Sentencia 2003-00438/37885 de octubre 12 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Proceso: 190012331000-2003-00438-01 (37885 acumulados 38579, 38911, 37873, 38073, 38604, 38578, 38189, 38453, 38323, 50207, 39400 y 44202)(1)

Demandantes: María Aleyda Gómez Muñoz y otros

Demandadas: Nación-Ministerio de Educación e Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior Icfes.

Acción: Reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Bogotá D.C., doce de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos procesales de la acción.

Antes de abordar el estudio de fondo del recurso, le corresponde a la Sala verificar si están presentes los presupuestos procesales de la acción promovida, constatación que debe adelantarse siempre en forma oficiosa, de modo tal que si alguno no está presente, así debe declararse, aún de oficio(42).

1.1. Jurisdicción y procedencia de la acción.

En relación con la competencia de esta corporación para desatar la controversia, se tiene que los procesos tienen vocación de doble instancia ya que la pretensión mayor individualmente considerada en cada uno de ellos asciende a más de $ 166.000.000, valor que corresponde a quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes para el 2003, año en el que se presentaron las acciones de reparación directa de la referencia.

Las demandas superan la cuantía mínima exigida para que un proceso tenga acceso a la misma(43), según los parámetros de competencia establecidos en la Ley 446 de 1998 —y la Ley 1395 de 1010 en el caso del proceso 50207—, toda vez que los recursos de apelación fueron interpuestos durante su vigencia.

La acción ejercitada es la procedente, pues a través de ella se pretende imputar responsabilidad extracontractual estatal de la presunta omisión en las funciones del Ministerio de Educación y del Icfes en relación con la inspección y vigilancia frente a la actividad particular, así como por hechos a estas atribuibles que permitieron la existencia de un programa educativo de educación superior sin que contara el respectivo registro y, el resarcimiento patrimonial de los perjuicios que, a juicio de los demandantes generaron esas conductas omisivas y activas, por lo que el asunto se enmarca dentro de las hipótesis previstas en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo.

1.2. Caducidad de la acción.

El artículo 136, numeral 8 del Decreto 01 de 1984 modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998(44) indica que la acción de reparación directa caduca al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

Para el caso de autos, aunque el no otorgamiento oportuno del título de abogados a los demandantes tuvo lugar, en principio, entre los años 2001 y 2002, esta no tuvo el carácter de decisión definitiva o permanente, ni se constituyó en la causa del daño, por cuanto, finalmente, los actores sí obtuvieron el título universitario de manos de Universidad Libre, de modo tal que los perjuicios derivados de la demora en acceder a este y de las finales condiciones en que se entregó, solo se materializaron en el momento en que el título fue expedido.

Resalta la Sala como no existió una decisión definitiva que hubiera negado a los actores su título universitario, sino que su entrega se vio retrasada con ocasión de distintos factores, por lo que, en forma legítima, los afectados continuaban a la espera de la obtención del mismo, quedando solo consolidado el daño una vez este le fue entregado, lo que ocurrió en forma posterior a la presentación de las demandas, por lo que fuerza concluir que estas fueron promovidas en tiempo.

1.3. Legitimación en la causa.

Los accionantes, en calidad de directos afectados son los llamados a integrar el extremo activo de la controversia, mientras que a la Nación, representada por el Ministerio de Educación así como el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior, les corresponde comparecer como parte pasiva, en razón de las imputaciones de orden fáctico y jurídico esgrimidas en su contra; mientras que el juicio sobre su responsabilidad será analizado de fondo; aspecto que también se analizará respecto de la Universidad Libre, institución de educación superior, que fue vinculada de oficio como parte pasiva de la litis en los procesos 38579, 38911, 37873, 38073, 38604, 38578, 38189, 38323, 39400 y 44202.

2. Problema jurídico.

Con el fin de desatar los recursos de apelación, corresponde a la Sala verificar i) si los actores padecieron un daño antijurídico, pese a que finalmente obtuvieron un título universitario de manos de las demandadas y (ii) en caso afirmativo, si ese daño es imputable a estas, cuestión que se abordará desde el análisis de las funciones y de los deberes de cada una en relación con el registro de los programas académicos de educación superior, así como de los hechos probados en el plenario; para luego determinar (iii), si dichos elementos se encuentran establecidos, por lo que se verificará si hay prueba o no de los perjuicios cuya indemnización se reclama.

3. Cuestiones preliminares.

En relación con los hechos de que trata el proceso, al plenario fueron aportados algunos documentos en copia simple, que podrán ser valorados por cuanto estuvieron a disposición de las partes y no fueron tachados de falsos. Al respecto, la Sección Tercera de esta corporación en fallo de unificación de jurisprudencia(45), consideró que las copias simples tendrán mérito probatorio, en virtud de los principios constitucionales de buena fe y lealtad procesal, en tanto se hayan surtido las etapas de contradicción y su veracidad no hubiere sido cuestionada a lo largo del proceso. Adujo la Sala, que una interpretación contraria implicaría afectar el acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.

4. Hechos probados.

De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, se encontraron demostrados los siguientes hechos relevantes para la decisión del caso:

4.1. La Universidad Libre es una institución de educación superior, que mediante Resolución 805 del 1º de abril de 1992 proferida por el director general del Instituto Colombiano de Educación Superior, fue intervenida como consecuencia de la infracción de varias normas de educación, por lo que a partir de la resolución en comento, fueron suspendidos en el ejercicio de sus funciones la Sala general, la consiliatura y el rector nacional, integrantes de gobierno de la referida universidad, así(46):

CONSIDERANDO:

(…) Que el Decreto 1227 de 1989 dispone en su artículo 2º, literal f que el Icfes puede suspender las funciones del rector y/o consejos superior y directivos de las instituciones de educación superior, previo concepto de la junta directiva del Icfes y con el voto favorable de su presidente.

Que la Subdirección Jurídica del Icfes en cumplimiento de lo previsto en el artículo 2º del Acuerdo 172 de 1989 y con base en el análisis de los estatutos vigentes de la Universidad Libre, de las normas de educación superior y disposiciones legales aplicables, de la revisión de los documentos que hasta la fecha obran en las subdirecciones (…) estableció la existencia de hechos (…) que constituyen violaciones reiteradas tanto a disposiciones estatutarias como a normas vigentes en materia de educación superior (…).

Que de las irregularidades que se desprenden del informe de la visita practicada a la Universidad Libre se colige que los responsables del gobierno, dirección y administración de la universidad, que de acuerdo con los estatutos son la Sala general, la consiliatura y el rector no han ajustado su conducta a los mandatos contenidos en los estatutos, en las leyes y los reglamentos, y que además que han persistido en el incumplimiento de sus deberes, todo lo cual hace indispensable el ejercicio de los poderes del Estado (…).

RESUELVE:

ART. 1º—Suspender en el ejercicio de sus funciones por el término de sesenta días prorrogables contados a partir de la expedición de esta resolución, a la Sala general, a la consiliatura y al rector integrantes del gobierno de la Universidad Libre.

ART. 2º—Designar como rector de la Universidad Libre a nivel nacional al doctor Jaime Angulo Bossa, (…) quien deberá a su vez presentar ternas a la junta directiva del Icfes a través de su director general, para elegir a las personas que integrarán a la consiliatura (…).

4.2. Mientras la universidad estuvo intervenida, los órganos de gobierno y directivas de aquella —en especial el rector nacional— fueron designados primero por el director general del Icfes y, luego por el Ministro Nacional de la época, tal y como se aprecia entre otros, en los siguientes documentos:

4.2.1. Resolución 1214 del 25 de mayo de 2002, por medio de la cual el director general del Icfes designó a los miembros principales y suplentes de la consiliatura de la Universidad Libre(47).

4.2.2. Acta 16 de la consiliatura de intervención del 10 de septiembre de 1992, mediante la cual se tomó juramento a los consiliarios designados por la junta directiva del Icfes(48).

4.2.3. Resolución 114 del 10 de febrero de 1993, por la cual el director general del Icfes designó a nuevos miembros de la consiliatura de intervención de la Universidad Libre(49).

4.2.4. Resolución 3891 del 09 de agosto de 1993, a través de la cual el Ministro de Educación Nacional designó algunos nuevos miembros integrantes de la consiliatura de intervención de la Universidad Libre, con las mismas facultades que los consiliarios que fueron suspendidos(50).

4.2.5. Resolución 3894 del 9 de agosto de 1993, mediante la cual el Ministerio de Educación Nacional designó a nuevos miembros integrantes de la consiliatura de intervención(51).

4.2.6 Resolución 3853 del 15 de agosto de 1993, por medio de la cual el Ministro de Educación Nacional revocó el nombramiento del doctor Euclides Londoño Cardona como rector de la Universidad Libre, quien declinó del mismo y, en su lugar, designó como rector de la institución de educación superior al doctor Miguel Ángel Herrera(52).

4.2.7 Resolución 6038 del 19 de octubre de 1993, mediante la cual el Ministro de Educación Nacional designó a algunos miembros de la consiliatura de intervención de la Universidad Libre(53).

4.2.8 Acta 37 del 23 de noviembre de 1993 de la consiliatura de intervención de la Universidad Libre, en la que el rector interventor es el doctor Alfonso Santos Montero(54).

Durante el tiempo en que la Institución de Educación de Educación Superior estuvo intervenida, los miembros interventores designados tanto por el Icfes como el Ministerio de Educación Nacional, según el caso, cumplieron las funciones de los órganos de gobierno de la universidad.

4.3 Mediante Resolución 1040 del 16 de febrero de 1994, la Ministra de Educación Nacional de la época levantó de manera temporal y parcial la suspensión en el ejercicio de funciones de la Sala general de la Universidad Libre, solo y exclusivamente para que aquella reformara los estatutos de la universidad, así(55):

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 805 del 10 de abril de 1992, expedida por dirección general del Icfes, se suspendió en el ejercicio der sus funciones, entre otros órganos de gobierno, a la Sala general de la Universidad Libre (…).

Que el artículo 26 del Decreto 1211 de 1993, prevé que los procesos de inspección y vigilancia iniciados en vigencia del Decreto 1227 de 1989, continuarán hasta la culminación a cargo del Ministro de Educación Nacional, con la colaboración del Icfes, y se regularan por ese decreto, la Ley 30 de 1992 y las normas que lo reglamentan.

Que es decisión del Gobierno Nacional apoyar la reforma estatutaria que actualmente surte en trámite institucional al interior de la Universidad Libre, para lo cual se regulara el levantamiento temporal de la medida de suspensión y sólo para los efectos del cumplimiento de la función prevista en la letra c del artículo 28 de los estatutos vigentes, a su órgano máximo de gobierno, como es la Sala general. (…).

RESUELVE:

“ART. 1º—Levantar temporalmente la medida de suspensión en el ejercicio de funciones de la Sala general de la Universidad Libre, impuesta mediante Resolución 805 del 10 de abril de 1992, expedida por la dirección general del Icfes, únicamente para efectos del cumplimiento de la función prevista en la letra c) del artículo 28 de los estatutos vigentes de la universidad(56).

4.4. En cumplimiento de la Resolución 1040 del 16 de febrero de 1994 y, en el ejercicio de las facultades que le confería el literal c del artículo 28 de los estatutos de 1986, la Sala general de la Universidad Libre mediante Acuerdo 21 del 27 de julio de 1994 adoptó un nuevo estatuto orgánico(57).

4.5. El 8 de agosto de 1994, mientras la Universidad Libre se encontraba intervenida, en el salón de audiencias del palacio nacional de Popayán, sede del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, se celebró una reunión entre magistrados, empleados de la Rama Judicial, el presidente de la seccional de Cali de la Universidad Libre, un censor de la universidad y el decano de la facultad de derecho de la seccional Cali, en la cual se planteó el interés de la comunidad, para que se fundara en la ciudad de Popayán una facultad nocturna del programa de derecho(58).

4.6. Luego de analizar sobre la posibilidad del programa, el contexto geográfico, el presupuesto de ingresos y egresos para el mismo(59), mediante acta de consejo directivo Nº 03 del 17 de agosto de 1994, la Universidad Libre - seccional Cali previa autorización de la consiliatura de intervención, aprobó la extensión del programa de derecho de la seccional Cali(60) a la ciudad de Popayán(61); aprobación que a su vez fue realizada por la consiliatura de intervención mediante actas Nº 20 del 24 de agosto de 1994 y Nº 22 del 26 de octubre de 1994.

Concretamente en el acta Nº 20 del 24 de agosto de 1994(62), la consiliatura de intervención autorizó la preinscripción del programa de derecho en la ciudad de Popayán mientras se decidía sobre el proyecto de extensión de pregrado de la seccional de Cali, mientras que en el acta Nº 22 del 26 de octubre de 1994, aprobó la extensión del programa de la facultad de derecho y ciencias políticas de la seccional Cali a la ciudad de Popayán, así(63):

La consiliatura aprueba la extensión a Popayán de la facultad de derecho y ciencias políticas de la seccional de Cali. Dicho programa se aprueba de conformidad con la propuesta presentada por los directivos de tal seccional, documento que se anexa al acta.

4.7. Los directivos de la seccional de Cali, mediante Resolución 100 del 30 de agosto de 1994, previa aprobación de la consiliatura de intervención, extendieron el programa de la facultad de derecho y ciencias políticas de la seccional Cali a la ciudad de Popayán, así(64):

CONSIDERANDO:

(…) 3. Que el consejo directivo de la Universidad Libre seccional Cali, en reunión de agosto 16 de 1994 aprobó la extensión de la facultad de derecho y ciencias políticas a la ciudad de Popayán, previa autorización de la honorable consiliatura.

4. Que la honorable consiliatura en sesión del 24 de agosto de 1994 aprobó el proyecto de extensión en la ciudad de Popayán.

5. Que es necesario la reglamentación para el funcionamiento administrativo y académico de dichos cursis en extensión.

RESUELVE:

“ART. 1º—Autorízase la apertura de tres cursos nocturnos en la ciudad de Popayán, como extensión de los existentes en la ciudad de Cali.

“ART. 2º—Fíjese como fecha de inscripción los días 24 de agosto al 9 de septiembre de 1994. Los aspirantes deben haber obtenido como mínimo 213 puntos en las pruebas del Icfes.

“ART. 3º—Autorízase al señor rector, al señor decano de la facultad de derecho y ciencias políticas adoptar el sistema de admisiones que ordena la Resolución 001 de abril de 1994, emanada de la rectoría Nacional de la Universidad Libre.

“ART. 4º—El costo de la matrícula es de $ 550.000 por año. Deben pagar además otros derechos pecuniarios. (…).

“ART. 5º—Autorízase al señor presidente y al señor rector de la seccional para que celebren los contratos que sean necesarios para el funcionamiento académico y administrativo de los nuevos cursos.

4.8. Con el fin de poder desarrollar el programa de derecho por extensión a la ciudad de Popayán, la Universidad Libre - seccional Cali celebró un convenio de cooperación con el Instituto de Educación Media Diversificada INME Francisco José de Caldas por medio del cual éste facilitaba sus instituciones locativas para que la universidad pudiera adelantar el programa académico; así mismo, se celebró un contrato de vinculación docente de nivel superior con el Gobernador del departamento del Cauca (Convenio de cooperación docente interinstitucional entre la Universidad Libre - seccional Cali y el Instituto de Educación Media Diversificada INME Francisco José de Caldas del 10 de octubre de 1994(65); Contrato de vinculación docente de nivel superior del 12 de octubre de 1994(66)).

4.9. Aprobado el programa por la consiliatura de intervención, se comenzó a distribuir publicidad con el fin de promocionarlo en la ciudad de Popayán, utilizando para ello el código SNIES del programa de derecho de la seccional Cali, tal y como se observa en los folletos publicitarios(67).

4.10. Todos los demandantes, con excepción de las señoras Carmen Elena Ramírez Arroyave y Gloria Lilia Toro Castro(68), una vez fue abierto el programa de derecho por extensión, se inscribieron en el año de 1994 dentro de las fechas estipuladas y, admitidos en el mismo, iniciaron sus clases de derecho hasta completar los seis años que aquel duraba, pagando las respectivas matrículas tal y como consta, en los siguientes documentos relevantes:

4.10.1. María Aleyda Gómez Muñoz:

— Certificación del 11 de octubre de 1994 (fl. 59, c. ppal., Exp. 37885) mediante la cual el coordinador de la Universidad Libre - extensión Popayán señaló que la aquí accionante fue admitida y se matriculó en el programa de derecho extensión Popayán que abrió la Universidad Libre seccional de Cali en dicho año.

— Pagos realizados por la señora María Aleyda Gómez Muñoz a la Universidad Libre por concepto de matrícula del 30 de septiembre de 1994 (fl. 66, c. ppal., Exp. 37885), 14 de marzo de 1995 (fl. 65, c. ppal., Exp. 37885), 15 de mayo de 1996 (fl. 62, c. ppal., Exp. 37885), 15 de julio de 1996 (fl. 63, c. ppal., Exp. 37885), 31 de noviembre de 1996 (fl. 64, c. ppal., Exp. 37885), 27 de abril de 1998 (fl. 60, c. ppal., Exp. 37885) y 20 de abril de 1998 (fl. 61, c. ppal., Exp. 37885).

— Certificación del 21 de diciembre de 2000 (f, 7, c. ppal., Exp. 37885) suscrito por la secretaria académica, decana y directora del registro académico de la universidad de Cali, seccional Cali, por medio del cual se indicó que la señora María Aleyda Gómez Muñoz cursó y aprobó en la universidad, los seis años del plan de estudios de la facultad de derecho y ciencias políticas, del 19 de septiembre de 1994 al 30 de agosto de 2000.

— Certificación del 18 de julio de 2006 (fl. 406, c. pruebas, Exp. 37885) mediante la cual el jefe de cartera informó sobre los valores pagados por María Aleyda por costos de matrícula.

— Registro académico de las materias cursadas por la accionante (fl. 395, c. pruebas, Exp. 37885).

4.10.2. Alba Diomar Gómez Muñoz:

— Historia académica de la actora al interior de la Universidad Libre (fls. 262-278, c. 4 pruebas, Exp. 38579).

— Recibos de los costos educativos que asumió la demandante durante la carrera (fls. 59-66, c. ppal., Exp. 38579), relación de notas de los periodos académicos de septiembre de 1998 a julio de 1999 (fl. 69, c. ppal., Exp. 38579) y septiembre 1996 a septiembre 1997 (fl. 70, c. ppal., Exp. 38579).

— Constancia del 14 de noviembre de 2000 (fl. 7, c. ppal., Exp. 38579) suscrita por la secretaria académica, el decano y la directora de registro académico de la Universidad Libre - seccional Cali extensión Popayán, mediante la cual indicaron que la señora Alba Diomar Gómez Muñoz cursó y aprobó en dicha universidad los seis años del plan de estudios de la facultad de derecho y ciencias políticas, del 19 de septiembre de 1994 al 30 de agosto de 2000.

— Constancia del 21 de febrero de 2007 (fl. 264, c. 4 pruebas, Exp. 38579) referente a las matrículas pagadas por la señora Alba Diomar.

4.10.3. Olga Lidia Melo Mora:

— Constancia del 21 de diciembre de 2000 (fl. 4, c. ppal., Exp. 38911) mediante el cual la secretaria académica, el decano y la directora de registro académico de la Universidad Libre seccional Cali señalaron que la señora Olga Lidia Melo Mora cursó y aprobó en dicha universidad los seis años del plan de estudios de la facultad de derecho y ciencias políticas, del 19 de septiembre de 1994 al 30 de agosto de 2000.

4.10.4. Gloria Lilia Toro Castro:

— Recibos de pago de matrículas realizados por la señora Gloria Lilia Toro a la universidad, mientras adelantó el programa de derecho - jornada nocturna (fl. 48-65, c. ppal., Exp. 37873).

— Constancia del 20 de febrero de 2003 (fl. 67, c. ppal., Exp. 37873), por medio del cual la secretaria académica de la Universidad Libre, seccional Cali, hizo constar que la señora Gloria Lilia Toro Castro, a dicha fecha, se encontraba matriculada en el periodo académico 2002-2003 en el curso 6 A, jornada Nocturna, con un horario de lunes a viernes de 6:30 a 9:30 p.m.

— Constancia del 2 de noviembre de 2006, mediante la cual la directora seccional de Registro Académico de la Universidad Libre en Cali señaló que: la señora Gloria Lilia Toro Castro cursó y aprobó, primero, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto año en los periodos académicos de 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 y 2002-2003 respectivamente en la facultad de derecho y ciencias políticas y sociales jornada nocturna.

— Censo de egresados de la Universidad Libre, donde consta, que la señora Toro Castro terminó las materias del programa académico en julio de 2003 (fls. 233-234, c. pruebas, Exp. 37873).

4.10.5. Yaneth Quiñonez López:

— Constancia del 21 de diciembre de 2000 (fl. 72, c. ppal., Exp. 38073) mediante la cual la secretaria académica, el decano y la directora de registro académico de la Universidad Libre señalaron que la señora Yaneth Quiñonez López cursó y aprobó en dicha universidad los seis años del plan de estudios de la facultad de derecho y ciencias políticas del 19 de septiembre de 1994 al 30 de agosto de 2000.

— Recibos de pago de la matrícula realizados por la señora Yaneth Quiñonez (fl. 5164, c. ppal., Exp. 38073).

— Carpeta estudiantil de Yaneth Quiñonez López al interior de la Universidad Libre (fls. 74-132, c. pruebas, Exp. 38073).

4.10.6. José Vicente Peña Sánchez:

— Constancia del 14 y 15 de noviembre de 2000 (fls. 4 y 8, c. ppal., Exp. 38604), por la cuales la secretaria académica, el decano y la directora de registro académico de la Universidad Libre señalaron que el señor José Vicente Peña Sánchez cursó y aprobó en dicha universidad los seis años del plan de estudios de la facultad de derecho y ciencias políticas del 19 de septiembre de 1994 al 30 de agosto de 2000.

— Formulario de inscripción al programa de derecho de la Universidad Libre (fl. 112, c. pruebas, Exp. 38578).

4.10.7. Carlos Alberto Ordoñez Girón:

— Constancia del 15 de noviembre de 2000 (fl. 105, c. pruebas, Exp. 38578), por la cual la secretaria académica, el decano y la directora de registro académico de la Universidad Libre señalaron que el señor Carlos Alberto Ordoñez Girón cursó y aprobó en dicha universidad los seis años del plan de estudios de la facultad de derecho y ciencias políticas del 19 de septiembre de 1994 al 30 de agosto de 2000.

4.10.8. Mauricio Aurelio Botina Carvajal:

— Recibos de pago realizados por Mauricio Aurelio Botina Carvajal al interior de la Universidad Libre por concepto de matrículas en el programa de derecho - extensión Popayán (fls. 51-58, c. ppal., Exp. 38189).

4.10.9. Gerardo Peña Perafan:

— Recibos de pago realizados por el señor Gerardo Peña Perafan por concepto de matrículas (fls. 50-55, c. ppal., Exp. 38453) y constancia de los dineros pagados (fl. 57, c. ppal., Exp. 38453).

— oficio del 8 de marzo de 2006, por medio del cual el rector de la Universidad Libre - seccional Cali, informó entre otros aspectos, que el señor Gerardo Peña Perafan se matriculó en el programa de derecho - extensión Popayán, cursando los seis años del plan de estudios desde 1994 hasta el año 2001 (fl. 22, c. pruebas 1, Exp. 38453).

4.10.10. Carmen Elena Ramírez Arroyave:

— Constancia del 23 de septiembre de 2009, suscrita por la decana y el director seccional de registro académico de la Universidad Libre en Cali (fl. 194, c. ppal., Exp. 38323) mediante el cual indicaron que la señora Carmen Elena Ramírez Arroyave aprobó el plan de estudios de la facultad de derecho y ciencias políticas desde el 24 de octubre de 1995 hasta el 5 de diciembre de 2002.

4.10.11. María Elena Zuleta Mayorquin:

— Constancia del 25 de mayo de 2001, mediante la cual la Universidad Libre informó que María Elena Zuleta Mayorquin curso y aprobó en dicha universidad los seis años del plan de estudios de la facultad de derecho del 19 de septiembre de 1994 al 30 de agosto de 2000 (fl. 119, c. pruebas 1, Exp. 50207).

— Recibos de pago correspondientes a las matrículas pagadas por la señora Zuleta Mayorquin, mientras estuvo en la facultad de derecho – extensión Popayán (fls. 120-123 c. pruebas 1, Exp. 50207).

— Constancias de los valores de matrículas pagados (fls. 94 y 96, c. pruebas 1, Exp. 50207).

4.10.12. José Rodrigo Orejuela Trujillo:

— Constancia del 15 de noviembre de 2000 (fl. 61, c. ppal., Exp. 39400), por la cual la secretaria académica, el decano y la directora de registro académico de la Universidad Libre señalaron que el señor José Rodrigo Orejuela Trujillo cursó y aprobó en dicha universidad los seis años del plan de estudios de la facultad de derecho y ciencias políticas del 19 de septiembre de 1994 al 30 de agosto de 2000.

— Constancia proferida por la Universidad Libre, respecto de los pagos de matrículas realizadas por el señor Orejuela Trujillo (fl. 35, c. pruebas 1, Exp. 49400) y recibos de pago correspondiente a dichas matrículas (fls. 55-60, c. ppal., Exp. 39400.).

4.10.13. José Rodrigo Orozco:

— Constancia del 15 de noviembre de 2000 (fl. 61, c. ppal., Exp. 44202), por la cual la secretaria académica, el decano y la directora de registro académico de la Universidad Libre señalaron que el señor José Rodrigo Orejuela Trujillo cursó y aprobó en dicha universidad los seis años del plan de estudios de la facultad de derecho y ciencias políticas del 19 de septiembre de 1994 al 30 de agosto de 2000.

4.11. El 24 febrero de 1995, cuando ya se estaban dictando clases del programa de derecho de extensión en la ciudad de Popayán, el Ministro de Educación Nacional mediante Resolución 530 de dicha fecha levantó temporalmente la suspensión en el ejercicio de sus funciones a la Sala general de la Universidad Libre, con el único propósito de que aquella proveyera la elección de la consiliatura y demás dignatarios de los órganos de gobierno, así(69):

“ART. 1º—Levantar, por el término de dos meses, la medida de suspensión en el ejercicio de funciones impuesta a la Sala general de la Universidad Libre, a fin que se provea lo necesario para la reintegración de la Sala general, la elección de la consiliatura y demás dignatarios de los órganos de gobierno del nivel nacional de la corporación, previstas en el capítulo 1 del título II de los estatutos aprobados mediante Acuerdo 1º de julio 27 de 1994, de la Sala general.

El Ministerio de Educación Nacional, previa verificación del estado de normalidad en relación con la situación que dio origen a la medida de inspección y vigilancia, dentro del mes siguiente a la elección prevista en el artículo anterior, levantará definitivamente la suspensión que pesa sobre la Sala general, la consiliatura y el rector, evento en el cual los nuevos dignatarios del nivel nacional, podrán tomar posesión de sus cargos.

4.12. Mientras lo anterior se adelantaba, el doctor Alfonso Santos Montero, rector interventor de la Universidad Libre, mediante oficios del 27 de marzo de 1995(70) y 18 de abril de la misma anualidad, le manifestó al director del Icfes una serie de inquietudes sobre los programas académicos adelantados por la universidad, entre ellos, el programa de pregrado en derecho extendido a la ciudad de Popayán. En el oficio del 18 de abril de 1995, el rector interventor señaló(71):

En atención al cumplimiento de la Ley 30 de 1992 y los decretos reglamentarios que hacen relación a la autonomía universitaria, debo presentar a usted algunas inquietudes que nos preocupan por tratarse de los programas académicos implementados en nuestra institución, en lo referente a pregrado, bien como programa nuevo o como extensión de los ya existentes; los programas de postgrado, también en su mayoría como extensión de los ya existente y algunos casos también como nuevos programas adelantados por primera vez.

Nuestra inquietud está también relacionada con la información que el Icetex, tiene con relación a nuestros programas, ya que hemos dado cumplimiento en el informe correspondiente ante el Icfes, sin embargo, no pueden nuestros estudiantes tener el acceso al crédito educativo ante esta institución, por tal razón, quiero a continuación presentar a usted un recuento histórico de este proceso para lograr con ello aclarar debidamente nuestros programas:

(…) 2. Seccional Cali

Programa de pregrado en derecho extensión a Popayán aprobado por consejo directivo según acta Nº 03 de agosto de 1994 y ratificado por consiliatura según acta de consiliatura Nº 22 de octubre 22 de 1994.

4.13. Meses después de lo anterior, cuando se celebró la elección de las personas que integrarían los órganos de gobierno, el doctor Alfonso Santos Montero presentó su renuncia al cargo de rector interventor, lo que fue aceptada por la Ministra de Educación en Resolución 3900 del 11 de septiembre de 1995, en la que se designó al señor Fernando D´Janon Rodríguez como nuevo rector, sin perjuicio de la intervención que aún pesaba sobre la universidad(72).

4.14. La intervención de la Universidad Libre se prorrogó(73) en el tiempo y se mantuvo hasta el 26 de enero de 1996, momento en el cual la entonces Ministra de Educación Nacional, mediante Resolución 201 de dicha fecha levantó definitivamente la suspensión en el ejercicio de funciones de los órganos de gobierno y directivos de la institución de educación superior, así(74):

“ART. 1º—Levantar de manera definitiva la suspensión en el ejercicio de funciones impuestas a la Sala general, a la consiliatura y al rector nacional de la Universidad Libre con fundamento en que se encuentran en lo esencial, superados los diversos aspectos que dieron lugar a la implantación de la medida (…).

4.15. Levantada la intervención, el 26 de febrero de 1997, entre la Universidad Libre y el municipio de Popayán, se celebró un contrato de cooperación académica, científica y cultural(75) y, el 5 de marzo de 1997, estudiantes de la seccional de Cali junto con algunos estudiantes del programa de extensión de Popayán, elevaron una queja ante el director del Icfes, con el fin de que se investigara una serie de irregularidades que observaban en la universidad(76).

4.16. La subdirección general jurídica del Icfes mediante oficio del 9 de abril de 19997, dio traslado de la anterior queja al rector nacional de la Universidad Libre y, le informó, entre otros aspectos, que funcionarios comisionados por la entidad encontraron que algunas de las personas que suscribieron la queja, eran supuestos estudiantes del programa extendido en la ciudad de Popayán, pero que revisado el sistema de información del Icfes, no se tenía conocimiento de la existencia del registro ni notificación de dicha extensión, por lo que le daba un plazo de quince días hábiles al rector, para que hiciera los comentarios pertinentes(77).

4.17. En escrito del 5 de mayo y radicado el 9 de mayo de 1997 ante el Icfes, el doctor Fernando D´Janon Rodríguez, rector nacional de la Universidad Libre, dio contestación al oficio remitido por el rector General del Icfes y le informó sobre cómo fue el proceso de creación del programa de extensión de derecho en la ciudad de Popayán y, le indicó que en su momento, el rector interventor mediante oficios del 27 de marzo y 18 de abril de 1995 notificó al Icfes sobre la existencia del programa, así como planteó su inquietud frente aquel, “sin que la Universidad Libre hubiera obtenido respuesta que sabré agradecer lo más pronto posible”(78).

4.18. Las explicaciones dadas por el rector nacional de la Universidad Libre fueron insuficientes para la entidad, razón por la cual el Ministerio de Educación mediante Resolución 1888 del 3 de junio de 1998(79) ordenó abrir una investigación administrativa preliminar en contra de dicha universidad y, comisionó a la subdirección general jurídica del Icfes para adelantar la misma, autorizándola de designar un funcionario investigador.

4.19. La subdirección general jurídica del Icfes, en cumplimiento de la resolución anterior, mediante auto del 3 de agosto de 1998(80) ordenó entre otros aspectos, practicar una visita a las instalaciones de la Universidad Libre, la que se llevó a cabo el 6 de octubre de 1998(81) y, en donde se constató la existencia programa de derecho de extensión en la ciudad de Popayán, que para dicha fecha contaba con ocho grupos: “un primero, un segundo, un tercero, dos cuartos y tres quintos”; programa que no contaba con el registro en el sistema nacional de información.

4.20. Ante lo anterior, la abogada comisionada del grupo de investigación administrativa de la dirección de monitoreo y vigilancia del Icfes mediante documento del 17 de noviembre de 1999(82) decidió formular pliego de cargos a la Universidad Libre, su representante legal y el rector nacional por el incumplimiento de normas de educación superior y/o estatutarias, formulando como único cargo en contra de la universidad:

ÚNICO CARGO: Ofrecer y desarrollar desde el mes de agosto de 1994, el programa de derecho, jornada nocturna en la ciudad de Popayán, sin haber adelantado el proceso de información que ordena la ley para efectos de creación y desarrollo de programas académicos y por ende sin contar con el registro en el sistema nacional de información del mencionado programa.

4.21. La Universidad Libre a través de su representante legal presentó descargos el 12 de julio de 2000(83) y, posterior a ello, mediante oficio del 30 de abril de 2001(84), la funcionaria comisionada de investigación del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Icfes, recomendó al Ministro de Educación Nacional se sancionara a la Universidad Libre.

4.22. El Ministro de Educación Nacional atendiendo las recomendaciones dadas por la funcionaria investigadora, mediante Resolución 1493 del 23 de julio de 2001 impuso a la Universidad Libre la sanción de amonestación pública por el desconocimiento de normas de educación, al haberse creado la extensión de un programa de derecho en la ciudad de Popayán, sin contar con el registro del mismo en el sistema nacional de información SNIES, así(85):

Es claro para este despacho, previo un análisis expuesto, que la Universidad Libre extendió el programa de derecho a la ciudad de Popayán desde su seccional de Cali, sin efectuar el debido acto de notificación o información de extensión de dicho programa al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior Icfes y que lo viene ofreciendo y desarrollando desde 1994 hasta el momento, sin contar con registro en el sistema nacional de información de la educación superior de acuerdo con las pruebas que reposan en el expediente contentivo de la investigación.

Que este despacho acoge la sanción sugerida por el funcionario investigador comisionado,

Que hallando que se respetó el debido proceso y el derecho de defensa y no habiendo encontrado circunstancia alguna que invalide lo actuado, por las anteriores consideraciones este despacho

RESUELVE:

“ART. 1º—Imponer a la Universidad Libre, institución de naturaleza privada, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, la sanción de amonestación pública por el desconocimiento de normas de educación superior conforme a lo probado en la investigación administrativa ordenada mediante Resolución 1888 de 3 de junio de 1998.

“ART. 2º—Ordenar al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior Icfes el registro de la sanción impuesta y disponer lo pertinente para hacerla efectiva,

“ART. 3º—Autorizar al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior Icfes para que dentro del término de tres meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, designe una institución o instituciones de educación superior que efectúen debidamente un examen de idoneidad, bajo su supervisión, a fin de validar los conocimientos a aquellos alumnos que adelantan estudios en el programa de derecho extensión Popayán, sin el registro para el mismo o expedir los títulos a los estudiantes que han cumplido con los requisitos académicos respectivos.

“PAR.—Los gastos que ocasione la práctica de estos exámenes serán asumidos por la Universidad Libre (…).

En la resolución precitada, se indicó que a fin de validar los conocimientos y aptitudes de las personas que adelantaron sus estudios de derecho en el programa de extensión ubicado en la ciudad de Popayán; se debía realizar un examen de idoneidad, tanto para los estudiantes que se encontraban cursando algún año de derecho en el programa extendido, así como para aquellos que ya habían culminado materias, al igual que aquellos que se encontraban esperando fecha de grado o incluso ya se habían graduado.

4.23. Notificada de la Resolución 1493 del 23 de junio de 2001, la Universidad Libre decidió suspender el programa de derecho en extensión a Popayán a partir del 27 de agosto de 2001, aspecto que así fue informado por el presidente nacional de la universidad al rector seccional de Cali en oficio de dicha fecha y, en el que le indicó que la suspensión se mantendría mientras la universidad agotaba la vía gubernativa, así(86):

El Ministro de Educación Nacional mediante Resolución 1493 del 23 de julio de 2001, se pronunció no aceptando los descargos de la universidad e imponiéndole la sanción de amonestación pública.

Por tales razones, la rectoría y la presidencia de la universidad, consideran necesario suspender el programa de derecho en extensión a Popayán a partir de la fecha. Por consiguiente no se abrirá primero de derecho en dicha extensión, hasta nueva orden y deberán tomarse las medidas complementarias para hacerlo efectivo. La universidad agotará la vía gubernativa correspondiente con miras a obtener la revocatoria del acto administrativo.

4.24. El 31 de agosto de 2001(87) la Universidad Libre presentó recurso de reposición contra la Resolución 1493 del 23 de julio de 2001 y, el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución 343 del 25 de febrero de 2002 repuso parcialmente su decisión revocando la sanción contra la universidad al considerar que la creación y desarrollo del programa de extensión no estuvo a cargo de la institución, pues ésta se encontraba intervenida para el momento de la creación del programa y, no tenía autonomía universitaria. Se indicó(88):

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

La Ley 30 de 1992, en su artículo 50 señala que el Ministro de Educación Nacional a través del Icfes podrá ordenar la apertura de investigación preliminar con el objeto de comprobar la existencia o comisión de los actos constitutivos de falta por desconocer, incumplir o desviarse de los objetivos señalados a la Educación Superior, o por incumplir, entorpecer las facultades de inspección y vigilancia que corresponden al Gobierno Nacional, o por ofrecer programas sin el cumplimiento de las exigencias legales.

El artículo 51 de la misma ley, dispone que cuando en el desarrollo de la investigación se establezca que una institución o su representante legal pudo incurrir en una de las faltas administrativas, anteriormente mencionadas, el investigador que designe el Ministro de Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior Icfes, formulará mediante oficio que le será entregado personalmente, pliego de cargos que contendrá una relación de los hechos y de las pruebas, la cita de las disposiciones legales infringidas y los términos para que rinda descargos para lo cual dispondrá de un término de treinta días (…).

Frente a los argumentos expuestos en el escrito de recurso en cuanto al hecho de que la universidad estuvo despojada del ejercicio de su autonomía en virtud del proceso de intervención, periodo durante el cual el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior Icfes y el Ministro de Educación Nacional, nombraron rectores y miembros de la consiliatura, quienes tuvieron bajo su dirección y gobierno los destinos académicos y administrativos de la institución, considera este despacho que analizadas nuevamente el expediente y las pruebas aprobadas por el apoderado de la universidad, asiste razón al recurrente cuando señala que la responsabilidad en este caso no pudo recaer en la universidad por cuando esta carecía de autonomía. Por el contrario, debe hacerse mención, como se dijo en su oportunidad, que la responsabilidad recae sobre el rector interventor, quien tenía a su cargo la marcha de la universidad y concretamente para el caso, la información de la extensión del programa (…).

Quedando probado en este caso que la universidad estaba intervenida y que por tanto su autonomía estaba limitada por el ejercicio de inspección y vigilancia, este despacho procederá a revocar la sanción impuesta a la Universidad Libre por el ofrecimiento y desarrollo del programa de derecho en extensión a la ciudad de Popayán, pero ordenará al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior Icfes, que en el marco de la función de fomento de la Educación Superior y apoyo a la inspección y vigilancia de la misma, organice y coordine un proceso de evaluación del programa de derecho en extensión a Popayán de la Universidad Libre (…).

Ahora bien, como quiera que el programa de derecho en extensión Popayán se desarrolla sin registro, y en el momento que éste se otorgue, si es de caso, tendrá efectos a futuros, se dispondrá la suspensión inmediata de admisiones al programa y, con el objeto de garantizar los derechos de los estudiantes afectados, se ha de autorizar al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior Icfes, para designe una institución o instituciones de educación superior que efectúen debidamente los correspondientes exámenes de idoneidad y de comprobación de niveles mínimos de aptitudes y conocimientos, tanto a los estudiantes egresados que cumplan con los requisitos académicos del respectivo programa, en orden a la obtención o no del título correspondiente y a los estudiantes que actualmente cursan sus estudios con el fin de homologar las asignaturas cursadas, de conformidad con el artículo 27 de la Ley 30 de 1992.

Previas a estas consideraciones, el Ministro de Educación Nacional

RESUELVE:

“ART. 1º—Reponer para revocar el artículo primero de la Resolución 1493 de 23 de julio de 2001, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.

“ART. 2º—El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior Icfes someterá al programa de derecho extensión Popayán de la Universidad Libre a un proceso de evaluación de las condiciones administrativas, académicas y organizacionales, orientado a que la universidad adopte las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de los estándares mínimos de calidad para la obtención del registro correspondiente, según lo considerado en la parte motiva de esta providencia.

“PAR. 1º—El proceso de evaluación de que trata el presente artículo sea efectuará a partir de los resultados de un proceso de autoevaluación del programa de derecho en extensión a la ciudad de Popayán de la Universidad Libre en un término no menor a seis meses contado a partir de la ejecutoria de la presente resolución (…).

“ART. 3º—Confirmar el artículo tercero de la Resolución 1493 del 23 de julio de 2001 en el sentido autorizar al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior Icfes, para que dentro del término de tres meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, designe una institución o instituciones de educación superior que efectúen debidamente los correspondientes exámenes de idoneidad y de comprobación de niveles mínimos de aptitudes y conocimiento, tanto a los estudiantes egresados que cumplan con los requisitos académicos del respectivo programa, en orden a la obtención o no del título correspondiente y a los estudiantes que actualmente cursan estudios con el fin de homologar las asignaturas cursadas, de conformidad con el artículo 27 de la Ley 30 de 1992.

“PAR.—Los gastos que ocasione la práctica de estos exámenes serán asumidos por la Universidad Libre (…).

4.25. Como quiera que el programa de extensión en Popayán no contaba con registro, el Ministerio de Educación Nacional mantuvo su decisión de ordenar la práctica de exámenes de idoneidad y de comprobación de niveles mínimos de aptitudes y conocimientos para los estudiantes y egresados de dicho programa y, con el objeto de cumplir lo ordenado por el Ministerio, el Icfes mediante Resolución 895 del 16 de mayo de 2002 designó a la Universidad Pontificia Bolivariana como la institución que debía practicar en la ciudad de Popayán las pruebas correspondientes, previo el pago que la Universidad Libre hiciera para la realización de dichas pruebas(89).

4.26. El 25 de junio de 2002(90), representantes de ambas universidades se reunieron para determinar el trabajo a llevar a cabo para la realización de los cuestionarios que debían resolver estudiantes y egresados, así como para determinar la propuesta económica referente a los costos de las pruebas, los que fueron pagados por la Universidad Libre el 5 de noviembre de 2002(91).

4.27. Las pruebas para estudiantes y egresados fueron realizadas por áreas y en diferentes fechas, así: i) el examen del área de derecho privado fue realizado el 21 de septiembre de 2002, ii) el examen del área de derecho laboral fue el 12 de octubre de 2002, iii) el examen de derecho público fue el 19 de octubre de 2002 y iv) el examen del área de derecho penal fue el 09 de noviembre de 2002.

La aprobación definitiva de todas las áreas mencionadas se oficializó el 3 de febrero de 2003, fecha en la que se remitieron los exámenes y actas de calificaciones al Icfes y a la Universidad Libre(92).

4.28. Si bien los aquí demandantes terminaron las materias del pensum académico el 30 de agosto de 2000, con excepción de los señores Gloria Lilita Toro Castro que culminó materias en julio de 2003, Gerardo Peña Perafan que terminó materias en el año 2001 y Carmen Elena Ramírez Arroyave que culminó el 5 de diciembre de 2002; no lo es menos, que la fecha para obtener el título de profesionales del derecho se vio aplazada hasta tanto no se oficializó la entrega de los exámenes de conocimientos realizados por la Universidad Pontificia Bolivariana, obteniendo sus grados de abogados, así:

— Como quiera que la señora María Elena Zuleta Mayorquin se había graduado el 26 de julio de 2001(93), antes de adquirieron firmeza las resoluciones en las que el Ministerio ordenó la práctica de idoneidad, su título de abogada fue anulado por la universidad hasta tanto no se convalidó los exámenes realizados por la Universidad Pontificia Bolivariana, los que de por sí no pudo presentar en las fechas generales estipuladas, al haberse radicado en España.

— Los señores María Aleyda Gómez(94), Alba Diomar Gómez Muñoz(95) y José Vicente Peña Sánchez(96) obtuvieron su título de abogados el 25 de julio de 2003.

— La señora Olga Lidia Melo Mora(97) obtuvo su título el 25 de agosto de 2003.

— La señora Yaneth Quiñonez López el 21 de noviembre de 2003(98).

— La señora Carmen Elena Ramírez Arroyave el 11 de diciembre de 2003 (acta de grado fl. 195, c. ppal., Exp. 38323).

— La señora Gloria Lilia Toro Castro el 27 de agosto de 2004 (Acta de grado fl. 235, c. pruebas, Exp. 37873).

— El señor Gerardo Peña Perafan el 19 de agosto de 2005 (oficio del 8 de marzo de 2006 fl. 22, c. pruebas 1, Exp. 38453, acta de grado fls. 32 y 44, c. pruebas 1, Exp. 38453).

5. Los elementos de la responsabilidad extracontractual.

5.1. El daño.

Para la Sala es claro que los demandantes padecieron un daño antijurídico, pues si bien es cierto que se acreditó que, finalmente, recibieron los títulos de abogados, también lo es que solo lo obtuvieron una vez presentaron los exámenes de idoneidad en la Universidad Pontificia Bolivariana, proceso este que tardó once meses y ocho días, contados a partir de la resolución que ordenó la práctica de los exámenes, hasta el día en que las pruebas definitivas fueron entregadas a la Universidad Libre y el Icfes para lo correspondiente.

Las pruebas aportadas al plenario dan cuenta de que hubo un tiempo prolongado para la práctica de las pruebas de idoneidad, hecho este que llevó a que los demandantes soportaran una carga mayor, pues además, de que la mayoría ya habían cumplido con la totalidad del programa académico de derecho y reunido los requisitos exigidos para acceder al título profesional, les fue agregado la realización de una prueba de comprobación de requisitos mínimos, la que les fue exigida al estar en un programa que no tenía el registro en el SNIES.

Para la Sala es importante precisar que las demandas de la referencia se fundaron tanto en la no entrega de los títulos profesionales como en la mora en la obtención de los mismos, aspecto éste que obedeció a que en la época en que las acciones fueron promovidas los demandantes aún no habían recibido sus títulos.

El escenario fáctico varió a lo largo de los procesos, lo que justificó también la variación de la posición jurídica de las partes tanto en la primera como en la segunda instancia, las que a su vez ejercieron el derecho de contradicción con arreglo al nuevo escenario y, en todo caso, en las demandas también se alegó que la existencia de una mora en la obtención del título, de lo cual se infiere que los accionantes aspiraban poder graduarse.

La Sala no duda que el hecho de que para obtener el título universitario los demandantes —con excepción de la señora Gloria Lilia Toro— hubieran tenido que esperar más de once meses mientras se realizaban y entregaban las pruebas de idoneidad —esto sin contar desde el momento en que se suspendió el programa de derecho, lo que acaeció el 27 de agosto de 2001—, adicionales a los requisitos normales para obtener el título universitario, les generó un daño que no estaban en el deber jurídico de soportar, pues cumplidos los requisitos académicos exigidos, estaban en condiciones de recibirlo.

En el caso de la señora Gloria Lilia Toro Castro, el daño a diferencia de los demás demandantes, se encuentra en el hecho de que a raíz que el programa creado por las autoridades interventoras designadas por las demandadas, debió inscribirse en la ciudad de Cali para continuar sus estudios de derecho y, si bien, fue exonerada del pago de matrícula, fue afectada moralmente, pues sufrió un fuerte desgaste físico en vista a que debió modificar su jornada de trabajo, desplazándose diariamente de la ciudad de Popayán a la ciudad de Cali, lo que repercutió en su calidad de vida.

Así pues, demostrado el daño causado a los demandantes, se analizará la imputación a las demandadas.

4.2.(sic) Imputación.

La Ley 30 de 1992 desarrolló el principio de autonomía universitaria garantizada en el artículo 69 de la Constitución Política de 1991 y, como una materialización de aquella, otorgó facultades a las instituciones universitarias para crear sus propios programas académicos y ofrecer los títulos correspondientes(99), previa la notificación de la creación de los programas al Ministerio de Educación Nacional a través del Icfes.

Así mismo, la Ley 30 de 1992 dotó a las entidades encargadas de ejercer las funciones de inspección y vigilancia(100), de facultades para imponer sanciones a las instituciones educativas que, luego del proceso pertinente, fueran consideradas incursas en violación de los principios y objetivos del servicio de educación, lo cual fue previsto en los artículos 48 y siguientes de la mentada ley, en la que se estableció, como una causal de violación, la de ofrecer programas sin el cumplimiento de las exigencias legales (art. 49, literal c).

Ahora bien, en cuento a las exigencias y requisitos legales para la creación de un programa académico de pregrado por parte de instituciones de educación superior, el Decreto 1403 del 21 de julio de 1993 que reglamentó la Ley 30 del mismo año, estableció en forma transitoria dichos requisitos y estableció la información que las instituciones de educación superior deben remitir al Ministerio de Educación Nacional, con el fin de inscribir programas en el SNIES; así mismo, encargó la vigilancia de los programas académicos al Ministerio de Educación Nacional, con la colaboración del Icfes, en virtud de la cual les correspondía verificar la información suministrada por las instituciones de educación superior:

“ART. 4º—Sin perjuicio del ejercicio responsable de la autonomía de que son titulares las instituciones de Educación Superior, el Ministro de Educación Nacional con la inmediata colaboración del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes, en cumplimiento de la función de suprema inspección y vigilancia delegada, verificará la información suministrada por las instituciones de educación superior con el objeto de velar por la calidad, la prestación del servicio público cultural y la función social de la educación superior.

La comprobación de inexactitudes o deficiencias en la información suministrada por las instituciones o la inobservancia de las condiciones en ella prevista para la creación y funcionamiento de programas académicos, dará lugar a la aplicación de lo previsto en el Capítulo IV del Título II de la Ley 30 de 1992.

En el Decreto 837 del 27 de abril de 1994, “por el cual se establecen los requisitos para notificar e informar la creación y desarrollo de programas académicos de pregrado y especialización de educación superior”(101), se dispuso nuevamente que era obligación de los representantes legales de las instituciones de educación superior, notificar a las autoridades administrativas encargadas de la inspección y vigilancia de la educación —Ministerio de Educación Nacional e Icfes—, todo aquello que tuviera que ver con la creación, estado y desarrollo de los programas de pregrado llevados a cabo en los establecimientos educativos, lo cual tiene por objetivo mantener actualizado el sistema nacional de información de la educación superior —SNIES— y, además, propiciar la instauración de procesos de autoevaluación dentro de las instituciones, en los siguientes términos:

“ART. 2º—El representante legal de las instituciones de educación superior que tienen la forma y carácter de universidades deberán informar al Icfes sobre la creación, estado y desarrollo de sus programas académicos de pregrado y especialización y la expedición de los correspondientes títulos, con el fin de alimentar, estructurar y mantener actualizado el sistema nacional de información de la educación superior y el sistema nacional de acreditación creados por la Ley 30 de 1992, así́ como para el ejercicio de la inspección y vigilancia ordenadas por la Constitución Política y la ley.

Tal información deberá diligenciarse en los formatos que para tal efecto suministre el Icfes, de conformidad con las políticas trazadas por el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU.

“ART. 3º—El representante legal de las instituciones clasificadas como instituciones universitarias, o escuelas tecnológicas, instituciones tecnológicas e instituciones técnicas profesionales deberá notificar por escrito observando los principios de la buena fe, la creación, estado y desarrollo de sus programas de pregrado y de especialización al Ministro de Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el fomento de la Educación Superior, Icfes.

Esta notificación deberá acompañarse de los formatos debidamente diligenciados, atendiendo las políticas del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU.

“ART. 4º—Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6º de este decreto, el Ministro de Educación Nacional, previo el concepto del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, fijará mediante resolución los términos dentro de los cuales las instituciones de educación superior deberán remitir para su notificación o informar, según sea el caso, sobre la creación, estado y desarrollo de los programas académicos y la expedición de los correspondientes títulos.

“ART. 5º—Las instituciones de educación superior, deberán periódicamente, actualizar la información de todos sus programas según el formato establecido por el Icfes, para efectos de mantener actualizado el sistema nacional de información de la educación superior y para el ejercicio de la función de inspección y vigilancia.

Dichos formatos deberán estar acompañados de un documento de autoevaluación.

“ART. 6º—Para continuar con el reconocimiento de un programa académico, la notificación o información a que se refiere el presente decreto deberá renovarse cada cinco (5) años.

Por su parte, en cuanto a las normas relacionadas con la inspección y vigilancia de programas de pregrado de educación superior, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2790 del 22 de diciembre de 1994, el que previó la forma en que debía notificarse al Ministerio de Educación Nacional la creación de los programas ofertados, seis meses antes de la fecha prevista para la inscripción de aspirantes, término dentro del cual se podían ordenar visitas por parte del ministerio para verificar las condiciones de los programas, con fundamento en cuyos resultados le era posible impedir la apertura de los programas hasta que se garantizaran las condiciones adecuadas para su funcionamiento. Así lo dispuso:

“ART. 1º—El funcionamiento de los programas académicos de pregrado ofrecidos por las instituciones de educación superior estará sometido a un proceso de verificación por parte del Ministro de Educación Nacional, con el fin de garantizar a la comunidad la prestación de un servicio con calidad.

“ART. 2º—Para los fines previstos en el artículo anterior, los representantes legales de las instituciones de educación superior deberán notificar o informar, según el caso, al Ministro de Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes, sobre la creación, organización, desarrollo y extensión de los programas de pregrado con una antelación de seis (6) meses a la fecha prevista para la inscripción de aspirantes a ingresar al programa respectivo.

“ART. 3º—Dentro del término señalado en el artículo anterior, el Ministro de Educación Nacional, si lo considera necesario, con la asesoría del Consejo Nacional de Educación Superior —CESU— y con el apoyo técnico del Icfes, ordenará visitas a las instituciones de educación superior para verificar las condiciones bajo las cuales se proyecta ofrecer y desarrollar los programas académicos.

En el desarrollo de la visita se deberá tener en cuenta que los programas permitan garantizar la calidad y el cumplimiento de los fines y objetivos de la educación superior previstos en la Ley 30 de 1992, así́ como los demás requisitos de creación y funcionamiento de programas.

“PAR.—La verificación de las condiciones de los programas será realizada por académicos de reconocido prestigio que laboren en otras instituciones de educación superior en el país o en el exterior.

“ART. 4º—Si de los resultados de la visita realizada, que serán dados a conocer a las instituciones, se concluye que las condiciones bajo las cuales se proyecta desarrollar el programa no corresponden a las exigidas o no garantizan lo contemplado en el artículo anterior, el Icfes lo comunicará al Consejo Nacional de Educación Superior —CESU— con el fin de que éste asesore y recomiende al Ministro de Educación Nacional ordenar la adopción de las medidas que considere necesarias, incluso la no apertura del programa, hasta tanto se garanticen las condiciones adecuadas para su funcionamiento.

“ART. 5º—Transcurridos los seis (6) meses señalados en el artículo 2º de este decreto sin que se haya efectuado la verificación al programa creado, la institución podrá iniciar actividades académicas, sin perjuicio de que en cualquier momento se practique la visita correspondiente, con el fin de comprobar las condiciones de funcionamiento del programa.

“ART. 6º—Vencido el término de seis (6) meses a que se refiere el artículo anterior, el Icfes dispondrá el registro del programa en el sistema nacional de información de la educación superior.

Ahora bien, en lo que respecta a los requisitos mínimos para la creación y funcionamiento de los programas de derecho, para el año de 1994 se encontraba vigente el Decreto 1221 de 1990, que en sus artículos 7º y 8º establecía los requisitos que todo programa debía tener, en su artículo 9º estipulaba lo concerniente a la aprobación del programa de derecho, en el artículo 10 a 20 establecía lo concerniente al plan de estudios, mientras que en el artículo 21 y subsiguientes señalaba los requisitos que se debían tener para la obtención del grado, cuales eran: i) haber cursado y aprobado la totalidad de las materias que integran el plan de estudios, ii) haber presentado y aprobado los exámenes preparatorios y iii) haber elaborado y sustentado una monografía o haber desempeñado con posterioridad a la terminación de estudios, durante un año continuo o discontinuo uno de los cargos previstos en las disposiciones pertinentes, o haber presentado el servicio jurídico voluntariado regulado por el Decreto 1862 de 1989, o haber ejercido durante dos años, la profesión en la condiciones señaladas en el artículo 31 del Decreto 196 de 1971.

Bajo el referido panorama normativo, se tiene que desde la Ley 30 de 1992 ha existido la obligación de las instituciones de educación superior de notificar al Ministerio de Educación Nacional la creación de los diferentes programas.

En el caso bajo estudio, de conformidad con los hechos probados, se tiene que si bien el programa fue creado por la Universidad Libre, aquella no gozaba de autonomía universitaria y, por el contrario, se encontraba intervenida primero por el Icfes y luego por el Ministerio de Educación Nacional, entidades estas que durante el tiempo de intervención se encargaron de designar a los órganos de gobierno de la universidad, quienes fueron los que se encargaron de crear e implementar la extensión del programa de derecho a la ciudad de Popayán.

El artículo 69 de la Constitución Política, garantiza la autonomía universitaria, como una garantía que en principio implica la no intromisión del Estado en la forma en cómo se presta el servicio al interior de las instituciones educativas y, que se encuentra circunscrita a ciertos aspectos específicos que pueden autodeterminar las universidades. Sobre el particular, dispone el artículo 28 de la Ley 30 de 1992:

“ART. 28.—La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”. (Negrillas fuera de texto).

Como fue visto en los hechos probados, la creación de la extensión del programa de derecho no fue iniciativa independiente de los órganos de gobierno, sino por el contrario, fue creación de aquellos que fueron designados tanto por el Icfes como por el Ministerio de Educación Nacional, como órganos de gobierno de intervención; de tal manera que son a estas entidades a quienes les asiste la responsabilidad en los hechos, no solo porque faltaron a sus deberes de inspección y vigilancia al permitir la creación del programa, sino que también, a sabiendas de la situación, permitieron que la misma avanzara sin que en forma oportuna desarrollaran y culminaran la investigación.

En efecto, se tiene que además que fueron los órganos de intervención creados por aquellas los que crearon el programa de derecho, mediante escritos del 27 de marzo y el 18 de abril de 1995, el rector interventor planteó al Icfes sus inquietudes frente a la existencia del programa, sin que hubiera respuesta por parte de la entidad.

Posteriormente, solo hasta el año de 1997, cuando los estudiantes presentaron una queja formal, el Icfes inició una investigación administrativa abriendo pliego de cargos solo hasta el 16 de junio de 2000, cuando los primeros estudiantes del programa de derecho habían ya culminado las materias del plan de estudios y se encontraban reuniendo los requisitos propios del grado.

En esas condiciones, la Sala encuentra que también existen fundamentos para afirmar, que sí existieron fallas en el servicio de inspección y vigilancia del sector educativo a cargo de la Nación, que permitieron que los demandantes, adelantaran sus estudios en la Universidad Libre, con los resultados ya conocidos. Por ello, el daño padecido por los accionantes es imputable en iguales proporciones a las dos demandadas, por lo que se declarará su responsabilidad administrativa, en cuanto sus conductas concurrieron en la causación del daño que se impone reparar.

De otro lado, en cuanto a la responsabilidad de la Universidad Libre, la Sala confirmará las decisiones de primera instancia que absolvieron a la entidad, en tanto se encuentra probado que el programa de derecho por extensión fue creado por órganos de gobierno de intervención, mientras que la autonomía universitaria se encontraba restringida por las demandadas.

Por su parte, respecto de los señores Alfonso Santos Montero y Fernando D´Janon Rodríguez, quienes fueron rectores de la Universidad Libre para la época de los hechos y, que fueron vinculados en el proceso Nº 37885, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que negó responsabilidad de los llamados en garantía, en tanto no se demostró por parte de estos la existencia de un dolo y culpa grave y, en todo caso, tratándose del señor Alfonso Santos Montero, se tiene que si bien el programa fue creado por la consiliatura de intervención, mediante escritos informó al Icfes de la existencia del programa.

De otro lado, en el caso del señor Fernando D´Janon Rodríguez, se tiene que no fue bajo su mandato que se creó el programa de extensión de derecho en la ciudad de Popayán y, que cuando fue requerido por el Icfes sobre la existencia del mismo, en forma pronta respondió a la entidad sobre aquel y comenzó los trámites a fin de obtener el registro, ante el requerimiento del Icfes.

5. Perjuicios

Como quiera que se trata de trece procesos acumulados y, por efectos prácticos, la Sala se ocupara de analizar los perjuicios por cada expediente, en especial, si se tiene en cuenta que en algunos hubo un apelante único, mientras que en otros ambas partes impugnaron.

Frente a esto último, la Sala encuentra que en todos los procesos los demandantes alegaron la existencia de un daño moral debido a la angustiante espera que tuvieron que soportar mientras se definía la situación en torno al programa de derecho por ellos cursado, lo que repercutió también en la obtención del título de profesional en derecho.

En efecto, como fue señalado anteriormente, la incertidumbre para todos los estudiantes comenzó desde el momento en que quedó en firme la Resolución 343 del 25 de febrero de 2002 que confirmó la Resolución No.1493 del 23 de julio de 2001, pues a partir de la misma se les indicó que debían presentar los exámenes de idoneidad a fin de validar sus estudios.

Luego entonces, hasta tanto no se realizaron y aprobaron dichos exámenes los estudiantes no tuvieron certeza sobre sí el pregrado de derecho se encontraba convalidado, hecho que tardó hasta el 3 de febrero de 2003, fecha en la cual se indicó que los estudios adelantados eran idóneos y se les permitió a los estudiantes poder continuar con los trámites pertinentes ya bien sea para obtener su título profesional, o continuar con sus estudios de derecho —en el caso de la demandante Gloria Lilia Toro Castro—.

Así las cosas, si bien la situación fáctica de todos los demandantes es variada, como baremo inicial para analizar la existencia del daño moral se tomará la fecha inicial en la cual se les indicó que debían presentar los exámenes de idoneidad 25 de febrero de 2002- hasta el momento en que quedaron en firmes dichos exámenes.

En los casos en que se demuestre que la situación generada con lo acontecido en la universidad repercutió incluso en la realización del grado, el análisis del daño se extenderá hasta la fecha en que aquel se llevó a cabo sin sobrepasar el año 2006, fecha en la cual la universidad cambió de pensum en el programa de derecho.

De igual manera, en los casos en que se demuestre que la situación generada con lo acontecido en la universidad comenzó incluso antes de que se diera la orden de presentar los exámenes de idoneidad, el análisis del daño será desde que comenzó la afectación.

Hechas estas precisiones, la Sala estudiara cada caso en particular así:

5.1. María Aleyda Gómez Muñoz, Proceso Nº 37885.

La señora María Aleyda Gómez Muñoz solicitó como indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, el pago de $ 33.000.000 por concepto de materiales, papelería y demás erogaciones realizadas durante el programa de derecho, mientras que por lucro cesante solicitó el pago de $ 170.000.000, mientras que por perjuicios morales pidió la suma de 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes y por perjuicios psicológicos, la suma de $ 99.600.000.

El tribunal de primera instancia solo reconoció la suma de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales, decisión que fue impugnada por el Ministerio de Educación Nacional, el Icfes y la parte actora, esta última quien solicitó el aumento de los perjuicios morales y se reconocieran los perjuicios psicológicos.

Sobre el particular, respecto de los perjuicios causados a la actora objeto de impugnación por las partes, la Sala encuentra lo siguiente:

— Una vez terminó las materias del programa de derecho por extensión, para el 17 de septiembre de 2001 ya contaba con los preparatorios aprobados, así como que contaba la aprobación de la monografía que presentó junto con la señora Alba Diomar Gómez Muñoz, quedando pendiente únicamente su sustentación (carta del 17 de septiembre de 2001 mediante la cual el director de monografía aprueba la misma fls. 52-55, c. ppal., Exp. 37885; fls. 45-48, c. ppal., Exp. 38579).

— El 11 de marzo de 2002, la monografía ya contaba con la aprobación para sustentación, tal y como se aprecia en carta de dicha fecha suscrita por la directora de CIFADER (fl. 51, c. ppal., Exp. 37885 y fl. 44, c. ppal., Exp. 38579).

— El 27 de febrero de 2003, las señoras Alba Diomar Gómez Muñoz y María Aleida Gómez solicitaron a la Decana de la facultad de derecho se les permitiera realizar la sustentación de la tesis que ya se encontraba aprobada (fl. 56, c. ppal., Exp. 37885 y fl. 49, c. ppal., Exp. 38579), petición que es reiterada el 28 de marzo de 2003 (fls. 57-58, c. ppal., Exp. 37885 y fls. 50-51, c. ppal., Exp. 38579), designándose jurados el 1º de abril de 2003 (fl. 52, c. ppal., Exp. 38579).

— En escrito del 20 de mayo de 2003, las señoras María Aleyda Gómez Muñoz y Alba Diomar Gómez explican a los jurados designados que si bien la monografía puede estar desactualizada en jurisprudencia, ello obedeció a que al momento de su aprobación y sustentación fue bastante largo, en razón a que la sustentación no se pudo realizar antes, debido al hecho conocido de que fueron suspendidos todos los trámites respecto de la Extensión de Popayán (fls. 54-56, c. ppal., Exp. 38579).

— Una vez la monografía fue aprobada y presentados los exámenes de idoneidad, la señora Alba Diomar Gómez Muñoz pudo obtener su título de abogada el 25 de julio de 2003 y obtener su tarjeta profesional el 16 de diciembre de 2003(102), aspecto que también se predica de la señora María Aleyda Gómez Muñoz (certificaciones expedidas por la Universidad Libre en la que se indica la fecha de grado de la señora María Aleyda Gómez fls. 393 y 407, c. pruebas, Exp. 37885).

— En el plenario, reposa historial médico de la señora María Aleyda Gómez Muñoz al interior de Salud Médica Popayán S. A., en la que se indica, que aquella consultó por presentar un cuadro depresivo por el fracaso educativo, recibiendo asistencia psicológica (fls. 83-86, c. ppal., Exp. 37885).

— De igual forma, en el plenario se encuentra el testimonio de la señora Irene Mendoza, compañera de trabajo y estudios de la aquí demandante, quien refirió sobre los perjuicios causados a esta, señalando al respecto que (fls. 507-508, c. ppal., Exp. 37885):

Ya todos entramos en desespero especialmente Aleyda que quería graduarse cuanto antes, que soñaba con ser fiscal o juez de la República, vinieron los traumas psíquicos, gran aflicción, tristeza, profundo dolor, desasosiego de ver que había sido en vano todos los sacrificios, esfuerzos económicos, intelectuales, laborales, sacrificar su familia, especialmente su bebe a quien amamantaba entrando en pánico con crisis emocionales, dolores de cabeza, mareos, etc., incluso debió ser atendida inmediatamente por el médico en general se sentía muy mal emocionalmente porque sus sueños habían sido truncados y no se sabía que iba a pasar con todos los que habíamos ingresado a la Universidad Libre extensión Popayán.

De lo anterior, se tiene evidencia que la demandante desde el año 2001 contaba con la aprobación de su monografía, pero que sin embargo no pudo sustentarla, en razón a que el programa que había estudiado se encontraba suspendido y hasta tanto no fueron realizados y entregados los listados mínimos de aptitudes (entregados el 3 de febrero de 2003) no se le designó jurado de votación, hecho este que implicó la espera en la obtención del título y que causó perjuicios morales a la demandante.

En efecto, se advierte la existencia de un perjuicio extrapatrimonial, derivado de la afectación por el hecho de no poder ver concretado en forma oportuna el esfuerzo académico, lo que conllevó y de cuya cierta ocurrencia da cuenta el testimonio vertido por su compañera de trabajo Irene Mendoza, quien narró las situaciones de angustia y desazón que tal situación le produjo a la actora, declaración por virtud de la cual la Sala encuentra acreditada la afectación extrapatrimonial alegada.

Para la Sala, contrario a lo señalado por el a quo, ese daño no se equipara al producido con ocasión de la muerte o lesiones corporales graves, por lo que el monto de la indemnización debe establecerse por debajo del baremo de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes establecido por la jurisprudencia para aquellos casos en los que este tipo de daños cobra su mayor intensidad. También debe tenerse en cuenta que la demandante no se vio privada en forma definitiva de la obtención del título universitario, sino que aquello que se indemniza es el hecho consistente en haber debido esperar por este un lapso mayor al que debía.

Por ello, se considera justo y equitativo disponer que para este particular evento se reconozca la suma de un salario mínimo mensual vigente por cada mes durante los cuales se prolongó la angustiante espera, lo que tuvo lugar entre septiembre de 2001, fecha en la que se tenía aprobada su monografía pero no pudo ser sustentada y, julio de 2003, cuando finalmente se graduó. Así las cosas la indemnización a reconocer por daño moral será equivalente a veinticuatro (24) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

De otro lado, en cuanto a la solicitud del perjuicio psicológico, la Sala recuerda que este tipo de perjuicio se encuentra comprendido dentro del denominado daño a la salud en el que se debe demostrar la existencia de una lesión psicofísica.

En efecto, en pronunciamiento de unificación, la Sección Tercera luego de abordar el estudio del origen de las diversas denominaciones de la tipología del perjuicio inmaterial, señaló que tratándose de los perjuicios inmateriales, estos se encontraban delimitados a tres categorías: El daño moral, el daño a la salud y a aquellos daños que una vez verificado cada caso particular no aparezcan comprendidas dentro de dichas clasificaciones.

En la sentencia de unificación, se consideró que la tipificación de perjuicios que atendía a la diversificación de los perjuicios en razón a sus consecuencias en la esfera personal de la víctima generaba en ocasiones inequidad en la tasación de las indemnizaciones, razón por la cual se debía limitarse el perjuicio inmaterial. Se señaló(103):

Ahora bien, el hecho de sistematizar el daño a la salud (integridad corporal, psicológica, sexual, estética), mientras se deja abierta la estructura de los demás bienes o derechos jurídicos, garantiza un esquema coherente con los lineamientos conceptuales, teóricos y prácticos del resarcimiento del daño, como quiera que no se presta para generar una tipología paralela al daño a la salud que produzca los mismos efectos perjudiciales que acarrearon las nociones abiertas e indefinidas del daño a la vida de relación y de alteración a las condiciones de existencia.

En consecuencia, el daño moral satisface la indemnización de la órbita interna y aflictiva del ser humano; el daño a la salud garantiza un resarcimiento más o menos equitativo y objetivo en relación con los efectos que produce un daño que afecta la integridad psicofísica de la persona; y, por último, será oportuno que se analice la posibilidad por parte de esta corporación —siempre que los supuestos de cada caso lo permitan— de que se reparen los demás bienes, derechos o intereses jurídicos de la víctima directa o de los perjudicados que logren acreditar efectivamente que padecieron ese daño autónomo e independiente, sin que quede cobijado por la tipología antes delimitada (v.gr. el derecho al buen nombre). La aplicación de esta tipología del daño garantiza la reparación estática y dinámica del perjuicio, esto es los efectos internos y externos, subjetivos y objetivos, individuales y colectivos que la lesión antijurídica o injusta desencadena en el sujeto y las personas que constituyen su entorno. (Negrillas fuera de texto).

En el presente caso, la Sala encuentra que en el plenario la demandante demostró haber sufrido una lesión psíquica, pues así se encuentra certificado en el historial médico al interior de Salud Médica Popayán S.A (fls. 83-86, c. ppal., Exp. 37885) en el que se aprecia que la señora Gómez consultó por presentar un cuadro depresivo al no poder graduarse dentro de la oportunidad debida.

Ahora bien, frente a la tasación de este daño, la Sala encuentra que aunque en el plenario no repose un certificado en el que se indique el grado de incapacidad que se generó a la demandante por el cuadro depresivo que presentaba, aplicando criterios de equidad, se le reconocerá la suma de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de daño a la salud.

5.2. Alba Diomar Gómez Muñoz, Proceso Nº 38579.

En este proceso, el tribunal de primera instancia reconoció únicamente la suma de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicio moral, decisión que fue impugnada por el Icfes y la parte actora, esta última quien solicitó se aumentaran los perjuicios morales y se reconociera el perjuicio psicológico.

Sobre el particular, la Sala encuentra que la señora Alba Diomar Gómez Muñoz, se halla en la misma situación fáctica que la señora María Aleyda Gómez Muñoz, esto es, contaba con sus preparatorios aprobados(104), su tesis había sido aprobada, pero como quiera que se había suspendido el programa de derecho, hasta tanto no realizó y fueron entregados a la Universidad Libre los exámenes de idoneidad y de comprobación de niveles mínimos de conocimientos, no pudo sustentar su tesis de grado, aspecto este que causó daños morales, tal como y como se evidencia del testimonio del señor Álvaro Calvache Rojas (fls. 38-40, c. pruebas 1, Exp. 38579); así mismo, también sufrió la existencia de un daño a la salud, pues al igual que su compañera tuvo un sufrimiento psicológico por la no conclusión oportuna de sus estudios, tal y como se aprecia en la valoración realizada por la psicóloga particular Agnolia Ramírez Muñoz (fl. 74, c. ppal., Exp. 38579), por lo que al igual que la señora Gómez Muñoz, por concepto de perjuicio moral se reconocerá la suma de un salario mínimo legal mensual vigente por cada mes durante los cuales se prolongó la espera para obtener su título, lo que tuvo lugar entre septiembre de 2001, fecha en la que tenía aprobada su monografía y no pudo ser sustentada por los hechos referidos y julio de 2003, cuando finalmente se graduó. Así las cosas la indemnización a reconocer por daño moral será equivalente a veinticuatro (24) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

De otro lado, en cuanto a la tasación del perjuicio de daño a la salud, al igual que su compañera María Aleyda Gómez Muñoz, aplicando criterios de equidad, se le reconocerá la suma de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes.

5.3. Olga Lidia Melo Mora, Proceso Nº 38911.

El tribunal únicamente reconoció los perjuicios morales causados a la demandante en la suma de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes, negando lo demás, decisión que fue impugnada por el Ministerio de Educación y el Icfes, este último mediante apelación adhesiva.

En relación a la existencia de este perjuicio, la Sala constata su existencia, el que se encuentra demostrado, tal y como se evidencia de las pruebas allegadas en el proceso, así:

— Una vez culminadas las materias de derecho el 30 de agosto de 2000, la señora Olga Lidia Melo Mora, quien laboraba para la Rama Judicial, solicitó al Consejo Seccional de la Judicatura - Sala Administrativa se le homologara el trabajo realizado al interior de la entidad desde la terminación de materias, como judicatura para obtener el título de abogado.

— El Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca - Sala Administrativa, en concepto del 04 de septiembre de 2001 dio su visto bueno a la homologación de la judicatura, indicando al respecto (fl. 6, c. ppal., Exp. 38911):

La señora Olga Lidia Melo Mora se encuentra vinculada a la Rama Judicial desde el 16 de abril de 1973, como citador 03 y desde el 16 de julio de 1987 como sustanciadora grado 09 del juzgado 2 de familia de Popayán (…) desempeño las funciones propias del cargo hasta el 31 de agosto de 2001, fecha de la constancia en jornada normal de trabajo.

El Decreto 3200 del 31 de diciembre de 9179, artículo 23, numeral 1, determina que los estudiantes que hayan terminado los estudios reglamentarios de derecho podrán hacer un año de práctica en uno de los cargos que se enumeran a continuación (…) teniendo en cuenta que los requisitos y la prueba para el reconocimiento de la judicatura se atemperan a la norma citada, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca emite concepto favorable.

— El visto bueno del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca - Sala Administrativa, fue remitido a la dirección del Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa - Unidad de Registro Nacional de Abogados, que mediante oficio Nº 3912 del 27 de diciembre de 2001, le informó a la señora Melo Mora que se abstenía de reconocer la judicatura, en tanto el programa de derecho por aquella estudiado, no contaba con el registro correspondiente y la decisión frente a la Universidad Libre aún no se encontraba definida, así: (fl. 10, c. ppal., Exp. 38911):

Esta unidad solicitó al Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Superior Icfes para que nos informara si el programa de derecho de la Universidad Libre seccional Cali - extensión Popayán se encontraba registrado en el sistema nacional de información; habiendo recibido como respuesta el oficio de fecha 30 de julio de 2001 suscrito por la Secretaria General del Icfes que manifiesta lo siguiente: “… que el programa de derecho, con extensión en el municipio de Popayán no se encuentra registrado en el sistema nacional de información que maneja el Icfes.

De igual manera mediante oficio 3010 del 4 de diciembre del año en curso suscrito por la directora de Monitoreo y Vigilancia de la entidad citada, informa que mediante la Resolución 1493 del 23 de julio de 2001 emanada del Ministerio de Educación Nacional, se impuso sanción a la Universidad Libre por el ofrecimiento y desarrollo del programa de derecho extensión Popayán sin el registro correspondiente.

Contra la citada resolución la universidad interpuso recurso de reposición el cual está siendo desatado por el Ministerio de Educación y hasta tanto se defina la situación legal de programa de derecho de la mencionada institución, esta unidad se abstiene de resolver su solicitud.

— En febrero de 2002, la señora Olga Lidia Melo Mora nuevamente solicitó a la directora del Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa - Unidad de Registro Nacional de Abogados se reconociera su práctica jurídica; sin embargo, mediante oficio del 25 de febrero de 2002 (fl. 9, c. ppal., Exp. 38911), aquella le informó a la señora Melo que de conformidad con la información suministrada el 28 de enero de 2002 por el Icfes, debía presentar entre otros documentos, la fecha y número de registro del programa de derecho en el sistema nacional de información de educación superior SNIES, al cual accedió.

— La señora Olga Lidia Melo, finalmente pudo optar a su título de abogada el 25 de agosto de 2003.

Frente a lo anterior, la Sala encuentra que si bien no reposan en el plenario testimonios o pruebas similares de los que se hablé del daño moral causado a la demandante, la existencia del perjuicio padecido se infiere de los anteriores documentos en aplicación de las reglas de la experiencia.

En efecto, se tiene que la demandante cumplió el término de ley para homologar su judicatura, la que no fue avalada en un primer momento al no contarse con el registro en el SNIES, hecho de lo cual se deduce la existencia de una mora para la obtención del título y que tradujo en un perjuicio moral, en la medida que aquella no pudo graduarse dentro de la oportunidad presupuestada.

La accionante debió esperar a que se diera una solución al tema de la falta de registro de la Universidad Libre, debiendo presentar los exámenes mínimos de calidad, para nuevamente elevar la petición de homologación del requisito de judicatura.

Así pues, se reconocerá por perjuicio moral la mora que tuvo que soportar la demandante desde la primera negativa para homologar la judicatura, esto es, el 27 de diciembre de 2001 cuando esta le fue negada por la falta del registro de la universidad pese a que cumplía con el requisito, hasta el 25 de agosto de 2003, fecha en la que se graduó.

Para lo anterior, por cada mes de mora se reconocerá la suma de un salario mínimo legal mensual vigente, lo que arroja la suma de veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicio moral.

5.4. Gloria Lilia Toro Castro, Proceso Nº 37873.

El tribunal de primera instancia reconoció a la demandante la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicio moral, aspecto que fue impugnado por las demandadas y la parte actora, esta última quien a su vez solicitó el aumento de los perjuicios morales y el reconocimiento del perjuicio psicológico.

Sobre el particular, la Sala encuentra que en el caso de la señora Gloria Lilia Toro Castro, el daño causado por perjuicio moral no radica en la mora para obtener el grado, sino en el hecho de que a raíz de la falta del registro del programa en el SNIES y la correspondiente suspensión del programa de derecho en la ciudad de Popayán, aceptó estudiar en la ciudad de Cali previa exoneración del pago de la matrícula con la finalidad de terminar su carrera; sin embargo, el cambio en las condiciones en el programa le generó un daño en su calidad de vida que repercutió en su estado de ánimo y condición física.

Al respecto, la Sala encuentra frente a la demandante, lo siguiente:

— La señora Gloria Lilia Toro Castro ingresó al programa de derecho de la Universidad Libre en la ciudad de Popayán en el año de 1997 y, cuando iba a comenzar el sexto año de derecho, el programa fue suspendido al no contar con el registro en el SNIES.

— La señora Toro Castro, al igual que los demás demandantes debió presentar el examen de conocimientos mínimos y de idoneidad elaborado por la Universidad Bolivariana dentro de las fechas por ella estipuladas y, en el caso del sexto año de derecho, por aprobación de la consiliatura de la universidad, fue exonerada del pago de matrícula siempre que continuara sus estudios en la ciudad de Cali (oficio del 06 de febrero de 2003 fl. 44, c. ppal., Exp. 37873).

— En el año 2003, comoquiera que la demandante trabajaba como técnico judicial II en la fiscalía delegada ante el Tribunal Superior, mediante oficio del 05 de febrero de dicha anualidad, solicitó al coordinador encargado permiso para ausentarse de sus labores diarias de 4 a 6 p.m., contados desde el 10 de febrero de 2003 y hasta julio de dicho año, con el fin de dirigirse a la ciudad de Cali a continuar sus estudios de derecho en la Universidad Libre, dentro del horario de 6:30 a 9:30 de la noche. En el oficio la aquí demandante señaló que repondría las horas laboradas a las 7:00 a.m. y la 1:00 p.m. (oficio del 05 de febrero de 2003 fl. 45, c. ppal., Exp. 37873).

— El coordinador de la unidad de la fiscalía delegada ante el Tribunal Superior, mediante Resolución 02 del 10 de febrero de 2003 (fls. 46-47, c. ppal., Exp. 37873) concedió el permiso para variación del horario de trabajo para estudio.

— En el plenario, reposa la historia clínica de la señora Gloria Lilia Toro Castro, en la que se señala que consultó por psicología y se le diagnosticó un rango moderado de estrés, en la que consulta por no poder terminar la carrera de derecho.

— Así mismo, reposan en el plenario las declaraciones de los señores María Aleyda Gómez Muñoz (fls. 16-20, c. pruebas, Exp. 37873) y Yaneth Quiñones López (fl. 2123, c. pruebas, Exp. 37873), demandantes en el proceso de la referencia y quienes rindieron testimonio dentro del proceso seguido por la señora Gloria Lilia Toro Castro antes de que se decretara la acumulación, refiriéndose al daño moral causado a este, señalando que a raíz de tener que estudiar en Cali, su matrimonio fue afectado llegando incluso al divorcio.

Declaración que también es referida por el señor Alexander Cajiao Quintero, compañero de trabajo y de estudios de la actora (fls. 24-28, c. pruebas, Exp. 37873) y quien manifestó:

Me consta personalmente que cuando la señora Gloria Lilia Toro curso el 5 año de derecho sino estoy mal en el año 2003 y que ya en ese momento la universidad presentaba el problema de su código, ella tuvo que trasladarse todos los días a la ciudad de Cali para poder culminar su sexto año de derecho, lógicamente esto causo circunstancias de índole laboral, familiar, social, por cuanto en esos desplazamientos tenía que pedir permiso en su trabajo, desplazarse todos los días en la vía panamericana que es de alto riesgo, eso le produjo grandes esfuerzos, ella en estos momentos se encuentra afectada sicológicamente, además en esos desplazamientos a Cali ella tuvo que dejar su núcleo familiar, sus hijos, nietos, su esposo inclusive por consecuencia de esto ella se separó de su esposo precisamente porque ella tenía que desplazarse semanalmente inclusive los sábados dejando su hogar abandonado, esto hizo que ellos se divorciaran, de otra parte el trauma que sintió ella como cada uno de los estudiantes cuando se nos preguntaba en la calla que si éramos estudiantes de la Universidad Libre de la cual respondíamos afirmativamente, pero siempre se nos recriminaba que la universidad era pirata, el trauma que sugirió Gloria y es suscrito de que se nos recrimine por parte de los amigos y jefes, de que todo el tiempo que estuvimos estudiando nos digan de que era una universidad pirata.

Frente a lo anterior, la Sala modificará la decisión de primera instancia y reconocerá el perjuicio moral en la suma de once salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es, en una proporción menor que a los demás demandantes, en tanto se considera que el perjuicio causado a los egresados fue mayor.

En efecto, en el caso de la señora María Aleyda, como lo señalan los testigos, aquella aceptó culminar sus estudios en la ciudad de Cali, pues no había garantía que en otras universidades fuera aceptada como estudiante de derecho para cursar el sexto año de derecho.

El cambio en las condiciones del estudio, impuestas debido a las circunstancias, implicó para la demandante un fuerte exigencia física y mental, si se tienen en cuenta los horarios de trabajo, estudios y desplazamientos, que repercutieron en su estado emocional por el tiempo que estudio en la ciudad de Cali, razón por la cual esta Sala considera justo y equitativo reconocer a la demandante la suma de once salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicio moral.

De otro lado, en cuanto a la existencia del daño a la salud, se constata que la demandante le fue diagnosticado un rango moderado de estrés por el cual tuvo que tener asistencia psicológica, por lo que aplicando criterios de equidad, la Sala reconocerá la suma de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes a su favor.

5.5. Yaneth Quiñonez López, Proceso Nº 38073.

El tribunal reconoció solamente los perjuicios morales causados a la demandante en la suma de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes, negando lo demás, decisión que fue impugnada únicamente por las demandadas.

Al respecto, sobre la existencia del perjuicio moral, la Sala encuentra que este se encuentra demostrado, así:

— Una vez culminadas las materias de derecho el 30 de agosto de 2000, y aprobados sus exámenes preparatorios (fl. 87, c. pruebas, Exp. 38073(105)) la señora Quiñonez López, quien laboraba para la Rama Judicial, solicitó a la directora de la Sala Administrativa - Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura se le homologara el trabajo realizado al interior de la entidad desde la terminación de materias, como judicatura para obtener el título de abogado.

— La directora de la Sala Administrativa de la Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura, mediante oficio Nº 3908 del 27 de diciembre de 2001 le indicó a la aquí demandante que se abstenía de absolver la solicitud de reconocimiento de la práctica jurídica para obtener el título de abogado, en tanto se resolviera lo concerniente a la Universidad Libre (fl. 43, c. ppal., Exp. 38073).

— En febrero de 2002, la señora Quiñónez López nuevamente solicitó a la directora del Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa - Unidad de Registro Nacional de Abogados se reconociera su práctica jurídica; sin embargo, mediante oficio del 25 de febrero de 2002 (fl. 44, c. ppal., Exp. 38073), aquella le informó a la señora Quiñonez que de conformidad con la información suministrada el 28 de enero de 2002 por el Icfes, debía presentar entre otros documentos, la fecha y número de registro del programa de derecho en el sistema nacional de información de educación superior SNIES, al cual accedió.

— En Resolución 2361 del 27 de agosto de 2002 (fls. 45-48, c. ppal., Exp. 38073), la directora de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia negó el reconocimiento de la práctica jurídica establecida como requisito para optar al título de abogado a la señora Yaneth Quiñonez López, hasta tanto no haya aprobado el examen de aptitudes mínimos ordenado por el Ministerio de Educación Nacional, así:

El Ministro de Educación Nacional en comunicación dirigida a la Sala Administrativa de esta corporación el 22 de abril de 2002, manifiesta que si una institución ha sido sancionada mediante resolución ministerial proferida en el curso del proceso de investigación adelantado a las instituciones de educación superior (Resolución 1493 de 2001 y 343 de 2002) por ofrecer y desarrollar un programa, en ese caso un programa de derecho, sin el registro, ello implica que el programa no existe legalmente, que los estudios realizados no tienen validez, razón por la cual para los fines del artículo 27 de la Ley 30 de 1992 resulta necesaria la práctica del correspondiente examen de idoneidad.

Continua aclarando el Ministro de Educación Nacional: Si el reconocimiento de la práctica como uno de los requisitos alternativos para optar al título de abogado, presupone la culminación de estudios en programas reconocidos legalmente por el Estado y este es solicitado por estudiantes de un programa adelantado sin el lleno de requisitos legales (casos particulares señalados), según lo expuesto, dichos estudios sólo se homologan a través de la práctica de examen de idoneidad, cuyo certificado de aprobación sería entonces el requisito procedente.

Es decir, para el caso de reconocimiento de práctica y/o inscripción en el registro de abogados sólo con el certificado de aprobación de la prueba de estado se verifica el requisito de terminación de estudios y/o convalidación del título.

De conformidad con lo anterior el Icfes profirió la Resolución 00895 del 16 de mayo de 2002, por la cual se designa a la institución de educación superior - Universidad Pontificia Bolivariana, para practicar un examen con el fin de comprobar niveles mínimos de aptitudes y conocimientos a los estudiantes de un programa académico de educación superior ofrecido sin el correspondiente registro en el SNIES como es el caso de la Universidad Libre extensión Popayán y que deberá remitir los resultado al Icfes, sin perjuicio a la verificación que éste pudiere adelantar.

Que el examen de Estado es una prueba para que los estudiantes que cursen y hayan cursado estudios en la Universidad Libre en la ciudad de Popayán, como una alternativa legal para garantizar sus derechos; en otras palabras, este examen es una herramienta para regularizar sus estudios.

Por lo anterior una vez practicado y aprobado el examen, conforme a la Resolución 00895 del 2002, el estudiante podrá cumplir con los requisitos exigidos para la acreditación de la práctica jurídica; es decir, que esa fecha se tendrá como la de terminación y aprobación de materias que integran el plan de estudios y por lo tanto adquiere la calidad de egresado para adelantar su práctica jurídica en las diferentes modalidades, como lo manifiesta el ministro en la referencia.

— En oficio Nº 577 del 9 de abril de 2003 (fls. 49-50, c. ppal., Exp. 38073), la directora de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, ratificó a la señora Yaneth Quiñonez López sobre la imposibilidad de aprobar la práctica jurídica, hasta tanto se tuviera constancia de la aprobación del examen de habilidades y conocimientos mínimos.

— En vista de que no fue aprobado el tiempo de judicatura, la señora Yaneth Quiñonez López decidió presentar una monografía para optar por el título de abogado, la que fue sustentada y aprobada el 05 de noviembre de 2003 (fl. 86, c. pruebas, Exp. 38073), fecha en la cual la señora Quiñonez solicitó al rector de la Universidad Libre - seccional Cali se autorizara su grado en una ceremonia privada (fl. 84, c. pruebas, Exp. 38073), solicitud que fue aprobada, recibiendo su título de abogada el 21 de noviembre de 2003 (fl. 78, c. pruebas, Exp. 38073).

— Reposan en el plenario los testimonios de los señores Freddy Hernán Calambas (fls. 6-8, c. ppal., Exp. 38073) y María de Jesús Ruiz Zúñiga, quienes relataron sobre los perjuicios causados a la demandante, dada la mora en la obtención del título.

Conforme a lo anterior, la Sala encuentra que el perjuicio moral se encuentra demostrado, en tanto se tiene que pese a que cumplía con los requisitos de ley para obtener el título de abogada, la judicatura le fue improbada toda vez que el programa de derecho estudiado no tenía registro, razón por la cual se vio compelida a presentar, después de varias solicitudes, la monografía a fin de obtener el título profesional.

La mora en poder graduarse implicó un perjuicio moral para la accionante, por lo que para este caso particular, se reconocerá un salario mínimo mensual vigente por cada mes durante los cuales se prolongó la espera, lo que tuvo lugar entre diciembre de 2001, fecha en la que fue improbada la judicatura por los hechos señalados y noviembre de 2003, cuando finalmente se graduó. Así las cosas la indemnización a reconocer por daño moral será equivalente a veintitrés (23) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

5.6. José Vicente Peña Sánchez, Proceso Nº 38604.

El a quo reconoció por concepto de perjuicios morales la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, decisión que fue impugnada únicamente por el Icfes, quien pidió la revocatoria de la condena.

Sobre la causación de este perjuicio, la Sala encuentra lo siguiente:

— Una vez terminó las materias del pensum del programa de extensión en el año 2000, el señor José Vicente Peña Sánchez solicitó licencia temporal para ejercer la profesión de abogado, la que fue concedida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán hasta el 30 de agosto de 2002, a fin de que ejerciera únicamente las facultades del artículo 31 del Decreto Extraordinario 196 de 1971 (certificación del 13 de diciembre de 2000 fl. 5, c. ppal., Exp. 38604).

— De igual manera, el señor José Vicente Peña Sánchez ejerció el cargo de auxiliar ad honorem en el despacho de la doctora Hilda Cavache Rojas, magistrada del Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, desde el 25 de septiembre de 2000 al 25 de junio de 2001, en horario laboral normal de ocho horas, de conformidad con el artículo 1º del Decreto 1862 de 1989, ejerciendo durante este lapso funciones jurídicas de sustanciación de algunos procesos (Constancia del 26 de junio de 2001 fls. 4-5, c. ppal., Exp. 38578; fl. 407, c. pruebas, Exp. 38578).

— En oficio del 05 de mayo de 2003, la decana de la Universidad Libre - seccional Cali, le informó al señor José Vicente Peña Sánchez que “en comunicación telefónica con el Consejo Superior de la Judicatura, me informan que la práctica realizada de judicatura antes de las pruebas de idoneidad con la Universidad Pontificia Bolivariana no tienen validez” y por lo tanto se le sugiere realizar trabajo de grado (fl. 7, c. ppal., Exp. 38604).

— Resolución 1796 del 18 de junio de 2003 mediante la cual la directora de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia ratifica al señor José Vicente Peña Sánchez su negativa a la práctica jurídica como requisito para optar al título de abogado (fls. 8-10, c. ppal., Exp. 38604).

— El señor José Vicente Peña Sánchez finalmente obtuvo su título de abogado el 23 de julio de 2003 (fl. 72, c. pruebas, Exp. 38604).

Conforme a lo anterior, la Sala encuentra que el perjuicio moral se encuentra demostrado, en tanto se tiene que pese a que cumplía con los requisitos de ley para obtener el título de abogado, la judicatura le fue improbada toda vez que el programa de derecho estudiado no tenía registro, razón por la cual se vio compelido a presentar monografía a fin de obtener el título profesional.

La mora en poder graduarse implicó un perjuicio moral para el accionante, por lo que se reconocerá un salario mínimo mensual vigente por cada mes durante los cuales se prolongó la espera, lo que tuvo lugar entre junio de 2001, fecha en la que terminó la judicatura y fue improbada por los hechos señalados y noviembre de 2003, cuando finalmente se graduó. Así las cosas la indemnización a reconocer por daño moral será equivalente a veintinueve (29) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

5.7. Carlos Alberto Ordoñez Girón, Proceso Nº 38578.

El tribunal de primera instancia reconoció la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicio moral a favor del demandante, decisión que fue impugnada por las accionadas.

Sobre la existencia del perjuicio, la Sala encuentra que al igual que los demandantes referidos en párrafos anteriores, el señor Ordoñez Girón una vez aprobó sus preparatorios(106) (fl. 101, c. pruebas, Exp. 38578), solicitó a la dirección del Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa - Unidad de Registro Nacional de Abogados la aprobación de la judicatura, hecho que le fue negado en oficio del 27 de diciembre de 2001(107), (fl. 3, c. ppal. y fl. 399, c. pruebas, Exp. 38578), aspecto que fue reiterado en Resolución del 27 de agosto de 2002 (fls. 411-412, c. pruebas, Exp. 38578).

Posteriormente, mediante Resolución 3154 del 19 de octubre de 2004(108) la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, luego de la presentación de los exámenes de idoneidad realizados por el actor en la Universidad Pontificia Bolivariana, revocó la negativa del reconocimiento de la judicatura y, en su lugar, resolvió “acreditar la práctica jurídica para optar al título de abogado, al señor Carlos Alberto Ordóñez Girón…” (fls. 411-412, c. pruebas, Exp. 38578), quien luego de la anterior decisión obtuvo su grado como abogado el 26 de noviembre de 2004 (acta de grado del 26 de noviembre de 2004, fl. 122, c. 3, Exp. 38578).

Así las cosas, se tiene que con ocasión de los hechos referidos (esto es, la suspensión del programa de derecho con extensión en la ciudad de Popayán) al aquí demandante no le fue aprobada la práctica jurídica para optar al título de abogado, pese a cumplir con dicho requisito.

Desde la primera negativa, esto es la del 27 de diciembre de 2001, hasta cuando obtuvo su grado pasaron 35 meses, lo que significó para el señor Carlos Alberto Ordóñez Girón una mora que le causó perjuicios morales, en tanto se tiene que pese a que cumplía con los requisitos de ley para obtener el título de abogado, la judicatura le fue improbada toda vez que el programa de derecho estudiado no tenía registro, tal y como se aprecia en el testimonio del señor Rodrigo Andrés Delgado Sarria (fls. 39-36, c. pruebas, Exp. 38578).

Por ende, la Sala reconocerá al accionante un salario mínimo mensual vigente por cada mes durante los cuales se prolongó la espera, lo que tuvo lugar entre diciembre de 2001, fecha en la que por primera vez se negó el reconocimiento de la judicatura y, noviembre de 2004, cuando finalmente se graduó, por lo que la indemnización a reconocer por daño moral será equivalente a treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

5.8. Mauricio Aurelio Botina Carvajal, Proceso Nº 38189.

El tribunal de primera instancia reconoció la suma de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes a su favor por concepto de perjuicio moral, decisión que fue impugnada por el Icfes y la parte actora, esta última quien solicitó se aumentaran los perjuicios morales y se reconociera el perjuicio psicológico.

Sobre la causación de este perjuicio, la Sala encuentra lo siguiente:

— El señor Mauricio Aurelio Botina Carvajal terminó sus estudios en mayo de 2002 (valoración psicológica realiza al aquí demandante y, en la que señaló la fecha de terminación de la materia fls. 63-66, c. ppal. 1, Exp. 38189).

— Una vez terminó sus estudios, además de los preparatorios, tuvo que realizar los exámenes de idoneidad para validar la carrera cursada, los que fueron presentados en la Universidad Pontificia Bolivariana del 21 de septiembre de 2002 al 09 de noviembre de 2002, y la aprobación definitiva de los mismos se realizó el 03 de febrero de 2003 (fls. 348 y 353, c. pruebas 1, Exp. 38189).

— Reposan en el plenario los testimonios de los señores Antonio María Calambas (fls. 29-33, c. pruebas 1, Exp. 38189) y Carlos Alberto Tobar Meneses, este último quien refirió que el demandante presentó el requisito correspondiente al trabajo de grado para optar al título de abogado (fls. 34-39, c. pruebas 1, Exp. 38189).

Visto lo anterior, la Sala encuentra que respecto del señor Marco Aurelio Botina Carvajal se encuentra demostrado que una vez culminó sus materias, tuvo que realizar los exámenes de idoneidad en la Universidad Pontificia Bolivariana para convalidar los conocimientos adquiridos en la Universidad Libre, hecho este que le causó un daño moral, tal y como se observa en los testimonios de los señores Antonio María Calambas (fls. 29-33, c. pruebas 1, Exp. 38189) y Carlos Alberto Tobar Meneses (fls. 34-39, c. pruebas 1, Exp. 38189).

Frente al reconocimiento del perjuicio moral, la Sala reconocerá un salario mínimo legal mensual vigente por cada mes que el demandante gastó en la presentación del examen de idoneidad, para un equivalente a once salarios mínimos legales mensuales vigentes, contados desde el 25 de febrero de 2002, fecha en la que quedó en firme la orden de presentar los exámenes de idoneidad y hasta el 3 de febrero de 2003, cuando estos quedaron aprobados.

Sobre esto último, se precisa que no se reconoce hasta la fecha de grado, en tanto el demandante no demostró en el plenario que además del tiempo invertido en los exámenes de idoneidad tuvo dificultades para poder graduarse.

En efecto, a diferencia de los demás demandantes, el actor no acreditó que al momento de terminar sus materias, cumplía con todos los requisitos para poder graduarse, tales como la presentación de preparatorios, la acreditación de la judicatura o en su defecto la monografía y, que estas no le fueron aceptadas o no se le permitió presentárselas en razón a la falta del registro.

Por el contrario, tan solo está acreditado que la presentación de nuevos exámenes y la angustia generada por la incertidumbre de no saber si podía realizar los trámites que le faltaban, generaron en el actor un perjuicio moral que será indemnizado en el tiempo que gastó en la presentación de dichos exámenes, al cabo de los cuales, se permitió la continuación normal de los requisitos para quienes habían culminado materias.

De otro lado, en cuanto a la existencia del daño a la salud, reposa en el plenario una constancia suscrita por una psicóloga particular, en la que se indica que el señor Mauricio Aurelio Botina Carvajal presentaba un trastorno depresivo por efectos de lo acontecido en la universidad y, que aquel debía continuar en tratamiento psicológico (fls. 66-65, c. ppal., Exp. 38189).

Así las cosas, la encuentra probado la lesión psíquica al demandante, la que se encuentra enmarcada dentro del daño a la salud por lo que aplicando criterios de equidad, reconocerá al demandante la suma de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes.

5.9. Gerardo Peña Perafan, Proceso Nº 38453.

El tribunal de primera instancia reconoció la suma de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes a su favor por concepto de perjuicio moral, decisión que fue impugnada por las accionadas.

Sobre la existencia de este perjuicio, la Sala encuentra lo siguiente:

— El señor Gerardo Peña Perafan cursó las materias correspondientes al programa de derecho en extensión de Popayán de la Universidad Libre, desde 1994 hasta el año 2000, quedando pendiente la presentación de una materia (oficio del 8 de marzo de 2006 suscrito por el rector seccional de Cali de la Universidad Libre fl. 22, c. pruebas 1, Exp. 38453, oficio SIN-047-06 del 08 de marzo de 2006 suscrito por el Síndico de la Universidad Libre - seccional Cali).

— Posteriomente, en octubre y diciembre de 2000 presentó los preparatorios de privado I y II (oficio SIN-047-06 del 08 de marzo de 2006 suscrito por el Síndico de la Universidad Libre - seccional Cali fl. 25, c. pruebas 1, Exp. 38453; control de presentación de preparatorios fl. 27, c. pruebas 1, Exp. 38453).

— A raíz de lo acontecido en la universidad por la falta del registro de programa, el señor Peña Perafan no pudo inscribir la materia faltante en el programa de derecho en extensión de Popayán y tuvo que realizar los exámenes de convalidación, los que iniciaron el 21 de septiembre de 2002 y fueron aprobados el 09 de febrero de 2003 (listado de pruebas de presentación de exámenes de convalidación fls. 260-265, c. ppal., Exp. 38073, fls. 15-25, 250-291 c. pruebas 1, Exp. 50207; fls. 360-374, c. pruebas 2).

— Toda vez que la materia faltante no podía ser vista en el programa de derecho de extensión en Popayán, la Universidad Libre exoneró al señor Peña Perafan a fin de que pudiera tomarla en la seccional de Cali y que cursó en el periodo 2003-2004 (Carta del 03 de febrero de 2003 suscrita por el Secretario General de la Universidad Libre dirigida al Secretario seccional fls. 429-430, c. ppal., Exp. 37885 y oficio del 8 de marzo de 2006 suscrito por el rector seccional de Cali de la Universidad Libre fl. 22, c. pruebas 1, Exp. 38453).

— El 26 de mayo de 2005 el aquí actor sustentó su trabajo de grado para optar el título de abogado y el 19 de agosto de 2005 se graduó como tal (fls. 25 y 32, c. pruebas 1, Exp. 38453).

— Reposa en el plenario constancia del 26 de mayo de 2003 de la secretaria de salud público municipal – Cali, por medio de la cual se indica que el señor Gerardo Peña consultó por dificultades del orden emocional generadas por la pérdida de empleo y por no haber culminado con éxito su carrera de derecho y ciencias políticas. Valorado se indicó que tiene un trastorno emocional grave (fsl. 59-60, c. ppal., Exp. 38453).

Frente a lo anterior, la Sala observa que la mora que tuvo que soportar el demandante para culminar sus estudios de derecho comenzó desde el momento en que se vio compelido a presentar los exámenes de habilitación (25 de febrero de 2002) y hasta cuando se le indicó que podía iniciar la materia faltante (03 febrero de 2003), pues hasta tanto no presentara los exámenes y se le indicara en qué lugar podía presentar la materia, sus estudios de derecho tuvieron que ser suspendidos en hechos no atribuibles al actor y por los cuales, se le generó un impacto moral tal y como consta en la valoración psicológica realizada.

Es así que por la mora que tuvo que sufrir el actor, esta Sala reconocerá la suma de un salario mínimo legal mensual vigente por cada mes de mora para un total seis meses, conforme lo expuesto en el párrafo anterior.

Sobre esto último, en el caso particular a diferencia de otros demandantes no se reconocerá la indemnización hasta la fecha de grado, toda vez que el accionante acreditó únicamente que la mora se dio en el hecho de no poder cursar la materia faltante.

En el sub lite, la mora no se predica frente a la falta de título, toda vez que para la época de los hechos, el actor no había culminado sus materias de derecho y se encontraba pendiente de presentar la monografía, la que no acreditó fue presentada con anterioridad a la suspensión del programa de derecho y, que por tal razón, le fue imposible sustentarla, o que en su defecto, no pudo presentarla por la falta de acreditación del programa.

5.10. Carmen Elena Ramírez Arroyave, Proceso Nº 38323.

El tribunal de primera instancia reconoció la suma de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes a su favor por concepto de perjuicio moral, decisión que fue impugnada por el Icfes y la parte actora, esta última quien solicitó se aumentara la condena por concepto de perjuicio moral y, se reconociera e indemnizará el perjuicio psicológico.

Sobre el particular, frente a la existencia del perjuicio la Sala encuentra lo siguiente:

— Culminado el pensum académico en el año 2001 y, en razón a lo acontecido con la universidad (fl. 976. c. pruebas 4, Exp. 38323), mediante memorial del 18 de marzo de 2002, la señora Carmen Elena Ramírez Arroyave solicitó se le exonerara de la presentación de los exámenes preparatorios y se le permitiera presentar la monografía para optar al título de abogada (fls. 955-957, c. pruebas 4, Exp. 38323).

— En escrito del 02 de abril de 2002, la decana de la facultad de derecho y ciencias políticas le informó a la aquí demandante que no le podía exonerar de preparatorios y, que en todo caso debía presentar previamente los exámenes de idoneidad a realizar en la Pontificia Universidad Bolivariana (fl. 953, c. pruebas 4, Exp. 38323).

— Presentados los exámenes de idoneidad, la actora pudo presentar los preparatorios (todos realizados y aprobados el 26 de abril de 2003 fl. 936, c. pruebas 4, Exp. 38323) y sustentar el 27 de noviembre de 2003 su monografía obteniendo su grado el 11 de diciembre de 2003 (fl. 943, c. pruebas 4, Exp. 38323).

— Reposan en el expediente los testimonios de Sonia Consuela Ramírez Arroyave (fls. 19-22, c. pruebas 1, Exp. 38323) y Máximo Imbachi (fls. 24-27, c. pruebas 2, Exp. 38323) quienes narraron sobre el perjuicio causado a la actora.

— Obra en el plenario dictamen de psiquiatría forense elaborado por el Instituto de Medicina Legal el 29 de enero de 2007 (fls. 28-38, c. pruebas 1) mediante el cual se concluye que a raíz de los hechos por los cuales se demandó, “de manera razonable se puede concluir que ha padecido una perturbación psíquica secundaria a los hechos denunciados cuyo carácter es transitorio”.

— Constancia del 23 de septiembre de 2009, suscrita por la decana, el director seccional de registro académico de la Universidad Libre en Cali (fl. 194, c. ppal., Exp. 38323) mediante el cual indican que la señora Carmen Elena Ramírez Arroyave aprobó el plan de estudios de la facultad de derecho y ciencias políticas mediante pruebas de idoneidad realizadas por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en cumplimiento de la Resolución 895 del 16 de mayo de 2002 del Icfes.

— Acta de grado del 11 de diciembre de 2003 (fl. 195, c. ppal., Exp. 38323).

Revisado lo anterior, la Sala encuentra que el perjuicio moral se encuentra demostrado, en tanto se tiene que la demandante pese a que estaba pidiendo presentar y sustentar su tesis para obtener el título de abogada(109), ello no le fue permitido sino hasta después de presentar los exámenes de convalidación y, una vez hechos estos, pudo sustentar su tesis y obtener su grado.

La mora en poder graduarse implicó un perjuicio moral para la accionante, por lo que se reconocerá un salario mínimo mensual vigente por cada mes durante los cuales se prolongó la espera, lo que tuvo lugar entre febrero de 2002, fecha en la que se ordenó la realización de los exámenes de habilitación –al mes siguiente el actor solicitó se le permitiera presentar su tesis lo que no aconteció por los hechos señalados- y, diciembre de 2003 cuando finalmente se graduó. Así las cosas la indemnización a reconocer por daño moral será equivalente a treinta y un (31) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

De igual forma, la Sala encuentra probada la existencia del daño a la salud, toda vez que la demandante sufrió un trastorno depresivo transitorio al no poder graduarse dentro de la oportunidad legal, aspecto que se encuentra demostrado en el dictamen realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal, por lo que, aplicando criterio de equidad se le reconocerá la suma de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes.

5.11. María Elena Zuleta Mayorquin, Proceso Nº 50207.

El tribunal de primera instancia reconoció por concepto de perjuicios morales la suma de treinta salarios mínimos legales mensuales vigentes, decisión que fue impugnada por las accionadas y la parte actora, esta última quien solicitó le fuesen reconocidos los perjuicios materiales, en especial lo atinente a los ingresos dejados de percibir por no haberse podido graduar en la oportunidad legal; así como que se aumentasen los perjuicios morales reconocidos en la primera instancia.

Sobre el particular, la Sala encuentra que a diferencia de los demás demandantes, el daño causado a la actora se encuentra en el hecho de que obtuvo su título profesional y, toda vez que no se encontraba radicada en el país cuando se exigieron los exámenes de convalidación en la Universidad Pontificia Bolivariana, no los pudo presentar razón por la cual su título de abogada fue anulado.

Frente a esto último, la Sala observa que aunque posteriormente el título de abogada le fue concedido a la demandante, el daño frente a esta se predica en el hecho de pese a realizar la carrera de derecho y cumplir los requisitos de ley, debido a la falta de registro del programa, aquel le fue anulado y pasaron bastantes años antes de que la actora pudiera realizar la convalidación del título, tal y como pasa a explicarse:

— La señora María Elena Zuleta Mayorquín, antes de que se notificara la Resolución 1493 del 23 de julio de 2001 que sancionaba en principio a la Universidad Libre, cumplió con todos los requisitos de ley para optar por el título de abogada, el que le fue otorgado el 26 de julio de 2001 (acta de grado de dicha fecha fl. 187, c. ppal. 1, Exp. 50207).

— Con posterioridad a la obtención del título y, en vista a que el programa de derecho de extensión ubicado en la ciudad de Popayán no contaba con el registro en el SNIES, se ordenó realizar pruebas de comprobación de requisitos mínimos, incluso para aquellas personas que ya hubieran obtenido su título profesional, como era el caso de la demandante.

— Las pruebas realizadas por la Universidad Pontificia Bolivariana se llevaron a cabo en la ciudad de Popayán, sin que a las mismas pudiera asistir la señora Zuleta Mayorquin, quien se encontraba para dicho momento radicada en España (cruce de correos electrónicos entre la demandante y miembros de la universidad en los que se expresa la imposibilidad física de asistir fls. 99-104, c. pruebas 1, Exp. 50207).

— En el cruce de correos electrónicos entra la demandante y miembros de la universidad se tiene que se buscó que aquella presentará los exámenes a distancia, sin embargo, finalmente estos no pudieron realizarse (cruce de correos electrónicos entre la demandante y miembros de la universidad en los que se expresa la imposibilidad física de asistir fls. 99-104, c. pruebas 1, Exp. 50207).

— Como quiera que la demandante no pudo asistir a las pruebas realizadas por la Universidad Pontificia Bolivariana, su acta de grado fue anulada en el año 2003 (Certificación del 24 de julio de 2006(110), fls. 93 y 95 c, pruebas, Exp. 50207), hecho este que le llevó a consultar con psicólogos (fl. 403, c. pruebas 2, Exp. 50207).

— Aunque en el plenario no hay constancia de la fecha exacta en la se convalidó el título profesional de la demandante, una revisión al Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia da cuenta que su tarjeta profesional fue expedida el 17 de febrero de 2014, lo que implica a que su título fue finalmente convalidad con anterioridad a dicha fecha.

Conforme lo anterior, la Sala encuentra que el perjuicio moral causado a la demandante se encuentra acreditado, pues se reitera, pesé a que había cumplido con los requisitos de ley vio anulado su título de abogada por lo que existió una mora en la convalidación del título lo que le causó daños extrapatrimoniales.

Sobre esto último, la Sala observa que la actora no se encontraba llamada a soportar la anulación del título en vista que no pudo presentar los exámenes de convalidación en las fechas inicialmente fijadas, sin embargo, el largo tiempo para convalidar el título no solo es imputable a la demandada, pues si bien la actora se encontraba fuera del país le asistía también el deber de realizar —en fechas posteriores— los exámenes de convalidación.

En el plenario, la demandante no acreditó que luego del cruce de correos electrónicos y la nulidad de su acta de grado, realizó alguna solicitud a fin de que se revocara la nulidad, o que su título fuera convalidado, razón por la cual, si bien existe un daño moral, la tasación del mismo no puede darse hasta la fecha en que la actora obtuvo o le fue convalidado su título profesional.

Como parámetro diferenciador, la Sala tendrá como plazo prudencial para que la actora convalidara el título profesional el de abril de 2006(111), fecha en que la Universidad Libre acogió un nuevo plan de estudios para el programa de derecho, muy diferente al realizado por la actora y que exigía nuevas materias a fin de obtener el título de derecho.

En ese orden de ideas, la Sala considera justo y equitativo que para este particular evento se reconozca un salario mínimo mensual vigente desde el momento en que se ordenó la realización de los exámenes de idoneidad —25 de febrero de 2002— (los que al no poder realizarse llevaron a la anulación del título) hasta abril de 2006, fecha en la que entró a regir un nuevo plan de estudios para un total de cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Ahora bien, en cuanto a la existencia del perjuicio material, la Sala encuentra este no se encuentra demostrado, pues tal y como fue señalado anteriormente, cuando se anuló el título profesional de la demandante aquella se encontraba radicada en el país ibérico y, no demostró que antes de la anulación había convalidado su título profesional en el lugar donde se encontraba radicada, así como que se hallaba ejerciendo la profesión en dicho estado.

5.12. José Rodrigo Orejuela Trujillo, Proceso Nº 39400.

El tribunal de primera instancia reconoció la suma de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes a su favor, decisión que fue impugnada por el Icfes y el accionante, este último quien solicitó se aumentaran los perjuicios morales y se reconociera el perjuicio psicológico.

Sobre el particular, frente a la existencia del perjuicio se tiene lo siguiente:

— Terminada las materias del pensum del programa de extensión en el año 2000, el señor José Rodrigo Orejuela Trujillo presentó los preparatorios los que culminó el 2 de abril de 2001 (fl. 1417, c. 9, Exp. 39400).

— Así mismo, a la par que presentaba los exámenes preparatorios, el señor Orejuela Trujillo ejerció el cargo de auxiliar judicial ad honorem en el Tribunal Superior de Popayán, durante 8 horas diarias desde el 20 de noviembre de 2000 hasta el 20 de agosto de 2001 (Concepto favorable del Tribunal Superior de Popayán para aprobar la judicatura y, en el cual se indicó que fue auxiliar judicial ad honorem mediante Resolución 01 del 20 de noviembre de 2000, durante 8 horas diarias, desde el 20 de noviembre hasta el 20 de agosto de 2001 fl. 49, c. ppal., Exp. 39400).

— Posteriormente, la dirección del Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa - Unidad de Registro Nacional de Abogados, mediante oficio Nº 3899 del 27 de diciembre de 2001 le informó al demandante sobre la decisión de abstenerse de reconocer la judicatura por la falta del registro del programa (fl. 48, c. ppal., Exp. 39400).

— En Resolución 2301 del 27 de agosto de 2002 (fls. 63-67, c. ppal., Exp. 39400), la directora de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia reitera la negativa el reconocimiento de la práctica jurídica establecida como requisito para optar al título de abogado al señor José Rodrigo Orejuela Trujillo.

— Por lo anterior, el señor Orejuela Trujillo en vista que la judicatura no era aprobada por la falta del registro, una vez presentados los exámenes de convalidación, optó por realizar la tesis para finalmente graduarse el 21 de noviembre de 2003 (acta de sustentación de tesis fl. 1418, c. 9, Exp. 39400 y acta de grado del 21 de noviembre de 2003 fl. 1416 c. 9, Exp. 39400).

— Reposa en el plenario el testimonio del señor Jesús Molina Rebolledo (fls. 23-27, c. pruebas 1, Exp. 39400), que se refiere a la afectación sufrida por el demandante por la improbación de la judicatura y la mora en la obtención del título.

Conforme lo anterior, se tiene que con ocasión de los hechos referidos (esto es, la suspensión del programa de derecho con extensión en la ciudad de Popayán) al aquí demandante no le fue aprobada la práctica jurídica para optar al título de abogado, pese a cumplir con dicho requisito.

Desde la primera negativa, esto es la del 27 de diciembre de 2001, hasta cuando obtuvo su grado pasaron 23 meses, lo que significó para el señor Orejuela Trujillo una mora que le causó perjuicios morales, en tanto se tiene que pese a que cumplía con los requisitos de ley para obtener el título de abogado, la judicatura le fue improbada toda vez que el programa de derecho estudiado no tenía registro, lo que le causó un daño moral tal y como se aprecia en el testimonio del señor Jesús Molina Rebolledo (fls. 23-27, c. pruebas 1, Exp. 39400).

Por ende, la Sala reconocerá al accionante un salario mínimo mensual vigente por cada mes durante los cuales se prolongó la espera, lo que tuvo lugar entre diciembre de 2001, fecha en la que por primera vez se negó el reconocimiento de la judicatura y, noviembre de 2003, cuando finalmente se graduó, por lo que la indemnización a reconocer por daño moral será equivalente a veintitrés (23) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En cuanto al perjuicio psicológico, la Sala encuentra que en el recurso de apelación, el demandante señaló que dicho perjuicio se encontraba demostrado con los testimonios obrantes en el plenario que se refirieron a la existencia del mismo.

Sobre el particular, la Sala encuentra que no hay lugar a indemnizar dicho perjuicio, toda vez que el mismo no se encuentra demostrado.

En efecto, los testigos hacen referencia a la asistencia de un trauma psicológico, sin embargo, su dicho no es suficiente prueba para demostrar la existencia de un daño a la salud, pues al plenario debía acompañarse pruebas que soportasen su dicho, razón por la cual, el reconocimiento del perjuicio será negado.

5.13. José Rodrigo Orozco, Proceso Nº 44202.

El tribunal de primera instancia reconoció la suma de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes a su favor, decisión que fue impugnada por las demandadas y el accionante, este último quien solicitó se modificara el fallo impugnado, en el sentido de que se reconociera el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante en valor de $ 50.000.000, así como el perjuicio moral en la suma de 300 s.m.l.m.v y, se reconociera e indemnizara el perjuicio psicológico.

Al respecto, la Sala modificará la decisión impugnada reconociendo al actor por concepto de perjuicio moral tan solo la suma de seis salarios mínimos legales mensuales vigentes y, negará el perjuicio material, en tanto no se encuentra demostrado.

En efecto, de las pruebas allegadas al plenario, se tiene lo siguiente:

— El señor José Rodrigo Orozco terminó sus estudios en el año 2001 (fl. 52, c. ppal. 1, Exp. 44202).

— Una vez terminó sus estudios, tuvo que realizar los exámenes de idoneidad para validar la carrera cursada, los que fueron presentados en la Universidad Pontificia Bolivariana del 21 de septiembre de 2002 al 09 de noviembre de 2002, y la aprobación definitiva de los mismos se realizó el 03 de febrero de 2003 (fls. 348 y 353, c. pruebas 1, Exp. 38189).

— Reposa en el plenario el testimonio de la señora Icara Inés Segura (fls. 49-51, c. pruebas 1, Exp. 44202) y la valoración psicológica realizada al actor, en el cual se narra sobre el daño por él padecido y referido a un estado depresivo que le genera sentimientos de frustración y tristeza (fl. 58, c. ppal., Exp. 44202).

Conforme lo anterior, la Sala encuentra que respecto del señor José Rodrigo Orozco se encuentra demostrado que una vez culminó sus materias, durante once meses tuvo que esperar mientras se realizaban los exámenes de idoneidad en la Universidad Pontificia Bolivariana para convalidar los conocimientos adquiridos en la Universidad Libre, hecho este que le causó un daño moral, tal y como se observa en el testimonio obrante en el plenario.

Frente al reconocimiento del perjuicio moral, la Sala reconocerá un salario mínimo legal mensual vigente por cada mes que el demandante gastó en la presentación del examen de idoneidad, para un equivalente a once salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Sobre esto último, al igual que el caso del demandante Mauricio Aurelio Botina Carvajal se precisa que no se reconoce hasta la fecha de grado, en tanto el actor no demostró en el plenario que además del tiempo invertido en los exámenes de idoneidad tuvo dificultades para poder graduarse.

En efecto, el accionante no acreditó que al momento de terminar sus materias cumplía con todos los requisitos para poder graduarse, tales como la presentación de preparatorios, la acreditación de la judicatura o en su defecto la monografía y, que estas no le fueron aceptadas o no se le permitió presentárselas en razón a la falta del registro.

Por el contrario, tan solo está acreditado que la presentación de nuevos exámenes y la angustia generada por la incertidumbre de no saber si podía realizar los trámites que le faltaban, generaron en el actor un perjuicio moral que será indemnizado en el tiempo que gastó en la presentación de dichos exámenes, al cabo de los cuales, se permitió la continuación normal de los requisitos para quienes habían culminado materias.

En cuanto al perjuicio psicológico, se encuentra que en el plenario reposa una valoración psicológica (fls. 66-65, c. ppal., Exp. 38189) en el que se constata la existencia del mismo y, como quiera que este se encuentra enmarcada en el denominado daño a la salud, acudiendo a criterios de equidad le será reconocido al demandante la suma de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de dicho daño.

De otro lado, en cuanto al perjuicio material por concepto de lucro cesante, este será negado, pues en el plenario se encuentra demostrado que el señor José Rodrigo Orozco labora para el Banco de la República desde el 03 de julio de 1984 (fl. 670, c. pruebas 3, Exp. 44202) y, no demostró, que por la carencia del título perdió alguna oportunidad de ascenso, o que dejó de percibir un ingreso económico.

Así mismo, en cuanto a los gastos económicos realizados por el actor, se tiene que los mismos correspondieron a las erogaciones comunes para la obtención del título profesional, de tal manera que aquellos serán negados.

6. Determinación adicional.

Toda vez que en el proceso acumulado Nº 4853 se embargaron por parte de los juzgados primero y segundo civiles municipales de Popayán los derechos litigiosos que pudieran corresponderle al señor Gerardo Peña Perafan al interior del expediente, embargos que aún no han sido levantados, la Sala ordenará que por Secretaría de la Sección se comunique esta decisión a dichos juzgados para lo de su competencia.

7. Costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR las sentencias del seis, ocho, veintisiete y veintinueve de octubre de 2009, veinticuatro de noviembre de 2009, dos de diciembre de 2009, veintiuno de enero de 2010, dos y veintitrés de febrero de 2010, quince de junio de 2010, veintinueve de septiembre de 2011 y veintitrés de agosto de 2013, proferidas todas ellas por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, las cuales quedarán así:

1. DECLÁRESE a la Nación, representada por el Ministerio de Educación Nacional y al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior Icfes, solidariamente responsables de los perjuicios causados a los señores María Aleyda Gómez Muñoz, Alba Diomar Gómez Muñoz, Olga Lidia Melo Mora, Gloria Lilia Toro Castro, Yaneth Quiñonez López, José Vicente Peña Sánchez, Carlos Alberto Ordoñez Girón, Mauricio Aurelio Botina Carvajal, Gerardo Peña Perafan, Carmen Elena Ramírez Arroyave, María Elena Zuleta Mayorquin, José Rodrigo Orejuela Trujillo y José Rodrigo Orozco.

2. Como consecuencia de lo anterior CONDENAR a la Nación, representada por el Ministerio de Educación Nacional y al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior Icfes, a pagar solidariamente a los demandantes, las siguientes sumas de dinero por concepto de perjuicio moral:

2.1. A favor de María Aleyda Gómez Muñoz la suma de veinticuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.

2.2. A favor de Alba Diomar Gómez Muñoz la suma de veinticuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.

2.3. A favor de Olga Lidia Melo Mora la suma de veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.

2.4. A favor de Gloria Lilia Toro Castro la suma de once salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.

2.5. A favor de Yaneth Quiñonez López la suma veintitrés salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.

2.6. A favor de José Vicente Peña Sánchez la suma de veintinueve salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.

2.7. A favor de Carlos Alberto Ordoñez Girón la suma de treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.

2.8. A favor de Mauricio Aurelio Botina Carvajal la suma de once salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.

2.9. A favor de Gerardo Peña Perafan la suma de once salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.

2.10. A favor de Carmen Elena Ramírez Arroyave la suma de treinta y un salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.

2.11. A favor de María Elena Zuleta Mayorquin la suma de cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.

2.12. A favor de José Rodrigo Orejuela Trujillo la suma de veintitrés salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.

2.13. A favor de José Rodrigo Orozco la suma de once salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.

3. Como consecuencia de la primera declaración CONDENAR a la Nación, representada por el Ministerio de Educación Nacional y al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior Icfes, a pagar solidariamente a los demandantes, las siguientes sumas de dinero por concepto de daño a la salud:

3.1. A favor de María Aleyda Gómez Muñoz la suma de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.

3.2. A favor de Alba Diomar Gómez Muñoz la suma de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.

3.3. A favor de Gloria Lilia Toro Castro la suma de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.

3.4. A favor de Mauricio Aurelio Botina Carvajal la suma de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.

3.5. A favor de Carmen Elena Ramírez Arroyave la suma de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.

3.6. A favor de José Rodrigo Orozco la suma de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.

4. NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. El tribunal LIBRARÁ las comunicaciones necesarias para el cumplimiento de este fallo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 177 del C.C.A y 362 del C.P.C.

7. Para dar cumplimiento a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, EXPÍDANSE copias auténticas de esta sentencia, con constancia de ejecutoria, con destino a las partes y por intermedio de sus apoderados (art. 115 del C.P.C. y 37 del Decreto 359 de 1995). Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas a los apoderados judiciales que han venido actuando en cada uno de ellos.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

3. RECONOCER personería al abogado Oscar Fernando Ruano Bolaños, como apoderado de la Nación - Ministerio de Educación Nacional en los procesos acumulados e identificados con los números internos Nº 37873, Nº 38073, Nº 38604, Nº 38189, Nº 38453, Nº 38323, Nº 39400 y Nº 44202 en los términos y para los efectos de los poderes visibles en folio 493, c. ppal., Exp. 37873; folio 551, c. ppal., Exp. 38073; folio 427, c. ppal., Exp. 38604; folios 445, c. ppal., Exp. 38189; folio 603, c. ppal., Exp. 38453; folio 357, c. ppal., Exp. 38323; folio 461, c. ppal., Exp. 39400 y folio 512, c. ppal., Exp. 44202.

4. RECONOCER personería al abogado Diego Javier Lancheros Perico, como apoderado del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Icfes, en proceso acumulado e identificado con el número interno Nº 38453, en los términos y para los efectos del poder visible en folio 591 del cuaderno principal, Exp. 38453.

5. Como quiera que en el proceso acumulado Nº 4853 se embargaron por parte de los juzgados primero y segundo civiles municipales de Popayán los derechos litigiosos que pudieran corresponderle al señor Gerardo Peña Perafan al interior del expediente, embargos que aún no han sido levantados, por secretaría de la sección comuníquese de esta decisión a dichos juzgados para lo de su competencia.

6. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Estando todos los trece procesos de la referencia esperando el turno para fallo, mediante auto del 17 de marzo de 2017 se ordenó la acumulación de los mismos con miras entre otros aspectos, a garantizar la eficacia del principio de economía procesal (fls. 748-753, c. ppal., Exp. 37885).

42 Código Contencioso Administrativo, artículo 164: “(…) En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada”.

43 Las demandas fueron presentadas en el año 2003, mientras que los recursos de apelación fueron presentados bajo el amparo de la Ley 446 de 1998, con excepción del proceso 50207, que señalaba que para que un proceso de reparación directa fuera conocido por esta corporación en segunda instancia, la cuantía exigida debía superar los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la presentación de la demanda.
En el caso del proceso 50207, el recurso de apelación fue interpuesto en vigencia de la Ley 1395 de 2010, que dispuso la suma de todas las pretensiones para determinar la cuantía y el sub lite, al sumarlas se superan los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes al año 2003.

44 Vigente para el momento de los hechos que dieron lugar a la presentación de la demanda de la referencia.

45 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022. M.P. Enrique Gil Botero.

46 La Resolución 805 del 1º de abril de 1992 fue aportada en los procesos de la referencia y visible en folios fls. 149-153, 331-340, c. ppal., Exp. 37885; fls. 30-39, c. pruebas, Exp. 37885; fls. 207216, 290-299, c. ppal., Exp. 38579; fls. 215-224, Exp. 38579; fls. 130-139, c. ppal., Exp. 38911; fls. 72-81, c. ppal., Exp. 38911; fls. 485-494, c. pruebas 2, Exp. 38911; fls. 210-219, c. ppal., Exp. 37873; fls. 76-85, c. pruebas, Exp. 37873; fls. 119-128, c. ppal., Exp. 38073; fls. 161-170, c. pruebas 1, Exp. 38073; fls. 181-190, c. ppal., Exp. 38604; fls. 22-31, c. pruebas, Exp. 38604; fls. 84-94, c. ppal., Exp. 38578; fls. 266-275, c. ppal., Exp. 38578; fls. 381-390, c. ppal., Exp. 38578; fls. 166-174, c. pruebas, Exp. 38578; fls. 119-128, 230-239 c. ppal. y fls. 53-62, c. pruebas 1, Exp. 38189; fls. 201-210 c. ppal. y fls. 65-72, fls. 246-255 c. pruebas, Exp. 38453; fls. 57-66, c. pruebas 1, Exp. 38323; fls. 148-137(sic), c. ppal. fls. 182-186, c. pruebas 1, fls. 341-350, c. pruebas 2, Exp. 50207; fls. 207-216, c. ppal., Exp. 39400 y fls. 449-458, c. pruebas 3, Exp. 44202.

47 Resolución visible en fls. 154-155, c. ppal., Exp. 37885; fls. 40-41, c. pruebas, Exp. 37885; fls. 225-226, c. pruebas, Exp. 38579; fls. 86-87, c. pruebas, Exp. 38911; fls. 495-496, c. pruebas 2, Exp. 38911; fls. 86-87, c. pruebas, Exp. 37873, fls. 174-175, c. pruebas 1, Exp. 38073; fls. 94-95, c. ppal., Exp. 38578; fls. 176-177, c. pruebas, Exp. 38578; fls. 63-64, c. pruebas 1, Exp. 38189; fls. 84-85, fls. 256-257 c. pruebas, Exp. 38453; fls. 67-68, c. pruebas 1, Exp. 38323; fls. 190-191, c. pruebas 1, Exp. 50207; fls. 459-460, c. pruebas 3, Exp. 44202.

48 Acta visible en fls. 42-44, c. pruebas, Exp. 37885, fls. 230-232, c. pruebas 4, Exp. 38579; fls. 91-93, c. pruebas, Exp. 37873; fls. 176-177, c. pruebas 1, Exp. 38073; fls. 181-183, c. pruebas, Exp. 38578; fls. 68-70, c. pruebas 1, Exp. 38189; fls. 129-131, c. pruebas 1, Exp. 38453; fls. 261-263, c. pruebas 1, Exp. 38453; fls. 72-74, c. pruebas 1, Exp. 38323; fls. 192-194, c. pruebas 1, Exp. 50207; fls. 464-466, c. pruebas 3, Exp. 44202.

49 Fls. 236-237, c. pruebas 4, Exp. 38579; fls. 97-98, c. ppal., Exp. 37873; fls. 222-223, c. pruebas 1, Exp. 38073; fls. 187-188, c. pruebas, Exp. 38578; fls. 74-75, c. pruebas, Exp. 38189; fls. 86-87, fls. 267-268 c. pruebas, Exp. 38453; fls. 78-79, c. pruebas 1, Exp. 38323; fls. 198-200, c. pruebas 1, Exp. 50207; fls. 470-471, c. pruebas 3, Exp. 44202.

50 Fls. 61-62, c. pruebas, Exp. 37885; fls. 248-249, c. pruebas 4, Exp. 38579; fls. 88-89, c. pruebas 1, Exp. 38911; fls. 194-195, c. pruebas 1, Exp. 38073; 88-89, c. pruebas 1, Exp. 38453; fls. 209-210, c. pruebas 2, Exp. 50207.

51 Fls. 111-112, c. pruebas, Exp. 37873; fls. 202-203, c. pruebas, Exp. 38578; fls. 88-89, c. pruebas 1, Exp. 38189; fls. 281-282, c. pruebas 1, Exp. 38453; fls. 92-93, c. pruebas 1, Exp. 38323; fls. 485-486, c. pruebas 3, Exp. 44202.

52 Fls. 156-157, c. ppal., Exp. 37885, fls. 63-64, c. pruebas, Exp. 37885; fls. 250-251, c. pruebas 4, Exp. 38579; fls. 90-91, c. pruebas 1, Exp. 38911; fls. 510-511, c. 2 pruebas, Exp. 38911; fls. 113-114, c. pruebas, Exp. 37873; fls. 196-197, c. pruebas 1, Exp. 38073; fls. 96-97, c. ppal., Exp. 38578; fls. 204-205, c. pruebas, Exp. 38578; fls. 90-91, c. pruebas, Exp. 38189; fls. 90-91, 283-284 c. pruebas 1 Exp. 38453; fls. 94-95, c. pruebas 1, Exp. 38323; fls. 211-212, c. pruebas 2, Exp. 50207; fls. 487-488, c. pruebas 3, Exp. 44202.

53 Fls. 71-72, c. pruebas, Exp. 37885; fls. 258-259, c. pruebas 4, Exp. 38579; fls. 92-93, c. pruebas 1, Exp. 38911; fls. 121-122, c. pruebas, Exp. 37873; fls. 204-205, c. pruebas, Exp. 38073; fls. 212-213, c. pruebas, Exp. 38578; fls. 98-99, c. pruebas 1, Exp. 38189; fls. 92-93, 291-292 c. pruebas 1, Exp. 38453; fls. 102-103, c. pruebas 1, Exp. 38323; fls. 219-220, c. pruebas 1, Exp. 50207; fls. 495-496, c. pruebas, Exp. 44202.

54 Fls. 73-74, c. pruebas, Exp. 37885; fls. 260-261, c. 4 pruebas, Exp. 38579; fls. 123-124, c. pruebas, Exp. 37873; fls. 206-207, c. pruebas, Exp. 38073; fls. 214-215, c. pruebas, Exp. 38578; fls. 100-101, c. pruebas, Exp. 38189; fls. 124-128, 293-294 c. pruebas 1, Exp. 38453; fls. 104-105, c. pruebas 1, Exp. 38323; fls. 221-222, c. pruebas 1, Exp. 50207; fls. 497-498, c. pruebas 3, Exp. 44202.

55 Fls. 158-159, c. ppal., Exp. 37885; fls. 463-464, c. ppal., Exp. 37885, fls. 75-76, c. pruebas, Exp. 37885; fls. 217-218, c. ppal., Exp. 38579; fls. 300-301, c. ppal., Exp. 38579; fls. 191-192, c. pruebas 4, Exp. 38579; fls. 140-141, Exp. 38911; fls. 84-85, c. pruebas 1, Exp. 38911; fls. 512-513, c. 2 pruebas, Exp. 38911; fls. 220-221, c. ppal., Exp. 37873; fls. 125-126, c. pruebas, Exp. 37873; fls. 129-130, c. ppal., Exp. 38073; fls. 208-209, c. pruebas, Exp. 38073; fls. 191-192, c. ppal., Exp. 38604; fls. 98-99, c. ppal., Exp. 38578; fls. 391-392, c. ppal., fls. 216-217, Exp. 38578; fls. 129-130, 240-241, c. ppal., Exp. 38189; fls. 102-103, c. pruebas 1, Exp. 38189; fls. 211-212, c. ppal. y fls. 94-95, c. pruebas 1, Exp. 38453; fls. 106-107, c. pruebas 1, Exp. 38323; fls. 158-162, c. ppal. fls. 223-224, c. pruebas 1, Exp. 50207; fls. 217-218, c. ppal., Exp. 39400; fls. 499-500, c. pruebas, Exp. 44202.

56 Para el momento en que se profirió la Resolución 1040 del 16 de febrero de 1994, en la Universidad Libre se encontraban vigentes los estatutos adoptados por el Acuerdo 01 de 1986 que en su literal c del artículo 28 hacía referencia a que la Sala general de la universidad era el órgano competente para reformar los estatutos, el Ministerio de Educación levantó la suspensión de esta competencia que tenía la Sala general, con el único propósito de que se dictaran unos nuevos estatutos. Las demás funciones de la Sala general continuaron suspendidas. Los estatutos del año de 1986 fueron aportados en los diversos procesos acumulados y se encuentran visibles en fls. 293-302, c. pruebas, Exp. 37885; fls. 363-372, c. pruebas, Exp. 37885; fls. 170-179, c. pruebas 4, Exp. 38579, fls. 115-133, c. pruebas 1, Exp. 38911; fls. 48-65, c. pruebas, Exp. 37873; fls. 190-208, c. pruebas, Exp. 37873; fls. 133-143, c. pruebas, Exp. 38073; fls. 52-61, c. pruebas, Exp. 38604; fls. 353-368, c. pruebas, Exp. 38578; fls. 167-185, c. pruebas 1, Exp. 38189; fls. 169-187, c. pruebas 1, Exp. 38453; fls. 255-273, c. pruebas 1, Exp. 38323; fls. 156-164, c. pruebas 1, Exp. 50207; fls. 649-658, c. pruebas 3, Exp. 44202.

57 Fls. 304-312, c. pruebas, Exp. 37885, fls. 373-392, c. pruebas, Exp. 37885; fls. 180-189, c. pruebas 4, Exp. 38579; fls. 105-114, c. pruebas 1, Exp. 38911; fls. 66-75, c. pruebas, Exp. 37873; fls. 209-218, c. pruebas, Exp. 37873; fls. 275-293, c. ppal., Exp. 38073; fls. 144-153, c. pruebas, Exp. 38073; fls. 340-349, c. pruebas 2, Exp. 38073; fls. 63-71, c. pruebas, Exp. 38604; fls. 369-374, c. pruebas, Exp. 38758; fls. 186-195, c. pruebas 1, Exp. 38189; fls. 149-168, c. pruebas 1, Exp. 38453; fls. 274-283, c. pruebas 1, Exp. 38323; fls. 165-170, c. pruebas 1, Exp. 50207; fls. 659-668, c. pruebas 3, Exp. 44202.

58 Acta de reunión del 8 de agosto de 1994, visible en folios fls. 431-433, c. ppal., Exp. 37885; fls. 268-270, c. ppal., Exp. 38579; fls. 37-39, c. ppal., Exp. 38911; fls. 321-329, c. pruebas 1, Exp. 38911; fls. 437-439, c. pruebas 2, Exp. 38911; fls. 183-185, c. ppal., Exp. 37873; fls. 223-225, c. ppal., Exp. 38073; fls. 410-411, c. pruebas 2, Exp. 38073; fls. 359-361, c. ppal., Exp. 38578; fls. 200-202, c. ppal., Exp. 38189; fls. 173-175, c. ppal., Exp. 38453; fls. 185-187, c. ppal., Exp. 39400.

59 Cartilla sobre la presentación del programa de la facultad de derecho y ciencias políticas extensión Popayán, contexto geográfico, presupuesto de ingresos y egresos 1994 (fls. 259-267, c. ppal., Exp. 38579; fls. 60-66, c. ppal., Exp. 38911, fls. 175-182, c. ppal., Exp. 37873, fls. 350-358, c. ppal., Exp. 38578; fls. 191-199, c. ppal., Exp. 38189; fls. 164-173, c. ppal., Exp. 38453; fls. 176-184, c. ppal., Exp. 39400.

60 El programa de derecho en la seccional Cali fue aprobado mediante Resolución 2378 de 1988 y, fue renovado mediante resoluciones 1734 del 05 de julio de 1991 y 3403 del 23 de diciembre de 1992 de la dirección general del Icfes (fls. 267-272, c. ppal., Exp. 38073).

61 Acta de consejo directivo 003 del 16 de agosto de 1994 de la Universidad Libre - seccional Cali, visible en fls. 77-84, c. pruebas, Exp. 37885; fls. 322-329, c. pruebas, Exp. 37885; fls. 108-115, c. pruebas 4, Exp. 38579; fls. 135-138, c. pruebas 1, Exp. 38911; fls. 271-277, c. pruebas 1, Exp. 38911; fls. 514-520, c. 2 pruebas, Exp. 38911; fls. 149-154, c. pruebas, Exp. 37873; fls. 38-45, c. pruebas EXP. 38073; fls. 358-365, c. pruebas 2, Exp. 38073; fls. 73-80, c. pruebas, Exp. 38604; fls. 318-323, c. pruebas, Exp. 38578; fls. 126-131, c. pruebas 1, Exp. 38189; fls. 207-210, c. pruebas 1, Exp. 38323; fls. 61-64, c. pruebas 1, Exp. 50207; fls. 601-604, c. ppal., Exp. 44202.

62 Visible en fls. 67-69, c. ppal., Exp. 38911; fls. 525-533, c. 2 pruebas, Exp. 38911.

63 Acta 22 del 26 de octubre de 1994, visible en fls. 88-97, c. pruebas, Exp. 37885; fls. 330-333, c. pruebas, Exp. 37885; fls. 118-127, c. pruebas 4, Exp. 38579; fls. 141-150, c. pruebas, Exp. 38911, fls. 327-328, c. pruebas 2, Exp. 38911; fls. 521-524, c. 2 pruebas, Exp. 38911; fls. 155-164, c. pruebas, Exp, 37873; fl. 48-51, c. pruebas 1, Exp. 38073; fls. 84-93, c. pruebas, Exp. 38604; fls. 47-56, c. pruebas, Exp. 38578; fls. 68-77, 324-333 c. pruebas, Exp. 38578; fls. 132-141, c. pruebas 1, Exp. 38189; fls. 58-61, c. pruebas 1, Exp. 38453; fls. 213-222, c. pruebas 1, Exp. 38323; fls. 67-76, c. pruebas 1, Exp. 50207; fls. 607-615, c. pruebas 3, Exp. 44202.
Certificación del 22 de agosto de 2001, mediante la cual el Secretario General de la corporación Universidad Libre, señaló que consiliatura de intervención en sesión de agosto 24 de 1994, acta Nº 20, autorizó la preinscripción en Popayán (fl. 439, c. ppal., Exp. 37885; fl. 276, c. ppal., Exp. 38579; fl. 40, c. ppal., Exp. 38911; fl. 191, c. ppal., Exp. 37873; fl. 367, c. ppal., Exp. 38578; fl. 208, c. ppal., Exp. 38189; fl. 181, c. ppal., Exp. 38453; fl. 193, c. ppal., Exp. 39400).

64 Resolución 100 del 30 de agosto de 1994 visible en fls. 19-20, c. ppal., Exp. 37885, fls. 85-87, c. pruebas ext. 37885; fls. 13-14, c. ppal., Exp. 38579; fls. 141-142, c. ppal., Exp. 38579; fls. 116-117 c. pruebas 4, Exp. 38579; fls. 34-35, c. ppal., Exp. 38911; fls. 139-140, c. pruebas, Exp. 38911; fls. 281-283, c. pruebas 1, Exp. 38911; fls. 324-326, c. pruebas 2, Exp. 38911; fls. 12-13, c. ppal., Exp. 37873; fls. 125-126, c. ppal., Exp. 37873; fls. 187-189, c. pruebas, Exp. 37873; fls. 22-23, c. ppal., Exp. 38073; fls. 182-183, c. ppal., Exp. 38073; fls. 46-47, c. ppal., Exp. 38073; fls. 34-35, c. ppal., Exp. 38604; fls. 136-137, c. ppal. Ex. 38604; fls. 81-83, c. pruebas, Exp. 38604; fl. 21, c. ppal., Exp. 38578; fls. 128-129, c. pruebas, Exp. 38578; fls. 12-13, c. ppal. y fls. 164-166, c. pruebas 1 Ex. 38189; fls. 12-13, c. ppal., Exp. 38453; fls. 115-116, c. ppal., Exp. 38453; fls. 211-212, 245-247, c. pruebas 1, Exp. 38323; fls. 65-66, c. pruebas 1, Exp. 50207; fls. 12-13, c. ppal., Exp. 39400; fls. 605-606, c. pruebas 3, Exp. 44202.

65 Fls. 334-336, c. pruebas 2, Exp. 38911; fls. 535-536, c. 2 pruebas, Exp. 38911).

66 Mediante este contrato, suscrito entre el gobernador del departamento del cauca y el presidente del consejo directivo Universidad Libre seccional Cali, se tuvo por objeto dos cláusulas principales: i) La Universidad Libre extendería sus programas de nivel superior (pregrado y posgrado) que adelanta en la ciudad de Cali, a la circunscripción territorial del departamento del Cauca y más concretamente a la ciudad de Popayán, bajo su dirección y responsabilidad, con anuencia y seguimiento de la administración central del departamento del Cauca, salvo la autonomía universitaria definida en la ley, ii) La universidad garantizaría la culminación de los distintos programas académicos que inicie, con el cumplimiento de todas las exigencias académicas que la ley y dicha entidad establezcan (…).
Contrato de vinculación visible en folios fls. 34-35, c. ppal., Exp. 37885; fls. 271-272, c. ppal., Exp. 38579; fls. 41-42, c. ppal., Exp. 38911; fls. 186-187, c. ppal., Exp. 37873; fls. 192-193, c. ppal., Exp. 37873; fls. 226-227, c. ppal., Exp. 38073; fls. 362-363, c. ppal., Exp. 38578; fls. 203-204, c. ppal., Exp. 38189; fls. 209-210, c. ppal., Exp. 38189, fls. 176-177 y 182-183, c. ppal., Exp. 38453; fls. 188-189, c. ppal., Exp. 39400.

67 Fls. 11-13, c. ppal., Exp. 38911; fls. 11-13, c. pruebas, Exp. 38604; fl. 35, c. ppal., Exp. 38578; fls. 3-4, c. ppal., Exp. 38189) el código Icfes que se utiliza corresponde a la facultad de Cali 45202 180743400007600111400, fls. 43-46, c. ppal., Exp. 38189, fls. 3-4, c. ppal., Exp. 38453) fls. 117-120, c. ppal., Exp. 38453; fls. 3-4, 43-46, c. ppal., Exp. 38323; fls. 4-8, c. ppal., Exp. 50207; fls. 3-4, 43-46, c. ppal., Exp. 39400.

68 La señora Ramírez Arroyave se inscribió al programa en el año de 1995, mientras que la señora Toro Castro se inscribió en el año de 1997 y al momento de la presentación de la demanda se encontraba culminado su sexto año de derecho.

69 Fls. 104-105, c. pruebas, Exp. 37885; fls. 199-200, c. pruebas 4, Exp. 38579; fls. 82-83, c. pruebas 1, Exp. 38911; fls. 133-134, c. pruebas, Exp. 37873; fls. 216-217, c. pruebas, Exp. 38073; fls. 224-225, c. pruebas, Exp. 38578; fls. 110-111, c. pruebas, Exp. 38189; fls. 96-97, c. pruebas 1, Exp. 38453; fls. 114-115, c. pruebas 1, Exp. 38323; fls. 507-508, c. pruebas 3, Exp. 44202.

70 Visible en folios 449 a 453 del cuaderno de pruebas 2, Exp. 38073.

71 Fls. 436-438, c. ppal., Exp. 37885; fls. 334-340, Exp. 37885; fls. 138-144, Exp. 38579; fls. 43-49, Exp. 38911; fls. 329-331 c. pruebas 2, Exp. 38911, fls. 364-370, c. pruebas 2, Exp. 38911; fls. 538-544, c. 2 pruebas, Exp. 38911; fls. 188-190, c. ppal., Exp. 37873; fls. 175-181, c. pruebas, Exp. 37873; fls. 228-230, c. ppal., Exp. 38073; fls. 52-58, c. ppal., Exp. 38073; fls. 418-420, c. pruebas 2, Exp. 38073; fls. 454-460, c. pruebas 2, Exp. 38073; fls. 364-366, c. ppal., Exp. 38578; fls. 344-350, c. pruebas, Exp. 38578; fls. 205-207, c. ppal., Exp. 38189; fls. 211-214, c. ppal. y fls. 152- 158, c. pruebas 1, Exp. 38189; fls. 178-180, fls. 184-186 c. ppal. y fls. 51-57, c. pruebas 1, Exp. 38453; fls. 233-239, c. pruebas 1, Exp. 38323; fls. 190-192, c. ppal., Exp. 39400; fls. 627-633, c. pruebas 3, Exp. 44202.

72 Resolución 3900 del 11 de septiembre de 1995 visible en fls. 116-117, c. ppal., Exp. 37885; fls. 210-211, c. pruebas 4, Exp. 38579; fls. 545-546, c. pruebas 2, Exp. 38911; fls. 144-145, c. pruebas, Exp. 37873; fls. 228-229, c. pruebas 1, Exp. 38073; fls. 236-237, c. pruebas, Exp. 38578; fls. 121-122, c. pruebas 1, Exp. 38189; fls. 82-83, 314-315 c. pruebas, Exp. 38453; fls. 125-126, c. pruebas 1, Exp. 38323; fls. 243-244, c. pruebas 1, Exp. 50207; fls. 519-520, c. pruebas 3, Exp. 44202.

73 Frente a la prórroga de la intervención, reposa en el plenario la Resolución 1025 del 18 de mayo de 2003 proferida por el director del Icfes y, por la cual se prorrogó la suspensión en el ejercicio de sus funciones de la Sala general, la consiliatura y el rector nacional de la Universidad Libre (fls. 502-504, c. pruebas 2, Exp. 38911).
De igual forma, se encuentra en el plenario el oficio del 21 de marzo de 2007 (fls. 203-204, c. pruebas 1, Exp. 38189), mediante la cual la subdirectora de inspección y vigilancia (e) del Ministerio de Educación Nacional certificó entre otros aspectos que: “Mediante resoluciones 1462, 2427, 3172 de 1992, 460 de 1993, 1025 de 1993 se prorrogó el plazo de suspensión en el ejercicio de funciones, cada una por el término de sesenta días más, comprendidos entre el 2 de julio y 28 de septiembre; el 29 de septiembre y el 28 de diciembre, el 29 diciembre de 1992 y el 25 de marzo de 1993 y el 26 de marzo y el 24 de junio de 1993 al 25 de junio de 1993 por sesenta días más”.

74 Resolución 201 del 26 de enero de 1996, visible en fls. 160-162, c. ppal., Exp. 37885; fls. 465-467, c. ppal., Exp. 37885; fls. 118-120, c. ppal., Exp. 37885; fls. 219-221, c. ppal., Exp. 38579; fls. 302-304, c. ppal., Exp. 38579; fls. 212-214, c. 4 pruebas, Exp. 38579; fls. 164-166, c. ppal., Exp. 38911; fls. 547-549, c. 2 pruebas, Exp. 38911; fls. 222-224, c. ppal., Exp. 37873; fls. 146-148, c. pruebas, Exp. 37873; fls. 131-133, c. ppal., Exp. 38073; fls. 230-232, c. pruebas, Exp. 38073; fls. 215-217, c. ppal., Exp. 38604; fls. 100-102, 393-395, c. ppal., Exp. 38578; fls. 238-240, c. pruebas, Exp. 38578; fls. 131133, 242-244 c. ppal. y 123-125, c. pruebas 1, Exp. 38189; fls. 213-215, c. ppal., fls. 73-75, 316-318 c. pruebas 1, Exp. 38453; fls. 127-129, c. pruebas 1, Exp. 38323; fls. 245-248, c. pruebas 2, Exp. 50207; fls. 219-221, 254-256, c. ppal., Exp. 39400 y fls. 521-523, c. pruebas 3, Exp. 44202.

75 Fls. 277-281, c. ppal., Exp. 37885, fls. 339-343, c. pruebas 2, Exp. 38911; fls. 198-202, c. ppal., Exp. 37873; fls. 232-236, c. ppal., Exp. 38073; fls. 368-372, c. ppal., Exp. 38578; fls. 216-220, c. ppal., Exp. 38189; fls. 188-192, c. ppal., Exp. 38453; fls. 194-198, c. ppal., Exp. 39400.

76 Queja del 5 de marzo de 1997, fls. 163-165, c. ppal., Exp. 37885; fls. 372-416, c. pruebas 2, Exp. 38911; fls. 417-419, c. 2 pruebas, Exp. 38911; fls. 462-505, c. pruebas 2 Exp 38073; fls. 103-105, c. ppal., Exp. 38578; fls. 372-416, c. pruebas 2, Exp. 44202.

77 Fls. 166-167, c. ppal., Exp. 37885; fl. 37, c. pruebas 2, Exp. 38911; fl. 461, c. pruebas 2, Exp. 38073; fls. 106-107, c. ppal., Exp. 38578.

78 Fls. 168-172, c. ppal., Exp. 37885, fls. 124-128, c. pruebas, Exp. 37885; fls. 282-283, c. ppal., Exp. 38579; fls. 145-149, c. pruebas 4, Exp. 38579; fls. 55-56, c. ppal., Exp. 38911; fls. 154-158, c. pruebas 1, Exp. 38911; fls. 332-334, c. pruebas 2, Exp. 38911; fls. 352-356, c. pruebas 2, Exp. 38911; fl. 203, c. ppal., Exp. 37873; fls. 182-186, c. pruebas, Exp. 37873; fls. 237-238, c. ppal., Exp. 38073; fls. 62-66, c. pruebas, Exp. 38073; fls. 442-446, c. pruebas 2, Exp. 38073; fls. 97-101, c. pruebas, Exp. 38604; fls. 108-112, c. ppal., Exp. 38578; fls. 373-374, c. ppal. y fls. 81-85, c. pruebas, Exp. 38578; fls. 351-355, c. pruebas, Exp. 38578; fls. 221-223, c. ppal. y fls. 159-163 c. pruebas 1, Exp. 38189; fls. 193-194, c. ppal., Exp. 38453; fls. 240-244, c. pruebas 1, Exp. 38323; fls. 80-84, c. pruebas 1, Exp. 50207; fls. 199-200, c. ppal., Exp. 39400; fls. 634-638, c. pruebas 3, Exp. 44202.

79 Fls. 173-174, c. ppal., Exp. 37885, (fls. 341-342, c. ppal., Exp. 37885; fls. 222-223, c. ppal., Exp. 38579; fls. 142-143, c. ppal., Exp. 38911, fls. 428-429, c. ppal., Exp. 38911; fls. 550-551, c. 2 pruebas, Exp. 38911; fls. 134-135, c. ppal., Exp. 38073; fls. 516-517, c. pruebas 2, Exp. 38073; fls. 193-194, c. ppal., Exp. 38604; fls. 113-114, c. ppal., Exp. 38578; fls. 264-265, c. ppal., Exp. 38578; fls. 134-135, c. ppal., Exp. 38189; fls. 163-164, c. ppal. 1, Exp. 50207; fls. 257-258, c. ppal., Exp. 39400, fls. 181-182, c. pruebas 2, Exp. 44202.

80 Visible en folios fls. 424-425, c. pruebas 2, Exp. 38911 y fls. 513-514, c. pruebas 2, Exp. 38073.

81 Acta visible en folios fls. 175-178, c. ppal., Exp. 37885; fls. 294-297, c. pruebas 1, Exp. 38911; fls. 382-385, c. pruebas 2, Exp. 38073; fls. 115-118, c. ppal., Exp. 38578; fls. 298-301, c. pruebas 2, Exp. 44202.

82 Fl. 262, c. ppal., Exp. 38911; fl. 350, c. pruebas 2, Exp. 38073.

83 Descargos presentados por la Universidad Libre, visibles en folios fls. 185-192, c. ppal., Exp. 37885; fls. 570-578, c. 2 pruebas, Exp. 38911; fls. 301-308, c. pruebas 2, Exp. 38073; fls. 125-132, c. ppal., Exp. 38578; fls. 227-234, c. pruebas 2, Exp. 44202.

84 Fls. 192-207, c. pruebas 1, Exp. 38911; fls. 271-286, c. pruebas 1, Exp. 38073; fls. 151-166, c. ppal., Exp. 38578; fls. 196-211, c. pruebas 3, Exp. 44202.

85 Resolución 1493 del 23 de julio de 2001, visible en fls. 9-18, c. ppal., Exp. 37885; fls. 8-12, c. ppal., Exp. 38579; fls. 147-151, c. ppal., Exp. 38579; fls. 224-233, c. ppal., Exp. 38579; fls. 40-49, c. ppal., Exp. 38911; fls. 144-148, c. ppal., Exp. 38911; fls. 178-187, c. pruebas 1, Exp. 38911, fls. 7-11, c. pruebas, Exp. 38911; fls. 131-135, c. ppal., Exp. 37873; fls. 29-33, c. ppal., Exp. 38073; fls. 136-140, c. ppal., Exp. 38073; fls. 188-192, c. ppal., Exp. 38073; fls. 257-266, c. pruebas, Exp. 38073; fls. 40-49, c. ppal., Exp. 38604; fls. 142-146, c. ppal., Exp. 38604; fls. 195-199, c. ppal., Exp. 38604; fls. 22-26, c. ppal., Exp. 38578; fls. 7-11, 136-140, c. ppal., Exp. 38189; fls. 7-11, 121-125, c. ppal., Exp. 38453; fls. 7-11, c. ppal., Exp. 38323; fls. 12-16, 87-96, c. ppal., Exp. 50207; fls. 7-11, c. ppal. 259-262, c. ppal., Exp. 39400; fls. 186-195, c. pruebas 2, Exp. 44202.

86 Fls. 134-135, c. ppal., Exp. 37885; fls. 135-136, c. pruebas 4, Exp. 38579; fls. 160-161, c. pruebas 1, Exp. 38911; fls. 172-173, c. pruebas, Exp. 37873; fls. 70-71, c. pruebas 1, Exp. 38073; fls. 103-104, c. pruebas; Exp. 38604; fls. 64-65, 90-91 c. pruebas, Exp. 38578, fls. 341-342, c. pruebas, Exp. 38578; fls. 149-150, c. pruebas 1, Exp. 38189; fls. 230-231, c. pruebas 1, Exp. 38323; fls. 88-89, c. pruebas 1, Exp. 50207; fls. 624-625, c. pruebas 3, Exp. 44202.
La decisión de suspensión del programa y de no ofertar el programa de derecho en extensión se mantuvo en oficio del 8 de julio de 2002, suscrito por el rector nacional y dirigido al rector seccional de Cali (fl. 136, c. pruebas, Exp. 37855; fl. 174, c. pruebas, Exp. 37873; fls. 66, 92 c. pruebas, Exp. 38578; fl. 90, c. pruebas, Exp. 50207).

87 Recurso de reposición visible en folios fls. 227-258, c. ppal., Exp. 37885; fls. 453-484, c. pruebas 2, Exp. 38911; fls. 167-198, c. ppal., Exp. 38578.

88 Resolución 343 del 25 de febrero de 2002 fls. 44-49, c. ppal., Exp. 37885; fls. 344-355, c. pruebas, Exp. 37885; fls. 37-42, c. ppal., Exp. 38579; fls. 152-157, c. ppal., Exp. 38579; fls. 234-245, c. ppal., Exp. 38579; fls. 50-63, c. ppal., Exp. 38911; fls. 149-160, c. ppal., Exp. 38911; fls. 166-177, c. pruebas 1, Exp. 38911; fls. 37-42, c. ppal., Exp. 37873; fls. 136-141, c. ppal., Exp. 37873; fls. 34-39, c. ppal., Exp. 38073; fls. 141-146, c. ppal., Exp. 38073; fls. 193-198, c. ppal., Exp. 38073; fls. 245-256, c. pruebas 1, Exp. 38073; fls. 50-65, c. ppal., Exp. 38604; fls. 147-152, c. ppal., Exp. 38604; fls. 200-211, c. ppal., Exp. 38604; fls. 27-32, c. ppal., Exp. 38578; fls. 36-41, 141-152, c. ppal, Exp. 38189; fls. 37-42, fls. 126-131, c. ppal., Exp. 38453; fls. 36-41, c. ppal., Exp. 38323; fls. 17-22, 122-128, c. ppal., Exp. 50207; fls. 36-41, c. ppal., 264-275, c. ppal., Exp. 39400; fls. 155-166, 168-179 c. pruebas 2, Exp. 44202.

89 Resolución 0895 del 16 de mayo de 2002, fls. 259-261, c. ppal., Exp. 37885; fls. 341-343, c. pruebas, Exp. 37885; fls. 35-36, c. ppal., Exp. 38579; fls. 158-159, c. ppal., Exp. 38579; fls. 246-248, c. ppal., Exp. 38579; fls. 64-65, c. ppal., Exp. 38911; fls. 161-163, c. ppal., Exp. 38911; fls. 34-36, c. ppal., Exp. 37873; fls. 142-143, c. ppal., Exp. 37873; fls. 40-41, c. ppal., Exp. 38073; fls. 147-149, c. ppal., Exp. 38073; fls. 199-200, c. ppal., Exp. 38073; fls. 66-67, c. ppal., Exp. 38604; fls. 153-154, c. ppal., Exp. 38604; fls. 212-214, c. ppal., Exp. 38604; fls. 32-34, c. pruebas, Exp. 38604; fls. 33-34, c. ppal., Exp. 38578; fls. 199-201, c. ppal., Exp. 38578; fls. 34-35, 153-156, c. ppal., Exp. 38189; fls. 34-36, fls. 132-133, c. ppal., Exp. 38453; fls. 35-36, c. ppal., Exp. 38323; fls. 119-121-, c. ppal. 351-353, c. pruebas 2, Exp. 50207; fls. 34-35, 276-278, c. ppal., Exp. 39400; fls. 151-153, c. pruebas 2, Exp. 44202.

90 Acta de sesión del 25 de junio de 2002 (fl. 80, c. ppal., Exp. 37885; fl. 43, c. ppal., Exp. 38579; fls. 287-288, c. ppal., Exp. 38579; fl. 66, c. ppal., Exp. 38911; fls. 58-59, c. ppal., Exp. 38911; fl. 43, c. ppal., Exp. 37873; fls. 207-208, c. ppal., Exp. 37873; fl. 42, c. ppal., Exp. 38073; fls. 242-243, c. ppal., Exp. 38073; fls. 273-274, c. ppal., Exp. 38073; fl. 68, c. ppal., Exp. 38604; fl. 36, c. ppal., Exp. 38578; fls. 378-379, c. ppal., Exp. 38578; fl. 42, c. ppal., Exp. 38189; fls. 227-228, c. ppal., Exp. 38189; fl. 43, c. ppal., Exp. 38453; fls. 198-199, c. ppal., Exp. 38453; fl. 42, c. ppal., Exp. 38323; fl. 24, c. ppal., Exp. 50207; fl. 42, c. ppal., Exp. 39400).

91 Certificación del 13 de noviembre de 2002, por medio de la cual el contador de la Universidad Pontificia Bolivariana indicó que a favor de dicha universidad por concepto de convenio de evaluaciones realizadas a estudiantes de la Universidad Libre en la ciudad de Popayán se recibió el 5 de noviembre de 2002 la suma de $ 54.501.000 (fl. 284, c. ppal., Exp. 38579; fls. 204-207, c. ppal., Exp. 37873; fls. 239-241, c. ppal., Exp. 38073; fls. 375-377, c. ppal., Exp. 38578; fls. 224-226, c. ppal., Exp. 38189; fls. 195-197, c. ppal., Exp. 38453; fls. 201-203, c. ppal., Exp. 39400).

92 Oficio del 28 de julio de 2003 (fl. 266, c. ppal., Exp. 38073; fl. 29, c. pruebas 1, Exp. 50207; fls. 375-376, c. pruebas 2, Exp. 50207).

93 Acta de grado del 26 de julio de 2001 (fl. 187, c. ppal. 1, Exp. 50207).

94 Certificaciones académicas del 19 de julio de 2006 (fl. 393, c. pruebas, Exp. 37885) y 24 de julio de 2006 (fl. 407, c. pruebas, Exp. 37885) de la directora encargada de registro académico de la Universidad Libre seccional Cali. Acta de grado Nº 4817 del 25 de julio de 2003 (fl. 403, c. pruebas, Exp. 37885).

95 Constancia del 21 de febrero de 2007 (fl. 263, c. 4 pruebas, Exp. 38579) mediante el cual la directora seccional (E) registro académico, hizo constar que Alba Diomar Gómez Muñoz “cursó y aprobó primero, segundo, tercero, cuarto quinto y sexto en los periodos académicos desde 1994 hasta el año 2000 y que obtuvo su título de abogada el 25 de julio de 2003”. Acta de grado de abogado del 25 de julio de 2003 (fl. 278, c. 4 pruebas, Exp. 38579).

96 Constancia del 17 de noviembre de 2005, por medio de la cual el secretario seccional y el director de planeación de la Universidad Libre informaron que al doctor José Vicente Peña Sánchez se le confirió el título de abogado el 25 de julio de 2003 (fl. 72, c. pruebas, Exp. 38604).

97 Constancia del 25 de agosto de 2003 (fl. 134, c. pruebas 1, Exp. 38911).

98 Certificación del 29 de junio de 2006, mediante la cual la directora seccional de registro académico de la Universidad Libre en Cali, le confirió el título de abogado a Yaneth Quiñonez López el 21 de noviembre de 2003, (fl. 72, c. pruebas 1, Exp. 38073), acta de grado de la fecha (fl. 78, c. pruebas 1, Exp. 38073).

99 “ART. 29.—La autonomía de las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y de las instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo de acción y de acuerdo con la presente ley en los siguientes aspectos:
a) Darse y modificar sus estatutos.
b) Designar sus autoridades académicas y administrativas.
c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los correspondientes títulos.
d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión.
e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos.
f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes. g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.
“PAR.—Para el desarrollo de lo contemplado en los literales a) y e) se requiere notificación al Ministro de Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes).

100 Si bien el Ministerio de Educación por delegación del Presidente de la República ejerce la facultad de inspección y vigilancia, En el artículo 50 de la Ley 30 de 1992 se estipulan las funciones de investigación y registro que corresponden al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior —Icfes—.

101 Dispone el artículo 1º del decreto, lo siguiente: “… Establécense los requisitos para notificar e informar sobre la creación y desarrollo de programas académicos de pregrado y especialización de educación superior que se regirán por lo dispuesto en el presente decreto y por las normas que lo complementen…”.

102 Al consultarse el Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, se tiene que las tarjetas profesionales de las señoras Alba Diomar Gómez Muñoz y María Aleyda Gómez Muñoz son consecutivas y les fue expedida el mismo día.
Lo anterior en https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Certificado.aspx consultada el 22 de junio de 2017.

103 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 14 de septiembre de 2011, Exp. 19031.

104 Fl. 276, c. pruebas 4, Exp. 38579.

105 El último de los preparatorios presentados fue el del área correspondiente al de público, el cual fue aprobado el 6 de abril de 2001.

106 Presentado entre el 17 de octubre de 2000 y el 06 de abril de 2001.

107 En oficio del 17 de julio de 2001, el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa Unidad del Registro Nacional de Abogados le informó al señor Carlos Alberto Ordoñez Girón que se había oficiado a la Universidad Libre para que certificara si el programa de derecho por extensión en la ciudad de Popayán se encontraba acreditado (fl. 400, c. pruebas, Exp. 38578).

108 En el mentado acto administrativo, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura refirió que al haberse dado los exámenes de idoneidad y de comprobación de niveles mínimos de aptitudes y de conocimientos en la Universidad Pontificia Bolivariana, de los estudiantes y egresados que programa de derecho con extensión en la ciudad de Popayán, se tiene que dichos exámenes convalidan todas las actividades de práctica realizadas por el egresado, y como quiera que el señor Ordoñez Girón realizó su práctica jurídica luego de la terminación de materias, la misma se encontraba acreditaba, por lo que se revocó la que la negaba.

109 De igual manera, en el caso de los exámenes preparatorios con independencia de la exoneración que solicitó, no los pudo realizar sino hasta después de presentar los exámenes de habilitación.

110 En esta certificación se expresa: “Que la señora Zuleta Mayorquín no se presentó a las pruebas de idoneidad realizadas por la Universidad Pontificia Bolivariana de acuerdo a la Resolución 0895 del 16 de mayo de 2002, según comunicación del 28 de febrero del 2003 de la educación superior del Ministerio de Educación Nacional, por consiguiente su acta de grado Nº 4434 fue anulada”.

111 Acuerdo 04 del 19 de abril de 2006 por el cual la consiliatura de la Universidad Libre reformó el programa curricular del programa de derecho, el que se puede consultar en la página de internet de la universidad http://www.unilibre.edu.co/19-noticias/noticiasinternas/820-acuerdo-no-04-abril-19-de-2006
Este programa de derecho comparado con el plan de estudios realizado por los actores y que reposa en el expediente, presenta varias diferencias.