SENTENCIA 2003-00500/38718 DE ABRIL 20 DE 2017

 

Sentencia 2003-00500/38718 de abril 20 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA “SUBSECCIÓN B”

Exp.: 38718

Rad.: 7000123310000200300500 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Enrique Martínez Vergara y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D. C., veinte de abril de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

6. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse de un recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre en un proceso que, por su cuantía, tiene vocación de doble instancia ante esta corporación(1).

6.1. En este punto, conviene precisar que habida cuenta de que la parte demandante fue la única en apelar la decisión de primera instancia, la Sala, en principio, se limitará a pronunciarse respecto del objeto de su medio de impugnación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 357(2) del C.P.C.

6.2. No obstante, al admitir dicha regla ciertas excepciones derivadas, por una parte, de la facultad del juzgador de segunda instancia para manifestarse en cuanto a los aspectos implícitos de los argumentos que se esgriman en la apelación y, de otro lado, de los diferentes cuerpos normativos que impongan el deber de pronunciarse de oficio –normas y principios de carácter constitucional, tratados internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, y normas legales de carácter imperativo–, en el evento en que las especificidades del presente asunto lo ameriten, se abordarán de manera oficiosa los aspectos exceptivos cuyo estudio resulte pertinente para adoptar la decisión(3). En este sentido, la Sala Plena de la Sección Tercera señaló:

3.2.2.1. En relación con el alcance del recurso de apelación de las sentencias, la Sala, a partir de la interpretación que hizo del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(4), acogió la tesis conforme a la cual la competencia del juez ad quem está limitada a los aspectos que señale el recurrente. Se consideró que de la premisa: “la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante”, no se sigue, tal como lo señaló la Corte Suprema de Justicia(5), “una autorización al juez de segundo grado para hacer el escrutinio y ad nutum determinar libremente ‘qué es lo desfavorable al recurrente’, pues a renglón seguido, la norma establece una segunda prohibición complementaria, según la cual ‘no podrá el ad quem enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso”.

3.2.2.2. Para la Sala, sin embargo, la regla general relacionada con los límites de la competencia del juez ad quem, admitía excepciones derivadas de mandatos constitucionales y legales. A título de ejemplo se señalaron en el fallo algunos asuntos procesales, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, los cuales, entre otros, deben ser declarados por el juez de segunda instancia, de manera oficiosa, en tanto favorecen al apelante único, aunque no hubieran sido propuestos como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada, porque tales aspectos constituyen presupuestos para dictar sentencia de mérito.

3.2.2.3. La Sala, en esta oportunidad precisa que la competencia del juez de segunda instancia abarca los temas implícitos en aquellos aspectos que el recurrente propone, al sustentar el recurso de apelación de la sentencia. Se trata de dar alcance a la expresión “los aspectos que señale el recurrente”, a los cuales se limitó la competencia del ad quem en la providencia referida. Para la Sala, la apelación de un aspecto de la sentencia confiere competencia al juez de segunda instancia para resolver todos esos asuntos, puntos o elementos que estén comprendidos en el mismo, en algunas ocasiones, inclusive, porque su mención resultaría ilógica, pero siempre que la revisión de esos asuntos le resulte favorable al recurrente (…)(6).

II. Validez de los medios de prueba

7. En relación con la totalidad de los medios probatorios obrantes en el plenario, conviene precisar lo siguiente:

7.1. Al expediente se aportaron pruebas documentales que a pesar de que fueron allegadas en copias que no cumplen con las precisiones dispuestas en el artículo 254 del C.P.C., serán valoradas libremente por la Sala. Al respecto, conviene recordar que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en aplicación de los principios de buena fe, lealtad procesal y prevalencia del derecho sustantivo sobre el formal, cambió su posición en cuanto a la valoración de copias simples, para entender procedente su estimación, siempre y cuando no se hubieran tachado de falsas a lo largo del proceso en el que se pretenden hacer valer. En este sentido, consideró:

En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos. // Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

(…) Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad.(7)

7.2. Por su parte, en el expediente obran varios recortes de presa titulados “Frustran el secuestro de 2 ganaderos”, “Balas y Bajas”, “Cruentos combates en los Montes”, “Estamos cercados: ganaderos”, “Las Farc robaron 89 ejemplares Brahman”, “Recuperan reses en Montes de María”, “Ganó la Parcelita”, “La Cámara Junior condecoró a los mejores”, “Hoy, Enrique Gómez Hurtado en Sincelejo”, “Muestra ganadera en coliseo” (fls. 19-27, 48-53, 61-73,351,354, c. 1), entre otras, con las cuales se pretendió establecer los hechos objeto de la demanda e identificar al señor Enrique Martínez Vergara como presidente del Comité Cebuista de Sucre.

7.2.1. Cabe señalar que inicialmente, la Sala Plena de la corporación(8) indicó que los informes de prensa no tienen, por sí solos, la entidad suficiente para probar la existencia y veracidad de la situación que narran y/o describen, por lo que su eficacia probatoria depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, “cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como un indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos”(9).

7.2.2. Sin perjuicio de lo anterior, en un pronunciamiento más reciente, la misma Sala amplió la señalada regla para indicar que tales medios de prueba tienen plena validez probatoria sin necesidad de que otro medio de prueba confirme su contenido, cuando (i) relaten aspectos relacionados con un hecho notorio, toda vez que éstos no requieres ser acreditados de conformidad con la normativa procesal civil de nuestro ordenamiento jurídico, y (ii) transcriben las declaraciones o comunicaciones de servidores públicos, en consideración a su investidura y posición, de modo que serán valoradas como pruebas documentales que podrán ser controvertidas, ampliación de la jurisprudencia de esta corporación que se da a la luz de aquella adoptada a nivel internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, se sostuvo:

En esta ocasión, la regla del valor probatorio de estos se ampliará para indicar que también se les reconoce este, cuando estemos en presencia de i) hechos notorios y/o públicos y ii) transcriban declaraciones o comunicaciones de servidores públicos.

(…) Estas excepciones son las mismas que introdujo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia(10) y que en razón de su relevancia e importancia, serán acogidas por la Sala Plena de lo Contencioso a partir de esta decisión.

En efecto, según el criterio de ese órgano de justicia, cuando en dichos medios se recojan hechos públicos o notorios, declaraciones o manifestaciones públicas de funcionarios del Estado, estos deben ser valorados, razón por la que su inserción en el respectivo medio de comunicación es una prueba del hecho y no simplemente de su registro.

(…) En el primer caso, es decir, frente a los hechos públicos y/o notorios, no requieren ser probados en los términos de los artículos 176 del Código de Procedimiento Civil y 167 del Código General del Proceso, razón por la que el registro noticioso servirá simplemente como una constatación gráfica de lo que es conocido por la comunidad.

(…) El aporte de medios de prueba en donde el hecho notorio y/o público fue registrado, le permitirá al juez contar con mayores elementos de convicción, sin que ello implique que el hecho requería de prueba, pues, se repite, su apreciación o cognición por una generalidad, hace innecesaria su prueba.

En el caso de las declaraciones o manifestaciones de los servidores públicos divulgadas, reproducidas y/o transmitidas en los diferentes medios de comunicación, en razón de la investidura y de su posición en la sociedad, tendrán que ser desvirtuadas.

En otros términos, estos serán valorados conforme a las reglas previstas para las pruebas documentales. Por tanto, esas declaraciones o manifestaciones públicas, recogidas o registradas en diversos medios de comunicación darán fe de su contenido, sin perjuicio de su contradicción por parte de quien en su contra se aducen(11).

7.2.3. Con observancia de lo expuesto, se acogerán los precedentes reseñados y en consecuencia, se apreciarán las noticias aludidas de conformidad con los lineamientos sentados por la Sala Plena de esta corporación.

7.3. De otro lado, se allegaron tres fotografías (fls. 36-38, c. 1) en las que se puede apreciar (i) dos cabezas de ganado diferentes en dos fotos distintas, animales que aparentemente participaron y fueron premiadas en un concurso de ganadería, y (ii) una cabeza de ganado que según su morfología y marcas, coincide con una res de las que se muestra en una de las imágenes anteriormente referidas, animal que fue registrado junto a cuatro personas, una de las cuales sostiene en sus manos lo que parecería ser un diploma –la fotografía no permite tener mayor precisión de lo que consiste ese documento–.

7.4. La Sala advierte que las imágenes referidas tienen mérito probatorio, toda vez que a pesar de que no es posible determinar su lugar y época de registro, su contenido puede ser confrontado con otros medios de prueba allegados al plenario para demostrar circunstancias relacionadas con el objeto de la presente contienda judicial.

7.4.1. Efectivamente, se observa que la res que sólo aparece en una de las tres fotografías aportadas, se encontraba marcada con el símbolo perteneciente al hierro quemador para identificar semovientes de legítima propiedad registrado ante la alcaldía del municipio de Sincelejo por el demandante Enrique Martínez Vergara, en representación de su hijo Jorge Alberto Martínez Gomescásseres, tal como consta en el original del acta de registro del referido hierro traída al presente asunto (fl. 32, c. 1). De esta manera, es factible aducir que la cabeza de ganado aludida era de propiedad del último actor reseñado.

7.4.2. En relación con la otra cabeza de ganado que se enseña en las otras dos fotografías restantes, se advierte que si bien su marca de hierro no coincide con aquella de los accionantes, el individuo que en una de ellas aparece sosteniendo el supuesto diploma es el actor Enrique Martínez Vergara, lo que se puede confirmar a partir de las imágenes que fueron registradas para los recortes periodísticos en los que expresamente se hizo alusión a su identidad y que fueron allegadas al plenario (fls. 49, 50, 53, 61, 62, 65, 69, 70, 73, c. 1), de modo que es posible inferir que el actor referido estuvo presente en el concurso aducido.

7.4.3. En consecuencia, a diferencia de lo estimado por el tribunal de primera instancia, las fotos señaladas pueden ser apreciadas y valoradas con el resto del material probatorio para determinar los hechos que permitan tener por acreditados, sin que se deba perder de vista que ello necesariamente deba coincidir con lo que buscaron acreditar los actores al aportarlas.

7.5. Igualmente, en el expediente se practicaron los testimonios de varias personas que afirmaron conocer a los demandantes, deponentes cuyo conocimiento, si bien, respecto de ciertas circunstancias es directo –a modo de ejemplo, en cuanto a la calidad de ganadero del señor Enrique Martínez Vergara–, en relación con otros hechos no solamente es de oídas o indirecto, sino que adicionalmente, respecto de algunos supuestos, la fuente de su dicho proviene exclusivamente de lo que les fue informado por los mismos demandantes.

7.5.1. En relación con este último tipo de declaraciones indirectas, conviene señalar que si bien pueden ser estimadas libremente, en consideración a que la actual postura de la jurisprudencia de esta Sección avala su valoración siempre y cuando cumplan con algunos criterios que fueron determinados para evitar que esos medios de prueba alteren indebidamente la certeza a la que debe llegar el operador judicial(12), lo cierto es que en principio, tal valoración se torna inviable cuando la fuente del conocimiento indirecto vertido por esa clase de declarantes proviene de un integrante de alguna de las partes procesales.

7.5.2. Efectivamente, para efectos de tener por acreditado el acaecimiento de los sucesos que sirven de basamento a la demanda, no resulta factible apreciar los medios de prueba cuya única fuente se constituye en lo aseverado por los demandantes, lo que sucede con los testimonios de terceros indirectos cuando sólo conocen los hechos a partir de lo que les comunican las partes procesales, por cuanto ello equivaldría a valorar la apreciación de éstos frente a circunstancias que los benefician como si hubieran sido percibidas por un tercero imparcial, teniendo en cuenta que (i) tal posibilidad es contraria a la naturaleza de las declaraciones de terceros –prueba histórica o de reconstrucción de hechos(13)–; (ii) no tiene sustento normativo alguno, y (iii) sería equivalente a afirmar que una parte puede conformar un testimonio de oídas a voluntad por el simple hecho de trasladar su conocimiento a otra persona que no vaya a ser parte del conflicto. Frente a lo anterior, cabe igualmente recordar que las manifestaciones de las partes de la litis sólo adquieren valor probatorio cuando se configuran en una confesión(14).

7.5.3. Sin perjuicio de lo expuesto, se ha considerado que el tipo de testimonio señalado puede ser estimado bajo ciertas circunstancias especiales, a saber, cuando a la parte que le brindó información al declarante de oídas le hubiese sido completamente inviable aportar otros medios directos de convicción sobre lo que pretende probar, puesto que de lo contrario se le establecería una barrera infranqueable a su derecho de acceso a la administración de justicia(15), consideración que debe tener una mayor relevancia cuando se está frente asuntos similares al que se debate en el sub judice, es decir, en casos relacionados con conflicto armado en Colombia, puesto que en los mismos se puede llegar a verificar la existencia de graves violaciones de derechos humanos, lo que amerita una mayor flexibilidad en materia probatoria(16).

7.6. En cuanto a las declaraciones rendidas por Enrique Martínez Vergara en sus denuncias penales juramentadas, se advierte que serán valoradas en aquellos aspectos que resulten adversos a las pretensiones del declarante, esto es, en el sentido de que constituyan una confesión de conformidad con las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo cual, sus contenidos en cuanto a la ocurrencia de hechos podrán ser confirmados y demostrados por otros medios probatorios, por cuanto esos medios de convicción sólo constituyen meras afirmaciones de los demandantes en las que descansan las pretensiones expuestas en el presente asunto. Igualmente, las denuncias aludidas se tendrán como elementos de prueba que indican que las mismas tuvieron lugar, y los términos en los que se formularon ante las autoridades.

III. Los hechos probados

8. De conformidad con el material probatorio allegado al proceso contencioso administrativo y valorado en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

8.1. El 6 de octubre de 1998, se elevó a escritura pública el contrato de compraventa del bien inmueble denominado El Triunfo, entre los señores Álvaro Balasnoa Márquez –vendedor– y Jorge Alberto Martínez Gomescásseres –comprador–, por el precio de $13 600 000, inmueble ubicado en el corregimiento del Hatillo, sub región de los Montes de María, jurisdicción del municipio Los Palmitos, Sucre, y cuya extensión superficiaria era de veintiséis hectáreas y ochocientos metros cuadrados. Asimismo, en dicho negocio jurídico se precisó que el predio fue adquirido por el vendedor señalado mediante resolución de adjudicación Nº 852 del 9 de diciembre de 1983, expedida por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –Incora–, resolución que fue debidamente inscrita en el folio de matrícula Nº 342-0009000 de la Oficina de Instrumentos Públicos y Privados de Corozal –lo cual también fue confirmado por la constancia expedida por el Incora el 25 de septiembre de 1998(17)–, contrato en el que igualmente se señaló que ese predio se procedería a llamar Cacagual (copias auténticas y simples de la escritura pública Nº 1585 del 6 de octubre de 1998, suscrita ante la Notaría Tercera de Los Palmitos, y de la constancia del 25 de septiembre de 1998, expedida por el Incora, y original del certificado expedido por la Secretaría de Planeación de la Alcaldía Municipal de Los Palmitos, Sucre; fls. 42-44, 224, c. 1).

8.2. Desde antes de la realización del contrato aludido, el señor Enrique Martínez Vergara se dedicaba a la cría de ganado, y en los años 2000 y 2001 tuvo varias reses en los inmuebles denominados Cacagual y La Parcelita, último terreno ubicado en el municipio San Pedro, Sucre.

8.2.1. De la anterior circunstancia dan cuenta diferentes hechos y medios probatorios. Por una parte, se tiene que para el 10 de enero de 1984 y el 14 de octubre de 1998, el señor Martínez Vergara registró a su nombre y en nombre y representación de su hijo Jorge Alberto Martínez Gomescásseres, ante las alcaldías de los municipios de Sahagún y de Sincelejo, respectivamente, sendos hierros para marcar o identificar los semovientes de sus propiedades.

8.2.2. De otro lado, se encuentra acreditado que el 3 de marzo del 2000, la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Cebú realizó una visita técnica a la finca Cacagual en beneficio de su socio Enrique Martínez Vergara, en la cual se encontraron sesenta y cuatro reses entre vacas paridas, vacas horras, novillos, toretes, toros y crías, las cuales fueron identificadas por el técnico Hermes Solano como de propiedad de dicho actor, puesto que en las hojas de sus informes lo individualizó como “propietario”.

8.2.3. Sin embargo, en este punto conviene advertir que al cotejar los números de identificación, las fechas de nacimiento y los números de identificación de los padres de dichos animales, con esos mismos datos registrados en los certificados de registro Brahman expedidos por la Asociación de Criadores de Ganado Cebú y aportados al plenario, varios de esos animales en realidad pertenecían a otros ganaderos, en consideración a que así lo demuestran esos últimos documentos, sin que en muchos de ellos obre una anotación de la posterior transferencia o traspaso del animal a nombre del señor Martínez Vergara –lo que sí aparece en otros certificados–.

8.2.4. De esta forma, de las sesenta y cuatro cabezas de ganado relacionadas por el trabajador de la asociación referida en el año 2000, treinta y cinco eran de dominio del actor Martínez Vergara, dado que ello encuentra soporte en el certificado de registro de tales semovientes –vacas identificadas con los números: 582/0, 583/0, 153/9, 160/9, 161/9, 165/9, 264/3, 21/3, 27/8, 28/8, 29/8, 34/8, 43/9, 1/9, 7/9, 9/9, 12/1, 13/1, 13/3, 18/1, 19/5, 529/5, 152/9, 581/0, 159/9, 157/9, 580/0, 1213/5, 1212/5, 25/8, 3/7, 7/7, 8/7, 9/5 y 10/9–, mientras que hay (i) doce reses respecto de las cuales su certificado muestra que eran de propiedad de otras personas, sin que se hubiese acreditado su posterior adquisición por el demandante –semovientes identificados con los número: 305, 307, 308, 316, 207/7, 241/7, 260/8, 272/8, 285, 22/8, 268/8 y 270/8–, y (ii) diecisiete reses de las que no se tiene respaldo de quien era su dueño, en la medida que no se aportó esa clase de documentos en relación con las mismas –las vacas restantes de las señaladas en la lista del técnico–.

8.2.5. Por su parte, después de la realización de la visita técnica, esto es, en el segundo segmento del año 2000 y en el año 2001, el actor en comentó registró ante Asociación de Criadores de Ganado Cebú catorce vacas, en relación con las cuales se precisó que se encontraban en la hacienda Cacagual –reses identificadas con los números: 592/0, 594/0, 595/1, 598/1, 603/1, 850/0, 585/0, 590/0, 856/0, 101/8, 591/0, 600/1, 602/1, 604/1–, y en el último año señalado, también registró siete semovientes ante el Comité de Criadores de Ganado Doble Propósito, uno de los cuales estaba en la finca Cacagual, mientras que los otros seis se encontraban ubicados en la finca La Parcelita –reses identificados con los números: 1119-0, 5099, 5039, 5019, 5049, 5079 y 5069–.

8.2.6. Igualmente, el señor Martínez Vergara fue reconocido como ganadero por varios de sus allegados, tal como lo informaron al rendir sus declaraciones en el presente asunto contencioso administrativo. Al respecto, a modo de ejemplo se puede traer a colación el testimonio del señor Jairo Guerra Chadid, quien además de aseverar que conoce al demandante aludido y a toda su familia de muchos años atrás, indicó que coincidieron como miembros del Fondo Ganadero de Sucre, y que tuvieron algunos negocios relacionados con ganado. En ese sentido, manifestó que “[c]onozco a Enrique Martínez desde hace aproximadamente como treinta años y luego a su actual esposa Enith Gomezcaseres (sic). A los hijos lógicamente los conocí a medida que fueron naciendo y criándose, es una familia muy distinguida de esta región, gozan de mucho aprecio, y los bienes que han poseído han sido fruto de su propio esfuerzo y trabajo. A Enrique lo conocí en las actividades sociales normales de esta región, luego como ganadero vinculado al Fondo Ganadero de Sucre del cual él fue en una época su gerente. Luego, negocié con él en varias oportunidades lotes de ganado fino que tenía en la finca La Loma en jurisdicción del municipio de Tolú (...). Por la prensa y personalmente me enteré de la importante actividad ganadera de Enrique como criador de ganado Cebú fino y como expositor en varias ferias y ganador de muchos trofeos, actividades conocidas por los habitantes que fueron profusamente publicadas”.

8.2.7. Adicionalmente, se aportaron varios recortes periodísticos que confirman las labores de ganadería desplegadas por el actor referido –cuyas fechas datan desde el año 1999–, en los cuales se le menciona como (i) ganador de un par de premios de ganadería; (ii) representante del Comité Cebuistas de Sucre –lo que igualmente encuentra soporte en un certificado expedido por dicho comité, en el que se indica que fue presidente del mismo en el año 2001–, y (iii) organizador de exposiciones y ferias de ganadería, de una conferencia del dirigente político Enrique Gómez Hurtado, y de otros eventos sociales y académicos para ganaderos.

8.2.8. Asimismo, la hipótesis señalada a su vez encuentra respaldo en las tres fotografías mencionadas en el acápite de esta providencia sobre la validez de los medios de prueba, las cuales fueron tomadas en algún certamen de ganado, y en las que como se advirtió, (i) aparece una vaca marcada con el hierro registrado por el señor Martínez Vergara en representación de Jorge Alberto Martínez Gomescásseres, la cual al parecer fue premiada, y (ii) se observa al primer demandante aludido al lado de otras personas y de una res que si bien no tiene ninguna de las marcas de hierro que registró, sostiene un diploma de lo que también parecería ser un premio (originales del informe de socios de la Asociación de Criadores de Ganado Cebú derivado de la visita técnica realizada el 28 de marzo del 2000, presentado por Hermes Solano, de las constancias de registro de hierro para marca de ganado del 10 de enero de 1984 y del 14 de octubre de 1998, de las fotografías allegadas con la demanda, de los certificados de registro expedidos por el Comité de Criadores de Ganado Doble Propósito, de los certificados de registro expedidos por la Asociación de Criadores de Ganado Cebú, de los recortes periodísticos denominados “Se acabó la feria” del 30 de agosto de 1999, “Ganó La Parcelita” del 29 de mayo de 2001, “La Cámara Junior condecoró a los mejores” –sin fecha visible–, “Una feria de lujo” del 4 de septiembre de 2001, “Cena” del 24 de febrero de 2001, “Exitosa muestra de ganado cebú brahman” –sin fecha visible–, “Coliseo de Ferias será manejado por Fedasucre” –sin fecha visible–, “Hoy, Enrique Gómez en Sincelejo” del 4 de octubre de 2001, “Preparan el segundo diplomado” –sin fecha visible–, “Muestra ganadera en Coliseo” del 4 de diciembre de 2001 y “Comité Cebuista rindió informe” del 27 de diciembre de 2001, del certificado expedido por el Comité Cebuista de Sucre sobre la presidencia del señor Martínez Vergara, y declaraciones rendidas ante el Tribunal a quo por los señores Jairo Guerra Chadid –conocido de los demandantes y ganadero–, Raúl Correa Obando –quien trabajo como veterinario de los animales del señor Martínez Vergara y Luis Carlos Márquez Racini –amigo de los demandantes–; fls. 29-31, 36-39, 48-60, 64-70, 74-79, 90-96, 99, 98, 102-112, 115, 117-121, 123, 129,132-136, 138, 140-147, 153-157, 159-162, 163-166, 226, 236-248,c. 1).

8.3. En algún momento –no se acreditó su fecha de recepción–, el señor Martínez Vergara recibió una misiva con fecha del 25 de marzo del 2000, escrita a mano en una hoja de cuaderno marca norma y suscrita “E.R.P. Ejército Revolucionario del Pueblo”, sin otra anotación en relación con su autor. En dicho escrito, se le indicó que “según nuestra inteligencia sabemos que usted es una persona trabajadora amante del progreso. // Pero usted sabe que nosotros somos una organización que requiere de personas amigas como ud. que nos colaboren económicamente con lo que usted pueda colaborarnos. // Esperamos su gentil rpta. // Lo más pronto posible”. En el expediente no existe elemento que indique si esa nota fue puesta en conocimiento de autoridad estatal alguna (copia simple de la misiva con fecha del 25 de marzo del 2000, suscrita como proveniente del grupo insurgente ERP; fl. 28, c. 1).

8.4. El 26 de mayo del 2000, aproximadamente a las 9:15 a.m., se inició un combate entre servidores de la Infantería de Marina de las Fuerzas Militares y miembros del frente treinta y cinco de las FARC, en la vía que conduce del municipio de Toluviejo a San Onofre, corregimiento de Camaján, en proximidades al arroyo El Bobo, Sucre, contienda a raíz de la cual, se dio de baja a dos insurgentes, se hirió a un grupo indeterminado de los mismos, y se liberó a dos ganaderos que se encontraban en su poder, a saber, a Jaime Isaac Náder y a Enrique Martínez Vergara, los cuales habrían sido secuestrados mientras se encontraban en la hacienda Andalucía, de propiedad del primero y ubicada en el municipio de Toluviejo (originales de los recortes periodísticos denominados “Frustran el secuestro de 2 ganaderos” y “Bajas y Balas” –última noticia en la que se relató la declaración del comandante del batallón de fusileros de la Infantería de Marina que combatió con los miembros de las FARC–(18) del 27 de mayo del 2000, copias simples del directorio de criadores, en el que se evidencia el nombre y la finca de propiedad de Jaime Isaac Náder, ubicada en Toluviejo y cercana al lugar en el que fueron rescatados y la declaración del señor Humberto Vergara Tamara(19); fls. 19-21, 163 c. 1).

8.5. El 30 de mayo de 2001, se libró mandamiento ejecutivo en contra del señor Jorge Alberto Martínez Gomescásseres, por la suma de $24 000 000 más intereses moratorios causados desde el 23 de noviembre de 1999, dentro del proceso ejecutivo identificado con el número 2001-097 e iniciado por el Banco Agrario de Colombia. En dicho proceso se embargó el bien inmueble hipotecado de propiedad del señor Martínez Gomescásseres “identificado con matrícula inmobiliaria No. 342-009000 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Corozal” –matrícula inmobiliaria que corresponde al predio llamado Cacagual que el señor Martínez Gomescásseres compró en el año 1998–, y se dictó sentencia que ordenó continuar la ejecución de la obligación, la cual, para el año 2005, todavía se encontraba en liquidación del crédito (original del certificado suscrito por el juez primero civil del circuito de Sincelejo, Sucre, a la luz de los libros índices y radicadores obrantes en su despacho judicial; fl. 209, c. 1).

8.6. El 16 de noviembre del 2001, el señor Enrique Martínez Vergara denunció ante la Unidad Investigativa de Policía Judicial –SIJIN–, que durante varios días del mismo mes del año en comento se presentaron algunos hombres armados en la finca Cacagual con la finalidad de extorsionarlo, para lo cual le hicieron allegar, a través del administrado del predio, sendas notas por medio de las cuales le solicitaron que pagara ciertas sumas de dinero en beneficio de su causa. Igualmente, advirtió que si bien su administrador le informó que dichos sujetos aparentemente pertenecían al grupo subversivo Ejército Revolucionario del Pueblo –ERP–, lo que infirió debido a que portaban prendas privativas de las fuerzas militares, armas de larga distancia y granadas, su vecino de la finca colindante le hizo saber que era posible que ese no fuera el caso sino que se trataran de delincuentes comunes, comoquiera que nunca vio entrar a su terreno personas con esa clase de armamento y prendas. Igualmente precisó que dicho vecino, el cual le tiene un gran cariño, se ofreció para la captura de los extorsionistas, de modo que junto con un funcionario del DAS rural de apellido Achury, coordinaron lo que éste debía hacer cuando los volviera a ver. De esta manera, refirió:

Desde hace varios meses, un grupo dirigido por el señor OSORIO, alias EL GRINGO, que según información de los vecinos dicen que participó en el secuestro de los ganaderos (…); todos estos señores los pasaron por el carreteable llamado EL TRIUNFO, que parte de Hatillo y llega hasta la población denominada como SAN RAFAEL, antes GALAPAGO, pasando por mi finca, en donde varias ocasiones han obligado a mi administrador FRANCISCO, a que tiene que facilitarles bestias aperadas para conducir secuestrados. Debo decir que el señor OSORIO alias EL GRINGO, su madre convive con el señor LUIS TAPIAS, vecino mío de la finca en Hatillo, este señor junto con otros delincuentes ha venido haciendo una casería (sic), que como lo comprobaron los agentes del DAS RURAL a través de campesinos, dicen que tarde o temprano me secuestrarían; es así como los días 12, 13, 14, 15 y 16 de noviembre del año en curso, han estado visitando la finca en número no superior de cuatro, mandándome a mi finca, cartas extorsivas desde el mes de septiembre como consta en la copia que adjunto hoy. Estos malhechores según la carta extorsiva dicen pertenecer al grupo EPL, pero en años anteriores como consta en las demandas que formulé ante el CTI, GAULA y FISCALÍA, y otro grupo perteneciente al PRT, también me han hecho llegar cartas que se encuentran en los expedientes que cursan en las entidades antes mencionadas. El día miércoles de los cursantes, mi administrador, FRANCISCO, llegó en horas de la mañana a mi residencia con una misiva de los secuestradores extorsionistas, informándome “Que tenía que pagar”, FRANCISCO me relató que cuando se levantó, cuatro sujetos pertenecientes a la guerrilla, entraron a la casa y otros seis estaban apostados en los corrales, que traían uniformes privativos del Ejército Colombiano, portando armas de largo y corto alcance y granadas de mano, a lo que yo evalué internamente, como algo muy grave que me acontecía, pero en el día de ayer, 15 de noviembre de 2001, en horas de la noche el campesino propietario de una parcela, vecino mío en Hatillo, llamado ÁLVARO BALASNOA, me dijo que “Nunca ha oído o ha visto que a mi finca ha llegado un número superior a cuatro”, sin uniforme y sin arma de largo alcance, sino con revólveres, sin granadas, lo que me tiene inquieto de pensar que él, me quiere atemorizar también. El campesino, señor BALASNOA, que tiene un cariño especial por mi persona, me aconsejó que no fuera sólo a la finca, dicho señor hoy, junto con el señor ACHURY, jefe de la Oficina Rural, le dijo que él quería colaborar conmigo, lo mismo que otros familiares suyos, que son vecinos míos, ofreciéndose para manejar un celular, que le daría el DAS, con el fin de capturar a dichos delincuentes, porque él tampoco cree que sea miembro de una guerrilla organizada, tal vez bandas de delincuentes comunes está presto a llamar al Nº 153, con el fin de dar captura a dicho sujeto, lógico que el señor ACHURY y mi persona le prometimos la más absoluta discreción en esta delicada cooperación para salvaguardar su integridad personal. En el día de ayer (15 de noviembre) estos sujetos, se llevaron un caballo aperado, marcado con el hierro de mi propiedad y que en estos días me lo devolverían.

8.6.1. Dentro de las copias que se aportaron junto con la denuncia en comento, obra una carta de fecha del 29 de septiembre de 2001, suscrita por el “Frente Gerrillero (sic) Jaimen Bateman Cayón (sic) ELN”, y en virtud de la cual se requirió al señor “Henriques Martines (sic)” para que entregara la suma de “dies (sic) millones de pesos para el día 5 de octubre (…) ora a las 10: am (sic)”.

8.6.2. Con ocasión de la anterior denuncia, el 11 de febrero de 2002, la Fiscalía Local Primera Delegada ante los Juzgados Promiscuos Municipales de Corozal inició investigación previa por el delito de extorsión, para lo que ordenó que (i) la misma le fuese puesta en conocimiento a la Dirección Seccional de Fiscalías; (ii) se llevara a cabo las labores de inteligencia necesarias para determinar la individualización e identificación de los autores del punible, y (iii) se practicaran las pruebas pertinentes (copias de la investigación identificada con el Nº 19894, contentiva de la denuncia Nº 31 del 16 de noviembre de 2001, de la carta suscrita supuestamente por el Frente Guerrillero Jaime Bateman Cayón, y del auto del 11 de febrero de 2002, proferido por la Fiscalía Local Primera Delegada ante los Juzgados Promiscuos de Corozal; fl. 310-3141, 316-319, c. 1).

8.7. El 11 de junio de 2002, en horas de la mañana, miembros de las FARC ingresaron a la finca Cacagual, y hurtaron varios semovientes de propiedad del señor Enrique Martínez Vergara, mismo día en el que también se presentaron en una finca de dominio del señor Humberto Vergara Tamara, a quien igualmente le robaron varios de sus semovientes.

8.7.1. Los hechos en comento fueron confirmados por varias autoridades, puesto que en relación con el primer hurto señalado, el coordinador de la unidad local del Cuerpo Técnico de Investigaciones, a partir de labores de inteligencia y de haberse desplazado a la hacienda Cacagual, señaló que el robo “fue cometido por (sic) frente XXXVII de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Comunistas (FARC) BENKOS BIOHO Bloque Caribe, compuesto por aproximadamente 280 bandoleros comandadas por el bandido alias MARTÍN CABALLERO, los cuales delinquen en el departamento de Sucre, afectando los municipios de SAN ONOFRE, CHALÁN, OVEJAS, LOS PALMITOS, COLOSO, COROZAL, MORROA, SINCE, GALERAS”. Lo expuesto fue reiterado por funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS– y de la Fiscalía General de la Nación, con excepción de que los primeros precisaron que la cantidad de ganado robado ascendía a noventa cabezas, y los últimos individualizaron a los insurgentes del frente treinta y cinco de las FARC como los verdaderos responsables.

8.7.2. De otro lado, el comandante del Batallón de Fusileros de Infantería de Marina de la Armada Nacional se refirió a la ocurrencia del hurto de ganado perpetrado por miembros del frente treinta y cinco de las FARC, reses que señaló que ascendían a ochenta y nueve cabezas y que pertenecían a los señores Humberto Vergara Tamara, Enrique Martínez Vergara y Campo Elías Ordóñez, para lo que hizo alusión a lo que sería la forma de los hierros de marca de ganado de cada uno de ellos(20).

8.7.3. Asimismo, los medios de comunicación escritos de la zona informaron a la comunidad sobre los hechos descritos, en uno de los cuales se indicó que pese a las labores de protección desarrolladas por autoridades estatales, a los señores Martínez Vergara y Vergara Tamara les robaron ochenta y nueve y trescientas vacas, respectivamente, no obstante lo cual, varias de las reses del señor Vergara Tamara pudieron ser recuperadas, en consideración a que fueron abandonadas por el grupo guerrillero, tal como lo confirmó el comandante del batallón de infantería de marina aludido(21). Así, en la noticia denominada “Golpe Bajo”, del periódico El Meridiano del 12 de junio de 2002, se relató:

Sincelejo. Un duro golpe sufrió el sector ganadero de este departamento por parte de la guerrilla de las Farc, al ser conocido el robo de 389 reses en una finca y una parcela ubicadas en zonas rurales de los municipios de Los Palmitos y Tolú, según confirmó el Fondo Ganadero de Sucre. El monto de los animales robados, de propiedad de los ganaderos enrique Martínez Vergara y Gustavo Tulena Tulena (sic), fue estimado en 400 millones de pesos, toda vez que pertenecen a las razas brahmán. El hecho causó preocupación peo a la vez rechazo en el gremio ganadero de este departamento. El primer hecho se presentó entre las 8:00 y las 9:00 de la mañana de ayer en la parcela (40 hectáreas) de nombre Cacagual, de propiedad de Enrique Martínez Vergara, situada en el corregimiento Atillo (sic), jurisdicción de Los Palmitos, entre el Bongo y San Pedro.

(…) El Fondo Ganadero también confirmó que en la madrugada de ayer, al parecer guerrilleros de las FARC se robaron 300 reses raza cebú de propiedad del ganadero Gustavo Tulena Tulena (sic). El Ilícito se presentó en una finca en el corregimiento Pita Abajo, jurisdicción municipal de Tolú. (…) “Estamos cercados. La Infantería de Marina, el DAS y la Policía tienen muy buenas intenciones y trabajan seriamente para brindarnos seguridad, pero infortunadamente se presentan esta clase de hechos que perjudican notoriamente al gremio ganadero de Sucre”, expreso el Fondo Ganadero.

8.7.4. Por su parte, en otra noticia se señaló que de los ochenta y nueve semovientes hurtados, siete eran del Fondo Ganadero de Sucre, y los ochenta y dos restantes sí era de propiedad del demandante Martínez Vergara, reses que en su totalidad se encontraban avaluadas en 130 millones de pesos, y para cuyo robo se inmovilizó al cuidador de la finca Cacagual, quien sólo pudo dar aviso del hurto efectuado en la mañana hasta las 3:00 de la tarde del mismo día, cuando se logró desatar. En este sentido, en la noticia denominada “Las Farc robaron 89 ejemplares Brahman”, del periódico el Universal del 12 de junio de 2002, se adujo (copias de los informes del 26 de junio, del 28 de agosto, del 16 y del 1 de octubre del 2002, rendidos por funcionarios de la Primera Brigada de Infantería de Marina de la Armada Nacional, del CTI, del DAS y de la Fiscalía General de la Nación, y originales y copias de las noticias denominadas “Golpe Bajo”, “Recuperan reses en Montes de María” y “Las Farc robaron 89 ejemplares Brahman”, de los periódicos El Meridiano y El Universal, respectivamente; fls. 22-25, 333, 334, 342-345, 349, 351-354, c. 1):

Un total de 89 reses Brahman puras, avaluadas en 130 millones de pesos, propiedad del Fondo Ganadero de Sucre y del expresidente del Comité de Cebuistas, y 300 de raza cebú, de un reconocido ganadero, valoradas en 300 millones de pesos, fueron hurtadas ayer por integrantes del 35 y 37 frente (sic) de las Farc. Según las informaciones reveladas por las autoridades, el robo de las 89 reses Brahman fue perpetuado por unos 50 hombres que vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, quienes penetraron la finca Cacagual, propiedad del señor Enrique Martínez Vergara ubicada en la vereda Hatillo, en zona rural del municipio de Los Palmitos. Se conoció que los hombres llegaron a la finca a las 9:30 de la mañana y luego de amarrar al cuidandero, a su esposa y a un ayudante, procedieron a llevarse el costoso ganado. La noticia del robo se conoció a las 3:00 de la tarde, luego que el cuidandero y las otras dos personas lograran soltarse las cuerdas que los presuntos subversivos ataron a sus pies, manos y bocas. Así mismo, el gerente del Fondo Ganadero de Sucre, dio a conocer que el ganado fue trasladado, por los subversivos que se movilizaban a caballo, con rumbo a los corregimientos de Canutal y Canutalito, poblaciones en zona rural de Ovejas en los Montes de María.

De las 89 reses Brahman pura, 7 son del Fondo de Ganaderos de Sucre y el resto del expresidente del Comité Cebuista, personas jurídicas y naturales, que de acuerdo con las informaciones suministradas por las autoridades ya han sido víctimas de robos de ganado.

Igualmente, la Policía reportó que hombres de las Farc, robaron en el corregimiento de Pita Abajo, un total de 300 reses propiedad del ganadero Gustavo Tulena Tulena (sic), hecho cometido a las 3:00 de la madrugada de ayer. El robo de las 389 reses, es según las autoridades el más duro golpe que los grupos subversivos han dado en el presente año a ganaderos del departamento de Sucre, hecho que motiva a su recuperación.

Conocido el caso, ayer mismo los afectados instauraron las respectivas denuncias ante la Sijin, la Policía, Gaula, DAS y Primera Brigada de Infantería de Marina, instituciones que comenzaron a desarrollar los operativos correspondientes con el fin de recuperar las reses.

Farc en la zona

Pobladores de a varias localidades ubicadas en zona rural de los municipios de Los Palmitos y Ovejas, manifestaron ayer que la zona es controlada por los hombres pertenecientes a los frentes 35 y 37 de las Farc, quienes en varias oportunidades han penetrado a las poblaciones amenazando a las comunidades.

Igualmente, la vía que comunica a las poblaciones de Tolú y San Onofre, atravesando Las Pitas, está siendo utilizada como corredor de la subversión.

Este hecho ha motivado a las autoridades, (sic) intensificar las operaciones, pues se cree que la zona también está siendo utilizada como corredor de la guerrilla, para movilizar a las personas que en estos momentos se encuentra en poder de la subversión.

8.8. Debido a lo señalado, en horas de la tarde del mismo 11 de junio de 2002 –fecha del robo–, el señor Martínez Vergara presentó otra denuncia ante la SIJIN, con el fin de que se investigara lo sucedido y se diera con el paradero de sus bienes, los cuales indicó que se trataban de ochenta y nueve semovientes según su último inventario –el cual no aportó–, entre vacas horras, novillas de vientre, toretes de reproducción, vacas paridas y una yegua. A pesar de que el actor en comento refirió el robo de ochenta y nueve cabezas de ganado, junto a la denuncia en comento presentó una lista realizada a mano, en la cual sólo relacionó los números de identificación de cincuenta y cuatro reses. Sobre los datos del delito y las circunstancias en las que éste se habría cometido, el actor refirió:

DELITO(S): HURTO (SEMOVIENTES) PURAS 89

ESTIMACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS (EN DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO): $ 150.000.000

(…) RELATO DE LOS HECHOS (…):

LLEGARON UNAS DOCE PERSONAS DEL FRENTE 37 DE LAS FARC, A LA FINCA ENCERRANRON (sic) TODOS LOS GANADOS QUE ESTABAN EN LOS POTREROS QUE EN SU TOTALIDAD ERAN 89 RESES SEGÚN EL ÚLTIMO INVENTARIO, LE DIJERON [al administrador de la finca] QUE SI AVIZABA (sic) ANTES DE LAS TRES DE LA TARDE LO MATABAN A ÉL CON SU ESPOSA. EL AVISÓ A LAS TRES EN PUNTO, DICIÉNDOME LO QUE HABÍA PASADO EN LA FINCA YO PROCEDÍ IR (sic) AL GAULA PARA HABLAR CON EL MAYOR CASTILLO E INICIARON LA BÚSQUEDA. PREGUNTADO: MANIFIESTE SI ENTRÓ ALGÚN CAMIÓN A SU FINCA O VEHÍCULO. CONTESTÓ: NO, FUERON ARREADOS. PREGUNTADO: MANIFIESTE SI LOS SUJETOS ENTRARON CON ARMAS. CONTESTÓ: SI CON FUSILES, APROXIMADAMENTE FUERON UNAS DOCE PERSONAS. PREGUNTADO: MANIFIESTE EL HIERRO DE LAS RESES. CONTESTÓ: ALLÍ ANEXO LOS HIERROS Y NÚMEROS QUE ESTÁN MARCADAS. PREGUNTADO: MANIFIESTE CÓMO SE CARACTERIZAN LAS VACAS. CONTESTÓ: SON 65 VACAS ORRAS (sic) Y NOVILLAS DE VIENTRE, 10 TORETES REPRODUCTORES Y 14 VACAS PARIDAS Y UNA LLEGUA (sic) QUE SE LLEVARON, SON GANADOS FINOS, GANADOS DE EXPOSICIÓN, TODOS SON DE COLOR BLANCO, DESCORNADOS TODOS Y NUMERADOS EN CUATRO SITIOS DIFERENTES DEL CUERPO, EN LAS DOS ANCAS, EN LA PIERNA DERECHA Y EN LA MANO DERECHA ESTOS NÚMEROS SON DE CONTROL POR SER SEBU (sic) PUROS. PREGUNTADO: MANIFIESTE SI ES LA PRIMERA VEZ QUE LE HURTAN. CONTESTÓ: SI ES LA PRIMERA VEZ. PREGUNTADO: DÓNDE QUEDA LA FINCA CACAGUAL. CONTESTÓ: QUEDA EN EL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS CORREGIMIENTO DE HATILLO. PREGUNTADO: MANIFIESTE LA CUANTÍA DE LAS VACAS. CONTESTÓ: $300.000.000 (…).

8.8.1. Frente a esta segunda denuncia, la fiscalía competente inició investigación previa mediante providencia del 3 de julio del 2002. Por su parte, durante el trámite de dicha pesquisa, el 17 de julio del año en comento, la Fiscalía Tercera Delegada ante el Juzgado Penal Especializado del Circuito de Sincelejo, advirtió que recibió por reasignación la investigación previa que se inició con ocasión de la primera denuncia relacionada con el delito de extorsión, por lo que avocó su conocimiento, y ordenó “al comandante del grupo Gaula Sucre para la realización del operativo viable que permita garantizar el derecho a la autonomía personal de su familia y el patrimonio económico de el (sic) señor ENRIQUE MARTÍNEZ VERGARA, sin que peligre su viuda (sic) e integridad personal.- en tal sentido se oficiará”, y a que se escuchara al señalado por el señor Martínez Vergara como el posible responsable de dicha conducta punible, es decir, al señor Emiro José Osorio Osorio.

8.8.2. El 25 de julio de 2002, el señor Enrique Martínez Vergara presentó otra denuncia ante la SIJIN con el objeto de ampliar aquella que radicó debido al hurto de sus semovientes, para señalar que adicionalmente le habían robado de la finca Cacagual diez vacas F1, dos toros reproductores, una electrobomba, un dinamo de una cortadora de pasto, una bomba motor para bañar el ganado, algunos enseres para la monta de caballo, cuatro tanques de aluminio para recolectar leche, una herramienta de la finca y otros elementos de uso de la casa principal, bienes que señaló que no relacionó en su primera denuncia debido a un olvido o a que se los hurtaron en forma posterior, para lo que dijo que esos robos también debieron ser efectuados por miembros de las FARC. Asimismo, manifestó que las cabezas de ganado que se le habían hurtado el 11 de junio de 2002, ascendían a ciento cuatro y no a ochenta y nueve reses. De esta manera, adujo en su denuncia (copias de la providencia del 17 de julio de 2002 proferida por la Fiscalía Tercera Delegada ante el Juzgado Penal Especializado del Circuito de Sincelejo, de la denuncia Nº 1285 del 11 de junio de 2002 presentada por el señor Enrique Martínez Vergara, providencia del 3 de julio 2002 dictada por la Fiscalía Decima Delegada ante Juzgados Promiscuos del Circuito y de la denuncia Nº 1633 del 25 de julio de 2002 radicada igualmente por el señor Martínez Vergara; fls. 34,35, 320, 324-326, 331, c. 1):

El día once de junio del presente año a las quince y cincuenta según la denuncia de número 1285 presenté el inventario de ganado hurtado en mi finca pero solamente relacioné las vacas puras senu (sic) y por ligeresa (sic) dejé de mensionar (sic) diez (10) vacas F1 y dos toros reproductores de alta compatibilidad. El día 15 de julio, después de que la guerrilla obligó en días anteriores a retirarce (sic) lo empleados (sic) de la finca me trasladé a la finca de mi propiedad a realizar un inventario de los diferentes elementos que son utilizados en la finca y encontré que faltaban una electrobomba de 3HP que mueve el acueducto, lo mismo que el dinamo motor que mueve la picadora, la bomba motor para bañar los ganados, los enseres de montar a caballo, la herramienta de la finca, y habían violentado los candados donde se encontraban todos estos elementos, también cuatro tanques de aluminio para recolectar la leche y los enseres de uso de la casa principal, se presume que como el día once de junio la guerrilla se había presentado a las siete y media de la mañana y se había llevado un número aproximado de 104 reses puras y ellos se habían identificado como pertenecientes al frente 35 y 37 de FARC-EP, por eso presumimos que quien hurtó después todos estos elementos a (sic) debido ser este mismo grupo.

8.9. Mediante oficios del 17 y del 25 de mayo de 2005, el subcomandante operativo encargado del Departamento de Policía de Sucre, y el comandante del Segundo Distrito de Policía de Corozal, le informaron al jefe de la Oficina de Planeación del Departamento de Policía de Sucre, que en su archivo no se contaba con documentos que certificaran (i) que en el en el corregimiento El Hatillo, jurisdicción del municipio Los Palmitos, se contaba con presencia policial para la fecha del hurto de ganado señalado; (ii) que el señor Enrique Martínez Vergara hubiese puesto en conocimiento de autoridades de policía las supuestas amenazas que pesaban en contra de su vida o de sus bienes, y (iii) que luego de los hechos aludidos, se hubiera adoptado una actuación específica. Sin perjuicio de lo anterior, el primer funcionario aludido reconoció que el actor Martínez Vergara presentó denuncia penal por el robo de sus semovientes, la cual adujo que ocurrió el 11 de junio de 2002. A su vez, mediante oficio del 19 de mayo de 2005, el personero municipal de Los Palmitos, Sucre, advirtió (i) que en esa región existía presencia de grupos al margen de la ley desde muchos años atrás; (ii) que desde 1990 se tenía conocimiento que integrantes del frente 35 de las FARC utilizaba zonas del municipio Los Palmitos como corredor estratégico para llegar a los Montes de María, y que en el año 2001 atacaron las instalaciones de policía municipales, y (iii) que no encontró en su archivo documentos que dieran fe sobre la realización de consejos de seguridad con ocasión de hechos violentos o terroristas ocurridos en el corregimiento del Hatillo para el año 2002, fecha en la que sucedió el hurto de ganado (originales de los oficios Nº 257/COMAN DIDOS y 536 SUBCO DESUC, del 25 y del 17 de mayo de 2005, respectivamente, dirigidos al jefe de la Oficina de Planeación del Departamento de Policía de Sucre, y del oficio del 19 de mayo de 2005 suscrito por el personero municipal de Los Palmitos; fls. 217, 218, 225, c. 1).

IV. Problema jurídico

9. Con observancia de todo lo actuado a lo largo del proceso, en especial, del contenido de la demanda, de la sentencia denegatoria de las pretensiones proferida en primera instancia, y del recurso de apelación interpuesto por los actores para efectos de que se accediera a todas sus peticiones, le corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, la causación de los daños que invocaron, en virtud de los cuales afirmaron que se les produjeron diferentes perjuicios de carácter material e inmaterial, los cuales fundamentan las pretensiones que elevaron en su libelo introductorio.

9.1. De esta manera, se dilucidará si los menoscabos deprecados fueron causados, esto es, se establecerá si (i) los accionantes fueron despojados de los semovientes y de los bienes muebles que adujeron como robados; (ii) se dinamitó una edificación de su propiedad, la cual aseveraron que se encontraba construida en la finca Cacagual; (iii) se vieron imposibilitados para pagar sus obligaciones dinerarias, lo que derivó en el inicio de un proceso ejecutivo en contra del señor Jorge Alberto Martínez Gomescásseres que se aduce que se le constituyó en una carga injustificada y, (iv) se alteraron sus condiciones de existencia a raíz del intento de secuestro sufrido por el señor Martínez Vergara, al punto de que a algunos de ellos les hubiera correspondido desplazarse del sitio donde vivían.

9.2. En el evento en que se encuentre acreditado la producción de alguno de los daños aludidos, la Sala deberá analizar su imputación a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, estudio en el que se deberá tener en cuenta (i) el hecho de que tales menoscabos se deprendieron de una actuación material realizada por un tercero; (ii) el alcance de la obligación de protección que le asistía al Estado respecto de los derechos de los accionantes; (iii) las circunstancias específicas de los actores y su contexto, en especial, como el que el señor Martínez Vergara hubiese sido objeto de un intento de secuestro y de que en una oportunidad presentó una denuncia penal ante la SIJIN debido a que se le intentó extorsionar a través de la finca Cacagual, y (iv) las labores que en defensa de los accionantes realizó la entidad demandada en relación con los hechos dañosos que se invocaron en el escrito inicial.

9.3. Finalmente, en el supuesto de que sea factible declarar la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada, se estimará la indemnización que resulte procedente a partir del daño efectivamente causado a los accionantes.

V. Análisis de la Sala

10. En el presente asunto, los demandantes alegaron la configuración de varios daños cuya existencia, en su mayoría, no fue admitida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre, autoridad que consideró que sólo se probó el hurto del ganado en un número diferente al indicado en la demanda, el cual, en cualquier caso, aseveró que no le resultaba imputable a la entidad demandada y por consiguiente, denegó todas las pretensiones manifestadas en su contra. Debido a lo anterior, los actores apelaron esa decisión para que se accediera a la totalidad de sus solicitudes indemnizatorias, y centraron la mayoría de sus argumentos en advertir que los menoscabos que padecieron le eran plenamente atribuibles al Estado.

10.1. Con fundamento en lo anterior, se impone verificar la debida acreditación de los detrimentos invocados en el libelo introductorio, cuya carga probatoria recayó en la parte demandante de conformidad en el artículo 177(22) del C.P.C., para así, en el evento de que los mismos resulten relevantes desde la perspectiva del derecho de daños, se pueda fundamentar una eventual declaratoria de responsabilidad y condena de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional.

10.2. En cuanto al hurto de ganado de propiedad del señor Enrique Martínez Vergara por parte de miembros de las FARC, si bien la Sala concuerda con el Tribunal a quo en el sentido de que ese menoscabo se encuentra adecuadamente probado, se aparta de su conclusión frente al número de reses que consideró como hurtadas.

10.2.1. En efecto, los medios probatorios obrantes en el plenario demuestran que al actor referido le robaron varios semovientes de la finca Cacagual, en consideración a que se demostró (i) su calidad de ganadero de la región; (ii) las marcas de hierro para identificar las reses de su propiedad, (iii) su participación en diferentes ferias y concursos de ganadería con ganado de su propiedad; (iv) su labor como representante del Comité Cebuista de Sucre, y de miembro de la Asociación de Criadores de Ganado Cebú y del Fondo Ganadero de Sucre, (v) su dominio sobre diferentes cabezas de ganado, las cuales criaba en la hacienda Cacagual y en la finca La Parcelita –ver párrafos 8.2 a 8.2.8–, y (vi) el hecho de que el 11 de junio de 2002, varios insurgentes ingresaron al primer predio aludido y extrajeron reses del mismo, circunstancia que fue confirmada por las autoridades de la región encargadas de investigar dicho robo y de dar persecución a los ladrones –ver párrafos 8.7 a 8.7.4–.

10.2.2. Sin perjuicio de que el daño señalado se encuentra acreditado, de entrada, la Sala advierte que no cuenta con elemento probatorio alguno del cual se pueda determinar, con certeza, el número de vacas que fueron hurtadas de la finca Cacagual, a diferencia de lo que se consideró por el Tribunal a quo.

10.2.3. Primeramente, se debe destacar que no se comprende lo efectuado en la sentencia impugnada para concluir que el señor Enrique Martínez Vergara era propietario de cuarenta y ocho cabezas de ganado para el momento del hurto, puesto que esa cifra no es revelada por ninguno de los pocos medios probatorios obrantes en el plenario, y dicha autoridad no explicó su inferencia en ese sentido.

10.2.4. A su vez, con observancia de que no resultaba viable tener el contenido de las denuncias penales presentadas por el aludido actor como una realidad –ver párrafo 7.6–, se observa que a esa corporación tampoco le era plausible determinar el número de vacas hurtadas con base en lo aseverado en dichos medios de convicción, pruebas que ni siquiera concuerdan con lo estimado en la sentencia apelada, puesto que en aquéllas el demandante adujo que el hurto se dio sobre ochenta y nueve y ulteriormente sobre ciento dieciséis reses –ver párrafos 8.8 a 8.8.2–, mientras que en el fallo de primera instancia se coligió que de conformidad con lo denunciado, las cabezas de ganado robadas ascendían únicamente a veintidós.

10.2.5. Por consiguiente, no se está de acuerdo con el tribunal de primera instancia en cuanto al monto de semovientes de los cuales se despojaron a la parte demandante, habida cuenta de que como se observa, su inferencia en ese sentido no tiene sustento en medio probatorio alguno.

10.2.6. Por su parte, conviene destacar que si bien se allegaron medios de prueba con fundamento en los cuales se intentó acreditar la cantidad de bienes robados, lo cierto es que no le ofrecen la suficiente credibilidad a la Sala, comoquiera que no se consideran como pruebas idóneas para acreditar ese supuesto y adicionalmente, se contradicen entre sí, se reducen a meras aseveraciones sin mayor respaldo probatorio, y no coinciden con la relación de semovientes aducida en la demanda.

10.2.7. En efecto, a pesar de que a partir de la lista realizada por el trabajador técnico de la Asociación de Criadores de Ganado Cebú y de los certificados de registro allegados al expediente, se puede afirmar que para el 3 de marzo del 2000, el actor referido tenía en la finca Cacagual treinta y cinco bovinos de su propiedad, y que en la segunda parte de ese año y en el año 2001 adquirió quince reses que mantuvo en ese terreno –ver párrafos 8.2.2 a 8.2.5.–, tales circunstancias no permiten inferir el número exacto de vacas que se encontraban en dicha hacienda para el 11 de junio de 2002 y por consiguiente, tampoco el número de cabezas que efectivamente fueron hurtadas, puesto que la cantidad de vacas que pastaban en ese predio pudo haber variado por diferentes motivos, sin que en el expediente obre un elemento de convicción que como los reseñados, ofrezca veracidad sobre el número exacto de ganado de dominio del actor para dicho momento.

10.2.8. De otro lado, se allegó un dictamen pericial por medio del cual se intentó determinar el quantum de indemnización de los daños invocados en la demanda (fls. 228-234, 38,389, c. 1), estudio que en cuanto al número de reses hurtadas, se limitó exclusivamente a reproducir lo señalado en la demanda para estimar el resarcimiento procedente, sin que hubiese traído a colación soporte alguno en el que se basara para confirmar dicho dato respecto de la cantidad de ganado robado.

10.2.9. Se advierte que para efectos de que un dictamen pericial pueda llevarle certeza al juez sobre el objeto de estudio, debe reunir ciertas condiciones, dentro de las que se debe resaltar que sus conclusiones tienen que estar debidamente razonadas y fundamentadas. Al respecto, se ha señalado:

3.5.1. Ha dicho la Sala que para que el dictamen pericial pueda tener eficacia probatoria se requiere que: (i) el perito informe de manera razonada lo que de acuerdo con sus conocimientos especializados sepa de los hechos; (ii) su dictamen sea personal(23) y contenga conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no de otras personas por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar por su cuenta el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad; (iii) que el perito sea competente, es decir, un verdadero experto para el desempeño del cargo; (iv) que no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad; (v) que no se haya probado una objeción por error grave; (vi) que el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras firmes y consecuencia de las razones expuestas; (vii) que sus conclusiones sean conducentes en relación con el hecho a probar; (viii) que se haya surtido la contradicción; (ix) que no exista retracto del mismo por parte del perito; (x) que otras pruebas no lo desvirtúen y (xi) que sea claro, preciso y detallado, es decir, que dé cuenta de los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que de los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones(24).

El artículo 241 del C.P.C. señala que el juez al valorar o apreciar el dictamen de los peritos tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso. Con esto se quiere significar que el juez es autónomo para valorar el dictamen y verificar la lógica de sus fundamentos y resultados, toda vez que el perito es un auxiliar de la justicia, pero él no la imparte ni la administra, de manera que, como con acierto lo ha concluido la doctrina, el juez no está obligado a “… aceptar ciegamente las conclusiones de los peritos, pues si ello fuese así, estos serían falladores…”(25). En suma, el juez está en el deber de estudiar bajo la sana crítica el dictamen pericial y en la libertad de valorar sus resultados; si lo encuentra ajustado y lo convence, puede tenerlo en cuenta total o parcialmente al momento de fallar; o desechar sensatamente y con razones los resultados de la peritación por encontrar sus fundamentos sin la firmeza, precisión y claridad que deben estar presentes en el dictamen para ilustrar y transmitir el conocimiento de la técnica, ciencia o arte de lo dicho(26).(27)

10.2.10. Teniendo en cuenta lo anterior, con observancia de que el perito no aportó con su análisis los elementos a partir de los cuales tuvo por acreditado que el número de vacas robadas coincidían exactamente con lo dicho por los demandantes, es evidente que ese medio de prueba no le puede aportar credibilidad alguna a la Sala al respecto.

10.2.11. Ahora bien, no obstante se aportaron otros medios probatorios que directamente hicieron alusión al número de vacas robadas, se reitera que los mismos no generan certeza, toda vez que no cuentan con mayor respaldo, y no existe univocidad entre sus contenidos ni coincidencia con las aseveraciones del libelo introductorio.

10.2.12. Ciertamente, no escapa a la Sala que mientras que un funcionario del DAS indicó que las reses robadas ascendían a noventa, dato que brindó sin explicar la fuente de su conocimiento pero que al menos se trató de una cantidad similar a los ochenta y nueve semovientes que el señor Enrique Martínez inicialmente denunció como hurtadas, un servidor de la Armada Nacional dio a entender que de esa cifra también habían animales de propiedad de los señores Humberto Vergara Tamara y Campo Elías Ordóñez –ver párrafos 8.7.1 y 8.7.2–, último de los dos que si bien no fue mencionado por otros elementos de convicción como afectado del hurto de ganado, pudo haber tenido algunas cabezas en la finca Cacagual, lo que habría motivado su mención por parte del servidor señalado. Igualmente, en uno de las noticias referidas por los medios de comunicación de la zona se indicó que entre las ochenta y nueve cabezas de ganado que el demandante reputó como suyos, se encontraban siete animales que eran de propiedad del Fondo Ganadero de Sucre –ver párrafos 8.7.3 y 8.7.4–, por lo que el actor no podría percibir una reparación derivada de su pérdida.

10.2.13. En consecuencia, la disparidad de información que revelan los medios de convicción reseñados, vierte serias dudas en cuanto a la cifra de reses que eran de propiedad del actor y que efectivamente fueron hurtadas por miembros de las FARC, por cuanto de poder señalarse que el número de vacas robadas era ochenta y nueve, no debe dejarse de lado que existen medios probatorios que ponen en entre dicho que todas ellas fuesen de su dominio.

10.2.14. De otra parte, dicha incertidumbre sobre la cantidad de animales robados aumenta, debido a que el accionante señalado, al presentar su primera denuncia, solamente relacionó el número de identificación de cincuenta y cuatro reses, y en una segunda denuncia sobre ese mismo robo, afirmó que por un olvido omitió indicar que el número de reses que se le robaron era mayor, punto en el que además se contradijo, dado que afirmó que de manera adicional a las ciento cuatro cabezas de ganado que en un principio denunció como robadas –cuando en realidad, dicha denuncia únicamente fueron por ochenta y nueve bovinos–, dejó de relacionar doce reses, para un total de ciento dieciséis animales que supuestamente perdió.

10.2.15. De otro lado, a pesar de que a lo largo del iter procesal algunos de los testigos se pronunciaron sobre el número de vacas robadas, sus dichos al respecto no le generan convencimiento a la Sala, puesto que sus versiones carecen de fundamento, son muy vagas en el sentido en que no determinan un número exacto de reses robadas –según ellos, los animales robados eran de ciento veinte a ciento cuarenta, o más de cincuenta–(28), y en ocasiones únicamente se limitaron a transmitir la información que les fue comunicada por la misma parte demandante(29), dichos que como se advirtió, en principio no tienen la potencialidad de generar certidumbre, máxime cuando a los accionantes les era completamente factible traer elementos de convicción idóneos para acreditar la circunstancias descrita –ver párrafos 7.5 a 7.5.3–.

10.2.16. Ciertamente, a los actores les era viable traer elementos de prueba mucho más certeros y detallados para probar la cantidad de ganado que les hurtó la guerrilla –se reitera, como documentos similares a los que se aportó en relación con la cantidad de ganado que había en la hacienda Cacagual en años 2000 y 2001, es decir, un listado por la prestación de cualquier servicio o los certificados de registro de las cabezas de res expedidos en una fecha cercana al robo–, medios probatorios a los que se puede inferir que pudieron tener acceso debido a (i) la experiencia que poseía el señor Martínez Vergara como ganadero –está probado que participó en muchos concursos y que hacía parte de diferentes grupos de la región relacionados con la ganadería–; (ii) de que tenía como costumbre registrar su ganado, y (iii) de que con anterioridad ya había efectuado una relación sobre los semovientes de dicha finca. Asimismo, dos declarantes refirieron que era posible que existiera un registro preciso de las vacas que tenía el terreno Cacagual antes de la comisión del robo, el cual consistía en su listado derivado de la aplicación de sus vacunas, claro está, siempre y cuando éstas fueses aplicadas(30).

10.2.17. Cabe destacar que además de que los medios de prueba se controvierten entre ellos en cuanto al número de reses robadas, tampoco coincide con los ciento treinta y un bovinos señalados como robados en la demanda –con excepción del dictamen que únicamente reiteró todo lo dicho en la demanda sin ningún fundamento–.

10.2.18. Por lo tanto, la Sala observa que si bien todos los medios de prueba allegados al plenario apuntan a que el 11 de junio de 2002, miembros de las FARC hurtaron ganado de propiedad del señalado actor del terreno conocido como Cacagual, a diferencia de lo estimado en el fallo apelado, no se puede determinar el número en que se presentó ese robo.

10.3. Por su parte, en cuanto al robo de los bienes consistentes en tres caballos con sus “aperos”, una electrobomba del acueducto de la finca, el dinamo de una picadora de pasto, cuatro cantinas para el almacenamiento de leche, un motor eléctrico para bañar ganado y un tanque para conservar pajilla de semen, la Sala observa que al plenario no se allegaron medios probatorios que acreditaran la existencia de dichos bienes y los derechos de los demandantes en relación con los mismos, así como tampoco se probó el daño que se les causó o en otras palabras, su robo. Cuando se demanda la lesión sobre un bien material, esta Subsección se ha pronunciado sobre la necesidad de que se acredite el vínculo entre el demandante y ese bien –el que evidentemente debe existir–, de la siguiente manera:

15. Para efectos de que se pueda radicar en cabeza del aparato estatal la obligación de indemnizar, es necesario determinar si al accionante se le causó un daño antijurídico, esto es, la lesión de un derecho, de un bien o de un interés jurídicamente tutelado(31), que él, como su titular, no tenía el deber jurídico de soportar(32).

15.1. De esta manera, se debe tener en cuenta que el demandante tiene como primera carga acreditar que se le ocasionó un daño, para lo cual tiene que probar la titularidad del derecho, hecho, bien o interés jurídicamente protegido que le fue menoscabado, es decir, su conexión con el objeto del daño, de manera que en virtud de éste se le pueda reparar(33), puesto que en principio, a quien resulta procedente indemnizar mediante la decisión judicial que se profiera, es a la persona a la que realmente se le causa un detrimento y que demanda debidamente por ello, lo que se traduce en la verificación del requisito desarrollado en la dogmática del derecho de daños consistente en que el daño, para ser indemnizado, debe ser personal(34).

15.2. Ciertamente, no se puede desconocer que el nexo del sujeto demandante con el derecho que aduce afectado reviste una esencial importancia para los litigios judiciales en los que se debate la responsabilidad patrimonial, habida cuenta de que la titularidad mencionada permite (i) establecer el individuo destinatario de la reparación, en tanto que es en el patrimonio de quien soporta el daño en el que surge el derecho a ser indemnizado(35), y (ii) facilita identificar cuál es la situación que se vio alterada negativamente, para efectos de intentar retornarla al estado en el que se encontraba antes del acaecimiento del daño, lo que a su vez se relaciona con la delimitación del resarcimiento que procede de conformidad con el principio de reparación integral, comoquiera que la magnitud de la indemnización debe corresponder de manera exacta con la entidad del daño(36).

15.3. En consecuencia, resulta diáfano que para resolver un litigio en específico, al juez de lo contencioso administrativo se encuentra obligado a entrar a dilucidar la existencia de una conexión entre el actor y el derecho o el bien que arguye como menoscabado, puesto que se reitera, sólo así podría hacerlo beneficiario de la restitución que solicita.

15.4. Ahora bien, conviene precisar que el aspecto denotado no sólo se relaciona con la misma existencia del daño para quien lo aduce producido, sino que también tiene que ver con la legitimación en la causa por activa al interior de un asunto jurisdiccional. Al respecto, la doctrina jurídica ha señalado:

(…) 15.8. En este orden de ideas, la Sala observa que en los casos en que se demanda con el fin de obtener la reparación por el daño de un bien material, los demandantes, en principio, tienen el deber de demostrar la relación que invocan con éste o en otros términos, la titularidad del derecho que aseveraron ostentar, de tal forma que demuestren la existencia del daño que aseveran que les fue causado y su interés para demandar, lo que no es óbice para que el juez de la reparación directa pueda ordenar el restablecimiento que corresponda, de conformidad con los hechos que encuentre fehacientemente probados y las funciones que le son propias.

15.9. En efecto, en el evento en el que el demandante no demuestre la condición que deprecó en la demanda respecto del bien lesionado, pero sí pruebe otra condición que de todas formas permita atribuirle la calidad de víctima –aspecto de mayor relevancia en el marco de un proceso judicial de responsabilidad–, el juzgador de lo contencioso administrativo se encuentra habilitado para reparar esa vulneración, lo que a título de ejemplo se presenta cuando en el libelo introductorio se invoca el carácter de propietario, pero sólo se logra demostrar otro derecho subjetivo o hecho tutelado sobre la cosa, como lo es la posesión, el usufructo, la habitación, o cualquier otro interés que permita colegir que el demandante sufrió un detrimento. En este mismo sentido, esta corporación ha señalado:

“1. La demanda. El 20 de agosto de 1986, el doctor JAIME ALFONSO TORNE FANDIÑO, por medio de apoderado judicial presentó demanda para que, frente a la Nación Colombiana, se dedujeran en su favor las siguientes pretensiones:

“Primera: Declárese a la Nación Colombiana, administrativamente, responsable de los daños causados al vehículo A.G. 6314 Marca Renault-6 Modelo 1971 Sedan Amarillo, Motor Nº 132992 serie 7935652 tipo automóvil de propiedad del demandante y en el accidente causado el día 30 de abril de 1986 (…).

Estos medios de prueba generan certeza respecto de estas circunstancias:

— Que el demandante compró el carro a ARMANDO PÉREZ BRICEÑO.

— Que recibió el carro y pago, por él, un precio de $800.000.

— Que uso el carro como suyo y lo disfrutaba el día del accidente.

— Que no se hizo el traspaso a su nombre ante las autoridades de tránsito.

En otros términos se presentó una circunstancia conocido en el comercio de automotor como el “traspaso en blanco”, según la cual un propietario firma la solicitud de traspaso, documento que desfila por diversos compradores futuros sin que se haga efectiva la petición.

Para la Sala, sin entrar a establecer los requisitos necesarios para adquirir la propiedad de los vehículos automotores es claro que el demandante era poseedor del automóvil al tiempo de los hechos, en los términos del artículo 762 del Código Civil (…).

Las pruebas cuya relación se hizo antes son suficientes para demostrar los dos elementos tradicionales de esta figura.

Hecha esta precisión, la Sala ha reconocido en el poseedor el interés necesario para acceder ante esta jurisdicción dentro del contencioso subjetivo”(37).

15.10. Con observancia de todo lo expuesto, en el caso concreto, al demandante le correspondía acreditar, en un comienzo, el derecho de dominio que invocó que tenía sobre el lote Nº 1 que fue parcialmente ocupado por el Invías para la construcción de una calzada en la ejecución del “Plan Vial del Norte de Bogotá, Carretera La Caro - Zipaquirá, Sector Centro Chía - Cajicá”, para efectos de probar que efectivamente se le produjo un daño, carga que como se explicó, de ninguna manera resulta ajena al análisis de la responsabilidad patrimonial que se pretende debatir en el presente asunto(38).

10.3.1. En el caso concreto, tal como lo coligió el Tribunal de primera instancia, la parte demandante no demostró el derecho de propiedad o la posesión de los bienes aducidos en su libelo introductorio –derechos cuya lesión habría dado lugar a la posibilidad de la procedencia de su reparación–, y mucho menos su hurto, para lo que no se pierde de vista que de los objetos referidos, en el plenario únicamente se dio cuenta de la existencia de la electrobomba destinada al acueducto, lo que de hecho sólo fue referido por los señores Jairo Guerra Chadid(39) y Raúl Correa Obando(40) –conocido y amigo del señor Martínez Vergara, y veterinario, respectivamente–, y en relación con el robo de dichos elementos únicamente se puede traer a colación el contenido de las dos denuncias presentadas por el señor Martínez Vergara, lo dicho por el señor Humberto Vergara Tamara(41) a partir de lo que le comunicó el demandante aludido –amigo del actor en comento–, y lo aducido por el señalado señor Correa Obando(42) a partir de un noticiero radial que no individualizó y de rumores de personas indeterminadas, y sin que ello les constara directamente.

10.3.2. Al respecto, al igual que cómo se precisó en la decisión impugnada, esta corporación extraña el aporte de otros medios de prueba que hubiesen podido acompañar las manifestaciones de los testigos y del accionante referido para efectos de tener por acreditado la existencia y la propiedad o posesión de los bienes en comento, y su hurto por terceros, punto en el que no se puede desconocer que (i) el accionante Martínez Vergara tenía una amplia experiencia como ganadero, de modo que no parece creíble que le hubiese sido imposible aportar medios de convicción específicos sobre los elementos que adujo robados y su relación con los mismos, a saber, un inventario realizado por un tercero experto, recibos, fotografías, especificaciones de la máquinas, etc., y (ii) debido a que los medios probatorios que versan sobre el robo consisten en manifestaciones provenientes exclusivamente del actor, o de personas indeterminadas que no generan credibilidad a través de un testimonio de oídas –ver párrafos 7.5.1 y nota 12–, las cuales no tienen respaldo en otros elementos de prueba, tampoco tienen la potencialidad de dar por acreditado esa circunstancia y por ende, la causación de los daños deprecados, máxime cuando le era completamente factible haber traído elementos de prueba que la acreditaran, entre los que contaba con la práctica de una inspección judicial que determinara la efectiva sustracción de sus muebles de la finca y el estado en el que dejaron la misma.

10.3.3. Por su parte, conviene reiterar lo aseverado en cuanto al dictamen pericial que se allegó al plenario, en el cual no se explicó el motivo por el cual al perito le constó que los demandantes efectivamente perdieron los bienes aludidos, de tal forma que no le ofrece convencimiento alguno a la Sala.

10.3.4. Ahora bien, de dársele credibilidad a las meras afirmaciones del actor en sus denuncias sobre el robo que supuestamente padeció sobre sus otros bienes, se debe resaltar que su contenido ofrece contradicciones que le habrían restado valor probatorio.

10.3.5. De una parte, se advierte que el señor Martínez Vergara, al momento de presentar su primera denuncia en cuanto al hurto que padeció, además de las cabezas de ganado sobre las cuales ya se pronunció la Sala, únicamente reportó que se le despojó de una yegua, sin que en momento alguno, ni siquiera cuando presentó una segunda denuncia en relación con la misma sustracción, manifestó que le fueron robado tres caballos con sus “aperos”, a pesar de que el administrador de la finca presenció a los insurgentes robarle sus bienes y por ende, estaba en condiciones de haberle informado sobre el hurto de tales animales, semovientes por cuya perdida sí solicitó reparación ante esta jurisdicción.

10.3.6. La anterior inconformidad entre la demanda y los elementos de prueba que obran en el plenario pone en duda la veracidad de lo requerido por los accionantes en su libelo introductorio, puesto que resulta evidente que solicitaron una indemnización sobre bienes que no sólo no son referidos por ningún medio de prueba, sino que además tampoco lo fueron por el mismo actor cuando se presentó ante las autoridades con la finalidad de que investigaran el hecho dañoso que vulneró sus derechos, hecho en virtud del cual demandó junto con sus familiares patrimonialmente al Estado.

10.3.7. Asimismo, se destaca que en la primera denuncia radicada, el actor mencionado no indicó que los guerrilleros hubiesen desplazado a los trabajadores del predio Cacagual, sino que confirmó que ese evento consistió exclusivamente en el robo de sus semovientes. Sin embargo, alrededor de un mes después, en su segunda denuncia, adujo que sus empleados se habían ido de su finca debido a amenazas de las FARC, situación que no tienen mayor fundamento, en tanto no se observa elemento probatorio alguno que indique que dichos insurgentes tenían otro interés diferente al de haber robado las cabezas de ganado del señor Martínez Vergara, de modo que esa segunda denuncia no le generaría credibilidad a la Sala, máxime cuando parece que esa afirmación del actor se hizo con el único fin de justificar el que no hubiese puesto en conocimiento el hurto de bienes que no refirió desde un principio.

10.3.8. De esta manera, a la Sala le resulta inviable tener por acreditado los detrimentos analizados, puesto que no encuentran respaldo probatorio en el plenario, y los únicos elementos que hicieron referencia al respecto resultan insuficientes, carecen de todo fundamento, y revelan que se formularon pretensiones indemnizatorias sobre el despojo de bienes que ni siquiera fueron puestos en conocimiento de las autoridades por los accionantes.

10.4. Respecto de la destrucción de la vivienda localizada al interior de la finca Cacagual, se debe destacar que si bien el tribunal de primera instancia tenía el deber de entrar a verificar la relación que tenían los demandantes con ese inmueble, de tal manera que no resultaba ajeno al análisis del presente asunto establecer si alguno de ellos ostentaba la calidad de propietario sobre ese predio –ver párrafo 10.3 y cita posterior– para efectos de determinar el daño que les habría sido causado con el hecho de que las FARC lo hubiesen dinamitado, la Sala observa que las pretensiones que se elevaron sobre tal menoscabo no debieron ser denegadas con ocasión de que no se probó el dominio sobre el terreno, puesto que el mismo sí se encuentra acreditado en cabeza del señor Jorge Alberto Martínez Gomescásseres, sino debido a que no se acreditó adecuadamente la destrucción de esa edificación.

10.4.1. Al respecto, se debe tener en cuenta que para acreditar la propiedad sobre bienes, es necesario que se demuestren el título como el modo por medio de los cuales se adquiere ese derecho, lo que en materia de bienes inmuebles tiene una especial connotación, en la medida en que ambos implican la realización de ciertas formalidades para su configuración que en principio, sólo podrían ser demostradas con esas mismas formalidades(43).

10.4.2. Con observancia de lo expuesto, por un tiempo, la jurisprudencia de esta corporación consideró que era indispensable que el título –la fuente remota del derecho, a saber el contrato de compraventa, la providencia judicial, entre otros– y el modo –la fuente próxima de ese derecho, que para bienes inmuebles implica la inscripción de ese título en el registro inmobiliario– se demostraran fehacientemente y de manera separada, por lo que se consideró que la prueba del modo, esto es, la inscripción del título, no permitía tener por acreditado éste. Lo anterior se dijo en varios asuntos similares al del caso concreto, de la siguiente manera:

De acuerdo con las normas civiles, el registro en el folio de matrícula de los actos de disposición de los bienes inmuebles constituye la forma de realizar su tradición. El artículo 756 del Código Civil establece que: “Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos”. En armonía con esta disposición, el artículo 2º del Decreto 1250 de 1970 establece que están sujetos a registro: “Todo acto, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes raíces, salvo la cesión del crédito hipotecario o prendario”.

Pero, la copia de dicha inscripción o la certificación que sobre su existencia expida el registrador no sirve de prueba de los títulos traslaticios o declarativos del dominio sobre los inmuebles. Así lo consideró la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 16 de diciembre de 2004, jurisprudencia que esta Sala acoge, por considerar que constituye una interpretación integral de las normas que rigen la materia. Dijo esa corporación.

(…) Y es que la inscripción de un título traslaticio en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, no puede, ni por asomo, servir de prueba del mismo título –menos aún si este consiste o se traduce en un contrato solemne–, como quiera que una cosa es acreditar la existencia de la obligación de dar, y otra bien distinta demostrar que el deudor cumplió con su deber de prestación. La certificación que expida el registrador, en el sentido de haberse tomado nota en el respectivo folio de matrícula de un negocio jurídico que haya implicado la “traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes raíces” (num. 1º, art. 2º, Decreto 1250 de 1970), únicamente demuestra, en el caso de la transferencia del derecho de propiedad, que operó la tradición, pero nada más. En palabras del legislador, tales certificaciones, como es propio de un registro que –en lo fundamental– cumple funciones de tradición y de publicidad (XLV, pág. 335), ilustran “sobre la situación jurídica de los bienes sometidos a registro” (art. 54, D. 1250/70), pero no suplen la prueba de los actos y contratos que se mencionen en ellas”(44) (45).

10.4.3. Dicha postura jurisprudencial fue modificada recientemente por la Sala Plena de esta Sección, para concluirse que en asuntos en los que no se encuentre bajo discusión (i) el título del derecho de dominio; (ii) alguna situación referente al contrato que lo constituya o, (iii) si alguien tiene un derecho de mejor entidad que otra persona, la prueba de ese título puede darse por satisfecha con la acreditación del modo, debido a que el procedimiento y los principios que rigen la actividad registral establecidos en la ley para que éste se configure tienen la potencialidad de dar fe sobre aquél(46).

10.4.4. En el caso concreto, si bien no obra en el expediente el folio de matrícula Nº 342-0009000 de la Oficina de Instrumentos Públicos y Privados de Corozal, perteneciente a predio Cacagual –anteriormente conocido como El Triunfo–, y en el cual conste la inscripción del contrato de compraventa celebrado entre los señores Álvaro Balasnoa Márquez y Jorge Alberto Martínez Gomescásseres –ver párrafo 8.1–, es factible inferir que dicho título sí fue registrado en la oficina de instrumentos públicos y que por consiguiente, el aducido demandante adquirió su propiedad, en consideración a que el 30 de mayo de 2001, en contra de dicho actor se libró mandamiento de pago en el marco de un proceso ejecutivo, proceso en el que el Juzgado Civil del Circuito de Sincelejo dejó constancia de que se embargó el bien identificado con el folio de matrícula inmobiliaria mencionado, el que por consiguiente, obligatoriamente debía ser de dominio del aquel demandante –ver párrafo 8.5–.

10.4.5. De esta manera, no cabe duda de que el predio aludido sí era de propiedad de Jorge Alberto Martínez Gomescásseres, toda vez que hay elementos probatorios que indican que efectivamente registró el título consistente en contrato de compraventa en virtud del cual se transfirió su dominio y por consiguiente, la destrucción de alguna de sus edificaciones si habría podido acarrearle, en principio a él, y bajo ciertas circunstancias a los demás demandantes, un detrimento susceptible de ser indemnizado.

10.4.6. Sin perjuicio de todo lo expuesto, la Sala observa que la parte demandante omitió acreditar el supuesto referenciado, esto es, que las FARC, luego de robar las reses correspondientes, hubiese averiado o dinamitado cualquier estructura ubicada al interior de la finca Cacagual, de modo que el daño invocado no se encuentra acreditado.

10.4.7. Al respecto, no obstante se aportó un dictamen pericial en el que se intentó determinar el resarcimiento de los detrimentos pedidos en el escrito inicial, y en el que se relacionó el valor de una construcción de cien metros cuadrados, lo cierto es que en dicha prueba no se estableció el cimiento para tener por demostrado que se le produjo un detrimento a una edificación de esa naturaleza, y mucho menos, se acompañó de elementos de convicción con fundamento en los cuales ello se pudiera dilucidar. Adicionalmente, cabe agregar que como se refirió, el elemento de convicción en análisis se redujo a las simples estimaciones de un auxiliar de la justicia que para rendir su dictamen se basó ciegamente en lo dicho en la escrito inicial, perito respecto del que cabe advertir que no tenía ningún conocimiento especializado para establecer el valor de bienes inmuebles, puesto que se trataba de un médico veterinario zootecnista –ver párrafo 10.2.9 y cita posterior–.

10.4.8. A su vez, se descarta el valor probatorio de los testimonios en los que se aseveró de manera genérica que las instalaciones de la finca sufrieron menoscabos o daños, como por ejemplo lo afirmaron los señores Guerra Chadid(47) o Correa Obando –ver nota 42–, quienes no pudieron precisar la fuente de su conocimiento, lo que le quita valor probatorio a sus versiones indirectas sobre esos hechos.

10.4.9. Por su parte, a la Sala le resulta completamente extraño que la parte demandante no le hubiese sido factible traer al expediente otros medios de prueba diferentes a los señalados testimonios de oídas, con base en los cuales se pudiera tener como probado que se dinamitó una de las viviendas de la finca Cacagual, dado que un atentado de esa magnitud era fácilmente registrable, punto en el que no se entiende como ello no fue referido por los medios de comunicación aportados al plenario y que a pesar de las graves consecuencias económicas que ello le debió representar al actor, tampoco lo hubiese mencionado en sus denuncias penales.

10.4.10. En consecuencia, debido a que los actores no acreditaron adecuadamente el daño en comento, se denegarán las pretensiones que se elevaron para obtener su reparación.

10.5. En cuanto a la supuesta carga económica injustificada que produjo el proceso ejecutivo iniciado en contra del señor Jorge Alberto Martínez Gomescásseres, derivado de la dificultad de pago de sus obligaciones dada la imposibilidad de la explotación de la finca Cacagual, la Sala advierte que ese menoscabo tampoco se encuentra probado y por consiguiente, no será objeto de resarcimiento en el presente asunto.

10.5.1. Al respecto, a pesar de que la parte demandante señaló que luego del hurto de su ganado por parte de las FARC, el demandante aludido se vio impedido para continuar explotando la finca Cacagual y por ende, no pudo pagar una obligación en virtud de la cual se le inició un proceso ejecutivo en el que se embargó ese predio, se observa que si bien los accionantes trataron de acreditar ese detrimento con fundamento en lo expresado por algunos de sus allegados, quienes adujeron que ellos entraron en quiebra, por lo que tuvieron que apoyarlos económicamente –así lo sostuvo, a modo de ejemplo, el señor Jairo Guerra Chadid–, lo cierto es que, por una parte, esas meras aseveraciones no le parecen suficientes a la Sala para probar dicho supuesto, cuando de una parte, se encuentra acreditado que la familia de los accionantes tenían al menos otro inmueble del que obtenían ingresos a partir de laborares de ganadería, esto es, la finca La Parcelita, razón por la cual se encuentra probado que no dependían exclusivamente de la explotación de la finca Cacagual, y de otro lado, que las manifestaciones formuladas por los terceros aludidos podían ser respaldadas por otros medios de prueba que directamente confirmaran tales declaraciones, como lo serían las declaraciones de renta de los demandantes, su celebración de contratos para percibir liquidez a partir de sus bienes con el objeto de que pudieran asumir sus débitos, entre otros elementos.

10.5.2. De otro lado, se advierte que la obligación cuyo pago tardío dio inicio al proceso ejecutivo por el cual se demanda al Estado, proviene de una fecha anterior a la ocurrencia del robo de ganado, puesto que se probó que el señor Martínez Gomescásseres entró en mora para su cumplimiento desde el 23 de noviembre de 1999 –ver párrafo 8.5–, mientras que el hurto de ganado se dio el 11 de junio de 2002, de modo que la supuesta imposibilidad de pagar aquella obligación desprendida de la actuación ilícita de los guerrilleros no tiene asidero alguno, por la simple razón de que la adquisición de ese crédito es anterior a la ocurrencia del hecho dañoso señalado, crédito que se puede inferir que asumió voluntariamente y que por consiguiente, se trató de una alteración económica que no constituye un daño antijurídico que sea indemnizable.

10.5.3. Por consiguiente, la Sala advierte que los actores también fallaron en probar el menoscabo proveniente de la existencia del proceso ejecutivo en contra del señor Martínez Gomescásseres y por el contrario, estaría acreditado que la asunción de la obligación que fundamentó dicho procedimiento judicial se constituyó en un menoscabo jurídico que el demandante en comento se encontraba en el deber legal de soportar, sin que se pueda reputar que el robo de ganado fue el verdadero motivo para que el mismo no se pagara, puesto que se reitera, no se acreditó que dicho accionante o los demás integrantes de la parte demandante hubiesen ingresado a un estado de quiebra en el que les hubiese sido inviable asumir sus obligaciones económicas.

10.6. Finalmente, en lo que tiene que ver con la afectación a las condiciones de vida de los demandantes, se advierte que ello tampoco se encuentra acreditado, en la medida en que no se probó el desplazamiento de los familiares con fundamento en el cual los actores pidieron el resarcimiento de esa alteración. En efecto, en el plenario no existen elementos de prueba que den fe sobre la circunstancia aludida, y no obstante el hurto del ganado del demandante Enrique Martínez Vergara se configuró en una afectación patrimonial, no se probó adecuadamente que ello en sí mismo implicara la causación de un cambio en las condiciones de los demandantes, más aún como cuando se señaló, no se probó que de esa circunstancia se desprendiera su empobrecimiento, afectación que conviene recordar que ya no se constituye en una tipología autónoma de perjuicio indemnizable, sino que debe ser reparada, de ser posible, mediante la reparación de un derecho constitucional y convencionalmente protegido, el cual en principio se indemniza de manera no pecuniaria(48).

10.7. En consecuencia, se observa que los demandantes solamente probaron el daño consistente en el hurto del ganado de propiedad del señor Enrique Martínez Vergara, único daño frente al cual se procederá a realizar el análisis de su imputabilidad a la entidad demandada.

11. En cuanto a la imputación del señalado menoscabo a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, conviene recordar que el Tribunal de primera instancia consideró que ello no era factible, en consideración a que la parte demandante omitió poner en conocimiento de dicha autoridad el riesgo de que sus bienes fuesen objeto de hurto por parte de las FARC, por lo que no se le podría exigir que hubiese propendido por evitar la producción de ese detrimento.

11.1. Sobre la materia, se debe tener en cuenta que por regla general, los daños ocasionados por agentes no estatales no comprometen la responsabilidad patrimonial del Estado en la medida en que no le resultan imputables desde un punto de vista fáctico. No obstante, se ha considerado que, en ciertas circunstancias, los derivados de ataques cometidos por grupos insurgentes contra bienes o instalaciones del Estado, pueden ser imputados a la administración a título de falla del servicio, daño especial, riesgo excepcional o, últimamente, riesgo conflicto(49).

11.2. De esta forma, la corporación ha considerado que el concepto de falla del servicio opera como fundamento del deber de reparar en aquellos casos en los que agentes estatales intervienen en la producción del daño por ineficacia, retardo u omisión en el cumplimiento de las funciones a su cargo, lo cual se ha entendido que ocurre cuando (i) la falta de cuidado o previsión del Estado facilita la actuación de los guerrilleros(50); (ii) la víctima, o la persona contra quien iba dirigido el acto, solicitó protección a las autoridades y éstas la retardan, omiten o la prestan de forma ineficiente(51); (iii) el Estado no llevó a cabo ninguna acción para evitar o enfrentar un ataque que era razonablemente previsible(52); y (iv) la administración omite adoptar medidas para evitar o atender adecuadamente una situación de riesgo objetivamente creada por ella(53).

11.3. De esta manera, el hecho de que un menoscabo provenga de un acto material efectuado por un tercero ajeno al Estado no imposibilita de entrada que dicha consecuencia nociva le sea atribuida a éste y que por ende, surja su deber de reparar a las víctimas y damnificados correspondientes, habida cuenta de que si la conducta estatal por acción u omisión contribuye de manera eficiente y adecuada(54) al desenlace negativo cuya reparación se demanda, también se podría radicar en su cabeza la producción del mismo e igualmente, la obligación de resarcir a los afectados por éste.

11.4. En efecto, se observa que en los eventos en que la autoridad estatal omite dar cumplimiento al contenido obligacional que le es asignado por el ordenamiento jurídico, o lo ejecuta de manera abiertamente ineficiente o incompleta, dando con ello pie a la producción del menoscabo demandado, éste le podría ser endilgado con base en el fundamento jurídico de imputación de falla del servicio, habida cuenta de que el ente respectivo, encontrándose en el deber de actuar de la forma establecida por las normas pertinentes para efectos de salvaguardar o garantizar la efectividad de un derecho, no lo hace o lo hace inadecuadamente, incumpliendo así la ejecución debida de sus cargas, lo que, de contribuir o permitir que se cause el daño antijurídico podría llegar a comprometer su responsabilidad.

11.5. Sobre este punto, se debe destacar que dicha imputación sólo se hace viable cuando la obligación que incumple la entidad respectiva con su omisión, genera desde la perspectiva de la causalidad adecuada el surgimiento de la afectación cuya reparación se solicita –comoquiera que de lo contrario se estaría frente a un despliegue deficiente de la actividad estatal que no habría tenido incidencia alguna en el desenlace del daño y por lo tanto, no sería factible atribuirle el mismo–, lo que generalmente ocurre cuando se cuenta con los siguientes elementos a saber, (i) que dicho ente tenía la obligación legal o reglamentaria de realizar una actuación con la cual, según las reglas de la experiencia y en condiciones normales, se habría evitado el origen del detrimento respectivo(55); (ii) en el despliegue de esa actuación estatal no se hace uso o no se dispone de los recursos con los que se contaba para el eficiente cumplimiento de la carga obligacional, respecto de lo que se debe observar las características específicas del sub judice y de la entidad que corresponda, y (iii) se verifique la existencia del nexo causal adecuado, entre la omisión del comportamiento preventivo sin disponer de los medios con los que se disponía, y la producción del daño(56).

11.6. Aunado a lo anterior, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que para declarar la falla de la administración es necesario contrastar el contenido obligacional que fija el ordenamiento jurídico, junto con las circunstancias del caso concreto:

La responsabilidad derivada del incumplimiento de obligaciones de control que a ella le corresponden [se refiere a la Policía Vial] (...) no es objetiva, pues requiere que los perjuicios que se reclamen puedan imputarse al incumplimiento de una obligación determinada.

Esta responsabilidad, incluso bajo la óptica del artículo 90 de la C.P., sólo puede surgir cuando se evidencia la existencia de una falla del servicio, teniendo en cuenta que tal concepción es relativa. Su régimen fue precisado por la Sala en sentencia del 5 de agosto de 1994 (Exp. 8487, actor Víctor Julio Pardo, ponente, Carlos Betancur Jaramillo), en la cual se señaló:

“1. En casos como el presente, en los cuales se imputa responsabilidad a la administración por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, la determinación de si el daño causado al particular tiene el carácter de daño antijurídico, depende de acreditar que la conducta de la autoridad fue inadecuada. Si el daño que se imputa a ésta se deriva del incumplimiento de un deber que legalmente le corresponde, o de su cumplimiento inadecuado, la antijuridicidad del daño surgirá entonces aquí de dicha conducta inadecuada, o lo que es lo mismo, de una FALLA EN EL SERVICIO. (...)

2. Para determinar si aquí se presentó o no dicha falla del servicio, debe entonces previamente establecerse cuál es el alcance de la obligación legal incumplida o cumplida inadecuadamente por la administración. Debe precisarse en qué forma debió haber cumplido el Estado con su obligación; qué era lo que a ella podía exigírsele; y, sólo si en las circunstancias concretas del caso que se estudia se establece que no obró adecuadamente, esto es, que no lo hizo como una administración diligente, su omisión podrá considerarse como causa del daño cuya reparación se pretende.

La falla de la administración, para que pueda considerarse entonces verdaderamente como causa del perjuicio y comprometa su responsabilidad, no puede ser entonces cualquier tipo de falta. Ella debe ser de tal entidad que, teniendo en cuenta las concretas circunstancias en que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración pueda considerarse como anormalmente deficiente”(57).

11.7. Por consiguiente, conviene precisar que a todas las autoridades integrantes del Estado les corresponde la protección y garantía de los múltiples derechos de las personas en Colombia, obligación que irradia todo el ordenamiento jurídico a partir de lo contemplado en los artículos 2(58) de la Constitución Política y 1(59) de la Convención Americana de Derechos Humanos, principio fundamental que al ser desconocido aparejaría la configuración de una falla del servicio, como se mencionó, cuando el hecho dañoso es previsible debido a circunstancias especiales y no hace nada para evitarlo(60).

11.8. De esta manera, se advierte que a la totalidad de estructura estatal, y en especial a la Policía Nacional como órgano encargado del mantenimiento (i) del orden público; (ii) de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas; (iii) de una convivencia de los particulares en paz, (iv) de la seguridad y tranquilidad pública, y en específico (v) de la prevención de crímenes que vulneren los derechos tutelados por el ordenamiento jurídico –artículos 218(61) de la C.P., y 33(62) del Decreto 1512 del 2000–, tienen como deber garantizar, guardar y proteger las prerrogativas de los administrados, entre las que se encuentra el derecho a la propiedad privada, el cual se encuentra reconocido en los artículos 2 y 58(63) de la C.P., 21(64) de la Convención Americana de Derechos Humanos(65), y 17(66) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, e incluso, tutelado por el derecho penal al ser parte del patrimonio económico de las personas –motivo por el que se le guarda de comportamientos delictuales como el hurto; artículos 239(67) y 240(68) del Código Penal, entre otros–, de modo que tal derecho, además de estar expresamente consagrado y protegido en el ordenamiento interno, tienen plena garantía en virtud de los tratados internacionales en los que es parte Colombia –en un típico enlace vía bloque de constitucionalidad(69)–, de acuerdo con los cuales es su obligación impedir que se presenten situaciones vulneradores de tales prerrogativas y, además, fomentar las políticas que sean necesarias y conducentes para evitar ese tipo de prácticas, investigar lo sucedido, sancionar a sus responsables, y reparar a los afectados. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpretó estas obligaciones de la siguiente forma:

165. La primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del citado artículo, es la de “respetar los derechos y libertades” reconocidos en la convención. El ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado.

166. La segunda obligación de los Estados Partes es la de “garantizar” el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. El Estado está en el deber jurídico de prevenir razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación(70).

11.9. En este punto, no se puede desconocer que en todo caso se debe verificar los medios con los que contaba la administración y que hubieran sido efectivamente empleados para lograr la protección de los derechos aludidos, comoquiera que esa carga obligacional no se configura por lo general en una obligación de resultado sino de medio –hay ciertas excepciones, como aquellas derivadas de las relaciones especiales de sujeción que surgen con el Estado, como sucede a manera de ejemplo con los reclusos–, naturaleza que implica que cuando se presente su vulneración, máxime cuando ésta es producida por terceros ajenos al aparato estatal, no se deriva de manera irreflexiva el surgimiento de la responsabilidad del Estado, sino que se impone estudiar las condiciones en las que se produjo el menoscabo y las posibilidades que tenían el órgano estatal correspondiente de acuerdo con sus funciones para soslayarlo. En este sentido, se ha manifestado:

Esta distinción implica que cuando la obligación es de medio el deudor se exonera de responsabilidad probando diligencia y cuidado, en tanto que cuando la obligación es de resultado, éste deberá probar una causa extraña. O visto desde otro ángulo, cuando la responsabilidad se fundamenta en la culpa la obligación que se contrajo es de medio y cuando se responde a título objetivo la obligación incumplida es de resultado. Por ello, aunque en la legislación colombiana no figura dicha clasificación, a ella se puede acudir a partir del régimen de responsabilidad que se aplique frente a determinadas obligaciones, bien por virtud de la ley o del desarrollo jurisprudencial.

La distinción entre obligaciones de medio y obligaciones de resultado ha estado referida regularmente a la responsabilidad contractual; sin embargo, nada obsta para que los conceptos puedan ser utilizados dentro del régimen de la responsabilidad extracontractual(71), pues dicha clasificación no tiene como única fuente la voluntad concertada de las partes (aunque en algunos eventos las partes pueden realizar pactos al respecto), sino que ella surge, bien de un mandato legal o en consideración exclusiva a la naturaleza misma de la obligación que se contrae.

Muchos criterios pueden ensayarse para determinar, en ausencia de norma expresa o disposición de las partes, cuándo una obligación es de medio y cuándo de resultado. La Sala considera que el criterio más razonable, si se parte de la definición misma de estos tipos de obligaciones es el de la mayor o menor probabilidad de alcanzar la realización del objeto de la obligación, es decir, si la probabilidad de que se cumpla ese objeto es menor la obligación es de medio y si la probabilidad es mayor, la obligación es de resultado(72). Por supuesto, esta definición deja al juzgador un margen bastante amplio de valoración para determinar cuándo esa probabilidad es alta y cuando es baja, pero estas son situaciones que solo podrán depurarse a través de la jurisprudencia en cada caso concreto.

(…) El artículo 2º de la Carta consagra como uno de los fines esenciales del Estado “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” y como funciones que determinan la razón de ser de las autoridades públicas, las de “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”.

Ese deber de protección y garantía que constituye el fin esencial del Estado y que define el sentido de las autoridades no es, sin embargo, absoluto en cuanto que el Estado no ve comprometida su responsabilidad frente a cada acto violatorio de los derechos y libertades de las personas, sino que el mismo es relativo y se concreta en el cumplimiento eficiente de los deberes que le correspondan, pero de acuerdo con sus capacidades(73).

11.10. Es así como en relación con la obligación de protección que le asiste a todas las entidades que conforman el andamiaje estatal frente a los particulares, cobra especial importancia el concepto de relatividad del servicio, puesto que no es posible exigir que el Estado impida la causación de todo daño que le pueda sobrevenir a los bienes y derechos de los particulares a pesar de que se encuentren jurídicamente protegidos. En este sentido, esta Subsección ha considerado:

No obstante, cabe señalar que la Sala ha considerado que a pesar de que es deber del Estado brindar protección a todas las personas residentes en el país, no le son imputables todos los daños a la vida o a los bienes de las personas causados por terceros, porque las obligaciones del Estado son relativas(74), en tanto limitadas por las capacidades que en cada caso concreto se establezcan, dado que “nadie está obligado a lo imposible”(75). Aunque, se destaca que esta misma corporación en providencias posteriores ha aclarado que la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa su incumplimiento, sino que debe indagarse en cada caso si en efecto fue imposible cumplir aquéllas que en relación con el caso concreto le correspondían(76).(77)

11.11. Igualmente, si bien es claro que el deber de protección se predica especialmente de los organismos encargados de garantizar y mantener el orden público, como lo es la Policía Nacional, lo cierto es que, como se mencionó, tal carga recae sobre todos los entes del aparato estatal, los cuales deben obrar conforme a dicha obligación en relación con sus funciones y competencia, sin que ello los limite para colaborarse de manera armónica en la consecución de los fines del Estado tal como lo prevé el artículo 113(78) de la Constitución Política, no siendo posible que la falta de comunicación o descoordinación de los estamentos respectivos recaiga de manera injustificada sobre los administrados(79).

11.12. En el caso concreto, se advierte ab initio que la vulneración de los derechos del señor Martínez Vergara debido al hurto de su ganado le es imputable a la entidad demandada, en consideración a que si bien tal hecho dañoso provino de un tercero, a saber de las FARC, su materialización no sólo le fue altamente previsible a los entes que hacen parte del andamiaje estatal, sino que el demandante avisó a la Policía Nacional del riesgo de que el mismo tuviera lugar, sin que éste órgano actuara de manera efectiva para evitar la producción de los menoscabos aludidos.

11.13. En efecto, se advierte que contrario a lo considerado en la sentencia impugnada, el señor Martínez Vergara sí puso en conocimiento de las autoridades pertinentes la existencia de una amenaza en contra de sus bienes, específicamente de aquellos ubicados en la finca Cacagual, de tal forma que al Estado le era dable proporcionarle medidas de seguridad para propender por evitar que dichas amenazas se concretaran en el daño que posteriormente soportó.

11.14. Al respecto, el 16 de noviembre de 2001, de manera previa a la ocurrencia del hecho dañoso objeto de la demanda, dicho actor presentó ante la SIJIN una denuncia penal con ocasión de que terceros intentaron extorsionarlo a través de notas intimidatorias, denuncia en la que precisó que éstas le fueron comunicadas por parte del administrador de la finca Cacagual, con lo que informó que era a través de dicho bien inmueble que se le ejerció una presión indebida para que pagara ciertas sumas de dinero a quienes se identificaron como miembros de grupos subversivos –ver párrafos 8.6 a 8.6.2–.

11.15. La Sala observa que dicha denuncia es suficiente para predicar que al andamiaje estatal le surgió un deber de protección personalizado frente a los bienes del actor referido, debido a que se le hizo previsible la concreción de un daño sobre los mismos, obligación que de hecho se radicó directamente en cabeza de la Policía Nacional. Ciertamente, al tribunal a quo no le asistió razón al considerar que esa denuncia se presentó ante una autoridad diferente a la demandada, en la medida en que la SIJIN se trata de una dependencia de la Policía Nacional –al respecto, consultar el Decreto 1512 del 2000– y por consiguiente, no se puede afirmar que a ésta le fue completamente inviable tener acceso a dicho escrito y por ende, actuar de conformidad con las funciones que le fueron constitucional y legalmente asignadas.

11.16. Al respecto, a pesar de que a la seccional señalada le corresponden funciones de apoyo en la investigación de delitos y en ese orden de ideas, resulta ajena a la protección de bienes de particulares, no escapa a la Sala que tenía el deber de remitir la información de la denuncia referida al órgano que se encontrara en la capacidad de adoptar las medidas de seguridad pertinentes, por lo que el hecho de que no hubiese actuado conforme a esa obligación, no se le puede enrostrar a los demandantes para denegar sus pretensiones indemnizatorias –ver párrafo 11.11–.

11.17. En este punto, conviene poner de presente que sin perjuicio de que la denuncia de extorsión tuvo que ver con hechos de terceros que señalaron pertenecer a otros grupos guerrilleros diferentes a las FARC –ELN y ERP–, ello no tiene ninguna relevancia en el presente juicio, puesto que tal circunstancia no incide en el deber de protección que le surge al Estado respecto de los particulares, a partir de cuya observancia se habría mantenido incólume la prerrogativa que tienen estos a verse protegidos por parte del Estado con ocasión de la actuación de terceros.

11.18. De esta manera, se configuró un peligro en relación con los bienes del señor Martínez Vergara ubicados en la finca Cacagual, riesgo cuya concreción, como se observó, le era altamente previsible a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, puesto que la misma le fue previamente comunicada, previsibilidad que se ve reforzada por el contexto en el que se encontraba el departamento de Sucre para esa época, en especial, el lugar en el cual estaba localizada la aducida hacienda, esto es, en el municipio Los Palmitos.

11.19. Respecto del contexto de grave alteración del orden público derivada del conflicto armado en Colombia para el caso concreto, no se debe olvidar que en el año 2000, las FARC intentaron secuestrar al actor referido junto con el ganadero Jaime Isaac Náder, en el municipio de Toluviejo, Sucre, municipio que se encuentra a una distancia relativamente corta del municipio Los Palmitos –ver párrafo 8.4–.

11.20. Igualmente, en cuanto a las circunstancias concretas del referido actor, se observa que éste ostentaba una calidad especial derivada de su posición social que ameritaba una mayor atención por parte del Estado, puesto que se acreditó que en el departamento de Sucre se distinguió por hacer parte de varias asociaciones relacionadas con la ganadería, y por haber obrado como representante del Comité Cebuista de Sucre, labor en la que habría organizado múltiples eventos dirigidos a los ganaderos de la región, calidades que hicieron que se cerniera sobre él un riesgo de mayor entidad en comparación con el riesgo que otras personas de la región, y que a la entidad demandada le hacía esperable que pudiera ser objeto de un atentado a sus derechos patrimoniales, tal como le ocurrió(80).

11.21. Por su parte, tampoco se pueden desconocer las múltiples amenazas que recibió el demandante Martínez Vergara de quienes adujeron pertenecer a diferentes grupos armados al margen de la ley –ver párrafos 8.3 y 8.6 a 8.6.2–, más aún cuando la existencia de los mismos en el último municipio aludido fue confirmada por su personero de conformidad con su base de datos, quien adicionalmente afirmó que desde el año 1991, el frente treinta y cinco de las FARC utilizaba al municipio Los Palmitos como corredor para arribar a los Montes de María, y que en el 2001 emprendieron una ofensiva armada en contra de la estación de policía municipal, destruyéndola –ver párrafo 8.9–. La presencia de diferentes agentes del conflicto en el departamento de Sucre, sus hostigamientos a los ganaderos de la región, y la respuesta de algunos de ellos al contratar servicios paramilitares, lo que implicó un recrudecimiento de la violencia en la zona derivada de la lucha por el control del territorio, es referido por el Centro Nacional de Memoria Histórica de la siguiente manera:

En Sucre han hecho presencia todos los grupos armados. La guerrilla entró a la zona de Montes de María desde los ochenta (ELN, PRT, la Corriente de Renovación Socialista, CRS, las FARC y el EPL), con permanentes hostigamientos a los ganaderos hasta que a mediados de los años noventa algunos de ellos invitaran a paramilitares de Córdoba, comandados por los hermanos Castaño Gil, a entrar en la zona. Ello desató una ola de violencia aguda con masacres, desplazamientos, desapariciones, asesinatos selectivos, y secuestros.

Mientras las masacres fueron el método más utilizado por los paramilitares, los asesinatos selectivos lo fueron por las FARC en la disputa por el control territorial. La primera masacre en Sucre se dio en Pichilín (municipio de Morroa) en 1997, seguida por 18 masacres en los Montes de María entre 1999 y 2002, entre ellas las del Salado, Chengue y Macayepo. Entre 2002 y 2004 se presentaron 16 masacres, de las cuales las AUC fueron responsables del 50%. En Córdoba se cometieron entre 1982 y 1993 un total de 40 masacres, la mayoría en los municipios de Puerto Libertador, Tierralta, Valencia y Canalete. El 90% de sus víctimas fueron campesinos y en ellas participaron como perpetradores las guerrillas, los paramilitares y algunos efectivos de la Policía Nacional y del Ejército(81).

11.22. Ahora bien, frente a la previsibilidad del señalado riesgo para el señor Martínez Vergara, y en relación con las actuaciones adoptadas por el Estado antes de la ocurrencia del hurto de ganado, únicamente se podría tener por demostrado (i) que entre dicho actor, el vecino de la hacienda Cacagual, y un miembro del DAS, se pactó realizar algunas tareas para dar con la aprehensión de los extorsionistas –hecho aceptado por el mismo demandante–, sin que obre en el plenario elemento de convicción sobre el desenlace de dicho plan, u otros comportamientos que hubiese realizado el Estado para brindarle seguridad al actor y a sus bienes, y (ii) el inicio de una investigación previa para individualizar a los responsables de ese crimen.

11.23. Por su parte, de manera posterior a la comisión del hurto de ganado, la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la señalada investigación previa por actos de extorsión, ordenó al grupo Gaula Sucre que se adoptarán las medidas necesarias para proteger al señor Martínez Vergara y a sus bienes, actuaciones de las que tampoco se tiene certeza de su realización.

11.24. En consideración a que no se demostraron otras labores idóneas por medio de las cuales la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional hubiese intentado salvaguardar los elementos del actor referido ubicados en la finca Cacagual, y con ocasión de la alta previsibilidad que tenía de que los mismos resultaran afectados, se observa que incurrió en una falla del servicio en cuanto a su deber de protección, lo cual permite atribuirle el hurto del ganado le sea atribuido, puesto que como se advierte del material probatorio obrante en este expediente, no es posible afirmar que la entidad demandada hubiese dispuesto de los elementos con los que contaba para prevenir la configuración del robo referido –respecto de lo que no allegó prueba alguna– y por consiguiente, se impone colegir que no protegió al demandante ni propendió por evitar el origen del daño.

11.25. Al respecto, no escapa a la Sala que de conformidad con las cargas probatorias definidas por el ordenamiento jurídico –ver nota 22–, la entidad demandada era a la que le correspondía acreditar debidamente que en el presente asunto hizo todo lo posible para efectos de evitar el hecho dañoso en comento y que por ende, se pudiera invocar la relatividad de su servicio a su favor, tarea probatoria que no desplegó en ningún sentido. De este modo, se ha indicado:

13.8. Con observancia de lo descrito, se debe precisar que para que prosperara un razonamiento exceptivo consistente en la inviabilidad de la entidad demandada de prestar eficientemente el servicio que evitara que se causara el daño señalado, no bastaba con referir simplemente que el sistema carcelario durante esa época se encontraba en crisis, comoquiera que se debe destacar que el criterio en análisis no puede servir como una excusa general que le permita a las entidades del Estado vulnerar o exonerarse de cumplir con el contenido obligacional que les es asignado por la ley, sino que tenía como carga mínima, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 177 (…) del C.P.C., acreditar las circunstancias especiales que para el caso concreto le permitieran colegir a la Sala que dicha imposibilidad efectivamente se configuró, lo que evidentemente no ocurre frente a la muerte del señor Fajardo Parra, toda vez que del escaso material probatorio arrimado al proceso sólo se demostró que el fallecimiento tuvo lugar dentro del centro penitenciario La Modelo, y en sentido opuesto, de la carencia de elementos que describan lo sucedido, se evidencia una ostensible falla de vigilancia y custodia, sin que sea posible denotar que se empleó por el Inpec medio alguno que propendiera por evitar que causalmente un tercero ocasionara el detrimento aludido(82).

12. De esta manera, con observancia de que a la entidad demandada le era completamente previsible el hurto del ganado del señor Martínez Vergara, no obstante lo cual omitió su deber de protección y lo dejó en completa indefensión frente al hecho dañoso proveniente de las FARC, se procederá a declarar su responsabilidad patrimonial y en consecuencia, se determinará la condena que resulta procedente a partir de ese menoscabo.

VI. Liquidación de perjuicios

13. Teniendo en cuenta que en el presente asunto sólo fue posible atribuir la pérdida del ganado a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, la Sala advierte que sólo se analizarán los perjuicios que se derivaron de dicho daño, en la medida en que como se precisó, los demás daños y detrimentos no fueron debidamente acreditados por los demandantes –ver párrafos 10.3 a 10.6–.

14. De esta manera, en cuanto a los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante por el robo de las reses, se observa que los accionantes pidieron a favor del señor Martínez Vergara, las sumas de $482 400 000, y “las utilidades” que se demostrase que se hubiese derivado de tales animales y que “estimamos en suma superior a la corrección monetaria del valor de los semovientes calculada desde que sucedieron los hechos hasta la fecha de la sentencia”.

14.1. Al respecto, la Sala advierte que en tanto se desconoce de manera exacta la cantidad de ganado que fue hurtado, sus características –su edad, su peso, su clase o raza, su propósito, etc.– y su valor comercial, indeterminación que se desprendió del incumplimiento de la carga probatoria de la parte demandante –ver párrafos 10.2.2 a 10.2.18–, resulta inviable proferir una condena en concreto, en consideración a que se reitera, los medios probatorios que obran en el expediente no sólo no le generan credibilidad alguna a la Sala, sino que se contradicen entre ellos mismos, máxime cuando queda claro que a los demandantes les era dable traer los medios probatorios necesarios y adecuados para acreditar el monto del perjuicio, en consideración a que ellos mismos aducen en su demanda que todos los semovientes en virtud de los cuales demandaron se encontraban registrados en la base de datos de la Asociación Nacional de Ganado Cebú.

14.2. De este modo, la Sala ordenará la condena en abstracto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 172 del Decreto 01 de 1984 –modificado por el artículo 56 de la Ley 446 de 1998–(83), para lo cual la parte actora deberá promover un incidente de liquidación de perjuicios ante el Tribunal Administrativo de Sucre, a fin de que se determine el monto a reconocer a su favor por ese concepto.

14.3. Para el efecto, los actores deberán aportar a dicho incidente las pruebas que permitan tener por acreditado la propiedad de las reses por parte del señor Enrique Martínez Vergara poco antes de que ocurriera el hurto, así como el número exacto y las características indicadas de las que fueron robadas, medios probatorios como los certificados de registro de ganado similares a los aportados al plenario, la relación de ganado que se hubiese efectuado en una visita próxima a su hurto, la relación de ganado derivada de la aplicación de las vacunas, los extractos bancarios del señor Martínez Vergara, las facturas, los contratos de compraventa de dichos semovientes, las declaraciones de renta del referido actor, y demás pruebas en donde se pueda identificar la cantidad de animales adquiridos por el actor aludido, se reitera, en la fecha más cercana a la ocurrencia del robo.

14.4. Ahora bien, con la finalidad de reparar integralmente a la parte demandante y evitar que se produzca un enriquecimiento sin justa causa, a la luz de las pruebas obrantes en el plenario, tal condena no podrá tener en cuenta un número superior a los 89 animales que fueron inicialmente denunciados como robados por parte del actor Martínez Vergara(84). Lo anterior, en consideración a que:

(i) si bien en la demanda se solicitó la indemnización por un número mayor –131 semovientes–, lo cierto es que dicha cifra no encuentra respaldo en medio de prueba alguno y por el contrario, los elementos de convicción aportados al expediente indican que dicho requerimiento excede el monto de las vacas que verdaderamente habrían sido robadas de la finca Cacagual, punto en el que se debe tener en cuenta que el trámite incidental de la condena en abstracto no puede constituir una etapa adicional que permita que se supla irreflexivamente las deficiencias probatorias de la parte accionante(85);

(ii) la cifra indicada en esa primera denuncia encuentra eco en otros medios de prueba –como por ejemplo, un oficio expedido por el DAS, o algunas de las noticias de periódico–, aspecto en el que no se debe olvidar que dichos elementos también indicaron que no todas las vacas robadas eran de propiedad del señor Martínez Vergara, máxime cuando éste, en esa denuncia, sólo relacionó a mano el número de identificación de 54 reses –ver párrafos 10.2.12 a 10.2.14–, y

(iii) la segunda denuncia de hurto presentada por el señor Martínez Vergara no genera credibilidad alguna y por lo tanto, debe ser descartada, en consideración a que dicho denunciante (a) en forma bastante extraña, se contradijo en cuanto al motivo por el cual dejó de relacionar en la primera denuncia el número exacto de las vacas hurtadas, toda vez que al comienzo de su segunda declaración señaló que ello se debió a un olvido o “ligeresa (sic)”, y luego mencionó que fue porque las FARC posteriormente se presentaron otra vez en su finca para volverlo a robar, segunda hipótesis que en todo caso parece poco probable luego del despliegue militar que hubo en la zona, y (b) pese a dedicarse a la cría de ganado y por consiguiente, ser importante para él el número de animales en su poder, sospechosamente no se acordó del número de bovinos cuyo hurto denunció en un comienzo, habida cuenta de que sin mayor explicación, dijo que en la primera denuncia había puesto en conocimiento el robo de ciento cuatro reses, cuando en realidad lo hizo por ochenta y nueve semovientes, contradicciones que le restan toda capacidad de generar convencimiento a dicha prueba y que por lo tanto, conllevan a que no se le pueda tener en cuenta al momento de fijar la condena del presente asunto.

14.5. Por su parte, los interesados deberán establecer con los medios probatorios que consideren pertinentes, pero que generen la suficiente certeza al respecto, el valor de cada una de las cabezas de ganado que se demuestre que efectivamente fueron hurtadas, teniendo en cuenta su naturaleza, calidad, edad y destinación, para que de esta forma, sea posible determinar el quantum de los perjuicios materiales derivados de su robo.

14.6. De esta manera, el perjuicio material de daño emergente será calculado a la luz del valor que tenían las cabezas de ganado robadas para el momento de su hurto, cifra que deberá ser actualizada, para obtener la indemnización final que se reconocerá al señor Enrique Martínez Vergara, único demandante que cabe precisar que puede ser resarcido por dicho concepto, debido a que él habría sido el propietario de los semovientes perdidos.

14.7. De no ser posible estimar el valor unitario promedio de los animales para la época, atendiendo su raza, género y calidad, el tribunal a quo deberá establecerlo en consideración al precio promedio de un animal destinado al objeto de su explotación en la zona y época en que ocurrió el ilícito.

14.8. En relación con el lucro cesante solicitado, se advierte que en consideración a que no se acreditó que el señor Martínez Vergara hubiese obtenido un ingreso económico adicional de las reses robadas –como por ejemplo, que produjeran leche y que se demuestre que de esa producción el demandante efectivamente recibía un dinero extra–, para lo que no se puede tener en cuenta el valor que habría recibido a partir de su venta, puesto que ello ya es objeto de indemnización por concepto de daño emergente, la indemnización de dicho detrimento, cuya causación se puede inferir por el tipo de bien que representa el ganado, será equivalente al interés legal del valor de las vacas hurtadas –daño emergente–, el cual será liquidado por el término de 6 meses, postura que ha asumida con anterioridad por esta Subsección, al aseverar que: (v) En ausencia de prueba alguna aportada al plenario sobre el lucro cesante reclamado, esto es, sobre las utilidades que la actividad ganadera generaba a los actores, este se determinará aplicando el interés legal civil al valor que se obtenga como daño emergente, liquidado por un término de seis meses(86) (…)(87).

15. Finalmente, en relación con la indemnización de los perjuicios morales, se advierte que la misma a favor del señor Enrique Martínez Vergara en el equivalente a 200 smmlv, y para los demás demandantes en el equivalente a 100 smmlv, para cada uno.

15.1. Al respecto, con fundamento en los testimonios obrantes en el plenario(88), se encuentra acreditado que por la pérdida del ganado sólo sufrió congoja y dolor el señor Enrique Martínez Vergara, más aún cuando no se aportaron elementos de convicción que acreditaran el sufrimiento de los demás actores. Teniendo en cuenta lo anterior, y que no hay elementos de prueba que convenzan sobre el padecimiento sentimental del resto de accionantes, lo que frente a bienes no se presume de conformidad con la jurisprudencia inalterada de esta corporación(89), únicamente se le podrá indemnizar al señor Enrique Martínez Vergara el perjuicio moral que se puede inferir que le causó de la pérdida de sus bienes.

15.2. De esta manera, a partir de la cantidad de ganado que se logre estimar como hurtado, y a la luz de las declaraciones aludidas, el tribunal a quo determinará a su buen arbitrio el monto de resarcimiento por el dolor que se acreditó que le implicó al demandante aludido el despojo de sus semovientes, para obtener la indemnización a su favor.

VII. Costas

16. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

17. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia del 4 de febrero de 2010, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre y, en su lugar, se dispone:

1. DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, con ocasión del hurto del ganado de propiedad del señor Enrique Martínez Vergara.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR en abstracto a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, al pago del resarcimiento de los perjuicios irrogados a favor de Enrique Martínez Vergara, indemnizaciones que se liquidarán mediante incidente de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

3. DENEGAR las restantes suplicas de la demanda.

4. Todas las sumas aquí determinadas devengarán intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.

5. CUMPLIR la sentencia en los términos de los artículos 176 a 178 del C.C.A.

6. EXPEDIR, por Secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado judicial.

7. En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al tribunal de primera instancia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 En la demanda se estimó el valor de la mayor pretensión en la suma de $482 400 000 –por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente–, cifra que fija la cuantía del proceso de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 1º y 2º del artículo 20 del C.P.C. vigentes para el momento de interposición del recurso de apelación, esto es, para el 25 de febrero de 2010. Con observancia de la fecha de la apelación, se aplica en este punto el artículo 42 de la Ley 446 de 1998, en virtud del cual, para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa sea de doble instancia ante esta corporación, su cuantía debe superar los 500 smmlv considerados para la época de presentación de la demanda –2003–, los cuales, en el caso concreto equivalen al monto de $166 000 000, umbral que como se observa, es sobrepasado.

2 “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.

3 “Ahora bien, en relación con la mencionada regla general, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada. // En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado en múltiples decisiones ha determinado la operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción ejercida, así como también ha encontrado acreditada la existencia de la falta de legitimación en la causa –por activa o por pasiva– e incluso la ineptitud sustantiva de la demanda, casos en los cuales ha denegado las pretensiones de la demanda o se ha inhibido de fallar, según el caso, con independencia de si tales presupuestos o aspectos hubieren sido, o no, advertidos por el juez de primera instancia o por alguno de los sujetos procesales, incluido, claro está, aquel que hubiere impugnado la providencia del juez a quo”. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, Exp. 50001-23-31-000-1997-06093 01 (21.060), C. P. Mauricio Fajardo Gómez.

4 [2] Sentencia de 9 de febrero de 2012, Exp. 500012331000199706093-01 (21.060), C. P. Mauricio Fajardo Gómez.

5 [3] Sentencia de 4 de agosto de 2010, Exp. 0500131030012002, M. P. Ruth Marina Díaz.

6 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, Exp. 05001-23-26-000-1994-02321-01 (20104), C. P. Ruth Stella Correa Palacio, y sentencia del 9 de febrero de 2012, Exp. 50001-23-31-000-1997-06093 01 (21.060), C. P. Mauricio Fajardo Gómez.

7 Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, Exp. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), C. P. Enrique Gil Botero.

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de mayo de 2012, Exp. 110010315000201101378-00, C. P. Susana Buitrago Valencia.

9 Cabe señalar que este planteamiento acerca del valor indiciario de los recortes de prensa fue objeto de una aclaración de voto expresada en los siguientes términos por los magistrados Stella Conto Díaz del Castillo y Danilo Rojas Betancourth: “Centralmente debe advertirse que, en determinados eventos, atendiendo, verbi gratia, la naturaleza de la noticia, el espectro de difusión y la calidad de los medios que la comunicaron, puede el juez considerar que se trata de un hecho notorio que no requiere prueba adicional, pues las notas periodísticas otorgan esa naturaleza. // Es que, por ejemplo, casos como desastres naturales de repercusión nacional que son registrados en detalle por todos los medios de comunicación no podrían recibir el mismo trato, ni tampoco debería aplicarse la jurisprudencia vigente para hechos que impactan al colectivo en general y por lo mismo son registrados por la opinión pública hasta convertirse en temas de discusión en cualquier foro social. // Por tanto, el llamado de la presente aclaración tiene por objeto morigerar el precedente vigente para que en cada caso el juez, orientado por su sana crítica, pueda darle a las notas e informaciones periodísticas un alcance superior al de la simple veracidad de su sola difusión y pueda, dependiendo del sub júdice, tener el hecho como notorio y por lo mismo relevarlo de cualquier exigencia de prueba adicional, estimando entonces cierto el contenido que a nivel nacional registren los medios de comunicación, atendiendo también a su grado de credibilidad social. // Además, no puede desconocerse que la publicación de determinada información, puede tenerse como un indicio que, apoyado con otras pruebas, permita alcanzar un grado de convencimiento sobre la certeza del hecho noticioso, esto a partir de su confiabilidad”.

10 [67] Corte Interamerica de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, supra nota 24, párr. 146; Caso Fairen Garbi y Solis Corrales, de 15 de marzo de 1989, párr. 145. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra nota 44, párr. 25, Caso Garibaldi Vs. Brasil, supra nota 32, párr. 70. Caso Radilla Pacheco Vs. Estado Unidos Mexicanos. Igualmente, Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia, caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia.

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Exp. 11001-03-15-000-2014-00105-00(PI), C. P. Alberto Yepes Barreiro.

12 “(…) como ocurre con cualquier otro medio de prueba admitido por la ley, la valoración del testimonio de oídas deberá realizarla el juez de manera conjunta con los demás elementos probatorios que hubieren sido oportuna y regularmente acopiados en el proceso, con el agregado de que en estos casos debe tenerse especial cuidado para efectos de someter la versión del declarante a un tamiz particularmente riguroso con el fin de evitar que los hechos a los cuales se les otorgue credibilidad resulten finalmente distorsionados por el proceso de comunicación a que se encuentra sometida una declaración de tal naturaleza, puesto que es evidente que el relato de los hechos que realizará el testigo de oídas no dirá relación con aquellos que él hubiere percibido de manera directa sino que se referirá a hechos respecto de los cuales tuvo conocimiento de manera indirecta, por la referencia o transmisión que sobre los mismos le hubiere efectuado otra persona. // Precisamente para evitar que los hechos lleguen alterados al conocimiento del juez, como resultado de la transmisión que ha de ocurrir acerca de la versión de su acaecimiento cuando el conocimiento sobre los mismos se obtiene a través de testimonios indirectos o de referencia, el juzgador ha de ser particularmente cuidadoso en verificar, entre otros aspectos de importancia, i) las calidades y condiciones del testigo de oídas; ii) las circunstancias en las cuales el propio testigo de oídas hubiere tenido conocimiento, indirecto o por referencia, de los hechos a los cuales se refiere su versión; iii) la identificación plena y precisa de la(s) persona(s) que, en calidad de fuente, hubiere(n) transmitido al testigo de oídas la ocurrencia de los hechos sobre los cuales versa su declaración, para evitar así que un verdadero testimonio pueda confundirse con un rumor, en cuanto proviniere de fuentes anónimas o indeterminadas; iv) la determinación acerca de la clase de testimonio de oídas de que se trata, puesto que estará llamado a brindar mayor confiabilidad el testimonio de oídas de primer grado que aquel que corresponda al grado sucesivo por ser el resultado de haber escuchado a otro relatar unos hechos de los cuales dicho tercero tuvo conocimiento por el relato que, a su turno, recibió de otra persona y así sucesivamente”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de octubre de 2009, Exp. 20001-23-31-000-1998-04127-01(17629), C. P. Mauricio Fajardo Gómez.

13 “Los artículo 213 a 232 del C. de P.C., son las disposiciones que regulan lo atinente al testimonio, modalidad probatoria que denomina ‘Declaración de Terceros’, con lo cual se quiso dejar claro que es una especie del género probatorio que se llama ‘declaración’, pues es lo cierto que son muchos los elementos comunes que existen con la ‘declaración de parte’, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de que personas naturales que no son parte dentro del proceso ilustren con sus relatos referentes a hechos que interesan al mismo, para efectos de llevar certeza al juez de las circunstancias que constituyen el objeto del proceso”. Hernán Fabio López Blanco, Procedimiento Civil, Tomo III, Pruebas, Dupre Editores, Bogotá D.C. Colombia, 2001, p. 159.

14 Al respecto, no se puede perder de vista que las declaraciones formuladas por las partes sólo adquieren valor probatorio cuando se configuran en una confesión, para lo que cabe tener en cuenta que los cuestionamientos que se realizan por una parte a su contraparte son calificados por el juez para determinar si cumplen con los requisitos del artículo 195 del C.P.C., con el fin de que se pueda generar el medio de prueba contemplado en tal norma. Al respecto, la doctrina jurídica ha señalado: “El interrogatorio de las partes con fines de prueba persigue obtener su declaración sobre el conocimiento que tengan de los hechos que interesa al proceso, como fuente de confesiones, para formar el convencimiento del juez. (…) Confesión es un medio de prueba judicial, que consiste en una declaración de ciencia o conocimiento, expresa, terminante y seria, hecha conscientemente, sin coacciones que destruyan la voluntariedad del acto, por quien es parte en el proceso en que ocurre o es aducida, sobre hechos personales o sobre el reconocimiento de otros hechos, perjudiciales a quien la hace o a su representado, según el caso, o simplemente favorables a su contraparte en ese proceso. (…) La apreciación de la confesión tiene un triple aspecto: 1) determinar si existe confesión válida y si es judicial o extrajudicial; 2) determinar el contenido de la confesión, o sea cuáles son los hechos confesados; y 3) asignarle el mérito probatorio como instrumento de convicción respecto a la existencia o existencia de tales hechos”. Hernando Devis Echandía. Compendio de Derecho Procesal, Tomo II, Pruebas Judiciales, Quinta Edición, p. 187, 212, 213, 219”. Consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de octubre de 2013, Exp. 25000-23-26-000-2001-00466-01(27916), sentencia del 30 de abril de 2014, Exp. 25000-23-26-000-2000-01344-01 (26883), y sentencia del 26 de junio de 2014, Exp. 27001-23-31-000-2001-01384-01 (29408), C. P. Danilo Rojas Betancourth.

15 Así lo ha considerado la Sala de esta Subsección en pasadas ocasiones. Al respecto, se dijo: “12.16 Al respecto, no escapa a la Sala que parece extremadamente difícil que exista un medio de convicción directo tanto sobre el intento de hurto como sobre la amenaza efectuada por los delincuentes respectivos a la víctima y a la actora, como por ejemplo, que dichos sucesos hubiesen sido percibidos por un tercero que pudiera rendir su declaración en este asunto o, que éste, de existir y haber presenciado lo sucedido, pudiera ser identificado y localizado por la señora Suárez Serrano para que rindiera su declaración en este proceso, puesto que las conductas mencionadas comportan normalmente la clandestinidad debido a su naturaleza de tal forma que exigir que se allegara un elemento de prueba de esa calidad se constituiría en una barrera injustificada al acceso de administración de justicia (…).12.17 De esta manera, sería inequitativo descartar o restarle toda veracidad al contenido de la solicitud de los señores Cuestas Amador y Suárez Serrano, dado que ellos habrían sido los únicos presentes en el momento en que se les intentó asaltar y se les intimidó, medio probatorio de índole documental que fue realizado aún antes de que se produjera el daño que conllevó a que se presentara el escrito inicial de este asunto, por lo que resultaría forzoso deducir que se trata una prueba parcializada o amañada en tanto se hubiese realizado con miras a obtener una reparación precedentemente a que se produjera el menoscabo del cual se busca tal resarcimiento”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 8 de julio de 2016, Exp. 50001-23-31-000-2000-00162-01(31987), C. P. Danilo Rojas Betancourth.

16 Sobre la actividad probatoria en el procedimiento ante la Corte Interamericana, esta ha sostenido: “70. En un tribunal internacional como es la Corte, cuyo fin es la protección de los derechos humanos, el procedimiento reviste particularidades propias que le diferencian del proceso de derecho interno. Aquél es menos formal y más flexible que éste, sin por ello dejar de cuidar la seguridad jurídica y el equilibrio procesal de las partes” caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, sentencia de 31 de agosto de 2001. Y “89. Con el fin de obtener el mayor número posible de pruebas, este Tribunal ha sido muy flexible en la admisión y valoración de las mismas, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia [...] El procedimiento establecido para los casos contenciosos ante la Corte Interamericana ostenta características propias que lo diferencian del aplicable en los procesos de derecho interno, no estando el primero sujeto a las formalidades propias del segundo” caso Villagrán Morales y Otros (Caso de los “Niños de la Calle”), sentencia de 19 de noviembre de 1999.

17 “Que el señor ÁLVARO ENRIQUE BALASNOA MÁRQUEZ (…) propietario de una parcela en el predio rural denominado EL TRIBUNFO, ubicado en jurisdicción del municipio Los Palmitos, Departamento de Sucre, adjudicado por el INCORA mediante Resolución 00852 del 9 de diciembre de 1983, e inscrita en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Corozal, bajo el folio de matrícula inmobiliaria #3420009.000, solicitó a esta gerencia mediante oficio autorización para vender su parcela. // Por lo anterior y de conformidad en los establecido en el artículo 39 de la Ley 60 de 1994, en concordancia con el artículo 26 del Acuerdo 023 de 1995, expedido por la Junta Directiva del Incora, el adjudicatario queda en libertad de disponer de la parcela sin sujeción al régimen de la propiedad parcelaría”.

18 “Sincelejo. Dos guerrilleros del 35 frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que intentaron secuestrar a los ganaderos Jaime Isaac Náder y enrique Martínez Vergara, fueron dados de bajas (sic) por tropas de contraguerrilla de la Primera Brigada de Infantería de Marina. // El hecho se registró a eso de las 9:15 de la mañana de ayer en la vía que conduce del municipio de Toluviejo a San Onofre, en el sitio conocido como el arroyo El Bobo en el corregimiento de Macaján. // Según el comandante del Bafim 5, coronel Harold Mantilla, los guerrilleros que hacen parte de la comisión de finanzas del 35 frente de las Farc, tenían ya en su poder a los ganaderos “pero la reacción de las tropas de Infantería de Marina no se hizo esperar y entraron en combate con los rebeldes, lográndose la baja de dos y causar heridas a otro grupo indeterminado que huyó hacía los cerros que se encuentran a los alrededores donde ocurrieron los hechos. (…) Según el coronel Harol (sic) Mantilla, las investigaciones adelantas (sic) indican que por lo menos son 7 los subversivos heridos. // El alto oficial aseguró que los combates de rescate de los dos ganaderos duró aproximadamente 3 horas y que no se presentaron eventualidades en las tropas de la primera Brigada de Infantería de Marina”.

19 “Al principio del año 2002 (sic), al encontrarse con el señor Jaime Isaac Náder en finca de propiedad de éste ubicada en el municipio de Toluviejo, entre Macajan y Chinulito fueron víctimas de un intento de secuestro. Contaron con la fortuna de que al encontrarse en la finca del señor Isaac un grupo de infantes de marina le avisaron de la presencia de los guerrilleros vistos en la carretera y presentarse posteriormente un cruce de balas fueron dados de bajas dos o tres guerrilleros de este grupo”.

20 “El día 11 de junio del 2002, terroristas del 35 frente de las FARC, incursionaron en la finca ubicada en el área rural del corregimiento de Hatillo, (…) propiedad de los señores HUMBERTO VERGARA TAMARA, ENRIQUE MARTÍNEZ Y CAMPO ELÍAS ORDÓÑEZ, donde hurtaron 89 cabezas de ganado con las siguientes marcas HTV con un dibujo de corona; iniciales de la letra “T” y dos líneas verticales pequeñas al lado derecho y la inicial de la letra “U” con tres líneas pequeñas verticales en la parte superior”.

21 En noticia denominada “Recuperan reses en Montes de María”, del periódico El Meridiano sin fecha visible- se citó la declaración realizada por el funcionario público aludido sobre la recuperación de gran parte de las cabezas de ganado que fueron hurtadas en el corregimiento de Pita Abajo, Tolú, las cuales se afirmaron que eran de propiedad del señor Vergara Tamara. Al respecto, se manifestó: “Como se recordará, el robo de las 300 reses se presentó en la madrugada del martes en una finca localizada en el corregimiento Pita Abajo, de Tolú, a donde llegaron hombres fuertemente armados que vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares. // De acuerdo con las informaciones, los autores del ilícito arriaron el ganado por veredas y corregimientos que conducen a los Montes de María. “Sin embargo, la persecución y la presión ejercida por las autoridades llevó a los ladrones a tomar la determinación de dejar abandonados más de la mitad de los animales”, dijo el Coronel Normán León Arango”.

22 Artículo 177 del C.P.C.: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Con fundamento en la norma descrita, esta corporación ha señalado: “La referida norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el Juez de lo Contencioso Administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si aquél no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es éste, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, una fallo adverso a sus intereses. // Los planteamientos expuestos son, entonces, los que han de ilustrar el proceder del Juez ante la falta o la insuficiencia de los elementos demostrativos de los hechos que constituyen el thema probandum del proceso –es decir, aquellos respecto de los cuales se predica la necesidad de su demostración–, pues la autoridad judicial, en cualquier caso, no puede declinar su responsabilidad de resolver el fondo del asunto, de suerte que las anotadas reglas de la carga de la prueba indicarán si procede despachar favorablemente las pretensiones del actor o, por el contrario, si lo que se impone es acceder a la oposición formulada por la parte demandada”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720), C. P. Mauricio Fajardo Gómez.

23 [12] Devis Echandía, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Tomo II, Pruebas Judiciales, Editorial ABC, 1984, págs. 339 y ss.

24 [13] Consejo de Estado, sentencia de 16 de abril de 2007, Exp. AG-250002325000200200025-02, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

25 [14] Parra Quijano, Jairo, Manual de Derecho Probatorio, Librería Ediciones del Profesional Ltda., 2004, Pág. 649.

26 [15] Consejo de Estado, op. cit., pág. 96.

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 22 de junio de 2011, Exp. 05001-23-24-000-1995-01673-01(20543), C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

28 Ese es el caso del señor Jairo Guerra Chadid –ganadero y conocido de los demandantes–, quien indicó que, al haber visitado la finca en días pasados al del robo, podía dar fe que el número de vacas era de ciento veinte a ciento cuarenta. Tal explicación no parece creíble, en tanto la Sala no halla motivo por el cual tal deponente se habría puesto a contar las cabezas de ganado ubicadas en el predio Cacagual, más aún cuando con anterioridad afirmó que para esa época ya no se desempeñaba como ganadero, de modo que no habría tenido interés en esa clase de datos (fls. 236-240, c 1). Por su parte, el señor Raúl Correa Obando –veterinario que en algunas ocasiones trabajó en la finca- admitió que si bien no conocía el número exacto de cabezas de ganado, toda vez que nunca realizó un inventario, manifestó que eran más de cincuenta. Su dicho, además de poco preciso, tampoco ofrece credibilidad debido a la incongruencia que se deriva del hecho de que a pesar de que hubiese trabajado en la reproducción de animales de la finca, no realizó una lista del número de animales, labor que se estima elemental en su línea de trabajo (fls. 241-244, c. 1).

29 Así sucede respecto de la declaración del señor Humberto Vergara Tamara –amigo de los accionantes–, quien informó que el señor Martínez Vergara le comunicó que le robaron “89 hembras entre vacas y novillas en crecimiento, además de tres toros y 17 toretes de levante”, sin otra fuente adicional de dicho conocimiento (fls. 267-272, c. 1).

30 Así lo expresaron los señores Humberto Vergara Tamara y Jesús Aníbal Remolina Fontalvo –amigos de los accionantes y ganaderos– (fls. 267-276, c. 1).

31 [60] “La vida diaria ofrece al observador más distraído el espectáculo de una serie múltiple y heterogénea de daños. Daño no significa más que nocimiento o perjuicio, es decir, aminoración o alteración de una situación favorable”. Adriano De Cupis, El Daño, Teoría General de la Responsabilidad Civil, Ed. Bosch, Bogotá, 1996, p. 81. Por su parte, la doctrina jurídica colombiana ha señalado: “(…) el daño en sentido jurídico reproduce el sentido común del término: alteración negativa de un estado de cosas existente. (…) Se puede extraer el elemento común de lo hasta aquí expresado para llegar a la siguiente definición: daño es la aminoración patrimonial sufrida por la víctima (…)”. Juan Carlos Henao Pérez, El Daño, Análisis Comparativo de la Responsabilidad Extracontractual del Estado en Derecho Colombiano y Francés, ed. Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 94, 95, 101, 102.

32 [61] Consejo de Estado, sentencia del 6 de junio de 2007, Exp. 25000-23-26-000-1990-06968-01(16460), C. P. Ruth Stella Correa Palacio. Con fundamento en la concepción de daño antijurídico, el Consejo de Estado ha manifestado que “no importa si el actuar de la Administración fue legal o no, (…) puesto que la antijuridicidad no se predica de su comportamiento sino del daño sufrido por el afectado”. Consejo de Estado, sentencia del 11 de mayo de 2006, Exp. 68001-23-15-000-1995-00935-01(14400), C. P. Ramiro Saavedra Becerra. Igualmente, revisar: Corte Constitucional, sentencia C-038 del 1 de febrero de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.

33 [62] En este sentido, esta Subsección ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse. Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencias del 29 de agosto y del 9 de octubre de 2014, Exp. 55001-23-31-000-1998-00029-01(30391) y 50001-23-31-000-2001-00106-01(27438), C. P. Danilo Rojas Betancourth.

34 [63] “Tradicionalmente, la doctrina y la jurisprudencia hablan de que el perjuicio debe ser personal para que haya lugar a su indemnización, (…) en tratándose de daños ciertos, pasados o futuros, no es pensable que personas diferentes de la víctima o de sus sucesores puedan reclamar indemnización del perjuicio causado (…). Ello se desprende del principio según el cual nadie puede enriquecerse a costa ajena, ni mucho menos pedir indemnización de un daño no ha sufrido. Es aquí donde se erige el axioma de que el daño debe ser personal de quien pretende su reparación”. Javier Tamayo Jaramillo, “Tratado de Responsabilidad Civil”, tomo II, ed. Legis, Colombia, Bogotá D.C., p. 421, 425.

35 [64] Aspecto que se identifica con la función resarcitoria de la responsabilidad. Al respecto, la doctrina jurídica ha señalado lo siguiente: “El daño es la causa de la reparación y la reparación es la finalidad última de la responsabilidad civil”. Juan Carlos Henao. El Daño, Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en Derecho Colombiano y Francés. Edición Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia. 2007, p. 37. “Conocido es el paso de un modelo clásico de responsabilidad entendida como sanción derivada de la realización de un comportamiento prohibido , a un modelo que pone en el centro del debate le hecho dañoso y su función reparadora (…) de ahí que la función resarcitoria se muestre como fundamental dentro del derecho de la responsabilidad civil, pues responde a una necesidad que se podría decir lógica, de devolver a la víctima lo que ha perdido; prueba de ello es la pregonada necesidad de una “reparación integral”. Esta expresión, corolario de la función reparadora, refleja esa exigencia según la cual todo daño debe ser resarcido”. Édgar Cortés, Responsabilidad Civil y Daños a la Persona, el daño a la Salud en la Experiencia Italiana, ¿Un modelo para América Latina?, Edición Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia, 2009, p. 61 y 62.

36 [65] Artículo 16 de la Ley 446 de 1998: “Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”. Sobre el referido principio de reparación integral, la doctrina italiana ha señalado: “El resarcimiento es una reparación que corresponde a la medida del daño. No puede servir para enriquecer al perjudicado, superando tal medida. Semejante enriquecimiento sería extraño a su función reparadora y equilibradora e introduciría, a cargo del responsable, una pena privada. // La pena privada, encaminada a castigar al culpable, podía implicar, a favor del perjudicado un beneficio superior al daño sufrido (…). Pero una vez superada históricamente tal institución, la reacción contra el daño privado no puede encaminarse más que hacer conseguir al perjudicado la reparación del daño.//Como oportunamente expusimos (num. 101) no importa, respecto al resarcimiento, que el enriquecimiento del responsable sea inferior o superior a la medida del daño. La inferioridad o superioridad de tal enriquecimiento no influye en el resarcimiento en el sentido de disminuirlo o de aumentarlo, ya que es una circunstancia extraña al derecho del perjudicado”. Adriano De Cupis, El Daño, Teoría General de la Responsabilidad Civil, Ed. Bosch, Bogotá, 1996, p. 753.

37 [74] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 1991, Exp. 6565, C. P. Juan de Dios Montes Hernández. En el mismo sentido se ha pronunciado esta corporación al aseverar: “La Sala viene aceptando en los casos de reparación de daños recaídos sobre vehículos automotores, que si la parte actora se presenta como propietaria del vehículo y no logra demostrar ese carácter sino otro, como el de poseedora, es ésta la última condición la que puede fundamentar el reconocimiento de la pertinente indemnización. Así lo decidió por ejemplo en la sentencia del 20 de septiembre de 1991 (actor: Jaime A Torne Fandiño, exp 6565). En ese negocio había prueba suficiente de la posesión ejercida por el demandante sobre el vehículo, lo que no sucede en el sub-lite. No se allegó ni un solo medio probatorio dirigido a demostrar el hecho de la posesión o cualquier otro vínculo entre la demandante y el bien destruido o dañado. // Si dañó antijurídico es la lesión de un interés legítimo que la víctima no está obligada a soportar, a ésta le corresponde por lo menos acreditar ante el juzgador ese interés legítimo. En el presente caso no se demostró que a la actora le asista tal interés. Ni era propietaria, ni poseedora, ni tenía otro derecho sobre el vehículo de placas KE 5678. Así, no demostró estar legitimado en la causa”. Consejo de estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de agosto de 1996, Exp. 10204, C. P. Carlos Betancur Jaramillo.

38 “Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de noviembre de 2016, Exp. 25000-23-26-000-1999-02008-01(22976), C. P. Danilo Rojas Betancourth.

39 “Tenía una casa principal que era lo que se denomina “las mayorías” en la jerga ganadera, dicha casa constaba de una sala comedor y varias alcobas, los techos no recuerdo si eran de eternit o de zinc. Al lado de la casa había un quiosco con techo de palma, grande, que servía de zona social y recreativa. Había varias pesebreras de poste en muy buen estado. Tenía una electrobomba para darle riego a gran parte de la finca tomando el agua de una gran represa que enrique construyó en la mitad de la finca. Yo la recorría a caballo y a pie y pude ver el excelente estado de los pastos, el buen estado de las cercas y de las divisiones, en general el buen mantenimiento del predio” (fl. 239, c. 1).

40 “Me consta que era una finca buena, adecuada para ganadería, tenía potreros limpios más o menos de 5 hectáreas con sus bebederos, saladeros, había pozo profundo y varias represas, un tanque elevado y una electro bomba para subir agua” (fl. 243, c. 1).

41 “Al abandonar la finca esta fue destechada o desvalijada en general causándole a el (sic) señor Martínez perjuicios adicionales esto lo sé porque mantengo una buena amistad con el señor Enrique Martínez y como ganadero y dirigente gremial tratamos de ser lo más solidario posible con la mala fortuna del cual han sido víctimas nuestro colegas ganaderos” (fl. 270, c. 1).

42 “Como al año siguiente me enteré por el noticiero radial y por comentarios de los amigos del insuceso con la guerrilla, que los ganados se los habían robado y que en la finca habían causado destrozos y después como la dejaron sola los rateros se llevaron el resto” (fl. 243, c. 1).

43 Artículo 756 del C.C.: “Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos”.
Artículo 2º del Decreto 1250 de 1970: “Están sujetos a registro: // 1. Todo acto, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes raíces, salvo la cesión del crédito hipotecario o prendario”.
Artículo 43 del Decreto 1250 de 1970: “Ninguno de los títulos o instrumentos sujetos a inscripción o registro tendrá mérito probatorio, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a los dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro”.
Artículo 1760 del C.C.: “La falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad; y se mirarán como no ejecutados o celebrados aun cuando en ellos se prometa reducirlos a instrumento público, dentro de cierto plazo, bajo una cláusula penal; esta cláusula no tendrá efecto alguno”.
Artículo 265 del C.P.C.: “La falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad, y se mirarán como no celebrados aun cuando se prometa reducirlos a instrumento público”.

44 [1] Sentencia de 16 de diciembre de 2004, Exp. 7870. La sentencia reitera la jurisprudencia que esa corporación viene sosteniendo sobre la materia desde mediados del siglo pasado, entre las que se cita: sentencias de 19 de mayo de 1947, de 13 de junio de 1983 y 9 de diciembre de 1999, Exp. 5352. Por ejemplo, en la segunda de las providencias citadas se dijo: “Cuando este precepto (el artículo 2640, ordinal 4º, del C.C.) confiere a los registradores la atribución de ‘certificar’, con vista en los respectivos libros, acerca del estado o situación en que se encuentren los inmuebles existentes en el lugar, esa función está circunscrita en el texto a la concreta finalidad de informar sobre esa situación a quienes, interesados en conocerla, soliciten los certificados pertinentes; pero, el precepto no le atribuye a estas certificaciones la virtud de servir, en juicio, de prueba de los títulos traslaticios o declarativos del dominio sobre inmuebles. Quiere decir que las certificaciones del registrador, en estos casos, son prueba de haberse hecho la inscripción del título mismo, cuando ésta ha de acreditarse, lo cual sólo puede hacerse mediante la aducción del propio título, esto es, de su copia formalmente expedida”.

45 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2010, Exp. 05001-23-26-000-1995-00565-01(18615), C. P. Ruth Stella Correa Palacio. En otra oportunidad, se señaló: “3. Conforme a lo solicitado en la demanda, la parte actora reclama los perjuicios ocasionados a unos predios de su propiedad, y para demostrar esa calidad, Manuel Francisco Petro Luna allegó copia simple de la escritura pública Nº 1195 del 31 de agosto de 1984 de la Notaría Segunda de Montería, por medio de la cual el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, le adjudicó un terreno baldío denominado “El Rescate”. Respecto del folio de matrícula inmobiliaria, si bien no se allegó con la demanda, se solicitó como prueba a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, entidad que remitió el folio de matrícula correspondiente a los accionantes Manuel Francisco Petro Luna y Clímaco Durango Guzmán. En relación con este último demandante, no se aportó la escritura pública por medio de la cual le fue transferida la propiedad del terreno afectado con las inundaciones. (…) Del acervo probatorio allegado y de lo expuesto, se tiene que los demandantes Manuel Francisco Petro Luna y Clímaco Durango Guzmán, no acreditaron la condición de dueños de los inmuebles supuestamente afectados, toda vez que en el proceso, si bien obra copia auténtica del folio de matrícula inmobiliaria en el que consta la inscripción del acto de adjudicación del baldío respecto del primero y el acto de adjudicación por sucesión respecto del segundo, la copia de la escritura pública que demostraría la transferencia de la propiedad al señor Petro Luna está en copia simple y la del señor Durango Guzmán no se allegó al expediente. En consecuencia, para la Sala no existe prueba del título, que se requería además del modo para dar por probada la condición en la que los demandantes se han presentado a este proceso, respecto de los bienes que dicen ser de su propiedad”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de marzo de 2010, Exp. 23001-23-31-000-2000-08951-01(19099), C. P. Enrique Gil Botero.

46 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 13 de mayo de 2014, Exp. 76001-23-31-000-1996-05208-01(23128), C. P. Mauricio Fajardo Gómez.

47 “Sé que a Enrique lo amenazaron y lo intentaron secuestrar en varias oportunidades puesto que así lo publicó la prensa radial y escrita, no me explico por qué el Estado con estos antecedentes no le dio la suficiente vigilancia policita (sic) para velar por su integridad física y la de su familia e inclusive de sus bienes. Me enteré porque fue de público conocimiento que a la finca de Enrique Martínez llegaron unos señores armados y se llevaron todo el ganado que había, destruyeron las instalaciones y prácticamente dejaron a Enrique y a su familia en la ruina absoluta”.

48 “15.4.1. El daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados tiene las siguientes características: // i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial. // ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales. // iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular. (…) 15.4.2. La reparación del referido daño abarca los siguientes aspectos: // i) El objetivo de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la víctima en el ejercicio de sus derechos. La reparación de la víctima está orientada a: (a) restaurar plenamente los bienes o derechos constitucionales y convencionales, de manera individual y colectiva; (b) lograr no solo que desaparezcan las causas originarias de la lesividad, sino también que la víctima, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas, pueda volver a disfrutar de sus derechos, en lo posible en similares condiciones en las que estuvo antes de que ocurriera el daño; (c) propender para que en el futuro la vulneración o afectación a bienes o derechos constitucionales y convencionales no tengan lugar; y (d) buscar la realización efectiva de la igualdad sustancial. (…) iv) Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado. (…) vi) Es un daño frente al cual se confirme el rol del juez de responsabilidad extracontractual como reparador integral de derechos vulnerados, sin desconocer que las indemnizaciones que tradicionalmente han venido siendo reconocidas impactan directa o indirectamente en los derechos de las víctimas; sin embargo, en tratándose de vulneraciones o afectaciones relevantes a derechos constitucional y convencionalmente amparados, se impone la necesidad de que el juez acuda a otras medidas, con el fin de reparar plenamente a las víctimas”. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988).

49 En el sistema interamericano de protección de derechos humanos también se ha admitido la posibilidad de imputar responsabilidad al Estado por violaciones de derechos humanos cometidos por agentes no estatales. En estos casos, el fundamento de la obligación de reparar se sustenta en el incumplimiento de las obligaciones de protección y garantía consignadas en el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sobre el particular, pueden consultarse, entre otras, las siguientes sentencias: caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006, párr. 123; caso de la masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005, párr. 111.

50 En este sentido, véase la sentencia el 11 de julio de 1996, Exp. 10.822, C. P. Daniel Suárez Hernández, mediante la cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte del comandante de guardia de la cárcel del municipio de Cañasgordas (Antioquia) durante un ataque armado perpetrado por presuntos guerrilleros, aprovechando las deficientes condiciones de seguridad que presentaba el establecimiento carcelario.

51 Este fue el título de imputación a partir del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia. Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias del 16 de febrero de 1995, Exp. 9040, C. P. Juan de Dios Montes; del 27 de junio de 1995, Exp. 9266, C. P. Juan de Dios Montes; del 3 de abril de 1995, Exp. 9459, C. P. Juan de Dios Montes; y del 29 de marzo de 1996, Exp. 10.920, C. P. Jesús María Carrillo.

52 La providencia del 12 de noviembre de 1993, Exp. 8233, C. P. Daniel Suárez Hernández, responsabiliza al Estado por los daños causados con la destrucción de un bus de transporte público por parte de la guerrilla del ELN, en protesta por el alza del servicio de transporte entre los municipios de Bucaramanga y Piedecuesta (Santander). A juicio de la Sala, el daño es imputable a título de falla del servicio porque, aunque la empresa transportadora no solicitó protección a las autoridades, éstas tenían conocimiento que en esa región “el alza del transporte genera reacciones violentas de parte de subversivos en contra de los vehículos con los cuales se presta ese servicio público”.

53 Esta fue la postura asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado al resolver la acción de reparación directa originada en la toma guerrillera a la base militar de Las Delicias en el departamento de Putumayo. Sentencia de 25 de mayo de 2011, Exp. 15838, 18075, 25212 (acumulados). C.P. Jaime Orlando Santofimio. En este caso la responsabilidad que se imputa al Estado “es por el resultado en atención a que i) no hubo o no se emplearon suficientes instrumentos de prevención (frente a lo que los altos mandos militares reflejan su omisión y desatención); ii) la calidad de la respuesta que se tuvo para defender a los miembros de la fuerza militar (…) fue limitada, tardía, insuficiente y propia de la falta absoluta de planeación y coordinación que exige la estrategia y desarrollo militar (pese a que nuestra fuerza militar tiene instituciones y forma a sus cuadros en escuelas militares de las mejores en el mundo), y; iii) a que el apoyo o reacción del Estado fue tardío, insuficiente y drásticamente limitado, lo que llevo a dejar sin alternativa alguna a los ciudadanos soldados, que produjo la muerte de uno de ellos y las lesiones de los otros dos. Por lo tanto, se sustenta dicha atribución, en su conjunto, en la falta absoluta de la “debida diligencia” que debía aplicar el Estado en el caso concreto de la toma de la Base Militar de Las Delicias por parte de un grupo armado insurgente”.

54 Sobre la teoría de la causalidad adecuada dentro del marco de la responsabilidad patrimonial extracontractual, la doctrina jurídica ha señalado: “a) Gravitación de la teoría. La doctrina de la “causa adecuada” adquirió gran predicamento y se la considera en la actualidad la posición dominante en la doctrina comparada en materia de relación causal, tanto en el campo penal como en el civil. (…) // b) Su mecánica. La “prognosis póstuma”. Dicha teoría aquilata la adecuación de la causa en función de la posibilidad y probabilidad de un resultado, atendiendo a lo que corrientemente acaece según lo indica la experiencia diaria en orden al curso ordinario de los acontecimientos id quos plerumque accidit.(…) // El concepto de causalidad adecuada implica, pues, el de regularidad, apreciada de conformidad con lo que acostumbra suceder en la vida misma. Es decir, para que exista relación causal, según la interpretación que comentamos, la acción tiene que ser idónea para producir el efecto operado, tiene que determinarlo normalmente (65). (…) // A fin de establecer la vinculación de causa efecto entre dos sucesos, es menester realizar un juicio retrospectivo de probabilidad, cuya formulación es la siguiente: ¿la acción u omisión que se juzga era per se apta o adecuada para provocar normalmente esa consecuencia?(…) // Este juicio de idoneidad o cálculo de probabilidades tiene que plantearse en abstracto, o en general, con prescindencia de lo efectivamente sucedido, atendiendo a lo que usualmente ocurre; y no en concreto o en particular, es decir, como se han producido realmente las cosas. // La determinación del fenómeno causal constituye de este modo el resultado de un proceso de abstracción y generalización que da relevancia a una de las condiciones del caso concreto, elevándola a la categoría de “causa” del evento. (…) // d) Fractura del nexo causal. La operatividad de la teoría que nos ocupa se condiciona a que todos los eslabones de la cadena sean adecuados, la regularidad debe existir en cada etapa del iter causal. Como bien lo señala ORGAZ “no basta establecer que la acción era en general idónea para producir el daño, sino que es además necesario que las circunstancias intermedias hayan sucedido también normalmente, sin la intervención de factores anómalos o extraordinarios. // Precisamente, la concurrencia de esos eventos disociantes interfieren el curso ordinario del proceso, interrumpiéndolo; se produce entonces la fractura del nexo causal. En tales hipótesis queda excluida la imputatio facti entre el resultado final y el suceso desencadenante de la trama de acontecimientos (73). // Nos hallamos ante lo que se denomina “proceso atípico o inadecuado”: los efectos anormales no se atribuyen ya al agente, pues no se consideran causado por su acción, aunque en concreto ese obrar haya constituido una condictio sine qua non del desmedro resultante (74). (…) // En otras hipótesis el proceso puede verse alterado o desviado de su curso normal por circunstancias anteriores o concomitantes que concurren a la producción del efecto”. Isodoro Goldenberg. “La relación de Causalidad en la Responsabilidad Civil”, segunda edición ampliada y con actualización jurisprudencial, editorial La Ley, Buenos Aires, 2000, p. 22-27.

55 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de mayo de 1994, Exp. 7616, actor: Edelmira Bernal de Lobo, C. P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia del 26 de mayo de 1994, Exp. 8930, actor: María Elena Zabala Betancur, C. P. Daniel Suárez Hernández. En este sentido, recientemente se ha señalado: “A propósito del vínculo causal entre la omisión y el daño, la Sala precisó que en este tipo de eventos lo decisivo es la omisión de la conducta debida, que de haberse realizado habría interrumpido el proceso causal impidiendo la producción de la lesión (nota al pie Nº 10: ““... conforme a los principios decantados por la jurisprudencia nacional, la relación de causalidad sólo tiene relevancia para el derecho cuando responde a criterios de naturaleza jurídica, más allá de la simple vinculación física entre un comportamiento y un resultado; así, no parece necesario recurrir al análisis de la “virtualidad causal de la acción”, propuesto por el profesor Entrena Cuesta, para reemplazar el citado elemento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio de que dicho análisis resulte útil para demostrar, por la vía de un argumento activo, el nexo adecuado existente entre la omisión y el daño producido. A ello alude, precisamente, la determinación de la posibilidad que tenía la administración para evitar el daño”. Sentencia de 21 de febrero de 2002, Exp. 12.789, M. P. Alier Hernández Enríquez)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de agosto de 2012, Exp. 05001-23-31-000-1996-00409-01(25041), actor: Juan Ramón Molina Balbin, C. P. Danilo Rojas Betancourth.

56 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 26 de septiembre de 2002, Exp. 14.122, M. P. Ricardo Hoyos Duque; ibídem supra nota Nº 15, Exp. 25041, C. P. Danilo Rojas Betancourth.

57 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de septiembre de 1997, Exp. 11764, C. P. Carlos Betancur Jaramillo. Ver también: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 2014, Exp. 35194, C. P. Ramiro Pazos Guerrero.

58 “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (…). // Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

59 “1. Los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. // 2. Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano”.

60 “Teniendo en cuenta el título de imputación alegado en la demanda, cabe destacar que tratándose de los daños sufridos por las víctimas de hechos violentos cometidos por terceros, ha considerado la Sala que los mismos son imputables al Estado cuando en la producción del hecho intervino la administración, a través de una acción u omisión constitutivas de falla del servicio, como en los eventos en los cuales el hecho se produce con la complicidad de miembros activos del Estado, o cuando la persona contra quien iba dirigido el acto había solicitado protección a las autoridades y éstas no se la brindaron, o porque en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó ninguna actuación dirigida a su protección (…)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, Exp. 18001-23-31-000-1997-00007-01(18106), C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

61 “La Ley organizará el cuerpo de policía. // La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

62 “La Policía Nacional es un cuerpo armado, permanente, de naturaleza civil. Su misión es contribuir a las necesidades de seguridad y tranquilidad públicas, mediante un efectivo servicio, fundamentado en la prevención, investigación y control de los delitos y contravenciones, generando una cultura de solidaridad que permita el mantenimiento de las condiciones necesarias para que los habitantes de Colombia puedan ejercer los derechos y libertades públicas”.

63 “Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”.

64 “1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. // 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. // 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley”.

65 Aprobada mediante la Ley 16 de 1972.

66 “1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. // 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”.

67 “El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años”.

68 “La pena será prisión de tres (3) a ocho (8) años, si el hurto se cometiere: // 1. Con violencia sobre las cosas. // 2. Colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de tales condiciones”.

69 De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecerán en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (…)”. El Consejo de Estado ha tenido oportunidad de pronunciarse en relación con el carácter absoluto e inviolable del derecho a la vida de las personas, en aplicación de las normas del derecho interno integradas al derecho internacional de los derechos humanos. Esos criterios fueron consignados en las siguientes providencias: Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, Exp. 05001-23-26-000-1993-00134-01(16974); sentencia del 23 de agosto de 2010, Exp. 05001-23-25-000-1995-00339-01(18480).

70 Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 20 de enero de 1989, caso Godínez Cruz, sentencia del 21 de enero de 1994, caso Gangaram Panday.

71 [9] Así lo reconocen autores como Alvaro Pérez Vives: “Tienen, como vimos, estas obligaciones de resultado, la característica de que su inejecución constituye incumplimiento de ellas, haciendo incurso al deudor en culpa contractual, si se originaron en un vínculo de tal naturaleza, o extracontractual, en el caso contrario (v.g., la que se deriva del art.2356 C.C.” en Teoría General de las Obligaciones. Santafé de Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1957, Volumen III, parte segunda, pág. 164. En este sentido también, Christian Larroumet: “… se debe considerar que la distinción entre las dos clases de obligaciones tiene aptitud para ir más allá de las solas obligaciones contractuales y comprender así todas las obligaciones, cualquiera que sea su hecho generador, tanto las que resultan de un hecho jurídico como las que se derivan de un acto jurídico” en Teoría General del Contrato. Santafé de Bogotá, Ed. Temis, 1993, Volumen I, Pág. 39.

72 [10] Al respecto ver Javier Tamayo Jaramillo, op. Cit. Pág. 194.

73 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de junio de 1998, Exp. 10530, actor; Mirelda Acota Vásquez y otras, C. P. Ricardo Hoyos Duque.

74 [17] Precisión realizada por la Sala en providencia de 10 de agosto de 2000, Exp. 11.585.

75 [18] Así, por ejemplo, en sentencia de 11 de octubre de 1990, Exp. 5737, dijo la Sala “Es cierto que en los términos del artículo 16 de la Constitución Política las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes y que a partir de este texto se fundamente la responsabilidad del Estado, pero también lo es que esa responsabilidad no resulta automáticamente declarada cada vez que una persona es afectada en tales bienes pues la determinación de la falla que se presente en el cumplimiento de tal obligación depende en cada caso de la apreciación a que llegue el juzgador acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como se hubieren sucedido los hechos así como de los recursos con que contaba la administración para prestar el servicio, para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella no tiene justificación alguna, todo dentro de la idea de que “nadie es obligado a lo imposible”. Así lo ha reconocido en varias oportunidades esta Sala y al efecto puede citarse la sentencia del 7 de diciembre de 1977 en donde dijo: “Hay responsabilidad en los casos en que la falta o falla administrativa es el resultado de omisiones actuaciones, extralimitaciones en los servicios que el Estado está en capacidad de prestar a los asociados, mas no en los casos en que la falta tiene su causa en la imposibilidad absoluta por parte de los entes estatales de prestar un determinado servicio”. (Exp. 1564, Actor: Flota La Macarena, Anales, Segundo Semestre 1977, pág. 605). Si bien es cierto que en esta materia el juez de la administración debe tener en cuenta que “la pobreza [del Estado] no lo excusa de sus obligaciones”, ello no quiere decir que en cada caso concreto no deba tener en cuenta por ejemplo, las disponibilidades con que pueda disponer el ente demandado para cumplir con las funciones que le correspondan, como sería en eventos como de sub lite, la consideración de la imposibilidad de tener fuerza policial disponible en forma más o menos permanente en cada una de las cuadras en que están divididas las avenidas, calles y carreras de una ciudad como Bogotá y con mayor razón cuando una parte importante de aquella tiene que ser destacada en un lugar donde se estén desarrollando desórdenes o tumultos. Con esto, naturalmente no se quiere significar que la apreciación del juez sobre las anotadas circunstancias de tiempo, modo y lugar deba ser benigna (por el contrario, debe ser rigurosa), pero sin olvidar la máxima expuesta acerca de la no obligatoriedad a lo imposible y teniendo siempre presente que dicha máxima jamás debería utilizarse para justificar una indefensión de la administración al deber de protección a la vida de los ciudadanos, valor fundamental de un Estado de derecho”.

76 [19] En sentencia de 14 de mayo de 1998, Exp. 12.175, dijo la Sala: “... si bien es cierto esta corporación ha sostenido que dentro de la filosofía del Estado social de derecho no es posible responsabilizar al Estado colombiano por todo tipo de falencias que las circunstancias de pobreza del país evidencian en multitud de casos “pues el juez tiene que ser consciente de la realidad social en que vive, y no dejarse deslumbrar por el universo que tienen las palabras o conceptos políticos o jurídicos”, de allí no puede seguirse, como corolario obligado, que los daños que padecen los ciudadanos por vivir expuestos a situaciones de peligro permanente hayan de quedar siempre librados a la suerte de cada cual. En efecto, las implicaciones y el grado de compromiso que el Estado constitucional contemporáneo exige para todas las autoridades públicas supone un análisis de cada caso concreto en procura de indagar si la denominada falla del servicio relativa, libera a éstas de su eventual responsabilidad. Dicho en otros términos, no es aceptable que frente a situaciones concretas de peligro para los ciudadanos, estudiadas y diagnosticadas de vieja data, pueda invocarse una suerte de exoneración general por la tan socorrida, como real, deficiencia presupuestal”.

77 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de abril de 2011, Exp. 17001-23-31-000-1996-7003-01(20374), C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

78 “Son ramas del poder público la legislativa, la ejecutiva y la judicial. // Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. // Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”.

79 En sentencia de unificación, la Sala Plena de la Sección Tercera reconoció la importancia del deber de coordinación de las entidades estatales para efectos de estimar procedente la valoración de testimonios trasladados de otros procedimientos que, a pesar de que no fueran recepcionados o practicados con la audiencia del órgano específico de la Nación que integrara la litis de lo contencioso administrativo pertinente, lo eran por un ente del mismo orden e integrante de la misma persona jurídica Nación, ante lo que se debía entender agotada la contradicción de dichos medios probatorios. Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 11 de septiembre de 2013, Exp. 41001-23-31-000-1994-07654-01 (20601), C. P. Danilo Rojas Betancourth. Igualmente, respecto del deber de colaboración de cara a la obligación de protección de los órganos que integran el Estado, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 8 de julio de 2016, Exp. 50001-23-31-000-2000-00162-01(31987), C. P. Danilo Rojas Betancourth.

80 Cabe señalar que a pesar de que la parte demandante alegó que una condición especial se derivaba de que el señor Enrique Martínez Vergara era hermano del exgobernador del departamento de Sucre, conviene aclarar que (i) dicha circunstancia no se encuentra debidamente probada, comoquiera que no se allegaron los medios probatorios conducentes con fundamento en los cuales se puede dar por acreditada dicha relación de parentesco, a saber, los certificados de nacimiento de él y de su supuesto hermano, y (ii) en cualquier caso, ello no bastaría para inferir que el hurto se produjo a raíz del vínculo en comento y del cargo estatal que aquél habría desempeñado, máxime cuando no se cuenta con medio probatorio alguno que permita inferir la motivación del robo más allá del interés económico de la guerrilla.

81 Centro Nacional de Memoria Histórica, “La Tierra en Disputa”, p. 19 y 20. Consultado en:http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2010/tierra_conflicto/resumen-tierra-disputa.pdf, el 21 de marzo de 2017.

82 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 6 de diciembre de 2013, Exp. 25000-23-26-000-2001-01462-01(27519), C. P. Danilo Rojas Betancourth.

83 “Artículo 172. Condenas en abstracto. “Subrogado por el artículo 56 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:” Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se hará en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en los artículos 178 del Código Contencioso Administrativo y 137 del Código de Procedimiento Civil. // Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de aquel o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el juez rechazará de plano la liquidación extemporánea. Dicho auto es susceptible del recurso de apelación”.

84 Así lo ha hecho la Sala en otras oportunidades de condena en abstracto. Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 9 de octubre de 2014, Exp. 50001-23-31-000-2001-00106-01(27438), C. P. Danilo Rojas Betancourth.

85 En término similares, se ha dicho: “En consecuencia, en el incidente respectivo con las pruebas de los momentos en que fue privado y dejado en libertad el señor Israel Alfonso Pardo Turriago y que como se señaló, deberán ser aportadas por el accionante, (i) se calculará el detrimento en comento con el salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de que se efectúe la estimación correspondiente por el tribunal a quo –bajo la lógica de que ese valor sea superior a la actualización del salario mínimo mensual legal vigente a la fecha en que se defina el incidente–, adicionado en un 25% por prestaciones sociales, para lo que no se puede perder de vista que el trámite incidental de la liquidación de una condena en abstracto no puede configurarse en una etapa adicional para que el demandante demuestre aspectos que pudiendo haber acreditado en el tiempo debido no lo hubiese hecho, de tal forma que no será de recibo prueba alguna tendiente a establecer el salario mensual que devengaba el señor Pardo Turriago con sus correspondientes prestaciones sociales para el momento en que fue privado de la libertad (…)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de marzo de 2015, Exp. 25000-23-26-000-2003-000342-01(31541), C. P. Danilo Rojas Betancourth.

86 [18] Conforme a la jurisprudencia de la corporación, en el afectado recae una carga de recomponer la actividad económica que desarrollaba y por ende, se ha estimado que el término de seis meses constituye un lapso prudencial para su recuperación. Ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de diciembre de 2013, Exp. 27.966, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo. Ver además: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 3 de septiembre de 2015, Exp. 35.834, M. P. Stella Conto Díaz Del Castillo.

87 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 1º de junio de 2017, Exp. 07001-23-31-000-2004-00198-01(35197), C. P. Ramiro Pazos Guerrero.

88 El señor Luis Carlos Márquez Racini manifestó: “Enrique sufrió muchísimo especialmente en la parte anímica la pérdida sufrida allí, como él me decía casi citándolo textualmente la parte económica se puede reparar, pero el amor el cariño las ilusiones que él había cifrado en el trabajo denotado y esforzado que había hecho (sic) era difícil de superar, ya la frustración había hecho mella en él” (fl. 248, c. 1). En forma similar se pronunciaron algunos de los demás testigos.

89 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de febrero de 2009, Exp. 63001-23-31-000-1998-00622-00(16980), actor: Rodrigo Rodríguez Estrada, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.