Sentencia 2003-00388 de noviembre 19 de 2009

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2003-00388

Consejero Ponente:

D.r. Marco Antonio Velilla Moreno

Acción: Nulidad

Actora: Asociación Nacional de Transporte Urbano Asotur

Bogotá, D.C., diecinueve de noviembre de dos mil nueve.

EXTRACTOS:«IV. Consideraciones de la Sala

El Decreto 1558 de 1998, establece en las normas acusadas:

“ART. 75.—Las multas procederán en los siguientes casos:

Cuando el sujeto no le haya dado cumplimiento a la amonestación será sancionado hasta con cinco (5) smmlv”.

“ART. 76.—Sanciones a las empresas de servicio público. Será sancionada con multa la empresa de servicio público de transporte de pasajeros que incurra en las siguientes infracciones:

1. No entregar a las autoridades de transporte los datos que según las normas vigentes deban suministrar con fines de información o estudio. Veinte (20) smmlv.

2. Modificar el nivel de servicio autorizado. Veinte (20) smmlv.

3. No cumplir con el plan de rodamiento. Veinte (20) smmlv.

4. Utilizar vehículos de otra empresa sin el previo cumplimiento de los requisitos legales. Veinte (20) smmlv.

5. Permitir la operación de los vehículos sin tarjeta de operación o con esta vencida. Veinte (20) smmlv.

6. Prestar el servicio de vehículos que no tengan la puerta o puertas de seguridad y/o salidas de emergencia. Cincuenta (50) smmlv.

7. Expedir para los vehículos la carta de aceptación de la empresa sin contar con la capacidad transportadora disponible. Cincuenta (50) smmlv.

8. No adoptar fondos para la responsabilidad civil o no mantener vigentes las pólizas de seguros exigidos por este decreto o por la ley. Setenta (70) smmlv.

9. Cuando la empresa aumente o disminuya la tarifa o preste servicios no autorizados o cuando se compruebe que el equipo excede los límites permitidos sobre dimensiones, peso o carga. Setecientos (700) smmlv.

10. Despachar vehículos conducidos por personas no idóneas, embriagadas o bajo el efecto de drogas. Trescientos (300) smmlv.

11. Alterar la capacidad transportadora autorizada a la empresa. Cuarenta (40) smmlv.

12. Utilizar conductores no contratados directamente por la empresa. Cien (100) smmlv.

13. Permitir la operación de los vehículos sin las necesidades condiciones de seguridad. Cincuenta (50) smmlv.

14. Permitir la operación de los vehículos cuando peligre la integridad física de los pasajeros. Cincuenta (50) smmlv.

15. Permitir la circulación de vehículos de la empresa sin sus distintivos o sin portar su razón social en aviso visible. Quince (15) smmlv.

16. No permitir la prestación del servicio de vehículos vinculados cuando se encuentre tramitando la desvinculación. Diez (10) smmlv.

17. Retener los documentos de transporte de los vehículos. Diez (10) smmlv.

18. Carecer de los programas de mantenimiento mecánica preventivo para los vehículos. Cien (100) smmlv.

19. Cuando no lleve técnica de revisión y mantenimiento para cada uno de sus vehículos. Cincuenta (50) smmlv".

Según se lee en la parte motiva del decreto cuestionado, el Gobierno Nacional invoca como sustento del mismo el ejercicio de la potestad reglamentaria y las leyes 336 de 1996 y 105 de 1993.

Las citadas leyes, establecen, en lo pertinente:

Artículo 9º de la Ley 105 de 1993:

“Sanciones

Sujetos de las sanciones. Las autoridades que determinen las disposiciones legales impondrán sanciones por violación a las normas reguladoras del transporte, según las disposiciones especiales que rijan cada modo de transporte.

Podrán ser sujetos de sanción:

1. Los operadores del servicio público de transporte y los de los servicios especiales.

2. Las personas que conduzcan vehículos.

3. Las personas que utilicen la infraestructura de transporte.

4. Las personas que violen o faciliten la violación de las normas.

5. Las personas propietarias de vehículos o equipos de transporte.

6. Las empresas de servicio público.

Las sanciones de que trata el presente artículo consistirán en:

1. Amonestación.

2. Multas.

3. Suspensión de matrículas, licencias, registros o permisos de operación.

4. Cancelación de matrículas, licencias, registros o permisos de operación.

5. Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento de la empresa transportadora.

6. Inmovilización o retención de vehículos”.

Artículo 46 de la Ley 336 de 1996:

“Con base en la graduación que se establece en el presente artículo, las multas oscilarán entre 1 y 2.000 salarios mínimos mensuales vigentes teniendo en cuenta las implicaciones de la infracción y procederán en los siguientes casos:

a) cuando el sujeto no le haya dado cumplimiento a la amonestación;

b) En caso de suspensión o alteración parcial del servicio;

c) En caso de que el sujeto no suministre la información que legalmente le haya sido solicitada y que no repose en los archivos de la entidad solicitante;

d) En los casos de incremento o disminución de las tarifas de prestación de servicios no autorizados, o cuando se compruebe que el equipo excede los límites permitidos sobre dimensiones, peso o carga, eventos en los cuales se impondrá el máximo de la multa permitida.

e) En todos los demás casos de conductas que no tengan asignadas una sanción específica y constituyan violación a las normas del transporte.

PAR.—Para la aplicación de las multas a que se refiere el presente artículo se tendrán en cuenta los siguientes parámetros relacionados con cada modo de transporte:

a) Transporte terrestre: de uno (1) a setecientos (700) salarios mínimos mensuales vigentes;

b) Transporte fluvial: de uno (1) a mil (1.000) salarios mínimos mensuales vigentes;

c) Transporte marítimo: de uno (1) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos mensuales vigentes

d) Transporte férreo: de uno (1) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos mensuales vigentes;

e) Transporte aéreo: de uno (1) a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales vigentes".

“ART. 89.—El Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Transporte, dictará en el término de un año, contado desde la vigencia de esta ley, las reglamentaciones que correspondan a cada uno de los modos de transporte.

El plazo para acogerse a la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional, será señalado en la misma”.

Sea lo primero advertir que la Sala se abstiene de hacer pronunciamiento alguno respecto de la violación del artículo 6º de la Ley 599 de 2000, a que se alude a folio 5 de la demanda (48 del expediente), habida consideración de que los actos administrativos se juzgan a la luz de las normas legales vigentes al momento de su expedición y en este caso cuando se expidió el Decreto 1558 no había nacido a la vida jurídica la Ley 599, por lo que estaba en imposibilidad de violarla.

En relación con los demás cargos de violación, cabe advertir lo siguiente:

Según la actora, las sanciones tipificadas son las contenidas en los literales a) hasta el d) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996. Las señaladas en el literal e) deben ser razonables y proporcionables a la gravedad de la falta; y mal puede el decreto reglamentario establecer una nueva sanción sobre la de amonestación, ya que ello desborda el marco de la Ley 336, pues implica sancionar dos veces por el mismo hecho.

Para la Sala no asiste razón a la actora en esta censura, pues el artículo 46 de la Ley 336 de 1996, es diáfano al prever una graduación para las multas, que oscilan entre 1 y 2.000 salarios mínimos mensuales vigentes, entre otros casos, cuando el sujeto no le haya dado cumplimiento a la amonestación.

Es decir, que no es el decreto reglamentario, sino la ley, quien ha previsto la procedencia de la multa en caso de que no se cumpla la amonestación, lo que se traduce no en una doble sanción por un mismo hecho, sino por un nuevo incumplimiento a las obligaciones que les corresponde observar a las empresas de transporte.

Ahora, asiste sí razón a la demandante en cuanto a que la Ley 336 de 1996 establece un máximo y un mínimo para efectos de la graduación, según la implicación de la infracción; y observa la Sala que mientras dicha ley alude a un monto de multas que va de 1 a 700; de 1 a 1000; de 1 a 1.500 y de 1 a 2000, salarios mínimos legales mensuales vigentes, dependiendo de si se trata de transporte terrestre, fluvial, marítimo, férreo o aéreo, las normas acusadas varían esos límites al imponer hasta cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes, en el caso del incumplimiento a la amonestación y un único

monto de 20, 50, 700, 300, 100, 40, 50, 10, frente a las conductas reguladas en los numerales 1º a 19 del artículo 76, lo que pone en evidencia el exceso en la potestad reglamentaria, pues la ley da un margen superior al allí previsto, no pudiendo el ejecutivo restringirlo.

Así pues, para la Sala es del caso acceder a las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE la nulidad de los artículos 75 y 76 del Decreto 1558 de 1998.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de noviembre de 2009».