Sentencia 2003-00457 de marzo 31 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2003-00457-02.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Recurso de apelación contra la sentencia de 25 de junio de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó

Actor: Kamal Cariuty Asprilla

Bogotá, D.C., treinta y uno de marzo de dos mil once.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

El punto central de la controversia radica en determinar si las correcciones ordenadas en el acto acusado, fueron efectuadas de conformidad con las normas pertinentes sobre registro de instrumentos públicos.

Antes de proceder al asunto de fondo y ante la insistencia del actor, aún en esta instancia, en el sentido de que la resolución acusada no le fue notificada de conformidad con la ley y por ello es nula, se tiene que, mediante auto de fecha 3 de septiembre de 2004, dentro de este expediente, consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barreto, la sección revocó el auto de fecha 27 de noviembre de 2003, proferido por el Tribunal Administrativo del Chocó, por medio del cual rechazó la demanda. Dijo la Sala en esta providencia:

“Así, se establece dentro del expediente que la resolución acusada no fue notificada personalmente y ni siquiera se hizo el intento de notificarla de tal forma, como para deducir que no le fue posible realizar la notificación personal y proceder a notificar por edicto y correo certificado, al tercero directamente afectado con la decisión.

De lo anterior se deduce que el momento en que fue notificada la resolución acusada fue en el que el demandante la conoció y alegó ante la administración que se notificó por conducta concluyente al presentar memorial de solicitud de copias, es decir el 25 de marzo de 2003 (fl. 66 y 67) y dado que la demanda fue presentada el 14 de julio de 2003, la acción no había caducado, por lo que respecto a este requisito la demanda era admisible”.

Por lo tanto, ya la Sala se pronunció sobre el error cometido por la administración en el sentido de considerar como fecha de notificación del acto acusado, el 25 de mayo de 2003, amén de que la irregularidad en la notificación no genera per se la violación del acto acusado.

Ahora bien, el acto acusado resolvió:

“ART. 1º— Corregir la naturaleza jurídica de las anotaciones inscritas en los folios de matrícula 184-0005670 ..... las cuales están a nombre de Cariuty Asprilla Kamal y unificar en la matrícula 184-0005670 todas las anotaciones segregadas que figuran en los folios de matrícula inmobiliaria 184-0006644 de la señora ..., (total 12 incluida la anterior)

ART. 2º—Una vez unificada y corregida la naturaleza jurídica de las anotaciones de los folios relacionados en el artículo primero de esta resolución, inscríbase en el folio de matrícula inmobiliaria 184-0005670 la extinción del derecho de dominio decretada por la Resolución 2976 del 1º de julio de 1964 expedida por la gerencia nacional del Incora.

ART. 3º—Ciérrese todos los folios de matrícula inmobiliaria relacionados en el artículo 1º de esta resolución.

ART. 4º—Corríjase la fecha de inscripción en el registro de la Resolución 2973 del 1º de julio de 1964, en los folios de matrícula inmobiliaria 184-0006005, 184-0006006, 184-0006007, quedando vigente el registro de fecha 8 de abril del año 1995

ART. 5º—Notifíquese a las partes y tercero inderminados (sic)”.

Según se lee en el acto acusado, su motivación obedece a los siguientes hechos:

Que se expide en uso de las facultades legales y en especial la conferida en el Decreto Ley 2158 de 1992, artículo 9º numeral 1º, instrucción administrativa 01-50 de noviembre 27 de 2001 y en los artículos 35, 39 y 40 del Código Contencioso Administrativo y 5º, 41, 42, 52 y 82 del Decreto-Ley 1250 de 1970.

Que el gerente regional del Incora - Chocó, le solicitó en varias ocasiones la revocatoria directa del registro de los predios La Honda, Curungano y La Playa inscritos en los folios de matrícula inmobiliaria 184-0005670 (y otros dos) e inscribir en esos folios la extinción del derecho de dominio decretada por la Resolución 2973 de 1º de junio de 1964 expedida por ella.

Que al realizar el estudio jurídico se observó que hubo error y omisión por el registrador de la época en la apertura de los folios, al trasladarlo del antiguo sistema (libro de registro año 1963) ubicándolos en primera columna como modo de adquirir en cuerpo cierto siendo que la real situación jurídica es sexta columna “falsa tradición”, toda vez que se trata de un juicio sucesorial realizado sin los soportes jurídicos de registro (sin antecedente registral), como lo señala el Decreto Ley 1250 de 1970 y demás normas aplicables.

Consideró que se pudo establecer que la Resolución 2973 de 1º de junio de 1964 por medio de la cual se extingue el dominio del predio en cuestión, expedida por el Incora, fue inscrita en esa oficina de registro regional Itsmina, en el libro de registro (antiguo sistema), libro 1º, tomo I, folios 58-64, partida 1965.

Que la oficina de registro regional Itsmina, por desconocimiento de que la Resolución 2973 de 1964 había sido inscrita en el antiguo sistema en el año de 1965, de conformidad con la solicitud del Incora, en el año de 1992 inscribe nuevamente la citada resolución en los folios de matrícula inmobiliaria 184-0006005, 184-0006006 y 184-0006007.

Que dicha oficina de instrumentos públicos, sin haber observado el error incurrido en los folios 184-0005670 (y otros dos), inscribió en primera columna la Sentencia 019 de 28 de julio de 1992, proferida por el Juzgado Promiscuo de familia de Itsmina, la sucesión de Apolinaria viuda de Asprilla, Devora Asprilla de Cariuty, siendo este un registro que corresponde a la columna 6ª “falsa tradición” por cuanto viene de la sucesión del causante Antonio Asprilla, juicio en el cual se careció de título antecedente de registro como cuerpo cierto.

Que del folio de matrícula inmobiliaria 184-0005670 se segregó el Nº 184-0006644 a favor de la señora Rentería Carrasco Yenny con extensión de 29 hectáreas y de este se segregaron las otras matrículas que se relacionan en la parte resolutiva del acto acusado, lo que no debió ocurrir porque los predios segregados vienen afectados de la figura de la “falsa tradición” y debieron inscribirse en el folio de matrícula 184-0005670, en orden de fecha de registro y en la columna 6 “falsa tradición”.

De lo anterior, en el mismo orden, dan cuenta los siguientes documentos:

— Solicitud de revocatoria directa por parte del Incora (fl. 42 y 43)

— Resolución 2973 de 1º de junio de 1964, por la cual el Incora declara la extinción del derecho de dominio, que se inscribió en el libro de registro del antiguo sistema, libro 1º, tomo I, folios 58 a 64, que requería para su validez la aprobación de la junta directiva del Incora y del Gobierno Nacional (fl. 51 y s.s.).

En dicho libro también se inscribe la Resolución 109 de 5 de junio de 1964 por la cual se aprueba la núm. 2973 de 1964 y la Resolución Ejecutiva 241 de septiembre 9 de 1964, por la cual se aprueban las resoluciones 2973 y 109 de 1964. Este último acto fue publicado en el Diario Oficial Nº 31473 de 26 de septiembre de 1964 (fl. 72). Estos actos administrativos que gozan de presunción de legalidad no están siendo desconocidos por el actor.

Es de tener en cuenta que a folio 74 reposa copia de la comunicación de 15 de febrero de 1996, expedida por la entonces subgerente jurídica del Incora a solicitud del señor Cariuty Asprilla, en la cual le informa que la publicidad de las resoluciones 2973 y 109 de 1964 se surtió con la publicación de la Resolución Ejecutiva 241 del mismo año proferida por el Ministerio de Agricultura y publicada en el Diario Oficial, como ya se observó.

— A folios 75, 76 y 77, reposan respectivamente los folios de matrícula inmobiliaria 184-0006007, 184-0006006 y 184-0006006, en los cuales, en efecto, como lo señala el acto acusado, aparece nuevamente registrado con fecha 10 de agosto de 1993, que mediante la Resolución 2973 de 1964, operó una extinción del dominio a favor de la Nación; se lee en este documento que el propietario era la Sociedad Arboleda y Holguines Sociedad Anónima de Familia según escritura 3293 de 20 de diciembre de 1947 de la Notaría de Bogotá.

— A folio 57 obra el certificado 075 del 22 de febrero de 1988, del Registrador de Instrumentos Públicos de Itsmina, en el cual se lee que en el libro 1º, tomo 1º, folio 507, partida 62, año 1963, aparece la parte resolutoria del juicio del causante Antonio Asprilla que dice sentencia aprobatoria, Juzgado Segundo Promiscuo del circuito de Itsmina, nueve de octubre de 1963, cuyos dos únicos herederos fueron las señoras Apolinaria V de Asprilla y Débora Asprilla V de Cariuty, que se pagó el derecho de registro y hay constancia de que se aportaron las certificaciones requeridas.

— A folio 266 reposa copia del folio de matrícula inmobiliaria 184-0005670 en el cual aparece con anotación 01 de fecha 31 de octubre de 1963, el registro de la sentencia de adjudicación de sucesión del Juzgado del Circuito Segundo de Itsmina, a la que se hizo referencia en el párrafo anterior y la anotación 02 de fecha 12 de agosto de 1992 del registro de la sentencia de 28 de julio de 1992 de adjudicación de sucesión de Apolinaria v de Asprilla al actor señor Kamal Cariuty Asprilla. En la anotación 4 se registra Escritura 627 del 29 de septiembre de 1995 de la Notaría Única de Itsmina de una venta que el actor hizo a Yenny Rentería de Carrasco.

Por resultar pertinente, la Sala trae a colación las siguientes disposiciones del Decreto 1250 de 1970, “Por el cual se expide el estatuto del registro de instrumentos públicos”:

ART. 7º—El folio de matrícula inmobiliaria constará de seis secciones o columnas, con la siguiente destinación:

La primera columna, para inscribir los títulos que conlleven modos de adquisición, precisando el acto, contrato o providencia.

La segunda columna, para inscribir gravámenes: hipotecas, prendas agrarias o industriales de bienes destinados al inmueble o radicados en él, actos de movilización, decretos que concedan el beneficio de separación.

La tercera columna, para la anotación de las limitaciones y afectaciones del dominio: usufructo, uso y habitación, servidumbres, condiciones, relaciones de vecindad, condominio, propiedad horizontal, patrimonio de familia inembargable.

La cuarta columna, para la anotación de medidas cautelares, embargos, demandas civiles, prohibiciones, valorizaciones que afecten la enajenabilidad.

La quinta columna, para inscribir títulos de tenencia construidos por escritura pública o decisión judicial: arrendamientos, comodatos, anticresis, derechos de retención.

La sexta columna, para la inscripción de títulos que conlleven la llamada falsa tradición, tales como la enajenación de cosa ajena o la transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio (resalta la Sala)

ART. 10.—Los folios de matrícula se mantendrán en muebles especialmente diseñados para su mejor conservación y manejo, conservándolos en el estricto orden numérico interno que los distinga.

Cuando el folio correspondiente a un determinado bien se agotare por las inscripciones hechas en cualquiera de sus columnas, se abrirá uno adicional, que formará un solo cuerpo con el anterior.

ART. 27.—La inscripción se hará siguiendo con todo rigor el orden de radicación, con anotación en el folio, en las correspondientes secciones o columnas, distinguida con el número que al título le haya correspondido en el orden del diario radicador y la indicación del año con sus dos cifras terminales. En seguida se anotará la fecha de la inscripción, la naturaleza del título: escritura, sentencia, oficio, resolución, etc., su número distintivo, si lo tuviere, su fecha, oficina de origen, y partes interesadas, todo en forma breve y clara, y en caracteres de fácil lectura y perdurables”.

“ART. 35.—Los errores en que se haya incurrido al realizar una inscripción, se corregirán subrayando y encerrando entre paréntesis las palabras, frases o cifras que deban suprimirse o insertando en el sitio pertinente y entre líneas las que deben agregarse y salvando al final lo corregido, reproduciendo entre comillas e indicando si vale o no vale lo suprimido o agregado. Podrá hacerse la corrección enmendando lo escrito o borrándolo y sustituyéndolo y así se indicará en la salvedad que se haga. Las salvedades serán firmadas por el registrador o su delegado.

Sin dichos requisitos no valdrán las correcciones y se tendrán por verdaderas las expresiones originales”.

“ART. 39.—La cancelación de un registro o inscripción es el acto por el cual se deja sin efecto el registro o inscripción”.

“ART. 40.—El registrador procederá a cancelar un registro o inscripción cuando se le presente la prueba de la cancelación del respectivo título o acto, o la orden judicial en tal sentido”.

“ART. 82.—El modo de abrir y llevar la matrícula se ajustará a lo dispuesto en esta ordenación, de manera que aquella exhiba en todo momento el estado jurídico del respectivo bien”(Resalta la Sala fuera de texto).

De lo que ha quedado reseñado se desprende que el folio de matrícula inmobiliaria 184-0005670 se abrió con la inscripción de la sentencia del juicio de sucesión del señor Antonio Asprilla en la cual se adjudica el predio a la señora Apolinaria Vda. de Asprilla; y después se adjudicó también por sucesión, al actor.

El folio de matrícula no reflejaba la verdadera naturaleza jurídica de los predios La Honda, La Playa y Curundango, porque la sentencia de adjudicación se inscribió en la primera columna, siendo que correspondía a la sexta (falsa tradición), dado que el actor no acreditó propiedad o derecho de dominio alguno, sino posesión.

De otro lado se tiene que los actos administrativos que en 1964 declararon la extinción del dominio de los citados predios(2), que se denominaron “sin nombre”, como ya se observó, se inscribieron nuevamente en el año de 1993 en los folios 006005, 184-0006006 y 184-0006007 de Bogotá, en los cuales se advierte que la propiedad plena de los predios se le extinguió a la Sociedad Arboleda y Holguines Sociedad Anónima de Familia, quien los tenía registrados en esa calidad desde el 25 de enero de 1948, en virtud de la escritura 3293 de 20 de diciembre de 1947 de la Notaría 1ª de Bogotá.

En los folios de matrícula mencionados, se registra que mediante la Resolución 2973 de 1º de junio de 1964 el Incora extinguió el dominio a favor de la Nación, de manera que el derecho de dominio pleno que tiene la Nación sobre los inmuebles objeto de inscripción cuestionada, no surge de la Resolución acusada 34 de septiembre 2 de 2002 ni de su registro, sino desde que se extinguió el dominio en el año de 1964 mediante las Resoluciones 2973 del Incora, 109 de su junta directiva y la Resolución Ejecutiva 241, que aprobó las dos anteriores y se publicó en el Diario Oficial.

Es decir, que desde antes de la expedición de la resolución acusada, los predios cuestionados, aparecían registrados en diferentes folios de matrícula inmobiliaria: 184-0005670 de Itsmina, en donde figuraba como propietario el actor y 84-0006005 a 6007 en donde consta como propietaria la Nación Colombiana, luego en efecto se estaba en presencia de una situación irregular.

Del contenido de las normas de registro, antes transcritas, se deduce que para que el registro refleje la verdadera situación jurídica del inmueble, el registrador puede hacer las correcciones en cualquier momento; y conforme se precisó en la sentencia de 23 de octubre de 2003 (Exp. 5611, C.P. doctora Olga Inés Navarrete Barrero), que reiteró el fallo de 11 de noviembre de 1999 (Exp. 4106, C.P. doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Actora, Gloria del Carmen Rengifo Padilla), el estudio que corresponde efectuar a las oficinas de registro, en modo alguno significa que su actividad sea meramente mecánica o automática, despojada de toda valoración jurídica respecto del acto a registrar sino que, por el contrario, ellas están habilitadas por la ley para efectuar una valoración jurídica previa a la anotación respectiva, con miras a determinar precisamente “Si la inscripción del título” es “legalmente admisible”, según preceptúa el artículo 37 del Decreto Ley 1250 de 1.970, así como determinar la naturaleza jurídica del acto con miras a su ubicación en la clasificación y columnas pertinentes (art. 25 ib.) y, si procede su registro, según los términos del artículo 52 ibídem, de modo que la anotación se debe hacer según los resultados de dicha valoración, que se supone tiene lugar en la etapa de “calificación”, que es una de las cuatro etapas del procedimiento de inscripción descritas en el artículo 22, ibídem.

Entonces el registrador de instrumentos públicos seccional Itsmina, al disponer en el acto acusado la inserción en la 6ª columna “falsa tradición”, del folio de Matrícula Inmobiliaria 184-0005670, lo hizo teniendo en cuenta que el título antecedente del inmueble era una posesión y no el dominio pleno y por tanto ajustó la tradición a la realidad jurídica, de la manera como lo ordenan las disposiciones que regulan el procedimiento de corrección del registro de instrumentos públicos.

Por resultar igualmente pertinente la Sala trae a colación la sentencia de 18 de abril de 2007 (Exp. 1999-00831, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), en la cual consideró que hicieron bien los actos acusados en corregir las anotaciones porque la sexta columna corresponde a la falsa tradición, en la medida en que el título antecedente no era el derecho de dominio sino una posesión.

Advierte la Sala que el señor Kamal Cariuty Asprilla, sin contar con el antecedente de ser pleno propietario, pudo solicitar la corrección del registro, en vez de proceder a lotear el predio, de lo cual se desprendió la apertura de varios folios de matrícula inmobiliaria, por lo que el Registrador en el acto acusado, artículo primero, corrigió la naturaleza jurídica de las anotaciones inscritas en el folio de Matrícula Inmobiliaria 184-0005670 y ordenó unificar en este documento todas las anotaciones que figuran en los otros folios, porque en efecto todos esos actos se habían fundado en una falsa premisa “propiedad” del actor sobre un inmueble y, como se anotó, lo que ostentaba era sólo posesión.

En otras palabras, no era suficiente la adjudicación del predio para sanear la tradición y convertirse en justo título, pues, como lo expresó el a quo, el principio general de derecho indica “que nadie puede trasmitir más de lo que tiene” (C.C. art. 752).

Además, como era apenas lógico, el registrador dispuso, en el artículo segundo de la resolución acusada, que una vez unificada y corregida la naturaleza jurídica de las anotaciones de los folios relacionados en el artículo primero, se inscribiera la extinción del derecho de dominio decretada por la Resolución 2976 de 1º de junio de 1964, expedida por el Incora, y en el artículo tercero, que se cerraran, es decir que se cancelaran los folios de matrícula inmobiliaria relacionados en el artículo 1º.

Finalmente, el Registrador ordenó, corregir la fecha de inscripción en el registro de la Resolución 2973 de 1º de julio de 1964, en los folios de matrícula inmobiliaria 184-0006005, 184-0006006 y 184-0006007, quedando vigente el registro de fecha 8 de abril de 1965 que aparece en dichos folios (no la del ago. 10/93 que también allí se anotó), lo cual, en efecto reflejaba la realidad jurídica de los inmuebles y la real fecha de inscripción, como ya se ha precisado en esta providencia.

Resulta pertinente destacar, además, que el Registrador de Instrumentos Públicos de Itsmina, realizó las correcciones una vez el Tribunal Administrativo del Chocó, dentro del expediente 2001-1441, acción de cumplimiento, actor Incora, profirió la sentencia de 14 de agosto de 2002 (fl. 250) en la cual ordenó, previa motivación, que diera cumplimiento a las disposiciones del estatuto de notariado y registro contenidas en el Decreto-Ley 1250 de 1970, correcciones estas que aquel podía también de oficio hacer teniendo en cuenta las disposiciones legales pertinentes que quedaron reseñadas.

Igualmente, cabe advertir, que en este caso no tiene cabida la declaratoria de la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución 2973 de 1º de junio de 1964, para favorecer la posesión del actor, porque los bienes de la Nación son inalienables, imprescriptibles e inembargables (C.P. art. 63).

Y los perjuicios que atribuye el actor no tuvieron origen en la resolución acusada, sino en hechos u omisiones ocurridos con anterioridad a su expedición.

Dadas las anteriores consideraciones, la Sala confirmará la sentencia recurrida, que denegó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 26 de junio de 2008 proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó.

En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 31 de marzo de 2011.

Este documento fue creado a partir del original obtenido en el Consejo de Estado».

(2) Ver folio 59. Comunicación 0218 de fecha 8 de septiembre de 1995, aportada por el actor, en la cual le manifiesta al Registrador de Instrumentos Públicos de Itsmina “.... Al corroborar los planos presentados para la inscripción de los lotes San Antonio, La Isidra, La Honda, La Playa y Curundango, amparados por la Matrícula Inmobiliaria Nº 184-0005670 y el plano correspondiente a la Resolución 2973 se constata que los predios inscritos mediante la matrícula nombrada están contenidos totalmente dentro de la matrícula definida para la Resolución Incora Matrícula 184-0006005 a 6007. ...”.