Sentencia 2003-00393 de junio 29 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Proceso: 070012331000200300393 01(35870)

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: Empresa de Licores de Cundinamarca

Demandada: Trito Ltda., y Liberty Seguros

Acción: Contractual

Temas: Existencia de cláusula compromisoria, falta de jurisdicción e ineptitud de la demanda.

Bogotá, D.C., veintinueve de junio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Cuestión previa: Del interés del Ministerio Público para apelar

Cuando el Ministerio Público recurre una providencia no solo debe manifestar su inconformidad, sino que también le corresponde indicar la forma en que su intervención tiene una especial relevancia desde el punto de vista constitucional y las razones expresas por las cuales el respectivo recurso se orienta a la defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de las garantías fundamentales(2).

En el presente caso, las razones de la apelación de la Procuraduría se limitaron a cuestionar la decisión del a quo de inhibirse de pronunciamiento de fondo, cuando según su apreciación la cláusula compromisoria no operaba al haberse declarado la caducidad del contrato 084/99 mediante acto administrativo, intervención que a juicio de la Sala corresponde al legítimo interés de la entidad demandante, no así del Ministerio Público, comoquiera que no está encaminado a reivindicar el orden jurídico, los derechos fundamentales o el patrimonio público.

Así las cosas, decidirá la Sala el recurso planteado por la parte demandante y no se pronunciará de fondo sobre el promovido por el Ministerio Público que no cumplió con la carga argumentativa suficiente que permita establecer que fue interpuesto en cumplimiento de los fines constitucionales que le fueron asignados.

1. Presupuestos procesales.

1.1. De la jurisdicción para resolver el asunto.

Corresponde a la Sala establecer si la presente controversia es de conocimiento de esta jurisdicción, en consideración al argumento de apelación de la entidad demandante según el cual, pese a haberse incluido en el contrato de distribución 084 de 1999 una cláusula compromisoria, no era procedente la convocatoria de tribunal arbitral, en tanto en este evento se pretende el control jurídico del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato, asunto de competencia exclusiva del juez natural en virtud de lo establecido por el artículo 70 de la Ley 80 de 1993.

En primer lugar, cabe recordar que la Empresa de Licores de Cundinamarca pretende con el ejercicio de la acción de controversias contractuales: i) se declare el incumplimiento por parte del contratista Trito Ltda., S. en C. del contrato de distribución de licores 084 de 1999, ii) se declare a la compañía LIBERTY SEGUROS S.A. solidariamente responsable al haber ocurrido el siniestro de incumplimiento afectado por la póliza 9502275, iii) se declare la legalidad de la Resolución 434 del 1º de noviembre de 2001, por medio de la cual la Empresa de Licores de Cundinamarca declaró la caducidad del contrato 084 de 1999 y la ocurrencia del siniestro de incumplimiento del contratista, además la legalidad de la Resolución 163 del 20 de marzo de 2002 que resolvió el recurso de reposición formulado contra la Resolución 434, iv) la liquidación judicial del contrato y en la misma se incluya la indemnización que resulten a favor de la entidad contratante, v) como consecuencia de lo anterior, se condene a la sociedad Trito Ltda. y a Liberty Seguros S.A. a indemnizar plenamente a la ELC los perjuicios de todo orden que con su incumplimiento contractual se hayan causado.

A su vez, la entidad demandante estima los perjuicios causados en la suma de ciento noventa y seis millones ochocientos setenta y un mil pesos ($ 196.871.000), correspondiente al valor de la cláusula vigésima tercera del contrato (cláusula penal)(3). Igualmente reclama los costos financieros que se han causado y seguirán causándose hasta el momento del pago final.

En el asunto sub examine se acredita que la Empresa de Licores de Cundinamarca y la sociedad Trito Ltda., celebraron contrato de distribución 084 de 1999, en el que se convino como objeto:

Cláusula primera: objeto. Es la venta por parte de la EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA y la compra que el CONTRATISTA hace a ésta de Aguardiente Néctar y/o Santafé Ron Añejo y los productos que produzca la Empresa de Licores de Cundinamarca para su distribución y venta en el departamento de Arauca bajo el carácter de distribuidor exclusivo. La Empresa de Licores de Cundinamarca se reserva el derecho de cancelar la exclusividad y nombrar otro distribuidor en el territorio asignado, en el caso que no se preste el servicio, ni cobertura adecuada y pactada en los términos de presente contrato (fl. 22 a 23, cdno. ppal. 1).

Igualmente las partes acordaron la inclusión de la cláusula vigésima octava según la cual, las diferencias que surgieren entre las partes serían sometidas a la decisión de un tribunal de arbitraje:

Cláusula vigésima octava. Del arbitramento. Las diferencias que tengan las partes con ocasión de la ejecución, interpretación, modificación, terminación y liquidación de este contrato, así como de los adicionales que se llegaren a suscribir, será sometida a decisión de un Tribunal de Arbitramento compuesto por tres (3) árbitros designados por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá, que se tendrá como domicilio del mismo. El tribunal resolverá en derecho dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de su instalación con base en la legislación colombiana vigente en el momento de la diferencia, objeto de arbitramento (fl. 28-29, cdno. ppal. 1).

De otro lado, se encuentra acreditado que el contrato de distribución de licores incorporó las cláusulas excepcionales de interpretación, modificación y terminación unilateral, además de la caducidad por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista(4).

En consonancia con lo convenido, la Empresa de Licores de Cundinamarca, mediante Resolución 434 del 2001, decidió:

ART. PRIMERO.—Declarar la caducidad del contrato 084 de 1999, suscrito entre la Empresa de Licores de Cundinamarca y la sociedad TRITO LIMITADA S. EN C.

ART. SEGUNDO.—Declarase terminado el contrato 084 de 1999 y ordenar su liquidación en el estado en que se encuentra.

ART. TERCERO.—Exíjase al contratista TRITO LTDA S. EN C. el pago a la Empresa de Licores de Cundinamarca el 100% de la pena estipulada en la cláusula penal pecuniaria.

ART. CUARTO.—Declárase ocurrido el siniestro de incumplimiento y en consecuencia aféctense la póliza 9502275 constituida para garantizar el cumplimiento del contrato expedida por la compañía Seguros Generales Cóndor S.A.

ART. QUINTO.—Notificar el contenido de la presente resolución al representante legal de la sociedad TRITO LTDA. S. EN C., ARMANDO RESTREPO RIVADENEIRA o quien haga sus veces.

ART. SEXTO.—Notificar el contenido de la presente resolución al representante legal de la compañía de Liberty Seguros S.A.

ART. SÉPTIMO.—Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición ante el Gerente de la Empresa de Licores de Cundinamarca, el cual debe ser interpuesto por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente resolución.

ART. OCTAVO.—Una vez ejecutoriada la presente resolución se ordenará lo siguiente: 1. Publicación por dos (2) veces en diario de amplia circulación, 2. Comunicar a la Cámara de Comercio de Arauca y Bogotá 3. Publicación en el Diario Oficial y 4. Comunicará a la Procuraduría General de la Nación (fl. 36 a 38, cdno. ppal. 1).

A través de la Resolución 163 del 20 de marzo de 2002, proferida con ocasión de los recursos de reposición interpuestos por la sociedad TRITO LTDA. S. en C. y por la compañía de seguros Liberty Seguros S.A. contra la resolución 434 citada, el gerente de la Empresa de Licores de Cundinamarca confirmó en todas sus partes la resolución que declaró la caducidad del contrato (fl. 53 a 60, cdno. ppal. 1).

De acuerdo con la certificación expedida por el jefe de la oficina jurídica de la Empresa de Licores de Cundinamarca, la Resolución 434 proferida el 1º de noviembre de 2001, quedó ejecutoriada el 4 de abril de 2002 (fl. 66, cdno. ppal. 1).

A partir de los elementos de convicción referidos, la Sala concluye que las partes del contrato de distribución 084 de 1999, incorporaron una cláusula compromisoria para someter las diferencias surgidas con ocasión del contrato a tribunal arbitral. A la par, dada la tipología contractual(5) incluyeron cláusulas excepcionales, entre ellas, la caducidad del contrato, declarada por la Empresa de Licores de Cundinamarca mediante acto administrativo.

Ahora bien, la Sala conviene en precisar que el artículo 70 de la Ley 80 de 1993(6) admitió la posibilidad de que en los contratos estatales se incluyera cláusula compromisoria a fin de someter a la decisión de árbitros las distintas diferencias que pudieran surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación. Entre tanto, el artículo 71 del mismo estatuto, dispuso que en aquellos contratos en donde no se hubiere pactado cláusula compromisoria, cualquiera de las partes podría solicitar a la otra la suscripción de un compromiso para la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento a fin de resolver las diferencias presentadas por razón de la celebración del contrato y su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación.

Es del caso señalar que la Corte Constitucional, en Sentencia C-1436 del 25 de octubre de 2000 declaró condicionalmente exequibles los artículos 70 y 71 de la Ley 80 de 1993, bajo el entendido que los árbitros nombrados para resolver los conflictos suscitados como consecuencia de la celebración, el desarrollo, la terminación y la liquidación de contratos celebrados entre el Estado y los particulares, no tienen competencia para pronunciarse sobre los actos administrativos dictados por la administración en desarrollo de sus poderes excepcionales.

Con ocasión de la Sentencia C-1436 de 2000, la Sección Tercera de esta corporación concluyó, para los efectos del fallo de constitucionalidad, que está vedado del conocimiento de los árbitros el examen de legalidad de los actos administrativos proferidos por las entidades estatales contratantes en ejercicio de las facultades o potestades previstas por el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, a saber: i) interpretación unilateral del contrato; ii) modificación unilateral del contrato; iii) terminación unilateral del contrato; iv) sometimiento a las leyes nacionales; v) caducidad y vi) reversión(7). En consonancia, los actos administrativos contractuales excluidos del ejercicio de las facultades concedidas por el artículo 14, son susceptibles de conocimiento de la justicia arbitral.

Finalmente incumbe resaltar el criterio unificado de la Sección Tercera de la corporación frente al reconocimiento de la voluntad de las partes de someter las diferencias que surjan con ocasión del contrato estatal a la justicia arbitral, contenida en pacto expreso y solemne, a través de cláusula compromisoria o compromiso, sin que pueda entenderse invalidada esta manifestación de voluntad por una renuncia tácita cuando acuden al juez institucional del contrato o por su comportamiento procesal(8).

De lo anterior la Sala colige, acorde con el criterio mayoritario de la Sección Tercera, que la cláusula compromisoria a través de la cual, las partes de un contrato entregan al conocimiento de los árbitros las controversias que se susciten con ocasión del mismo, opera, siempre y cuando no pretendan controvertir la legalidad de los actos administrativos expedidos por la entidad estatal contratante en ejercicio de las facultades excepcionales previstas por el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, por tratarse de un asunto de competencia exclusiva de la jurisdicción contenciosa administrativa.

A partir de lo considerado en precedencia, la Sala encuentra que las pretensiones formuladas por la entidad demandante deben agruparse en aquellas susceptibles de conocimiento de la justicia arbitral en razón a la cláusula compromisoria contemplada de mutuo acuerdo en el contrato de distribución y las pretensiones cuyo conocimiento correspondería al juez contencioso administrativo.

La solicitud encaminada a obtener la declaratoria de incumplimiento del contratista, la responsabilidad solidaria de la aseguradora por haberse declarado su incumplimiento, la liquidación del contrato, con el consecuente reconocimiento de perjuicios restringidos al monto correspondiente a la cláusula penal pecuniaria, además de los costos financieros en que incurrió la entidad, son asuntos que por pacto expreso de las partes deben decidirse por los árbitros. En tal sentido corresponde declarar la excepción de falta de jurisdicción que inicialmente fuera invocada por la parte demandada respecto de las pretensiones primera, segunda, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava.

La Sala debe ahora pronunciarse si corresponde a la jurisdicción contenciosa resolver de fondo la pretensión tercera de la demanda, en donde expresamente la entidad demandante solicita “se declare la legalidad de la Resolución 434 del 1º de noviembre de 2001, por medio de la cual la Empresa de Licores de Cundinamarca declaró la caducidad del contrato 084 de 1999 suscrito por la sociedad Trito Ltda., y además declaró la ocurrencia del siniestro por incumplimiento del contratista afectando la póliza 9502275, y la legalidad de la Resolución 163 de 20 de marzo de 2002 por medio de la cual se desató el recurso interpuesto y confirmó la Resolución 434 de 2001”.

Para el efecto, impera advertir que el artículo 77 de la Ley 80 de 1993, permite enjuiciar a través de la acción de controversias contractuales los actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual. En consecuencia, la pretensión que contra estos actos dirija el demandante debe encaminarse a su impugnación, no a obtener su convalidación en sede judicial, en tanto de los actos proferidos por la administración emana una presunción de legalidad, que le atribuye un carácter ejecutivo y ejecutorio(9).

La Sala ha considerado, en este mismo sentido, que “los actos adoptados por la administración como expresión patente de su voluntad o deseo, en ejercicio de sus competencias, gozan en el ordenamiento jurídico nacional de las prerrogativas de presunción de legalidad y ejecutividad, de acuerdo con las cuales: se presumen ajustados al ordenamiento jurídico y son ejecutables en forma inmediata, por manera que si la administración se ha pronunciado para crear, modificar o extinguir un derecho, esa determinación es obligatoria para sus destinatarios y se considera legal. Es evidente que la inconformidad del administrado con este tipo de decisiones unilaterales de la administración debe plantearla ante el juez competente, para que se pronuncie sobre su legalidad o no y disponga, de aparecer fundamento para ello, su suspensión o anulación. Mientras ello no ocurra, la decisión así adoptada mantiene su carácter ejecutivo y ejecutorio”(10).

En consecuencia, la Sala deberá declararse inhibida para pronunciarse frente a la pretensión tercera de la demanda ante su ineptitud, toda vez que si bien esta jurisdicción se encuentra facultada para pronunciarse acerca de la impugnación de los actos administrativos contractuales proferidos en uso de facultades excepcionales, la forma en que fue dirigida la pretensión de la entidad demandante no admite pronunciamiento, atendiendo lo considerado en precedencia.

1.2. Ahora bien, en tratándose de la falta de jurisdicción ya advertida, no debe perderse de vista que la misma constituye causal de nulidad procesal(11) insaneable de conformidad con el último inciso del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil(12). En consecuencia en esta oportunidad se declarará de oficio(13) por la Sala la nulidad parcial de la actuación, en lo que concierne al conocimiento de las pretensiones primera, segunda, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena de la demanda, a partir de la providencia de 9 de diciembre de 2003, mediante la cual se admitió el libelo introductorio (fl. 78, cdno. 1).

En consecuencia, se ordenará remitir el expediente al Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bogotá y al hacerlo se advierte que para hacer efectivo el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia (art. 229 superior), para todos los efectos se tendrá en cuenta la fecha de presentación de la demanda ante esta jurisdicción, vale decir, el 6 de octubre de 2003, con base en lo dispuesto en el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo.

Finalmente y en atención a lo dispuesto por la Corte Constitucional en Sentencia C-662 de 2004, mediante la cual declaró inexequible el numeral 2º del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, tal como fue modificado por el artículo 11 de la ley 794 de 2003, se señalará un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, para que las partes inicien el trámite de integración del correspondiente Tribunal de Arbitramento.

1.3. Así las cosas, en estricta técnica jurídica, la pretensión de legalidad formulada por la Empresa de Licores de Cundinamarca impide un pronunciamiento de fondo de la jurisdicción contencioso administrativa. En consecuencia la Sala modificará la sentencia de primera instancia para en su lugar declarar probada la excepción de falta de jurisdicción respecto a las pretensiones primera, segunda, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena de la demanda y se declarará inhibida para pronunciarse frente a la pretensión tercera de la demanda.

2. No habrá lugar a condena en costas, por cuanto no se dan los supuestos de que trata el art. 171 del Código Contencioso Administrativo, reformado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 19 de junio de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, cuya parte resolutiva quedará así:

1. Declárese inhibida esta corporación para pronunciarse frente a la pretensión tercera de la demanda por los motivos expuestos en la providencia.

2. Declárese probada la excepción de falta de jurisdicción respecto a las pretensiones primera, segunda, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena de la demanda, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.

3. Declárese la nulidad parcial de lo actuado dentro del proceso de la referencia por falta de jurisdicción y de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las pretensiones primera, segunda, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena de la demanda, ante la existencia de cláusula compromisoria celebrada entre las partes del contrato estatal alrededor del cual gira la controversia planteada en la demanda.

4. En firme esta providencia, ENVIAR el expediente al Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bogotá, para lo de su cargo y señalar que, para todos los efectos, se tendrá en cuenta la fecha de presentación de la demanda ante esta jurisdicción, es decir 6 de octubre de 2003.

5. Señalar el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, para que las partes inicien el trámite de integración del correspondiente Tribunal de Arbitramento.

SEGUNDO: SIN COSTAS, toda vez que no están probadas.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.»

2 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, auto del 17 de septiembre de 2014, C.P. Enrique Gil Botero, con salvamento de voto de los honorables consejeros Stella Conto Díaz del Castillo y Danilo Rojas Betancourth. En esa oportunidad se unificó la jurisprudencia en torno a la carga argumentativa que debía cumplir el Ministerio Público cuando recurría una decisión, así: “En efecto, se reitera, el Ministerio Público está llamado a participar de forma activa —como sujeto procesal especial— en los procesos contencioso administrativos, pero siempre circunscrita su actuación a la materialización de los objetivos indicados en el texto constitucional, esto es: i) la defensa del orden jurídico, ii) la protección del patrimonio público o iii) la garantía efectiva de los derechos fundamentales de los asociados. (…) Como corolario de lo anterior, siempre será susceptible que los agentes del Ministerio Público —como representantes de la sociedad— actúen en el proceso contencioso administrativo, inclusive a través de la interposición de recursos legales, pero deben razonar y justificar de manera expresa la relación que existe entre el mecanismo de impugnación específico y cualquiera —o todos— de los objetivos de intervención delimitados en la Constitución Política de 1991”. En el mismo sentido: Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de septiembre de 2015, expediente 39138, C.P. Hernán Andrade Rincón (E); Subsección A, sentencia del 13 de mayo de 2015, expediente 37118, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Subsección B, sentencia del 5 de marzo de 2015, expediente 33597, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, con aclaración de voto de los Honorables Consejeros Stella Conto Díaz del Castillo y Danilo Rojas Betancourth; Subsección A, sentencia del 1º de octubre de 2014, expediente 30577, C.P. Hernán Andrade Rincón (E).

3 En la cláusula vigésima tercera del contrato de distribución 084 de 1999, se dispuso: En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del presente contrato, las relacionadas con las cuotas mínimas de compra, atendida la previsión contenida en el parágrafo de la cláusula segunda de este contrato, uso indebido de nombres, marcas y logotipos, ausencia de los informes que se mencionan a lo largo del presente contrato, venta fuera del territorio asignado o falta de pago de los productos vendidos o de los impuestos que se generen con ocasión del presente contrato, dará derecho a LA EMPRESA para cobrar ejecutivamente a EL CONTRATISTA, a título de pena, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato, o la modificación por el año vigente que sufra con posterioridad. El pago de esta suma se hará sin necesidad de requerimiento judicial o privado alguno, y se hará sin perjuicio de las facultades excepcionales de la EMPRESA y de las acciones judiciales para obtener la total indemnización de los perjuicios que sufra.

PAR. ÚNICO.—EL CONTRATISTA tendrá de igual manera derecho a exigir de LA EMPRESA, sin requerimiento judicial o privado alguno, el pago de la cláusula penal estipulada, en los supuestos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de esta (fls. 27-28, cdno. ppal.).

4 Cláusula vigésima. De la caducidad. La empresa podrá declarar la caducidad del presente contrato, sin necesidad de requerimiento alguno, cuando se presente incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA.

Cláusula vigésima primera. Cláusulas excepcionales. En este contrato se entienden incorporadas las cláusulas excepcionales de interpretación, modificación y terminación unilaterales, en los términos de la Ley 80 de 1993 (fl. 27, cdno. ppal.).

5 De conformidad con el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en aquellos contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal se pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad. En consonancia, la Sección Tercera de esta corporación ha considerado que la distribución de licores departamentales constituye el ejercicio de un monopolio rentístico, a la luz de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 14 de 1983, por lo que resulta imperativa la inclusión de cláusulas excepcionales (sent. ago. 28/2014, C.P. Hernán Andrade Rincón (E), exp. 37279).

6 (sic).

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de junio de 2009, expediente 36252, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

8 Así se consideró en la sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Corporación, del 18 de abril de 2013, expediente 17859, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

9 De conformidad con el artículo64 del Código Contencioso Administrativo: “los actos que queden en firme al concluir el procedimiento administrativo serán suficientes, por sí mismos, para que la administración pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento. La firmeza de tales actos es indispensable para la ejecución contra la voluntad de los interesados”. A su vez el artículo 66 de la misma normativa dispone que los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

10 Ver en sentencia de 8 de julio de 2016, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, expediente 28885, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

11 Al tenor de lo previsto en el artículo 165 del Código Contencioso Administrativo serán causales de nulidad en los procesos regidos por esta normativa, las previstas en el Código de Procedimiento Civil. A su vez, el numeral 1º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil determina que la actuación es nula cuando se adelanta sin jurisdicción.

12 El artículo 144 citado exceptuó de saneamiento la nulidad procesal originada por la ausencia de jurisdicción al disponer en el último inciso: “No podrán sanearse las nulidades de que tratan las nulidades 3 y 4 del artículo 140, ni la proveniente de falta de jurisdicción o de competencia funcional” (resaltado fuera del texto original).

13 En virtud de lo dispuesto en el artículo 145 del Código de Procedimiento Civil, que en su texto consagró: “En cualquier estado del proceso antes de dictar sentencia, el juez deberá declarar de oficio las nulidades insaneables que observe”.