Sentencia 2003-00326 de enero 28 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 730012331000200300326 01 (30.560)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Humertilda Vargas Núñez y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintiocho de enero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del presente recurso de apelación en razón a que la mayor pretensión individualmente considerada corresponde a $ 332.000.000 (equivalente 1.000 SMLMV(1)) por concepto de perjuicios por daño a la vida de relación. A la fecha de la presentación de la demanda —7 de febrero de 2003— este valor supera el exigido para que el proceso sea de dos instancias (D. 597/88 - $ 36.950.000).

En ese orden, corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 2 de febrero de 2005, que negó las súplicas de la demanda.

2. Aspectos procesales previos.

2.1. Objeto del recurso de apelación.

Resulta necesario precisar, ab initio, que el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, solicita la revocatoria del fallo de primera instancia y que se proceda a condenar a La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional por los supuestos perjuicios causados a los demandantes con la muerte del señor Alfonso Muñoz Palacios, por lo tanto, la presente providencia centrará sus razonamientos sobre los puntos señalados por el apelante único.

Al respecto es preciso resaltar que:

“para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo”(2), razón por la cual se ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’”(3).

Lo anterior, obliga a destacar que el recurso de apelación se encuentra limitado a los aspectos indicados por el apelante, por lo cual, en principio, los demás asuntos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia(4) de la sentencia como el principio dispositivo(5)-(6).

En este sentido, la Sala Plena de la Corporación en reciente pronunciamiento reiteró que mediante el recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial —en este caso la que contiene una sentencia—, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con sus propias consideraciones o apreciaciones, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia. Lo anterior lo sostuvo de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(7).

Dicho lo anterior, se itera que la parte demandante solicitó la revocatoria total de la sentencia recurrida, y en consecuencia se declare la responsabilidad de las entidades demandadas, al considerar que la atención brindada al señor Muñoz Palacios en las instalaciones del Hospital de la Policía de la ciudad de Ibagué (Tolima) fue inadecuada, inoportuna y sin la diligencia que el caso ameritaba. Lo anterior, en atención a que existía una recomendación de trasplante cardiaco al paciente, lo que hacía necesario que le brindara la mayor atención posible, ya que se trataba de una persona con especiales condiciones de salud.

Adicionalmente, el apoderado de los demandantes afirma que no está de acuerdo con la tesis planteada por el a quo en el sentido de que se le prestó la atención debida con los instrumentos a disposición, debido a que el señor Muñoz Palacios, según los accionantes, permaneció en el Hospital por espacio de cuatro horas sin que los médicos de turno prestaran la atención que este requería.

Así pues, en aras a garantizar el principio de congruencia, debido proceso y la igualdad, el análisis se circunscribirá a lo solicitado en el recurso de apelación, hacer lo contrario sería incumplir mandatos legales y desconocer el precedente judicial, así como negarle a la parte demandada el derecho a controvertir los argumentos usados en su contra en la oportunidad que el proceso establece para tal fin.

2.2. Valor probatorio de los documentos aportados en copia simple.

Ahora bien, antes de abordar el estudio del caso concreto, es necesario precisar lo concerniente a los documentos aportados en copia simple al proceso por el apoderado de la parte actora.

En reciente pronunciamiento del 28 de agosto de 2013, de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, al referirse al valor probatorio de los documentos aportados en copia simple, entre otras señaló:

“Ahora bien, una vez efectuado el recorrido normativo sobre la validez de las copias en el proceso, la Sala insiste en que —a la fecha— las disposiciones que regulan la materia son las contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, con la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, razón por la cual deviene inexorable que se analice el contenido y alcance de esos preceptos a la luz del artículo 83 de la Constitución Política y los principios contenidos en la Ley 270 de 1996 —estatutaria de la administración de justicia—.

En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

El anterior paradigma, como se señaló, fue recogido por las leyes 1395 de 2010, 1437 de 2011, y 1564 de 2012, lo que significa que el espíritu del legislador, sin anfibología, es modificar el modelo que ha imperado desde la expedición de los decretos leyes 1400 y 2019 de 1970.

En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (C.P., arts. 228 y 229).

Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad.

De allí que, no puede el juez actuar con obstinación frente a los nuevos lineamientos del derecho procesal o adjetivo, en los que se privilegia la confianza y la lealtad de las partes, razón por la cual esa es la hermenéutica que la Sección C (sic) de la Sección Tercera ha privilegiado en pluralidad de decisiones, entre ellas vale la pena destacar(8).

Lo anterior, no quiere significar en modo alguno, que la Sala desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios —como los procesos ejecutivos— en los cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v.gr. el original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.). Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas como por ejemplo el artículo 141 del Código Contencioso Administrativo, norma reproducida en el artículo 167 de la Ley 1437 de 2011 —nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—”(9).

En el caso de autos, la Sala encuentra que la parte demandante aportó en copia simple la Resolución 1604 del 21 de mayo de 2001 “Por la cual se reconoce pensión por invalidez, parte de indemnización por incapacidad psicofísica al señor DM. (r) Alfonso Muñoz Palacios y se niega unos puntos”, proferida por la Policía Nacional (fls.17 y 18, cdno. 1), análisis clínico y estado de salud del señor Alfonso Muñoz Palacios, realizado por el Dr. Carlos Larrarte el 26 de junio de 2002 (fls. 21 a 74, cdno. 1) y copia simple de la hoja de registro numero 151 donde se encuentra demostrado que Alfonso Muñoz Palacios ingresó al Departamento de Policía del Tolima - Dirección de Sanidad el día 16 de julio de 2002 a las once de la mañana (11:00 A.M) (fl. 122, cdno. 1).

Sobre el punto es pertinente indicar, que dichos documentos no fueron desconocidos, ni mucho menos tachados de falsos, por el contrario, la Sala observa que los medios probatorios así presentados han obrado a lo largo del proceso, sin que haya sido objeto de tacha por parte de la entidad demandada, para quien es claro su conocimiento pleno de la prueba, por cuanto en sus escritos de defensa hizo alusión a la misma y tuvo oportunidad de contradecirla o usarla en su favor.

Fundamentada la Sala en los argumentos citados, se valorarán los mencionados documentos conforme a los rigores legales vigentes en la materia.

2.3. Valor probatorio del dictamen pericial aportado por los demandantes.

La parte demandante aportó con el escrito de la demanda, un dictamen rendido por el Dr. Carlos Larrarte P. con registro médico 15869 que además de contener la historia del señor Alfonso Muñoz Palacios, tiene una serie de apreciaciones médicas que hacen necesario que la Sala se pronuncie sobre su validez.

Es así como bajo los criterios de la sana crítica y libre valoración esta Subsección considera que debe desechar este dictamen, pues no satisface las necesidades de la misma. Así, lo ha manifestado esta Subsección en diferentes pronunciamientos:

“En suma, el juez está en el deber de estudiar bajo la sana crítica el dictamen pericial y en libertad de valorar sus resultados; si lo encuentra ajustado y lo convence, puede tenerlo en cuenta total o parcialmente al momento de fallar, o desechar sensatamente y con razones los resultados de la peritación por encontrar sus fundamentos sin la firmeza, precisión y claridad que deben estar presentes en el dictamen para ilustrar y transmitir el conocimiento de la técnica, ciencia o arte de lo dicho, de suerte que permita al juez otorgarle mérito a esta prueba por llegar a la convicción en relación con los hechos objeto de la misma”(10).

La Corporación frente al dictamen pericial ha señalado:

“En atención al principio de la valoración integral de la prueba que recoge nuestra codificación instrumental civil en su artículo 187, lo cual referido a esa sana crítica demanda que: “Es obvio que si en el proceso aparecen otras pruebas que desvirtúen las conclusiones del dictamen o al menos dejen al juez en situación de incertidumbre sobre el mérito que le merezca, luego de una crítica razona y de conjunto, aquél no puede tener plena eficacia probatoria”, e igualmente, en palabras del insigne tratadista en materias de pruebas y su valoración, profesor Dohring”… El juez no está atado a la concepción del perito; su deber es someterla a un concienzudo examen y sólo deberá aceptarla si lo convence plenamente”. Y es que de los testimonios y demás pruebas obrantes en el proceso, se colige sin esfuerzo alguno y con claridad meridiana, que el dictamen se quedó corto frente a la universalidad o tratamiento completo de la actividad médica, lo que hizo desequilibrar la objetividad del experticio al ocuparse sólo de una faceta dejando de lado la integralidad que demandaba el asunto sometido a estudio”(11).

Es así, como la Sala concluye que el dictamen presentado por el galeno en el caso en comento, no ofrece la suficiente convicción por la escasez de material probatorio que se tuvo a su alcance al emitir este dictamen. Es decir, no ofrece la credibilidad necesaria a la Subsección para tener por cierto lo allí consignado, lo anterior, en atención a que las conclusiones a las que llegó el mencionado médico, carecen del soporte probatorio necesario para corroborar su veracidad, por lo tanto, no será tenido en cuenta por la Sala.

3. Problema jurídico.

¿Del acervo probatorio se puede concluir que concurren los presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad del Estado por los daños causados a los demandantes como consecuencia de la muerte de Alfonso Muñoz Palacios, por parte de la entidad demandada al no haberle brindado la atención médica requerida de manera oportuna, adecuada y eficiente, o por el contrario, la entidad actuó con la debida diligencia y cuidado que requería el paciente?

4. Del acervo probatorio.

Dentro del expediente, obran las siguientes pruebas:

1. Original del registro civil de matrimonio de los señores Alfonso Muñoz Palacios y Humbertilda Vargas Núñez, celebrado el 10 de abril de 1977 (fl. 6, cdno. 1).

2. Copia auténtica del registro civil de defunción del señor Alfonso Muñoz Palacios donde consta que su muerte ocurrió el día 16 de julio de 2002 (fl. 7, cdno. 1).

3. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Humbertilda Vargas Núñez (fl. 8, cdno. 1).

4. Original del certificado del registro civil de nacimiento de Astrid Elena Muñoz Vargas, expedido por la Notaria Primera del Circuito de Florencia (Caquetá), donde consta que sus padres son Alfonso Muñoz Palacios y Humbertilda Vargas Núñez (fl. 9, cdno. 1).

5. Original del certificado del registro civil de nacimiento de Aida Luz Muñoz Vargas, expedido por la Notaria Primera del Circuito de Florencia (Caquetá), donde consta que sus padres son Alfonso Muñoz Palacios y Humbertilda Vargas Núñez (fl. 10, cdno. 1).

6. Original del certificado del registro civil de nacimiento de Diego Alfonso Muñoz Vargas, expedido por la Notaria Primera del Circuito de Florencia (Caquetá), donde consta que sus padres son Alfonso Muñoz Palacios y Humbertilda Vargas Núñez (fl. 11, cdno. 1).

7. Original de la partida de bautismo de la señora Ana Delia Palacio Londoño, donde consta que nació el día 4 de abril de 1929 (fl. 12, cdno. 1).

8. Original de la partida de bautismo del señor José Reinaldo Muñoz González, donde consta que nació el 10 de octubre de 1923 (fl. 13, cdno. 1).

9. Original de la copia del registro civil de nacimiento de José Reinaldo Muñoz Palacios, donde consta que nació el 1º de febrero de 1961 (fl. 14, cdno. 1).

10. Original de la copia del registro civil de nacimiento de Horacio Muñoz Palacio, donde consta que nació el 4 de septiembre de 1964 y que sus padres son Ana Delia Palacios Londoño y José Reinaldo Muñoz González (fl. 15, cdno. 1).

11. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Jesús Ángel Muñoz Palacio, donde consta que sus padres son Ana Delia Palacios Londoño y José Reinaldo Muñoz González (fl. 16, cdno. 1).

12. Copia simple de la Resolución 1604 del 21 de mayo de 2001 “Por la cual se reconoce pensión por invalidez, parte de indemnización por incapacidad psicofísica al señor DM. (r) Alfonso Muñoz Palacios (sic) y se niega unos puntos”, proferida por la Policía Nacional, la cual en su parte resolutiva señaló (fls. 17 y 18, cdno. 1):

“ART. PRIMERO.—Reconocer pensión por invalidez al señor DM (r) ALFONSO MUÑOZ PALACIOS, quien se identifica con la cedula de ciudadanía 7.512.437, nacido el 1º de enero de 1950, por valor de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 652.197,42) a partir del 24 de febrero de 2001.

ART. SEGUNDO.—Reconocer indemnización por perdida de la capacidad psicofísica DM (r) ALFONSO MUÑOZ PALACIOS quien se identifica con la cédula de ciudadanía 7.512.437, la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATRO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 1´579.004,28).

ART. TERCERO.—Negar el reconocimiento y pago de indemnización por perdida de la capacidad laboral dictaminada por el Acta de Junta Médico Laboral 0985 del 14 de septiembre de 2000, Numeral 5-019 índice de veintiún (21) puntos al señor DM (r) ALFONSO MUÑOZ PALACIOS, quien se identifica con la cedula de ciudadanía 7.512.437 de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este acto (…)”.

13. Original de la constancia emitida por la Policía Nacional - Departamento de Policía Caquetá de fecha 26 de febrero de 2002, en donde consta que el señor Alfonso Muñoz Palacios laboró en el departamento como fontanero de la unidad y otras funciones que de su cargo le competían; su principal responsabilidad era estar pendiente del tratamiento del agua que llegaba a la unidad, manipulando químicos para su purificación (fl. 20, cdno. 1).

14. Copia simple de la hoja de registro numero 151 donde se encuentra demostrado que Alfonso Muñoz Palacios ingresó al Departamento de Policía del Tolima - Dirección de Sanidad el día 16 de julio de 2002 a las once de la mañana (11:00 A.M.) (fl. 122, cdno. 1), en la que se consignó lo siguiente:

ingresa pte de 56 años en silla de ruedas en estado crítico cianótico sudoroso inconciente (sic) cabeza caída hacia delante con salida de secreción por la boca, se coloca oxígeno a 3 litros. El Dr. Triana lo valora en camilla posición (ilegible). Se procede rápido a tomar SVT (ilegible) PTA con pupilas dilatadas. Se hace reanimación con combo x 10 minutos masaje cardiaco. Adrenalina IX sin respuesta. AG RU Alfonso Muñoz Palacios (…)”. (Resaltado propio).

15. Oficio de fecha 28 de agosto de 2003 por medio del cual la Policía Nacional - Dirección de Sanidad - Hospital Central remitió copia de la historia clínica del señor Alfonso Muñoz Palacios, donde se resalta lo siguiente (fls. 3 a 23, cdno. 2):

“Abril 16/01 Cardiología

Miocardiopatía dilatada FE 20º

Disnea CF III ortopnec

(Ilegible)

Espirinolactona 100 - furosemida 4c

TA:90/60

(…)

26 Jul. 2001

Pte viene a control

Dx de miodilatada con severo compromiso de la función vesicular

(…)

12-03-02

(ilegible) asintomático (ilegible) no disnea

No signos de falla

Recibe breve (ilegible) bilateral cuerpo sonoro (…)”.

16. Original de oficio remitido por el Departamento de Policía del Tolima - Grupo Sanidad de fecha 9 de septiembre de 2003 a través del cual se remitió fotocopia de la historia clínica del señor Alfonso Muñoz Palacios, la cual contenía los siguientes documentos (fls. 1 a 5, cdno. 3):

a. Informe de remisión o interconsulta de Alfonso Muñoz Palacios de fecha 18 de febrero de 2002 (fl. 2, cdno. 3).

b. Resumen de la historia clínica del señor Alfonso Muñoz Palacios de fecha 30 de junio de 2002 realizada por la Sociedad Médico Quirúrgica del Tolima (fl. 3, cdno. 3).

c. Informe de Ecocardiografía realizado a Alfonso Muñoz Palacios de fecha 2 de julio de 2002 (fl. 4, cdno. 3)

d. Copia del control al que acudió el señor Alfonso Muñoz Palacios el 15 de julio de 2002 al Grupo de Sanidad del Departamento de Policía del Tolima (fl. 1, cdno. 3)

17. Testimonio rendido por los señores Nelfi Vianeth Vargas Díaz, Luis Alciber Quintero García, Jackeline Montealegre Guzmán y Edilberto Pacheco Andrade, quienes se refirieron al dolor que le causó a la familia del señor Alfonso Muñoz Palacios su muerte (fls. 25 a 32, cdno. 2).

5. Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado(12), este concepto tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública(13) tanto por la acción, como por la omisión, bien sea bajo los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional u otro.

En los anteriores términos, la responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico).

5.1. El daño.

El daño comprendido, desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil extracontractual(14) y del Estado impone considerar aquello que derivado de la actividad o de la inactividad de la administración pública no sea soportable i) bien porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o ii) porque sea “irrazonable”(15), en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos.

En cuanto al daño antijurídico, la Corte Constitucional ha señalado que la:

“(…) antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”(16).

Debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo de Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho, ya que como lo señala el precedente de la Sala un “Estado Social de Derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos”(17). Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable(18), anormal(19) y que se trate de una situación jurídicamente protegida(20).

Es preciso advertir que en la sociedad moderna, el instituto de la responsabilidad extracontractual está llamado a adaptarse, de tal manera que se comprenda el alcance del riesgo de una manera evolutiva y no sujetada al modelo tradicional. Esto implica, para el propósito de definir el daño antijurídico, que la premisa que opera en la sociedad moderna es aquella según la cual a toda actividad le son inherentes o intrínsecos peligros de todo orden, cuyo desencadenamiento no llevará siempre a establecer o demostrar la producción de un daño antijurídico. Si esto es así, sólo aquellos eventos en los que se encuentre una amenaza inminente, irreversible e irremediable permitirían, con la prueba correspondiente, afirmar la producción de una daño cierto, que afecta o genera un detrimento en derechos, bienes o intereses jurídicos, y que esperar a su concreción material, podría implicar la asunción de una situación más gravosa para la persona que la padece(21).

Así pues, el daño antijurídico se plantea con relación a la muerte de Alfonso Muñoz Palacios acaecida el 16 de julio de 2002, tal y como consta en el registro civil de defunción (fl. 7, cdno. 1), es decir, se encuentran debida y legalmente acreditada la muerte de la víctima.

Ahora bien, determinada la existencia de un daño antijurídico la Sala procederá a revisar si este daño es imputable a la parte demandada, por lo cual llevará a cabo este juicio de responsabilidad desde el ámbito fático y jurídico.

5.2. Imputación de la responsabilidad al Estado y fundamento del deber jurídico de reparar.

En cuanto a la imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio; daño especial; riesgo excepcional). Adicionalmente, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado. Precisamente, en la jurisprudencia constitucional se sostiene, que la “superioridad jerárquica de las normas constitucionales impide al legislador diseñar un sistema de responsabilidad subjetiva para el resarcimiento de los daños antijurídicos que son producto de tales relaciones sustanciales o materiales que se dan entre los entes públicos y los administrados. La responsabilidad objetiva en el terreno de esas relaciones sustanciales es un imperativo constitucional, no sólo por la norma expresa que así lo define, sino también porque los principios y valores que fundamentan la construcción del Estado según la cláusula social así lo exigen”(22).

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad(23), según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica(24).

En cuanto a lo anterior, la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”(25). Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”(26).

Esto es sin duda, un aporte dado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”(27). Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no(28). Es más, se sostiene doctrinalmente “que la responsabilidad objetiva puede llegar a tener, en algunos casos, mayor eficacia preventiva que la responsabilidad por culpa. ¿Por qué? Porque la responsabilidad objetiva, aunque no altere la diligencia adoptada en el ejercicio de la actividad (no afecte a la calidad de la actividad), sí incide en el nivel de la actividad (incide en la cantidad de actividad) del sujeto productor de daños, estimulando un menor volumen de actividad (el nivel óptimo) y, con ello, la causación de un número menor de daños”(29).

Dicha tendencia es la que marcó la jurisprudencia constitucional, pero ampliando la consideración de la imputación (desde la perspectiva de la imputación objetiva) a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad(30) es necesario para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación. Dicho juicio, en este marco, obedece sin lugar a dudas a un ejercicio de la ponderación(31) que el juez está llamado a aplicar bajo la consideración de la utilización de la máxima “Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”(32).

Esta formulación no debe suponer, una aplicación absoluta o ilimitada de la teoría de la imputación objetiva que lleve a un desbordamiento de los supuestos que pueden ser objeto de la acción de reparación directa, ni a convertir a la responsabilidad extracontractual del Estado como herramienta de aseguramiento universal(33), teniendo en cuenta que el riesgo, o su creación, no debe llevar a “una responsabilidad objetiva global de la Administración, puesto que no puede considerarse (…) que su actuación [de la administración pública] sea siempre fuente de riesgos especiales”(34), y que además debe obedecer a la cláusula del Estado Social de Derecho(35).

Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño. En concreto, la atribución jurídica debe exigir la motivación razonada, sin fijar un solo título de imputación en el que deba delimitarse la responsabilidad extracontractual del Estado(36), sino que cabe hacer el proceso de examinar si procede en primera medida la falla en el servicio sustentada en la vulneración de deberes normativos(37), que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho; en caso de no poder aplicarse dicha motivación, cabe examinar si procede en el daño especial, sustentado en la argumentación razonada de cómo (probatoriamente) se produjo la ruptura en el equilibrio de las cargas públicas; o, finalmente, si encuadra en el riesgo excepcional. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Tercera “(…) en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso en concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá que adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos “títulos de imputación” para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas —a manera de recetario— un específico título de imputación (…)”(38).

Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

Teniendo en cuenta lo anterior, pasa la Sala a analizar el segundo de los elementos de la responsabilidad del Estado, es decir, la imputación del daño causado al ente demandado.

5.2.1. Responsabilidad por falla en la prestación del servicio médico.

Bajo estos postulados, en el caso de autos el juicio de imputación se realizará a la luz del concepto de falla en la prestación del servicio de salud, el cual opera, como lo señala la jurisprudencia de la Sección Tercera, no sólo respecto de los daños indemnizables derivados de la muerte o de las lesiones corporales causadas, sino que también comprende:

“… Los que se constituyen por la vulneración del derecho a ser informado; por la lesión del derecho a la seguridad y protección dentro del centro médico hospitalario y, como en este caso, por lesión del derecho a recibir atención oportuna y eficaz”(39).

Cuando la falla probada en la prestación del servicio médico y hospitalario se funda en la “lesión al derecho a recibir atención oportuna y eficaz”, se debe observar que está produce como efecto la vulneración de la garantía constitucional que recubre el derecho a la salud, especialmente en lo que hace referencia al respeto del principio de integridad en la prestación de dicho servicio, el cual según el precedente jurisprudencial constitucional:

“La protección al derecho fundamental a la salud no se limita simplemente al reconocimiento de los servicios que se requieren con necesidad; sino que comprende también su acceso de manera oportuna, eficiente y de calidad. La prestación del servicio de salud es oportuna cuando la persona lo recibe en el momento que corresponde para recuperar su salud sin sufrir mayores dolores y deterioros. En forma similar, el servicio de salud se considera eficiente cuando los trámites administrativos a los que se somete al paciente para acceder a una prestación requerida son razonables, no demoran excesivamente el acceso y no imponen al interesado una carga que no le corresponde asumir. Por otro lado, el servicio de salud es de calidad cuando las entidades obligadas a prestarlo actúan de manera tal “que los usuarios del servicio no resulten víctimas de imponderables o de hechos que los conduzcan a la desgracia y que, aplicando con razonabilidad los recursos estatales disponibles, pueden ser evitados, o su impacto negativo reducido de manera significativa para la persona eventualmente afectada”(40).

Dicho principio de integralidad del servicio exige considerar, según el precedente jurisprudencial constitucional, que:

“todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así como todo otro componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento de la salud del paciente o para mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores condiciones; y en tal dimensión, debe ser proporcionado a sus afiliados por las entidades encargadas de prestar el servicio público de la seguridad social en salud”(41).

A lo que se agrega, según el precedente jurisprudencial constitucional:

“Se considera por tanto que hay un daño, cuando se produce un dolor intenso, cuando se padece la incertidumbre y cuando se vive una larga e injustificada espera, en relación con la prestación de servicios médicos, la aplicación de medicamentos o la ejecución de procedimientos que no llegan o que se realizan de manera tardía o incomoda.

“Al respecto cabe destacar que el derecho a la salud de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional:

— Debe ser integral:

“(…) la atención y el tratamiento a que tienen derecho los pertenecientes al sistema de seguridad social en salud cuyo estado de enfermedad esté afectando su integridad personal o su vida en condiciones dignas, son integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento(42), así como todo otro componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento de la salud del paciente(43) o para mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores condiciones; y en tal dimensión, debe ser proporcionado a sus afiliados por las entidades encargadas de prestar el servicio público de la seguridad social en salud”(44).

En ese sentido, la Sala ha manifestado en decisiones precedentes que dicha falla se circunscribe a una consideración básica:

“La obligación de prestar asistencia médica es compleja, es una relación jurídica total, compuesta por una pluralidad de deberes de conducta (deber de ejecución, deber de diligencia en la ejecución, deber de información, deber de guardar secreto médico, etc.). Ese conjunto de deberes conforma una trama, un tejido, una urdimbre de la vida social responde a la idea de organización —más que de organismos— en punto a la susodicha relación jurídico total (…) Por tanto, aquel deber jurídico principal supone la presencia de otros deberes secundarios de conducta, como los de diagnóstico, información, recepción de la voluntad jurídica del enfermo —llamada comúnmente consentimiento del paciente—, prescripción, guarda del secreto profesional, satisfacción del plan de prestación en su integridad (actividad que supone no abandonar al enfermo y cuidar de él hasta darlo de alta)”(45) (resaltado fuera de texto).

Ahora bien, en cuento a la prueba de la responsabilidad médica la Corporación ha señalado:

En materia de responsabilidad médica, la jurisprudencia actual ha sostenido que en los casos en que no sea posible acreditar la falla mediante una prueba directa, dicho título de imputación podrá acreditarse mediante una prueba indiciaria, la cual apreciada en su conjunto conduzca a arribar a una única conclusión cierta para establecer el juicio de responsabilidad, pues, el indicio constituye uno de los medios de prueba permitido en nuestro estatuto procesal, a cuyos términos el hecho indicador deberá estar plenamente probado en el proceso por cualquiera de los medios probatorios, para así inferir la existencia de otro hecho no conocido. De cara a este concepto, tratándose del régimen de responsabilidad médica, deberán estar acreditados en el proceso todos los elementos que configuran la responsabilidad de la administración, de manera que le corresponde a la parte actora acreditar el hecho dañoso y su imputabilidad al demandado, el daño y el nexo de causalidad entre estos, para la prosperidad de sus pretensiones. En suma, en cumplimiento del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, y por lo tanto, corresponde a la parte actora probar los hechos por ella alegados”(46).

6. Caso concreto(47).

Pasa la Sala analizar si en el caso en comento hubo negligencia por parte de la entidad demandada en la atención médica brindada al señor Alfonso Muñoz Palacios en las instalaciones del Departamento de Policía del Tolima - Grupo de Sanidad, o si por el contrario, se actuó de acuerdo con los parámetros que exige el ejercicio de la medicina. Para dilucidar el interrogante así planteado se estudiará el material probatorio arrimado por las partes al proceso.

Como primera medida la Subsección considera pertinente señalar, con relación a los hechos objeto de la presente acción de reparación directa, entendidos como, las circunstancias que rodearon la muerte de Muñoz Palacios en las instalaciones del Departamento de Policía del Tolima, que los demandantes manifiestan en la demanda que el señor Muñoz Palacios fue trasladado al Grupo de Sanidad del Departamento de Policía del Tolima en grave estado de salud, donde según ellos, no se le brindó atención médica requerida constituyéndose de esta manera una falla en la prestación del servicio. Pero también observa la Sala con extrañeza, que posteriormente en el escrito de apelación el apoderado señala que la atención brindada fue inadecuada, inoportuna y sin la diligencia que el caso ameritaba, circunstancia esta que constituye una modificación de la causa petendi. No obstante, en aras de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia de los accionantes, la Sala abordará el estudio del caso a luz del servicio médico brindado al paciente Muñoz Palacios.

Así pues, y en atención al principio de la no reformatio in pejus la Sala procederá únicamente al estudio de los puntos objeto de apelación. En consecuencia, tenemos que la parte demandante hace radicar su descontento con la sentencia del a quo en que de acuerdo con el material probatorio recaudado se encuentra debidamente probado que hubo una falla en la prestación del servicio médico, ya que este fue inadecuado, inoportuno y sin diligencia, y segundo, que no se puede esperar una muerte anunciada sin hacer nada al respecto y sin hacer uso los medios con que contaba la Policía Nacional para atender al señor Muñoz Palacios, afirmación que se sustenta en que la víctima tenía una patología de base y que permaneció en las instalaciones de la Policía Nacional por espacio de 4 horas sin que los médicos de turno le brindaran la atención hospitalaria y farmacológica que este requería.

Con relación al primero de los puntos señalados en la apelación, encuentra la Sala que del acervo probatorio recaudado no es dable concluir que la muerte del señor Muñoz Palacios se produjo como consecuencia de una falla en la prestación del servicio médico brindado por la Policía Nacional el día 16 de julio de 2002 en las instalaciones de la entidad, tal y como lo afirman los accionantes, por el contrario, de los diferentes medios de prueba se observa que la atención fue adecuada, oportuna y diligente, como pasa a explicarse:

Inicialmente, es necesario referirse a la doctrina jurídica la cual ha establecido dos fases o momentos que explican el ejercicio del acto médico, distinción que obedece a la finalidad que este persigue y al momento en que se irrumpe en la esfera de la prestación del servicio de salud. Estos son: el diagnóstico y el tratamiento propiamente dicho(48), los cuales son explicados de la siguiente manera:

“1.2.1. El diagnóstico.

(…) el diagnóstico es la etapa encaminada a establecer el cuadro clínico del enfermo, en particular la naturaleza y tipología de la enfermedad o la razón de la problemática que lo aqueja.

Así las cosas, la fase de diagnosis implica, recta vía, la aplicación de una serie de conocimientos científicos con el propósito de esclarecer la ratio que subyace a la patología que aqueja al paciente, según sea el caso; se trata entonces de un ejercicio inductivo en el que el profesional valora ciertos signos y síntomas característicos —provenientes del examen físico, biológico o científico— que, a la luz de su conocimiento profesional y de la interpretación o lectura conjunta de los mismos (integración), lo conduce a la formulación de una hipótesis de trabajo para el asunto en particular; esa hipótesis, en rigor, es el diagnóstico y, como tal, se halla sujeto a comprobación, confirmación o revaluación ulterior, toda vez que no es absoluta, inamovible o pétrea.

(…)

1.2.2. El tratamiento.

(…) Su propósito es el de erradicar, controlar, atenuar o mitigar la enfermedad o enfermedades padecidas por el paciente, hasta donde ello sea viable. Es el producto de una serie de medidas que, según el diagnóstico realizado por el médico (prius), tiende a conjurar la génesis de los padecimientos que aquejan al paciente. Por ello es por lo que se encamina a eliminar sus causas con el fin de superar la enfermedad, cuando ello sea posible, o se limitará a mitigar los efectos de la dolencia, cuando la curación definitiva no se pueda lograr mediante tratamiento alguno (efecto paliativo)”(49).

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala observa que en el sub examine existió un diagnóstico oportuno que permitió establecer el cuadro clínico del señor Muñoz Palacios, el cual padecía de una grave enfermedad de origen cardiaco desde el mes de abril del año 2000 y a quien la Policía Nacional le brindaba el servicio médico que requería, lo que demuestra que se le ofreció el tratamiento necesario para tratar de erradicar, controlar, atenuar o mitigar la enfermedad, hasta donde ello fue posible. Argumento que encuentra sustento en la historia clínica, la cual establece lo siguiente (fls. 21 a 74, cdno. 1 y 3 a 23, cdno. 2):

“(…)

ENFERMEDAD ACTUAL 

Abril del 2000 

Presento (sic) episodios repetitivos de disnea de pequeños esfuerzos, palidez facial, palpitaciones, dolores torácicos y abdominales, náuseas, pérdida del apetito, desvanecimientos y edemas de miembros inferiores. Fue hospitalizado por presentar cuadro de severa dificultad respiratoria, en el hospital de Florencia, donde lo remitieron a la Clínica de la Policía (Bogotá) para estudio y tratamiento por Insuficiencia Cardiaca Congestiva y cuadro clínico de severa dificultad respiratoria. Cuadro miocardiopatía dilatada, según ecocardiograma, tomado en el Instituto Cardiovascular Florencia.

(…).

CONCLUSIONES

1. Severa cardiopatía dilatada

2. Severa (sic) compromiso de función sistólica ventricular izquierda.

3. Insuficiencia mitral grado II

4. Insuficiencia aórtica grado II

5. Crecimiento biauricular

Dra. MARÍA DEL PILAR PEÑA. Cardióloga

Junio 20 de 2000

(…)

El paciente Alfonso Muñoz, se interna en el Hospital María Inmaculada en la ciudad de Florencia, Historia Clínica 112573 y con el carnet de funcionario de la Policía Nacional 751243.

(…)

22 de junio de 2000

(…)

6. Se remite con la intención de que se realicen todos los exámenes necesarios para encontrar la causa de la cardiomiopatía, se desea que se evalúe por el servicio de cardiología, se debe remitir acompañado por médico residente.

(…)

27 de junio de 2000

(…)

CONCLUSIONES

Miocardiopatía dilatada, severo compromiso de la función sistólica. Insuf. aórtica (insuficiencia aórtica) GII (grado II). Firma y sello del médico de la policía Pineda Ruiz Rafael María.

(…)

07-07-00: se le término (sic) el contrato de cateterismo por lo cual se da salida y debe hospitalizarse para dicho procedimiento el 10-07-00. Firma (…)

“Abril 16/01 Cardiología 

Miocardiopatía dilatada FE 20º

Disnea CF III ortopnec

(Ilegible)

Espirinolactona 100 –furosemida 4c

TA:90/60

(…)

26 Jul. 2001 

Pte viene a control

Dx de miodilatada con severo compromiso de la función vesicular

(…)

12-03-02

(Ilegible) asintomático (ilegible) no disnea

No signos de falla

Recibe breve (ilegible) bilateral cuerpo sonoro (…)”. (Resaltado y subrayado propios).

Es decir, que al paciente desde el mismo momento en que le fue descubierta la enfermedad se le dio el diagnóstico correcto y se le brindó el tratamiento pertinente, pese a ello y debido a la severa cardiopatía dilatada, el compromiso de la función sistólica ventricular izquierda, la insuficiencia mitral grado II, la insuficiencia aórtica grado II y el crecimiento biauricular, la salud del señor Muñoz Palacios se deterioró a tal punto que el día 16 de julio de 2002, ingresó a las once de la mañana (11:00 A.M.) a la Dirección de Sanidad del Departamento de Policía del Tolima en estado crítico, tal y como se reseñó en la hoja de registro 151 de la entidad (fl. 122, cdno. 1):

ingresa pte de 56 años en silla de ruedas en estado crítico cianótico sudoroso inconciente (sic) cabeza caída hacia delante con salida de secreción por la boca, se coloca oxígeno a 3 litros. El Dr. Triana lo valora en camilla posición (ilegible). Se procede rápido a tomar SVT (ilegible) PTA con pupilas dilatadas. Se hace reanimación con combo x 10 minutos masaje cardiaco. Adrenalina IX sin respuesta. AG RU Alfonso Muñoz Palacios (…)”. (Resaltado propio).

Así pues, al analizar el comportamiento desplegado por la Dirección de Sanidad de la Policía del Departamento del Tolima al atender la urgencia, la Sala encuentra que este fue adecuado, ya que como bien lo señala el tratadista Alberto León Duque Osorio en su libro “Tema de Prueba en la Responsabilidad Médica”, “en casos de urgencia se obliga a todas las entidades de salud, de carácter público o privado, a prestar los servicios médicos correspondientes en forma inmediata a todas las personas, independientemente de su capacidad de pago y sin someterlo a periodos de espera (…)”(50). Presupuesto que fue plenamente cumplido por la entidad demandada, conclusión a la que se llega tras observar que el señor Muñoz Palacios ingresó de urgencias en estado crítico a las instalaciones de la entidad demandada, la cual le proporcionó el servicio en forma inmediata, sin someterlo a periodos de espera injustificados, tal y como lo exige la Ley y la doctrina jurídica.

Así pues, está claro que el servicio proporcionado fue adecuado y oportuno, teniendo en cuenta el estado de gravedad en el que arribó el paciente, el cual no le dio tiempo a los médicos de turno de tomar acción diferente a tratar de estabilizarlo proporcionándole el oxígeno necesario. Conducta que se acompasa con los parámetros y acciones que la doctrina ha establecido como necesarias dentro de la atención inicial de urgencias(51):

“ (…)

1. La realización de acciones que tiendan a estabilizar al paciente en sus signos vitales,

2. La realización de un diagnóstico de impresión; es decir, a partir de lo observado en el paciente, el médico emite un diagnóstico como sensación clínica de que algo le está ocurriendo al paciente, y

3. El definirle al paciente el destino inmediato, el cual podrá consistir en:

a) La conducta de seguir con la atención de urgencia o,

b) La conducta de remitir el paciente de manera inmediata al nivel de atención y grado de complejidad que se requiera” (resaltado fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior, el proceder de la Policía Nacional a través de sus médicos fue el adecuado, debido a que el señor Muñoz Palacios ingresó al Departamento de Policía del Tolima - Dirección de Sanidad, “en estado crítico cianótico sudoroso inconciente (sic)”, siendo la primera decisión de los médicos el tratar de estabilizado para poder darle un diagnóstico y brindarle un tratamiento acorde con su enfermedad; no obstante, casi inmediatamente se iniciaron maniobras de reanimación tratando de salvarle la vida, esfuerzos que fueron infructuosos. Ahora bien, debe ser la Sala enfática en señalar que el resultado adverso por sí solo no significa un quebrantamiento de la lex artis, ni la configuración de una falla en el servicio, pues como quedó dicho anteriormente se cumplió con los protocolos establecidos para la atención de urgencias.

Ahora bien, frente a la supuesta falta de oportunidad y demora en la prestación del servicio médico (4 horas según el dicho de los demandantes), reposan en el expediente los testimonios rendidos por los señores Luis Alciber Quintero García y Nelfi Vianeth Vargas Díaz, quienes dan cuenta de los momentos previos a la muerte de Muñoz Palacios así:

a. El señor Luis Alciber Quintero García manifestó en su declaración lo siguiente (fls. 28 a 30, cdno. 2):

“(…) PREGUNTADO: ¿Dado a conocer sucintamente los hechos materia de declaración? CONTESTO: El señor Alfonso Muñoz trabajaba en la Policía Nacional, cuando murió tenía un porcentaje de pensión. El murió por problemas del corazón que le pronosticaron (sic) en el año 2001 cuando aún se encontraba laborando en la Policía y a partir de ese momento en su familia hubo un cambio total tanto moral como económicamente, era una familia muy unida, compartíamos en paseos, en fiestas, era una persona divertida. Teniendo en cuenta esto me dí (sic) cuenta que en los momentos que se ponía muy grave se llevaba al hospital y a la clínica de la Policía y simplemente se le controlaba en el momento más que todo la asfixia, se le controlaba colocándole oxigeno (sic), y hasta esos días le servía, una vez estaba mejor volvía otra ves (sic) para su casa. Alcabodeltiempoelproblemadelcorazónlofuedeteriorandomucho,yanodormía,nocaminabalonormalteníaquedescansaratodomomento,ciertosalimentoslecaíanmalyselehinchabanmucholospuesdebidoaquenopodíaorinarybajosuspropiosteniendoencuentaqueesaenfermedadnoteníacura,eldecíaqueloúnicoerauntrasplantedecorazón, se que el fue a que le hicieran ese transplante (sic) pero le fue negada esa petición. Yaenelúltimodía16dejuliode2002enhorasdelamañanaelseñorAlfonsonosesostenía,eldoloreramuyintensosegúnellodecía,yarespirabadefectuosamente,lospieshinchadostotalmente,noorinaba,yviendoesasituaciónlepedíquemeacompañaraalaclínicaymásomenosalas9o10delamañanadeesedíalobajedeunsegundopisocargadoyabordesucarroparticular,yomanejéyconmigoibantambiénsuhijoDiegoAlfonsoMuñozyNelfiVianethVargas,nosotrostres. Llegamos a la Clínica de la Policía ubicada en la carrera 3ª con calle 21, como está ubicada en un segundo piso nos prestaron una silla de ruedas y alllegaralconsultorionosencontramosalmédicoquiennossaludódeportivamente“quiuboAlfonositootravezporacá”yenelmomentollamóalaenfermerayledijoquelecolocaraoxigenoyelenelmomentonoleobrabaeloxigeno,pueseldíaquenosentíaningunamejoríayviéndoloenelestadoenqueseencontraba,elmédicosimplementedijoqueloacostaraenlacamillaylaverdadesquealrecostarloenlacamillayoyalomuertoyenelmomentolehicieronvarioschoqueseléctricosperonorespondió,yomeretiredelacamillaymefui. Allí lo único que hicieron fue hacerle los choques pero el estaba ya muerto a pesar de haber entrado a la Clínica vivo, pero en mal estado. (…) Yo me siento muy decepcionado teniendo en cuenta la pérdida de un ser tan querido, el cual la policía hubiera podido salvar esa vida, pues la enfermedad la adquirió cuando se encontraba laborando con productos químicos y no le prestaron la protección necesaria para el manejo de todos esos químicos. Ni aún así cuando le dieron la pensión lo despacharon para la casa con un porcentaje mínimo de pensión y negándose de toda culpa de la muerte de Alfonso” (resaltado y subrayado fuera de texto).

n ass. ni ara el manejo de todos esos quictos quidad la adquirirto a pesar de haber entrado a la Clyo ya lo v que no dijo que

b. Nelfi Vianeth Vargas Díaz narra los hechos así (fls. 25 a 27, cdno. 1):

“Mi nombre es como quedó antes escrito, (…) tengo 17 años de edad, de estado civil soltera, de profesión estudiante. (…) PREGUNTADO: ¿Dado a conocer sucintamente los hechos materia de declaración? CONTESTO: El señor Alfonso Muñoz Palacios murió a causa de una enfermedad profesional, la Policía Nacional le puso ningún tipo de cuidado y por eso su deterioro físico fue aumentando día tras día y murió. El trabajaba con químicos como soda cáustica, ipoclorito de sodio que son químicos muy pesados para su organismo y la policía no le ofreció ningún tipo de maquina (sic) que inhalara los olores producidos por los químicos y todo eso fue deteriorando su estado físico. Cuando la Policía se dio cuenta que el señor Muñoz Palacios estaba con la enfermedad de hipertensión pulmonar, sufría del corazón, lo pensionó por la enfermedad porque existían pruebas. Yoestabaeldía16dejuliode2002enlashorasdelamañanajuntoconelfinadoyelempezóatenerdeficienciadeexógeno,alverestoelseñorLuisquieneselesposodemiprimaAidaLuzyDiegoAlfonso,hijodelfinado,procedimosallevarloaurgenciasdelaPolicíaNacionalqueestáubicadocercaalterminaldetransportedelaciudaddeIbagué, ahíllegamosylaniñarecepcionistanosdijoquedebíamoshacerfilaconunpacientequeestabasupremamentemal,ellanosdijodespuésdeunos15minutosquesiguiéramos,loentramosalpacienteylepusieronunabaladeoxigeno,peroyohableconunaseñoragordadecabelloblancoyledijoqueeloxigenonoleestabahaciendoqueseteniaquehacerlealgomasbeneficiosoparael,enesemomentodijeronqueno,quedebíamosqueesperarunos3díaspararemitirloaBogotáycomoalos5o10minutoselseñorAlfonsoMuñozPalaciosmurió. Me consta que la Policía no le puso cuidado en el tratamiento del señor Muñoz pues le tocó pagar un cardiólogo particular en la ciudad de Bogotá, teniendo por nombre Dr. Carlos Larrarte, quien atiende en la Clínica Marly (…) A el lo pensionaron en el año 2000, en ese tiempo se le empezó a ver el deterioro físico muy rápido (…) En cuanto a la atención médica decir que a la Policía le falta más responsabilidad para con sus empleados, ojalá eso sirva a esa institución para que sean más prevenidos con esas enfermedades porque pueden llegar a un fatal desenlace como le ocurrió al señor Alfonso Muñoz Palacios” (resaltado y subrayado fuera de texto).

Con base en lo anterior, y de acuerdo con la totalidad del acervo probatorio recaudado, la Sala concluye que carece de veracidad que en el Departamento de Policía del Tolima se demoraron 4 horas en atender a Alfonso Muñoz Palacios el día 16 de julio de 2002, debido a que de acuerdo con la hoja de registro 151 del Departamento de Policía del Tolima - Dirección de Sanidad el señor Alfonso Muñoz Palacios ingresó a las once de la mañana (11:00 A.M.) a las instalaciones de la entidad y conforme a lo consignado en el registro civil de defunción (fl. 7, cdno. 1), el paciente falleció a las once y diez minutos de la mañana (11:10 A.M.), es decir, solamente transcurrieron 10 minutos desde la llegada del occiso al Departamento de Policía y su deceso.

Por lo tanto, los testimonios rendidos por quienes acompañaron al señor Muñoz Palacios a urgencias y las aseveraciones hechas por el apoderado de los demandantes en cuanto a que hubo demora en la atención brindada, carecen de total sustento fáctico y jurídico.

Ahora bien, frente a la necesidad del trasplante de corazón que requería el señor Muñoz Palacios, para la Sala no existe prueba alguna que indique que este procedimiento hubiese podido salvar la vida del paciente, primero, porque según lo dice la propia demandante la solicitud se encontraba en trámite y como es sabido por muy delicado que sea el estado de salud de la persona es necesario cumplir con unos protocolos, que entre los varios lineamientos con que cuenta se requiere encontrarse en una lista de espera hasta que aparezca un donante, en segundo lugar, el órgano objeto de trasplante debe ser compatible con el receptor y por último, el cuerpo sometido a ese procedimiento médico debe aceptar el trasplante realizado.

Por consiguiente, absolutamente nada puede garantizar la efectividad de un procedimiento de tanta complejidad y mal haría esta Corporación en aceptar que en el presente caso la operación hubiese salvado la vida de Muñoz Palacios, cuando no existe prueba técnica ni científica que así lo demuestre, más aun cuando el paciente ingresó en un estado crítico al servicio de urgencias de la Policía Nacional y falleció diez minutos después de su ingreso, es decir, ni siquiera hubiese habido tiempo de llevar a cabo la cirugía en ese preciso momento, hecho que de ninguna manera constituye una falla en la prestación del servicio.

Así pues, y pese a que se tiene por cierto que la víctima padecía una grave enfermedad (la cual fue diagnosticada y tratada por la Policía Nacional), la Sala observa que de la historia clínica aportada al plenario no se puede concluir que la prestación médica brindada fue inadecuada, inoportuna o sin la debida diligencia, por el contrario, como se dijo en líneas anteriores, se tiene plenamente probado que esta fue de acorde con las especiales circunstancias del paciente y con los parámetros y protocolos establecidos para casos similares(52).

Ahora bien, frente al segundo de los puntos objeto de apelación, esto es, que la muerte del señor Muñoz Palacios fue anunciada y que no se hizo uso de los medios con que la entidad demandada contaba, la Sala encuentra que de acuerdo con el acervo probatorio, dicha afirmación carece de sustento fáctico ya que como bien se dijo en párrafos anteriores, no es verdad que el paciente no fue atendido por los funcionarios del Departamento de Policía del Tolima - Grupo de Sanidad pese a la gravedad de su cuadro clínico, por el contrario, de la nota de ingreso a la entidad y del mismo testimonio de las personas que lo acompañaron, se concluye que hubo atención médica por parte del galeno de turno quien le proporcionó el oxígeno necesario para estabilizarlo y adicionalmente se realizaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar adecuadas para tratar de traer de nuevo a la vida al señor Muñoz Palacios, pero desafortunadamente el resultado no fue el esperado.

Es por esto, que le asiste razón al Tribunal de primera instancia cuando afirma:

“(…) Y a pesar de haber fallecido en la enfermería de la institución policiva de esta capital el día 16 de julio de 2002, sin que se hubiera remitido en forma inmediata a organismo de complejidad en salud, se debió al estado de gravedad en que ingresó; que únicamente permitió al médico de turno realizar aquellas maniobras de reanimación cardiopulmonar y de oxigenación, conforme aparece a folio 122 de este cuaderno, con el desenlace fatal en minutos previos a su muerte, según se colige de los testimonios de Nelfi Vianeth Vargas Díaz y Luis Alciber Quintero García (fls. 25 a 30, cdno. 2), pero esto no se puede considerar la causa de esta, máxime que no hay prueba científica al respecto (…)”.

Es decir, del material probatorio la Sala puede concluir que contrario a lo dicho por los accionantes, que la institución pública le brindó a Alfonso Muñoz Palacios la atención que estaba a su disposición, teniendo en cuenta que las únicas conductas que podían desplegar los galenos eran aquellas tendientes a estabilizar el paciente en consideración a su estado de gravedad, tal y como ocurrió.

Así las cosas, para la Sala resulta claro que el aquí demandante no logró demostrar que la muerte de Alfonso Muñoz Palacios fue por causa de la deficiente y negligente prestación del servicio médico brindado por la Policía Nacional, incumpliendo de esta manera la carga de la prueba consagrada en el artículo 177(53) del Código de Procedimiento Civil.

En conclusión, no hay lugar a imputarle responsabilidad a la entidad demandada, ya que si bien el señor Muñoz Palacios falleció en las instalaciones del Departamento de Policía del Tolima - Grupo de Sanidad, también es cierto que, de los diferentes medios de prueba obrantes en el expediente no se concluye que el fatal desenlace se haya producido por una falla en la prestación del servicio médico, por el contrario, se deduce que al paciente le fue brindada la atención que permitió la premura del tiempo.

Por lo anterior, la Sala considera que el daño antijurídico no le es imputable (fáctica y jurídicamente) a la entidad demandada y en consecuencia, se confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 2 de febrero de 2005.

7. Costas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera - Subsección C de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 2 de febrero de 2005 que negó las súplicas de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Sin condena en costas.

3. DEVUÉLVASE inmediatamente el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

1 Es necesario tener en cuenta que la pretensión individualmente considerada se encuentra en la estimación razonada de la cuantía, realizada por el apoderado de la parte demandante.

2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 1º de abril de 2009, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, radicación 32800. “De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”.

3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 10 de febrero de 2010, C.P. Hernán Andrade Rincón, radicación 16306. Cfr. Corte Constitucional C-583 de 1997.

4 En relación con la aplicabilidad del principio de congruencia en lo que corresponde a la resolución del recurso de apelación puede consultarse el pronunciamiento efectuado recientemente por la Sala, mediante providencia fechada en abril 1º de 2009, dentro del expediente 32.800, con ponencia de la señora Magistrada Ruth Stella Correa Palacio, en la cual se puntualizó: “De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”.

5 Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O como dice COUTURE, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso” “Son características de esta regla las siguientes: “(…). El campo de decisión del juez queda determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el juez no puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado” (resaltados adicionales). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, pág. 106.

6 Consejo de Estado - Sección Tercera - Sala Plena, sentencia de 9 de febrero de 2012, expediente 21.060.

7 Consejo de Estado - Sala Plena de Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 2012, expediente 21060.

8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 18 de enero de 2012, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación 1999-01250. Oportunidad en la que se precisó: “De conformidad con las manifestaciones de las partes, para la Sala dicho documento que obra en copia simple, tiene en esta oportunidad mérito para ser analizado y valorado, comoquiera que la parte demandada pidió tener esa copia como prueba y valorarla como tal; en otras palabras, la Nación no desconoció dicho documento ni lo tachó de falso, sino que conscientemente manifestó su intención de que el mismo fuese valorado dentro del proceso. “En consideración a lo anterior y a pesar de que no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254 de la ley procesal civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, que no pueden aplicarse las formas procesales con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad del documento aportado por la parte actora en copia simple, admitido como prueba por la Nación que, además, aceptó el hecho aducido con el mismo en la contestación de la demanda”. De igual forma, se pueden consultar la sentencia de 7 de marzo de 2011, expediente 20171, M.P. Enrique Gil Botero, oportunidad en la que se precisó: “Lo primero que advierte la Sala es que el proceso penal fue aportado en copia simple por la parte actora desde la presentación de la demanda, circunstancia que, prima facie, haría invalorable los medios de convicción que allí reposan. No obstante, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales recientes, se reconocerá valor probatorio a la prueba documental que si bien se encuentra en fotocopia, ha obrado en el proceso desde el mismo instante de presentación del libelo demandatorio y que, por consiguiente, ha surtido el principio de contradicción. “En efecto, los lineamientos procesales modernos tienden a valorar la conducta de las sujetos procesales en aras de ponderar su actitud y, de manera especial, la buena fe y lealtad con que se obra a lo largo de las diferentes etapas que integran el procedimiento judicial. “En el caso sub examine, por ejemplo, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue acompañada con la demanda y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se entregó como anexo de la misma, circunstancia que no acaeció, tanto así que los motivos de inconformidad y que motivaron la apelación de la providencia de primera instancia por parte de las demandadas no se relacionan con el grado de validez de las pruebas que integran el plenario sino con aspectos sustanciales de fondo que tienen que ver con la imputación del daño y con la forma de establecer la eventual participación en la producción del mismo. “Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor probatorio a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas. “El anterior paradigma fue recogido de manera reciente en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —que entra a regir el 2 de julio de 2012— en el artículo 215 determina que se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tienen el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas; entonces, si bien la mencionada disposición no se aplica al caso concreto, lo cierto es que con la anterior o la nueva regulación, no es posible que el juez desconozca el principio de buena fe y la regla de lealtad que se desprende del mismo, máxime si, se insiste, las partes no han cuestionado la veracidad y autenticidad de los documentos que fueron allegados al proceso”.

9 Consejo de Estado. Sentencia del 28 de agosto de 2013, radicación 25022, M.P. Enrique Gil Botero.

10 Consejo de Estado, auto del 3 de marzo de 2010, expediente 37269.

11 Consejo de Estado, Sentencia del 3 de mayo de 2007, expediente 16098.

12 “3. Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada —en especial en el artículo 16— los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado”. Corte Constitucional, Sentencia C-864 de 2004, Sentencia C-037 de 2003.

13 Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sentencia de 21 de octubre de 1999, expedientes: 10948-11643. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la imputatio juris’ además de la ‘imputatio facti’”.

14 “(…) el perjudicado a consecuencia del funcionamiento de un servicio público debe soportar el daño siempre que resulte (contrario a la letra o al espíritu de una norma legal o) simplemente irrazonable, conforme a la propia lógica de la responsabilidad patrimonial, que sea la Administración la que tenga que soportarlo”. PANTALEON, Fernando. “Como repnsa, Fernando. "hos e intereses constitucionalmente reconocidos.xtracontractual puede encontrarse posturas segómo repensar la responsabilidad civil extracontractual(sic) (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, pág. 185.

15 “(…) que lo razonable, en buena lógica de responsabilidad extracontractual, para las Administraciones públicas nunca puede ser hacerlas más responsables de lo que sea razonable para los entes jurídico-privados que desarrollan en su propio interés actividades análogas”. PANTALEON, Fernando. “Como repnsa, Fernando. "hos e intereses constitucionalmente reconocidos.xtracontractual puede encontrarse posturas segómo repensar la responsabilidad civil extracontractual(sic) (También de las Administraciones públicas)”, ob. cit., pág. 186.

16 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal —bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía— sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002.

17 Agregándose: “Para eludir el cumplimiento de sus deberes jurídicos no puede exigirle al juez que, como no le alcanzan sus recursos fiscales, no le condene por ejemplo, por los atentados de la fuerza pública, contra la dignidad de la persona humana". Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 1995, expediente: 9550.

18 Sección Tercera, sentencia de 19 de mayo de 2005, expediente 2001-01541 AG.

19 “(…) por haber excedido los inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio”. Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2000, expediente: 12166.

20 Sección Tercera, sentencia de 2 de junio de 2005, expediente 1999-02382 AG.

21 "(…) el daño que se presenta a partir de la simple amenaza que permite inferir el agravamiento de la violación del derecho, sin que suponga su destrucción total, no se incluye en los estudios de la doctrina sobre el carácter cierto del perjuicio. Y sin embargo, esta situación también se expresa en el carácter cierto del perjuicio. La única diferencia radica en que la proyección en el futuro se hará a partir de la amenaza y hasta la lesión definitiva y no respecto de las consecuencias temporales de esta última. Por esta razón es necesario tener en cuenta esta nueva situación y hacer una proyección en el futuro partiendo de la amenaza del derecho que implicará un agravamiento de la lesión del mismo (…) Se parte, en acuerdo con C. THIBIERGE cuando expone las carencias actuales de la responsabilidad civil, de tener en cuenta “el desarrollo filosófico del principio de responsabilidad y la idea de una responsabilidad orientada hacia el futuro que le permitiría al derecho liberarse de la necesidad de un perjuicio consumado y de crear una responsabilidad sólo por la simple amenaza del daño, con la condición de que este último sea suficientemente grave” (…) La alteración del goce pacífico de un derecho es un perjuicio cierto. Aunque se pudiere reprochar que la amenaza de un derecho es por definición contraria a su violación, y por consecuencia, es contraria (sic) a la noción de daño, se reitera que la mera amenaza de violación es de por sí un daño cierto y actual. En efecto, el sentido común indica que el uso alterado de un derecho no es un goce pleno y pacífico de este, precisamente porque supone que se encuentra disminuido (…) La necesidad de estudiar la amenaza de agravación del derecho en la certeza del daño. Los desarrollos de esta primera parte nos permiten concluir que la amenaza de daño pertenece al ámbito del régimen jurídico del daño y por ende de la responsabilidad civil. Excluirla de la materia deja una parte esencial del daño sin estudio, permitiendo que se instauren concepciones en las cuales el derecho procesal limita el derecho sustancial”. HENAO, Juan Carlos, “De la importancia de concebir la amenaza y el riesgo sobre derechos ambientales como daño cierto. Escrito a partir del derecho colombiano y del derecho francés”, en VVAA, Daño ambiental, T.II, 1ª editorial, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2009, págs. 194, 196 y 203.

22 Corte Constitucional, Sentencia C-043 de 2004.

23 En los términos de Kant, dicha imputación se entiende: “Imputación (imputatio) en sentido moral es el juicio por medio del cual alguien es considerado como autor (causa libera) de una acción, que entonces se llama acto (factum) y está sometida a leyes; si el juicio lleva consigo a la vez las consecuencias jurídicas del acto, es una imputación judicial (imputatio iudiciaria), en caso contrario, sólo una imputación dictaminadora (imputatio diiudicatoria)”. KANT, I. La metafísica de las costumbres. Madrid, Alianza, 1989, pág. 35. En nuestro precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “La jurisprudencia nacional ha recabado en ello al sentar la tesis de que la base de la responsabilidad patrimonial del Estado la constituye la imputabilidad del daño. En efecto, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Corte Constitucional ha sostenido que la responsabilidad patrimonial del Estado y de las demás personas jurídicas públicas se deriva de la imputabilidad del perjuicio a una de ellas, lo cual impide extenderla a la conducta de los particulares o a las acciones u omisiones que tengan lugar por fuera del ámbito de la administración pública”. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

24 El “otro principio de responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De conformidad con éste, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al estado cuando exista título jurídico de atribución, es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados”. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

25 “El Derecho se dirige a hombre y no a adivinos. Declarar típica toda acción que produzca un resultado dañoso, aun cuando éste fuese imprevisible, significaría que la ley no tiene en cuenta para nada la naturaleza de sus destinatarios; pues una característica del hombre es precisamente la de que no puede prever más que muy limitadamente las consecuencias condicionadas por sus actos. Vincular un juicio de valor negativo (el de antijuridicidad) a la producción de un resultado que el hombre prudente no puede prever sería desconocer la naturaleza de las cosas (más concretamente): la naturaleza del hombre”. GIMBERNAT ORDEIG, E. Delitos cualificados por el resultado y relación de causalidad. Madrid, 1990, págs. 77 ss.

26 MIR PUIG, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob. cit., pág. 7.

27 LARENZ, K. “Hegelszurechnungslehre”, en MIR PUIG, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob. cit., pág. 7.

28 JAKOBS, G. La imputación objetiva en el derecho penal. Bogotá, Universidad Externado, 1994. Sin embargo, como lo sostiene el precedente de la Sala: “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo… No obstante que la norma constitucional hace énfasis en la existencia del daño antijurídico como fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de imputación de responsabilidad al Estado que de tiempo atrás han elaborado tanto la doctrina como la jurisprudencia”. Sentencia de 24 de febrero de 2005, expediente 14170.

29 MIR PUIGPELAT, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema, ob., cit., pág. 171.

30 El principio de proporcionalidad se compone de tres sub-principios: el principio de idoneidad; el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. Estos principios expresan la idea de optimización (…) En tanto que exigencias de optimización, los principios son normas que requieren que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible, dadas sus posibilidades normativas y fácticas. Los principios de idoneidad y de necesidad se refieren a la optimización relativa a lo que es fácticamente posible por lo que expresan la idea de optimalidad de Pareto. El tercer subprincipio, el de proporcionalidad en sentido estricto, se refiere a la optimización respecto de las posibilidades normativas. Las posibilidades normativas vienen definidas, fundamentalmente, por la concurrencia de otros principios; de modo que el tercer sub principio podría formularse mediante la siguiente regla: Cuanto mayor ser el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro. Esta regla puede denominarse: “ley de la ponderación”. ALEXY, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en VÁSQUEZ, Rodolfo; ZIMMERLING, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés, ob. cit., pág. 62.

31 La ley de la ponderación pone de manifiesto que ésta se puede fraccionarse en tres pasos. El primero consiste en establecer el grado de insatisfacción o de detrimento del primer principio; el segundo, consiste en establecer la importancia de la satisfacción del segundo principio, que compite con el primero y, finalmente, el tercer paso consiste en determinar si, por su importancia, la satisfacción del segundo principio justifica la no satisfacción del primero”. ALEXY, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en VÁSQUEZ, Rodolfo; ZIMMERLING, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés, ob. cit., pág. 64.

32 ALEXY, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en VÁSQUEZ, Rodolfo; ZIMMERLING, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés, ob. cit., pág. 62. Sin embargo, se advierte que Habermas ha planteado objeciones a la ponderación: “… la aproximación de la ponderación priva de su poder normativo a los derechos constitucionales. Mediante la ponderación —afirma Habermas— los derechos son degradados a nivel de los objetivos, de las políticas y de los valores; y de este modo pierden la “estricta prioridad” característica de los “puntos de vista normativos”. HABERMAS, Jürgen. Between Facts and Norms, Trad. William Rehg, Cambridge, 1999, pág. 259. A lo que agrega: “… no hay criterios racionales para la ponderación: Y porque para ello faltan criterios racionales, la ponderación se efectúa de forma arbitraria o irreflexiva, según estándares y jerarquías a los que está acostumbrado”. Para concluir que: “La decisión de un tribunal es en sí misma un juicio de valor que refleja, de manera más o menos adecuada, una forma de vida que se articula en el marco de un orden de valores concreto. Pero este juicio ya no se relaciona con las alternativas de una decisión correcta o incorrecta”. HABERMAS, Jürgen. “Reply to Symposium Participants”, en ROSENFELD, Michel; ARATO, Andrew. Habermas on Law and Democracy. Los Angeles, Berkeley, 1998, pág. 430.

33 La profesora BELADIEZ comparte sin reservas la preocupación por los excesos que desfiguran la institución, admite que con alguna frecuencia se producen <<resultados desproporcionados e injustos>> para la Administración e insiste en advertir que la responsabilidad objetiva no es un seguro universal que cubra todos los daños que se produzcan con ocasión de las múltiples y heterogéneas actividades que la Administración lleva cotidianamente a cabo para satisfacer los interese generales”. LEGUINA VILLA, Jesús. “Prólogo”, en BELADIEZ ROJO, Margarita. Responsabilidad e imputación de daños por el funcionamiento de los servicios públicos. Con particular referencia a los daños que ocasiona la ejecución de un contrato administrativo. Madrid, Tecnos, 1997, pág. 23.

34 MIR PUIGPELAT, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema, ob. cit., pág. 204.

35 “(…) el tema de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas ha sido abordado tradicionalmente desde la óptica de las garantías individuales. Se trata de una institución que protege al individuo frente a los daños causados por las Administraciones Públicas como consecuencia de la amplia actividad que éstas desarrollan. Pero, desde la perspectiva de la posición de la Administración, la responsabilidad está en el mismo centro de su concepción constitucional como derivación de la cláusula del Estado social de Derecho; derivación que, en hipótesis extrema, puede conllevar que los límites del sistema resarcitorio público estén condicionados por los propios límites del llamado Estado social de Derecho”. MARTÍN REBOLLO, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración: Un balance y tres reflexiones”, ob. cit., pág. 308.

36 Sección Tercera, sentencias de 19 de abril de 2012, expediente 21515; de 23 de agosto de 2012, expediente 23492.

37 Merkl ya lo señaló: “El hombre jurídicamente puede hacer todo lo que no le sea prohibido expresamente por el derecho; el órgano, en fin de cuentas, el estado, puede hacer solamente aquello que expresamente el derecho le permite, esto es, lo que cae dentro de su competencia. En este aspecto el derecho administrativo se presenta como una suma de preceptos jurídicos que hacen posible que determinadas actividades humanas se atribuyan a los órganos administrativos y, en último extremo, al estado administrador u otros complejos orgánicos, como puntos finales de la atribución. El derecho administrativo no es sólo la conditio sine qua non, sino condijo per quam de la administración”. MERKL, Adolfo. Teoría general del derecho administrativo. México, Edinal, 1975, pág. 211. Para Martín Rebollo: “Un sistema de responsabilidad muy amplio presupone un estándar medio alto de calidad de los servicios. Y si eso no es así en la realidad puede ocurrir que el propio sistema de responsabilidad acabe siendo irreal porque no se aplique con todas sus consecuencias o se diluya en condenas a ojo, sin reglas fijas o casi con el único criterio de que las solicitudes indemnizatorias no «parezcan» excesivamente arbitrarias o desproporcionadas. Aunque, claro está, lo que sea proporcionado o no, en ausencia de referentes externos sobre cómo debe ser y actuar la Administración, acaba siendo también una decisión subjetiva. De ahí la conveniencia de la existencia de parámetros normativos que señalen cuál es el nivel, la pauta o la cota de calidad de los servicios, es decir, el elemento comparativo y de cotejo sobre cómo debe ser la Administración”. MARTÍN REBOLLO, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración: Un balance y tres reflexiones”, ob. cit., pág. 311.

38 “En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado”. Sección Tercera, sentencias de 19 de abril de 2012, expediente 21515; 23 de agosto de 2012, expediente 24392.

39 Sentencia de 7 de octubre de 2009, expediente 35656.

40 Corte Constitucional, Sentencia T-104 de 2010.

41 Corte Constitucional, Sentencia T-1059 de 2006.

42 Que comprende, a su vez, diversas obligaciones: a) de habilidad y diligencia, referida la primera a aquellos supuestos en los que produzca un daño antijurídico como consecuencia de un diagnóstico, intervención o atención médica en un campo para el que el profesional, o la institución médica no tenga la aptitud o el personal idóneo en la especialidad necesaria, o de no consultar con un especialista, o de incumplirse el deber de aconsejar la remisión del paciente; b) obligación de medio técnicos, consistente en la existencia del material adecuado “para que el trabajo a realizar pueda efectuarse en condiciones normales de diagnóstico y tratamiento”; así como en el “mantenimiento en correcto estado de funcionamiento de los aparatos”, ámbito en el que cabe incluir la profilaxis necesaria, y; c) obligación de continuidad en el tratamiento”. FERNÁNDEZ HIERRO, José Manuel. Sistema de responsabilidad médica, ob. cit., pág. 257 a 269.

43 En este sentido se ha pronunciado la Corporación, entre otras, en la Sentencia T-136 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

44 Corte Constitucional, sentencias T-1059 de 2006; T-062 de 2006; T-730 de 2007; T-536 de 2007; T-421 de 2007.

45 Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 2010, expediente 17655.

46 CONSEJO DE ESTADO. Sentencia del 18 de febrero de 2010, expediente 17.297.

47 Ver las siguientes sentencias: expediente 18229; 21550; 23072; 23419; 23476; 24974; 24986.

48 JARAMILLO, J. Carlos Ignacio. La culpa y la carga de la prueba en el campo de la responsabilidad médica. Grupo Editorial Ibáñez. Bogotá, D.C. - 10 de noviembre de 2011, pág. 62.

49 Ob. cit., págs. 62 a 72.

50 DUQUE OSORIO, Alberto León. “Tema de Prueba en la Responsabilidad Médica”. Primera Edición. Biblioteca jurídica Dike. Medellín. Marzo de 2014, págs. 121 y 122.

51 Ob. cit., págs. 122 y 123.

52 Ver la sentencia del 11 de agosto de 2011, expediente 20.793.

53 “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.