Sentencia 2003-00343 de abril 26 de 2013

CONSEJO DE ESTADO0

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: 110010324000200300343 01

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actora: Laboratorios Bussie S.A.

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., veintiséis de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VII. Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala determinar si el signo BUSSIE, cuyo registro se concedió a favor de la actora para distinguir productos de la clase 3 internacional, debe cancelarse por no uso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone lo siguiente:

“ART. 165.—La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”.

En este sentido, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, canceló por no uso el registro de la marca BUSSIE, registrada a favor de la actora para distinguir productos de la clase 3 internacional, por considerar que no la había usado de manera regular y efectiva, dentro de los 3 años anteriores a la solicitud de cancelación; ni existía presencia y disponibilidad de los productos que distinguía en alguno de los países miembros de la Comunidad Andina.

7.1. Cancelación de marcas por falta de uso.

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones establece que constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. Empero, la concesión de un registro marcario confiere a su titular no solo el derecho sino la obligación de usar la marca de manera regular y efectiva, pues de lo contrario puede llegar a cancelarse su registro. De hecho, en sentencia de 17 de agosto de 2000 (M.P. Manuel Urueta Ayola), esta Sala manifestó:

El registro de la marca le garantiza a su titular el uso exclusivo de la misma. Pero esa garantía tiene justificación en la medida de que el titular use efectivamente la marca en la venta de los bienes que produce, pues de no ser así se convierte la protección de la marca, a través del registro, en un privilegio, sin justificación alguna, que entraba la libre circulación de bienes y productos, en detrimento de las leyes del mercado. El derecho marcario busca la conciliación de esos dos extremos, en aras de un mayor beneficio para los consumidores. A través de la marca, se protege el derecho del propietario así como el derecho del consumidor a adquirir un producto o bien de una determinada calidad, pero cuando la marca no se usa, el derecho a la protección pierde su razón de ser y se convierte en irrazonable limitación al derecho de los demás actores de la vida económica. Es por ello que se habla de una cierta función social de la marca en la materia”(1)(se resalta).

Bajo el anterior contexto, el artículo 165 ibídem señala que cualquier persona que acredite interés se encuentra legitimada para solicitar, ante las autoridades nacionales competentes, la cancelación por no uso de un registro marcario, cuandoquiera que ella no haya sido utilizada de manera real y efectiva, en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina, durante los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha en que se radique la solicitud de cancelación.

En este sentido, el artículo 166 de la misma normativa señala que para probar el uso de la marca debe verificarse que los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. También se considera que una marca se usa cuando distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros.

Ahora bien, es cierto que no puede establecerse en términos absolutos el uso real y efectivo de una marca, pues las normas andinas no establecen un parámetro mínimo en términos de cantidad y volumen de ventas, a partir del cual una marca pueda tenerse por usada. En efecto, el tratadista argentino Jorge Otamendi señala en su libro Derecho de Marcas lo siguiente:

“No pueden establecerse a priori cantidad de unidades ni de puntos de venta. Como bien lo estableció un tribunal de alzada francés al tratar el tema: “la explotación de una marca no es una noción cuantitativa expresada solamente por la multiplicidad de signos exteriores, sino esencialmente cualitativa”. Y luego agregó algo de perfecta aplicación a nuestra ley: “no hay lugar para exigir que esta explotación esté revestida de un cierto grado de frecuencia ni de ser geográficamente extendida”(2).

En un mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina anotó en la interpretación prejudicial:

“De igual modo, este artículo consagra unos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados; estos parámetros deben ser tenidos en cuenta para determinar si una marca ha sido usada de manera efectiva y real. Este órgano jurisdiccional ha manifestado, al respecto, que:

“La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la oficina nacional competente o el juez competente, en su caso, deberán determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.(3)”.

Asimismo, en relación con estos parámetros cuantitativos, el tribunal ha manifestado:

“Los artículos de las decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año solo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”. (Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de nov. 9/95, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 199, de ene. 26/96)”.

Es precisamente por lo anterior que el tribunal recomienda tener en cuenta en cada caso particular y concreto, la naturaleza de los productos y servicios y la manera como aquellos se comercializan en el mercado, pues los que son de consumo masivo y venta libre se comercializan comúnmente en supermercados de cadena, en tiendas por departamentos e incluso en plazas y en pequeños establecimientos de comercio, en tanto que los productos y servicios catalogados como bienes de capital o como bienes suntuarios,(4)suelen comercializarse bajo catálogo, de manera personalizada o por conducto de tiendas altamente especializadas y en volúmenes que si bien no suelen ser muy importantes en cuanto al número de operaciones realizadas, resultan altamente representativos desde el punto de vista económico en razón de su elevado precio.

Debe la Sala destacar que la figura de la cancelación de las marcas registradas por no uso se inspira en la necesidad de depurar los registros marcarios, para permitir que aquellas puedan ser registradas y explotadas posteriormente por otras personas. En este tipo de situaciones, el artículo 168 de la Decisión 486 reconoce un derecho de preferencia a quien ha propiciado su cancelación, a partir de la presentación de la solicitud de cancelación y hasta dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

En todo caso, vale la pena aclarar que es improcedente cancelar una marca por falta de uso cuando el titular demuestre que ello se debió, entre otras razones, a fuerza mayor, caso fortuito, restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

Por último, es menester señalar que corresponde al titular del registro marcario acreditar que usa de manera regular y efectiva la marca, por lo que quien pretende obtener su cancelación se encuentra exonerado de probar la falta de uso del signo. Como bien lo señaló esta Sección en sentencia de 22 de septiembre de 2011 (M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta): “la traslación de la carga probatoria se justifica en estos casos ante la imposibilidad en que se encuentra el solicitante de demostrar el hecho negativo del no uso, pues ello equivaldría a imponerle una tarea probatoria demasiado dispendiosa y de difícil o imposible cumplimiento (probatio diabolica). Al fin y al cabo, la acreditación de los hechos extintivos, impeditivos, exonerativos y excluyentes debe recaer sobre quien los alega en defensa de sus propios intereses”(5).

A propósito de los medios de prueba del uso de una marca, el artículo 167 de la Decisión 486 dispone que podrá demostrarse “...mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”. En un mismo sentido, respecto de las características que deben tener estos elementos de prueba, en sentencia de 29 de abril de 2010 (M.P. Marco Antonio Velilla Moreno) esta Sección indicó:

“La prueba de uso de la marca, básicamente está ceñida estrictamente a este concepto de aprovechamiento y explotación, pues es evidente que sí ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc. Estos elementos de prueba deben señalar, de manera transparente e inequívoca, que se ha hecho uso de la marca de manera pública, acreditando por medio de hechos la utilización en el ámbito mercantil de los productos o servicios amparados por ella”(6).

En suma, para que una marca pueda tenerse por usada, es menester que el titular del registro marcario cumpla de manera satisfactoria con la carga de demostrar: i) que la utilización del signo distintivo es frecuente y representativa, en términos cuantitativos y/o económicos, teniendo en cuenta, en todo caso, la naturaleza de los productos o servicios amparados por la marca; ii) que el uso del signo ha tenido lugar en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina; y iii) que el uso de la marca registrada se ha dado por lo menos en los 3 años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación.

7.2. Caso concreto.

En el caso que nos ocupa, debe la Sala examinar si la actora ha usado la marca BUSSIE, para distinguir todos los productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, i) de manera frecuente y representativa; ii) en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela); y iii) en los 3 años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación.

En este orden de ideas, se advierte que al expediente de la referencia se allegaron los siguientes documentos con el objeto de probar el uso de la marca BUSSIE en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza:

• Resolución 53129 de 1994 (dic. 30), mediante la cual el jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concede a la actora el registro de la marca BUSSIE para distinguir todos los productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza(7).

• Certificado de registro de marca de fábrica y de comercio 27793 de 29 de enero de 1951, en donde consta que el Ministerio de Comercio e Industria concedió a la actora el registro de la marca BUSSIE para distinguir “sustancias y productos aplicables en medicina, farmacia, veterinaria, higiene, perfumería y tocador; drogas naturales o preparadas, aguas minerales, vinos y cónicos medicinales”(8).

• Resolución 001979 de 2001, mediante la cual el “Encargado del área de registro y archivo de la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú concede a la actora el registro de la marca BUSSIE para distinguir productos de la clase 5 internacional(9).

• Certificado de registro 50580 de 1995, expedido por el Servicio Autónomo Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Fomento de la República de Venezuela, en el que consta el registro de la marca BUSSIE en dicho país(10).

• 228 facturas cambiarias de compraventa de la actora, de 2001 a 2003, en las que consta la venta de, entre otros, los siguientes productos: cremoquinona CRE 2% PTEX30G, cremoquinona antisolar CRE5% PTE30G, filtroquinona CRE 2% TBOX30G, sulfaplata CRE 1% PTE 30G, ketron iny 30ml, ambigram tab, randin tab, moltoben cap, retigel, reticrem, primax, orazole iny, gamabenceno, satoren, diex tab, reticortin, aciclovir, normaton, moltoben, violetina sol, zaret tab, fluzina tab, colchimedio, guayatusin, diex, sebotar cha, aciclovir(11).

• Copia de una etiqueta del producto sulfaplata, sin fecha, en la que consta al margen que fue elaborado por la actora(12).

• Copia de una etiqueta del producto filtroquinona, sin fecha, en la que consta al margen que fue elaborado por la actora y se encuentra anotado debajo de la denominación del producto la palabra BUSSIE(13).

• Copia de una etiqueta del producto retigel, sin fecha, en la que consta al margen que fue elaborado por la actora(14).

• Copia de una etiqueta del producto reticrem, sin fecha, en la que consta al margen que fue elaborado por la actora(15).

• Copia de una etiqueta del producto gambenceno plus, sin fecha, en la que consta al margen que fue elaborado por la actora y se encuentra anotado junto a la denominación del producto la palabra BUSSIE(16).

• Copia de 2 anuncios publicitarios, sin fecha, de los productos cremoquinona y filtroquinona, en los que consta al margen que son elaborados por la actora(17).

• Copia de los registros sanitarios expedidos por el Invima de los siguientes productos: sebotar ultra champú, sebotar champú, cremoquinona 2%, cremoquinona 5%, antisolar, filtroquinona, retigel, retisol, reticrem, sulfaplata, bendy aceite para niños, bendy baño espumoso para niños, bendy champú para niños, champú acido, celulex 1% crema, kobrisa grado 10 loción, post-sol, loción humectante para después del sol, juventus 10% loción, juventus crema, juventus despigmentador crema, juventus 8% champú, juventus loción(18).

• 10 copias de las listas de precios de, entre otros, los siguientes productos que comercializó la actora entre los años 1999 y 2002: benzo 25, condilom, cremoquinona, dolkit, fluzina, gamabenceno plus, ranidin, primax, noxin, normaton, moltoben, zaret, sulfaplata, retisol, reticrem, guayatusin, ketron(19).

• Copia del contrato de fabricación y envase por encargo celebrado el 15 de febrero de 2000 entre el los representantes de la actora y de Cosmetic Lehit Ltda., con el objeto de que el segundo envase y empaque los siguientes productos que le entregará la primera: bendy aceite para niños, bendy baño espumoso, bendy champú, bendy 001% aceite para niños, celulex, juventus y sebotar(20).

• Declaraciones del impuesto de Industria y Comercio, presentadas por la actora para los años 2000, 2001 y 2002.

• Sendos contratos celebrados por la actora con las Fuerzas Militares, la Fuerza Aérea, el Hospital El Tunal, el Hospital General de Medellín, el Hospital Militar Central, Hospital Simón Bolívar y la empresa social del Estado Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, en 2002, para la adquisición y/o suministro de medicamentos que vende la actora(21).

Ahora bien, del material probatorio allegado al proceso, la Sala no encuentra probado el uso de la marca BUSSIE, para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro de los tres (3) años anteriores a la solicitud de cancelación. De hecho, se advierte que los certificados de registro de la marca en Colombia, Perú y Venezuela no permiten constatar el uso efectivo del signo; y los contratos de suministro y fabricación, los registros sanitarios, las facturas de compraventa, las listas de precios, los anuncios publicitarios y las etiquetas de los productos, están encaminados a demostrar el uso de marcas distintas a la que es objeto de la presente controversia.

A propósito, debe destacarse que el artículo 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone que para demostrar el uso de la marca pueden utilizarse “...facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

Si bien en nuestro ordenamiento jurídico rige el principio de la libertad probatoria, el cual se encuentra expresamente consagrado en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil,(22) ello no exime al titular de la marca de cumplir con la carga probatoria de acreditar el uso regular y efectivo del signo cuyo registro pretende que no sea cancelado.

En el presente caso no es dable atender las súplicas de la demandante, pues no probó el uso de la marca BUSSIE para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”, que son todos los productos de la clase 3 internacional, para los cuales se concedió originalmente el registro marcario.

En este punto, debe recordarse que en un caso semejante en el que se analizó si debía cancelarse por no uso el registro de la marca ILOBAN, para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, esta Sala manifestó:

“...a juicio de la Sala, las pruebas aportadas son insuficientes, teniendo en cuenta la naturaleza del citado producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado (medios de comunicación masivos a través de droguerías y farmacias). Así mismo, se destaca, de acuerdo con la interpretación prejudicial allegada a este proceso, la cual, la Sala acoge en su integridad, que además de la naturaleza del producto, la cantidad puesta en el mercado es fundamental para determinar el uso real, efectivo y público de la marca. En el caso sub examine, se observa que las pocas cantidades demostradas del aludido producto, no constituye prueba del uso real y efectivo de la marca “ILOBÁN”.

Igualmente, en la relación anexa al informe del revisor fiscal, el cual se refiere al mismo producto para combatir anemias por insuficiencias de hierro y de vitaminas del complejo B, en sus modalidades de cápsulas, ampollas y jarabe, la cantidad de unidades vendidas durante los años 1999 a 2002 es muy baja a precios muy económicos, la cual no puede tomarse como prueba del uso real y efectivo de este producto, menos aún si se tiene en cuenta su naturaleza, la cual según la etiqueta o empaque es un producto de adquisición masiva, al establecer el titular de la marca “ILOBAN” su venta libre.

Aunado a lo anterior, se tiene que la marca “ILOBÁN” se encuentra registrada para distinguir todos los productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, según se encuentra probado en este proceso. La citada clase comprende los siguientes productos:

“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos; material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.

Sobre este particular, la actora presentó pruebas para demostrar el uso de su marca “ILOBAN” solo para uno de los productos farmacéuticos, específicamente “un producto farmacéutico con indicación farmacológica “anemias ferroprivas y en las deficiencias de vitamina del complejo B y tiene las siguientes contraindicaciones: úlcera gástrica, anastomosis gastrointestinal” y está condicionada su venta a “venta con fórmula médica” (fls. 42 y 43). Por lo cual, sus argumentos no son de recibo, pues se entiende que una marca se encuentra en uso cuando todos los productos que distingue se encuentran en el comercio o en el mercado, es decir, no basta que se demuestre el uso para cualquiera de los mismos, sino para todos y cada uno de ellos, lo cual no fue probado por la actora, pues los demás productos que ampara el signo “ILOBÁN” comprendidos en la clase 5ª de la clasificación internacional, ni siquiera fueron objeto de discusión en el libelo de su demanda ni en su respuesta a la solicitud de cancelación por no uso de la marca, expuesta en el expediente administrativo 92-299.551”(23).

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala no accederá a las pretensiones de la demandante y así lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE fundado el impedimento manifestado por el magistrado Guillermo Vargas Ayala y, en consecuencia, sepárasele del conocimiento del asunto.

2. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 17 de agosto de 2000, Rad.: Sociedad C.A. Cigarreria Bigott Sucesores, Radicación 110010324000199503448 01, M.P. Manuel Urueta Ayola.

(2) Otamendi, Jorge, Derecho de marcas, Buenos Aires, Lexis-Nexis, Abeledo Perrot, 2002, p. 202.

(3) Proceso 4-IP-2008. Marca mixta “Globo Pop”. Ponencia de 14 de mayo de 2008.

(4) Los “bienes de capital” son aquellos factores de producción constituidos por inmuebles, maquinarias, herramientas, equipos e instalaciones de cualquier género, que junto con otros factores, como el capital, el trabajo y los insumos, se destinan a la producción de bienes de consumo.

(5) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 22 de septiembre de 2011, Radicación 11001032400020030031201, actora: Consuelo Plazas Lartigau, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

(6) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 29 de abril de 2010, Radicado 110010324000200500165 01, actora: Merck KGaA, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

(7) Anexo 1.

(8) Anexo 1.

(9) Anexo 1.

(10) Anexo 1.

(11) Anexo 1.

(12) Anexo 1.

(13) Anexo 1.

(14) Anexo 1.

(15) Anexo 1.

(16) Anexo 1.

(17) Anexo 1.

(18) Anexo 1.

(19) Anexo 1.

(20) Anexo 1.

(21) Anexo 1.

(22) Código de Procedimiento Civil. “ART. 175.—Medios de prueba. Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.

El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio”.

(23) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 29 de abril de 2010, Radicado 110010324000200500165 01, actora: Merck KGaA, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.