Sentencia 2003-00476 de junio 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 050012331000200300476 01

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Recurso de apelación contra la sentencia de 27 de noviembre de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia

Actor: Gildardo de Jesús Martínez Balvuena y otro

Bogotá, D. C., doce de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

1. Según la potestad que tiene el ad quem para resolver la alzada, de conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, la Sala se limitará a conocer solamente de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae el recurso de apelación, pues los mismos, en el caso del apelante único, definen el marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.

2. La apelación cuestiona el fallo de primera instancia en torno a los siguientes aspectos esenciales: (i) El a quo no debió desestimar el dictamen pericial aportado con la demanda arguyendo al efecto que no se efectuó con audiencia de las partes, pues el mismo fue debidamente aportado con la demanda y conocido por el municipio de Medellín; (ii) Existió una ilegalidad en el trámite de la prueba en relación con la objeción por error grave presentada por la administración, toda vez que al no haberse solicitado por esta la práctica de un nuevo dictamen, el juez debió haberla decretado de oficio conforme al artículo 238 numeral 6 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo anterior, la recurrente solicita que en esta instancia sea practicada la prueba pericial conforme al procedimiento legal que, en su entender, fue omitido en la segunda instancia, y que además, se valore el dictamen aportado con la demanda.

3. Sea lo primero advertir que la práctica de la prueba pericial en esta instancia no es de factible realización, por cuanto tal posibilidad no encuadra en ninguno de los presupuestos previstos por el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo, el cual establece lo siguiente:

“Pruebas en segunda instancia. Cuando se trate de apelación de sentencia, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:

1. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.

2. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.

3. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

4. Cuando con ellas se trate de desvirtuar los documentos de que trata el numeral anterior”.

Obsérvese que la única causal remotamente susceptible de consideración sería la primera, al estimar, en gracia de discusión, que respecto del dictamen no se surtió en su totalidad el trámite referente a la objeción por error grave, según indica la recurrente; pero ello, evidentemente no constituye un procedimiento tendiente a culminar o a perfeccionar la prueba por cuanto la misma se practicó conforme lo solicitó el demandante y los tres dictámenes obrantes en el proceso(4) fueron objeto de pronunciamiento en la sentencia, sin que al efecto el juez hubiere considerado necesaria la práctica de otro peritaje. De este modo, es claro que no se presentan las condiciones estatuidas legalmente para acceder a la práctica de la prueba en esta instancia.

4. Concierne entonces a la Sala, establecer si el avalúo aportado en la demanda debe ser valorado como prueba, al contrario de lo afirmado por el a quo, por no cumplir con el requisito de que trata el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, al señalar “Tampoco se decretará el dictamen cuando exista uno que verse sobre los mismos puntos, practicado fuera del proceso con audiencia de las partes”. Al respecto, el a quo indicó que para darle la validez requerida a las pruebas, estas deben ser legal y oportunamente decretadas y practicadas dentro del proceso, bajo las formalidades previstas para cada una de ellas a fin de que las partes puedan ejercer su derecho de defensa.

Ahora, en caso tal que la Sala admita el dictamen aportado con la demanda como parte integrante del acervo probatorio del proceso, y como tal, resulte valorable para efectos de la decisión judicial, se debe consecuentemente esclarecer si el mismo cuenta con el suficiente mérito como para desvirtuar el avalúo aportado por la administración y reflejado en los actos acusados, pues ello permitirá concluir si estos se ajustaron a derecho en lo que respecta a la determinación del precio indemnizatorio.

Pues bien, para la Sala no es de recibo el planteamiento del a quo para desestimar el avalúo aportado con la demanda, por desconocerse con este, según él, lo previsto en los artículos 174 y 233 del Código de Procedimiento Civil(5), e implicar ello, que el municipio de Medellín no contó con la oportunidad para controvertirlo en el proceso, al no haberse decretado legalmente como prueba. Al respecto, es de señalar que obra a folio 188 del expediente el auto que abre a pruebas el proceso, en el que consta la admisión de dicho dictamen como tal al indicarse allí que “en su valor legal, se apreciará la documentación aportada con la demanda y su contestación”; lo cual permite suponer que el avalúo así allegado al proceso estuvo a disposición de la parte demandada, y por ende, esta tuvo oportunidad de conocerlo y de controvertirlo. De este modo, el que el municipio de Medellín no hubiere participado directamente en su realización no significa su desconocimiento a efectos de debatirlo, pues como se anotó, el mismo fue admitido como prueba.

Ahora, aun cuando la objeción por error grave presentada por la demandada se formuló contra el dictamen decretado y rendido en el proceso por la perito designada para el efecto, es constatable que el municipio se manifestó sobre el avalúo aportado en la demanda pues así consta en los alegatos de conclusión presentados en la primera instancia(6), lo cual aporta razón de más para aceptar que este fue conocido por la administración, y por lo tanto, pudo ser objeto de pronunciamiento por parte del Municipio durante la etapa procesal pertinente.

Por lo anterior, la Sala da cuenta del desatino en que incurrió el a quo al sostener que el dictamen aportado con la demanda no se decretó legalmente como prueba y tampoco fue conocido por la parte demandada, como fundamento de su exclusión como tal, pues, como se observa, el auto de pruebas y los alegatos de conclusión permiten verificar todo lo contrario.

En adición a lo señalado, es de advertir que el juez de instancia debió valorar el avalúo aportado con la demanda ante la prosperidad de la objeción por error grave del dictamen proferido dentro del proceso, pues ello hubiere contribuido a aportar más elementos de juicio en el esclarecimiento de los hechos materia del proceso.

De otra parte, no sobra anotar que el juez de instancia proporciona una lectura equívoca al aparte del artículo 233 del Código de Procedimiento Civil citado para desestimar la valoración de la prueba, pues tal segmento de la norma hace referencia a que se hace innecesario decretar un dictamen pericial en el proceso judicial cuando ya existe otro sobre los mismos puntos que interesan a la litis y el mismo ha sido realizado por ambas partes fuera de aquel; lo cual, claramente no corresponde a la situación advertida, en la que el demandante presenta el avalúo privado como una prueba más del proceso, susceptible de valoración en los términos anotados.

Así las cosas, y ante la desacertada decisión del a quo referente al descarte como prueba del avalúo aportado con la demanda, debe ahora la Sala proceder a determinar si este cuenta con la vocación de desvirtuar el efectuado por la administración, acudiendo a los parámetros establecidos por el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil(7), sobra la apreciación del dictamen y a las normas aplicables en materia de avalúos, como la Resolución 762 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Pues bien, obra a folios 65 y siguientes del expediente, el avalúo realizado por los señores Javier Hernández Paucar e Iván Chica Pérez, ingenieros civiles, peritos avaluadores inscritos en la dirección seccional de la Rama Judicial de Antioquia, según certificaciones que obran en el expediente(8), lo cual permite asumir que los peritos son profesionales versados en la materia.

El peritaje da cuenta de la identificación del inmueble y de sus características, dentro de las cuales se hace referencia a la dotación de servicios públicos, el sector, vías de acceso, el hecho de que consta de un local comercial en el primer piso y una casa de habitación en el segundo y área construida, otorgándole un valor total al inmueble de $173.980.000.

Seguidamente hace alusión al concepto de daño emergente, el cual es integrado por el desmonte y reinstalación de maquinaria, equipos, seguros, etc., y la mano de obra inactiva de tres operarios especializados, para una suma de $32.400.000.

Luego, se refiere al lucro cesante, frente al cual se afirma que el inmueble genera una utilidad de $1.750.000 pesos mensuales y por arrendamientos de la vivienda del segundo piso, $600.000 pesos, también por mes. Estas sumas son objeto de cálculo asumiendo que la actividad comercial se reactivará en seis meses ante lo cual efectúa sendos cálculos para la recuperación del mismo ingreso en el período o mes 24, actualizado con el IPC. Asimismo, se señala que como el arrendamiento de la vivienda desaparece, se le debe indemnizar al señor Martínez Balvuena con base en la expectativa de vida la cual sería de veinte años conforme a las tablas del Seguro Social, tomando un factor de inflación anual mínimo de 0,25%, todo lo cual arroja un valor de $140.288.315 pesos; y el avalúo, por los tres conceptos anotados, asciende a la suma total de $ 377.517.263, 14.

El dictamen consta de fotografías del predio, ficha para áreas de tratamiento en suelo urbano, certificado de registro mercantil, contrato de arrendamiento de local comercial por la suma de $1.000.000 y otros dos de vivienda urbana, uno de ellos por $350.000 pesos y el otro por $380.000.

Del análisis efectuado al texto del dictamen y sus soportes, la Sala encuentra que el mismo no cuenta con el suficiente valor probatorio como para desvirtuar el avalúo aportado por la administración, por cuanto aquel se limita a reflejar cifras que no dan cuenta de su procedencia, ni se fundamenta en la metodología legalmente establecida para la realización de avalúos inmobiliarios.

Así, por ejemplo, en lo que respecta a los métodos utilizados para el avalúo del inmueble el peritaje bajo examen se refiere a la “consulta con otros peritos avaluadores que tienen experiencia en la zona”, “negocios recientes” e “investigación de nuestra base de datos”, lo cual como es obvio, no consulta los métodos establecidos en la ley(9), como el de comparación de mercados, el de renta o capitalización por ingresos, entre otros; y, por ende, no procede su estimación para efectos de determinar el precio indemnizatorio.

Por su parte, en lo que hace al daño emergente, se observa que no obra soporte alguno en el expediente de los costos de reubicación del local comercial ni de los pagos que se vio obligado a desembolsar el demandante con ocasión de la mano de obra inactiva por un período de seis meses, según se afirma por los peritos, de forma tal que dicho rubro no puede ser objeto de aceptación. En este punto, tan solo obra un contrato de arrendamiento de local comercial por valor de $1.000.000 de pesos(10) (sic), cuyo arrendatario es el demandante, firmado el 13 de enero de 2003, con fecha de entrega del inmueble de 13 de septiembre de 2002, lo cual permite entrever una inconsistencia cronológica, y no consta elemento probatorio alguno que permita aducir que el mismo se refiere al negocio Cromofiltro, ni tampoco se advierten soportes documentales sobre estipendios por concepto del arrendamiento, como recibos de pago o la contabilidad del establecimiento de comercio, por ejemplo.

En cuanto al lucro cesante, tampoco se evidencia mediante documentos probatorios conducentes, como sería, se reitera, la contabilidad del establecimiento comercial, el valor dejado de percibir por concepto de los ingresos derivados de la actividad del taller, de modo que este rubro tampoco es de factible admisión dada la ausencia de sustento fáctico. Ahora, los contratos de arrendamiento de vivienda urbana no resultan verosímiles a fin de comprobar la existencia real y actual, al momento de la expropiación, de un contrato de tal naturaleza pues, uno de los aportados, es del 13 de septiembre de 2002(11), fecha para la cual se había proferido recientemente la resolución de expropiación; empero, el mismo versa sobre una dirección diferente a la del predio expropiado pues este se ubica en la calle 42 Nº 51/49/47, mientras que la del aludido contrato responde a la nomenclatura calle 46 No. 49-48, lo cual evidencia una identidad equívoca respecto del predio del que se procura obtener una indemnización por lucro cesante con ocasión de la expropiación. Por su parte, el inmueble objeto del otro contrato aportado(12) coincide con la dirección del predio expropiado, pero su fecha es anterior a la resolución de expropiación sin que sea viable inferir que el mismo se hallaba vigente al momento de esta última, pues aquel es de enero 25 de 2001, con fecha de terminación enero 25 de 2002 y la mencionada resolución es de 2 de septiembre del mismo año, luego el mencionado contrato ya había expirado y no se observa elemento alguno que permita inferir su renovación.

Sobre la necesaria constatación fáctica de conceptos indemnizatorios como los reclamados en la demanda, es pertinente citar la Sentencia de esta Sección de 26 de junio de 2013, Exp. 2005-00735-01, con ponencia de quien presenta esta providencia, por resultar aplicables al presente caso sus planteamientos así:

“En este orden, y en lo que se refiere al rubro por concepto de lucro cesante, se observa que el dictamen pericial no aporta elementos probatorios que permitan constatar la veracidad de las cifras que expone y mucho menos respecto de la necesaria relación de causalidad que debe existir entre la suma cuyo reconocimiento se procura y la medida expropiatoria, como presupuesto fundamental para acceder al restablecimiento del derecho en dicho concepto. Frente a ello, se reitera que el daño debe ser cierto, a fin de indemnizar con la mayor exactitud posible los componentes del mismo, y ello no es verificable mediante simples afirmaciones consignadas en un dictamen sin los soportes que faciliten al juez la labor de identificar su existencia, por lo que se hace evidente que el demandante no observó su deber procesal de aportar elementos probatorios que permitieren aducir que, en efecto, se generó un perjuicio por el referido concepto indemnizatorio, de forma tal que del mismo no es viable predicar atisbo alguno de su ocurrencia” (resaltado fuera de texto).

Asimismo, en sentencia de la Sala de 14 de mayo de 2009, Exp. 2005-03509-01, M.P. Rafael Ostau De Lafont Pianeta, se señaló:

“Por otra parte, no sobra precisar que para poder obtener la reparación de los daños accesorios que hubieren podido consumarse con la expropiación, es indispensable que los mismos sean ciertos y que exista necesariamente un nexo de causalidad entre ellos y la decisión administrativa mediante la cual se decretó la expropiación. El carácter resarcible del daño depende fundamentalmente de la certeza de su ocurrencia, pues es claro que las lesiones de carácter hipotético, estocástico o contingente no pueden ser objeto de reparación o compensación. El agravio debe estar revestido entonces de certeza para que produzca efectos jurídicos y dé lugar al resarcimiento, pues todo aquello que constituya una simple conjetura o una suposición no puede dar lugar a una indemnización (…)”.

Lo anotado conduce a acotar que si bien el a quo fue desacertado en la invocación de los argumentos por los cuales descartó la evaluación del dictamen aportado como prueba en la demanda; ello no implica en modo alguno que su evaluación en esta instancia derive en su eficacia para desvirtuar el aportado por la administración, pues como se señaló, tal avalúo no se halla dotado de elementos jurídicos ni fácticos que permitan otorgarle el efecto probatorio favorable pretendido por la recurrente. En otras palabras, el hecho de evaluar el peritaje por ella presentado redunda en un deber procesal para el juez al haber sido aportado al proceso y decretado como prueba con miras a esclarecer la verdad, pero sin que su valoración necesariamente prospere como comprobación de los hechos soporte de las pretensiones, según pareciera sugerir la apelante.

Al respecto, vale la pena traer a colación jurisprudencia de esta Sección en la que se puntualiza que es al demandante a quien concierne demostrar que el avalúo soporte del acto expropiatorio es equívoco o inexacto, para lo cual se halla compelido a revelar sus falencias, mediante aportes probatorios que así lo permitan. En Sentencia de esta Sección de 27 de octubre de 2011, Exp. 2005-00027-01, M.P. Maria Claudia Rojas Lasso, se indicó:

“Correspondía a los demandantes probar que el valor comercial del inmueble calculado por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá a instancias del IDU, no estaba ajustado a los parámetros y criterios expuestos en el Decreto 1420 de 1998 y que, por tanto, no indemnizaba de manera justa y plena los perjuicios causados con la expropiación. Con tal propósito, los demandantes presentaron como prueba el avalúo comercial efectuado por el arquitecto Freddy Ortiz Castro (…) Advierte la Sala que el avalúo comercial practicado por el arquitecto Freddy Ortiz Castro, no prueba de manera cierta que las resoluciones acusadas sean contrarias al artículo 67 de la Ley 388 de 1997, pues no logra desvirtuar que el informe técnico de avalúo rendido por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, hubiese pasado por alto los parámetros y criterios para la elaboración de avalúos, contenidos en los artículos 21 y 22 del Decreto 1420 de 1998”.

En similar sentido, la Sentencia de esta Sala de 26 de julio de 2012, Exp. 2003-00977-01, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno, señaló:

“Ahora bien, del detenido examen del avalúo realizado por la subsecretaría de catastro municipal, de la revisión que del mismo se realizó por esa dependencia pública y de su cotejo con las disposiciones con base en las cuales se dice haberse realizado (L. 388/97, art. 61 y D. 1420/98), la Sala encuentra que si bien se siguió la metodología en ellas señalada para tales efectos, este carece de soporte técnico o documental que permitan tener certeza de que efectivamente se realizaron las operaciones inmobiliarias o los avalúos recientes que se tuvieron en cuenta para hacer la anunciada comparación, vale decir se encuentra desprovisto de argumentos técnicos y de apoyo probatorio. No obstante lo anterior, al haber sido incorporado dicho valor indemnizatorio en el texto de los actos administrativos demandados, debe entenderse que el mismo se encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones de la administración, lo cual admite desde luego prueba en contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando, precisamente, sus falencias”.

Es de concluir, entonces, que la parte actora no logró desvirtuar el avalúo soporte de los actos acusados, dado lo precario del dictamen por ella aportado para ese efecto.

5. El planteamiento referente a que el proceso surtido en la primera instancia desconoce el trámite legal concerniente al error grave del dictamen pericial, y por ende, debe ser revocada la sentencia para suplir dicha irregularidad en esta instancia, no cuenta con vocación alguna de prosperar. En este punto, sostiene la apelante que en razón de que la administración no solicitó la práctica de otro dictamen para resolver la objeción, el a quo debió hacerlo de oficio, conforme al numeral 6 del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil.

Pues bien, la norma supuestamente vulnerada en términos de la recurrente, dispone lo siguiente:

“ART. 238.—Contradicción del dictamen. Para la contradicción de la pericia se procederá así:

(…)

6. La objeción se decidirá en la sentencia o en el auto que resuelva el incidente dentro del cual se practicó el dictamen, salvo que la ley disponga otra cosa; el juez podrá acoger como definitivo el practicado para probar la objeción o decretar de oficio uno nuevo con distintos peritos, que será inobjetable, pero del cual se dará traslado para que las partes puedan pedir que se complemente o aclare” (resaltado fuera de texto).

Ahora, frente a la situación concreta objeto de cuestionamiento, es del caso evaluar esta disposición legal en concordancia con lo señalado en el numeral 5 ibídem, cuyo texto expresa:

“En el escrito de objeción se precisará el error y se pedirán las pruebas para demostrarlo. De aquel se dará traslado a las demás partes en la forma indicada en el artículo 108, por tres días, dentro de los cuales podrán estas pedir pruebas. El juez decretará las que considere necesarias para resolver sobre la existencia del error, y concederá el término de diez días para practicarlas. El dictamen rendido como prueba de las objeciones no es objetable, pero dentro del término del traslado las partes podrán pedir que se complemente o aclare” (resaltado fuera de texto).

De lo expuesto en las normas transcritas, se observa que no siempre le es perentorio al juez decretar otra prueba pericial cuando se ha planteado objeción por error grave contra el dictamen proferido en el proceso, puesto que ello puede no resultar necesario si en su criterio existe un peritaje respecto del cual aquel pueda resolver las objeciones. En este caso, el municipio de Medellín formuló objeciones por error grave(13) al dictamen rendido por la perito Luz Marina Vélez, cuya práctica correspondió a lo solicitado en la demanda y decretado por el a quo. Ahora, el dictamen que procuró hacer valer el municipio contra el objetado fue sin duda el efectuado por la subsecretaría de catastro municipal de la secretaría de hacienda del municipio de Medellín, del cual da cuenta el Oficio AE 1456 de agosto de 2002(14), ratificado mediante Informe de Avalúo AE-676 del 1º de octubre de 2002(15), pues así se desprende del contenido del escrito presentado para el efecto, al invocarlos expresamente como pruebas, junto con la investigación de mercado barrio Colón(16), negociaciones Corvide sector Niquitao, compras realizadas proyecto san Sebastián subsecretaría de catastro, y en adición, como nuevos, la cédula catastral del predio e Informe GT 001 del departamento de cartografía de la división de catastro de 2 de enero de 2002, en donde consta el área construida del predio.

Así las cosas, el a quo al resolver la objeción por error grave en la sentencia, confrontó el dictamen objetado junto con el de la administración y sus soportes probatorios, para concluir que aquella prosperó otorgándole credibilidad al avalúo aportado por el municipio de Medellín, lo cual resulta valedero a la luz de las normas arriba transcritas.

No obstante, y tal como antes se comentó, la Sala estima que el Tribunal debió valorar adicionalmente el dictamen acompañado con la demanda a fin de indagar, con mayores elementos de juicio, la verdad con respecto a los valores debatidos tanto en el dictamen proferido en el proceso como en el oficial. Sin embargo, tal negligencia procesal no es constitutiva de un yerro probatorio que amerite revocar la sentencia y decretar la prueba en esta instancia por las razones advertidas referentes a la inobservancia de las causales del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo, y a que la Sala, a fin de remediar el desatino del a quo referente a la falta de valoración de dicho avalúo, decidió acometer su evaluación según se expuso en líneas anteriores.

Ahora, asunto diferente es que el dictamen aportado con la demanda y evaluado en esta instancia, se hubiere hallado desprovisto de los elementos jurídicos y probatorios suficientes para desacreditar el aportado por el municipio de Medellín como soporte de los actos acusados, por lo que la Sala concluye que, ante la constatación probatoria advertida tanto en la primera como en la segunda instancia, los actos acusados deben conservar su presunción de legalidad, en el sentido que el precio indemnizatorio pagado por la administración con ocasión de la expropiación administrativa, se ajusta a derecho.

Por las razones anotadas, se impone confirmar la sentencia del a quo, según se expondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia recurrida en apelación.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(4) El avalúo aportado con la demanda, el decretado en el proceso y el oficial del municipio de Medellín.

(5) “ART. 174.—Necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”.

“ART. 233.—Procedencia de la peritación. La peritación es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos.

Sobre un mismo punto no se podrá decretar en el curso del proceso, sino un dictamen pericial, salvo en el incidente de objeciones al mismo, en el que podrá decretarse otro. Tampoco se decretará el dictamen cuando exista uno que verse sobre los mismos puntos, practicado fuera del proceso con audiencia de las partes. Con todo, cuando el tribunal o el juez considere que el dictamen no es suficiente, ordenará de oficio la práctica de otro con distintos peritos, si se trata de una prueba necesaria para su decisión”.

(6) Folios 264 y siguientes del cuaderno principal del expediente.

(7) “Apreciación del dictamen. Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso (…)”.

(8) Folios 90 y siguientes del cuaderno principal del expediente.

(9) El artículo 25 del Decreto 1420 de 1998, contempla el método de comparación o de mercado, el de renta o capitalización por ingresos, el de costo de reposición o, y el residual. Del mismo modo tampoco consulta lo previsto al respecto en la Resolución 762 de 1998 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

(10) Folios 103 a 105 del cuaderno principal del expediente.

(11) Folios 106 y 107 del cuaderno principal del expediente.

(12) Folio 107 ibídem.

(13) Folios 202 y siguientes del cuaderno principal del expediente.

(14) Folios 165 a 176 del cuaderno principal del expediente.

(15) Folios 177 a 187 del cuaderno principal del expediente.

(16) Folios 229 y siguientes ibídem.