Sentencia 2003-00489 de agosto 28 de 2014.

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN CUARTA

Rad. 680012331000200300489 01

Nº. Interno: 19062

Consejero ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Asunto: Acción de nulidad simple

Demandante: Ofelia Patricia Carrero y Adriana Ospina Aragón

Demandado: Municipio de Bucaramanga

Bogotá, D.C., veintiocho de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por el municipio de Bucaramanga, la Sala decide si es nula la siguiente expresión del artículo 3º Acuerdo 088 de 1995:

30-9331 Clínicas o establecimientos para la Salud 7*1000 (...)

La Sala considera que la norma demandada no debe declararse nula, por las siguientes razones:

La tarifa del impuesto de industria y comercio necesariamente está atada al hecho generador.

El artículo 4º del Acuerdo 039 de 1989 del concejo municipal de Bucaramanga definió la actividad de servicios, como actividad gravada, en los siguientes términos:

Artículo 4º.: Definición de la actividad de servicios. Es aquella destinada a satisfacer necesidades de la comunidad mediante la realización de una o vanas (sic) de las siguientes o análogas actividades expendio de bebidas y comidas; servicio de restaurante cafés, hoteles, casas huéspedes, moteles, amoblados, transporte y aparcaderos, formas de intermediación comercial. tales como el corretaje, la comisión por cualquier concepto, los mandatos y la compraventa y administración de inmuebles; servicios de publicidad interventoría, construcción y urbanización, radio y televisión, clubes sociales, sitios de recreación, salones de belleza, peluquerías, portería, vigilancia, servicios funerarios, talleres de reparaciones eléctricas, mecánicas, automoviliarias y afines, lavado, limpieza y teñido, salas de cine y arrendamiento de películas y de todo tipo de reproducciones que contenga audio y video, negocios de montepíos, y los servicios de consultaría profesional prestados a través de sociedades regulares o de hecho.

De otra parte, el numeral 4º del artículo 5º enlistó como actividad no sujeta al impuesto de industria y comercio, la siguiente:

4. La educación pública, las actividades de beneficencia, las actividades culturales y/o deportivas, las actividades desarrolladas por los sindicatos, por las asociaciones de profesionales y gremiales sin ánimo de lucro, por los partidos políticos y los servicios prestados por los hospitales adscritos o vinculados al Sistema Nacional de Salud. (resaltado fuera de texto)

Como se puede apreciar, es claro el acuerdo en cuanto dispone que los servicios adscritos o vinculados al sistema nacional de salud, hoy, al sistema integral de seguridad social en salud, están expresamente no sujetos al impuesto de industria y comercio.

En consecuencia, una interpretación integral de los artículos 4º y 5º del Acuerdo 039 de 1989, en concordancia con el artículo 3º del Acuerdo 088 de 1995, permite inferir que la tarifa del 7 por mil no está prevista para gravar los servicios de salud que prestan las entidades que integran el sistema integral de seguridad social en salud.

Tal como lo ha precisado la Sala, dicho sistema está integrado así:

“Artículo 155. Integrantes del sistema general de seguridad social en salud. El sistema general de seguridad social en salud está integrado por:

1. Organismos de dirección, vigilancia y control:

a) Los ministerios de salud y trabajo;

b) El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud;

c) La Superintendencia Nacional en Salud;

2. Los organismos de administración y financiación:

a) Las entidades promotoras de salud;

b) Las direcciones seccionales, distritales y locales de salud;

c) El Fondo de Solidaridad y Garantía.

3. Las Instituciones Prestadoras de servicios de salud, públicas, mixtas o privadas.

4. Las demás entidades de salud que, al entrar en vigencia la presente Ley, estén adscritas a los ministerios de salud y trabajo.

5. Los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones y los trabajadores independientes que cotizan al sistema contributivo y los pensionados.

6. Los beneficiarios del sistema general de seguridad social en salud, en todas sus modalidades.

7. Los comités de participación comunitaria “Copacos” creados por la Ley 10 de 1990 y las organizaciones comunales que participen en los subsidios de salud.

Parágrafo. El Instituto de Seguros Sociales seguirá cumpliendo con las funciones que le competan de acuerdo con la Ley”.

Como se ve, el artículo 155 de la Ley 100 de 1993 es claro en precisar que las IPS públicas, mixtas o privadas forman parte del sistema integral de seguridad social en salud. Por lo tanto, independientemente de que las empresas que presten el servicio de salud se llamen clínica, hospital u otra expresión análoga a estas, lo relevante es que, en tanto estén acreditas como instituciones prestadoras de salud, IPS, no son sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio por los servicios de salud que prestan con cargo a los recursos del sistema, como lo alegaron las demandantes.

En consecuencia, la Sala considera que el artículo 3º del Acuerdo 088 de 1995 no debió anularse en el aparte demandado, sino que debió negarse las pretensiones de la demanda pero en el entendido de que los servicios de salud están gravados con el impuesto cuando se presten por establecimientos de salud que no hagan parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud.(2)

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, el día 9 de julio de 2009, dentro del contencioso de nulidad iniciado por Ofelia Patricia Carrero y Adriana Ospina Aragón en contra del municipio de Bucaramanga en cuanto anuló la siguiente expresión:

30-9331 Clínicas o establecimientos para la Salud 7*1000 (...)

En su lugar, en los términos fijados en la parte motiva de esta sentencia, NIÉGASE la nulidad de la mentada expresión.

2. RECONÓCESE personería al abogado Pedro Enrique Sarmiento Pérez para actuar en representación de las demandantes, en los términos del poder que le fue otorgado.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(2) En similar sentido se pronunció la Sala en la sentencia del 28 de febrero de 2013. Radicación: 08001233100020080019301 [18736]. M.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia. Actor: Marcela Ramírez Sarmiento. Demandado: Distrito Especial Industrial y Portuario De Barranquilla.