Sentencia 2003-00423 de diciembre 5 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 41001-23-31-000-2003-00423-01(18341)

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Precooperativa Colombiana del Café, Precolcafé Ltda.

FALLO

Bogotá, D.C., cinco de diciembre de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de los actos administrativos demandados, solo en aquello que tiene que ver con el rechazo de la exención sobre el beneficio neto o excedente obtenido por el contribuyente en el año gravable 1997 y, de ser el caso, respecto a la sanción por inexactitud, en razón a que, en relación con el reconocimiento de los costos de operación reclamados por el contribuyente y aceptados por el a quo, la parte demandada no presentó oposición al sustentar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

I. Exención sobre el beneficio neto o excedente obtenido por el contribuyente en el año gravable 1997

En primer término, se debe recalcar que en el sub exámine, el objeto de rechazo por parte de la administración, no tiene que ver con el porcentaje de distribución del beneficio neto o excedente obtenido por la cooperativa en el año 1997, sino con su ejecución en el año siguiente(16). Así se expuso en la resolución que desató el recurso de reconsideración: “(…) con la presente actuación administrativa no se reprocha la determinación del beneficio neto o excedente y la distribución de excedentes, tal como fue plasmado en el acta 2 del 30 de marzo de 1998; puesto que se cuestiona, es la falta de prueba de que los excedentes hallan (sic) sido invertidos efectivamente (aplicación) en los conceptos relacionados en la mencionada acta, conforme lo preceptuado en los artículos 54 y 55 de la Ley 79 de 1988, tal como se infiere del acta de inspección tributaria 149 del 2 de junio de 2001; situación que no ha sido aún demostrada por la actora a través de las pruebas idóneas (…)”(17).

Precisado lo anterior, la Sala advierte que para la época de los hechos, el artículo 19 del estatuto tributario, cuyo texto fue modificado por el artículo 63 de la Ley 223 de 1995(18), preveía que entidades como las cooperativas, se someten al impuesto sobre la renta y complementarios conforme al régimen tributario especial.

Dentro de ese tratamiento especial, vale la pena mencionar, que los contribuyentes de este régimen están sometidos al impuesto sobre la renta y complementarios a la tarifa única del 20% sobre el beneficio neto o excedente(19), a diferencia de lo que sucede con las personas jurídicas que desarrollan actividades con ánimo de lucro, a quienes se les grava la renta líquida(20).

Además de la tarifa especial, se observa que este grupo de contribuyentes está exento del impuesto sobre la renta y complementarios(21), siempre y cuando el beneficio neto o excedente determinado en la forma prevista en el artículo 357 del estatuto tributario(22), se destine directa o indirectamente, en el año siguiente a aquel en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen el objeto social(23) y que deberá corresponder a actividades de salud, educación, cultura, deporte aficionado, investigación científica y tecnológica o a programas de desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean de interés general y que a ellas tenga acceso la comunidad(24).

En el caso de las cooperativas, además de las condiciones señaladas en los artículos 358 y 359 del estatuto tributario, se debe cumplir con la legislación cooperativa vigente para la época de los hechos, por lo que, para que el beneficio neto o excedente fiscal sea exento, este se debe destinar de la forma indicada en el artículo 54 de la Ley 79 de 1988(25), es decir, como mínimo:

— Un 20% para crear y mantener una reserva de protección de los aportes sociales,

— Un 20% para el fondo de educación, y

— Un 10% para un fondo de solidaridad.

Adicionalmente, el contribuyente deberá, previo a la presentación de su declaración de renta, aprobar en su asamblea general u órgano directivo que haga sus veces, la destinación de los excedentes, de conformidad con las condiciones establecidas para tal efecto y, de ser el caso, requerirá de la calificación o autorización en tal sentido del comité de entidades sin ánimo de lucro (D. 868/89, arts. 5º(26) y 8º(27)).

Finalmente, es oportuno advertir que el término de un año para la ejecución del excedente, puede ser ampliado, “cuando la naturaleza y la magnitud del desarrollo de un programa social implique que su ejecución debe realizarse en plazos superiores a un año”, caso en el cual, “la asamblea general u órgano directivo que haga sus veces podrá adoptar dichos plazos, señalando la ejecución que año por año se hará del beneficio neto o excedente”(28) (se resalta).

En el anterior contexto normativo se advierte que para que la cooperativa actora tenga derecho al beneficio neto o excedente, debe cumplir con los siguientes requisitos:

— Destinación: La destinación del beneficio neto o excedente debe:

(i) Corresponder a programas que desarrollen el objeto social, respecto de actividades que conciernan a salud, educación, cultura, deporte aficionado, investigación científica y tecnológica o a programas de desarrollo social de interés general y con acceso por parte de la comunidad.

(ii) Ser aprobado por la asamblea general u organismo directivo que haga sus veces, previo a la presentación de la declaración de renta.

(iii) Ser calificado y autorizado por el comité de entidades sin ánimo de lucro.

— Porcentaje: La destinación debe hacerse en los porcentajes señalados en el artículo 54 de la Ley 79 de 1988.

— Plazo: El beneficio neto o excedente debe destinarse en el año siguiente a aquel que se obtuvo, a menos que, dicho término sea ampliado conforme a lo previsto en el artículo 6º del Decreto 868 de 1989.

Aclarado lo anterior, observa la Sala que la parte actora es una entidad sin ánimo de lucro(29), que en el año 1997 obtuvo un excedente que ascendió a la suma de $ 77.121.016, cuya distribución y asignación fue aprobada por la asamblea general de asociados de la precooperativa(30), en los términos que se citan a continuación:

20% Fondo de educación$ 15.424.203
20% Fondo para protección de aportes$ 15.424.203
10% Fondo de solidaridad$ 7.712.102
50% Revalorización de aportes$ 38.560.508

 

En consideración a dicha distribución, el comité de entidades sin ánimo de lucro mediante la Resolución 458 de 3 de septiembre de 1999(31), declaró procedente la exención del beneficio neto cooperativo obtenido por la parte actora en el año gravable 1997, el que liquidó en la suma de $ 76.899.618. Pronunciamiento del que vale la pena decir, no impedía que la administración tributaria ejerciera su facultad de fiscalización, conforme a lo dispuesto en el literal b) del artículo 363 del estatuto tributario.

Entonces, está probado que la parte actora dio cumplimiento a lo previsto en los artículos 54 de la Ley 79 de 1988 y 5º del Decreto 868 de 1989, en cuanto a (i) la determinación de los porcentajes de asignación o distribución del beneficio neto o excedente obtenido en el año 1997, (ii) la aprobación de la distribución y asignación del excedente del año 1997 por parte de la asamblea general y (iii) la autorización del beneficio por parte del comité de entidades sin ánimo de lucro.

Lo corroborado hasta aquí, no ha sido objeto de discusión por la administración, por lo que, la Sala centra su atención en el único requisito que, según la DIAN, no fue cumplido por la parte actora para tener derecho a la exención del beneficio neto o excedente; omisión que tiene que ver con la comprobación de la ejecución de los excedentes en el año siguiente al que se causó, vale decir, en el año 1998. En relación con el plazo para la ejecución es preciso indicar que de las pruebas allegadas al proceso y de los actos demandados no se evidencia que la actora haya dispuesto, conforme al artículo 6º del Decreto 868 de 1989, la ejecución del beneficio neto o excedente en plazos superiores a un año.

Ahora bien, revisado el plenario, encuentra la Sala que en primera instancia se decretó y practicó un dictamen pericial con intervención de un perito contador; prueba que resulta procedente y pertinente para determinar la legalidad de la actuación de la administración(32), motivo por el cual, debe ser valorada, junto con sus anexos, los cuales, si bien, se aportaron en copia simple, conforme al artículo 11 de la Ley 448 de 1998, se reputan auténticos(33).

En esa oportunidad, el auxiliar de la justicia dictaminó lo siguiente:(34)

“III. Conclusión

Verificados los libros y los documentos que soportan los asientos contables y de acuerdo con lo solicitado por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila y de la parte demandante, se llega a las siguientes conclusiones:

1. (...) .

2. Con relación a la conducencia del beneficio neto o excedente, la Precooperativa Colombiana del Café Ltda., cumplió con los requisitos establecidos en el Decreto 868 de 1989, ya que mediante acta 2 de la asamblea general de asociados celebrada el 30 de marzo de 1998 en el punto 5 del orden del día se aprobó que los excedentes del año 1997 se determinaran en su totalidad a los (sic) previsto en la legislación cooperativa, para efectos de obtener la exención total de los excedentes en la declaración de impuestos (sic) sobre la renta y complementarios de conformidad con el artículo 19 del estatuto tributario en concordancia con los decretos reglamentarios 124 y 703 de 1.97 (sic), excedentes que fueron distribuidos y asignados así:

20% Fondo de educación$ 15.424.203
20% Fondo para protección de aportes$ 15.424.203
10% Fondo de solidaridad$ 7.712.102
50% Revalorización de aportes$ 38.560.508
Total excedentes$ 77.121.016

 

La distribución de estos valores se registró en las cuentas respectivas de la contabilidad el 30 de abril de 1998 en la siguiente forma:

Cuenta auxiliar código
Nombre de la cuentaValorCompr. de contabilidadFolio libro diarioFolio libro mayor
240501-01Fondo de educación15.424.203,00NC-980430046021
241001-01Fondo de solidaridad7.712.102,00NC-980430046021
320501-01Reserva protecc. aportes15.424.203,00NC-980430046021
331001-01Revalorización de aportes38.560.508,00NC-980430046021

Total excedentes año 1997

77.121.016,00
   

 

La ejecución del fondo de educación se realizó de acuerdo a los siguientes pagos:

FechaCompr. de egresoBeneficiarioValor libro auxiliarCompr. de contabilidad NºFolio libro diarioFolio libro mayor
26/01/1998225Mauricio Muñoz Garzón1.000.000,00NC-980130037018
07/01/1998175Humberto E. Ramos1.150.000,00NC-980130037018
07/01/1998176Humberto E. Ramos871.200,00NC-980130037018
04/02/1998254Gilberto Navia100.000,00NC-980630053023
27/03/1998359Dago Hebert Guaca Peña250.000,00CE-980330042020
06/05/1998478Dago Hebert Guaca Peña300.000,00CE-980530049022
11/05/1998495Rodrigo Quevedo200.000,00CE-980530049022
01/06/1998578Luis Cardozo250.000,00CE-980630052023
10/06/1998619Marcos González200.000,00CE-980630052023
10/07/1998687Humberto E. Ramos1.001.000,00CE-980730055024
14/07/1998691Roberto Rojas871.200,00CE-980730055024
14/07/1998692Gerardo Torres919.300,00CE-980730055024
14/08/1998750Alirio Bustos200.000,00CE-980830058025
24/08/1998783Álvaro Valenzuela100.000,00CE-980830058025
04/09/1998817Luis Ángel España250.000,00CE-980930061036
17/09/1998848José Ramírez200.000,00CE-980930061026
24/09/1998866Víctor Castro60.000,00CE-980930061026
01/10/1998891Armando Guzmán70.000,00CE-981030064027
01/10/1998893Humberto E. Ramos120.000,00CE-981030064027
02/10/1998896Dumar Montero200.000,00CE-981030064027
05/10/1998907Armando González200.000,00CE-981030064027
03/11/1998963Jaime Canacué Motta300.000,00CE-981130067028
09/11/1998981Arbey Galindez36.000,00CE-981130067028
13/11/1998990Luis Hernán Guaca200.000,00CE-981130067028
19/11/1998998Jesús María Bustos150.000,00CE-981130067028
01/12/19981001Humberto E. Ramos200.000,00CE-981230070029
04/12/19981017José Humberto Bahamón250.000,00CE-981230070029
07/12/19981021Hugolino Amézquita100.422,00CE-981230070029
14/12/19981031Daniel Villareal120.000,00CE-981230070029
18/01/19991071Humberto E. Ramos2.904.000,00CE-990130073031
28/02/1999NC-990230Luis Alberto Salazar200.000,00NC-990230076032
30/03/1999NC-990330Carlos Magno Arias570.000,00NC-990330079033
30/04/19991185Marino Antonio Rentería520.000,00CE-990430082034
30/06/19991196Mario Alberto Robayo1.406.000,00CE-990630095038

Total fondo de educación

15.469.122,00

(negrilla y subraya de la Sala).

 

Del contenido de la prueba técnica, se concluye que la parte actora dio cumplimiento al artículo 54 de la Ley 79 de 1988 en cuanto distribuyó el beneficio neto o excedente fiscal del año 1997. No obstante lo anterior, en lo que tiene que ver con la ejecución, este medio probatorio permite evidenciar que el excedente obtenido en el año 1997 y destinado para el fondo para educación, por la suma de $ 15.424.203, no fue ejecutado en su totalidad en el año siguiente (1998), puesto que, los últimos cinco pagos que se relacionan, por la suma total de $ 5.600.000 se hicieron en el año 1999(35) es decir, por fuera del plazo fijado en la norma para la procedencia de la exención; aspecto que no fue analizado por el a quo al verificar el cumplimiento cabal de los requisitos revistos para la procedencia de la exención reclamada y, respecto del cual, la actora guardó silencio.

Así pues, está demostrado que en el año siguiente a la obtención del excedente (año 1998), la actora tan solo ejecutó la suma de $ 9.869.122, que no alcanza a ser el 20% del excedente que como mínimo y por disposición legal debía asignar y ejecutar para el fondo de educación, motivo por el cual, la Sala encuentra procedente el rechazo de la suma de $ 15.424.203, por incumplimiento de los requisitos legales previstos para la procedencia de la exención del beneficio neto o excedente.

Por otra parte, en lo que atañe con la ejecución del excedente para el fondo de solidaridad ($ 7.712.102) y de reserva para protección de aportes ($ 15.424.203), encuentra la Sala que el juez de primera instancia en su pronunciamiento no hizo ningún análisis respecto de los mismos, como tampoco lo hizo el auxiliar de la justicia en el dictamen pericial rendido dentro de este proceso, pues solo se refirió a la ejecución del fondo de educación.

De esta manera, se hace necesario revisar los demás medios de prueba que obran dentro del expediente, dentro de los cuales se encuentran las certificaciones del contador público aportadas en sede administrativa(36) y judicial(37); pruebas que en este aspecto, no brindan suficientes elementos de juicio que permitan desvirtuar la presunción de legalidad de los actos enjuiciados, en lo que a este aspecto se refiere.

Debe precisarse respecto de los medios probatorios aportados con la demanda que, contrario a lo señalado por la demandada, es procedente allegar pruebas ante esta jurisdicción, diferentes a las recaudadas en sede gubernativa, pues el contribuyente, dentro del trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho tendiente a desvirtuar la legalidad de los actos acusados, tiene la oportunidad de aportarla para sustentar sus argumentos, de lo contrario carecería de objeto establecer dicha etapa. En efecto, esta corporación ha indicado:

“(…) la Sala ha considerado que no se pueden descartar las pruebas que han sido decretadas y practicadas debida y oportunamente ante la jurisdicción, aunque sean diferentes a las recaudadas ante la administración, o que no fueron practicadas por la misma administración. De no ser así se desconocería no solo el objeto de la jurisdicción sino la naturaleza de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho(38).

La demanda de nulidad y restablecimiento de derecho debe contener, entre otros aspectos, la petición de pruebas que el demandante pretenda hacer valer, conforme con el artículo 137 [5] del Código Contencioso Administrativo. Si las pruebas están en su poder, las debe acompañar con la demanda según lo establece el artículo 139 ibídem.

Es decir, las pruebas que solicitan los demandantes en la demanda y que son decretadas por el tribunal, son regular y oportunamente allegadas al proceso, de manera que deben ser valoradas por el juzgador al momento de decidir, conforme con el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo (…)”(39).

Precisado lo anterior, se advierte que el certificado de contador público aportado con la demanda, es más específico que el allegado con el recurso de reconsideración, y allí se indica lo siguiente:

“(…).

Total ejecución fondo de educación año 1998: 9.869.122,00

(…).

Total de ejecución fondo de educación año 1999: 5.600.000,00

Ejecución fondo de solidaridad cuenta código: 241001-01

Fecha
Comprobante de egreso NºBeneficiario Valor libro auxiliar Comp. de contab. NºFolio libro mayor
14/05/991190Orlando Cediel Tamayo5.000.000,00CE-99053037
02/09/991210Funerales Los Olivos1.482.000,00
CE-99093041
30/09/991225Orlando Cediel Tamayo1.230.102,00CE-99093041
Total ejecución fondo de educación (sic) año 19997.712.102,00  

 

Ejecución reserva de protcción (sic) cuenta código 320501-01

La reserva de de (sic) protección de aportes sociales es una apropiación que se hace para prever futuras pérdidas de acuerdo a lo establecido en la Ley 79 de 1988.

Ejecución revalorización de aportes cuenta código 331001-01

La revalorización de aportes, se aprobó de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 de la Ley 79 de 1988, que dice: “de la aplicación de los excedentes un 20% es para el fondo de educación, y un 10% para el fondo de solidaridad y el remanente podrá aplicarse destinándolo a la revalorización de aportes, cuyo objetivo es mantener el poder adquisitivo constante de los aportes sociales, dentro de los límites que fije el reglamento.

(…)”(40).

Entonces, de la certificación se desprende que la ejecución de la suma de $ 7.712.102, por concepto de fondo de solidaridad, se llevó a cabo en el año 1999 y no en el año siguiente como lo exige la norma para la procedencia de la exención sobre el beneficio neto o excedente (E.T., art. 358), razón más que suficiente para mantener su rechazo.

Rechazo que igualmente resulta procedente en la reserva para protección de aportes, porque respecto del mismo, el contribuyente no aportó prueba que desvirtuara la presunción de legalidad de los actos demandados, correspondiéndole la carga de la misma.

El certificado reafirma lo señalado en el dictamen pericial, respecto de la inversión en el fondo de educación en el año 1998 en cuanto fue parcial fue parcial y no alcanzó al 20% exigido legalmente.

En este orden de ideas, le asiste razón a la parte apelante en sus apreciaciones y, por ende, comoquiera que la parte actora no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos acusados, respecto de esta glosa, se declara improcedente la exención del beneficio neto cooperativo obtenido por la parte actora en el año gravable 1997, el cual, fue liquidado en la suma de $ 76.899.618 e incluido en el denuncio rentístico del año 1998.

II. Sanción por inexactitud

En consideración a que se encontró improcedente la exención del beneficio neto o excedente obtenido por la parte actora en el año gravable 1997 e incluido en la declaración de renta del año 1998, es del caso referirse a la sanción por inexactitud impuesta en los actos administrativos demandados, sobre la cual, es oportuno señalar que el tribunal no hizo pronunciamiento expreso en la sentencia, precisamente por haber accedido a las pretensiones de la demanda.

Pues bien, sobre la sanción por inexactitud, la Sala, en reciente jurisprudencia(41), reiterada en forma posterior(42), hizo las siguientes precisiones:

“(…) la sanción prevista en el artículo 647 del E.T. se impone cuando se incluyen costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes. Y, que para que se perfeccione la infracción, la inclusión se debe ejecutar con el propósito de obtener un provecho que se traduce en el menor pago de impuestos o en la determinación de un mayor saldo a favor.

Así mismo, reitera que el adjetivo inexistente debe entenderse en sus dos acepciones: como adjetivo relativo a aquello que carece de existencia; y como adjetivo relativo a aquello que, si bien existe, se considera totalmente nulo, porque es “Falto de valor y fuerza para obligar o tener efecto, por ser contrario a las leyes, o por carecer de las solemnidades que se requieren en la sustancia o en el modo.

De ahí que el artículo 647 del E.T. prevea que, en general, lo que se quiere sancionar es la utilización en las declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a las oficinas de impuestos, de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, puesto que todos estos adjetivos, en últimas, implican la inexistencia de los egresos que se llevan como costo, deducción, descuento, exención, pasivo, impuesto descontable, retención o anticipo, sin serlo, por una de las siguientes razones: o porque en realidad no existen esos egresos; o porque, aún existiendo, no se probaron; o porque, aún probados, no se subsumen en ningún precepto jurídico del estatuto tributario que les dé valor y fuerza para tener el efecto invocado, por carecer de las solemnidades que exige dicho estatuto para darles la calidad de tales, a menos que, en este último caso, se verifique la interpretación errónea por parte del contribuyente que lo haya inducido a apreciar de manera errónea la norma y a subsumir los hechos económicos declarados en la misma.

Ahora bien, la Sala también precisa que para imponer la sanción por inexactitud no se requiere probar que el contribuyente haya actuado con intención dolosa o culposa, pues la infracción se tipifica simplemente por la inclusión, por error de interpretación, de hechos económicos y de la subsunción de los mismos en la norma que se invoca para amparar el beneficio (infracción objetiva), o por la inclusión, de manera dolosa, de hechos falsos (infracción subjetiva).

Por lo tanto, no le asiste razón a la demandante cuando precisa que para imponer la sanción por inexactitud, la autoridad tributaria debe probar que el contribuyente incluyó datos falsos con el ánimo de defraudar al Estado, pues, como se precisó, ese es tan solo uno de los hechos que tipifica la norma como infracción. No es necesario pues, que se compruebe el dolo con que actuó el contribuyente.

En efecto, la Sala reitera que en materia tributaria se aplican los principios y garantías propios del derecho penal, pero de manera restrictiva, pues el Estado también debe procurar garantizar el interés general que se promueve con su imposición” (se resalta).

Conforme con lo anterior, y teniendo en cuenta que en el presente asunto la parte actora no comprobó el cumplimiento de los requisitos previstos en la norma para la procedencia de la exención sobre el beneficio neto o excedente determinado por la cooperativa por el año 1997, es decir, no cumplió con la carga de la prueba que le corresponde al pretender hacer valer en su favor un beneficio, la sanción por inexactitud resulta procedente, pero solo en relación con la suma respecto de la cual se mantiene el rechazo.

En este orden de ideas, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se declarará la nulidad parcial de los actos administrativos demandados, con lo que se impone liquidar el impuesto a cargo de la parte actora, (i) reconociendo los costos en discusión —cargo aceptado en primera instancia y no impugnado con el recurso de apelación—, (ii) manteniendo el rechazo de la exención sobre el beneficio neto o el excedente determinado por el año 1997 ($ 76.899.618,00) y (iii) liquidando la sanción por inexactitud en forma proporcional.

En consecuencia, la liquidación del impuesto sobre la renta y complementarios a cargo de la Precooperativa Colombiana del Café Ltda. Precolcafé Ltda., por el año gravable 1998, quedará como sigue:

 

RAD18341IM1.JPG
RAD18341IM1.JPG
 

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de 7 de mayo de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila. En su lugar, se dispone:

DECLÁRASE LA NULIDAD PARCIAL de la liquidación oficial de revisión 130642002000017 de 5 de febrero de 2002 y de la Resolución 130012002000048 de 27 de diciembre de 2002, por medio de las cuales la UAE DIAN Administración de Impuestos de Neiva, determinó el impuesto sobre la renta a cargo de la entidad sin ánimo de lucro Precooperativa Colombiana del Café Ltda. Precolcafé Ltda., por el año gravable de 1998.

DECLÁRASE como saldo a pagar por el impuesto y período en discusión, la suma de treinta y nueve millones novecientos ochenta y ocho mil pesos m/cte. ($ 39.988.000), conforme con la liquidación que obra en la parte motiva de esta providencia.

RECONÓZCASE PERSONERÍA a la doctora Lina María Campillo García como apoderada de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder conferido que obra en el folio 303.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.»

(16) Obsérvese que en el requerimiento ordinario se le solicitó al contribuyente, allegar, entre otras, la “7. Relación de las actividades ejecutadas con los excedentes calificados o declarados como exentos en años anteriores y que debían ejecutarse en dicho año indicando la naturaleza y cuantía de cada una de ellas” (fl. 18, cdno. a.), información que, según se afirma en el acta de inspección tributaria, no fue aportada por la parte actora (fl. 36, cdno. a.).

(17) Folio 172.

(18) “ART. 19.—Contribuyentes del régimen tributario especial. Las entidades que se enumeran a continuación, se someten al impuesto sobre la renta y complementarios, conforme al régimen tributario especial contemplado en el título VI del presente libro.

1. (...).

4. Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo y confederaciones cooperativas, previstas en la legislación cooperativa.

El beneficio neto o excedente de estas entidades estará sujeto a impuesto cuando lo destinen, en todo o en parte, en forma diferente a lo que establece la legislación cooperativa vigente.

PAR. 1º—(...)” (se resalta).

(19) Artículo 356 E.T.

(20) Artículo 26 E.T.

(21) Artículo 19 E.T.

(22) ART. 357.—Determinación del beneficio neto o excedente. Para determinar el beneficio neto o excedente se tomará la totalidad de los ingresos, cualquiera sea su naturaleza, y se restará el valor de los egresos de cualquier naturaleza, que tengan relación de causalidad con los ingresos o con el cumplimiento de su objeto social de conformidad con lo dispuesto en este título, incluyendo en los egresos las inversiones que hagan en cumplimiento del mismo”.

(23) Artículo 358 E.T.

(24) Artículo 359 E.T.

(25) ART. 54—Si del ejercicio resultaren excedentes, estos se aplicarán de la siguiente forma: Un veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una reserva de protección de los aportes sociales; un veinte por ciento (20%) como mínimo para el fondo de educación y un diez por ciento (10%) mínimo para un fondo de solidaridad.

El remanente podrá aplicarse, en todo o parte, según lo determinen los estatutos o la asamblea general, en la siguiente forma:

1. Destinándolo a la revalorización de aportes, teniendo en cuenta las alteraciones en su valor real.

2. Destinándolo a servicios comunes y seguridad social.

3. Retornándolo a los asociados en relación con el uso de los servicios o la participación en el trabajo.

4. Destinándolo a un fondo para amortización de aportes de los asociados” (se resalta).

(26) ART. 5º—Exención del beneficio neto o excedente. El beneficio neto o excedente, determinado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º del presente decreto, estará exento del impuesto sobre la renta y complementarios, en la parte que cumpla alguna de las siguientes condiciones:

a) Que se destine dentro del año siguiente al de su obtención, o dentro de los plazos adicionales de que trata el artículo siguiente, a desarrollar directa o indirectamente una o varias de las actividades citadas en el literal b) del artículo anterior.

b) Que se destine a constituir asignaciones permanentes, para el desarrollo de tales actividades, de conformidad con lo señalado en el artículo 7º de este decreto.

Para efectos de la exención del beneficio neto o excedente, la entidaddeberá, previamente a la presentación de su declaración de renta, aprobar en su asamblea general u órgano directivo que haga sus veces, la destinación de los mismos de conformidad con las anteriores condiciones.  

Así mismo, para la exención del beneficio neto o excedente, se requerirá de la calificación o autorización en tal sentido del comité de entidades sin ánimo de lucro, cuando se den las condiciones contempladas en el artículo 8º del presente decreto. 

PAR. 1º—El beneficio neto o excedente no destinado a los fines previstos en este artículo y el generado en la no procedencia de los egresos, así como aquel que habiendo sido destinado a uno de los anteriores fines, no haya cumplido con su ejecución, constituye beneficio neto o excedente gravable sometido a la tarifa del 20%, en el año en que esto ocurra, y sobre tal impuesto no procede ninguna. deducción o descuento” (resaltado de la Sala).

(27) ART. 8º—Entidades que requieren calificación. Las entidades sometidas al régimen especial de impuesto sobre la renta, cuyos ingresos en el año gravable de 1988 sean superiores a $ 100.000.000 (cien millones de pesos) o cuyos activos al último día de dicho año sobrepasen los $ 200.000.000 (doscientos millones de pesos) deberán ser calificadas y autorizadas por el comité de entidades sin ánimo de lucro de que trata el artículo 11 del presente decreto, para obtener los beneficios anteriormente señalados.

Las entidades que se encuentren por debajo de los topes anteriormente señalados, no requieren de calificación, ni autorización del comité de entidades sin ánimo de lucro, para gozar de los beneficios consagrados en este decreto”.

(28) Artículo 6º Decreto 868 de 1989e.

(29) Según el certificado de la Cámarae de Comercio de Neiva (fls. 76-81, cdno. a.).

(30) Conforme al acta 2 de 30 de marzo de 1998 (fls. 86-88, cdno. a.).

(31) Folios 82-84, cdno. a.

(32) Al respecto, véase la esentencia de 26 de marzo de 2009, Expediente 25000-23-27-000-2003-01108-01(16095), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(33) “ART. 11.—Autenticidad de documentos. En todos los procesos, los documentos privados presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se reputarán auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con los documentos emanados de terceros”.

(34) Folios 237-239.e

(35) Obsérvese que en los folios 88 a 95, la parte actora aporta (en copia simple) una serie de soportes de los pagos realizados en el año 1999, dos de los cuales, especifican como concepto el pago por concepto de seminarios realizados durante los días 8, 10, 11 y 12 de enero de 1999 (fl. 89) y 9 y 10 de junio de 1999 (fl. 95).

(36) Folios 90-91, cdno. a.

(37) Folios 25-29.

(38) Sentencia del 6 de octubre de 2009, Exp. 16801, C.P. Héctor J. Romero Díaz, reiterada en las sentencias del 12 de mayo de 2010, Exp. 17081, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y del 13 de junio de 2010, Exp. 17147, C.P. William Giraldo Giraldo.

(39) Sentencia del 19 de agosto de 2010, Exp. 16236, M.P. William Giraldo Giraldo.

(40) Folios 28-29.

(41) Sentencia de 24 de marzo de 2011, Expediente 17152, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(42) Sentencia de 19 de mayo de 2011, Expediente 18039, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.