Sentencia 2003-00472 de agosto 1 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 130012331000200300472 01 (18771)

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Demandante: Bayer Cropscience S.A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Asunto: IVA Implícito

Bogotá, D. C. primero de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En el caso se discute la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la Administración Especial de Aduanas de Cartagena rechazó la solicitud de devolución del IVA implícito pagado en la importación de bienes excluidos durante el año 2000, por valor de $ 981.658.551.

Controvierte la entidad demandada, ahora apelante, la sentencia de primera instancia que anuló los actos administrativos, por cuanto consideró que las declaraciones de importación presentadas por Bayer Cropscience S.A., en el año 2000, no se encontraban en firme para la fecha en la que el Consejo de Estado declaró parcialmente nulo el Concepto de la DIAN 029500 de 2001, por lo que no había una situación jurídica consolidada; por lo tanto, los efectos de la sentencia se extendían a la solicitud de devolución del IVA implícito presentada por la sociedad actora.

Para desvirtuar la anterior afirmación, la DIAN manifestó que existió causa legal para la causación, liquidación y pago del IVA implícito y que no se trata de un pago de lo no debido sino de un pago en exceso, por lo que era necesario presentar la solicitud de la liquidación oficial de corrección.

Para la Sala, la controversia se concreta en determinar si, como lo afirma la sociedad actora, se encontraban demostrados en su totalidad los presupuestos que hacían viable la devolución de las sumas pagadas en la importación de bienes excluidos o si, como lo sostiene la DIAN, los bienes importados no estaban excluidos del IVA implícito.

El artículo 43 de la Ley 488 de 1998, por el cual se modificó el artículo 424 del estatuto tributario, dispuso:

“ART. 424.—Bienes que no causan el impuesto. Los siguientes bienes se hallan excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o importación no causa el impuesto a las ventas. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria Nandina vigente:

Partida arancelaria Denominación de la mercancía

(...).

29.36 Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis (incluidos los concentrados naturales) y sus derivados utilizados principalmente como vitaminas, mezclados o no entre sí o en disoluciones de cualquier clase

38.08 Plaguicidas e insecticidas

(...).

“PAR. 1º—La importación de los bienes previstos en el presente artículo estará gravada con una tarifa equivalente a la tarifa general del impuesto sobre las ventas promedio implícita en el costo de producción de bienes de la misma clase de producción nacional, con excepción de aquellos productos cuya oferta sea insuficiente para atender la demanda interna.

Para efectos de la liquidación y pago del impuesto sobre las ventas por las importaciones de esta clase de bienes, el Gobierno Nacional deberá publicar la base gravable mencionada en el inciso anterior aplicable a la importación de cada bien, teniendo en cuenta la composición en su producción nacional.

Tampoco será aplicable lo dispuesto en este parágrafo a la importación de energía eléctrica, de los combustibles derivados del petróleo, de gas propano o natural, y de los bienes de las partidas 27.01, 27.02 y 27.03”.

La norma transcrita refiere una lista de bienes que no causan el impuesto sobre las ventas; así mismo, determina que cuando se trate de importaciones, estas están gravadas con una tarifa implícita en el costo de producción de los mismos bienes en el territorio nacional, salvo aquellos productos cuya oferta sea insuficiente para atender la demanda interna.

En desarrollo de la aludida disposición, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1344 de 1999, en el que estableció la tarifa promedio implícita aplicable a los bienes señalados en el artículo 424 del estatuto tributario, entre ellos las provitaminas y vitaminas y los plaguicidas e insecticidas clasificados en la partida arancelaria 29.36 y 38.08, a las que les asignó una tarifa promedio implícita del 2% y 9.2%, respectivamente.

La exclusión del IVA implícito solicitada por la demandante surge de la ley toda vez que los presupuestos fácticos que hacen viable el beneficio están contenidos en la norma superior y el decreto se limitó a fijar la base gravable y la tarifa aplicables.

Posteriormente, el Decreto 2085 de 2000, en cuanto a los medios probatorios para acreditar la oferta insuficiente, estableció:

“ART. 3º—Oferta insuficiente. Para efectos de lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 424 del estatuto tributario, hay oferta insuficiente de un producto cuando no exista producción nacional del mismo(12), lo cual se acreditará con la certificación que expida la dirección general de comercio exterior del Ministerio de Comercio Exterior, con base en el registro que sobre el particular obre en esa dependencia. La importación de estos bienes no está gravada con el impuesto sobre las ventas”(13).

Por tanto, las condiciones para que los productos importados no estuvieran gravados con IVA implícito se contraen a: i) que dichos bienes estén incluidos en el artículo 424 del estatuto tributario y ii) que la oferta nacional sea insuficiente para atender la demanda interna, circunstancia que debe estar certificada por la dependencia competente del Ministerio de Comercio Exterior.

Advierte la Sala que las mencionadas certificaciones sobre la no producción nacional de los bienes excluidos del impuesto sobre las ventas, ubicados en las partidas arancelarias 38.08 y 29.36, fueron expedidas por el jefe de grupo origen y producción nacional del Ministerio de Comercio Exterior el 17 de agosto de 2001, el 13 de septiembre de 2001 y el 20 de marzo de 2002, con destino a la actora, como se evidencia en los antecedentes del proceso(14), así mismo, obran también las declaraciones de importación y los recibos de pago de los tributos aduaneros.

Lo anterior demuestra que para el momento de la importación de los productos provitaminas, vitaminas, plaguicidas e insecticidas, clasificados en las partidas arancelarias antes mencionadas, no había producción nacional, lo que implica que la demandante, al pagar el IVA implícito, realizó un pago de lo no debido; en efecto, dichos bienes, señalados en el artículo 424 del estatuto tributario, no causaban el impuesto y, aunado a esto, Bayer Cropscience acreditó debidamente, que la oferta en el país era insuficiente, por falta de producción nacional.

En esas condiciones, el 20 de mayo de 2002, la actora radicó, ante la división de recaudación y cobranzas de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, la solicitud de devolución por concepto de pago de lo no debido, en cuantía de $981.658.551, correspondientes al IVA implícito; esta petición fue rechazada por la Administración bajo el argumento de que las certificaciones antes aludidas fueron expedidas con posterioridad a la presentación y levante de la mercancía y el requisito debía cumplirse en forma previa a la importación, como lo disponía el Concepto de la DIAN 029500 del 10 de abril de 2001.

Agregó que, de conformidad con la Orden Administrativa 4 de 2002, en el evento de tener derecho a la devolución, debía proferirse una liquidación oficial de corrección.

Respecto a los argumentos de la DIAN según los cuales, para efecto de obtener la exclusión del IVA implícito, debía acreditarse la oferta insuficiente de los bienes, previamente a la importación y al levante, la Sala precisa:

La DIAN, en el Concepto 029500 del 10 de abril de 2001, se pronunció sobre la procedencia de la devolución y/o compensación del IVA implícito pagado durante los años 1999 y 2000.

Precisó que con la expedición del Decreto 2085 del 18 de octubre de 2000, se condicionó la causación del IVA implícito a la certificación expedida, previamente a la importación, por la dirección general de comercio exterior del Ministerio de Comercio Exterior, sobre oferta insuficiente.

Indicó que la solicitud y consiguiente expedición de la certificación, con posterioridad a la importación de los bienes sujetos al IVA implícito no satisface los pedimentos de la citada disposición pues tal supuesto, en la medida en que condiciona la causación del impuesto, debe cumplirse en forma previa y no posterior, por lo que el gravamen generado en los términos referidos se considera causado y no dará lugar a devolución ni compensación.

Observa a Sala que en sentencia del 29 de agosto de 2002(15) se anuló el referido concepto por cuanto se consideró:

“Como lo precisó la Sala en otra oportunidad(16), cuando los conceptos interpretan las normas tributarias y dichas interpretaciones tienen un carácter autorregulador de la actividad administrativa y producen efectos frente a los administrados, su naturaleza es la de actos administrativos de reglamentación en el último nivel de ejecución de la ley, sujetos a control de legalidad por parte de la jurisdicción contencioso administrativa.

Por tal razón, la administración al ejercer tal facultad interpretativa, debe dilucidar el sentido de las normas tributarias, que debe adecuarse a la finalidad de la norma interpretada, sin limitarla o excederla, pues por la vía de un concepto de carácter administrativo no es dable regular deberes tributarios materiales y formales, que constriñen derechos individuales, por ser todo esto competencia exclusiva del legislador, titular de la potestad impositiva y principal regulador de la actuación tributaria.

(...).

Ley 488 del 24 de diciembre de 1998, artículo 43 parágrafo 1º:

PAR. 1º—La importación de los bienes previstos en el presente artículo estará gravada con una tarifa equivalente a la tarifa general del impuesto sobre las ventas promedio implícita en el costo de producción de bienes de la misma clase de producción nacional, con excepción de aquellos productos cuya oferta sea insuficiente para atender la demanda interna. (...).

Mediante la disposición transcrita, incorporada en el parágrafo 1º del artículo 424 del estatuto tributario, el legislador determinó gravar la importación de los bienes que fiscalmente tienen el tratamiento de excluidos del IVA, con una tarifa promedio implícita en el costo de producción de los bienes de la misma clase producidos en el país, con excepción de aquellos productos cuya "oferta sea insuficiente para atender la demanda interna".

Se observa, que el parágrafo del artículo 43 de la Ley 488 de 1998, con la finalidad de “la liquidación y pago del gravamen”, radicó en cabeza del Gobierno la facultad de publicar la base gravable implícita, teniendo en cuenta la composición de los costos de los bienes de la misma clase producidos nacionalmente.

Nótese cómo allí no se estableció ninguna otra previsión respecto a las condiciones o pruebas para acceder al beneficio, particularmente en torno a la aludida certificación. Tampoco lo hizo el reglamento contenido en el Decreto 1344 de l999.

De suerte que de esta normatividad no surge como condición para la exclusión el que el importador obtenga o haya solicitado previamente una certificación emanada de entidad oficial, simplemente el tratamiento surge de la circunstancia de que la oferta sea insuficiente para atender la demanda interna.

(...).

Se observa que el concepto emitido por la administración, objeto del presente proceso, sentó el criterio de que la exclusión se condicionó al requisito de demostrar, la existencia o la solicitud previa a la importación de la certificación expedida por la dirección general de comercio exterior del mismo Ministerio, sobre oferta insuficiente, hermenéutica que no se adecua a la norma que le sirve de sustento.

En efecto, de la normatividad interpretada no se desprende ninguna regulación probatoria acerca de la oportunidad en la que el importador debe acreditar el presupuesto de exclusión, como tampoco que la circunstancia de su no obtención o solicitud previa a la importación, tenga como consecuencia el que se agote el derecho, ni colegirse que la causación del gravamen esté condicionada a la obtención o a demostración de la solicitud previa del certificado expedido por la Dirección general de comercio exterior del Ministerio de Comercio Exterior, o que de no tramitarse previamente a la importación, surja que el bien importado está gravado y en consecuencia se pierda el derecho al tratamiento especial.

(...).

En conclusión, la interpretación plasmada en el acto acusado se apartó del contenido de las normas objeto de interpretación y creó una condición, una oportunidad probatoria y unas consecuencias que no surgen del marco normativo bajo el cual fue expedido el concepto acusado, con lo cual torna en nugatoria el tratamiento de excepción que consagran la normas objeto de análisis e impide la posibilidad de acceder a la devolución o compensación del IVA implícito pagado en los años 1999 y 2000”.

En consecuencia, la DIAN no podía exigir a Bayer Cropscience S.A. la presentación de la certificación de oferta insuficiente cuando presentó las declaraciones de importación, por cuanto las normas que reglamentaron la exclusión del IVA implícito no establecieron tal condición ni consagraron regulación probatoria alguna acerca de la oportunidad en la que el importador debe acreditar el presupuesto de exclusión, sino que el beneficio surge de que la oferta sea insuficiente para atender la demanda interna, como lo dispone la norma(17).

La DIAN considera que no puede aplicarse retroactivamente la nulidad decretada por el Consejo de Estado en la sentencia del 29 de agosto de 2002, sobre el Concepto 029500 del 10 de abril de 2001, que exigía que el certificado de no producción nacional se obtuviera antes de la importación de la mercancía, por tratarse de una situación consolidada.

Contrario a lo afirmado por la administración en los actos administrativos referidos a las declaraciones de importación presentadas en el año 2000, no debió exigir, de manera retroactiva, el cumplimiento de un requisito plasmado en un acto posterior, como es el aludido concepto del año 2001.

De otra parte, en el presente caso no puede decirse que las situaciones jurídicas se encontraban consolidadas porque al momento de declararse la nulidad del concepto, esto es, el 29 de agosto de 2002, aún no se había decidido el recurso de reconsideración, lo que ocurrió el 15 de noviembre de ese año, pudiendo la actora acudir posteriormente ante la jurisdicción contencioso administrativa(18), lo que hizo el 28 de marzo de 2003.

Tampoco puede hablarse de situación jurídica consolidada al momento de declararse la nulidad del concepto puesto que, al tenor del artículo 131 del Decreto 2685 de 1999, la declaración de importación adquiere firmeza cuando han transcurrido tres años, contados desde su presentación y aceptación, sin que se haya notificado requerimiento especial aduanero.

En el evento que se analiza es aceptado por las partes que no se profirió requerimiento especial respecto de las declaraciones de importación presentadas en el año 2000, las que quedaban en firme, bajo el parámetro antes mencionado, en el año 2003. Por lo tanto, al momento de declarar la nulidad del concepto no había operado la firmeza de las declaraciones.

De otra parte, las declaraciones de importación fueron presentadas por la actora durante los meses de enero a noviembre de 2000, mientras que la solicitud de devolución se hizo el 20 de mayo de 2002; es decir, dentro del término legal, pues las declaraciones no habían adquirido firmeza al momento de la presentación de dicha solicitud.

Como lo ha afirmado la Sala en reiteradas ocasiones, mientras el término para solicitar la devolución no esté vencido, no existe situación jurídica consolidada y procede la solicitud de reintegro(19).

Por lo tanto, al no estar consolidada la situación jurídica, el valor pagado por la parte actora constituye pago de lo no debido y tiene derecho a la devolución del IVA implícito pagado por la importación de los productos excluidos del gravamen, como lo advirtió el a quo.

En cuanto al trámite de la devolución o compensación de tributos aduaneros, la Sala advierte:

El Decreto 2685 de 1999 dispone:

“ART. 513.—Liquidación oficial de corrección.

La autoridad aduanera podrá expedir liquidación oficial de corrección cuando se presenten los siguientes errores en las declaraciones de importación: subpartida arancelaria, tarifas, tasa de cambio, sanciones, operación aritmética, modalidad o tratamientos preferenciales.

Igualmente se podrá formular Liquidación Oficial de Corrección cuando se presente diferencia en el valor aduanero de la mercancía, por averías reconocidas en la inspección aduanera.

(...).

ART. 548.—Procedencia de la devolución. Podrá solicitarse ante la administración de aduanas nacionales, con jurisdicción y competencia aduanera en el lugar donde se efectuó el pago, la devolución de los tributos aduaneros y demás sumas pagadas en exceso, en los siguientes eventos:

a) Cuando se hubiere liquidado en la declaración de importación y pagado una suma mayor a la debida por concepto de tributos aduaneros o,

b) Cuando se hubiere pagado una suma mayor a la liquidada y debida por concepto de tributos aduaneros o,

c) Cuando se hubiere presentado la declaración de importación y pagado los tributos aduaneros sin obtener la autorización del levante de la mercancía o cuando este se hubiere obtenido solo en forma parcial o,

d) Cuando se hubiere efectuado pagos por concepto de derechos antidumping o compensatorios provisionales y estos no se impongan definitivamente.

PAR. 1º—Cuando al resolverse los recursos de la vía gubernativa, se advierta que se ha pagado una suma en exceso de la debida, en la misma providencia se ordenará el reconocimiento de dichas sumas.

PAR. 2º—Cuando después de presentada la Declaración, previamente al levante, se detecten faltantes o averías en las mercancías, la solicitud de devolución solo procederá cuando estos hayan sido reconocidos en inspección aduanera practicada de oficio o a solicitud de parte.

ART. 550.—Requisitos especiales de la solicitud de devolución o compensación de tributos aduaneros.- Además de los requisitos previstos en el artículo anterior, para solicitar la devolución o compensación deberán informarse los siguientes datos o anexarse copia de los documentos que contengan la información, según el caso.

a) Indicación del número y fecha de la aceptación de la Declaración de Importación, fecha y número de autoadhesivo del recibo de pago, y número y fecha de la liquidación oficial de corrección que determinó el pago en exceso, cuando sea el caso.

b) Original y tercera copia de la declaración de importación cuando no se haya autorizado el levante total de la mercancía.

c) La indicación del número y fecha de aceptación de la declaración de importación o recibo de pago, en que conste la cancelación de los derechos antidumping o compensatorios y copia del acto o providencia a través del cual se hayan establecido los mismos, cuando estos no se hayan impuesto de manera definitiva.

d) Cuando se solicite la devolución del impuesto sobre las ventas por la importación de bienes que den derecho a descuento tributario en el impuesto sobre la renta, o a impuesto descontable en el impuesto sobre las ventas; deberá adjuntarse certificado de revisor fiscal o contador público según el caso, en el que conste que el valor solicitado no se ha contabilizado ni se contabilizará como costo o deducción, ni se ha llevado ni se llevará como descuento tributario ni impuesto descontable; o la manifestación por escrito del importador en tal sentido cuando no esté obligado a llevar contabilidad.

e) Los demás documentos necesarios para comprobar el pago en exceso”.

Partiendo de lo que preceptúan las disposiciones transcritas, encuentra la Sala que el pago realizado por la sociedad Bayer Cropscience S.A. a favor de la entidad fiscal, por concepto de IVA implícito, no cumple con las condiciones para ser considerado como un pago en exceso pues este se presenta cuando se paga un monto mayor al que corresponde; por esta misma razón la DIAN no podía exigir liquidación oficial de corrección para el trámite de la devolución.

Teniendo en cuenta que en la sentencia del Tribunal se ordenó la devolución de la suma de $ 981.658.551 reajustada y actualizada en los términos del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo junto con los intereses moratorios y comerciales dispuestos en el artículo 177 ibídem y que la entidad demandada no apeló la mencionada orden, la Sala se releva de analizar este aspecto y confirmará la providencia recurrida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 8 de abril de 2010 del Tribunal Administrativo de Bolívar, proferida dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la sociedad Bayer Cropscience S.A. contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN

2. RECONÓCESE personería al doctor Julio Cesar Ruíz Muñoz como apoderado de la parte demandada, según poder que obra en el folio 13 del cuaderno principal.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(12) Expresión declarada nula mediante sentencia de 15 de marzo de 2002, Expediente 11634, Actor: Martín Emilio Rey Cantillo, C. P. Germán Ayala Mantilla.

(13) El Ministerio de Comercio Exterior, en la Circular Externa 008 de 2000, especificó que el grupo de origen – producción nacional y oferta exportable, era la dependencia encargada de certificar la no producción nacional de una mercancía.

(14) Folios 13 a 290 del cuaderno de antecedentes

(15) Expediente 12473 C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié

(16) Cfr. sentencia del Expediente 10.581, actor Rosa Elvira Velandía, C.P. Germán Ayala Mantilla.

(17) Sentencia 14406 del 2 de septiembre de 2004, C. P. Dra. Ligia López Díaz.

(18) Consejo de Estado- Sección Cuarta. Sentencia de 7 de junio de 2006 C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(19) Sentencia de marzo 5 de 2003, Exp. 12248, M.P. María Inés Ortiz Barbosa.

Aclaración de voto

Por las razones que paso a exponer, aclaro el voto que di en favor de la sentencia del 1º de agosto de 2013, que confirmó la sentencia del 8 de abril de 2010 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que declaró la nulidad de los actos administrativos por los que la DIAN negó la devolución del IVA implícito pagado por Bayer S.A., y a título de restablecimiento del derecho ordenó la devolución:

En la sentencia del 1º de agosto de 2013 la Sala concluyó que en el caso analizado en esa sentencia se configuró un pago de lo no debido.

La decisión se fundamentó en el hecho de que el Consejo de Estado, mediante sentencia del 29 de agosto de 2002, anuló cierto concepto jurídico de la DIAN en el que interpretó que no era procedente devolver a los usuarios aduaneros el IVA implícito pagado en la importación de bienes excluidos cuando tales usuarios aduaneros no presentaron, de manera previa a la autorización de levante de las mercancías importadas, la certificación de no producción nacional de tales bienes. Así mismo, porque, según lo precisó la Sala, a la fecha en que se presentaron las declaraciones de importación no existía norma que les exigiera a los usuarios aduaneros la presentación de esa certificación.

Considero que en el caso concreto no se configuró el pago de lo no debido, por las siguientes razones:

Bayer S.A. pagó el IVA implícito porque interpretó que las normas que regulaban la exclusión de ese impuesto no dijeron cómo debía demostrar que los bienes que importó no se producían en el País, condición, se reitera, exigida para tener derecho al beneficio. Posteriormente, cuando ya el gobierno aclaró que podía allegarse la certificación de no producción nacional, presentó la petición de devolución respaldado en esa prueba, lo que es pertinente y válido porque con esa prueba Bayer demostró que pagó en exceso.

Tal como lo dijo la Sala en sentencia del 4 de noviembre de 2010(1), el pago de lo no debido se presenta cuando quien paga, paga por error y sin conocimiento de esa causa.

En el caso concreto, Bayer no pagó por error. Pagó a sabiendas de que podía invocar la exclusión del IVA en las respectivas declaraciones de importación y, si era del caso, demostrar ante las autoridades aduaneras, que tenía el derecho al beneficio.

Si bien las normas que regularon la exclusión del IVA implícito inicialmente no precisaron cómo debía acreditarse el derecho a la exclusión, esa circunstancia no impedía a Bayer acudir a todos los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles para demostrar que los bienes que importó no se producían en el país. Bien pudo pedir, desde un principio, la certificación de no producción nacional al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entidad que siempre ha sido la competente para expedir esa certificación. Tan es así que el gobierno aclaró que esa era la prueba pertinente que los usuarios aduaneros debían acreditar, y fue la que, para efectos de la devolución, presentó la demandante.

Es cierto que el Consejo de Estado, mediante sentencia del 29 de agosto de 2002, declaró nulo el concepto que restringió a los usuarios aduaneros la devolución del IVA implícito por el hecho de no haber presentado las certificaciones de no producción nacional al momento de la importación de las mercancías, pero esa circunstancia no permite calificar el pago hecho por tales usuarios como un pago de lo no debido, porque, se insiste, el pago no fue hecho por error, sino más bien, por no tener la prueba que acreditara el beneficio.

Como lo ha dicho la Sala “(...), si tanto la imposición del tributo como su exclusión, exención o cualquier otro beneficio, deben estar previstos en la Ley, cuya promulgación es obligatoria y su conocimiento también, no es pertinente presumir que el contribuyente o usuario que paga el tributo lo paga por error. No hay error de derecho, en principio, frente a una ley que se presume conocida por todos, máximo por profesionales de actividades económicas pasibles de impuestos”(2).

Por lo anterior, tampoco comparto que en la sentencia del 1º de agosto de 2013 se haya dicho que en casos como el analizado, los usuarios aduaneros no están obligados a pedir ante las autoridades tributarias competentes la liquidación oficial de corrección para efectos de la devolución de tributos aduaneros pagado en exceso.

Independientemente de que el monto a devolver se califique como pago en exceso o pago de lo no debido, los artículos 513 y 548 del Decreto 2685 de 1999 exigen que los usuarios aduaneros presenten una solicitud de corrección de las declaraciones de importación para que se profiera la liquidación oficial de corrección con fines de la devolución de los tributos aduaneros.

En esta forma dejo expresadas las razones de mi aclaración de voto.

Hugo Fernando Bastidas Bárcenas 

Fecha ut supra

(1) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejero Ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil diez (2010). Rad.: 13001 23 31 000 2003 02344 01. Nº Interno: 17193. Demandante: Constructora Norberto Odebretch S.A. Demandado: UAE DIAN”.

(2) Ídem.