Sentencia 2003-00428 de julio 16 de 2009

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 110010324000200300428 01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta

Actor: Carlos Mario Isaza Serrano

Bogotá, D.C., dieciséis de julio de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La resolución acusada.

Se trata de la Resolución 191 de 11 de abril de 2003, que en su parte resolutiva, a la letra dice:

“Procuraduría General de la Nación

RESOLUCIÓN 191 DE 2003 

(Abril 11)

Por medio de la cual se adopta la guía del proceso disciplinario para la Procuraduría General de la Nación.

El Procurador General de la Nación,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 7º y 41 del artículo 7º del Decreto 262 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que el numeral 7º del artículo 7º del Decreto 262 de 2000 asigna al Procurador General de la Nación la función de “Expedir los actos administrativos, órdenes, directivas y circulares que sean necesarios para el funcionamiento de la entidad y para desarrollar las funciones atribuidas por la ley”.

Que el numeral 41 ibídem establece que corresponde al Procurador General de la Nación “Expedir los planes indicativos y de acción de la entidad, así como los manuales de control interno de gestión, de funciones y requisitos específicos y de procedimientos”.

Que mediante Resolución 420 del 21 de noviembre de 2000, el Procurador General de la Nación delegó en el viceprocurador general de la Nación la expedición de los manuales de procedimiento de la entidad y la adopción del plan de mejoramiento continuo aplicable a dichos manuales.

Que por Resolución 176 del 15 de diciembre de 2000, el viceprocurador general de la Nación, con base en las facultades otorgadas en la Resolución 420 de 2000, adoptó el mejoramiento continuo en los procedimientos de la Procuraduría General de la Nación, y en el numeral 6º del artículo 1º señaló las directrices y mecanismos para realizarlo.

Que por Resolución 041 de 2 de marzo del 2001, el viceprocurador general de la Nación adoptó los procedimientos aplicables en las diferentes dependencias de la Procuraduría General de la Nación, dentro de los cuales se encuentra el macro proceso disciplinario.

RESUELVE:

ART. 1º—Adoptar la guía del proceso disciplinario, cuyos procedimientos deberán ser aplicados en todas las dependencias de la Procuraduría General de la Nación que ejerzan función disciplinaria. Hace parte integral de la presente resolución el texto de la guía contenido en medio magnético.

ART. 2º—La actualización permanente de la guía del proceso disciplinario y su difusión será responsabilidad del grupo de relatoría de la Procuraduría General de la Nación.

ART. 3º—La presente resolución rige a partir del 5 de mayo de 2003 y deroga las que le sean contrarias, en especial la Resolución 173 del 27 de marzo del 2003 y lo correspondiente al macro proceso disciplinario contemplado en la Resolución 041 del 2 de marzo de 2002.

Dada en Bogotá a los11 días de abril de 2003.

Publíquese y cúmplase”.

2. Carácter de dicha resolución.

Teniendo en cuenta que la misma está conformada por su texto expreso y por la guía, y que en ella se dispone el deber de aplicar los procedimientos contenidos en la guía, es claro que se está ante un acto administrativo de carácter general, pues no cabe discusión sobre su carácter vinculante para los servidores o funcionarios de la Procuraduría general de la Nación a la cual va dirigida, toda vez que con su contenido se predetermina la manera de proceder de los mismos en el ejercicio de sus funciones en desarrollo de los procesos disciplinarios a su cargo.

3. Los cargos que se le endilgan.

El actor le endilga la violación de los artículos 121, 122, 150, numerales 1º y 2º; 189, numeral 11, de la Constitución política; 7º, numerales 7º y 41 del Decreto 262 de 2000, en síntesis, por falta de competencia del Procurador General de la Nación para adoptar la guía mencionada, ya que con ella está legislando bajo el disfraz de directrices y criterios y so pretexto de llenar vacíos.

Por ende la censura que plantea el actor consiste en que el acto acusado desatiende o resulta contrario a las reglas de competencia y su expedición excede las facultades del Procurador General de la Nación, en especial las invocadas para el efecto.

4. Examen de los cargos.

Dicha resolución se sustenta en el numeral 7º del artículo 7º y en el artículo 41 del Decreto 262 de 2000, “Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas Para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos”, a los que conviene agregar los numerales 8º y 36 del artículo 7º citado, cuyos textos dicen:

“ART. 7º—Funciones. El Procurador General de la Nación cumple las siguientes funciones:

(...).

7. Expedir los actos administrativos, órdenes, directivas y circulares que sean necesarios para el funcionamiento de la entidad y para desarrollar las funciones atribuidas por la ley.

(...).

18. Coordinar y controlar el cumplimiento de la función disciplinaria.

(...).

36. Expedir, como supremo director del Ministerio Público, las directivas y circulares que resulten conducentes para el ejercicio de las funciones públicas y para prevenir la comisión de faltas disciplinarias de los servidores públicos”.

“ART. 41.—Los procuradores judiciales tienen la condición de agentes del Ministerio Público, para lo cual intervendrán ante las autoridades judiciales indicadas en los artículos siguientes, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y lo dispuesto por el Procurador General. Igualmente, intervendrán en los trámites de conciliación”.

De tales facultades, las descritas en los numerales 7º, 8º y 36 del artículo 7º resultan ser la más pertinente al contenido y propósito de real de la resolución acusada, que es el de orientar el desarrollo de los procedimientos disciplinarios que le corresponden a sus diferentes unidades o dependencias que ejercen esa función en desarrollo de la Ley 790 de 2002.

En ese orden, la Sala encuentra que vistas dichas disposiciones la expedición de la resolución enjuiciada está dentro de las facultades del Procurador de la Nación que le otorga el comentado artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 2000, situación que es suficiente para despachar desfavorablemente el cargo de violación de ese artículo.

Otra cosa es que lo consignado o compendiado en la guía que mediante ella se adopta, se ajuste o guarden correspondencia exacta con las normas o disposiciones vigentes establecidas en el ordenamiento jurídico en esa materia disciplinaria y que en alguna parte o contenido de dicha guía no exceda o contradiga esa normatividad.

En ese caso, la acción tendrá que dirigirse específica y puntualmente contra la disposición o disposiciones que compiladas en la guía el actor considere extraña o ajena a la normatividad vigente y pertinente al procedimiento disciplinario objeto de la guía, en orden a ser expulsada o excluida de la misma, pues lo que en este caso cabe enjuiciar es la incorporación o compilación de esa disposición en la referida guía, más no su contenido sí es de orden legal, ya que en ese caso su examen le corresponde a la Corte Constitucional por vía del acto del mismo rango legal que originariamente la contiene.

Pero ocurre que en este caso, el actor tiene dirigida la demanda contra toda la resolución, de allí que hubiera aportado su copia con constancia de publicación, empero no la dirige contra la incorporación de una u otra disposición en especial, pese a que censura algunas de ellas, pero a manera de ilustración del concepto de la violación, y no como objeto específico de la demanda, tanto es así que no aportó la copia de las mismas, es decir, que sus textos no militan en el expediente, como lo dispone el artículo 139 del Código Contencioso Administrativo, esto es, en copia idónea, la publicada en el medio oficial respectivo, o autenticada por funcionario competente cuando la publicación se haya hecho por otros medios, lo que además impide su examen.

De esa forma, cabe concluir que la resolución acusada, vista en su conjunto o genéricamente, consulta las normas de competencia señaladas por la Constitución y la ley en materia disciplinaria administrativa del Procurador General de la Nación, luego este no excede las facultades invocadas para expedirla.

En consecuencia, los cargos de la demanda no tienen vocación de prosperar, de allí que se deban negar sus pretensiones, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda de nulidad presentada por el ciudadano Carlos Mario Isaza Serrano contra la Resolución 191 de 1º de abril de 2003 expedida por la Procuraduría General de la Nación, “Por medio de la cual se adopta la Guía del Proceso Disciplinario para la Procuraduría General de la Nación”.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 16 de julio de 2009».

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