Sentencia 2003-00442 de mayo 6 de 2010

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 250002324000200300442 01

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales

Actor: Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A.- ESP

Bogotá, D.C., seis de mayo de dos mil diez.

Se decide recurso de apelación contra la sentencia de 17 de febrero de 2005, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de la Resolución 12749 de 8 de octubre de 2000 de la Superintendencia de Servicios Públicos que impuso una sanción a la demandada y ordenó el restablecimiento de sus derechos.

EXTRACTOS:«Consideraciones

Mediante Resolución 12749 de 8 de octubre de 2002, la Superintendencia de Servicios Públicos sancionó a la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. ESP, por un valor equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por violación de los artículos 1.3.5., 5.24 y 5.25 de la Resolución CRT 087 de 1997 expedida por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones CRT.

Los citados artículos 1.3.5., 5.24 y 5.25 de la Resolución CRT 087 de 1997 “por medio de la cual se regula en forma integral los servicios de telefonía pública básica conmutada (TPBC) en Colombia” expedida por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, son del siguiente tenor:

“ART. 1.3.—Definiciones. Para los efectos de la interpretación de la presente resolución, se adoptan las siguientes definiciones, las contenidas en las demás normas legales reglamentarias y regulatorias, y las que señale la unión internacional de telecomunicaciones (UIT):

[...].

1.3.5. Cargo de acceso y uso de las redes: Es el peaje pagado a los operadores de TPBCL, TPBCLE y TMR, por parte de otros operadores de los servicios de TPBC y TMC, por concepto de la utilización de sus redes, en sentido entrante o saliente, por minuto o proporcionalmente por fracción de cada llamada completa.

[…]

ART. 5.24.—Pago por el acceso y uso de las redes locales. El pago a favor de operadores de TPBCL, TPBCLE y TMR por concepto del acceso y uso de sus redes a cargo de los operadores de TPBCLD, deberá hacerse únicamente en la forma de cargos de acceso y uso por minuto cursado o por fracción de minuto de cada llamada, en sentido entrante o saliente.

ART. 5.25.—Valor del cargo por acceso y uso de las redes locales por parte de los operadores de TPBCLD. El valor de los cargos de acceso que las empresas prestadoras de los servicios de TPBCL reciben de los operadores de TPBCLD cuando estos hacen uso de sus redes, tanto en sentido entrante como saliente, y que fue fijado en treinta pesos ($ 30) por cada minuto cursado o fracción el primero (1º) de marzo de 1997, continuará actualizándose conforme con el índice de actualización tarifara descrito en el presente capítulo”.

Corresponde a la Sala determinar si la actuación de la Superintendencia de Servicios Públicos que culminó con los actos acusados, definió un conflicto de carácter contractual como lo afirma la empresa demandante o si, por el contrario, se adelantó en ejercicio de una función administrativa y de las atribuciones conferidas por la Ley 142 de 1994.

Para resolver se considera:

El artículo 79 de la Ley 142 de 1994 “por medio de la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, dispone que las personas prestadoras de servicios públicos y aquellas que, en general, realicen actividades que las haga sujeto de aplicación de la presente ley, estarán sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Esta norma señala como funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos, entre otras, las siguientes:

“79.1. Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a usuarios determinados; y sancionar sus violaciones, siempre y cuando esta función no sea competencia de otra autoridad.

79.2. Vigilar y controlar el cumplimiento de los contratos entre las empresas de servicios públicos y los usuarios, y apoyar las labores que en este mismo sentido desarrollan los ‘comités municipales de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios’; y sancionar sus violaciones (negrilla fuera de texto)

(...).

79.10. Evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de las empresas de servicios públicos, de acuerdo con los indicadores definidos por las comisiones; publicar sus evaluaciones; y proporcionar en forma oportuna toda la información disponible a quienes deseen hacer evaluaciones independientes. El Superintendente podrá acordar con las empresas programas de gestión para que se ajusten a los indicadores que hayan definido las comisiones de regulación, e imponer sanciones por el incumplimiento (negrilla fuera de texto)” (...)”

El inciso segundo del parágrafo del artículo 79 de la Ley 142 de 1994 establece:

“La Superintendencia de Servicios Públicos ejercerá igualmente las funciones de control, inspección y vigilancia que contiene la Ley 142 de 1994, en todo lo relativo al servicio de larga distancia nacional e internacional (negrilla fuera de texto)”.

Según el artículo 81 ibidem, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios podrá imponer sanciones a quienes violen las normas a las que deben estar sujetas. La norma dispone:

“ART. 81.—Sanciones. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios podrá imponer las siguientes sanciones a quienes violen las normas a las que deben estar sujetas, según la naturaleza y la gravedad de la falta:

81.1. Amonestación. 81.2. Multas (...) 81.3. Orden de suspender de inmediato todas o algunas de las actividades del infractor, y cierre de los inmuebles utilizados para desarrollarlas. 81.4. Orden de separar a los administradores o empleados de una empresa de servicios públicos de los cargos que ocupan; y prohibición a los infractores de trabajar en empresas similares, hasta por diez años. (...) 81.5. Solicitud a las autoridades para que decreten la caducidad de los contratos que haya celebrado el infractor, cuando el régimen de tales contratos lo permita, o la cancelación de licencias así como la aplicación de las sanciones y multas previstas pertinentes.81.6. Prohibición al infractor de prestar directa o indirectamente servicios públicos, hasta por diez años. 81.7. Toma de posesión en una empresa de servicios públicos, o la suspensión temporal o definitiva de sus autorizaciones y licencias, cuando las sanciones previstas atrás no sean efectivas o perjudiquen indebidamente a terceros (...)”.

A su turno, el artículo 11.1.1. de la Resolución CRT 087 de 1997 establece que toda acción u omisión que transgreda o viole las normas legales o regulatorias a que deben estar sujetos los operadores de TPBC y los demás operadores de Telecomunicaciones de acuerdo con esta resolución, constituyen infracción susceptible de ser sancionada por la CRT y la SSPD, según el caso.

De acuerdo con las disposiciones trascritas, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios puede sancionar a las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones de larga distancia nacional e internacional cuando violen las leyes y los actos administrativos a que están sujetas, así como cuando incumplan los contratos que celebran con los usuarios.

El caso concreto

Mediante oficios de 14 de septiembre de 2000 (fls. 9 a 12); de 22 de marzo de 2001 (fls. 46 a 51) y de 11 de julio de 2002 (fls. 164 a 1687), Telecom solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que, en ejercicio de sus funciones de vigilancia y control, iniciara un proceso sancionatorio contra la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A., ESP, con la cual había suscrito un contrato de acceso, uso e interconexión el 1º de junio de 1999. Dicho contrato tuvo por objeto el de “establecer las condiciones de carácter legal, técnico, comercial, operativo y económico que gobernarán el acceso, uso e interconexión entre las redes de telecomunicaciones de TPBCLD Telecom, TPBCL y TPBCLE de Telefónica de Pereira, para proporcionar la capacidad completa de comunicación entre usuarios de distintas localidades del país y en conexión con el exterior” (fl. 33 cdno. 2).

La cláusula sexta del contrato suscrito entre Telecom y la Telefónica de Pereira establece:

“Cláusula sexta: costos de interconexión, acceso y uso; instalaciones esenciales e instalaciones suplementarias. [...] En el anexo comercial y financiero se definen las condiciones y tarifas acordadas por las partes para el suministro de las instalaciones esenciales que, conforme a lo establecido en el artículo 4.35 de la Resolución CRT-087 de 1997, Telefónica de Pereira pone a disposición de Telecom para facilitar la interconexión y la ubicación de los equipos necesarios, y permitir su adecuado funcionamiento. En el mismo anexo comercial y financiero se definen las condiciones y tarifas acordadas por las partes para el suministro de las instalaciones suplementarias que, conforme a lo establecido en el artículo 4.43 de la Resolución CRT-087 de 1997, Telefónica de Pereira ofrece a Telecom”.

La queja de Telecom se fundamentó en que en su calidad de operador local venía calculando por minutos el valor de los cargos de acceso y uso de sus redes en las llamadas de larga distancia, contrariando las disposiciones de la Resolución CRT 087/97 de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que establecía que dichos cargos debían cobrarse por minutos o por fracción de minutos.

El 4 de diciembre de 2000, la superintendencia le pidió a la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A., ESP, explicaciones acerca de los hechos denunciados por Telecom (fls. 69 y 70 del cdno. 2).

El 11 de septiembre de 2001, la Superintendencia le formuló cargos a la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira por la presunta violación de los artículos 1.3.5, 5.3.5, 5.2.4, 5.2.5, de la Resolución CRT 087/97 que establecen efectivamente que el valor del cargo por acceso y uso de redes locales por parte de los operadores de TPBCLE se hará por minuto o fracción de minuto (fls. 52 a 59 del expediente administrativo).

Para adelantar el procedimiento solicitado, la superintendencia invocó las funciones de control, inspección y vigilancia de las entidades que prestan servicios públicos domiciliarios, las cuales tienen una indiscutible naturaleza administrativa y se fundan en el artículo 370 de la Constitución Política, de acuerdo con el cual, “corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten”.

La empresa rindió descargos el 8 de octubre de 2001 y aportó pruebas (fls. 73 a 78, ibíd.).

Mediante Resolución 12749 de 8 de octubre de 2002 el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios delegado para las telecomunicaciones le impuso una sanción a la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S. A., ESP”, porque encontró que la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira era responsable por la violación de los 1.3.5, 5.2.4 y 5.2.5 de la Resolución CRT 087 de 1997 que la obligaba pagar el valor del cargo por acceso y uso de redes locales por minuto o fracción de minuto pues los venía redondeando las fracciones a minutos (168 a 181, ibíd.).

La breve descripción del acervo probatorio permite concluir que, contrario a lo dicho por la actora y por el a quo, Telecom no reclamó ante la Superintendencia el reconocimiento de derechos derivados de contrato alguno, o la modificación o extinción de obligaciones de naturaleza contractual; por el contrario, la Superintendencia de Servicios Públicos se limitó a investigar y sancionar la presunta violación de unas normas contenidas en la Resolución CRT 087/97 (vigente al momento de la ocurrencia de los hechos), que regulaba la forma de establecer el valor del cargo por acceso y uso de redes locales por parte de los operadores de telefonía pública básica conmutada de larga distancia a los operadores locales.

La circunstancia de que los servicios a cargo de la actora obedecieran a un contrato suscrito con Telecom, no es razón suficiente para que la Superintendencia de Servicios Públicos se sustraiga de la facultad de investigación y sanción por conductas que afecten la prestación del servicio y que son violatorias de normas superiores, por cuanto una es la responsabilidad contractual y otra, la responsabilidad administrativa que surge de su sujeción a un régimen legal y reglamentario, cual es el de los servicios públicos.

En el sub lite, la Superintendencia encontró probado que la sociedad actora incurrió en violación de los artículos 1.3.5, 5.24 y 5.25 de la Resolución CRT 087/97, por cuanto liquidó cargos de acceso en forma redondeada por minuto y no por minuto o fracción de minuto, afectando la medición del consumo y el régimen tarifario, conducta que corresponde investigar y sancionar a la Superintendencia de Servicios Públicos.

Por las razones expuestas, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se denegarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia apelada y, en su lugar, deniéganse las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».