Sentencia 2003-00400 de septiembre 1 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 05001-3103-001-2003-00400-01

Magistrado Ponente

Dr. Edgardo Villamil Portilla

Bogotá, D.C., primero de septiembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

El recurrente intentó estructurar un error de hecho, no obstante lo hizo sobre la base de formular una regla según la cual, la presentación de una demanda y su notificación al demandado bastan para considerar interrumpida la prescripción, con independencia de que ese primer trámite hubiera terminado como consecuencia del progreso de la excepción previa de inepta demanda, todo porque, según aquel, el artículo 91 del Código de Procedimiento Civil no dispone que la notificación al demandado es ineficaz para interrumpir la prescripción si, como ya se dijo, el proceso se cierra prematuramente por la prosperidad de la excepción previa de inepta demanda.

Destácase a este propósito que el recurrente no recriminó al tribunal por el término de prescripción aplicado —dos años—, ni dirige su ataque a los supuestos fácticos tenidos en cuenta por aquel para tomar su decisión, ni siquiera hay protesta sobre la tempestividad de la presentación de la segunda demanda, con lo cual se deja ver que la queja no atañe al material probatorio, cual se perfiló erradamente en el cargo, sino que concierne a las normas cuya aplicación, en últimas, reclama el censor.

No obstante que el recurrente afirma que la interrupción de la prescripción que se produce con la notificación de una demanda conserva su efecto, así este proceso termine por la prosperidad de la excepción previa de inepta demanda, en verdad con abstracción de si tal conclusión pudiera ser acertada, de todos modos de nada serviría al demandante, pues superado el valladar de la prescripción, la suerte del petitum igualmente sería adversa.

Alude la Corte a que vistas las cosas prospectivamente, de nada serviría desbrozar el camino de la problemática relativa a la interrupción de la prescripción, si es que de todas formas el fracaso de la pretensión vendría de la nulidad del contrato de seguro, con ocasión de la reticencia en que incurrieron tanto la tomadora como el asegurado.

Acontece en verdad que sí existió una reticencia trascendente en la declaración del riesgo asegurado, por lo que si hubiera incurrido el tribunal en el yerro que se le endilga en cuanto a la interrupción de la prescripción a partir de una frustrada demanda anterior, ello ninguna eficacia práctica tendría para cambiar el sentido de la sentencia acusada, que igualmente sería desestimatoria, ya no por la prescripción que aqueja la reclamación, sino por la nulidad del negocio jurídico como sanción por haber callado un asunto que fue motor del consentimiento prestado por la aseguradora.

Se dice lo anterior porque puesta la Corte en el lugar del tribunal de instancia, llegaría a la misma conclusión denegatoria de las pretensiones, esta vez, como se anunció, por haber reticencia en la declaración del riesgo que hicieron la tomadora y el asegurado, inexactitud que conduce a la nulidad del contrato de seguro que constituía el origen de los derechos reclamados en la controversia, tal y como se alegó en la excepción que fue oportunamente propuesta por la aseguradora demandada.

En efecto, la demandada propuso la excepción de nulidad, con apoyo en que hubo reticencia en el momento en que se aprestaban tomadora y asegurado a la celebración del contrato de seguro, para lo cual alegó la demandada que, contrariamente a lo declarado por uno de los asegurados al solicitar el amparo, “sí había sido sindicado por la autoridades penales con anterioridad a la fecha en que fueron suscritas las declaraciones de asegurabilidad, su cónyuge supo que estuvo detenido en la Cárcel Nacional de Bellavista y que tenía cuentas pendientes con la justicia por la comisión de varios delitos” (fl. 81 c. 1).

Así, coexistían dos contratos de seguros, el primero de ellos que estableció un valor asegurado a favor de la cónyuge por $ 30.000.000, que brindó cobertura por pérdida de la vida a Sergio Adrián Callejas Jaramillo desde el 1º de octubre de 2000 al 1º de octubre de 2001 —póliza GR 50277— (fls. 12 y 71 c. 1) y un segundo negocio amplió el valor asegurado de $ 50.000.000, que cubriría el lapso comprendido entre el 9 de febrero de 2001 y el 9 de febrero de 2002 —póliza 137350—. En ambas pólizas aparece la demandante Liliana María Moreno Restrepo en calidad de cónyuge como segundo beneficiario de los amparos descritos. De manera que cuando ocurrió el siniestro, vale decir, la muerte del asegurado, el 17 de abril de 2001 (fl. 7 c. 1), estaban en plena vigencia las dos pólizas.

Sin embargo, ambos contratos tienen como anexo integrado la misma declaración de asegurabilidad, en la cual la tomadora afirmó que “tanto nuestras actividades y ocupaciones como nuestro trabajo han sido y son lícitas y los hemos ejercido y ejercemos dentro de los marcos legales. No hemos sido sindicados ni condenados por la justicia penal” (resalta la Sala) (fls. 13, 22, 72 y 76 c. 1), contenido que es plenamente aceptado por ambas partes, tanto que las mismas aportaron con la demanda y su contestación, sendos ejemplares con idéntico texto, luego no existe duda de que esa información se corresponde con la suministrada por ambos al momento de tomar el seguro.

Agrégase a lo anterior que fruto de una investigación penal (proceso Nº 62276), la Fiscalía General de la Nación profirió el 19 de septiembre de 1994, resolución de acusación en contra de Sergio Adrián Callejas Jaramillo por el ilícito de receptación (fl. 225 c. 6), trámite dentro del cual este se acogió a sentencia anticipada el 27 de octubre de 1994 (fls. 240, 240 vto. y 241 c. 6), habiéndose producido el fallo condenatorio de 8 de noviembre de 1994 (fls. 252 vto.).

Además, la consulta a la sección de información y estadística de la Fiscalía sobre asuntos vinculados con el nombre de Sergio Adrián Callejas Jaramillo (C.C. Nº 71976109), arrojó 4 registros (fl. 2 c. 5), dentro de los cuales se destaca la petición del Juzgado 2º Penal del Circuito de Pasto por el delito de receptación (fl. 4 ibíd.); la condena de 4 años de prisión (sentencia anticipada) del mismo juzgado por el delito de receptación (fl. 6 ibíd.); y los requerimientos de las fiscalías Décima y Catorce Seccional Patrimonio de Pasto por los delitos de hurto agravado (fls. 8 y 10 ibíd.).

Se evidencia entonces que hubo reticencia al hacer las declaraciones de asegurabilidad que, repítese, son parte del contrato, pues se ocultó información importante sobre el pasado delictual del asegurado, aspecto que resultaba relevante para la aseguradora, en tanto que ella inquirió información sobre aquellos antecedentes por ser datos importantes para calificar la intensidad del riesgo, pues a ojos del asegurador los antecedentes permitirían establecer un margen de probabilidad del siniestro; todo sin que pueda atribuirse negligencia a la demandada, porque el asegurado es la fuente privilegiada de información completa y veraz sobre sus circunstancias personales, que sin duda constituyen el estado del riesgo y por tanto influyen de manera determinante en el consentimiento del asegurador, al punto que pueden llevarlo a desistir del otorgamiento del amparo, si no es que influyen en el cálculo de la prima.

No sobra agregar que en las correspondientes solicitudes individuales de seguro de vida (fls. 12 y 21 c. 1), figura como asegurada principal la demandante Liliana María Moreno Restrepo y como segundo asegurado Sergio Adrián Callejas, y en tal condición ambos firmaron el certificado y la declaración de asegurabilidad. De modo que los dos certificados suscritos conjuntamente, incorporan como parte de ellos sendas declaraciones de asegurabilidad en las que al unísono y contra toda realidad, se dijo que ninguno de los asegurados, la demandante y el fallecido, han “sido sindicados ni condenados por la justicia penal”.

No negó la parte demandante haber incurrido en reticencia, por haber ocultado los antecedentes penales de quienes hicieron la declaración de asegurabilidad, tampoco dudó el tribunal sobre la existencia de la misma. Acontece sí que el tribunal desestimó la excepción de nulidad propuesta por la demandada, porque, según su parecer, era indispensable acreditar que los hechos “callados”, de haber sido conocidos hubieren retraído a la aseguradorade celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones más onerosas.

A juicio de la Corte, yerra el tribunal al negar los efectos deletéreos de la conducta obrepticia de los tomadores y asegurados, pues ella lesiona grandemente el principio de buena fe que es una de las piezas esenciales del contrato de seguro, pues el asegurador ingresa al ámbito negocial en estado de ignorancia y es llevado de la mano a contratar por la información que con total fidelidad le debe suministrar el tomador, que en este caso también resultó ser asegurado.

Y para averiguar la importancia que tenía para la aseguradora indagar por los antecedentes penales del tomador y asegurado, solo es menester resaltar que en el formulario reposa la pregunta por dicho pasado judicial, circunstancia por sí reveladora de que esa información era absolutamente relevante. El curso natural de las cosas indica que si la aseguradora inquiría por los antecedentes judiciales de ambas partes, es porque la suerte de la concesión del amparo también dependía de ese dato. En suma, el profesional del seguro no indaga por datos irrelevantes, ni tiene la carga de probar que lo eran, como razonó equivocadamente el tribunal.

Entonces, la información suministrada en los cuestionarios que se responden en el umbral de la relación aseguraticia, permite que la aseguradora conozca “la extensión de riesgos que va a asumir en virtud del contrato, [los cuales] tienen importancia jurídica porque determinan o precisan el límite de las obligaciones recíprocas de los contratantes. Cuando el asegurador, en esos cuestionarios, hace una pregunta, esta tiene el sentido de que el hecho a que se refiere es considerado por él como esencial para determinar su consentimiento en el contrato, en cambio, otros hechos que el asegurador pasa en silencio deben considerarse como que no tiene importancia para él, según experiencia en la materia de los riesgos sobre que versa el seguro” (LXXVII, pág. 17, reiterado en G.J. CLII, pág. 265, también en sent. Cas. Civ. de nov. 30/2000, exp. 5743 y de jul. 19/2005, exp. 5665-01).

El artículo 1058 de Código de Comercio en su parte pertinente, dispone que “el tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por el asegurador. La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo hubieren retraído de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa del seguro”, dicha norma ha sido analizada como aplicación específica del principio de buena fe inherente al contrato de seguros, pues esta modalidad negocial supone que el interesado declare sinceramente cuál es el nivel de riesgo que asumirá la entidad aseguradora, comoquiera que esa manifestación estructura la base del consentimiento acerca de la concesión del amparo y no solo eso, contribuye a establecer el valor de la póliza, en función de la probabilidad estadística de que el riesgo asegurado acontezca.

No está de más recordar que el actual artículo 1058 del Código de Comercio correspondía al artículo 881 del proyecto de código mercantil del año 1958, norma respecto de la cual destacaron los redactores de aquella época que “protege o resguarda la integridad de los principios que dicen relación a la declaración acerca del estado del riesgo. Somos absolutamente conservadores a este respecto. Más que conservadores, reaccionarios… El tomador está obligado a declarar con absoluta objetividad el estado del riesgo (…) Al tomador hay que exigirle el máximum de celo para asegurar el desenvolvimiento natural de los negocios de seguros” (Proyecto de Código de Comercio, Bogotá 1958, Tomo II, pág. 256).

Así las cosas, en el contrato de seguro la exigencia de ubérrima buena fe aumenta en grado superlativo, pues como ha dicho la Corte, en materia de este negocio jurídico, la protección de las partes que concurren requiere el máximo de transparencia posible, “de modo que las decisiones se tomen con plenitud de información relevante. De esta manera, un contratante no puede quebrar la igualdad, ni tomar ventaja de la ignorancia del otro, especialmente si la ausencia de información de uno de ellos está originada en el silencio del otro que oculta información disponible, información que por ser esencial debe brindarse oportuna y cumplidamente. En la etapa importantísima de formación del contrato de seguro, cuando el asegurador se apresta a brindar la protección, está a merced del asegurado, pues normalmente para estimar el estado de riesgo, aquel requiere de información de ordinario reservada, puesto que la salud personal [o antecedentes penales, se agrega] viene a estar asociada a la intimidad del asegurado” (sent. Cas. Civ. de dic. 19/2005, exp. 566501).

En suma, la cabal estimación de los riesgos que habrá de cubrir el contrato de seguro, la decisión del asegurador de celebrarlo y aún la de liquidar la prima correspondiente, obedece prioritariamente, en palabras de la Corte, a las atestaciones que al respecto asiente el tomador, quien, en tal virtud, “ha de decir todo lo que sabe’, de modo que la lealtad, exactitud y esmero de este en el cumplimiento de ese deber resultan indispensables para el anotado fin, a la vez que la trasgresión de las señaladas reglas de conducta aparejan consecuencias de diverso orden, entre ellas la de afectarlo de nulidad relativa, como ya fuera demostrado” (sent. Cas. Civ. de nov. 30/2000, exp. 5743).

Entonces —y aquí se encuentra la rectificación doctrinaria al tribunal— en ese escenario la pérdida de fuerza normativa del contrato de seguro por reticencia, no requiere la demostración específica de que la omisión llevaría a la aseguradora a desistir del negocio, pues precisamente la existencia misma de la pregunta en el formulario es significativa de su importancia como insumo para ilustrar su consentimiento, es decir, si contrata o no, o si lo hace bajo ciertas condiciones económicas, sin perjuicio de la facultad judicial de apreciar en cada caso la trascendencia de la omisión o inexactitud(1), de donde se desprende de modo general, que basta con establecer que hubo falta de sinceridad del tomador para que emerja la sanción de nulidad relativa del contrato de seguro.

Más aun, la jurisprudencia ha escrutado a espacio el artículo 1058 del Código de Comercio, sin encontrar una exigencia similar a la hecha por el tribunal para aplicar la nulidad por reticencia. Así, en reciente oportunidad se dijo que del texto legal aludido se podía deducir que “la obligación del tomador de pronunciarse sinceramente frente al cuestionario que le formula el asegurador con el fin de establecer el estado del riesgo, no tiene por fuente misma dicho contrato sino que opera en la fase previa a su celebración ya que su objetivo es el de garantizar la expresión inmaculada de la voluntad del primero de consentir en dicho vínculo, de abstenerse de hacerlo, o de contraerlo pero bajo condiciones más onerosas.

4.2. No importan, por tanto, los motivos que hayan movido al adquirente para comportarse sin fidelidad a la verdad, incurriendo con ello en grave deslealtad que a su vez propicia el desequilibrio económico en relación con la prestación que se pretende de la aseguradora, cuando se le ha inquirido para que dé informaciones objetivas y de suficiente entidad que le permitan a esta medir el verdadero estado del riesgo; sea cual haya sido la razón de su proceder, con intención o con culpa; lo cierto es que la consecuencia de su actuar afecta la formación del contrato de seguro, por lo que la ley impone la posibilidad de invalidarlo desde su misma raíz.

4.3. Es palmario que el legislador quiso arropar la falta de sinceridad del contratante y su obrar contrario a la buena fe, bajo la sanción de la nulidad relativa, con lo cual, en ejercicio de una actividad que le es propia y para la cual se halla facultado, construyó un régimen particular que inclusive alcanza a superar en sus efectos el ordenamiento común de los vicios del consentimiento, frente al que, tal como fue instituido en el citado artículo 1058, no puede el intérprete hacer distingos, observándose que el vicio se genera independientemente de que el siniestro finalmente no se produzca como consecuencia de los hechos significativos, negados u ocultados por quien tomó el seguro” (sent. Cas. Civ. de jun. 1º/2007, exp. 00179-01).

Por supuesto que no podía ser de otra forma, en tanto las inexactitudes u omisiones del asegurado en la declaración del estado de riesgo, se deben sancionar con la nulidad relativa del contrato de seguro, salvo que, como ha dicho la jurisprudencia, dichas circunstancias “hubiesen sido conocidas del asegurador o pudiesen haber sido conocidas por él de haber desplegado ese deber de diligencia profesional inherente a su actividad (sent. Cas. Civ. de abr. 11/2002, exp. 6815).

Visto el caso de ahora, emerge nítidamente que en las “declaraciones de asegurabilidad” de 30 de agosto de 2000 y 31 de enero de 2001, se ocultaron datos relevantes, lo que mina la validez del contrato e impide acceder a las pretensiones, todo como consecuencia de tal omisión en informar acerca del estado del riesgo.

Viene de lo dicho que el cargo no prospera, porque sin escrutar si hubo yerro en el tratamiento acerca de la prescripción, el posible error sería intrascendente si se tiene en cuenta la reticencia demostrada en la declaración de asegurabilidad y por tanto la nulidad del contrato. En suma, las pretensiones de todas formas estarían llamadas al fracaso y la sentencia no podría ser sino absolutoria, no por el argumento del tribunal sobre el suceso de la prescripción, sino por la nulidad del negocio.

La rectificación doctrinaria que hace la Corte acerca de la reticencia exonera de costas al recurrente, a pesar de que no fue fruto de los planteamientos de la censura, pues la norma que regula la categoría aludida —incisos 4º y 5º del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil— no hace distinciones en cuanto al origen de la enmienda.

Decisión

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casala sentencia de 9 de junio de 2008, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, como epílogo del proceso ordinario promovido por Liliana María Moreno Restrepo contra la Compañía de Seguros Bolívar S.A.

Sin costas en el recurso de casación debido a la rectificación doctrinaria efectuada al tribunal.

Vuelva el proceso al despacho de origen».

(1) Sentencia Casación Civil de 12 de septiembre de 2002, expediente 7011.