Sentencia 2003-00459 de octubre 11 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: expediente 250002324000200300459 01

Consejera Ponente:

Dra. Martha Sofía Sanz Tobón

Acción: Nulidad

Actor: Rafael Álvaro Barbosa Garavito

Bogotá, D.C., once de octubre de dos mil siete.

EXTRACTOS: « V. Consideraciones de la Sala

En primer término y comoquiera que el tribunal nada dijo sobre la excepción de inepta demanda propuesta por el apoderado de la entidad demandada, en cuanto considera que el actor incumplió con su obligación de emitir el concepto de violación de las normas que considera infringidas con el acto acusado, la Sala procede a resolverla.

El artículo 137, numeral 4º del Código Contencioso Administrativo exige que en la demanda se citen las normas que se consideran violadas y se emita el respectivo concepto de violación; sin embargo, tal exigencia no puede interpretarse en la forma en que pretende la entidad demandada, pues la norma lo que ordena es la obligación del actor de invocar las normas que considere infringidas y el concepto de violación. No impone este precepto que el demandante acierte en el juicio que haga sobre la vulneración de las normas, ni que el concepto de violación deba hacerlo de manera extensa. Solo exige, se repite, que el actor haga una cita de los preceptos censurados y explique su concepto de violación en los términos que estime pertinente.

En el presente asunto, el actor no omitió su deber respecto de dicho concepto de violación, pues como se lee en el capítulo de las normas violadas y concepto de violación, el mismo se contrae a que el Alcalde Mayor de Bogotá actuó sin competencia al tener la iniciativa y presentar el proyecto de acuerdo contentivo del Código de Policía de Bogotá, ya que, a su juicio, tal iniciativa es exclusiva del Concejo de Bogotá.

En consecuencia, la Sala declarará no probada la excepción.

Los artículos 12 y 13 del Decreto 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa fe de Bogotá” que el actor considera violados por el Acuerdo 79 de 2003 - Código de Policía de Bogotá, preceptúan:

“ART. 12—Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:

“1. ...

“18. Expedir los códigos Fiscal y de Policía”.

“ART. 13—Iniciativa. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales y el Alcalde Mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento administrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas. El personero, el contralor y las juntas administradoras los pueden presentar en materias relacionadas con sus atribuciones. De conformidad con la respectiva ley estatutaria, los ciudadanos y las organizaciones sociales podrán presentar proyectos de acuerdo sobre temas de interés comunitario.

“Solo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos a que se refieren los ordinales 2º, 3º, 4º, 5º, 8º, 9º, 14, 16, 17 y 21 del artículo anterior. Igualmente, solo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos que decreten inversiones, ordenen servicios a cargo del distrito, autoricen enajenar sus bienes y dispongan exenciones tributarias o cedan sus rentas. El concejo podrá introducir modificaciones a los proyectos presentados por el alcalde”.

Ahora bien, la interpretación que debe dársele al inciso 2º del precitado artículo 13 no puede ser otra que la de que los proyectos de acuerdo que se contraen a las materias a las que se refieren los numerales 1º, 6º, 7º, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20 y 22 del artículo 12 del Decreto 1421 de 1993 pueden ser presentados a iniciativa tanto de los concejales como del Alcalde Mayor de Bogotá, en tanto que los que se refieren a las materias contempladas en los numerales 2º, 3º, 4º, 5º, 8º, 9º, 14, 16, 17 y 21 del mismo artículo y los que decreten inversiones, ordenen servicios a cargo del distrito, autoricen enajenar sus bienes y dispongan exenciones tributarias o cedan sus rentas solo pueden ser presentados a iniciativa del Alcalde Mayor de Bogotá, es decir, que los proyectos sobre tales materias no pueden ser presentados por los concejales, sin que ello signifique que estos no puedan introducirle modificaciones.

Lo anterior indica que el Alcalde Mayor no tiene limitación alguna para presentar proyectos de acuerdos, como sí la tienen los concejales, ya que el artículo 38, numeral 13 del Decreto 1421 de 1993 expresamente le otorga al mencionado funcionario la atribución de “Presentar al concejo los proyectos de acuerdo sobre el plan de desarrollo económico y social y de obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del distrito”.

Tanto los concejales como el Alcalde Mayor de Bogotá pueden presentar proyectos de acuerdo relacionados con el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del distrito; con la determinación de los sistemas y métodos con base en los cuales las juntas administradoras locales pueden establecer el cobro de derechos por concepto de uso del espacio público para la realización de actos culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales; con la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente; con la descentralización, la desconcentración y la participación y veeduría ciudadanas; con la promoción y el estímulo a la industria de la construcción, particularmente la de vivienda, los procedimientos que permitan verificar su sometimiento a las normas vigentes sobre uso del suelo, las sanciones correspondientes y las reglamentaciones que le autorice la ley para la vigilancia y control de las actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda; con la preservación y defensa del patrimonio cultural; con la organización de la Personería y la Contraloría distritales y su funcionamiento; con los códigos Fiscal y de Policía; con normas de tránsito y transporte; con la creación de los empleos necesarios para el funcionamiento del Concejo Distrital; y con los informes periódicos que deban rendir los funcionarios y servidores distritales.

El Alcalde Mayor de Bogotá, por su parte, es el único que puede presentar proyectos cuyas materias tengan que ver con la adopción del plan general de desarrollo económico y social y de obras públicas; con el establecimiento, reforma o eliminación de tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, con exenciones tributarias y con el establecimiento de sistemas de retención y anticipos para garantizar el efectivo recaudo de aquellos; con el presupuesto y con la expedición anual del presupuesto de rentas y gastos; con el plan general de ordenamiento físico del territorio; con la determinación de la estructura general de la administración central, las funciones básicas de sus entidades y la adopción de las escalas de remuneración de las distintas categorías de empleos; con la creación, supresión y fusión de establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales, la constitución de sociedades de economía mixta y la participación del distrito en otras entidades de carácter asociativo; con la fijación de la cuantía hasta la cual se pueden celebrar contratos directamente y prescindir de la formalidad del escrito, según la naturaleza del contrato y de la entidad contratante; con la división del territorio del distrito en localidades, la asignación de competencias y su funcionamiento y recursos; con el cupo de endeudamiento del distrito y de sus entidades descentralizadas; y con la regulación de las relaciones del distrito con sus servidores.

Demostrado como está que el Decreto 1421 de 1993 no limitó las materias respecto de las cuales el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. puede presentar proyectos de acuerdo al Concejo Distrital, la Sala confirmará la sentencia proferida por el fallador de primera instancia, no sin antes declarar no probada la excepción propuesta por el ente demandado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE no probada la excepción de inepta demanda propuesta por el apoderado del Distrito Capital de Bogotá.

2. CONFÍRMASE la sentencia apelada de 27 de enero de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A.

En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 11 de octubre del dos mil siete».

______________________________________