de enero y el 4 de octubre de 2000. La declaración del 3 de noviembre de 2000 se rige por el Decreto 2085 de 2000. La devolución del IVA implícito que se pagó por esta declaración se rechazó porque se consideró que la solicitud era extemporánea. Como se precisó, el término para solicitar la devolución era de diez años, como en ese término se presentó la solicitud, no era pertinente su rechazo. En consecuencia, aunque el Decreto 2085 también fue anulado por esta corporación, no es necesario hacer el análisis de los efectos del fallo.

De la oportunidad para aportar la certificado de producción nacional

Ahora, la Sala determinara si le asistía razón para negar la devolución del IVA implícito, bajo el argumento de que las certificaciones no se habían aportado a tiempo.

Como se vio, la DIAN negó la devolución porque las certificaciones de no producción nacional, necesarias para acceder a la excepción del IVA implícito, debían aportarse al momento en que se presentaran las declaraciones de importación y no con posterioridad a que estas se realizaran.

Sobre el requisito previsto en el parágrafo 1º del artículo 424 del estatuto tributario, modificado por el parágrafo 1º de la Ley 488 de 1998, la Sala reitera la tesis expuesta, entre otras, en la sentencia del 2 agosto  de 2002, Expediente 12473, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, en la que se expuso:

“Se observa, que el parágrafo del artículo 43 de la Ley 488 de 1998, con la finalidad de “la liquidación y pago del gravamen”, radicó en cabeza del gobierno la facultad de publicar la base gravable implícita, teniendo en cuenta la composición de los costos de los bienes de la misma clase producidos nacionalmente.

Nótese cómo allí no se estableció ninguna otra previsión respecto a las condiciones o pruebas para acceder al beneficio, particularmente en torno a la aludida certificación. Tampoco lo hizo el reglamento contenido en el Decreto 1344 de 1999.

De suerte que de esta normatividad no surge como condición para la exclusión el que el importador obtenga o haya solicitado previamente  una certificación emanada de entidad oficial, simplemente el tratamiento surge de la circunstancia de que la oferta sea insuficiente para atender la demanda interna”.

En cuanto a la oportunidad para acreditar tal requisito en la sentencia se dijo:

“En efecto, de la normatividad interpretada no se desprende ninguna regulación probatoria acerca de la oportunidad en la que el importador debe acreditar el presupuesto de exclusión, como tampoco que la circunstancia de su no obtención o solicitud previa a la importación,  tenga como consecuencia  que se agote el derecho, ni colegirse que la causación del gravamen esté condicionada a la obtención o a demostración de la solicitud previa del certificado expedidopor la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior, o que de no tramitarse previamente a la importación, surja que el bien importado está gravado y en consecuencia se pierda el derecho al tratamiento especial”.

Es evidente, entonces, que la administración no podía negar la devolución por el hecho de que las certificaciones no se hubieran aportado de forma oportuna. La norma que prevé la exclusión del IVA implícito para los productos previstos en el artículo 424 del estatuto tributario, modificado por el artículo 43 de la Ley 488 de 1998, no establecía que la certificación de no producción nacional debiera presentarse con las declaraciones de importación. Esta exigencia, sin duda, desconoce esa misma norma y limita el derecho para que Bayer S.A. recobrara las sumas indebidamente pagadas por concepto del IVA implícito.

En ese orden, ahora la Sala examinará si la sociedad demandante cumplió con el requisito de acreditar la insuficiencia de producción de los productos importados entre el 11 de enero y el 4 de noviembre de 2000.

Las certificaciones reseñadas en los numerales 3º, 4º, 5º y 6º del acápite de hechos probados de esta sentencia dan cuenta de que los productos carpropramid, coumaphos, cyflutrin, isiotizolinona / glicol y glicolica 2- bromo - 2 nitro – 1.3 - propanodiol / isotiazolinona, imidacloprid, methiocarb, oxidimethon methyl y pencycuron no tenían producción nacional para atender la demanda interna. Por lo tanto, era procedente la aplicación de la exclusión del IVA implícito y, por ende, se debía ordenar la devolución de las sumas pedidas.

No obstante, como en el expediente solo se acreditó el pago del IVA implícito por valor de $158’106.530, no es posible ordenar la devolución de  $ 173’918.605, que ordenó el a quo. En efecto, en el expediente no hay prueba de la presentación de la declaración de importación 2387004053703-4 ni del pago del IVA implícito por valor de $15’811.535.

Del reconocimiento de intereses

En cuanto a la solicitud de reconocimiento de intereses, se debe recordar que el artículo 557 del Decreto 2685 de 1999(19) dispone que cuando hubiera lugar al reconocimiento de intereses en un proceso de devolución se aplicará lo previsto en los artículos 863 y 864 del estatuto tributario, que determinan los presupuestos legales para el reconocimiento de intereses corrientes y moratorios.

En efecto, en los casos en que surge el derecho a la devolución hay lugar al reconocimiento de intereses moratorios y corrientes. Los corrientes, nacen a partir del momento en que se reconoce la obligación de devolver al contribuyente una suma cierta de dinero, esto es, en materia aduanera desde la notificación del acto que negó la devolución y hasta la fecha de notificación del acto o providencia judicial que la reconoció. Los intereses moratorios, por su parte, surgen a partir del vencimiento que tenía la administración para devolver y hasta la fecha en que se gire el cheque, se emita el título o se consigne el valor al contribuyente.

En el caso particular, la solicitud de devolución se presentó en debida forma el 13 de febrero de 2002.La administración, según el inciso 2º del artículo 551 del estatuto aduanero, tenía 30 días para resolver la solicitud, esto es, dicho término vencía el 1º de abril de 2002. A su turno, el acto que negó definitivamente la devolución (Res. 14) se profirió el 30 de septiembre de 2002 (no  hay prueba de la fecha de notificación).

En esa medida, los intereses corrientes deberán liquidarse desde la fecha de notificación de la Resolución 14 de 2002, fecha que deberá verificar la DIAN, hasta la fecha de notificación de esta sentencia.

Por su parte, los intereses moratorios deberán liquidarse desde el 1º de abril de 2002 (día en que venció el término para resolver la solicitud de devolución) hasta la fecha en que notifique esta sentencia.

Sobra decir que no es procedente la indexación ordenada por el a quo, pues el reconocimiento de los intereses moratorios, incluye, entre otros aspectos, la pérdida del poder adquisitivo del dinero como consecuencia del paso del tiempo.

Por las razones expuestas, se confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, en cuanto declaró la nulidad de las resoluciones 608002 y 00014 de 2002, proferidas por la DIAN. No se confirma respecto de la nulidad del auto 23 de 2001, por cuanto se trata de un acto simple trámite. Así mismo, se modificará el restablecimiento del derecho y se ordenará devolver la suma de $158’106.530, por concepto del IVA implícito indebidamente pagado, suma frente a la que deberán liquidarse los intereses corrientes y de mora, en la forma indicada en esta sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE el numeral primero de la sentencia apelada. En consecuencia, la Sala se inhibe de pronunciarse sobre la nulidad del auto 23 de 2001, por tratarse de un acto de trámite.

2. CONFÍRMASE el numeral segundo de la sentencia apelada, por las razones expuestas.

3. MODIFÍCASE el numeral tercero de la sentencia apelada, en el siguiente sentido:

ORDÉNASE, a título de restablecimiento del derecho, la devolución de $158’106.530, por concepto del IVA implícito indebidamente pagado, suma frente a la que deberán liquidarse los intereses corrientes y de mora, en la forma indicada en esta sentencia”.

4. RECONÓCESE personería jurídica a la abogada Biviana Nayibe Jiménez Galeano, para actuar en representación de la DIAN, en los términos del poder conferido.

Cópiese, notifíquese, y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) Vigente desde el 22 de julio de 1999.

(2) Vigente desde el 18 de octubre de 2000.

(3) Así mismo, en las sentencias de mayo 12 de 2000, Expediente 9873 M.P. Daniel Manrique Guzmán; de octubre 6 de 2000, Expediente 9895, M.P  Julio Enrique Correa Restrepo; de febrero 8 de 2000,  Expediente 11864, M.P. Juan  Ángel Palacio Hincapié; de agosto 29 de 2002, Expediente 12007 y de septiembre 5 de 2002, Expediente 11894, M.P. María Inés Ortiz Barbosa; de septiembre 4 de 2003, Expediente 13553, M.P. Ligia López Díaz,  se declaró la nulidad del artículo 1º del Decreto 1344 de 1999, en cuanto gravó con el IVA promedio implícito la importación de los productos clasificados en las partidas arancelarias 10.05 (maíz), 10.04 (avena), 38.08 (plaguicidas e insecticidas), 31.02, 31.03, 31.04, 31.05 (abonos minerales y otros), 23.09 (preparaciones utilizadas para alimentación de animales), 30.04 (medicamentos). En esos procesos, se demostró que la producción nacional de los bienes importados, era insuficiente para abastecer el mercado interno y que, por ende, operaba la excepción prevista en la ley.

(4) Ver, entre otras, las sentencias del 13 de marzo de 2003, M.P. Ligia López D., Expediente 13336 y del 18 de octubre del 2006, M.P. Héctor J. Romero Díaz.

(5) Folios 28, 32, 39, 43, 48, 55, 57, 64, 70, 76, 81, 86, 92, 95, 101 y 109 del c.p.

(6) Folios 29-31 del c.p.

(7) Folio 47 del c.p.

(8) Folios 68-69 del c.p.

(9) Folios 90-91 del c.p.

(10) Folios 117-120 del c.p.

(11) Folios 121-122 del c.p.

(12) Folios 123-126 del c.p.

(13) Folios 128-134 del c.p.

(14) Folios 131-140 del c.p.

(15) Folios 141-144 del c.p.

(16) Sentencia de marzo 5 de 2003, Expediente 12248, M.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(17) Sentencia de noviembre 23 de 2005, Expediente 14715, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié y sentencia de octubre 27 de 2005, Expediente 14979, M.P. Héctor J. Romero Díaz, entre otras.

(18) Actualmente cinco años, conforme con el artículo 8º de la Ley 791 de 2002.

(19) ART. 557.—Cancelación de intereses. Cuando hubiere lugar a la cancelación de intereses como consecuencia de un proceso de devolución a cargo de la Nación por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y previa solicitud del interesado, su pago se sujetará a las apropiaciones correspondientes dentro del presupuesto general de la Nación, conforme a lo previsto en los artículos 863 y 864 del estatuto tributario.