Sentencia 2003-00450/37497 de mayo 18 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Rad.: 680012331000200300450 01 (37.497)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: María Josefa Torres y otros

Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y otros

Asunto: Acción de Reparación Directa (Sentencia)

Contenido: Descriptor: Se confirma la sentencia apelada en razón de la relación de especial sujeción a la que se encuentra sometido el recluso. Restrictor: Valoración probatoria de la prueba trasladada / Presupuestos de la Responsabilidad Extracontractual del Estado / Daño antijurídico / La imputación del daño antijurídico y su fundamento / Responsabilidad del Estado por muerte de detenidos o reclusos –reiteración jurisprudencial.

Bogotá, D.C., dieciocho de mayo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Retomando la problemática jurídica propuesta en el caso de autos, la Sala precisará el alcance de los conceptos adoptados como ratio decidendi para sustentar su decisión así: 1. Valoración probatoria de la prueba trasladada, 2. Presupuestos de la Responsabilidad Extracontractual del Estado, 2.1 Daño antijurídico, 2.2 La imputación del daño antijurídico y su fundamento, 3. Responsabilidad del Estado por muerte de detenidos o reclusos —reiteración jurisprudencial—, y 4. Caso Concreto.

1. Valoración probatoria de la prueba trasladada

Con relación a la prueba trasladada que obra en el plenario, la Sala se sostiene en el precedente según el cual cabe valorarla a instancias del proceso contencioso administrativo, siempre que se cumpla lo exigido en el artículo 185 del C.P.C., esto es, que se les puede dotar de valor probatorio y apreciar sin formalidad adicional en la medida en que el proceso del que se trasladan se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o, con su audiencia, por cuanto se protege el derecho de contradicción y publicidad de la prueba, el cual solo se dará en la medida en que las partes tengan conocimiento de ellas.

En este sentido, el precedente de la Sala sostiene que las pruebas recaudadas podrán ser valoradas ya que se puede considerar contrario a la lealtad procesal “que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, bien sea por petición expresa o coadyuvancia pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión”(18).

Conforme a los fundamentos señalados, la Sala valorará las diligencias practicadas por la Fiscalía General de la Nación y el INPEC dentro del proceso penal y el disciplinario, adelantados por la muerte de Gustavo Ardila Díaz.

2. Presupuestos de la Responsabilidad Extracontractual del Estado

Con relación a la responsabilidad del Estado(19), la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización”(20) erigiéndola como garantía de los derechos e intereses de los administrados(21) y de su patrimonio(22), sin distinguir su condición, situación e interés(23). Como bien se sostiene en la doctrina,

“La responsabilidad de la administración, en cambio, se articula como una garantía de los ciudadanos, pero no como una potestad(24); los daños cubiertos por la responsabilidad administrativa no son deliberadamente causados por la Administración por exigencia del interés general, no aparecen como un medio necesario para la consecución del fin público”(25).

Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado(26), este concepto tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública(27) tanto por la acción, como por la omisión, bien sea bajo los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional u otro.

En los anteriores términos, la responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico). Conforme a lo cual se analizará el caso a resolver.

2.1 Daño antijurídico

El daño antijurídico comprendido, desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil extracontractual(28) y del Estado impone considerar aquello que derivado de la actividad o de la inactividad de la administración pública no sea soportable i) bien porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o ii) porque sea “irrazonable”(29), en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos.

En cuanto al daño antijurídico, el precedente jurisprudencial constitucional señala que la:

“(…) antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”(30).

Así pues, la jurisprudencia constitucional ha señalado:

“(…) que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia administración”(31).

De igual manera, la jurisprudencia constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (art. 1º) y la igualdad (art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución”(32).

Debe quedar claro que es un concepto constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho, ya que como lo señala el precedente de la Sala un “Estado Social de Derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos”(33). Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable(34), anormal(35) y que se trate de una situación jurídicamente protegida(36).

2.2 La imputación del daño antijurídico y su fundamento

Como se viene afirmando, la imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica(37), en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico (que opera con fundamento en los distintos criterios de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio —simple, presunta y probada—; daño especial —desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal—; riesgo excepcional). Adicionalmente, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado. Precisamente, en el precedente jurisprudencial constitucional se sostiene:

“La superioridad jerárquica de las normas constitucionales impide al legislador diseñar un sistema de responsabilidad subjetiva para el resarcimiento de los daños antijurídicos que son producto de tales relaciones sustanciales o materiales que se dan entre los entes públicos y los administrados. La responsabilidad objetiva en el terreno de esas relaciones sustanciales es un imperativo constitucional, no solo por la norma expresa que así lo define, sino también porque los principios y valores que fundamentan la construcción del Estado según la cláusula social así lo exigen”(38).

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad(39), según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica(40). Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”(41).

En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”(42). Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico-jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”(43).

Esto, sin duda, es un aporte que se representa en lo considerado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que estos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”(44). Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no(45). Es más, se sostiene doctrinalmente “que la responsabilidad objetiva puede llegar a tener, en algunos casos, mayor eficacia preventiva que la responsabilidad por culpa. ¿Por qué? Porque la responsabilidad objetiva, aunque no altere la diligencia adoptada en el ejercicio de la actividad (no afecte a la calidad de la actividad), sí incide en el nivel de la actividad (incide en la cantidad de actividad) del sujeto productor de daños, estimulando un menor volumen de actividad (el nivel óptimo) y, con ello, la causación de un número menor de daños”(46).

Dicha tendencia es la que marcó el precedente jurisprudencial constitucional, pero ampliando la consideración de la imputación (desde la perspectiva de la imputación objetiva) a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad(47) es necesario para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación. Dicho juicio, en este marco, obedece sin lugar a dudas a un ejercicio de la ponderación(48) que el juez está llamado a aplicar, de tal manera que se aplique como máxima que: “Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”(49).

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional argumenta:

“(…) el núcleo de la imputación no gira en torno a la pregunta acerca de si el hecho era evitable o cognoscible. Primero hay que determinar si el sujeto era competente para desplegar los deberes de seguridad en el tráfico o de protección(50) frente a determinados bienes jurídicos con respecto a ciertos riesgos, para luego contestar si el suceso era evitable y cognoscible(51). Ejemplo: un desprevenido transeúnte encuentra súbitamente en la calle un herido en grave peligro (situación de peligro generante del deber) y no le presta ayuda (no realización de la acción esperada); posteriormente fallece por falta de una oportuna intervención médica que el peatón tenía posibilidad de facilitarle trasladándolo a un hospital cercano (capacidad individual de acción). La muerte no le es imputable a pesar de la evitabilidad y el conocimiento. En efecto, si no tiene una posición de garante porque él no ha creado el riesgo para los bienes jurídicos, ni tampoco tiene una obligación institucional de donde surja un deber concreto de evitar el resultado mediante una acción de salvamento, el resultado no le es atribuible. Responde solo por la omisión de socorro y el fundamento de esa responsabilidad es quebrantar el deber de solidaridad que tiene todo ciudadano”(52).

A lo que se agrega por el mismo precedente,

“En la actualidad, un sector importante de la moderna teoría de la imputación objetiva (la nueva escuela de Bonn: Jakobs, Lesch, Pawlik, Müssig, Vehling) estudia el problema desde una perspectiva distinta a la tradicional de Armin Kaufmann: el origen de las posiciones de garante se encuentra en la estructura de la sociedad(53), en la cual existen dos fundamentos de la responsabilidad, a saber:

1) En la interacción social se reconoce una libertad de configuración del mundo (competencia por organización) que le permite al sujeto poner en peligro los bienes jurídicos ajenos; el ciudadano está facultado para crear riesgos, como la construcción de viviendas a gran escala, la aviación, la exploración nuclear, la explotación minera, el tráfico automotor etc. Sin embargo, la contrapartida a esa libertad es el surgimiento de deberes de seguridad en el tráfico, consistentes en la adopción de medidas especiales para evitar que el peligro creado produzca daños excediendo los límites de lo permitido. Vg. Si alguien abre una zanja frente a su casa, tiene el deber de colocar artefactos que impidan que un transeúnte caiga en ella. Ahora bien, si las medidas de seguridad fracasan y el riesgo se exterioriza amenazando con daños a terceros o el daño se produce —un peatón cae en la zanja— surgen los llamados deberes de salvamento, en los cuales el sujeto que ha creado con su comportamiento peligroso anterior (generalmente antijurídico) un riesgo para los bienes jurídicos, debe revocar el riesgo —prestarle ayuda al peatón y trasladarlo a un hospital si es necesario— (pensamiento de la injerencia). Esos deberes de seguridad en el tráfico, también pueden surgir por asunción de una función de seguridad o de salvamento, como en el caso del salvavidas que se compromete a prestar ayuda a los bañistas en caso de peligro.

Los anteriores deberes nacen porque el sujeto ha configurado un peligro para los bienes jurídicos y su fundamento no es la solidaridad sino la creación del riesgo. Son deberes negativos porque su contenido esencial es no perturbar o inmiscuirse en los ámbitos ajenos. Corresponde a la máxima del derecho antiguo de no ocasionar daño a los demás.

2) Pero frente a la libertad de configuración, hay deberes que proceden de instituciones básicas para la estructura social (competencia institucional) y que le son impuestas al ciudadano por su vinculación a ellas. Por ejemplo, las relaciones entre padres e hijos y ciertas relaciones del estado frente a los ciudadanos. Estos deberes se caracterizan, porque el garante institucional tiene la obligación de configurar un mundo en común con alguien, de prestarle ayuda y protegerlo contra los peligros que lo amenacen, sin importar que el riesgo surja de un tercero o de hechos de la naturaleza. Vg. El padre debe evitar que un tercero abuse sexualmente de su hijo menor y si no lo hace, se le imputa el abuso.

Los deberes institucionales se estructuran aunque el garante no haya creado el peligro para los bienes jurídicos y se fundamentan en la solidaridad que surge por pertenecer a ciertas instituciones básicas para la sociedad. Se trata de deberes positivos, porque contrario a los negativos en los cuales el garante no debe invadir ámbitos ajenos, en estos debe protegerlos especialmente contra ciertos riesgos(54)(55).

16. En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante, predicable tanto de los delitos de acción como de omisión, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de sí una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante”(56).

Dicha formulación no debe suponer, lo que debe remarcarse por la Sala, una aplicación absoluta o ilimitada de la teoría de la imputación objetiva que lleve a un desbordamiento de los supuestos que pueden ser objeto de la acción de reparación directa, ni a convertir a la responsabilidad extracontractual del Estado como herramienta de aseguramiento universal(57), teniendo en cuenta que el riesgo, o su creación, no debe llevar a “una responsabilidad objetiva global de la administración, puesto que no puede considerarse (…) que su actuación [de la administración pública] sea siempre fuente de riesgos especiales”(58).

Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño. En concreto, la atribución jurídica debe exigir que sea en un solo título de imputación, la falla en el servicio, en el que deba encuadrarse la responsabilidad extracontractual del Estado, sustentada en la vulneración de deberes normativos(59), que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho.

Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

Bajo los anteriores criterios la Sala realizará el juicio de imputación, previendo, además, que la Corporación ha determinado que los escenarios en que se discute la responsabilidad patrimonial del Estado se debe dar aplicación al principio iura novit curia, lo cual implica que frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, corresponde al juez definir la norma o la motivación de la imputación aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de la causa petendi, esto es, los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión(60).

Por lo tanto, tal como lo determinado el precedente de la corporación

“(…) La circunstancia de que los hechos relatados en la demanda sean constitutivos de una falla del servicio, o conformen un evento de riesgo excepcional o puedan ser subsumidos en cualquier otro régimen de responsabilidad patrimonial de los entes públicos, es una valoración teórica que incumbe efectuar autónomamente al juzgador, como dispensador del derecho ante la realidad histórica que las partes demuestren (…)”(61).

En los anteriores términos, la responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico), por supuesto, bajo los criterios de imputación que el juez encuentre acreditados.

3. Responsabilidad del Estado por muerte de detenidos o reclusos —reiteración jurisprudencial—

La jurisprudencia de la corporación ha modificado paulatinamente el título de imputación bajo el cual se gobiernan los casos en que resulte herido o muerto un recluso o un detenido dentro de un centro carcelario o penitenciario que se encuentra bajo la guarda de la autoridad competente, para el cumplimiento de la condena penal que se haya impuesto o la medida de aseguramiento que se haya determinado para garantizar el curso normal del proceso penal correspondiente. Bajo esta perspectiva, en un principio se aplicó la falla presunta del servicio en atención a que:

“(…) [E]n casos como este estamos frente a una obligación de resultado y no de medio por parte de la administración, la cual debe indistintamente controlar vigilar e inspeccionar el desarrollo de las actividades internas; y, si es necesario para la adecuada prestación del servicio vincular mayor número de personas que colaboran con el cumplimiento de este cometido (…)” .

Posteriormente surgió un cambio respecto a la forma como las autoridades carcelarias cumplen los cometidos obligacionales en cuanto a la protección y seguridad que deben brindar a los internos de los centros penitenciarios y carcelarios; es por ello que se aplicó en diversas decisiones la falla probada en el servicio como criterio de imputación, considerando, en términos generales, que tales autoridades tiene a su cargo dos obligaciones concretas: i) la custodia y ii) la vigilancia y en el evento en que ocurra una lesión o se cause la muerte de un recluso o un detenido, el Estado es responsable de tal daño por cuanto quebranta por omisión los deberes que le han sido impuestos.

Ahora bien, en diferentes ocasiones esta Corporación ha enmarcado la responsabilidad del Estado bajo el título de responsabilidad objetiva, teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentran las personas privadas de la libertad y conforme al artículo 90 de la Constitución Política, pues en estos casos se presentan relaciones especiales de sujeción.

De acuerdo con lo anterior y en atención con los precedentes de la Sala que hoy atienden la responsabilidad del Estado conforme al régimen objetivo, la misma se sustenta en la tesis de “condiciones especiales de sujeción”, en el entendido que:

“(…) [E]l hecho de que una persona se encuentre internada en un centro carcelario implica la existencia de subordinación del recluso frente al Estado. Dicha subordinación produce, como consecuencia, que el recluso se encuentre en una “condición de vulnerabilidad o debilidad manifiesta”, de la que se hace desprender una relación jurídica especial que se sustenta en la tensión entre la restricción, limitación o modulación y el respeto de los derechos del recluso, con especial énfasis por la tutela del derecho a la vida y a la integridad personal, los cuales no se limitan o suspenden por la propia condición o situación jurídica del recluso (…)”.

Sin embargo, para la Sala no es del todo descartable que los daños sufridos por reclusos o detenidos puedan ser imputados con fundamento en el régimen de falla probada en la prestación del servicio, pues en muchos casos logra probarse el incumplimiento de los deberes de protección que se encuentran radicados en cabeza del Estado.

En ese sentido, la prueba recaudada debe permitir demostrar que la entidad demandada omitió poner en funcionamiento los mecanismos necesarios para evitar la ocurrencia de los daños a la persona privada de la libertad, concretándose en una negligencia en el cumplimiento de sus deberes legales.

Siguiendo los lineamientos de la Corte Constitucional, y que han sido acogidos por esta Sala, el Estado debe garantizar la protección del derecho a la vida del recluso o detenido bajo la siguiente premisa:

“(…) La privación de la libertad de una persona la coloca en una situación de indefensión, que genera obligaciones de protección por parte de quien adopta la medida o acción restrictiva de la libertad. No importa que se trate de particulares o del Estado, y que la restricción sea lícita o ilícita.

En relación con el derecho a la vida del recluso, el Estado tiene la obligación de impedir que otros reclusos o terceros particulares (obligación de protección), así como el personal Estatal —sea personal penitenciario o de otra naturaleza— (obligación de respeto) amenacen contra la vida del interno. Dicha obligación apareja la de verificar y, si es del caso, enfrentar efectivamente las amenazas contra la vida de los reclusos. Esto apareja la obligación de adoptar medidas generales de seguridad interna dentro del centro de reclusión, así como la de trasladar a los internos cuando resulta imprescindible para proteger su vida. Empero, cuandoquiera que se supera el umbral de riesgo ordinario para el derecho a la vida de los reclusos y se presentan situaciones de amenaza contra determinados grupos de reclusos, el Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias que aseguren que dichas amenazas no se hagan efectivas. Se trata, por lo tanto, de obligaciones de resultado”.

Conforme a lo anterior, surgen las llamadas relaciones especiales de sujeción, que de acuerdo con el precedente constitucional implican: (i) la subordinación de una parte (el recluso), a la otra (el Estado); (ii) el sometimiento del interno a un régimen jurídico especial (controles disciplinarios y administrativos especiales y posibilidad de limitar el ejercicio de derechos, incluso fundamentales); iii) que la limitación de dichos derechos se encuentre autorizada por la por la Constitución y la ley ; (iv) que la limitación de los derechos fundamentales se lleve a cabo con la finalidad de garantizar los demás derechos de los internos (mediante medidas dirigidas a garantizar disciplina, seguridad y salubridad) y lograr el cometido principal de la pena (la resocialización); (v) que como consecuencia de la subordinación surgen ciertos derechos especiales (relacionados con las condiciones materiales de existencia: alimentación, habitación, servicios públicos, salud) en cabeza de los reclusos, los cuales deben ser especialmente garantizados por el Estado; y finalmente (vi), que simultáneamente surge para el Estado el deber de garantizar de manera especial el principio de eficacia de los derechos fundamentales de los reclusos (sobre todo con el desarrollo de conductas activas).

“Como lo puede apreciar la Sala, entre las consecuencias jurídicas más importantes de la existencia de las relaciones especiales de sujeción, están: (i) la posibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales de los reclusos (intimidad, reunión, trabajo, educación). (ii) La imposibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales (vida, dignidad humana, libertad de cultos, debido proceso, habeas data, entre otros). (iii) El deber positivo en cabeza del Estado de asegurar el goce efectivo tanto de los derechos no fundamentales como de los fundamentales, en la parte que no sea objeto de limitación cuando la misma procede, y en su integridad frente a los demás, debido a la especial situación de indefensión o de debilidad manifiesta en la que se encuentran los reclusos. (iv) El deber positivo en cabeza del Estado de asegurar todas las condiciones necesarias que permitan a su vez condiciones adecuadas para la efectiva resocialización de los reclusos.

“En este sentido, del perfeccionamiento de la “relación de especial sujeción” entre los reclusos y el Estado, surgen verdaderos deberes jurídicos positivos del Estado. Tales deberes se encuentran estrechamente ligados a la garantía de la funcionalidad del sistema penal, que viene dada por la posibilidad real de la resocialización de los reclusos, a partir del aislamiento en condiciones cualificadas de seguridad y de existencia vital de la población carcelaria. Deberes positivos de cuyo cumplimiento depende la legitimidad del sistema penal y, ante cuya inadvertencia, este último resulta convertido en una mera sombra de los valores y principios propios del Estado social de derecho”.

Ahora bien, la Sala reitera que con fundamento en la posición actual de la Sección Tercera del Consejo de Estado “(…) la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar (…)”(62). En desarrollo de esta consideración, esta Subsección analizará conjunta e integralmente el acervo probatorio y determinará si el caso se ajusta a alguna de las motivaciones o títulos de imputación acogidos por esta jurisdicción, o, si en su defecto, se evidencia una causal eximente de responsabilidad.

4. Caso Concreto

4.1 Daño antijurídico en el caso concreto

Con relación a la configuración de los presupuestos de la responsabilidad en el caso concreto, la Sala encuentra que el primero de ellos, esto es, el daño antijurídico se encuentra acreditado y consiste en la lesión del derecho a la vida de Gustavo Ardila Díaz, quien falleció el día 22 de febrero de 2001, a las 5:00, en la ciudad de Bucaramanga, como consta en el Registro Civil de Defunción obrante dentro del plenario(63).

Asimismo, con relación al daño antijurídico se encuentra el Formato Nacional de Acta de Levantamiento de Cadáver correspondiente a Gustavo Ardila Díaz, donde consta que falleció el día 22 de febrero de 2001, aproximadamente a las 5:00 a.m. “en el interior de la Cárcel Modelo de Bucaramanga, en el patio número 6 frente a las celdas 118 y 119”(64).

El registro fotográfico del levantamiento del cadáver, muestra que la víctima sufrió dos heridas, la primera de ellas, “una herida abierta con fractura ósea, localizada en región tempo occipital izquierdo” y la segunda, “una fractura con exposición ósea localizada en la región del tercio medio del brazo izquierdo”, así como se observan golpes en la parte derecha de la cara(65).

En el mismo sentido, obra el protocolo de necropsia en el cual se dijo que “se trata de un interno de la [cárcel modelo de Bucaramanga], quien fue encontrado muerto en el patio Nº 6, frente a las celdas 118 – 119, en la madrugada de hoy [22 de febrero de 2001] por el personal de guardia penitenciaria, desconociéndose las circunstancias del fallecimiento: sin otros datos sobre los hechos”. Al examen externo “presenta signos de violencia, caracterizados por trauma contuso severo cráneo – cérvico – dorsal”:

“(…)

Cuello: Simétrico, con laceraciones hacia región posterior del cuello, se palpan fracturas cervicales.

Tórax: Simétrico, con laceraciones hacia región deltoidea izquierda y área equimotica dorsal alta y media, fracturas costales izquierdas.

Examen interno

Cabeza

Cuero cabelludo: Herida contusa irregular parieto occipital izquierda de 10X6 cm.

Sistema nervioso

Cráneo: Fractura deprimida de tabla parieto temporal izquierda y base de cráneo en bisagra.

Cerebro y meninges: Hemorragia difusa subracnoidea, áreas de contusión hemorrágica bifrontal y temporal.

Cerebelo y tallo: Hemorragia con áreas de contusión hemorrágica en bulbo y tallo. Red Vascular Cerebral: Lesionada.

Columna vertebral:

Vertebras y medula espinal: Fracturas cervicales múltiples, con lesión medular.

Sistema osteo musculo articular: (…) fracturas ya descritas en cráneo, columna cervical y reja costal”.

Dentro de las conclusiones de la necropsia se dijo que ella “evidencia: Trauma contuso severo cráneo encefálico, cervico-dorsal con fractura de bóveda y base de cráneo; contusión y hemorragia cerebral, fallecimiento por shock neurológico agudo” y correlacionando los datos de acta de levantamiento, epicrisis y los hallazgos de la necropsia, se concluyó:

“Causa de muerte: Trauma contuso cráneo-encefálico.

Mecanismos de muerte: Shock neurológico

(…)

Las lesiones descritas en cráneo, sistema nervioso central y columna cervical, son de naturaleza esencialmente mortal e incompatibles con la vida”.

Así las cosas, y teniendo acreditado el daño antijurídico consistente en la lesión del derecho a la vida de Gustavo Ardila Díaz, la Sala entrará a analizar la configuración del segundo elemento de la responsabilidad patrimonial del Estado, es decir, la imputación fáctica y jurídica de dicho daño al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC.

4.2 Imputación del daño antijurídico en el caso concreto

Para resolver el juicio de imputación, la Sala se preguntará si existió una falla en el servicio en cabeza del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC o si el daño es imputable bajo los criterios que se desprenden de la relación de especial sujeción en que se encuentran los reclusos, respecto de la entidad demandada. De igual forma se revisará la posible atribución del daño antijurídico a una causa extraña, tal como el hecho exclusivo y determinante del tercero o de la propia víctima.

Al respecto, en primer lugar, con el informe rendido por la policía judicial(66) y la certificación emitida por el INPEC(67), la Sala encuentra acreditado que la víctima —Gustavo Ardila Díaz— ingresó a la Cárcel Modelo de Bucaramanga el día 22 de enero de 2001, a órdenes de la Fiscalía 5ª Delegada de esa ciudad, sindicado del delito de extorción.

Ahora bien, con relación a las circunstancias fácticas en que ocurrieron los hechos, la Sala encuentra que el cadáver de Gustavo Ardila Díaz fue hallado en el primer piso del patio 6 “junto al tanque de almacenamiento de agua”(68) y, según consta en el informe de Policía Judicial(69), el Inspector “Delgado Jorege (sic)” dijo que escuchó gritos de un interno del patio 6 donde decía que había un muerto que se había tirado del 5º piso, y en el mismo sentido, la enfermera de turno – Yaneth Blanco Díaz (sic) sostuvo que llamaron desde el patio No. 6 para que fuera a verificar, porque un interno se había caído del cuarto (sic) piso.

Al respecto la enfermera manifestó:

“el día 22 de febrero me llamaron a la habitación desde el patio 6, para que fuera a mirar un interno que se había caído del 4º piso (…) estaba boca arriba y sangrando en el tórax pero no lo toqué porque ya estaba muerto”(70)

Asimismo, en el informe rendido por el dragoneante Jairo Morales Díaz, sostuvo:

“fui informado por el señor inspector Sandoval Delgado Jorge, sobre la existencia de una novedad en el pabellón 6, procediendo a entrar en compañía del dragoneante Cerón Pacheco José, encontrando tirado en la zona aledaña al tanque principal del primer piso, boca arriba un sujeto que se encontraba ya sin vida de acuerdo a lo manifestado por la enfermera de turno, desconociendo la causa y hora de su deceso y todos los demás pormenores relacionados con el hecho”(71)

Es de anotar que la información contenida en el informe rendido por el dragoneante Jairo Morales Díaz, fue ratificada el 4 de abril de 2001, en donde además sostuvo:

“el día 22 de febrero, me encontraba de turno, (…) al momento de terminar de sacar el personal de todas las comunidades a sus patios respectivos, fui informado de un interno en la comunidad 6, por al razón (sic) encompañía (sic) del Dgte. Cerón Pacheco José Gregorio, procedimos a ingresar a dicha comunidad acompañados por la señora enfermera de servicios Janeth Blanco, para verificar la información, al fondo del patio del piso primero de la comunidad, en la zona aledaña a los baños encontramos a un sujetotirado (sic), boca arriba, con el tórax empapado en sangre, ante lo cual la enfermera de servicios le tomó los signos vitales informando que ese interno ya estaba muerto, por lo tanto no se le dieron los primeros auxilios y se informó al comando de guardia (…) posteriormente se indagó sobre los pormenores del hecho, (…) no se logró establecer ni la causa del deceso ni otros detalles respecto al fatal hecho, ya que todo el personal de internos al que se le indagó manifestó no saber nada”

Adicionalmente, es de anotar que lo manifestado por el dragoneante Jairo Morales Díaz, tanto en su informe como en la ratificación del mismo, coincide con el testimonio del Dragoneante José Gregorio Cerón Pacheco(72) y por el Inspector Jorge Delgado, quien con relación a los hechos manifestó:

“El día 22 de febrero del presente año [2001], siendo aproximadamente las 5:05 de la mañana, entré a la parte interna a pasar revista y al pasar por el patio 6 oí unos gritos de un interno que decía que había un muerto que se había tirado del 5º piso. De inmediato le informé a los Dragoneantes de servicio que eran los dragoneantes Morales Diaz Jairo y Cerón Pacheco José Gregorio, quienes procedieron a verificar el hecho, resultado ser cierto, por lo cual los funcionarios informaron a la guardia sobre el hallazgo de un interno al parecer en estado de defunción”(73).

Finalmente, sobre las circunstancias en que ocurrió la muerte del señor Gustavo Ardila Díaz, el Inspector Delgado sostuvo que “el comentario que había de los internos era que se había tirado del 5º piso que por lo que se encontraba enfermo”, sin encontrar ningún comportamiento sospechoso entre los demás internos de la cárcel.

Ahora bien, con relación a la forma de la muerte, esto es la caída —accidental o violenta de un piso alto— lo anterior coincide con el informe de necropsia, el cual, frente a la “probable manera de la muerte”, concluyó “Violenta a determinar si accidental por caída de gran altura, o de tipo homicida por lanzamiento al vacío u otro tipo de trauma contuso, ya que por hallazgos de necropsia y los escasos datos del acta de levantamiento, no es posible determinar en forma exacta la manera de muerte”.

De manera que la forma de la muerte no quedó plenamente establecida, pues, como pudo verse, el personal del INPEC no conoció las circunstancias específicas en que resultó muerto Gustavo Ardila Díaz e, incluso, de las declaraciones rendidas por los internos Marceliano Paneso Ocampo(74), Manuel Rosado(75) y Teófilo Rincón Mancilla(76), todos recluidos en el patio 6 y miembros de la mesa de trabajo de esta comunidad, se observa que ninguna información se obtuvo sobre la forma de la muerte o situaciones de conflicto con otros internos que permitan establecer un posible homicidio al interior de la cárcel, más aún, ni siquiera está probado que la víctima haya sido atacado ni herido con arma corto punzante, aunque es claro que estaba recluido en un piso alto, 4º o 5º piso.

Asimismo, la Sala encuentra acreditado que, como consecuencia de la muerte de Gustavo Ardila Díaz, la Fiscalía Delegada 5ª de la ciudad de Bucaramanga abrió una investigación previa tendiente a establecer las circunstancias de la muerte e individualizar e identificar a los autores o coparticipes del posible hecho punible(77), pero archivó las diligencias, toda vez que no fue posible individualizar o identificar los autores de la posible conducta punible.

En el mismo sentido, se observa que con relación a estos hechos el INPEC adelantó la correspondiente investigación disciplinaria(78) que también fue archivada por cuanto no se establecieron los móviles que dieron lugar a la muerte de Gustavo Ardila Díaz, no se esclarecieron los hechos y se desconocen los posibles responsables.

Sin embargo, la Sala observa que el testigo Juan de Dios Rueda Zarate, sostuvo que:

“Gustavo Ardila Diaz fue asesinado en el patio 6 de la cárcel modelo a garrote y después de muerto lo lanzaron del quinto piso. Pero antes de lanzarlo también fue tirado, según lo manifestaban las huellas de su cuerpo, que me consta personalmente porque yo fui la persona que lo saco (sic) de la morgue y los (sic) vesti (sic) en la funeraria, lo voltee por lado y lado y fue entonces cuando vi todas las atrocidades que le hicieron en la cárcel modelo. Preguntado: Cual (sic) es la razón por la cual expresa usted que fue golpeado con garrote. Contestó: Yo estuve preso en esa cárcel en el mismo patio, y tengo completo conocimiento de que allí existe un llamado comité y un Jefe de patio, ese comité tiene garrotes de 50 o 60 cm y de 4 por 4 de ancho con filo, que es lo que da perfecta huella de las fracturas que recibió el señor Gustavo Ardila. (…) de otra parte quiero manifestar que en la cárcel existe un jefe de patio que es el que decide quien vive y quien muere, en ese momento estaba como jefe de patio un señor conocido como Darío Zapata Hernández quien fue la persona que ordenó el asesinato del señor Gustavo Ardila. Y los guardianes no tienen dominio sobre el patio a ninguna hora porque ellos cuidan por fuera del patio, sin importarle lo que adentro está sucediendo. Y le reitero sobre el patrio tiene control el jefe y el comité que allí existe. Preguntado: A que (sic) atribuye usted el hecho de que en las investigaciones adelantadas por la muerte del señor Gustavo Ardila Díaz no se indicase causa especifica de dicha muerte por parte de los guardianes. Contestó: por falta de conocimiento de ellos, porque ellos no tienen ningún contacto con los presos dentro del patio y por la ley del silencio que allí impera. Preguntado: Usted tuvo trato con el señor Gustavo Ardila durante el tiempo que el (sic) estuvo recluido en la cárcel modelo de Bucaramanga. Contestó: desde luego que si (sic) yo fui a visitarlo varias veces y se veía una persona muy normal en sus cosas. Preguntado: le comentó algún problema que existiese con algún interno o con alguien de la guardia. Contestó: no el (sic) nunca me comento (sic) de ningún problema. La verdad el (sic) estaba cómodo en el patio porque yo fui la persona que hice la gestión para que lo recibieran en ese patio cuando estaba al mando Bernardo Giraldo, en ese momento fue tratado muy bien, pero a los pocos días le quitaron el mando del patio, un señor Darío Zapata Hernández. En ese mandato de dicho señor ocurrieron más (sic) de 10 muertes violentas con sevicia, lo que dice claramente la clase de asesino que era Darío Zapata, persona asesinada hace algunos días, la cual aporto copia del periódico donde salió el asesinato de dicho señor”(79).

A la sazón, es de anotar que el testigo aportó la fotocopia de una publicación periodística(80), de la que se desconoce la fecha y el diario o periódico autor de dicha publicación. Al respecto la Sala aclara que en el texto de la noticia no se evidencia ningún elemento que enlace los hechos con la muerte de Gustavo Ardila Díaz. Todo lo cual conlleva a que para la Sala esta fotocopia no tenga ningún valor probatorio(81).

Ahora bien, con relación a las afirmaciones expuestas por Juan de Dios Rueda Zarate, la Sala debe anotar que si se hallara algún elemento probatorio que ratificara el dicho del testigo quedaría acreditada la falla en la prestación del servicio por parte del INPEC, la cual pondría en evidencia la negligencia, la corrupción, la ineficiencia y la ineficacia del cuerpo de guardianes de esa institución y daría lugar a las correspondientes acciones penales, disciplinarias y de repetición por parte del Estado.

Sin embargo, como puede concluirse de la valoración probatoria que antes se ha citado, no existe dentro del plenario medio de prueba alguno que corrobore, si quiera, uno de los hechos informados por el testigo – Juan de Dios Rueda Zarate.

Nótese, por ejemplo, que las señales de “garrote” que el testigo dice haber encontrado en el cuerpo sin vida de Gustavo Ardila, no coinciden con lo registrado en el álbum fotográfico ni con lo manifestado en el acta de levantamiento del cadáver, ni en el informe de necropsia; frente a lo cual debe preverse que, si las afirmaciones del testigo eran ciertas, era responsabilidad de los familiares o, incluso, del mismo testigo elevar las reclamaciones pertinentes y las denuncias ante las autoridades competentes y así dejar constancia de sus observaciones, o solicitar otras valoraciones forenses.

De igual modo, en lo que respecta al funcionamiento del patio 6 de la cárcel modelo de Bucaramanga, aunque ha quedado probado que existe la denominada “mesa de trabajo”, de ella solo se dijo que estaba organizada para representar a los reclusos ante las directivas del centro carcelario, sin que obre otro medio probatorio que corrobore el dicho del testigo respecto del mando de los reclusos al interior del patio.

Además, no se encuentra coherencia entre la forma como el testigo afirma que murió la víctima y la manifestación según la cual él mismo ubicó a Gustavo Ardila en ese patio, en donde este se sentía cómodo y se desconocía la existencia de algún tipo de conflicto o percance con los demás internos o con los guardianes de la cárcel; así como, esta Sala no puede aceptar que la asignación de los patios para los nuevos reclusos esté a cargo de un tercero ajeno al INPEC y otro recluso, presuntamente, jefe del patio. Esta afirmación trae consigo circunstancias de tal gravedad, que no se entiende por qué Juan de Dios Morales, pariente de la víctima desde hacía 25 años, no las puso en conocimiento de las autoridades competentes.

Así las cosas, la Sala encuentra que no se establecieron a ciencia cierta cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que resultó muerto Gustavo Ardila Díaz, pues, aunque se sabe que cayó de un piso alto, ni siquiera puede inferirse la altura de la que cayó, ya que pese a que la Fiscalía le solicitó al director de la cárcel información al respecto(82), este se limitó a decir que a cada interno se le asigna dentro del pabellón una celda o dormitorio, pero por “estrictas medidas de seguridad de cada uno de ellos”(83), “cambian de piso y de lugar de habitación, actividad que es inevitable y difícil de controlar”(84).

En el mismo sentido, el subdirector del centro carcelario, manifestó que “en este establecimiento no se lleva ningún control de celda debido al hacinamiento, lo que quiere decir que un día los internos duermen en una celda y otro día en otra, es más, hay celdas que no tienen rejas, por lo tanto, se hace difícil llevar ese control(85).

Sin embargo, los internos de la cárcel manifiestan que al parecer Gustavo Díaz pernoctaba en el piso 5º; frente a lo cual debe recordarse que el Inspector Delgado sostuvo que “el comentario que había de los internos era que se había tirado del 5º piso que por lo que se encontraba enfermo” y el protocolo de necropsia estableció como “probable manera de la muerte (…) por caída de gran altura (…)” sin que fuera posible determinar exactamente si se trató de un homicidio o de un suicidio, pero, al respecto debe agregarse que el médico coordinador de la cárcel certificó que el interno Gustavo Ardila Díaz, había sido valorado los días 23 y 25 de enero de 2001 por presentar crisis depresivas, situación que fue manejada con medicamentos(86).

Ahora bien, además de lo anterior para resolver la imputación fáctica y jurídica del daño la Sala considera lo dispuesto por la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario) y el Decreto 300 del 7 de febrero de 1997, vigente para la fecha en que ocurrieron los hechos y mediante el cual se aprobó el Acuerdo 17 del 12 de diciembre de 1996 y se modificaron los estatutos y la estructura interna del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.

Así, se prevé que el artículo 5º de dicho decreto, que enuncia los objetivos del INPEC, en su numeral 2º determina como uno de esos objetivos: “Hacer cumplir las medidas de aseguramiento, las penas privativas de la libertad y las medidas de seguridad, que establezcan las autoridades judiciales” (subrayado fuera de texto).

A su vez, el artículo 6º numeral 4º del mismo decreto, relaciona dentro de las funciones del Instituto Nacional Penitenciario y carcelario la de: “determinar sistemas de seguridad, vigilancia y control al interior y al exterior de los establecimientos de reclusión”.

Igualmente, resulta oportuno invocar el precedente según el cual la obligación del Estado derivado de la relación de especial sujeción, no se agota en la vigilancia y control, sino que se proyecta hacia la necesidad de preservar la vida e integridad personal de los reclusos, cuya protección no queda limitada, restringida o suprimida por la condición en la que se encuentran.

De manera que, dicho deber se expresa en la obligación del Estado de devolver a los ciudadanos en condiciones similares a aquellas que presentaban antes y durante el proceso de reclusión, so pena de tener que responder patrimonialmente por los perjuicios que haya sufrido el recluso durante el tiempo de reclusión y/o detención, o de internamiento carcelario.

Lo anterior para concluir que la obligación de custodia y vigilancia del recluso Gustavo Ardila Díaz estaba a cargo del personal de guardia de la Cárcel Modelo de Bucaramanga, y si bien no se tiene certeza de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo la muerte del interno, de la valoración conjunta del acervo probatorio la Sala encuentra que están acreditados supuestos que permiten establecer la imputación fáctica y jurídica del daño al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —INPEC—, bajo los criterios de la falla en el servicio.

La falla del servicio se encuentra configurada con fundamento en la existencia de la relación de especial sujeción, según la cual la entidad demandada estaba llamada a garantizar integralmente la seguridad del interno, de manera que debía desplegar todos los medios tendientes a impedir que otros reclusos, terceros (particulares), así como el personal penitenciario y carcelario (o de otra naturaleza) amenazaran, lesionaran o afectaran la vida del interno, incluso, la obligación de custodia y vigilancia conlleva impedir que la propia víctima se haga daño, por supuesto dentro de los medios razonables.

Por lo mismo, como causa extraña que exonera de responsabilidad a la entidad demandada, no se encuentran configurados en el caso concreto el hecho del tercero o de la víctima, pues, es pertinente resaltar que para su configuración se requiere que tal hecho sea la causa exclusiva del daño(87).

Asimismo, para que actúen como eximentes el hecho del tercero o de la víctima, se requiere que tal hecho sea completamente ajeno al servicio, externo a la entidad, es decir, que no se encuentre dentro de su esfera jurídica, de manera que el hecho dañino no se vincule con el servicio, porque si ha existido una actuación u omisión de la entidad demandada, esta será la verdadera causa del daño y, por ende, el hecho del tercero o de la víctima no será ajeno al demandado(88).

Del mismo modo, la actuación del tercero o de la víctima debe ser imprevisible e irresistible a la entidad; porque, de lo contrario, el daño le sería imputable a esta a título de falla del servicio en el entendido de que la entidad teniendo el deber legal de hacerlo, no previno o resistió el suceso dañino. Así, por ejemplo, pese a que en el caso concreto no quedó acreditado que fue directamente Gustavo Ardila quien produjo su propia muerte, lo cierto es que el estado de depresión certificado y tratado con medicamentos por el médico de la cárcel, permitía prever el riesgo de suicidio a que reportaba el recluso, ante lo cual se debían tomar todas las medidas de seguridad que impidieran tal acto(89).

Visto esto, es evidente que en el caso concreto no se encuentran acreditados los elementos configurantes de una causa extraña que pueda exonerar de responsabilidad a la entidad demandada, de quien se ha dicho falló en su obligación de custodiar, vigilar y cuidar al recluso, lo cual se ve agravado frente por la imposibilidad del INPEC para esclarecer las circunstancias en que resultó muerto Gustavo Ardila Díaz.

En mérito de lo anterior, la Sala encuentra que en el caso concreto se configuran el daño antijurídico y su imputación al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, en razón a lo cual confirmará la sentencia apelada.

5. Perjuicios

La Sala no se pronunciará sobre los perjuicios otorgados por el tribunal de primera instancia, por cuanto este punto no fue objeto de apelación(90), de modo que se infiere que las víctimas encuentran satisfecha su pretensión indemnizatoria con el reconocimiento efectuado en primera instancia, frente al cual la entidad apelante tampoco formuló ningún reparo.

Sin embargo, con relación al reconocimiento efectuado por concepto de lucro cesante, la Sala encuentra que hay lugar a la actualización de los rubros liquidados, sin que ello signifique que se está excediendo el objeto del recurso de apelación ni reformando en contra del apelante único, toda vez que se trata, simplemente, de indexar o traer a valor presente las sumas reconocidas, según lo dispone el artículo 177 del C.C.A.

Para el efecto la Sala utilizará la fórmula reconocida por la jurisprudencia, a saber:

Ra = Rh X IPC final (abril 2017)

IPC inicial (junio 2009)

Lucro cesante a favor de la cónyuge María Josefa Torres:

Ra = $ 67.738.195,89 X 137,40

102,22

Ra = $ 91.505.950,06

Lucro cesante a favor de la hija Leidy Johana Ardila Torres

Ra = $ 5.970.095 X 137,40

102,22

Ra = $ 8.024.760,83

Lucro cesante a favor de la hija Diana Marcela Ardila Torres

Ra = $11.952.453.45 X 137,40

102,22

Ra = $ 16.066.005,71

Dada la actualización anterior, corresponde a las demandantes por concepto de perjuicios materiales a título de lucro cesante, las siguientes sumas:

DemandanteLucro cesante
María Josefa Torres$ 91.505.950,06
Leidy Johana Ardila Torres$ 8.024.760,83
Diana Marcela Ardila Torres$ 16.066.005,71

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-sección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia de 11 de junio de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, la cual quedará así:

1. DECLÁRASE la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia.

2. DECLÁRASE que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, es patrimonialmente responsable de la muerte del señor Gustavo Ardila Diaz, ocurrida el 22 de febrero de 2001 en la Cárcel “Modelo” de Bucaramanga.

3. CONDÉNASE al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, a pagar por concepto de compensación por daño moral a favor de la cónyuge María Josefa Torres e hijos Leidy Johana, Diana Marcela, Rubén Darío y Bertha Liliana, la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales para cada uno.

4. CONDÉNASE al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, a pagar a las demandantes por concepto de perjuicios materiales a título de lucro cesante, las siguientes sumas:

DemandanteLucro cesante
María Josefa Torres$ 91.505.950,06
Leidy Johana Ardila Torres$ 8.024.760,83
Diana Marcela Ardila Torres$ 16.066.005,71

5. DENEGAR las restantes súplicas de la demanda.

6. La entidad demandada cumplirá lo dispuesto en este fallo dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del C.C.A, con las consecuencias obligadas en caso de no hacerlo.

7. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE inmediatamente el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

18 Sentencias de 21 de febrero de 2002. Exp. 12789; 9 de junio de 2010. Exp.18078.

19 La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y este sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Postura que fue seguida en la Sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional, Sentencia C-892 de 2001.

20 En precedente jurisprudencial constitucional se indica: “El Estado de Derecho se funda en dos grandes axiomas: El principio de legalidad y la responsabilidad patrimonial del Estado. La garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos no se preserva solamente con la exigencia a las autoridades públicas que en sus actuaciones se sujeten a la ley sino que también es esencial que si el Estado en ejercicio de sus poderes de intervención causa un daño antijurídico o lesión lo repare íntegramente”. Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001.

21 Derechos e intereses que constitucional o sustancialmente reconocidos “son derechos de defensa del ciudadano frente al Estado”. Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés. 1ª reimp. México, Fontamara, 2007, p.49.

22 “La responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro ordenamiento jurídico tiene como fundamento un principio de garantía integral del patrimonio de los ciudadanos”. Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001.

23 La “razón de ser de las autoridades públicas es defender a todos los ciudadanos y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Omitir tales funciones entraña la responsabilidad institucional y la pérdida de legitimidad. El estado debe utilizar todos los medios disponibles para que el respeto de la vida y derechos sea real y no solo meramente formal”. Sentencia de 26 de enero de 2006, Exp. AG-2001-213. En la doctrina puede verse Starck, Boris. Essai d une théorie general de la responsabilité civile considerée en sa doublé fonction de garantie et de peine privée. Paris, 1947.

24 “La responsabilidad, a diferencia de la expropiación, no representa un instrumento en manos de la Administración para satisfacer el interés general, una potestad más de las que esta dispone al llevar a cabo su actividad, sino un mecanismo de garantía destinado a paliar, precisamente, las consecuencias negativas que pueda generar dicha actividad. La responsabilidad, por así decirlo, no constituye una herramienta de actuación de la Administración, sino de reacción, de reparación de los daños por esta producidos”. Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema. 1ª ed. Madrid, Civitas, 2001, p.120.

25 Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema., ob., cit., pp.120-121.

26 “3- Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada —en especial en el artículo 16— los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado”. Corte Constitucional, Sentencia C-864 de 2004. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 2003.

27 Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sentencia de 21 de octubre de 1999, Exps.10948-11643. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la imputatio juris’ además de la ‘imputatio facti’”. Sentencia de 13 de julio de 1993. En el precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “En efecto, el artículo de la Carta señala que para que el Estado deba responder, basta que exista un daño antijurídico que sea imputable a una autoridad pública. Por ello, como lo ha reiterado esta Corte, esta responsabilidad se configura “siempre y cuando: i) ocurra un daño antijurídico o lesión, ii) este sea imputable a la acción u omisión de un ente público”. Corte Constitucional, sentencias C-619 de 2002; C-918 de 2002.

28 “(…) el perjudicado a consecuencia del funcionamiento de un servicio público debe soportar el daño siempre que resulte (contrario a la letra o al espíritu de una norma legal o) simplemente irrazonable, conforme a la propia lógica de la responsabilidad patrimonial, que sea la Administración la que tenga que soportarlo”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, p.185.

29 “(…) que lo razonable, en buena lógica de responsabilidad extracontractual, para las Administraciones públicas nunca puede ser hacerlas más responsables de lo que sea razonable para los entes jurídico-privados que desarrollan en su propio interés actividades análogas”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”. ob., cit., p.186.

30 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal —bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía— sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002. Debe advertirse que revisada la doctrina de la responsabilidad civil extracontractual puede encontrarse posturas según las cuales “debe rechazarse que el supuesto de hecho de las normas sobre responsabilidad civil extracontractual requiera un elemento de antijuricidad (sic)”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM. Nº 4, 2000, p.168.

31 Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-918 de 2002. A lo que se agrega: “El artículo 90 de la Constitución Política le suministró un nuevo panorama normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado. En primer lugar porque reguló expresamente una temática que entre nosotros por mucho tiempo estuvo supeditada a la labor hermenéutica de los jueces y que solo tardíamente había sido regulada por la ley. Y en segundo lugar porque, al ligar la responsabilidad estatal a los fundamentos de la organización política por la que optó el constituyente de 1991, amplió expresamente el ámbito de la responsabilidad estatal haciendo que ella desbordara el límite de la falla del servicio y se enmarcara en el más amplio espacio del daño antijurídico”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002. Sin embargo, cabe advertir, apoyados en la doctrina iuscivilista que “no puede confundirse la antijuridicidad en materia de daños con lesiones de derechos subjetivos y, menos todavía, una concepción que los constriña, al modo alemán, a los derechos subjetivos absolutos, entendiendo por tales los derechos de la personalidad y la integridad física, el honor, la intimidad y la propia imagen y los derechos sobre las cosas, es decir, propiedad y derechos reales”. Díez-Picazo, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. 1ª ed. Navarra, Aranzadi, 2011, p. 297.

32 Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001. Cabe afirmar, que en la doctrina del derecho civil se advierte que “la antijuridicidad del daño no se produce porque exista violación de deberes jurídicos”, definiéndose como “violación de una norma especial o de la más genérica alterum non laedere”. Díez-Picazo, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual., ob., cit., p. 298.

33 Agregándose: “Para eludir el cumplimiento de sus deberes jurídicos no puede exigirle al juez que, como no le alcanzan sus recursos fiscales, no le condene por ejemplo, por los atentados de la fuerza pública, contra la dignidad de la persona humana”. Sentencia de 9 de febrero de 1995. Exp. 9550.

34 Sentencia de 19 de mayo de 2005. Rad. 2001-01541 AG.

35 “Por haber excedido los inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio”. Sentencia de 14 de septiembre de 2000. Exp. 12166.

36 Sentencia de 2 de junio de 2005. Rad. 1999-02382 AG.

37 “La imputación depende, pues, tanto de elementos subjetivos como objetivos”. Sanchez Morón, Miguel. Derecho administrativo. Parte general., ob., cit., p. 927.

38 Corte Constitucional, Sentencia C-043 de 2004.

39 En los términos de Kant, dicha imputación se entiende: “Imputación (imputatio) en sentido moral es el juicio por medio del cual alguien es considerado como autor (causa libera) de una acción, que entonces se llama acto (factum) y está sometida a leyes; si el juicio lleva consigo a la vez las consecuencias jurídicas del acto, es una imputación judicial (imputatio iudiciaria), en caso contrario, solo una imputación dictaminadora (imputatio diiudicatoria)”. Kant, I. La metafísica de las costumbres. Madrid, Alianza, 1989, p.35. En nuestro precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “La jurisprudencia nacional ha recabado en ello al sentar la tesis de que la base de la responsabilidad patrimonial del Estado la constituye la imputabilidad del daño. En efecto, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Corte Constitucional ha sostenido que la responsabilidad patrimonial del Estado y de las demás personas jurídicas públicas se deriva de la imputabilidad del perjuicio a una de ellas, lo cual impide extenderla a la conducta de los particulares o a las acciones u omisiones que tengan lugar por fuera del ámbito de la administración pública”. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

40 El “otro principio de responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De conformidad con este, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al estado cuando exista título jurídico de atribución, es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados”. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

41 “Tenía razón Welzel al considerar que el derecho debe respetar estructuras antropológicas como la capacidad de anticipación mental de objetivos cuando se dirige al hombre mediante normas. Desde luego, si el ser humano no tuviera capacidad de adoptar o dejar de adoptar decisiones teniendo en cuenta motivos normativos, sería inútil tratar de influir en el comportamiento humano mediante normas prohibitivas o preceptivas”. Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 05-05-2003 [http://criminet.urg.es/recpc], pp. 6 y 7.

42 “El Derecho se dirige a hombre y no a adivinos. Declarar típica toda acción que produzca un resultado dañoso, aun cuando este fuese imprevisible, significaría que la ley no tiene en cuenta para nada la naturaleza de sus destinatarios; pues una característica del hombre es precisamente la de que no puede prever más que muy limitadamente las consecuencias condicionadas por sus actos. Vincular un juicio de valor negativo (el de antijuridicidad) a la producción de un resultado que el hombre prudente no puede prever sería desconocer la naturaleza de las cosas (más concretamente): la naturaleza del hombre”. Gimbernat Ordeig, E. Delitos cualificados por el resultado y relación de causalidad. Madrid, 1990, pp. 77 ss.

43 Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob., cit., p. 7.

44 Larenz, K. “Hegelszurechnungslehre”, en Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob., cit., p. 7.

45 Jakobs, G. La imputación objetiva en el derecho penal. Bogotá, Universidad Externado, 1994. Sin embargo, como lo sostiene el precedente de la Sala: “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo (…) No obstante que la norma constitucional hace énfasis en la existencia del daño antijurídico como fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de imputación de responsabilidad al Estado que de tiempo atrás han elaborado tanto la doctrina como la jurisprudencia”. Sentencia de 24 de febrero de 2005. Exp.14170.

46 Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema., ob., cit., p.171.

47 “El principio de proporcionalidad se compone de tres subprincipios: el principio de idoneidad; el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. Estos principios expresan la idea de optimización (...) En tanto que exigencias de optimización, los principios son normas que requieren que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible, dadas sus posibilidades normativas y fácticas. Los principios de idoneidad y de necesidad se refieren a la optimización relativa a lo que es fácticamente posible por lo que expresan la idea de optimalidad de Pareto. El tercer subprincipio, el de proporcionalidad en sentido estricto, se refiere a la optimización respecto de las posibilidades normativas. Las posibilidades normativas vienen definidas, fundamentalmente, por la concurrencia de otros principios; de modo que el tercer subprincipio podría formularse mediante la siguiente regla: Cuanto mayor ser el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro. Esta regla puede denominarse: “ley de la ponderación” (subrayado fuera de texto). Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., p. 62.

48 “La ley de la ponderación pone de manifiesto que la ponderación puede fraccionarse en tres pasos. El primero consiste en establecer el grado de insatisfacción o de detrimento del primer principio; el segundo, consiste en establecer la importancia de la satisfacción del segundo principio, que compite con el primero y, finalmente, el tercer paso consiste en determinar si, por su importancia, la satisfacción del segundo principio justifica la no satisfacción del primero”. Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., p. 64.

49 Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., p.62. Sin embargo, se advierte que Habermas ha planteado objeciones a la ponderación: “(…) la aproximación de la ponderación priva de su poder normativo a los derechos constitucionales. Mediante la ponderación —afirma Habermas— los derechos son degradados a nivel de los objetivos, de las políticas y de los valores; y de este modo pierden la “estricta prioridad” característica de los “puntos de vista normativos”. Habermas, Jürgen. Between Facts and Norms, Trad. William Rehg, Cambridge, 1999, p.259. A lo que agrega: “(…) no hay criterios racionales para la ponderación: Y porque para ello faltan criterios racionales, la ponderación se efectúa de forma arbitraria o irreflexiva, según estándares y jerarquías a los que está acostumbrado”. Para concluir que: “La decisión de un tribunal es en sí misma un juicio de valor que refleja, de manera más o menos adecuada, una forma de vida que se articula en el marco de un orden de valores concreto. Pero este juicio ya no se relaciona con las alternativas de una decisión correcta o incorrecta”. Habermas, Jürgen. “Reply to Symposium Participants”, en Rosenfeld, Michel; Arato, Andrew. Habermas on Law and Democracy. Los Angeles, Berkeley, 1998, p. 430.

50 Deberes de protección que es “una consecuencia de la obligación general de garantía que deben cumplir las autoridades públicas y se colige claramente de los artículos 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que regulan el derecho a disponer de un recurso efectivo en caso de violaciones a los derechos humanos”. CASAL H, Jesús María. Los derechos humanos y su protección. Estudios sobre derechos humanos y derechos fundamentales. 2ª ed. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2008, p. 31.

51 Cfr. Günther Jakobs. Regressverbot beim Erfolgsdelikt.Zugleich eine Untersuchung zum Gruñd der strafrechtlichen Haftung bei Begehung. ZStW 89 (i977). Págs 1 y ss.

52 Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001. En la doctrina se afirma que la “posición de garantía” debe modularse: “(…) todos deben procurar que su puño no aterrice violentamente en la cara de su congénere, o que su dedo índice no apriete el gatillo de un arma de fuego cargada apuntada sobre otra persona, etc. Sin embargo, también aparecen sin dificultad algunos fundamentos de posiciones de garantía referidas a supuestos de omisión: quien asume para sí una propiedad, debe procurar que de esta no emanen riesgos para otras personas. Se trata de los deberes de aseguramiento en el tráfico, deberes que de modo indiscutido forman parte de los elementos de las posiciones de garantía y cuyo panorama abarca desde el deber de aseguramiento de un animal agresivo, pasando por el deber de asegurar las tejas de una casa frente al riesgo de que caigan al suelo hasta llegar al deber de asegurar un carro de combate frente a la posible utilización por personas no capacitadas o al deber de asegurar una central nuclear frente a situaciones críticas”. Jakobs, Günther. Injerencia y dominio del hecho. Dos estudios sobre la parte general del derecho penal. 1ª reimp. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2004, p.16.

53 “En una sociedad de libertades, y, más aún, en una sociedad que además hace posibles contactos en alto grado anónimos, es decir, en una sociedad que pone a cargo de los ciudadanos la configuración del comportamiento a elegir, con tal de que ese comportamiento no tenga consecuencias lesivas, la libertad central de elección debe verse correspondida, en cuanto sinalagma, por la responsabilidad por las consecuencias de la elección”. Jakobs, Günther. Injerencia y dominio del hecho. Dos estudios sobre la parte general del derecho penal., ob., cit., p.15.

54 Cfr. Günther Jakobs. Strafrecht Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehre (studienausgabe). 2 Auflage.Walter de Gruyter.Berlin.New York. 1993.Pags. 796 y ss.

55 Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001.

56 Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001.

57 “La profesora Beladiez comparte sin reservas la preocupación por los excesos que desfiguran la institución, admite que con alguna frecuencia se producen <<resultados desproporcionados e injustos>> para la administración e insiste en advertir que la responsabilidad objetiva no es un seguro universal que cubra todos los daños que se produzcan con ocasión de las múltiples y heterogéneas actividades que la Administración lleva cotidianamente a cabo para satisfacer los interese generales”. Leguina Villa, Jesús. “Prólogo”, en Beladiez Rojo, Margarita. Responsabilidad e imputación de daños por el funcionamiento de los servicios públicos. Con particular referencia a los daños que ocasiona la ejecución de un contrato administrativo. Madrid, Tecnos, 1997, p. 23.

58 Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema., ob., cit., p. 204.

59 Merkl ya lo señaló: “El hombre jurídicamente puede hacer todo lo que no le sea prohibido expresamente por el derecho; el órgano, en fin de cuentas, el estado, puede hacer solamente aquello que expresamente el derecho le permite, esto es, lo que cae dentro de su competencia. En este aspecto el derecho administrativo se presenta como una suma de preceptos jurídicos que hacen posible que determinadas actividades humanas se atribuyan a los órganos administrativos y, en último extremo, al estado administrador u otros complejos orgánicos, como puntos finales de la atribución. El derecho administrativo no es solo la conditio sine qua non, sino condijo per quam de la administración”. Merkl, Adolfo. Teoría general del derecho administrativo. México, Edinal, 1975, p. 211.

60 Ver sentencias del Consejo de Estado Sección Tercera de 29 de agosto de 2007, expediente: 15494 y bajo la misma percepción la sentencia de 7 de octubre de 2009, expediente: 17629. Así mismo, puede consultarse las sentencias de 3 de octubre de 2007, expediente 22655 y sentencia de 14 de agosto de 2008, expediente 16413.

61 Consejo de Estado Sección Tercera, sentencia de 20 de febrero 1989, expediente: 4655. Así mismo se dijo en sentencia de 14 de febrero de 1995, expediente: S-123 que: “(…) la Sala precisa que sí es posible en materia de juicios de responsabilidad extracontractual del Estado, la aplicación del principio iura novit curia, pero siempre teniendo en cuenta que a través de él no se puede llegar a la modificación de los fundamentos fácticos de la pretensión, expuestos en el libelo, los cuales constituyen su causa petendi y son los precisados por el actor, y no otros (…)”.

62 Sentencia Sala Plena de la Sección Tercera, expediente 24392. “En este orden de ideas, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar, desde una perspectiva constitucional y legal, los diversos casos traídos a su consideración sin que ello signifique que pueda entenderse que existe un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado título de imputación. En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe estar en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en casa evento, de manera que la solución obtenida consulte los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado tal y como fueron explicados previamente en esta providencia”.

63 Fl. 4 del C. 1

64 Fl. 46 del C. 1

65 Fls. 53-57 del C. 1

66 Fls. 76-78 del C. 1

67 Fl. 91 del C. 1

68 Declaración rendida por el Dragoneante José Gregorio Cerón Pacheco (fl. 66 del C. 1).

69 Fls. 76-78 del C. 1

70 Fl. 87 del C. 1

71 Fl. 81 del C. 1

72 Fl. 66 del C. 1

73 Fl. 85 del C. 1

74 Fl. 88 del C. 1

75 Fl. 89 del c. 1

76 Fl. 90 del C. 1

77 Fl. 47 del C. 1

78 Fls. 82-83 del C. 1

79 Fls. 114-117 del C. 1

80 Fl. 118 del C. 1

81 Al respecto, de conformidad con la jurisprudencia de la Corporación, las publicaciones contenidas en periódicos y medios de comunicación pueden ser considerados no solamente para probar el registro mediático de los hechos, sino para acreditar la existencia de los mismos, siempre y cuando tengan conexidad con otros medios de prueba y coincidan con ellos. Sin embargo, es necesario dilucidar qué valor probatorio le otorga la Sala a la información de prensa allegada al proceso, ya que el principal problema para su valoración es la necesidad de cuestionar la veracidad que pueda ofrecer de la ocurrencia de los hechos. Más aún es necesario considerar racionalmente su valor probatorio como prueba de una realidad de la que el juez no puede ausentarse, ni puede obviar en atención a reglas procesales excesivamente rígidas. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de noviembre de 2014. Exp.27.578

82 Fl. 68 del C. 1

83 Fls. 73-74 del C. 1

84 Fls. 73-74 del C. 1

85 Fl. 80 del C. 1

86 Fl. 75 del C. 1

87 Ver sentencia de 18 de mayo de 1992, exp. 2466. En sentencia de 22 de junio de 2001, exp. 13.233 dijo la Sala: “El concurso de conductas eficientes en la producción de un daño, provenientes de personas distintas a la víctima directa, genera obligación solidaria y, por lo tanto, el dañado puede exigir la obligación de indemnización a cualquiera de las personas que participaron en la producción del daño (arts. 2.344 y 1568 Código Civil). Por consiguiente, cuando la conducta del tercero no es única ni exclusiva sino coparticipada en forma eficiente y adecuada con la del demandado (s), el afectado puede pedir la declaratoria de responsabilidad de uno o de todos los deudores solidarios (art. 1571 ibídem). Esta es la situación por la cual la coparticipación del tercero no es constitutiva de exonerante de responsabilidad; para que la conducta del tercero fuera exonerante se requeriría su exclusividad y, además, que fuera determinante en la producción del daño”.

88 Sobre ese aspecto puede verse Mazeaud y Tunc. Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y cuasidelictual. Buenos Aires. Ediciones Jurídicas Europa-América, 1962. Tomo II Volumen II, pág. 237.

89 Sección Tercera, sentencia de 13 de febrero de 2013, expediente 18148. “En relación con la imprevisibilidad, se señala que este elemento no se excluye la responsabilidad con la simple posibilidad vaga o abstracta de que el hecho pueda ocurrir, sino con la posibilidad concreta y real de que tal hecho pudiera ser previsto. Y en relación con la irresistibilidad, cabe señalar que esta se vincula con juicios de carácter técnico y económico, es decir, que la valoración sobre la resistibilidad de los efectos del suceso involucra una valoración de los avances de la técnica, pero también de los recursos de que deba disponerse para conjurar los del daño.
Para que el hecho del tercero constituya causa extraña y excluya la responsabilidad de la entidad demandada no se requiere ni que aparezca plenamente identificado en el proceso ni que el tercero hubiere actuado con culpa, porque la relación causal es un aspecto de carácter objetivo. Lo determinante en todo caso es establecer que el hecho del tercero fue imprevisible e irresistible para la entidad demandada, y que su actuación no tuvo ningún vínculo con el servicio, amén de haber constituido la causa exclusiva del daño.

90 Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado en cuanto al objeto de la apelación que el recurso de apelación se encuentra limitado a los aspectos indicados por la apelante, por lo cual, en principio, los demás asuntos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo. En este sentido la Sala Plena de la Corporación, en reciente pronunciamiento reiteró que mediante el recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial —en este caso la que contiene una sentencia—, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con sus propias consideraciones o apreciaciones, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia. Lo anterior lo sostuvo de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 357 del C. de P. C. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 27 de febrero de 2015. Exp.: 27.183