Sentencia 2003-00506 de enero 28 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUB-SECCIÓN C

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Radicación: 25000-23-26-000-2003-00506-01 (30748)

Actor: Jesús Antonio Castro Ladino y otros.

Demandado: Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Referencia: Reparación directa.

Bogotá, D.C., Veintiocho de enero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuad04, procede la Subsección a resolver el asunto sometido a su consideración de acuerdo con el siguiente esquema: 1) El régimen de responsabilidad aplicable; 2) El caso concreto; 3) La liquidación de perjuicios; y 4) La condena en costas.

1. El régimen de responsabilidad aplicable.

A partir de la expedición de la Constitución de 1991, la responsabilidad del Estado se define de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 en virtud del cual, el Estado será patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión imputable a sus agentes. En efecto, dos son los postulados que fundamentan dicha responsabilidad: i) El daño antijurídico, y ii) la imputación del mismo a la administración, "sin que sea posible predicar la existencia y necesidad y/o valoración y análisis de otro tipo de componentes a efectos de configurar la responsabilidad,. Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que "la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable(6).

Sobre la noción de daño antijurídico, esta Sección ha definido que “consistirá siempre en la lesión patrimonial o extra-patrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar”(7) En este sentido, el daño ocasionado a un bien jurídicamente tutelado, impone el deber de indemnizar el consecuente detrimento con el objetivo de garantizar el principio de igualdad ante las cargas públicas.

En lo relativo a la imputación, se entiende que se trata de la "atribución de la respectiva lesión(8); en consecuencia, "la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política”(9).

Al respecto, esta Sección ha sostenido que: "la imputación fáctica supone un estudio conexo o conjunto entre la causalidad material y las herramientas normativas propias de la imputación objetiva que han sido delineadas precisamente para establecer cuándo un resultado, en el plano material, es atribuible a un sujeto. De otro lado, la concreción de la imputación fáctica no supone por sí misma, el surgimiento de la obligación de reparar, ya que se requiere un estudio de segundo nivel, denominado imputación jurídica, escenario en el que el juez determina si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica de reparar el daño antijurídico; se trata, por ende, de un estudio estrictamente jurídico en el que se establece si el demandado debe o no resarcir los perjuicios bien a partir de la verificación de una culpa (falla), o por la concreción de un riesgo excepcional al que es sometido el administrado, o de un daño especial que frente a los demás asociados es anormal y que parte del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas(10) (resaltado fuera de texto).

En este sentido, se tiene que el daño antijurídico puede ser ocasionado por el funcionamiento anormal de la administración que se concreta en el incumplimiento de una obligación legal. Así, "el análisis del caso debe hacerse bajo el régimen de la falla del servicio, toda vez que según la jurisprudencia de esta Corporación en los casos en que se analiza la responsabilidad como consecuencia die la producción de daños, por omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus funciones, es necesario confrontar el deber funcional con el grado de cumplimiento u observancia del mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto(11).

2. El caso concreto.

2.1. Los hechos probados.

El acervo probatorio está integrado por las pruebas aportadas directamente por las partes y por las ordenadas por el a quo. Ninguna fue objetada y todas pueden ser valoradas de acuerdo con la posición reiterada por esta corporación(12).

Sin embargo, en lo que se refiere al valor probatorio de los recortes de prensa que reposan en los folios 10 a 13 del cuaderno de pruebas, es preciso recordar que en pronunciamiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado(13)se estableció lo siguiente:

"Conforme el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil y a lo que ha sostenido la doctrina procesal, la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental(14). Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia V veracidad de la situación que narra vio describe. Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez(15).

En la jurisprudencia de esta corporación existen precedentes que concuerdan con esta posición. Se ha estimado que las publicaciones periodísticas "... son indicadores sólo de la percepción del hecho por parte de la persona que escribió la noticia", y que si bien "...son susceptibles de ser apreciadas como medio probatorio, en cuanto a la existencia de la noticia y de su inserción en medio representativo (periódico, televisión, Internet, etc.) no dan fe de la veracidad y certidumbre de la información que contienen(16).

Lo anterior equivale a que cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos" (subrayado fuera de texto).

En consecuencia, dichos recortes de prensa serán analizados en conjunto con las demás pruebas que obran en el expediente con el fin de verificar la información que en ellos consta(17).

Realizada la anterior precisión, pasa la Subsección a hacer la relación de las pruebas que considera útiles y pertinentes para fallar.

— Folio 19 del cuaderno de pruebas: oficio suscrito el 29 de diciembre de 2003 por el Alcalde Municipal del municipio de Gutiérrez, Cundinamarca en el que se lee: "El domingo 25 de febrero de 2001 siendo aproximadamente las 8:00 AM hombres uniformados hicieron su arribo al Casco Urbano del Municipio de Gutiérrez, empezaron a solicitar documentos de identificación a la población Civil que a esa hora se encontraba en los diferentes establecimientos públicos, posteriormente retuvieron a los señores Leonel Rey Moreno, Edgar Eduardo y Jorge Enrique Castro Muñoz y los llevaron hacia la cabecera del pueblo luego los subieron a un carro, hacia las dos de la tarde un señor el cual se hacía llamar Orlando reunió a la población en la plaza principal manifestando que todos tenían que hacerse presente a una reunión y que quien no lo hiciera lo sacaban de su casa, una vez presente la comunidad se identificaron como miembros del frente 51 de las autodenominadas fuerzas armadas revolucionarias FARC EP manifestaron que de ahora en adelante ellos serían la fuerza pública del municipio que los problemas serían arreglados por ellos, que quien se viera involucrado en una riña tendría que pagar una multa de quinientos mil pesos, que quien ocasionara lesiones a otro la multa sería de un millon de pe sos [sic], que quien no estuviera de acuerdo podía desocupar el pueblo, informaron que se llevaban a los jóvenes Rey y Castro por orden de un superior, inmediatamente los asistentes empezaron a interceder por los jóvenes retenidos y ellos lo único que respondieron era que cumplían órdenes y que si no les daban cumplimiento a ellos los ajusticiaban, terminaron la reunión y se fueron posteriormente y alrededor de las cuatro de la tarde se escucharon tiros, inmediatamente fui enterado que los habían asesinado en la vereda El Cedral, ante lo cual me hice presente para realizar la correspondiente inspección de cadáver" (resaltado fuera de texto).

— Folio 29 del cuaderno de pruebas: oficio 3670/COMAN-DECUN suscrito el 11 de octubre de 2004 por el comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca en el que se lee: "No obstante, para el día 25 de febrero del año 2001, la Estación de Policía del municipio de Gutiérrez, no se encontraba en funcionamiento, fue desactivada debido a una toma subversiva el día 09/07/99, siendo reactivada para el día 23/07/02; actualmente esta localidad cuenta con presencia policial, quienes han minimizado el accionar terrorista de los grupos al margen de la ley, brindando seguridad y tranquilidad a los habitantes de esta región" (resaltado fuera de texto).

— Folio 31 del cuaderno de pruebas: oficio 22532 suscrito el 24 de septiembre de 2004 por el Segundo Comandante y JEM SR. 13 en el que se lee: "En respuesta a su oficio del asunto, comedidamente me permito informar a ese H. tribunal, que efectuadas las averiguaciones pertinentes se obtuvo por parte del Comando del Batallón de artillería Nº 13 Fernando Landazabal Reyes, mediante oficio 3442, que para el 25 de febrero de 2001 la jurisdicción de la municipalidad de Gutiérrez (Cund.) correspondía a la Brigada Movil 5” (resaltado fuera de texto).

2.2. La valoración probatoria y conclusiones.

El acervo probatorio así constituido, permite tener por demostrado que el 25 de febrero de 2001, fueron secuestrados y asesinados los hermanos Castro Muñoz, aparentemente por miembros de la guerrilla de las FARC quienes aprovecharon la ausencia de fuerza pública en el municipio de Gutiérrez, Cundinamarca, para cumplir con sus macabros objetivos.

2.2.1. El daño antijurídico.

De acuerdo con lo que ha establecido esta sección, al estudiar los procesos de reparación directa es indispensable abordar primeramente, lo relativo a la existencia o no del daño y si el mismo puede o no considerarse antijurídico; solo bajo la premisa de la existencia del daño antijurídico se ha de "realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado”(18).

En el caso sub lite, la muerte de los hermanos Castro Muñoz en las circunstancias descritas, es suficiente para acreditar el daño antijurídico del cual se derivan los perjuicios cuya reparación solicitan sus familiares.

2.2.2. La imputación.

Ahora, desde el plano de la imputación, corresponde determinar si dichas muertes son imputables a la entidad demandada, o si por el contrario, son atribuibles a una causa extraña.

Por lo tanto cabe recordar que cuando el daño es producto del incumplimiento de normas cuya observancia se exige a los agentes estatales, el régimen de imputación es subjetivo por falla en el servicio, como se explicó ad supra. En efecto, "la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía(19),(20).

Y dado que el artículo 2º de la Constitución Política establece que las autoridades “están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y libertades”, el incumplimiento del deber constitucional de proteger la vida y la seguridad de las víctimas, en las circunstancias específicas relatadas en los hechos de la demanda que dieron origen al proceso que culmina con la presente providencia, constituye una omisión absoluta cuyas consecuencias son imputables a la entidad demandada, máxime cuando los artículos 2º y 34 del Decreto 1355 de 1970(21), señalan que la Policía Nacional es la encargada de conservar el orden público interno.

Así lo ha venido sosteniendo esta corporación al considerar que

"En el caso que se examina, de conformidad con la prueba recaudada, el Estado por medio de la Policía Nacional no tenía presencia en el lugar, es decir, no existía una protección permanente, lo que significó que el servicio de vigilancia no se prestara el día de los hechos. Como se dejó expuesto, la falta de vigilancia colocó en situación de desprotección a la población y a sus funcionarios públicos (...) y es esta omisión en la obligación de prestar el servicio de vigilancia la que constituye la fuente de producción o título de imputación del daño, la que genera la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional”(22).

Lo anterior, pese a que:

"Si bien no existe una obligación absoluta de protección de la vida, los derechos, las libertades y los bienes de todas las personas en cabeza de las autoridades públicas, existirá falla del servicio en aquellos casos en que conociendo la previsibilidad de un resultado, la administración no intervino para evitarlo o con su actuar amplificó las posibilidades de su producción(23)”.

En consecuencia:

“La Sala debe recalcar que si bien es cierto que las obligaciones en materia de seguridad y de defensa deben partir del análisis de las especiales condiciones de orden público del país, no resulta razonable que el Estado abandone a los ciudadanos y/o a poblaciones completas que depositaron la defensa de su vida y bienes en las instituciones legítimamente constituidas, máxime cuando dicho abandono se prolonga en el tiempo. En otros términos, la relatividad de las obligaciones respecto del servicio de seguridad y defensa, no puede llegar a convertirse en una excusa por parte del Estado cuando omite —como ocurrió en el presente caso concreto— la prestación del servicio(24)"(25).

Así las cosas, en el sub lite, la omisión absoluta en el cumplimiento de la función constitucional de protección a los ciudadanos en su seguridad, derecho a la vida y otras garantías constitucionales, se constata al dejar a la población a merced de los grupos de delincuencia sin brindarles protección alguna, por lo que el Estado debe responder patrimonialmente a título de falla del servicio, pues su conducta fue negligente dado el desinterés por parte de los miembros de la fuerza pública de lo que le ocurriera a los habitantes del municipio de Gutiérrez en el departamento de Cundinamarca.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el daño antijurídico fue ocasionado por actos subversivos en los que la imputación de la responsabilidad al Estado "parle del supuesto de que el acto o la conducta dañosos son perpetrados por terceros ajenos a él, trátese de delincuencia común organizada o no, subversión o terrorismo(26), pero que se materializó por una falta imputable a aquél, por lo que esta Subsección comparte la decisión del A qua de declarar impróspera la excepción del hecho exclusivo y determinante de un tercero.

3. Tasación de perjuicios.

Por mandato del artículo 1757 del Código Civil, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta al poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado. En efecto, las cargas con las que deben correr quienes se enfrentan en un litigio, responden a principios y reglas jurídicas que regulan la actividad probatoria, a través de las cuales se establecen los procedimientos para incorporar al proceso -de manera regular y oportuna- la prueba de los hechos, y de controvertir su valor con el fin de que incidan en la decisión judicial; en efecto, su intención es convencer al juez sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos dañosos, y la respectivas consecuencias(27).

Es así como al juez se le impone regir sus decisiones de acuerdo con por lo menos, tres principios fundamentales: onus probandi incumbit actori (al demandante le corresponde probar los hechos en que funda su acción); reus, in excipiendo, fit actor (el demandado, cuando excepciona, funge de actor y debe probar los hechos en que funda su defensa); y actore non probante, reus absolvitur (el demandado debe ser absuelto de los cargos si el demandante no logra probar los hechos fundamento de su acción). Estos principios están recogidos tanto en la legislación sustancial (C.C., art. 1757) como en la procesal civil colombiana (CPC, art. 177), y responden primordialmente a la exigencia de justificar lo afirmado con el fin de persuadir a otros sobre su verdad, salvo cuando se trate de hechos notorios y afirmaciones o negaciones indefinidas por no requerir prueba.

3.1. Perjuicios morales.

En el sub lite, solicitaron los actores el reconocimiento del "máximo que autoriza la ley y la jurisprudencia del H. Consejo de Estado" en favor de cada uno de los siguientes: Jesús Antonio Castro Ladino, Alba Myriam Muñoz de Castro, Oscar Arnulfo Castro Muñoz, Luz Myriam Castro Muñoz, Nelsy Esther Castro Muñoz, Alcira Castro Muñoz, Gloria Leticia Agudelo Romero e Ingrid Mayerly Castro Agudelo.

Al respecto, la jurisprudencia tiene decantado, que el daño moral resarcible es aquél cierto, personal y antijurídico, y su tasación depende entonces, de su intensidad, la cual deberá estar probada en cada caso y liquidada en salarios mínimos. En efecto, es numerosa la producción jurisprudencial y doctrinaria que coincide, en su mayoría, en la inconveniencia, dentro del ámbito jurídico y del sistema económico, de la formulación e imposición de elementos o variables objetivas que permitan una medición dineraria predefinida del valor dañoso. Lo anterior, por cuanto dicha función precisamente se encuentra en cabeza del juez quien goza de discrecionalidad judicial, facultad también conocida como arbitrium judicis, o arbitrio juris.

Es en este escenario en el que cobra importancia la función del juzgador, quien en el marco de dicha discrecionalidad, deberá hacer una valoración integral del acervo probatorio con el fin de establecer la medida compensatoria que considere más apropiada para aliviar el dolor sufrido por quienes ponen en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado, tasando los perjuicios en términos de precio, es decir, en salarios mínimos(28).

Precisamente, en ejercicio de dicha función, esta sección decidió que "A fin de que en lo sucesivo, se indemnicen de manera semejante los perjuicios morales reclamados por la muerte de una persona, como en el presente caso, la Sala (...) decide unificar su jurisprudencia sobre el particular, a partir del establecimiento de cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño o causante y quienes acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas; así: Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno - filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 smlmv. Nivel 2. Se refiere a la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (hermanos, abuelos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio. Nivel 3. Abarca la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio. Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.

La siguiente tabla recoge lo expuesto:

Reparación del daño moral en caso de muerte
 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Regla general en el caso de muerteRelación efectiva conyugal y paterno-filial.Relación afectiva del 2º de consaguinidad o civilRelación afectiva del 3er de consaguinidad civil.Relación afectiva del 4º de consagnguinidad o civilRelación afectiva no familiar (terceros damnificados)
Porcentaje100%50%35%25%15%
Equivalencia en salarios mínimos10050352515

Para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva. Para el nivel 5, deberá ser probada la relación afectiva”(29).

— Perjuicios morales alegados por la muerte de Edgar Eduardo Castro Muñoz:

Perdió la vida el 25 de febrero de 2001(30), siendo hijo de Alba Myriam Muñoz y Jesús Antonio Castro(31), hermano de Osear Arnulfo Castro Muñoz(32), Luz Myriam Castro MuñoZ(33), Neley Esther Castro MuñoZ(34), Aleira Castro Muñoz(35), y padre de Ingrid Mayerly Castro Agudelo(36).

En este orden de ideas, se reconocerán perjuicios morales en la suma equivalente a 100 smlmv en favor de sus padres e hija; y de 50 smlmv en favor de cada uno de los hermanos.

Ahora, sobre las pretensiones de indemnización alegadas por la señora Gloria Leticia Agudelo Romero en su calidad de compañera permanente, no reposa prueba que las demuestre por lo que no se reconocerá perjuicio alguno en su favor y se confirmará la declaración de oficio realizada por el A quo sobre su falta de legitimación en la causa por activa.

— Perjuicios morales alegados por la muerte de Jorge Enrique Castro Muñoz:

Perdió la vida el 25 de febrero de 2001(37), siendo hijo de Alba Myriam Muñoz y Jesús Antonio Castro(38), y hermano de Oscar Arnulfo Castro Muñoz(39), Luz Myriam Castro Muñoz(40) , Nelcy Esther Castro Muñoz(41), Alcira Castro Muñoz(42).

En este orden de ideas, se reconocerán perjuicios morales en la suma equivalente a 100 smlmv en favor de sus padres, y de 50 smlmv en favor de cada uno de los hermanos, por las mismas razones expuestas ad supra.

3.2. Perjuicios materiales(43) 

Como daños materiales, en la demanda se solicitó "condenar a la nación colombiana - Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional - a pagar los daños y perjuicios patrimoniales a los deudos incluyendo en esto el daño emergente y lucro cesante, así como la corrección monetaria por razón de devaluación del peso desde la fecha de causación de los perjuicios hasta su cancelación, en la cuantía que se demuestre en el curso del proceso. (. ..) Que la liquidación sobre perjuicios materiales se haga sobre sus ingresos mensuales y sea en el caso de Edgar Eduardo para su compañera e hija, y en el caso de Jorge Enrique para sus padres y hermanos, y se divida en indemnización debida e indemnización futura aplicando las tablas de las matemáticas financieras conforme lo acostumbra la jurisdicción contencioso administrativa".

Con respecto a la señora Gloria Leticia Agudelo Romero quien actuó en el proceso en su calidad de compañera permanente del señor Edgar Eduardo, se recuerda que dicha calidad no se encontró probada en el proceso por lo que esta Subsección declarará su falta de legitimación en la causa por activa. Ahora, en lo que se refiere a la joven Ingrid Mayerly Castro Agudelo, hija del señor Edgar Eduardo, la Sala comparte la tasación que por perjuicios materiales a título de lucro cesante consolidado y futuro realizó el a quo, que actualizada asciende a $95'454,158, valor que será reconocido en su favor(44).

En lo que respecta al señor Jorge Enrique, de acuerdo con el registro civil de nacimiento que reposa en el plenario(45) se tiene que para el momento de su muerte tenía 23 años. Al respecto, esta Corporación ha sostenido que se presume que los hijos ayudan a sus padres hasta la edad de veinticinco años, en consideración "al hecho social de que a esa edad es normal que los colombianos hayan formado su propio hogar, realidad que normalmente impide atender las necesidades económicas en otros frentes familiares(46). En consecuencia, aun cuando en el sub lite no se demostró que la víctima desarrollara una actividad económica para la época en que ocurrieron los hechos, la Sala accederá al pago del lucro cesante solicitado en la demanda, pues debe entenderse que una persona en edad productiva está en capacidad de trabajar y devengar, al menos, el mínimo vital que le permita vivir en condiciones dignas(47) , cifra que se debe reconocer por partes iguales en favor de sus padres, de acuerdo con las fórmulas de matemáticas financieras utilizadas por esta corporación.

Así las cosas, entre la fecha de los hechos y la fecha en la que Jorge Enrique cumpliría 25 años, transcurrieron un total de 18 meses que será el lapso a indemnizar por lucro cesante consolidado al que tienen derecho sus padres.

Determinado el tiempo a ser indemnizado, se pasa ahora a establecer el salario base de liquidación, que no es otro que el salario mínimo mensual legal vigente, como quiera que las reglas de la sana crítica indican que una persona laboralmente activa, no podría devengar menos de este monto, que para el año 2015, asciende a $644,350. A esa suma se adicionará el 25% por prestaciones sociales correspondientes a $161,087.5 para un total de $805,437.5, y se deducirá el 25% de gastos para el propio sostenimiento correspondientes a $201,359.375, quedando la base de la liquidación en la suma de $ 604,078.125.

Establecido el salario base de liquidación, éste será a su vez dividido entre dos con el fin de establecer lo correspondiente a la liquidación para cada uno de los padres, arrojando la suma de $302,039.0625(48).

Para la liquidación del período consolidado, se aplicará la fórmula matemático - actuarial utilizada por la jurisprudencia, donde “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses trascurridos desde la fecha de los hechos hasta la fecha en que Jorge Enrique cumpliría 25 años de edad.

2003-00506for
 

Así las cosas, se reconocerá la suma de $5'667,563 para Alba Myriam Muñoz y una suma igual en favor de Jesús Antonio Castro a título de lucro cesante consolidado.

Finalmente, en lo que se refiere a la pretensión de reconocimiento de daño emergente, será negada por falta de pruebas.

4. La condena en costas.

Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la ley 446 de 1998 que modifica el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, y dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Subsección se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Modificar la sentencia apelada, esto es, la proferida por la Sala de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 17 de noviembre de 2004, la cual quedará así:

Primero. Reconocer personería al señor Ángel María Romero Morales identificado con cédula de ciudadanía Nro. 3'061,420 de Gutiérrez (Cundinamarca), y tarjeta profesional Nro. 61,104 del Consejo Superior de Judicatura, como apoderado judicial de la parte demandante en virtud del poder que reposa a folio 147 del cuaderno principal.

Segundo. Declarar de oficio la falta de legitimación por activa de la señora Gloria Leticia Agudelo Romero.

Tercero. Declarar que no prospera la excepción formulada por la Policía Nacional denominada "Hecho exclusivo y determinante de un tercero".

Cuarto. Declarar administrativamente responsable a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por la muerte de los señores Edgar Eduardo y Jorge Enrique Castro Muñoz.

Quinto. Condenar a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, a reconocer y pagar lo equivalente en dinero al momento de la ejecutoria de la presente providencia de las siguientes sumas, a título de perjuicios morales en favor de los actores así:

Por la muerte del señor Edgar Eduardo:

BeneficiarioCalidadMonto
Jesús Antonio Castro LadinoPadre100 smlmv
Alba Myriam Muñoz de CastroMadre100 smlmv
Oscar Arnulfo Castro MuñozHermano50 smlmv
Luz Myriam Castro MuñozHermana50 smlmv
Nelsy Esther Castro MuñozHermana50 smlmv
Alcira Castro MuñozHermana50 smlmv
Ingrid Mayerly Castro AgudeloHija100 smlmv

Por la muerte del señor Jorge Enrique:

BeneficiarioCalidadMonto
Jesús Antonio Castro LadinoPadre100 smlmv
Alba Myriam Muñoz de CastroMadre100 smlmv
Oscar Arnulfo Castro MuñozHermano50 smlmv
Luz Myriam Castro MuñozHermana50 smlmv
Nelsy Esther Castro MuñozHermana50 smlmv
Alcira Castro MuñozHermana50 smlmv

Sexto Condenar a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional a reconocer y pagar por perjuicios materiales a título de lucro cesante la suma de $5'667,563 en favor de Alba Myriam Muñoz de Castro, y la suma de $5'667,563 en favor de Jesús Antonio Castro Ladino por la muerte de su hijo Jorge Enrique Castro Muñoz.

Septimo. Condenar a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional a reconocer y pagar $95'454,158 por perjuicios materiales a título de lucro cesante consolidado y futuro en favor de Ingrid Mayerly Castro Agudelo.

Octavo. Negar las demás pretensiones de la demanda.

Noveno. Sin costas.

Décimo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Décimo primero. En firme esta providencia envíese el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(4) Al momento de la presentación de la demanda, el 25 de febrero de 2003, no habían transcurrido los dos años de los que habla la norma para que la acción de reparación directa se encuentre caducada, por cuanto los hechos ocurrieron el 25 de febrero de 2001.

(5) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de agosto de 2007; Exp. 15932.

(6) Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996.

(7) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del13 de agosto de 2008; Exp. 17042.

(8) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de agosto de 2007; Exp. 15932.

7622

(9) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia de julio 12 de 1993; Exp. 7622.

(10) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 9 de junio de 2010; Rad. 1998-0569.

(11) Consejo de Estado; Sección Tercera; Exp. 21768; M.P. Oiga Mélida Valle de De La Hoz.

(12) Ver, Entre otras sentencias: 19 de septiembre de 2002, Exp. 13399; 4 de diciembre de 2002; Exp. 13623; 29 de enero 2004, Exp. 14018; 29 de enero de 2004, Exp. 14951.

(13) Consejo de Estado; Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; Sentencia del 29 de mayo de 2012; Rad: 11001-03- 15-000-2011-01378-00 (PI).

(14) Esta corporación ha reiterado que los articulas publicados en la prensa escrita pueden apreciarse por el juez como prueba documental solo para tener "(…) certeza sobre la existencia de la información, pero no de la veracidad de su contenido". Sobre el mérito probatorio de las publicaciones de prensa como prueba en los procesos se encuentran también las siguientes providencias: sentencia del 27 de junio de 1996, Rad. 9255; sentencia del 15 de junio de 2000, Exp. 13.338; sentencia del 10 de noviembre de 2000, Exp. 18298; y sentencia del 16 de enero de 2001, Rad. ACU- U53; sentencia del 25 de enero de 2001, Rad. 3122; sentencia de 6 de junio de 2002, Rad. 739-01.

(15) En sentencias de 15 de junio de 2000 y de 25 de enero de 2001, al igual que en auto de noviembre 10 de 2000, según radicaciones 13338, 11413 y 8298, respectivamente, el Consejo de Estado, Sección Tercera, sostuvo la tesis según la cual una versión periodística aportada al proceso sólo prueba que la noticia apareció publicada en el respectivo medio de comunicación.

(16) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 6 de junio de 2007; Exp. AP-00029.

(17) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de enero de 2013; Exp. 25087.

(18) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia de 18 de febrero de 2010; Exp. 17885.

(19) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de noviembre de 2006; Exp. 14880.

(20) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 7 de abril de 201; Exp. 20750.

(21) "Por el cual se dictan normas de Policía".

(22) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 16 de agosto de 2000; Exp. 13131.

(23) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 2 de septiembre de 2013; Exp. 27553.

(24) En este sentido la Sala ha afirmado: "Para el caso sub examine, el daño resulta imputable por omisión a la Policía y Ejército Nacional, toda vez que esas entidades se encontraban en posición de garantes en relación con la protección a la vida e integridad del Alcalde de Jambaló, señor Marden Arnulfo Betancur Conda, puesto que resultaba ampliamente conocida la situación de violencia que imperaba en el año 1996 en el citado municipio de Jambaló, Cauca, producto de la masiva presencia en la zona de un grupo subversivo (ELN). "En efecto, el análisis en conjunto del acervo probatorio permite concluir que si bien no existió una denuncia formal presentada por el señor Betancur Conda ante las autoridades de Ejército y/o Policía, para poner en conocimiento de tales instituciones las amenazas que había en contra de su vida (las cuales fueron originadas en razón del ejercicio de sus funciones como Alcalde Municipal), o para pedir protección especial con el fin de que le brindaran seguridad, lo cierto es que se probó que las autoridades tenían conocimiento de la situación de violencia generalizada en la región, lo cual ameritaba que oficiosamente la Policía Nacional le brindara protección de manera especial. "Ciertamente, la masiva presencia subversiva y, por ende, la situación de riesgo y violencia generalizada era conocida por las autoridades civiles municipales y departamentales, pues como la propia Policía Nacional lo reconoce, no había presencia de la Fuerza Pública en esa región, por cuanto "la zona tenía y continúa teniendo marcada influencia bandolera y no era procedente la prestación del servicio". En consecuencia, si bien la Policía Nacional desconocía la existencia de amenazas específicas o concretas en relación con el Alcalde Municipal Marden Arnulfo Betancur Con da, lo cierto es que sí era consciente del riesgo al cual se encontraban sometidos los funcionarios, autoridades locales y, en general, toda la población de Jambaló, debido a la abundante presencia subversiva armada en esa localidad. "Así las cosas, para la entidad demandada el daño producido no le resultó inesperado y sorpresivo, ya que, se insiste, conocía las circunstancias de violencia generalizada que azotaban a la población del municipio de Jambaló y el riesgo que circundaba a los servidores públicos que prestaban sus servicios en ese momento en la mencionada entidad territorial y, es precisamente allí, en ese conocimiento actualizado en donde se recalca la posición de garante asumida por el Estado, así como la vulneración y desconocimiento de la suficiente y necesaria protección que debió serie suministrada a los habitantes de esa zona y, en especial, a sus autoridades locales". Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 11 de agosto de 2011; Exp. 20325.

(25) Consejo de Estado, Sección Tercera; Sentencia del 12 de junio de 2013; Exp. 25949.

(26) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 27 de noviembre de 2002; Exp 13774

(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de marzo de 2013; Exp. 25953.

(28) Por lo tanto, es preferible seguir los precedentes jurisprudenciales que sirven al juez para tasar de la manera más justa e igualitaria los perjuicios morales, que tratar de imponer metodologías cuya aplicación en la jurisdicción contencioso administrativa no es dable, pues ha de mediar un mínimo análisis y estudio sobre los objetivos que se persiguen con su aplicación, los procedimientos que se requieren para que su implementación sea adecuada, y los resultados esperados con la misma. Ver por ejemplo, lo dicho en la sentencia de Corte Constitucional, C-176 de 2007

(29) Consejo de Estado; Sala Plena de Sección Tercera; Sentencia del 28 de agosto de 2014; Exp. 27709

(30) Folio 1 del cuaderno de pruebas: registro civil de defunción en el que consta que Edgar Eduardo Castro Muñoz murió el 25 de febrero de 2001, soltero.

(31) Folio 4 del cuaderno de pruebas: registro civil de nacimiento en el que consta que Edgar Eduardo Castro Muñoz nació el 13 de abril de 1971 hijo de Alba Myriam Muñoz y Jesús Antonio Castro.

(32) Folio 5 del cuaderno de pruebas: registro civil de nacimiento en el que consta que Oscar Arnulfo Castro Muñoz nació el 7 de abril de 1981 hijo de Alba Myriam Muñoz y Jesús Antonio Castro.

(33) Folio 6 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento en el que consta que Luz Myriam Castro Muñoz nació el 23 de mayo de 1982 hija de Alba Myriam Muñoz y Jesús Antonio Castro.

(34) Folio 7 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento en el que consta que Nelcy Esther Castro Muñoz nació el 28 de agosto de 1969 hija de Alba Myriam Muñoz y Jesús Antonio Castro.

(35) Folio 8 del cuaderno de pruebas: registro civil de nacimiento en el que consta que Alcira Castro Muñoz nació el 25 de febrero de 1973 hija de Alba Myriam Muñoz y Jesús Antonio Castro.

(36) Folio 9 del cuaderno de pruebas: registro civil de nacimiento en el que consta que Ingrid Mayerly Castro Agudelo nació el 22 de abril de 2000 hija de Gloria Leticia Agudelo Romero y Edgar Eduardo Castro Muñoz.

(37) Folio 2 del cuaderno de pruebas: registro civil de defunción en el que consta que Jorge Enrique Castro Muñoz murió el 25 de febrero de 2001, soltero.

(38) Folio 168 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento en el que consta que Jorge Enrique Castro Muñoz nació el 24 de agosto de 1977 hijo de Alba Myriam Muñoz Romero y Jesús Antonio Castro Ladino.

(39) Folio 5 del cuaderno de pruebas: registro civil de nacimiento en el que consta que Oscar Arnulfo Castro Muñoz nació el 7 de abril de 1981 hijo de Alba Myriam Muñoz y Jesús Antonio Castro.

(40) Folio 6 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento en el que consta que Luz Myriam Castro Muñoz nació el 23 de mayo de 1982 hija de Alba Myriam Muñoz y Jesús Antonio Castro.

(41) Folio 7 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento en el que consta que Nelcy Esther Castro Muñoz nació el 28 de agosto de 1969 hija de Alba Myriam Muñoz y Jesús Antonio Castro.

(42) Folio 8 del cuaderno de pruebas: registro civil de nacimiento en el que consta que Alcira Castro Muñoz nació el 25 de febrero de 1973 hija de Alba Myriam Muñoz y Jesús Antonio Castro.

(43) "Ahora bien, de conformidad con el artículo 1613 del C.C., el daño material comporta el daño emergente y el lucro cesante; doctrinaria y jurisprudencialmente se ha sostenido que tanto el daño emergente como el lucro cesante, pueden a su vez presentar las variantes de consolidado y futuro Por perjuicio consolidado se entiende aquel que existe, es el perjuicio cierto, que "ya se exteriorizó", es "una realidad ya vivida". En tratándose del daño emergente, consiste en los desembolsos, egresos, o gastos efectuados; si se trata del lucro cesante, consiste en que "se haya concluido la falta del ingreso". Se considera perjuicio no consolidado aquella disminución del patrimonio de la víctima que sobrevendrá, es futuro; ésta categoría se concreta en los desembolsos, egresos o gastos aún no efectuados (daño emergente futuro) y, en los ingresos que dejarán de percibirse (lucro cesante futuro)"; Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 2 de febrero de 2001; Exp. 18983.

(44) Ra= Rh * índice final/índice inicial 95'454,158 = 64'608,181 * 118,15 (diciembre 2014) / 79'96987 (noviembre 2004)

(45) Folio 2 del cuaderno de pruebas.

(46) Ver, por ejemplo. sentencia del 12 de julio de 1990, Exp: 5666; sentencia del 26 de marzo de 2008, sentencia de 15 de octubre de 2008, Exp. 18586.

(47) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1º de octubre de 2008, expediente 16.592.

(48) Ver entre otras: Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencias del 24 de marzo de 2011, Exp. 18883; del 9 de mayo de 2011, Exp. 19388; del 15 de noviembre de 2011, Exp. 21743 todas de la Consejera Oiga Mélida Valle de De La Hoz.