Sentencia 2003-00421 de agosto 24 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SALA DE CONJUECES

Conjuez Ponente:

Dr. Ernesto Forero Vargas

Rad.: 11001032500020030042101

Nº interno: 5572-2003

Actor: Melba Lucía Báez González

Demandada: Nación - Ministerio del Interior y de Justicia - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Departamento Administrativo de la Función Pública

Acción de simple nulidad - Sentencia de única instancia

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

De acuerdo con el numeral 1º del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 36 de la Ley 446 de 1998, le corresponde al Consejo de Estado, de forma privativa y en única instancia, resolver las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

Ahora, una vez arribado el expediente al máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y entrado al despacho para admisión de la demanda, los consejeros de la Sección Segunda del Consejo de Estado se declararon impedidos con base en el numeral 1º del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 160 del Código Contencioso Administrativo, el 16 de febrero y el 30 de junio de 2004 (fls. 29 y 31 cdno. 1).

Lo mismo hizo la Sala Plena de la honorable corporación, el 28 de septiembre de 2004, considerando cada uno de los consejeros que tenían interés directo en el proceso, pues la bonificación demandada afectaba también a los magistrados auxiliares y abogados asistentes bajo la dependencia de cada uno de ellos. En consecuencia, ordenó que por la Presidencia de la Sección Segunda se procediera al sorteo de los conjueces que habrían de reemplazar a los miembros impedidos de la misma (fls. 44 cdno. 1).

El 23 de febrero de 2005 se realizó el sorteo de conjueces y de conjuez ponente, por orden de la Presidente de la Sección Segunda (fls. 48 y 49 cdno. 2). Una vez asumida la competencia, esta Sala de conjueces procedió a dar trámite a la demanda de simple nulidad. Así las cosas, existiendo nuevamente quórum para deliberar, entonces, se continuará con el trámite de la presente acción de nulidad.

2. El caso concreto.

Según se aprecia por esta Sala de Decisión, la señora Melba Lucía Báez González, Juez Segunda Penal del Circuito de Sogamoso (Boyacá), por intermedio de apoderado, pretende que se declare la ilegalidad de los artículos 6º y 7º del Decreto 57 de 1993 y de los demás decretos que regulan materias similares en los años subsiguientes, hasta llegar al Decreto 673 de 2002. Así se observa una vez interpretada la demanda presentada por la parte actora, tras desentrañar el contenido sustancial de la misma sobre la forma de su presentación, en uso de las facultades que tradicionalmente esta corporación le ha reconocido al juez contencioso-administrativo en la materia(1).

No obstante, estudiados los autos del expediente de marras, los suscritos conjueces manifiestan que el control de legalidad sobre las mencionadas normas se ceñirá exclusivamente a los artículos 6º y 7º del Decreto 57 de 1993 y a los artículos 6º y 7º del Decreto 673 de 2002. El actor, al cumplir con el requisito establecido en el artículo 139 del Código Contencioso Administrativo, adjuntó la publicación en medios oficiales de los mencionados decretos (fls. 8 cdno. 1), olvidando anexarle al libelo la de los decretos 106 de 1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 76 de 1997, 64 de 1998, 44 de 1999, 2740 de 2000 y 2720 de 2001.

Esto obliga, por sustracción de materia y por incumplimiento de la carga probatoria que le impone el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, a descartar el análisis de las demás normas reglamentarias acusadas en el petitum, a fin de concentrarse en la arriba consignadas.

Hecha la anterior precisión, es oportuno adelantar que, asistiéndole razón al Departamento Administrativo de la Función Pública, y al señor Procurador Tercero Delegado ante este alto tribunal, se procederá a declarar probada la excepción de cosa juzgada alegada por el primero y advertida por el segundo, respectivamente, de conformidad con el inciso segundo del artículo 164 del Código Contencioso Administrativo.

En efecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de 9 de marzo de 2006, se pronunció sobre la legalidad de los artículos 6º y 7º del Decreto 57 de 1993 y 673 de 2002, declarándolos completamente ajustados al ordenamiento jurídico. Ello, en virtud de que la actividad regulatoria del Gobierno Nacional se había circunscrito a señalar el porcentaje a título de prima de la escala porcentual señalada por el legislador, por lo cual dicho concepto de la asignación básica de la remuneración de los funcionarios de la Rama Judicial. Así mismo, en uso de una interpretación literal del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se expresó que el legislador había autorizado una sustracción de los efectos salariales a una porción de la asignación básica de dicha remuneración.

Así las cosas, en la referida providencia se sostuvo:

“En lo atinente al fondo del asunto, la Sala observa que los actos acusados no desconocieron los principios y criterios fijados en la Ley 4ª de 1992 y que a contrario sensu guardaron fidelidad con la previsión del legislador consignada en el artículo 14 de la norma ibídem(2) y por ende, no la desbordaron.

Al examinar el tenor literal del precitado artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la Sala observa, de manera diáfana, que el legislador en virtud de su facultad de señalar las pautas y criterios a los cuales se debe someter el Gobierno Nacional en la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos (C.P., art. 150, num. 19, lit. e)) determinó que del salario básico, es decir, como parte del mismo, el Gobierno Nacional establecería un porcentaje a título de prima, sin carácter salarial(3), y de allí surge que la materia que se defirió al gobierno, consistió en el señalamiento del porcentaje por este concepto el cual oscilaría entre un 30% y un 60%.

Conforme a lo expuesto, se infiere que el Gobierno Nacional en los apartes de los actos acusados(4), no desbordó la pauta señalada en la Ley Marco, porque su actividad únicamente se limitó, en concordancia con la norma que la autorizó, a señalar el porcentaje a título de prima dentro de la escala porcentual señalada por el legislador y en ese orden, estimó que por este concepto el 30% de la asignación básica tendría esta connotación.

En virtud de lo anterior, es desatinada la afirmación de la parte actora al esbozar que en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se CREÓ una prima ADICIONAL a la asignación básica y al señalar que el Gobierno Nacional obvió atender este cometido cuando le imputó a una parte del salario el carácter de prima, porque como se indicó, la interpretación textual del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 no permite llegar al aserto precedente, en tanto mediante la citada norma no se CREA la citada prima ni a la postre se faculta al gobierno para CREARLA sino simplemente se le autoriza para determinar porcentualmente una parte de la asignación básica como prima, sin carácter salarial.

Se concluye que el espíritu de la Ley 4ª de 1992 y al cual se acogió de manera fidedigna el Gobierno Nacional en los apartes de los actos acusados, consistió en “quitarle” a una porción de la asignación básica efectos salariales y reflexionó que como toda asignación básica per se comporta efectos salariales decidió denominarla prima en orden a evitar confusiones generadoras de controversias jurídicas”(5).

Con todo, se pone de presente que esta irrazonable posición ya fue objeto de revisión por parte de los consejeros de Estado reemplazados por esta Sala de Conjueces, al considerarse que el control de legalidad de los decretos reglamentarios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 hecho en la providencia arriba transcrita se había efectuado de manera errónea. Lo anterior, al estimar que éste se limitaba únicamente a hacer una confrontación formal de las normas acusadas con el ordenamiento jurídico, con base en una interpretación literal, sin reparar en que la naturaleza misma de su fundamento jurídico era la propia de una ley marco.

Esta situación obligaba, en el sentir de la honorable corporación, a un examen de la legalidad de los actos administrativos demandados que también se pronunciara sobre el contenido del objeto del contencioso objetivo de anulación, es decir, sobre los principios y valores contenidos en la ley marco y en los reglamentos que la desarrollan, de cara —por supuesto— al favorecimiento o mengua de la situación laboral de los funcionarios de la Rama Judicial.

Mediante Sentencia de 2 de abril de 2009, el Consejo de Estado, como tribunal ad quem, recogió su anterior pensamiento, y en su lugar, determinó:

“(...) La rectificación que en este fallo se explicita, surge de la concepción misma de control que incumbe al juez contencioso respecto de los decretos reglamentarios de la ley marco, al puntualizar que el control jerárquico entre éstos y la voluntad del Legislador no puede de manera alguna ser de mera literalidad o de simple confrontación formal de normatividad, pues como la Sala ahora lo sostiene, la naturaleza misma de la ley marco obliga a que el control de los decretos que la desarrollan deba necesariamente ser de contenido.

Ciertamente, si el control a los decretos de ley marco conforme se detallaba en la providencia de 9 de marzo de 2006, suscrita por esta misma Sala, apuntara exclusivamente a descubrir la intención del Legislador de la mera literalidad de las palabras empleadas en el texto legal, el Juez Contencioso tendría que renunciar, abdicar, al examen axiológico de una facultad del congreso plasmada en la ley marco, cuyo ejercicio representa una real distribución de competencias entre el legislador y el gobierno, correspondiéndole al primero por su naturaleza de órgano de representación política, forjar su voluntad en una estructura de principios y no regular in extenso la actividad atribuida por el constituyente mediante el fenómeno de competencias compartidas. Este componente de las leyes marco como técnica legislativa reconocida por nuestro ordenamiento constitucional desde el Acto Legislativo 1 de 1968, por las razones que en este fallo se aducen, impone que el control judicial de los decretos de esta naturaleza, deba necesariamente comprender no solo la literalidad de la ley sino la correspondencia entre éstos y el conjunto de valores y principios consignados en la voluntad legislativa; así, la posición jurisprudencial en referencia deberá ser revisada en la intención de realizar un control de legalidad que permita el contraste sustancial, esto es, de contenidos y valores entre los principios descritos en la ley marco y los decretos que la desarrollan(6) (el subrayado y la negrita son míos).

Con relación a la naturaleza de la aludida prima especial del 30% del salario básico mensual, se sostuvo entonces que esta tenía carácter acreciente, teniéndola por un mayor valor adicional al pago que reciben los servidores públicos beneficiarios de la misma. Así:

(...) Con la expedición de la Carta Fundamental de 1991, el concepto [de prima] mantiene identidad funcional con la manera como el régimen jurídico anterior se refirió a las primas para sobre su estructura representar básicamente un incremento a la remuneración; propiamente es posible reconocer que la Ley 4ª de 1992, retomó los elementos axiológicos de la noción, de manera que volvió a mencionar el concepto de prima como un fenómeno complementario de adición a la remuneración de los servidores públicos, tal como efectivamente quedó consagrado en los artículos 14 y 15 de dicha codificación; de forma que el entendimiento del concepto en vigencia del sistema de remuneración de los servidores públicos, luego de la Carta de 1991 y conforme a su ley marco, sigue situándose como un incremento, un “plus” para añadir el valor del ingreso laboral del servidor.

Lo anterior, amerita reflexionar en torno a si asiste razón a la tesis que considera que el concepto de prima dentro de los componentes que integran la remuneración de los servidores públicos, puede válidamente tener significado contradictorio, es decir, negativo a lo analizado o por lo menos, ambiguo para representar al mismo tiempo un agregado en la remuneración y contemporáneamente una merma de efecto adverso en el valor de la misma. Prima facie, es dable afirmar que una noción que representa al tiempo contenidos contradictorios, debe disolverse por la acción de la Justicia, es decir, es carga de la Judicatura entender los alcances del ordenamiento jurídico de forma consistente a la protección de los derechos de las personas —inciso 2º del artículo 53 de la Constitución Política—, todo ello dentro del contexto de un cometido que proporciona y justifica la existencia del Estado, de manera que, atendiendo esta mínima y básica realidad, no será posible asignar al concepto de prima usado por el legislador en los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992, una consecuencia diferente a la de representar un incremento remuneratorio. Este razonamiento, además, es consecuente con el principio de progresividad, constitucionalmente plasmado en el artículo 53 de la Carta Política, ya citado, pues deriva la noción de salario vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo; justamente, hay que reconocer que la funcionalidad de las “primas” en la remuneración de empleados y trabajadores, desarrolla y expresa esta característica conceptual con el alcance jurídico que precisamos dentro el sistema salarial vigente.

Como resulta un contrasentido lógico, extraño al derecho, aceptar que las primas por más exentas que estén de su carácter salarial representen una merma al valor de la remuneración mensual de los servidores públicos, es consecuencia evidente de lo considerado, concluir que el artículo 7º del Decreto 618 de 2007, al tomar un 30% de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial sin carácter salarial, materialmente condensa una situación de violación a los contenidos y valores establecidos en la Ley 4ª de 1992 y por lo tanto habrá necesidad de excluirlo del ordenamiento jurídico.

El carácter negativo al valor del salario que justifica la anulación, se visualiza en el nexo que existe entre los conceptos salariales admitidos por el ordenamiento para esquematizar el elenco de factores que lo integran y los montos prestacionales que de manera ordinaria representan consistencia y coordinación con lo estrictamente salarial. Así pues, la exclusión del artículo en examen, demuestra además, por qué la norma demandada materializa una situación jurídica insostenible a la luz de los principios constitucionales y de la ley marco sobre el sistema y criterio de la estructura salarial de la función pública, y desde luego, a toda una tradición jurídica que consistentemente ha regulado el sistema salarial y prestacional para en su conjunto permitirle a la Sala precisar, que el alcance de las primas indicadas dentro de la Ley 4ª de 1992 no puede ser otro que el aquí aludido”(7) (el subrayado y la negrita son de la Sala).

Ahora bien, la Sala de Decisión desea aclarar que no comparte el aludido restrictivo criterio de interpretación de la ley y de control de legalidad mediante el cual se analizó la validez de las disposiciones objeto del presente contencioso objetivo de nulidad, por haber sido superado recientemente por la propia Sección Segunda del Consejo de Estado y por no acompasarse con los fines y principios del régimen salarial de los funcionarios de la Rama Judicial. Sin embargo, no por ello puede dejar de reconocer que sobre el thema decidendum propuesto pesa, dado el antecedente jurisprudencial anotado, la imposibilidad de volver a ser debatido y juzgado en los estrados judiciales, al haberse tornado inmutable y en firme la sentencia que entró a resolver sobre aquel con anterioridad.

Mal podrían los suscritos conjueces, teniendo en cuenta estas circunstancias, soslayar el contenido de los artículos 175 el Código Contencioso Administrativo y 332 del Código de Procedimiento Civil con relación al caso sub iudice, y mucho menos, pasar por alto la trascendencia que ostenta la institución de la res iudicata dentro del ordenamiento jurídico colombiano. De ser así, inexorablemente, se atentaría arbitrariamente contra la seguridad jurídica, preciado axioma catalizador de la libertad y el orden.

Si se observa en la parte motiva de la sentencia de 9 de marzo de 2006, al igual que lo señaló el agente del Ministerio Público (fl. 174 reverso cdno. 1), se puede apreciar fácilmente que al relatar sobre la demanda interpuesta en esa ocasión, allí se propuso la misma causa petendi que se propuso en la demanda de la referencia (fls. 13 a 20 cdno. 1). En ambas, definitivamente, se constata que se promovieron los mismos conceptos de la violación, a saber:

“1. Incompetencia de la autoridad que profirió el acto impugnado.

2. Violación de normas superiores en que deben fundarse.

A. Por violación de los principios generales y los objetivos contenidos en la Ley 4ª de 1992 para la fijación del régimen salarial de los empleados públicos de la rama judicial.

B. por violación de principios generales y objetivos contenidos en el artículo 2º de la Ley 4ª de 1992, sobre régimen salarial de los empleados públicos.

C. Por violación de normas constitucionales y,

3. Desviación del poder”(8) (la negrita es del Consejo).

En la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en una época más próxima, se ha dicho, a propósito de la cosa juzgada, que la nulidad contra una decisión de la administración pública respecto de la cual no se pudo desvirtuar la presunción de legalidad en juicio puede intentarse nuevamente siempre que en la segunda demanda no se aleguen las mismas causas y el mismo objeto, ni se quiera llevar a estrados a las mismas partes.

Según la honorable corporación:

“A la cosa juzgada o “res judicata” se le ha asimilado al principio del “non bis in idem”, y tiene por objeto que los hechos y conductas que ya han sido resueltas a través de cualquiera de los medios aceptados por la ley, no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. Tal cualidad de lo resuelto obliga a las partes, porque lo antes decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por lo tanto, es inmutable al tener plena eficacia jurídica.

Desde un punto de vista genérico, la cosa juzgada está regulada por los artículos 332 del Código de Procedimiento Civil y 175 del Código Contencioso Administrativo, en los cuales se establecen los elementos formales y materiales para su configuración.

El elemento formal implica que no es posible volver sobre una decisión tomada en providencia ejecutoriada, dentro del mismo proceso, o en otro en el que se debata la misma causa petendi y fundamentos jurídicos; lo anterior, para garantizar estabilidad y seguridad del orden jurídico.

Por su parte, el material, hace alusión a la intangibilidad de la sentencia en firme, pues se tiene por cierto que la actividad jurisdiccional se ocupó plenamente de la relación objeto de la contienda y que esta fue decidida con la plenitud de las formas propias del juicio.

Para ahondar en la controversia, es necesario reproducir lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 175 del Código Contencioso Administrativo:

“La (sentencia) que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada” (paréntesis fuera del texto).

Esta corporación con relación al aparte trascrito, precisó:

— “...; pero cuando la decisión judicial es negativa para la pretensión propuesta, el fenómeno de la cosa juzgada se restringe exclusivamente a las causales de nulidad alegadas y al contenido del petitum que no prosperó, porque aún cuando la norma en principio ha quedado vigente por haberse negado la nulidad, es susceptible de ser demandada por otras causas con diferente petitum y dejar de regir para ese efecto” (resaltado fuera del texto-sentencia de junio 18 de 1984. Expediente 5985. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta, C.P. Bernardo Ortiz A.)”(9).

Dicho lo anterior, igualmente, se avizora sin ambages que el proceso ordinario de simple nulidad de marras se adelantó contra las mismas normas acusadas y contra las mismas entidades accionadas, por quienes como personas están legitimados para intentar el control de legalidad in abstracto de cualquier acto de la administración pública. Recuérdese que siendo la acción del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo una de carácter público y universal, ejercitable por todo aquel que tenga capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones(10), la especificidad de la parte se diluye en la identidad jurídica más amplia de la posibilidad de los asociados de proteger el ordenamiento jurídico y de hacer efectiva la garantía de la efectividad de sus derechos, controlando por esta vía judicial la legalidad de la función administrativa.

De contera, es bien sabido que en el ordenamiento jurídico colombiano, y en el caso concreto de la jurisdicción contencioso-administrativa, la doctrina del derecho procesal civil, de la que se nutre esta especialidad por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, considera que la cosa juzgada envuelve que lo decidido en la sentencia no pueda ser modificado ni siquiera por el mismo juez que la profirió.

Pero, en especial, esta implica que salvo precisas excepciones legales, se impida volver a plantear las mismas pretensiones ante los jueces y tribunales(11). Si ello no fuera así, es evidente, la potestad jurisdiccional del Estado carecería de toda legitimidad y no se compaginaría con los fines esenciales consagrados en el canon 2º Superior, ya que el mandato contenido en la decisión de mérito, como voluntad del Estado, no podría imponerse sobre la Judicatura, la sociedad y las partes, careciendo entonces de eficacia(12).

Por consiguiente, amén de las anteriores explicaciones, esta Sala de Decisión declarará probada la excepción de cosa juzgada propuesta por una de las entidades accionadas, y en consecuencia, ordenará estarse a lo dispuesto en la referida sentencia y despachar desfavorablemente todas las pretensiones esgrimidas en el libelo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, Sala de Conjueces, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE PROBADA LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA propuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

En consecuencia ESTESE a lo dispuesto en la Sentencia de 9 de marzo de 2006 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Rad. 11001032500020030005701 (0121-2003), C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala de Conjueces en la sesión de la precitada fecha.

(1) Ver, entre muchas otras providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Rad. 7203, Sentencia de 17 de marzo de 1993, C.P. Álvaro Lecompte Luna; Rad. 4929, Sentencia de 26 de mayo de 1994, C.P. Álvaro Lecompte Luna.

(2) “El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los jueces de la República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1º) de enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del Distrito Capital y los niveles directivo y asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil. PAR.—Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad” [cita del Consejo].

(3) La expresión subrayada y en negrilla fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-279 de 1996 de fecha 24 de junio de 1996, M.P. Hugo Palacios Mejía [cita del Consejo].

(4) Artículo 6º del Decreto 57 de 1993: “En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar”. El mismo texto, se encuentra incorporado en el artículo 6º del Decreto 106 de 1994 y a partir de dicha norma se agregan los coordinadores de juzgado regional—; en el artículo 7º del Decreto 43 de 1995; en el artículo 6º del Decreto 36 de 1996; en el artículo 6º del Decreto 76 de 1997; en el artículo 6º del Decreto 64 de 1998; en el artículo 6º del Decreto 44 de 1999; en el artículo 7º del Decreto 2740 de 2000; en el artículo 7º del Decreto 2720 de 2001 y en el artículo 6º del Decreto 673 de 2002 [cita del Consejo].

(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de 9 de marzo de 2006, Rad. 11001032500020030005701(0121-2003), C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.

(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de 2 de abril de 2009, Rad. 11001032500020070009800(1831-2007), C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de 2 de abril de 2009, Rad. 11001032500020070009800(1831-2007), C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de 9 de marzo de 2006, Rad. 11001032500020030005701(0121-2003), C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.

(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, Rad. 70001-23-31-000-2000-00803-01 (1026-2005), Sentencia de 27 de noviembre de 2008, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.

(10) Vega Herrera, Mariela. Derecho procesal administrativo. Editorial Leyer, Bogotá: 2010, pág. 99.

(11) López blanco, Hernán Fabio. Instituciones de derecho procesal civil colombiano. Parte General. Editorial Temis Bogotá: 1985, pág. 305.

(12) Devis Echandía, Hernando. Nociones generales de derecho procesal civil. Bogotá: 2009, pág. 670-672.