Sentencia 2003-00502 de diciembre 16 de 2010

 

Sentencia 2003-00502 de diciembre 16 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref. C-0500131030072003-00502-01

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar

Bogotá, D.C., dieciséis de diciembre de dos mil diez.

Se decide el recurso de casación que interpuso Dora de Jesús Ángel Arbeláez, respecto de la sentencia de 5 de febrero de 2009, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil, en el proceso ordinario de Michelle Ángel Carmona contra la recurrente y herederos indeterminados de Eusebio Ángel Arbeláez, antes Eusebio Quintana León.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Las prerrogativas de que están investidos los juzgadores, es cierto, no pueden ser ejercidas de cualquier modo, sino dentro del preciso marco señalado por el legislador. De ahí que en atención al principio dispositivo que inspira el proceso civil, la competencia se encuentra restringida, en línea general, a los temas que han sido propuestos en la demanda y su contestación, lo mismo que a las excepciones de mérito, salvo que se trate de asuntos que por disposición de la ley pueda o deba decidir de oficio, so pena de usurpar la iniciativa que corresponde a las partes, únicas, por lo demás, llamadas a dimensionar el daño que por acción u omisión reciben y a identificar su fuente.

Por esto, con el fin de asegurar el derecho fundamental a un debido proceso, en cuanto los jueces no pueden actuar de manera inopinada, sino que sus decisiones deben estar precedidas de un escenario donde se haya brindado las garantías mínimas de defensa y contradicción, el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, los obliga a proferir las sentencias en “consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”.

Desde luego, como esas directrices envuelven reglas de actividad o de construcción formal, su trasgresión no puede plantearse en la órbita del juzgamiento del caso. La incongruencia, por lo tanto, sólo se estructura, tratándose de la objetiva, en los eventos en que se peca por exceso o por defecto (ultra, extra o mínima petita), y de la fáctica, cuando se imaginan o se inventan los hechos, pero no cuando se tergiversan(1).

En esa línea, la Corte tiene explicado que el yerro in procedendo se presenta en los casos en que el “fallador, sin referirse a los términos ni al contenido de la demanda, esto es sin mediar ningún juicio sobre la misma ni sobre la interpretación que debe dársele, decide el litigio a partir de peticiones no formuladas en la demanda, ni expresa ni implícitamente, a las cuales alude el fallo de sopetón y de modo inopinado para las partes. Revelándose allí un proceder que, por abrupto, muestra inmediatamente la transgresión de los límites que configuran el litigio a conocimiento de la jurisdicción .

“Si por el contrario, el sentenciador se pronuncia en un determinado sentido como consecuencia de haber apreciado e interpretado la demanda, a raíz de lo cual fija los hechos y peticiones de la misma que en su sentir estructuran la disputa judicial de que conoce, y como consecuencia de ese ejercicio cae en la equivocación consistente en considerar uno o varios hechos ajenos a la causa o en definir una petición que no le ha sido formulada, deviene la ocurrencia de un error de juicio —error in judicando—, como que en tal caso el fallador no ha obrado de manera impensada, para cuya enmienda se halla establecida la causal primera de casación”(2).

2. En el caso, como se recuerda, el tribunal, para decidir como lo hizo, dejó sentado que si bien la demanda, literalmente, no contenía una pretensión sobre la “inexistencia del acto jurídico”, también era cierto que su interpretación permitía concluir que ese pedimento fue demandado.

En su sentir, porque de la lectura de los hechos sexto, séptimo y octavo, se advertía que allí no se alegaba ninguna ilicitud, sino una irregularidad de mayor talante, pues cuando la pretensora afirmó que “no existía una deuda que sirviera de causa a la dación en pago”, significaba que ese acto jurídico era “inexistente”. Luego, si esos hechos servían de soporte a una pretensión, se entendía que cuando pidió la “declaratoria de nulidad, en vez de un pronunciamiento sobre la validez”, lo que estaba solicitando era una decisión acerca de su “existencia”.

En esa medida, el ad quem no pudo cometer el error de actividad que se le imputa, porque los mismos supuestos de facto invocados en el libelo genitor, fueron los que sirvieron de base para fijar su sentido y alcance. Distinto es que esa no sea la interpretación que debía dársele a tales hechos, caso en el cual el yerro sería de juzgamiento y no de procedimiento.

3. Por lo demás, no debe pasarse por alto que así no se hubiere demandado, literal o expresamente, la “inexistencia” del acto o contrato, el tribunal, a partir de los hechos que dejó fijados, igualmente superó ese escollo, al encontrar que con o sin pretensión tal, su competencia para el efecto surgía oficiosa, pues si la ley lo facultaba para proceder de conformidad, tratándose de la “nulidad absoluta”, con mayor razón lo era para aquella, como quiera que dicha “inexistencia” constituía una irregularidad de mayor talante. Conclusión que, con independencia del acierto, se torna ahora inmodificable, porque al no haber sido refutada por la recurrente, debe tenerse como pacífica en casación.

4. La acusación, en consecuencia, no prospera.

Cargo tercero

1. Entre otros, denuncia la violación indirecta de los artículos 34, 474, 1310, 1312, 1366, 1367, 1434, 1441, 1469, 1483, 1484, 1491, 1527, 1625 a 1627, 1740, 1741, 1757, 1771 y 1772 del Código Civil; 746, 747, 757, 793 y 844 del estatuto tributario; 174, 175, 187, 195, 251, 252, 253, 258, 264, 277, 241, 305, 418, 419 599 y 681 del Código de Procedimiento Civil.

2. Sostiene la recurrente que lo anterior ocurrió a raíz de la comisión por parte del tribunal de los siguientes errores de facto y de derecho probatorios:

2.1. Apreció equivocadamente la demanda, al concluir, fundado en los hechos quinto a octavo, que la pretensión introducida había sido la inexistencia de la dación en pago, distinta en todo caso a la nulidad absoluta claramente planteada y contestada, bien por simulación, ya por objeto ilícito, de donde, so pretexto de fijar su verdadero sentido, resultó alterándolo.

2.2. Exigió como medio idóneo para establecer los pasivos hereditarios, los inventarios y avalúos, siendo que ninguna norma lo limita, por el contrario, los acreedores cuentan con varios mecanismos para hacer valer sus créditos, antes o después del proceso de sucesión, inclusive al interior del mismo, según a espacio lo explica, menos cuando esa diligencia no descarta la existencia de otras deudas civiles, inclusive de índole natural, como las que no han sido reconocidas judicialmente por falta de prueba o las contraídas por menores adultos, como en el caso, pues para la época la demandante tenía “más de 17 años”.

2.3. Es cierto que el albacea con tenencia de bienes debe rendir cuentas en escenarios judiciales, pero como no existe expresa prohibición de hacerlo personal y directamente a sus destinatarios, aquello no puede erigirse, cual lo exigió, en el único medio conducente para encontrar saldos contra estos.

2.4. La conclusión sobre la inexistencia de las deudas que sirvieran de sustento a la dación en pago, es producto de tergiversar el interrogatorio de la codemandada, pues esta nunca dijo que su hijo adoptivo era acreedor de la actora, simplemente señaló que lo hizo figurar como propietario del 50% de la casa.

Así mismo, omitió la escritura de dación en pago, cuyo contenido no fue desvirtuado; las capitulaciones matrimoniales de la demandante y su esposo imponiendo un régimen de separación de bienes, con lo cual se infirma que el contrato atacado haya tenido por mira evitar la dilapidación de bienes; las declaraciones tributarias del de cujus, de la actora y de los demandados, donde se reconoce lo adeudado, y las demás pruebas derivadas de estas, como el informe de Sergio Bayron Mesa Acevedo, en la condición de albacea y contador, sobre que la carencia de efectivo para cubrir obligaciones del causante y los gastos que este traía, motivó que fuera suministrado por la convocada, y la certificación expedida por la contadora Gloria Inés Sánchez Ortega, quien elaboró esas declaraciones, acerca de la existencia de recíprocas cuentas por cobrar y pagar.

Del mismo modo, al pasar por alto los testimonios de Rudorico Bedoya Reaza, uno de los abogados de la sucesión, y de la precitada contadora, quienes, en términos generales, dan cuenta que los honorarios de abogado y del albacea testamentario, así como los impuestos y demás gastos de la sucesión, fueron sufragados por la codemandada. Igualmente, la declaración de María Teresa Londoño Duque, ex compañera del causante, quien confirma que la sucesión se realizó de común acuerdo entre los herederos y que la demandante recibió como parte de la dación en pago un apartamento, así haya figurado como compraventa.

Finalmente, al no observar el dictamen pericial, donde, luego del estudio pormenorizado de las declaraciones de renta de la demandante y de los demandados, de los informes del contador y del albacea, citados, entre otras pruebas, concluyó que la suma adeudada por la demandante a su tía, para el año de 2002, ascendía a la suma de $ 269’729.762.

2.5. Pretirió que la no inclusión en los inventarios y avalúos de unos pasivos correlacionados y gastos de la sucesión notarial, se debió a acuerdos logrados por conveniencia entre los interesados, en cuanto los pagaría la demandante al resultar más beneficiada con las adjudicaciones. Así lo declararon la contadora y el abogado arriba referidos (sic), quienes igualmente supieron de otras fórmulas ajustadas, que se explican, para zanjar diferencias.

En coherencia, se desconoció que los créditos en contra de la sucesión y los gastos del proceso no necesariamente debían ser asumidos por todos los interesados, a prorrata de las asignaciones, pues todo ello, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, podía ser objeto de acuerdos, contratos, compensaciones, en fin, como en efecto ocurrió.

3. Manifiesta la recurrente que si el tribunal no incurre en los errores denunciados, habría concluido, respecto de la apreciación de la demanda, que no podía darle la inteligencia que describe; y de las otras pruebas, de una parte, que sí existían créditos a favor de la codemandada, por deudas hereditarias y gastos de la sucesión, incluyendo los derivados de la administración de los bienes de la pupila, y de otra, que por acuerdo de los interesados todo sería pagado por esta.

4. Solicita, por lo tanto, que se case la sentencia impugnada y que en instancia se nieguen las pretensiones.

Consideraciones

1. Al margen de la distinción entre nulidad absoluta e inexistencia de un acto o contrato, cuestión que la demandada recurrente aborda en el cargo primero, cumple señalar que el error de hecho en la apreciación del libelo genitor del proceso, en últimas, se hizo cabalgar sobre la base de haberse impedido enfrentar el entendimiento que, para decidir como lo hizo, al mismo le dio el tribunal, pues cual lo reitera, la oposición se edificó en torno a la pretensión efectivamente planteada.

1.1. Es conocido, conforme al llamado sistema de la sustanciación, que al ser el escrito de demanda el lugar donde se concretan las pretensiones y los hechos que le sirven de soporte, el demandante debe determinar unas y otros, en orden a fijar los contenidos de defensa y contradicción, al igual que el marco dentro del cual la jurisdicción debe discurrir su actividad.

Se trata, entonces, de sintonizar a todos los sujetos procesales sobre lo mismo, en los aspectos relevantes materia de controversia, suficientes por sí, al decir de la Corte, para “poner al descubierto desde un principio la conexión que debe haber entre el estado de cosas antecedente que originó el litigio, el fin que se aspira alcanzar al entablar la demanda y el tipo de pronunciamiento que se solicita para que sobre ella recaiga”(3).

Logrado ese consenso, se comprende, desde luego, que ninguna polémica se puede suscitar al respecto, porque el acuerdo alrededor de la materia discutida, supone que el libelo fue claro y preciso, o que a pesar de ser ambiguo u oscuro, su inteligencia no fue difícil superar. Ahora, si dentro de ese marco dialéctico fue definido el pleito, esto elimina por completo cualquier error de hecho en la apreciación de la demanda, en el entendido que la decisión no pudo ser inesperada o sorpresiva.

1.2. Frente a lo anterior, el tribunal no pudo incurrir en el yerro endilgado, porque como lo señaló, el libelo no se limitó a la nulidad absoluta de la dación en pago, bien por simulación, ya por objeto ilícito, lo cual efectivamente fue enfrentado, sino que también se extendió a la ausencia de contraprestación, en cuanto según los hechos sexto a octavo, en general, la demandante había alegado que “nada debía” a los demandados.

Por supuesto que esto último tampoco pudo ser súbito o intempestivo para la recurrente, puesto que en la réplica al escrito introductor, en forma expresa defendió los créditos que dice se extinguieron con el contrato impugnado. Obsérvese cómo al contestar el hecho sexto, se aplicó a mostrar, con referencia a varias pruebas, “históricamente”, desde 1998, el origen de las “deudas contraídas por la señora Michelle Ángel C.”, a tal punto que en los alegatos de instancia dedicó toda su atención a poner de presente que la dación en pago no era una farsa y que tenía por objeto el pago de unas obligaciones.

1.3. El juzgador, es cierto, reconoció que, literalmente, la pretensión declarada, no había sido formulada, pero aunado a la competencia oficiosa que encontró, debe decirse que como la “inexistencia” de un acto o contrato responde a una categoría jurídica, su empleo por la demandante, en forma sacramental o en un campo determinado de la demanda, se tornaba irrelevante, pues lo esencial era que aparecieran expuestos en su texto los hechos que le servían de fundamento, para que sea el sentenciador, por ser de su exclusivo resorte, quien haga la atribución o imputación jurídica correspondiente.

Como tiene explicado la Sala, “más que la forma de su exposición, más que el título o sección del libelo donde se plasme, lo relevante es que el actor refiera ese elemento causal de la pretensión, porque sin él no quedaría adecuadamente definido su marco ni el del objeto del proceso, como tampoco la senda del juzgamiento. A ese respecto no es permisible olvidar que no existe ‘en nuestra legislación procedimiental un sistema rígido y sacramental que obligue al demandante a señalar en determinada parte de la demanda o con fórmulas especiales su intención, sino que basta que aquella aparezca claramente del libelo, ya de manera directa o expresa, ya por una interpretación lógica basada en conjunto de la demanda (…)’. Al fin y al cabo, como componentes que son de un todo, los diversos acápites de ese escrito rector del proceso han de articularse, correlacionarse, porque sólo de esa conjunción puede brotar la voluntad que realmente quiso expresar su autor al estructurarla”(4).

Si en la demanda, por lo tanto, se alegó, en general, que la dación en pago no había tenido contraprestación alguna, pues la demandante “nada debía” a los demandados, no resultaba equivocado interpretar que ahí se estaba afirmando la falta de causa. Ahora, si esos hechos, confutados por el extremo demandado, efectivamente soportaban una pretensión, distinta, por supuesto, es la consecuencia jurídica respectiva, en el caso, “inexistencia”, en lugar de “nulidad absoluta”, cuestión que, por lo dicho, escapa a la apreciación del libelo introductor.

2. En ese orden, pasa a examinarse, como se alega en el resto de la acusación, si la conclusión del ad quem, relativa a que en el “proceso quedó acreditado que la deuda que sirvió de soporte a la dación en pago [era] inexistente”, fue el resultado de una equivocada apreciación probatoria.

2.1. Con relación a los errores de derecho denunciados, la lógica del ataque supone que la existencia de las obligaciones que se dice fueron extinguidas con la transferencia del inmueble de que se trata, se había demostrado con otras pruebas, sólo que el sentenciador de segundo grado les restó eficacia probatoria, al considerar que tales medios no eran idóneos para acreditar los hechos a que se referían, porque esos yerros, al decir de la Corte, suelen presentarse, entre otras hipótesis, “cuando el sentenciador exige para la justificación de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere”(5).

2.1.1. En el caso, si el tribunal concluyó que las obligaciones que soportaban la dación en pago, no existían, pues en contra de lo consignado en la respectiva escritura pública, no se habían acreditado, salta de bulto, sin más, que el hecho positivo contrario no pudo dejarlo por demostrado con alguna prueba que haya calificado de inconducente. Esto significa que el error de derecho que se enarboló alrededor de la diligencia de inventarios y avalúos en la sucesión de Reinel Darío Ángel Arbeláez, así como de la rendición de cuentas por parte de los albaceas, se descarta por completo.

2.1.2. El sentenciador, con todo, no incurrió en ningún yerro probatorio al respecto, porque una cosa es la existencia de las obligaciones y otra, distinta, su no inclusión, por las circunstancias que fueren, en el pasivo de la sucesión, bien como deudas hereditarias, ya como gastos de la misma.

a) En esa medida, resulta equivocado sostener que en el punto el principio de libertad probatoria fue restringido. El juzgador, desde luego, nunca dijo que la “única prueba procedente para establecer la existencia de las deudas hereditarias”, era mediante la “inclusión” de estas en esa diligencia, por el contrario, señaló que si por “cualquier circunstancia quedó un pasivo sin incluir en el trámite de la sucesión, más concretamente, en los inventarios y avalúos y, posteriormente, en el trabajo de partición y adjudicación”, su pago tenía que sujetarse a otras reglas, en principio, como deuda de cuota, que es algo sustancial y totalmente diferente.

b) Lo mismo se predica de las cuentas por parte de quienes se encontraban obligados a rendirlas, entre otros, los albaceas o los tutores o curadores, porque si el objeto de las mismas, al decir de la Corte, consiste en “saber quién debe a quién y cuánto, cuál de las partes es acreedora y deudora, declarando un saldo a favor de una de ellas y a cargo de la otra”(6), esto presupone que es el colofón de su comprobación.

Si bien, establecida la deuda implica que su pago es dable exigirlo, conviene dejar bien claro que a ese resultado no necesariamente se debe arribar judicialmente, sino que también puede ser el fruto de una composición amigable. Por esto, cuando el tribunal señaló que la “única forma” de establecer los saldos, era mediante la rendición de cuentas, no otra cosa refería que a ese cometido podía llegarse por caminos diferentes.

Por supuesto que cuando indicó que en caso de que existieran “diferencias entre el albacea y los herederos” en torno a las cuentas, vale decir, en el evento de no existir acuerdo, las mismas se tendrían que “rendir a través de un proceso”, el juzgador de manera alguna estaba limitando su establecimiento a un medio o modo determinado, como el judicial. Distinto es que pese a su finiquito, según las pruebas existentes en el expediente que así lo indicaban, haya dicho que en el “proceso no se acreditó que la demandada (…), hubiera hecho rendición de cuentas”, pero nada de ello fue abordado en casación.

2.2. En cuanto a los errores de hecho probatorios, aplicada la recurrente, de una parte, a poner de presente la existencia de las deudas que se pagaron con el inmueble en cuestión, así hayan sido marginadas de los pasivos de la sucesión, y de otra, a mostrar los convenios a que arribaron los interesados para que fueran canceladas por la ahora demandante, se comprende que esos hechos se encontraban demostrados en el plenario, sólo que, según se observaba a “simple vista”, es decir, “sin mayor esfuerzo ni raciocinio”(7), las pruebas que lo indicaban fueron preteridas o tergiversadas.

Los “acuerdos o compromisos” acerca del pago de las deudas hereditarias y de los gastos de la sucesión, presupone que unas y otros existían, puesto que esto último es el ingrediente de aquello. Por esto, se impone, ante todo, elucidar ese tópico, esto es, si los medios de convicción que el tribunal, con relación al pago, consideró innecesario examinar, u otras pruebas, acreditaban la existencia de las obligaciones.

2.2.1. En el fallo censurado se dejó sentado, en general, que los pasivos de la sucesión que se describieron en la “réplica a la demanda” “[no] fueron probados en el proceso, pues ni siquiera se invocó la existencia de un título ejecutivo que las contenga o se acreditaron por otros medios de convicción”.

Frente a lo anterior, el sentenciador, sin más, no pudo incurrir, en los errores que por preterición se le imputan, porque al hacer referencia genérica al caudal probatorio, se entiende que todos los medios existentes en el proceso fueron valorados. En ese sentido, la Corte tiene explicado que la “mera circunstancia de que en un fallo no se cite determinada prueba o parte del contenido de la misma, no implica error manifiesto de hecho, a menos que de haber apreciado el ad quem tal medio de convicción, la conclusión del pronunciamiento ciertamente hubiere tenido que ser distinta a la adoptada por el fallador”(8).

2.2.2. Con todo, pasa a estudiarse si los medios que se singularizan en el cargo y que se dice fueron omitidos, ponen de presente la existencia de las obligaciones que se investigan.

a) Para tal efecto, pertinente resulta señalar que al afirmar la recurrente, relativo al dictamen pericial, a los informes del albacea Sergio Bayron Mesa Acevedo y de la contadora Gloria Inés Sánchez Ortega, así como al testimonio de esta, que dichas pruebas, entre otras, se encontraban “fundamentadas” en las “declaraciones de renta”, se impone examinar, antes que todo, los errores que se enarbolaron alrededor de estas últimas, porque si el tribunal no se equivocó al pasarlas por alto, tampoco pudo cometer yerro alguno al dejar de apreciar los medios que pendían de las mismas.

Los documentos en cuestión se encuentran en el expediente en copia informal, pues los solicitados a la DIAN, autenticados, no se allegaron, dada la reserva legal. Si esa circunstancia, en consecuencia, era óbice para valorarlos, según lo previsto en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, el sentenciador no se equivocó al omitirlos, porque al margen de su contenido, ninguna consecuencia podía extraer de los mismos.

Ahora, si se entiende superado lo anterior, dado que alrededor de dichas pruebas nadie formuló oposición, los errores tampoco se estructuran. Si bien las mismas gozan de presunción de certeza, “siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley lo exija” (E.T. art. 746), lo único que aparece en contra de la actora, que la desfavorece (C.P.C. art. 195, num. 2º), es la inclusión de una suma global en el pasivo, pero esto no significa, necesariamente, que el acreedor del mismo sea la demandada, pues también pueden ser otras personas, así ciertas cifras coincidan con las declaraciones de renta de ella y de su hijo adoptivo, las cuales, en todo caso, como es natural entenderlo, no le serían oponibles.

La relación del pasivo, desde luego, sólo indica las obligaciones o deudas totales que afectan el patrimonio bruto del contribuyente, personales o de su actividad económica, mas no es la prueba de la existencia de cada una en particular. Por esto, el artículo 283 del estatuto tributario, exige que estén “debidamente respaldadas por documentos de fecha cierta”, cuando no existe la obligación de llevar libros de contabilidad, o por “documentos idóneos y con el lleno de todas las formalidades exigidas para la contabilidad”.

b) Descartados, entonces, los errores probatorios que se predican de las declaraciones tributarias, lo mismo debe concluirse, por lo dicho, de las pruebas que aparecían “fundamentadas” en esos documentos. No obstante, como pasa a verse, ninguna acredita la existencia de los pasivos que no se incluyeron en los inventarios y avalúos en la sucesión de Reinel Darío Ángel Arbeláez.

El dictamen pericial, por cuanto el estudio se circunscribió a las mentadas declaraciones de renta. El informe de Sergio Bayron Mesa Acevedo, al ser incierto y discutido, pues al margen de los gastos y deudas que afirma, lo limita al “marco de las actividades de albaceazgo”, sin que nada sea definitivo, de una parte, cuando sugiere que las partes deben concertar “cuáles efectivamente se van a reconocer o no”, y de otra, al indicar que los valores están pendientes de “análisis” para el “reconocimiento y aprobación” de la demandante.

El testimonio y la certificación de la contadora Gloria Inés Sánchez Ortega, porque se trata de hechos que no ha percibido. En efecto, los “gastos de sucesión $ 153’800.420”, los relaciona con el “informe del albacea…Sergio Mesa”, cuestión que como quedó dicho, además de ser incierta y discutida, no es definitiva; el “mantenimiento a la finca $ 83’920.342”, en vida del causante, lo menciona por figurar en la declaración de renta, la cual, por si sola, según lo expuesto, no es prueba de la existencia de las obligaciones; y los “honorarios a Ruderico Bedoya R. $ 32’000.000”, los incluyen, según la mentada certificación, por el “informe” de la misma demandada, cuando como bien es sabido, esta no puede crearse su propia prueba.

c) El abogado de la demandante en la sucesión, entonces menor, según se afirma en el trabajo de partición, doctor Ruderico Bedoya Reaza, es cierto, declaró que la demandada, curadora de aquella, realizó todos los gastos, incluyendo el pago de impuestos y honorarios. Sin embargo, en ninguna parte señaló, en concreto, obligaciones en contra de su prohijada, por el contrario, expresamente indicó que “no sé absolutamente nada de ninguna liquidación que hayan hecho Michelle y Dora, ni como saldaron las cuentas entre ellas”.

Si bien el testigo afirmó que la retribución por su trabajo la recibió de la demandada, resultaba razonable pensar que el valor cancelado por ese concepto, $ 32’000.000, fue pagado en la sucesión, porque en el pasivo se relacionó la suma de $ 42’268.000, por “gastos notariales, registros, emolumentos a los albaceas, impuestos municipales, honorarios profesionales” (subrayado ex-texto), lo cual fue incluido en la hijuela de deudas.

d) La declaración de María Teresa Londoño Duque, porque así la testigo haya sabido que a la demandante la “iban a cuadrar con ese apartamento”, cuando le “habían metido los papeles de la casa de conquistadores”, es decir, la del proceso, lo cierto es que ahí no estaba aseverando la existencia de deudas, sino que a ella, lo cual se soslaya en el cargo, “engañada”, le “hicieron firmar…el traspaso de la casa”, menos cuando manifestó que en la sucesión “Michelle realmente no tuvo nada que ver (…), nunca fue a una reunión” y que a raíz de ese trámite no le había quedado “debiendo” nada a “Dora”, pues era la heredera, “vivía en la casa de su papá, comía de su papá”.

e) Lo mismo debe decirse de las capitulaciones matrimoniales suscritas mediante instrumento público el 13 de junio de 2003, porque estas sólo acreditaban el “régimen total de separación de bienes” y no las obligaciones que se investigan. Ahora, si el inmueble de que se trata fue adquirido por herencia, evento en el cual, según es sabido, no engrosaría el haber social, no se explica la Corte cómo esas convenciones, al decir de la recurrente, se celebraron para precaver el peligro que entrañaría el nuevo estado civil de casada de la demandante, mucho menos cuando el contrato impugnado fue ajustado con anterioridad, concretamente el 12 de marzo del mismo año.

f) Por último, si el tribunal declaró la “inexistencia de la dación en pago”, al haberse acreditado que la deuda que le sirvió de soporte no existía, necesariamente tuvo que ver el contenido de la escritura pública que la recogía, así no la haya mencionado en forma expresa. En ese caso, como tiene explicado la Corte, lo que se “presenta es una ‘deficiencia de expresión’ y no un error de ‘apreciación probatoria’, o como en otra ocasión lo señaló, ‘no se presume ignorancia de las pruebas por el sentenciador, cuando las conclusiones del pronunciamiento se justifican a la luz de las mismas pruebas’”(9).

Distinto es que, por las razones que adujo, haya encontrado desvirtuada la deuda que aceptó la demandante en dicho instrumento. Por esto, en casación se imponía infirmar esas otras conclusiones, pero como el ad quem en ese preciso tópico no incurrió en ningún error probatorio, según lo expuesto, tampoco pudo equivocarse al apreciar el contenido de la escritura pública de dación en pago, porque por lógica, el error en la valoración de esta última, sólo existiría en la medida en que se hubieren cometido los demás yerros enrostrados.

2.2.3. En cuanto a la tergiversación del interrogatorio de la demandada, se observa que ella en ninguna parte manifestó que su voluntad se circunscribió a que su hijo figurara como “adquirente del 50% del inmueble por un acuerdo que generó un pasivo a cargo de este y a favor de aquella”. La explicación sí la hizo, pero en la contestación del libelo introductor.

Frente a lo anterior, el tribunal no pudo incurrir en el error que se le imputa, al concluir que es la “misma Dora de Jesús Ángel, quien empieza por indicar que ella quiso que Eusebio Ángel Arbeláez, su hijo adoptivo, quedara con el cincuenta por ciento del mencionado inmueble, lo que pone de presente, que este no era acreedor de la demandante”. De una parte, porque nunca se refirió a dicho interrogatorio, y de otra, porque el tema, como se observa, fue aludido en otro acto procesal.

Si se interpreta con amplitud que el yerro se entronca con la réplica de la demanda, el error tampoco se estructura, porque si en la escritura de dación en pago se hizo constar que la actora era “deudora” de “Dora de Jesús Ángel Arbeláez y Eusebio Quintana León”, en la suma que se determina, resultaba claro que si a este último se hizo figurar propietario del 50%, por una obligación que a su vez, por el mismo porcentaje, constituía a favor de su madre, la adquisición, como era apenas obvio, no pudo ser porque fuera “acreedor de la demandante”.

2.3. En ese orden, al salir indemne del ataque la conclusión del tribunal, consistente en que las deudas que sirvieron de soporte a la dación en pago, es decir, los “gastos de sucesión $ 153’800.420”, el “mantenimiento a la finca $ 83’920.342” y los “honorarios a Ruderico Bedoya R. $ 32’000.000”, eran inexistentes, esto releva a la Corte de analizar el resto de la acusación, dirigida a poner de presente los acuerdos de los herederos del causante Reinel Darío Ángel Arbeláez, para que el supuesto pasivo que se dejó al margen de los inventarios y avalúos, fuera pagado por la demandante, entonces menor, porque como supra se indicó, sin la existencia de las obligaciones, sean civiles o naturales, presupuesto ineludible de lo otro, los demás errores probatorios caen en el vacío.

3. El cargo, en consecuencia no se abre paso.

Cargo primero

1. Entre otros, denuncia la violación directa de los artículos 1502, 1625, 1626, 1627, 1740 y 1741 del Código Civil.

2. En síntesis, considera la recurrente que como en el ámbito civil no existe ninguna norma que regule el tema de la “inexistencia de los actos o contratos”, la “falencia que anota el tribunal en la sentencia acusada en materia de causa”, lo que debe generar es la nulidad absoluta.

3. Solicita, por lo anterior, que la “declaratoria de inexistencia de la dación en pago” efectuada por el tribunal, no sea acogida por la Corte al casar el fallo impugnado.

Consideraciones

1. Ciertamente, lo relativo a la figura específica de la inexistencia de los actos o contratos, se encuentra regulado en forma positiva en materia mercantil (C.Co. art 898), que no en el Código Civil, como así lo tiene decantado la Corte(10). Inclusive, en oportunidad reciente(11), la corporación, al enfatizar sobre los “diversos matices” que configuran la inexistencia en el estatuto de los comerciantes, recordó que la jurisprudencia tradicional de la Corte, por estimar que dicha categoría es “desconocida” en el Código Civil, “ausculta a la luz de la anulación” la mencionada problemática.

2. Frente a lo anterior, con independencia de que en materia civil se pueda aplicar autónomamente el instituto de la inexistencia de los actos o contratos, claramente se advierte que la distinción con la nulidad absoluta, es simplemente de grado, porque al fin de cuentas, aquella se erige en causal de esta última. Por ejemplo, la “omisión de algún requisito” previsto en la ley para la validez del acto o contrato (C.C., art. 1741), en la esfera mercantil, en general, equivale a la falta de alguno de sus “elementos esenciales” (art. 899).

Por esto, al margen de la polémica planteada, la jurisprudencia ha tratado la inexistencia de los negocios jurídicos civiles, dentro de la órbita de la nulidad absoluta. El ataque, en consecuencia, sin más, cae en el vacío, porque como el Tribunal, en últimas, en la perspectiva del Código Civil, aplicó las mismas consecuencias previstas para la sanción negativa del contrato, el resultado final no cambiaría.

La intrascendencia, por supuesto, sube de tono cuando al quedar indemne la conclusión del tribunal sobre la “falta de causa”, la parte recurrente simplemente aspira a que, con fundamento en ello, no se declare la inexistencia de la dación en pago, aunque sí, implícitamente, la nulidad absoluta. La Corte, por tanto, situada en sede de instancia, no podría pasar por alto esa circunstancia, cuyo resultado no sería distinto al emitido.

3. Así las cosas, el cargo, sin más, está llamado al fracaso.

Decisión:

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 5 de febrero de 2009, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil, en el proceso ordinario de Michelle Ángel Carmona contra Dora de Jesús Ángel Arbeláez y herederos indeterminados de Eusebio Quintana León.

Las costas en casación son de cargo de la parte demandada recurrente. Tásense.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo pertinente.

Magistrados: Ruth Marina Díaz Rueda—Jaime Alberto Arrubla Paucar—

Pedro Octavio Munar Cadena—William Namén Vargas—Arturo Solarte Rodríguez—Edgardo Villamil Portilla.

Este documento fue creado a partir del original obtenido en la Corte Suprema de Justicia.

(1) Cfr. Sentencia 065 de 25 de abril de 2005, Expediente 014115.

(2) Sentencia 046 de 8 de abril de 2003, Expediente 7844

(3) Sentencia 018 de 23 de mayo de 1997, CCXLVI-1208, volumen II.

(4) Sentencia 094 de 13 de julio de 2007, Expediente 2000-00381.

(5) Sentencia 125 de 21 de junio de 2005, Expediente 01758, reiterando doctrina anterior.

(6) Sentencia 024 de 26 de febrero de 2001, Expediente 5591, reiterando doctrina anterior.

(7) Sentencia 006 de 12 de febrero de 1998, Expediente 4730, reiterando doctrina anterior.

(8) Sentencia 163 de 14 de octubre de 2004, Expediente 7696, reiterando doctrina anterior.

(9) Sentencia 095 de 27 de julio de 2007, Expediente 2001-00718, reiterando doctrina anterior.

(10) Crf. Sentencias de 15 de septiembre de 1943 (LVI-123), de 21 de mayo de 1968 (CXXIV-168/169) y de 3 de mayo de 1984 (CLXXVI-189/190), entre otras.

(11) Sentencia de 10 de agosto de 2010, Expediente 2002-00189.