Sentencia 2003-00464 de mayo 21 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001 0325 000 2003 00464 01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Ramiro Rodríguez López

Bogotá, D.C., veintiuno de mayo de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. El acto acusado.

Se demanda en este proceso la nulidad de lo dispuesto en la Resolución 19959 del 22 de julio de 2003, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, “por la cual se modifica el numeral 5.2 del capítulo quinto del título I de la circular única, cuyo texto es del siguiente tenor:

“Resolución 19959 del 22 de junio de 2003.

“Por la cual se modifica el numeral 5.2 del capítulo quinto del título 1 de la circular única”.

El Superintendente de Industria y Comercio,

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el artículo 6º de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y el numeral 6º del artículo 2º del Decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, “La oficina nacional competente podrá establecer un sistema de notificación que permita comunicar adecuadamente sus decisiones a los interesados”.

2. Que la oficina nacional competente, para el caso colombiano, en materia de propiedad industrial, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6º del artículo 2º del Decreto 2153 de 1992, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

3. Que el capítulo quinto del título primero de la circular única en el literal b) del numeral 5.1 y literal a) del numeral 5.2 prevé que los actos administrativos que ponen fin a una actuación administrativa serán notificados personalmente.

4. Que el sistema de notificación mediante fijación en lista de las resoluciones proferidas por la división de signos distintivos, que deciden los recursos de reposición confirmando la decisión impugnada y concediendo el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto por el interesado, permite comunicar adecuadamente las decisiones a los interesados y, además, agiliza el trámite y la decisión del recurso de apelación subsidiariamente interpuesto.

RESUELVE:

ART. 1º—Adicionar el literal d) del numeral 5.2 del capítulo quinto, título primero de la circular única en los siguientes términos:

d) Las resoluciones proferidas por la división de signos distintivos que deciden los recursos de reposición confirmando la decisión impugnada y concediendo el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto por el interesado, se notificarán mediante fijación en lista , de conformidad con lo establecido en el literal h) del presente numeral. Las resoluciones así notificadas estarán disponibles en texto completo en la página web de la entidad el mismo día de la fijación en lista, para que los interesados, desde un computador con acceso a internet puedan imprimir la providencia o, si estos lo prefieren, se les entregue copia completa y gratuita en papel, en la sede de la entidad (negrilla y resaltado fuera de texto).

ART. 2º—Modificar los literales e), f) y g) del numeral 5.2 del capítulo quinto, título primero de la circular única en los siguientes términos:

e) Los demás actos, se comunicarán válidamente:

Mediante depósito en casillero asignado para tal efecto al solicitante o a su apoderado, según lo establecido en el numeral 5.4 del presente título; o

— A quien carezca de esta facilidad, mediante fijación en lista (negrilla y resaltado fuera de texto).

f) Los avisos, comunicaciones, requerimientos, citaciones o informaciones se entenderán surtidos en la fecha de su fijación en lista o en el día de su depósito en el casillero asignado.

g) Las notificaciones o comunicaciones que hayan de surtirse fuera del Distrito Capital se surtirán según corresponda a la naturaleza del acto o decisión conforme a los convenios suscritos entre la superintendencia y otras entidades públicas o con las cámaras de comercio.

ART. 3º—Adicionar el literal h) del numeral 5.2 del capítulo quinto, título primero de la circular única en los siguientes términos:

h) La fijación en lista se hará en un lugar visible al público por un día con los datos correspondientes al número del expediente, número del acto administrativo, identificación de los intervinientes en el trámite y sus apoderados si los hubiere y la fecha de fijación.

ART. 4º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial”.

2. El problema jurídico a resolver.

El problema jurídico a resolver consiste en determinar si el Superintendente de Industria y Comercio era o no competente para dictar la Resolución 19959 del 22 de julio de 2003, “por la cual se modifica el numeral 5.2 del capítulo quinto del título I de la circular única, y si los procedimientos de notificación y comunicación previstos en el acto demandado contravienen o no las disposiciones constitucionales y legales que fueron invocadas por el actor.

3. Examen de los cargos.

Antes de entrar a analizar los cargos propuestos en la demanda, es del caso mencionar, a manera de premisa, que en la Resolución 19959 del 22 de julio de 2003 dictada por el Superintendente de Industria y Comercio, se invocan las facultades conferidas por el artículo 6º de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y por el numeral 6º del artículo 2º del Decreto 2153 de 1992, cuyo texto es del siguiente tenor:

Decisión 486.

Régimen común sobre propiedad industrial

ART. 6º—La oficina nacional competente podrá establecer un sistema de notificación que permita comunicar adecuadamente sus decisiones a los interesados (resaltado fuera de texto).

Decreto 2153 de 1992.

“Por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones”.

ART. 2º—Funciones. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones:

6. Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”.

Es bien conocido que la República de Colombia es signataria del Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo de 1969, mediante el cual se constituyó la Comunidad Andina de Naciones. En tal virtud, son aplicables en nuestro medio las disposiciones del mencionado acuerdo, sus protocolos e instrumentos adicionales; el tratado constitutivo y sus protocolos modificatorios; las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina; las resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina; y los convenios de complementación industrial y otros que adopten los países miembros entre sí en el marco del proceso de integración subregional.

Uno de los principios rectores del régimen comunitario andino postula precisamente la aplicación directa e inmediata en los países miembros de las disposiciones antes mencionadas, lo cual significa que no es necesaria la expedición de actos adicionales o posteriores a nivel de cada país para que las normas andinas produzcan efectos vinculantes en sus respectivos territorios. Tal principio deriva de las disposiciones del protocolo modificatorio del tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que se transcriben a continuación:

“ART. 2º—Las decisiones obligan a los países miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina (negrilla y resaltado fuera de texto)

“ART. 3º—Las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la comisión y las resoluciones de la secretaría general serán directamente aplicables en los países miembros a partir de la fecha de su publicación en la gaceta oficial del acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior (negrilla y resaltado fuera de texto).

“Cuando su texto así lo disponga, las decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada país miembro.

“ART. 4º—Los países miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina (negrilla y resaltado fuera de texto).

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación”.

Si se tiene en cuenta que de conformidad con lo previsto en el artículo 6º numeral 2º del Decreto 2153 de 1992, la Superintendencia de Industria y Comercio es la “oficina nacional competente” en materia de propiedad industrial, resulta fácil inferir que lo preceptuado en el artículo 6º de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones le es aplicable. Por lo mismo, la superintendencia fue investida por el artículo 6º de la precitada decisión, para “establecer un sistema de notificación” encaminado a dar conocer sus decisiones a los interesados.

Así las cosas, es indiscutible que el Superintendente de Industria y Comercio, al dictar la resolución acusada, obró dentro del marco de sus competencias funcionales, lo cual llevará a la Sala a declarar que el vicio de incompetencia es inexistente. En ese orden de ideas, no es válido predicar que la Resolución 19959 del 22 de julio de 2003 dictada por el Superintendente de Industria y Comercio, sea violatoria del artículo 121 de la Carta.

En ese mismo orden de ideas y partiendo del presupuesto de que las normas del derecho comunitario relativas a la propiedad industrial tienen fuerza vinculante en nuestro país, mal puede inferirse que los actos dictados por el Superintendencia de Industria y Comercio en desarrollo de tales disposiciones puedan ser calificados como contrarios a los artículos 11 de la Ley 58 de 1982 y 1º, 2º, 3º, 35 inciso 4º, 43, 44, 45, 48, 51, 60 y 61 del Código Contencioso Administrativo.

Como complemento de lo expresado hasta acá, es oportuno mencionar que esta corporación, mediante sentencia del 12 de diciembre de 2004, expediente 2002-00102, actor Emilio Guerrero Williamson, consejero ponente Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, acogiendo los términos de la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se expresó sobre el particular en los siguientes términos: “El artículo 6º de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunicad Andina, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 600 del 19 de septiembre de 2000, en vigencia desde el 1º de diciembre de 2000, atribuye a la oficina nacional la competencia de establecer un sistema de notificación de las decisiones que pronuncie en materia de propiedad industrial. Por tanto la disciplina normativa será la que establezca la legislación interna del respectivo Estado miembro. Sin embargo, el sistema que se implante deberá satisfacer la exigencia que la disposición comunitaria citada consagra en forma expresa, cual es que tales notificaciones hagan posible que las decisiones de la oficina nacional sean comunicadas apropiadamente a los interesados”.

Por otra parte, la Sala considera que en el asunto sub examine no se presenta tampoco ninguna violación del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, pues el sistema de comunicación de que trata el acto demandado, constituye un medio idóneo y adecuado para dar a conocer a los interesados el contenido de las decisiones que son de su incumbencia, sin que ello entrañe una violación al debido proceso o un desconocimiento del legítimo derecho de defensa.

En ese mismo contexto, al disponerse la adición y modificación de la circular única proferida el 19 de julio de 2001, en la cual se reúnen todas las reglamentaciones e instrucciones generales vigentes emitidas por esa superintendencia, no se está haciendo nada distinto a establecer una forma de notificación y comunicación que a juicio de la Sala es idóneo para permitir a los administrados el conocimiento de las decisiones adoptadas por la Superintendencia del Ramo, pues el uso del “casillero” o de la “fijación en lista” a los cuales se alude en la norma demandada, no comporta ninguna violación al debido proceso ni determina el establecimiento de obstáculos al ejercicio del derecho de defensa. Antes por el contrario, se trata de un mecanismo que propende el adecuado conocimiento de las decisiones administrativas que se dicten por la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial.

Es pertinente destacar además que en el numeral 5.4 de la circular única emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde se reglamenta el uso del casillero, se determina que este “se asignará previa solicitud escrita del interesado”, quien asume “la obligación de recoger diariamente su correspondencia” y el uso del mismo “tendrá un carácter meramente informativo y su publicidad se efectuará de la manera legalmente establecida”. Por lo mismo, no es válido señalar que ese, sistema de comunicación previamente consentido por el administrado pueda llegar a significarle un desconocimiento de su derecho de audiencia o de defensa o represente un obstáculo que le impida contradecir o impugnar aquellas decisiones administrativas que sean lesivas de sus derechos. Lo mismo se puede predicar de las comunicaciones realizadas mediante el procedimiento de la fijación en lista, pues el aplica para aquellos administrados que no cuenten con un casillero asignado.

En suma, ha de concluirse que el procedimiento de notificación y comunicación adoptado por la Superintendencia de Industria y Comercio, no desconoce ninguna de las disposiciones constitucionales y legales invocadas por el actor, por estar debidamente sustentado en el ordenamiento jurídico comunitario.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Niéganse las pretensiones de la demanda de simple nulidad presentada por el ciudadano Ramiro Rodríguez López, contra la Resolución 19959 del 22 de julio de 2003, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, “por la cual se modifica el numeral 5.2 del capítulo quinto del título I de la circular única” de acuerdo con las consideraciones señaladas en la parte considerativa de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

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