Sentencia 2003-00504 de diciembre 10 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2003-00504

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: Bellsouth Colombia S.A.

Bogotá, D.C., diez de diciembre de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

Según se deduce de la parte motiva de la Resolución 7365 de 26 de marzo de 2003, acusada, la Superintendencia de Industria y Comercio no impuso sanción alguna a la actora, de ahí que en la parte resolutiva ordenó en primer lugar el archivo de la actuación; y hace énfasis en que la demandante está dando cumplimiento al artículo 7.3.7 de la Resolución CRT 87 de 1997, modificada por la Resolución 575 de 2002, que ordena a los operadores responsables de los servicios ofrecidos en una tarjeta prepago, informar mediante un aviso claramente identificable por el usuario, antes de la compra de la tarjeta, el tiempo de vigencia de la misma a partir de su primer uso y la fecha de expiración, que en ningún caso puede ser inferior a un año contado a partir de su expedición.

Ahora, la entidad demandada en el artículo 2º de su parte resolutiva le imparte a la actora la instrucción de incluir en las tarjetas prepago la fecha de expedición de las mismas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2º, numerales 20 y 21 del Decreto 2153 de 1992, que son del siguiente tenor:

“ART. 2º—Funciones. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones:

20. Asesorar al Gobierno Nacional y participar en la formulación aquellas materias que tengan que ver con la protección al consumidor competencia y la propiedad industrial y en las demás áreas propias de sus funciones.

21. Instruir a sus destinatarios sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones en todas aquellas materias a que hace referencia el numeral anterior, fijar los criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos para cabal aplicación”.

Estima la Sala que los cargos de la demanda no están llamados a prosperar, por lo siguiente:

Es claro que a la Superintendencia de Industria y Comercio le está atribuida legalmente la facultad de impartir instrucciones a sus destinatarios en busca de que se cumplan a cabalidad las disposiciones sobre la materia de que se trate, en este caso, las relativas a los servicios de telecomunicaciones no domiciliarios, frente a la cual el artículo 40 del Decreto 1130 de 1999, le asignó las mismas facultades que tiene la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en relación con los servicios públicos domiciliarios.

En efecto, dispone la citada norma:

“La Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad de inspección, vigilancia y control de los regímenes de libre y leal competencia en los servicios no domiciliarios de comunicaciones. En tal calidad, la superintendencia aplicará y velará por la observancia de las disposiciones contenidas en la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992 y la Ley 256 de 1996, contando para ello con sus facultades ordinarias y siguiendo para el efecto el procedimiento general aplicable, sin perjuicio de las atribuciones regulatorias de la comisión de regulación de telecomunicaciones... Igualmente, corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio y en relación con los servicios no domiciliarios de comunicaciones, proteger los derechos de los usuarios, suscriptores y consumidores. Para el efecto, la Superintendencia, contará, en adición a las propias, con las facultades previstas para la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y podrá ordenar modificaciones a los contratos entre operadores y comercializadores de redes y servicios de telecomunicaciones o entre estos y sus usuarios, cuando sus estipulaciones sean contrarias al régimen de telecomunicaciones o afecten los derechos de estos últimos. La Superintendencia de Industria y Comercio continuará ejerciendo respecto de estos servicios las funciones jurisdiccionales que le fueron otorgadas en la Ley 446 de 1998 en materia de competencia desleal y protección del consumidor”.

Observa la Sala que la demandada no está creando obligaciones diferentes de las previstas en la Resolución CRT 87 de 1997, numeral 7.3.7, modificada por la Resolución 575 de 2002, sino que si esta norma es diáfana en señalar que el vencimiento o expiración de las tarjetas prepago no puede ser inferior a un año contado a partir de su expedición. En consecuencia, resulta lógico entender que el usuario debe conocer la fecha de expedición de la tarjeta, pues esta es determinante para el vencimiento.

Ahora, para la Sala tampoco se vislumbra la violación del derecho de defensa, pues, se repite, la entidad demandada con la instrucción impartida no impuso sanción alguna a la actora.

Los actos acusados se fundamentaron, entre otras normas, en el Decreto 3466 de 1982, el cual en su artículo 14, en lo pertinente, prevé, que toda información que se dé al consumidor acerca de los componentes y propiedades de los bienes y servicios que se ofrezcan al público deberá ser veraz y suficiente; y si en este caso, como ya se dijo, la CRT en el numeral 7.3.7 de la Resolución 87 de 1997, modificada por la Resolución 575 de 2002, señaló que el vencimiento o expiración de las tarjetas prepago en ningún caso puede ser inferior a un año contado a partir de su expedición, la falta de la indicación de la fecha de expedición hace que la información dada al consumidor no sea suficiente, de ahí que la Superintendencia de Industria y Comercio no incurrió en falsa motivación amén de las facultades legales que le han sido atribuidas para impartir las instrucciones necesarias en aras de la protección del consumidor.

En consecuencia, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de diciembre de 2008».

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