Sentencia 2003-00515 de mayo 14 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 25000232400020030051501

Autoridades nacionales

Actoras: Compañías Asociadas de Gas S.A. E.P. y otras

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Bogotá, D.C., catorce de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

5.1. Contenido de los actos administrativos demandados.

El acto objeto de la presente demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, es del siguiente tenor literal:

“REPÚBLICA DE COLOMBIA

Ministerio de Minas y Energía

Comisión de Regulación de Energía y Gas

RESOLUCIÓN 005 DE 2003

(Febrero 12)

Por la cual se establecen los factores de capacidad en galones para cilindros de GLP para la determinación del precio de venta al público.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con los decretos 1524 y 2253 de 1994, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con la Ley 142 de 1994, en especial los artículos 73 y 74.1, literal d), corresponde a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) regular las tarifas para la comercialización y distribución de gas combustible;

Que según los artículos 73.11 y 91 de la Ley 142 de 1994 corresponde a la CREG fijas las fórmulas tarifarias para cada una de las actividades relacionadas con los gases licuados del petróleo (GLP);

Que el artículo 9º de la Resolución CREG-083 de 1997, modificado por el artículo 1º de la Resolución CREG-010 de 2001 y por el artículo 2º de la Resolución CREG -044 de 2001, establece que con base en la información que reporten los grandes comercializadores sobre la composición de las mezclas de GLP comercializadas nacionalmente, la CREG determinará los factores que determinan la capacidad, en galones, de cada tipo de cilindros de GLP utilizado para la distribución de GLP;

Que el artículo 2º de la Resolución CREG 009 de 2002 fija los factores de capacidad en galones para determinar el precio de venta de GLP en cilindros al usuario final, para el año 2002, de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones anteriormente mencionadas;

Que Ecopetrol como único Gran Comercializador de GLP, reportó a la CREG las composiciones promedio del GLP producido durante el año 2002 en cada una de las refinerías de Barrancabermeja, Apiay y Cartagena;

Que Ecopetrol, como único Gran Comercializador de GLP, reportó a la CREG información sobre las importaciones de GLP realizadas en los meses de julio y agosto de 2002, y las características del producto importado;

Que con base en la información reportada por Ecopetrol se calculó la densidad relativa del GLP producido por Ecopetrol en cada refinería, y del GLP importado.

Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas en la Sesión Nº 208 del 12 de febrero de 2003, acordó establecer los factores de capacidad en galones para cilindros de GLP con el objeto que las empresas distribuidoras puedan determinar el precio de venta al usuario final de que tratan las resoluciones CREG-083 de 1997, CREG-010 de 2001 y CREG-044 de 2001;

RESUELVE:

“ART. 1º—Aplicación de factores de capacidad (f) de acuerdo con la fuente de producción. Para calcular los precios de venta en cilindros al usuario final, las empresas distribuidoras de GLP aplicarán los factores de capacidad (f) indicados en el artículo 2º de esta resolución, de acuerdo con el sitio de donde provenga el GLP que distribuyen en cilindros.

“ART. 2º—Modifícase el artículo 2º de la Resolución CREG 009 de 2002 así:

“ART. 2º—Factores de capacidad, en galones, de cilindros de GLP (f). Fíjanse los siguientes factores para determinar el precio de venta de GLP en cilindros, al usuario final’.

Fuente de ProducciónMÁXIMO VOLUMEN DE GLP f
f 100f 40f 20f 30f 80
B/BERMEJA 21.372 8.549 4.274 7.053 16.457
APIAY 22.541 9.016 4.508 7.438 17.356
CARTAGENA 22.111 8.844 4.422 7.297 17.026

“ART. 3º—Vigencia de los factores (f). Los factores indicados en el anterior artículo serán revisados por la CREG de acuerdo con la información reportada por los Grandes Comercializadores, como lo establece el artículo 9º de la Resolución CREG 083 de 1997, modificado por el artículo 1º de la Resolución CREG 010 de 2001 y por el artículo 2º de la Resolución CREG 044 de 2001. Estos factores estarán vigentes hasta tanto la CREG no publique unos diferentes.

“ART. 4º—Vigencia. Esta Resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial y contra ella no procede recurso alguno por la vía gubernativa por tratarse de un acto de carácter general.

Publíquese y cúmplase

Dado en Bogotá, D.C. el día 12 de Febrero de 2003.

Manuel Maiguashca Olano Jaime Alberto Blandón Díaz

Viceministro de Minas y Energía Director Ejecutivo

Delegado del Ministro

Presidente”.

5.2. Cuestión previa.

Se considera necesario mencionar, que mediante providencia del 13 de julio de 2006 expedida por esta misma Sección(4), se confirmó el auto apelado de fecha 26 de febrero de 2004 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda y ordenó remitir por competencia el expediente a esta corporación, al considerar que la resolución acusada era un acto de contenido general proferido por una autoridad del orden nacional y del cual no podían deducirse efectos particulares, individuales y concretos, motivo por el que el control de legalidad correspondía en única instancia a esta instancia judicial.

Esta sección, compartió el argumento anteriormente expuesto, teniendo de presente la competencia fijada por el artículo 128, numeral 1 del Código Contencioso Administrativo, según el cual, dada la calidad de las partes, por ser éste el factor prevalente para determinarla, en el caso en estudio el acto acusado era un acto general expedido por una autoridad nacional como lo es el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), razón suficiente para que su conocimiento y resolución correspondiera a esta corporación en única instancia.

En la citada providencia del 13 de julio de 2006 se estableció lo siguiente:

“Las actoras aducen que por haberles causado perjuicios la resolución acusada, la acción pertinente contra ésta es la de nulidad y restablecimiento del derecho, que puede intentarse aun contra actos de contenido general.

Sobre este punto la Sala debe precisar que si bien la jurisprudencia de esta Corporación admite la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos de carácter general, el acto de que se trate debe producir efectos concretos o individuales de manera directa e inmediata, de manera que los perjuicios causados a una persona determinada se deriven directamente de su texto.

Ya en cuanto a la competencia, tratándose de la pretensión de nulidad de un acto de contenido general expedido por una autoridad del orden nacional, la Sala considera que corresponde al Consejo de Estado, en única instancia, según lo dispuesto en el artículo 128-1 Código Contencioso Administrativo, por razón de la calidad de las partes, por ser este el factor prevalente para determinarla” (subrayas fuera de texto)

5.3. Planteamiento del debate jurídico.

El argumento principal de inconformidad esgrimido en la demanda consiste en que a juicio de las sociedades actoras, la administración, por conducto de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, modificó de manera unilateral y arbitraria —pues carecía de competencia para hacerlo—, el régimen tarifario que determinaría los precios de los Gases Licuados del Petróleo GLP que se le cobraría al usuario final, asunto que obviamente tiene incidencia directa en los márgenes de comercialización y los costos o mejor, de las ganancias que dejarían de percibir, los distribuidores del gas.

En igual sentido afirmó el libelo demandatorio, que la Resolución 005 de febrero 12 de 2003 objeto de la presente demanda de nulidad, tuvo su origen en la expedición de varias resoluciones de la CREG, entre ellas, la 010 y 044 ambas de 2001 y en la 009 de 2002.

Pues bien, luego de revisado el contenido de la Resolución 005 de febrero 12 de 2003 objeto de la presente demanda de nulidad, se observa que el propósito de este acto administrativo no es otro distinto, que el de establecer o fijar los factores de capacidad en galones de cilindros de Gas Licuado de Petróleo GLP (f) para la determinación del precio de venta que el público tendrá que pagar, factores que debían ser aplicados por las empresas distribuidoras de GLP, lo cual implicaba según el artículo 2º del acto acusado, la modificación del artículo 2º de la Resolución CREG 009 de 2002.

Ahora bien, los cargos de la extensa demanda interpuesta por las sociedades actoras a través de un único apoderado judicial, se pueden resumir en los siguientes: que la determinación adoptada en el acto acusado incurrió en violación de normas de la Carta Política, por cuanto desconoció los principios y los fines que orientan nuestro Estado Social de Derecho; la obligación que tienen las autoridades de la República de proteger a todas las personas en sus bienes; que el acto administrativo es incompatible con la Constitución Política; que transgredió el principio de igualdad discriminando a un sector de la población como lo es el gremio de los distribuidores de GLP; que desconoció las plenitud de las formas propias del procedimiento; que la CREG invadió la órbita del Congreso de la República, al expedir el acto demandado pues ejerció una facultad que no le correspondía; que el contenido de la resolución enjuiciada, desconoce el derecho a la libertad de empresa y sana competencia, pues al adoptar la decisión unilateral modificó las condiciones de la actividad desarrollada por los distribuidores del Gas, quienes se verían perjudicados para poder sobrevivir en el mercado.

Así mismo consideró la parte demandante, que la Resolución 005 de 2003, desconoce el artículo 58 que garantiza los derechos adquiridos que tenían las actoras, al haber modificado de la manera como lo hizo, las fórmulas tarifarias de las actividades que ejercían los distribuidores del GLP, razón por la cual desconoció el principio de la buena fe que debe orientar las actuaciones de las autoridades públicas, de allí que solicitara se declarara la responsabilidad de los servidores públicos que habían expedido el acto acusado.

De otra parte, en lo que tiene que ver con la solicitud de declarar la nulidad del acto demandado porque violó normas legales, la parte actora la enfocó en los siguientes aspectos: que la CREG carecía de competencia para expedirlo, en virtud del artículo 11 de la Ley 401 de 1997; que desconoció los artículos 124, 126 y 127 de la Ley 142 de 1994 y por ende el procedimiento de notificación de los actos administrativos particulares a la luz del Código Contencioso Administrativo; que la Resolución 005 de 2003 adolece de falsa motivación y de falta de motivación adecuada; que no tuvo en cuenta una situación particular y concreta que afectaba al gremio de los distribuidores del GLP; que no fue debidamente notificada a este grupo poblacional y que se les impidió que concurrieran al procedimiento administrativo previa a su expedición, lo cual transgredió el artículo 6º de la Ley 58 de 1982.

5.4. Acatamiento del precedente jurisprudencial.

Pues bien, un aspecto que fue reiterado a lo largo de la demanda contra la Resolución 005 de 2003, consistió en que para la parte demandante este acto fue expedido como consecuencia de la Resolución 010 de 2001 “por la cual se modifica la fórmula tarifaria para determinar el precio al usuario final del servicio público domiciliario de Gases Licuados del Petróleo GLP”, acto administrativo que modificó la fórmula tarifaria establecida en la Resolución 083 de 1997 y que a su vez, luego fue modificado por la Resolución 044 del 7 de mayo de 2001. De allí que para las sociedades actoras, la Resolución 005 de 2003 adolece de falsa motivación.

Según lo expuesto en el devenir de la actuación procesal adelantada y en la parte considerativa de la Resolución 005 de 2003 objeto de demanda, se tiene que este acto administrativo tuvo como fundamento para su expedición la siguiente motivación:

Que el artículo 9º de la Resolución CREG-083 de 1997, modificado por el artículo 1º de la Resolución CREG-010 de 2001 y por el artículo 2º de la Resolución CREG 044 de 2001, establece que con base en la información que reporten los grandes comercializadores sobre la composición de las mezclas de GLP comercializadas nacionalmente, la CREG determinará los factores (f) que determinan la capacidad, en galones, de cada tipo de cilindros de GLP utilizado para la distribución de GLP;

Que el artículo 2º de la Resolución CREG 009 de 2002 fija los factores de capacidad en galones para determinar el precio de venta de GLP en cilindros al usuarios final, para el año 2002, de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones anteriormente mencionadas” (subrayas fuera de texto).

En vista de que tal y como lo afirmó la demandante, encuentra la Sala acreditado que la Resolución 005 de 2003 tuvo como antecedente la Resolución 010 del 20 de febrero de 2001, acto administrativo que fue objeto de demanda de nulidad ante esta corporación, resulta necesario atenerse a los antecedentes jurisprudenciales proferidos en aquella oportunidad en torno a los temas ahora cuestionados.

5.4.1. Es así como, esta Sala se pronunció respecto de la legalidad de la Resolución 010 de 2001, cuya demanda se apoyó en los mismos, por no decir idénticos temas, que sirvieron de fundamento para los cargos y planteamientos a través de los cuales se enfocó la presente demanda de nulidad, mediante sentencia del 9 de junio de 2005 Radicado 11001-03-24-000-2003-00209-01 con ponencia de este despacho, providencia mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

Según lo expuesto, la Sala prohijará en el caso objeto del presente examen, las consideraciones esgrimidas en el fallo del 9 de junio de 2005, como quiera que los supuestos de hecho y de derecho analizados en dicha oportunidad, son idénticos a los cuestionados en el acto administrativo demandado Resolución 005 de 2003, tal y como se verá enseguida.

Es así como, respecto del cargo relativo a la falta de competencia de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, la parte demandante en el expediente objeto del actual examen, lo fincó en el hecho de que la CREG al expedir el acto cuestionado, vulneró el contenido del artículo 11 de la Ley 401 de 1997, asunto que fue también planteado y discutido en el fallo con Radicado 2003-00209-01, motivo suficiente para aplicar los criterios allí expuestos mutatis mutandi al caso en estudio.

Sobre el tema dijo la Sala en aquella oportunidad lo siguiente:

A juicio del actor, por una parte, la CREG al expedir el acto acusado está invadiendo la órbita del legislador, único titular —con las excepciones taxativamente consagradas en cabeza del Presidente de la República— de la potestad legislativa; y, por otra, de conformidad con el artículo 11, parágrafo 1, de la Ley 401 de 1997, la explotación y el transporte del GLP están excluidos de la aplicación de la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios (L. 142/94).

Frente a la competencia normativa de la CREG y su relación con las funciones que puede delegarle el Presidente de la República, cabe tener en cuenta las siguientes disposiciones:

La Constitución Política, en sus artículos 365 y 367, consagra:

“ART. 365.—Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

(…).

“ART. 367.—La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta, además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de los ingresos.

(…).

La Ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas”. (Negrilla fuera de texto).

Esta corporación en sentencia de 17 de agosto de 2000 (Exp. 5920, Actor: Jesús Andrés Jiménez Riviere, C.P. Juan Alberto Polo Figueroa), precisó lo siguiente:

“… 2.1. La competencia de la CREG

Al punto se tiene que las comisiones de regulación, a las cuales pertenece la CREG, aparecen en la Ley 142 de 1994, pudiéndose observar que, según el artículo 68, inciso segundo, las funciones que en ella se les asigna son ante todo o en principio del Presidente de la República, de manera que aquellas solo las pueden ejercer si el Presidente se las delega.

Para la debida ilustración, se trae el enunciado del artículo 68 en cita, que a la letra dice:

“ART. 68.—Delegación de funciones presidenciales a las comisiones. El Presidente de la República señalará las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, que le encomienda el artículo 370 de la Constitución Política, y de los demás a los que se refiere esta ley, por medio de las comisiones de regulación de los servicios públicos, si decide delegarlas, en los términos de esta ley.

Las normas de esta ley que se refieren a las comisiones de regulación se aplicarán si el Presidente resuelve delegar la función aludida; en caso contrario, el Presidente ejercerá las funciones que aquí se atribuyen a las comisiones”.

Así las cosas, según el artículo 68 las comisiones de regulación están instituidas como órganos destinados a ejercer funciones delegadas por el Presidente de la República en relación con la fijación de políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, que el artículo 370 de la Constitución le encomienda a éste; si bien la Corte Constitucional admite que también han recibido atribuciones directamente de la ley.

En lo que concierne a la CREG, fue creada mediante el decreto 2119 de 1992, y sus funciones específicas están dadas en la delegación de las funciones, previstas en el artículo 23 de la Ley 143 de 1994, que le hizo el Presidente de la República mediante los decretos 1524 de 15 de julio de 1994 y 2253 de 1994, en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 68 y 105 de la Ley 142, en concordancia con el precitado artículo 23 de la Ley 143, para efecto de las funciones que le asigna el artículo 370 de la Carta y en lo que sea compatible con esta, en el artículo 11 del Decreto 2119 de 1992. …”.

“…la Sala concluye, en primer lugar, que si bien la Constitución reserva a la ley la regulación del marco general de los servicios públicos, las comisiones de Regulación participan también de una facultad reguladora, dada tanto por la misma ley, como recibida de la delegación que en ellas efectúe el Presidente de la República, delegación que se hizo mediante el Decreto 1524 de 1994, en relación con todas y cada una de las actualmente existentes, y mediante el 2253 del mismo año en lo relativo específicamente a la CREG, lo cual se enmarca, entonces, en el artículo 370 de la Constitución.

Respecto de la facultad reguladora de dichos organismos, la Corte Constitucional dice que “...en parte alguna la Constitución prohíbe que las comisiones de Regulación dicten normas de carácter general que, no obstante no ser leyes, puedan constituir el parámetro objetivo por el acto reclamado” (Sent. C-066/97).

En este orden de ideas se destaca su apreciación de que no sólo la ley puede regular los servicios públicos “pues la Carta atribuye competencias a otros órganos estatales”, entre los cuales menciona al Presidente, de quien afirma que “no solo conserva en esta materia, como en todos los campos, la potestad para reglamentar”, sino que, además, tiene competencias propias en materia de servicios domiciliarios, según el artículo 370 de la Carta, que le atribuye la facultad de señalar, con sujeción a los parámetros que le fije la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, y le corresponde el ejercicio, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos, del control, inspección y vigilancia de las entidades prestadoras de tales servicios (Sent. C-272/98), y advierte en la misma sentencia que aquélla función constitucional “...es delegable, porque no compromete el fuero presidencial ni la unidad nacional, al punto de que requiera un ejercicio exclusivo por parte del primer mandatario. Esto es tan claro que la propia Asamblea Constituyente consideró viable atribuir esa facultad a un órgano autónomo, lo cual muestra que la posibilidad de delegación es compatible con la regulación general de los servicios públicos prevista en la Carta”, y que “ Esta delegabilidad es todavía más clara si se tiene en cuenta que una interpretación sistemática de la Carta permite concluir que la potestad del artículo 370 la ejerce el Presidente como jefe de la administración, por lo cual sería incluso delegable en el anterior ordenamiento constitucional…”. (Resaltado fuera de texto).

Por su parte, el literal d) del artículo 74.1 de la Ley 142 de 1994, delegó en la CREG la función de

“ d) Fijar las tarifas de venta de electricidad y gas combustible; o delegar en las empresas distribuidoras, cuando sea conveniente dentro de los propósitos de esta Ley, bajo el régimen que ella disponga, la facultad de fijar estas tarifas” (resaltado fuera de texto.)

La Sala reitera en esta oportunidad lo expresado en la precitada sentencia, en cuanto a la facultad normativa de la CREG frente a la materia contenida en el acto acusado, pues esta guarda relación con las políticas generales de administración y control de eficiencia en los servicios públicos, materia ésta que, pese a ser del resorte del Presidente de la República, puede ser delegada, como ya se vio, lo que fue avalado por la Corte Constitucional en sentencia de 6 de septiembre de 2000 (Exp. D-2863, M.P. José Gregorio Hernández).

En este orden de ideas se colige que, contrario a lo expresado por el demandante, la Comisión Reguladora de Energía y Gas —CREG— sí está facultada legalmente para fijar el régimen tarifario del gas combustible” (negritas y subrayas fuera de texto)

5.4.2. Íntimamente relacionado con el tema de la falta de competencia de la CREG al expedir el acto acusado, está el cargo relativo a la distribución y comercialización del gas combustible GLP, ya que para Asogas, a esta industria del sector del Gas no le son aplicables las disposiciones de la Ley 142 de 1994, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 401 de 1997.

Sobre este tema, resultan pertinentes las determinaciones adoptadas en la sentencia del 15 de abril de 2004 radicado 2001-00253-01 (7291) M.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta(5), las cuales son también prohijadas en la presente oportunidad, como quiera que fueron abordadas por Asogas en los mismos términos en que fueron analizadas en el citado fallo.

Acerca de la aplicabilidad de las normas de la Ley 142 de 1994, se dijo lo siguiente:

“En primer término, el actor sostiene que de conformidad con el artículo 11, parágrafo 1, de la Ley 401 de 1997, la explotación y el transporte del GLP están excluidos de la aplicación de la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios (L. 142/94).

Prescribe la norma en cita:

“ART. 11.—Con el propósito de asegurar una prestación eficiente del servicio público de gas combustible que se transporte por red física a todos los usuarios del territorio nacional, las actividades distintas a su exploración, explotación y su procesamiento, se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 142 de 1994.

“PAR. 1º—Las actividades de exploración, explotación, procesamiento y transporte de petróleo crudo, así como de sus productos derivados no estarán sujetas a las normas de la Ley 142 de 1994. Dichas actividades continuarán reguladas por las normas especiales contenidas en el Código de Petróleos, el Decreto 2310 de 1974 y por las disposiciones que los complementan, adicionan o reforman.

“PAR. 2º—Las competencias previstas en la Ley 142 de 1994 en lo relacionado con el servicio público domiciliario, comercial e industrial de gas combustible, sólo se predicarán en los casos en que el gas se utilice efectivamente como combustible y no como materia prima de procesos industriales petroquímicos”.

El anterior precepto excluye de la aplicación de la Ley 142 de 1994 a las actividades de exploración, explotación, procesamiento y transporte del petróleo crudo y de sus derivados, pero las actividades distintas a estas, tales como la distribución y comercialización del gas combustible, contrario a lo sostenido por el actor, sí están sujetas a aquella.

Corrobora lo anterior, lo dispuesto, precisamente, en los artículos 1º y 14.21 y 14.28 de la Ley 142 de 1994:

“ART. 1º—Ámbito de aplicación de la ley. Esta ley se aplica a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural; a las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos de que trata el artículo 15 de la presente ley, y a las actividades complementarias definidas en el Capítulo II del presente título y a los otros servicios previstos en normas especiales de esta ley”.

“ART. 14.—Definiciones. Para interpretar y aplicar esta Ley se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

...

14.21. Servicios públicos domiciliarios. Son los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural, y distribución de gas combustible, tal como se definen en este capítulo.

14.28. Servicio público domiciliario de gas combustible. Es el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible, por tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un consumidor final, incluyendo su conexión y medición. También se aplicará esta Ley a las actividades complementarias de comercialización desde la producción y transporte de gas por un gasoducto principal, o por otros medios, desde el sitio de generación hasta aquel en donde se conecte a una red secundaria”. (resaltado fuera de texto)

Según lo transcrito, la CREG sí era competente para expedir la Resolución 005 de 2003 y sus decisiones relativas a la distribución y comercialización del GLP, están sometidas a las directrices de la Ley 142 de 1994.

5.4.3. Otro cargo de la presente demanda, que también fue analizado en la sentencia del 9 de junio de 2005 radicado 2003-00209-01, es el relativo a la flagrante violación de los artículos 124, 126 y 127 de la Ley 142 de 1994, al considerar Asogas y las otras demandantes que la Resolución 005 de 2003, vulneró el término de la vigencia de las fórmulas tarifarias que es de cinco años; que no se estaba ante una situación excepcional que ameritara la modificación antes de los cinco años, porque no era evidente un grave error de cálculo. Igualmente para la actora, lo que la CREG debió hacer no era expedir el acto acusado sino, adelantar el procedimiento dispuesto en el artículo 127 de la Ley 142 de 1994, en armonía con lo dispuesto en el artículo 124 ídem que remite a las normas del Código Contencioso Administrativo.

Pues bien, los anteriores cuestionamientos, como ya se dijo, fueron analizados en la sentencia proferida por este despacho el 9 de junio de 2005 radicado 2003-00515, motivo por el cual los criterios allí expuestos se prohijarán en la presente demanda, poniendo de presente que en aquella oportunidad la Sala interpretó este cargo como el de “falsa motivación del acto demandado”, que en dicha ocasión fue la Resolución 010 de 2001.

En aquel fallo se dijo lo siguiente:

“A juicio del actor el acto acusado adoloce de falsa motivación dado que no se presentaron ni los errores graves de cálculo ni la fuerza mayor o el caso fortuito de que trata el artículo 126 de la Ley 142 de 1994; y, por lo tanto, las fórmulas tarifarias establecidas en la Resolución CREG 083 de 1997 podían ser modificadas, de oficio, antes de cinco años, como lo establece la norma.

Al respecto se observa:

El artículo 126 de la Ley 142 de 1994, prevé:

“ART. 126.—Vigencia de las fórmulas de tarifas. Las fórmulas tarifarias tendrán una vigencia de cinco años, salvo que antes haya acuerdo entre la empresa de servicios públicos y la comisión para modificarlas o prorrogarlas por un período igual.

Excepcionalmente podrán modificarse, de oficio o a petición de parte, antes del plazo indicado cuando sea evidente que se cometieron graves errores en su cálculo, que lesionan injustamente los intereses de los usuarios o de la empresa; o que ha habido razones de caso fortuito o fuerza mayor que comprometen en forma grave la capacidad financiera de la empresa para continuar prestando el servicio en las condiciones tarifarias previstas.

Vencido el período de vigencia de las fórmulas tarifarias, continuarán rigiendo mientras la comisión no fije las nuevas” (negrilla fuera de texto).

La Resolución 010 de 20 de febrero de 2001, acusada, modificó el artículo 9º de la Resolución CREG 083 de 1997 que había fijado las fórmulas tarifarías para determinar los precios del GLP. Según consta en sus considerandos la administración tuvo en cuenta:

(…).

Sobre el particular, la Sala considera que no le asiste razón al demandante, ya que, tal y como se advierte en los considerandos anteriormente transcritos, existió un error en los factores de conversión establecido en el artículo 9 de la Resolución CREG 083 de 1997 para calcular el precio del GLP al usuario final al no corresponder a la composición del GLP que se vende en el país, toda vez que la que se tuvo en cuenta en dicho acto corresponde a un GLP compuesto en su totalidad por propano puro cuya densidad relativa es de 0.507 y un peso específico de 4.22 libras por galón, cuando, el producido por Ecopetrol contiene valores superiores, producto de otros componentes adicionales al gas propano puro como son los butanos, butilenos y pentanos más pesados, con densidad relativa media de 0.5631 y peso específico medio de 4.68 libras por galón, lo cual se traduce en un menor número de galones por unidad de peso.

Lo anterior encuentra pleno respaldo en el documento CREG -045 del 20 de febrero de 2001, obrante a folios 489 a 494 del Expediente, que contiene la recomendación del Comité de Expertos presentada a consideración de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, consistente en modificar las fórmulas para determinar el precio de venta de GLP. Dicho documento, en lo pertinente señala:

“Los valores 23.7023, 9.4809 y 4.7405 de estas fórmulas corresponden al factor de conversión de volumen, galones, a peso, libras. Las densidades y pesos específicos de las mezclas del GLP nacional, al provenir principalmente de procesos de refinación para la producción de gasolinas, cambian en forma considerable a lo largo de tiempo (tipo de crudo cargado, aditivos y diseño del proceso, etc.) El considerar un factor de conversión de volumen a peso de GLP inmodificable en el tiempo no está acorde con esta realidad. Este factor de conversión debería reflejar, en la medida de lo posible, las características reales del GLP que el usuario final está recibiendo….

(…).

…las características del GLP implícitas en la conversión utilizada en la fórmula corresponden exactamente con las del propano puro… (valor densidad relativa con respecto al agua de 0.50669)…Al momento de realización de estudio de Econometría, la información suministrada por Ecopetrol mostró que el GLP comercial colombiano tenía una densidad específica media de 0.5408. A su vez, Ecopetrol ha reportado a la CREG información diaria de la composición de las mezclas de GLP producido nacionalmente, correspondiente a los siguientes periodos: julio 1º de 1999 a febrero 3 de 2000, mayo 1º a junio 15 de 2000, agosto 1º a 15 de 2000, octubre 1º de 2000 a enero 31 de 2001…

En conclusión, con base en datos reales la densidad específica media de la mezcla difiere de la densidad específica media implícita en la fórmula vigente. Este es el error de cálculo encontrado en las fórmulas vigentes.

(…).

De tal manera que al haberse presentado el error de cálculo en la fórmula tarifaria consagrada en la Resolución 083 de 1997, la CREG de oficio y antes del vencimiento de los 5 años de que trata el artículo 126 de la Ley 142 de 1997 arriba transcrito, podía modificarla a través de la expedición del acto acusado teniendo en cuenta que dicho error lesionaba injustamente los intereses de los usuarios.

Por otra parte, es claro que el artículo 127 de la Ley 142 de 1994 consagra la actuación administrativa que debe adelantar la comisión para poner en conocimiento de las empresas de servicios públicos las bases sobre las cuales efectuará el estudio para determinar las fórmulas del período siguiente, antes de doce meses de la fecha de vencimiento de la vigencia de las fórmulas tarifarias, cuando no se haya presentado alguna de las causales exceptivas de que trata el artículo 126 ibídem.

Tampoco le asiste razón al actor al afirmar que ha debido darse cumplimiento a la actuación administrativa consagrada en el Capítulo II de la Ley 142 de 1994, pues de la lectura de los artículos 107 a 112 de la misma se infiere que tal actuación debe llevarse cabo cuando se expidan actos de carácter particular, no para actos de carácter general como lo es en este caso la Resolución 010 de 20 de febrero de 2001 acusada.

Por esta misma razón tampoco existe violación del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo” (subrayas fuera de texto).

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la CREG no incurrió en violación de ninguna disposición de la Ley 142 de 1994 al expedir la Resolución 005 de 2003, como lo aseguró la parte demandante.

5.4.4. De otra parte, resultan de suma importancia las consideraciones esgrimidas en la sentencia del 31 de julio de 2014 radicado 25000-23-24-000-2005-00654-01 M.P. Guillermo Vargas Ayala, expediente en el que se analizó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por la sociedad Autogas S.A. ESP y otras, contra la Resolución 001 del 24 de febrero de 2005 “Por la cual se establecen los factores de capacidad en galones para cilindros de GLP para la determinación del precio de venta al público”, expedida por la CREG, acto similar al ahora enjuiciado.

La Sala prohijará las consideraciones expuestas en el fallo del 31 de julio de 2014, en torno al tema de la supuesta falsa motivación y falta de motivación adecuada de la Resolución 005 de 2003, como quiera que los supuestos de hecho y de derecho analizados en dicha oportunidad, también son idénticos a los cuestionados en el acto administrativo demandado —Resolución 005 de 2003—.

En efecto, en el proceso objeto de este análisis, para la actora la Resolución 005 de 2003 adolece de falsa motivación, por cuanto no es cierto que se evidenció error grave de cálculo, que ameritara la modificación de los factores que debían aplicar las empresas distribuidoras de GLP, para determinar el precio de venta del gas en cilindros al usuario final, por cuanto este no se trata de un simple error de cálculo sino que se constituye en un cambio estructural en las fórmulas tarifarias.

En suma la falsa motivación se evidencia, según la parte actora, porque los motivos expuestos por la CREG en las resoluciones 010 y 044 de 2001, 009 de 2002 y en la que es objeto de la presente demanda, no tienen el carácter jurídico de “error grave”. A su turno censuró que los considerandos de la Resolución 005 de 2003 objeto de nulidad, no son serios, ni adecuados, además que son insuficientes y no están íntimamente relacionados con la decisión que se adoptó, por lo que incurrió el acto acusado en falta de motivación adecuada.

Ahora bien, en la sentencia de esta Sección que se prohíja, con ponencia del Magistrado Guillermo Vargas Ayala, sobre estas mismas causales de nulidad ahora estudiadas, sostuvo:

“La Sala encuentra que tanto uno como otro señalamiento carecen de vocación de prosperidad, toda vez que antes que ocuparse con cuestiones predicables de la Resolución 01 de 2005 destacan o remiten a aspectos propios de la resoluciones 10 y 44 de 2001. Esto, por cuanto el objeto de la resolución que aquí se controvierte (Nº 01 de 2005) no es otro que, como se declara en su rúbrica y se observa en su contenido, establecer “los factores de capacidad en galones para los cilindros de GLP para la determinación del precio de venta al público”. Esto significa que lejos de establecer una fórmula tarifaria específica para el cálculo del valor final del producto, como lo quieren hacer parecer los actores, define tan solo uno de los componentes de dicha fórmula (prevista por las Resoluciones 10 y 044 de 2001) a efectos de permitir su aplicación.

En efecto, fueron las Resoluciones 10 y 044 de 2001 las que con base en el error advertido (“los factores de conversión establecidos por el artículo 9º de la Resolución CREG-083 de 1997 no corresponden a la composición del GLP que se vende en el país”, señala la parte motiva de la Resolución 10 de 2001) modificaron la fórmula fijada por el artículo 9º de la precitada Resolución 083 de 1997. Uno de los factores de la fórmula tarifaria definida (PD100=PVN*f100+D100t) es f, que corresponde a la capacidad en galones de un cilindro de una determinada capacidad. Y de acuerdo con lo previsto por las Resoluciones 10 y 44 de 2001 f corresponde a una variable que será determinada por la CREG de acuerdo con la composición del GLP suministrada por los grandes comercializadores. Así, el objeto de la resolución demandada no es otro que determinar, justamente, ese factor con base en los reportes de información de los grandes comercializadores. De aquí que nada tenga que ver la Resolución 01 de 2005 ni con el cambio de fórmula (llevado a cabo por las resoluciones 01 y 44 de 2001), ni con la definición arbitraria o subjetiva de una densidad estándar del GLP, pues no es ese su objeto.

Se trata, entonces, de un cargo que se revela desenfocado, y que mal puede ser acogido. Máxime cuando la validez del error invocado por la CREG para la modificación de la fórmula tarifaria efectuada por la Resolución 10 de 2001 ya fue objeto de valoración por esta Corporación con base en un cargo similar al que ahora se plantea y fue hallado legítimo(6). Nada hay entonces que reprochar al aspecto motivacional de la Resolución 01 de 2001, que tan solo fija uno de los factores contenidos en la fórmula definida a efectos de establecer la capacidad en galones de los cilindros empleados para la distribución del GLP” (resaltado fuera de texto).

Según el precedente jurisprudencial transcrito, en el sub judice la Resolución 005 de 2003 objeto de nulidad, no adolece ni de falsa motivación ni de adecuada motivación, ya que la parte considerativa se observa acorde con la decisión que se adoptó en la parte resolutiva del acto, además que resulta seria, adecuada y suficiente, contraria a como lo demandó la actora.

5.4.5. Otro tema que fue analizado juiciosamente en la sentencia prohijada del 31 de julio de 2014, es el relativo a la naturaleza jurídica de la Resolución 001 de 2005 que en dicha oportunidad se revisó, argumento que en la presente oportunidad es acogido y que sirve para desvirtuar el cargo relativo al desconocimiento de una situación particular y concreta y a la falta de notificación del acto acusado, como quiera que la sentencia prohijada fue enfática en calificar la Resolución 001 de 2005, como un acto general y no como uno particular y concreto.

En el expediente objeto del presente examen, el apoderado de la parte demandante, insistió en calificar la Resolución 005 de 2003 como un acto administrativo particular y concreto, en la medida en que afectó situaciones jurídicas particulares preexistentes —que asimiló a derechos adquiridos en cabeza de los distribuidores del GLP—, motivo por el que afirmó que para su modificación, debía la administración haber contado con previa autorización y con el agotamiento del procedimiento previsto en las normas del Código Contencioso Administrativo, artículos 28, 35 y 74 entre otros:

Sea lo primero señalar, que sobre esta censura ya se hizo alusión en el acápite del numeral 5.2. cuestión previa, al referirse la Sala que en el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmado por esta Sección, se declaró la nulidad de lo actuado porque la Resolución 005 de 2003, es un acto general y no particular ni concreto.

En todo caso, conviene reiterar dada la similitud con el caso en estudio, las consideraciones puestas de presente en la sentencia radicada con el número 2005-00654-01, en la que se dijo lo siguiente:

“Pese a las complejidades que presenta la diferenciación entre actos administrativos generales y particulares, sus implicaciones no pueden pasarse por alto. Así, mientras que estos últimos crean, modifican o extinguen una situación jurídica individual y concreta, aquellos encerrarán siempre una norma jurídica, de modo que con independencia del número de personas que sean sus destinatarios o de los efectos positivos o negativos que supongan sobre ellos, representan siempre una innovación del ordenamiento jurídico establecida en términos impersonales y abstractos, esto es, sin consideración de ninguna persona específica ni de ningún caso en particular. De aquí que durante su vigencia un acto administrativo general o reglamento sea susceptible de aplicarse a un número indeterminado de supuestos: sea uno o sean múltiples, las reglas fijadas serán aplicables mientras estén vigentes y deberán considerarse en todos aquellos eventos que se enmarquen en las condiciones fácticas y jurídicas que constituyen su ámbito de aplicación. El acto administrativo particular, en contraste, al no contener una norma jurídica sino una decisión adoptada para un caso concreto tiene un alcance limitado, no solo porque crea un vínculo entre sujetos determinados (semejante al que ocurre en presencia de un contrato o de cualquier negocio jurídico), sino también que obliga a que una vez agotado su cumplimiento sea necesario adoptar nuevas decisiones para ocasiones semejantes que se presentan en el futuro(7).

(…).

Estas consideraciones permiten despejar cualquier duda sobre la naturaleza jurídica de la Resolución 01 de 2005 y, de paso, sobre el régimen que debe regir la expedición del acto atacado. Que en un mercado regulado exista un número determinado de agentes destinatarios de las medidas adoptadas por el regulador, y que éstas puedan tener sobre ellos efectos favorables o desfavorables resulta indiferente desde el punto de vista de la naturaleza jurídica de las determinaciones adoptadas; nada de ello tiene la virtud de trocar en particulares decisiones que son por definición reglas de derecho de carácter impersonales y abstractas”.

Según la jurisprudencia transcrita, no le asiste ninguna duda a la Sala en cuanto a la naturaleza jurídica de la Resolución 005 de 2003, como un acto administrativo general y no particular y concreto como lo demandó la parte actora, razón suficiente para no haber sido notificada a los distribuidores del GLP en los términos en que lo planteó la demanda, ni tampoco para haberse agotado lo previsto en los artículos 28, 34, 35, 44, 47, 48 y 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

5.4.6. Finalmente se invocó como argumento de demanda en el actual expediente 2003-00515-01, que la CREG violó el artículo 6º de la Ley 58 de 1982, en la medida en que la demandada no citó ni comunicó a los distribuidores del GLP o a los terceros interesados en la decisión que se adoptaría, previa a la expedición de la Resolución 005 de 2003, motivo por el cual no pudieron solicitar que se les tuviera en cuenta como parte del mismo, pese a las grave incidencia de la decisión que se adoptaba.

El artículo 6º de la Ley 58 de diciembre 28 de 1982 “Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para reformar el Código Contencioso-Administrativo”, establece: “Los titulares de derechos o intereses legítimos que puedan ser afectados por un procedimiento administrativo podrán solicitar que se les tenga como parte en el mismo”.

Teniendo de presente que el acto demandado es de carácter general, observa la Sala que esta disposición fue interpretada de manera equivocada por la parte demandante, como quiera que al no estarse en presencia de un acto particular y concreto, se descarta el cumplimiento del supuesto de hecho de la norma, pues los distribuidores del GLP no eran titulares de derechos o intereses adquiridos, por lo que no tendrían que haber sido convocados por la CREG obligatoriamente para que participaran en la actuación administrativa, previa a la expedición del acto acusado.

Del mismo modo, comparte la Sala la afirmación del apoderado de la CREG en la contestación de la demanda según la cual, el artículo 6º de la Ley 58 de 1982 en ningún momento obliga a los titulares de derechos o intereses legítimos a que concurran a un procedimiento administrativo, ya que se trata de una facultad discrecional de la que pueden hacer o no uso.

5.5. Consideraciones finales.

Observa la Sala que la parte demandante a pesar de que enunció como violado el artículo 10 de la Ley 142 de 1994, no fundamentó el concepto de dicha violación, motivo por el cual la Sala está relevada de emitir pronunciamiento alguno. Igual situación se presenta cuando invocó como causal de nulidad del acto acusado el desvío de poder, ya que apenas se limitó a afirmar “…hoy se tiene la tendencia de exigir que todos los actos, sin excepción, contengan la motivación que induce al órgano a expresar la voluntad.”, afirmación que para nada fundamenta la razón de la inconformidad.

De acuerdo con la jurisprudencia prohijada que da cuenta que la CREG sí tenía competencia para expedir la Resolución 005 de 2003, pierde solidez el cargo de la demanda según el cual esta entidad sustituyó la labor del Congreso de la República al haber legislado sobre un tema del cual carecía de competencia, de allí que el acto acusado no violó los artículos 113 y 150 de la Carta Política. Por tanto, lo que se observa es que la parte actora, interpretó de manera equivocada las consideraciones expuestas en la Sentencia C-1162 de 2000 pues la CREG no invadió la órbita del legislador al expedir el acto acusado, tal y como lo advirtió el citado fallo.

En cuanto a la violación al debido proceso en que incurrió la CREG al expedir la Resolución 005 de 2003, invocado por la parte demandante al enunciar la supuesta violación de normas de la Carta Política, la Sala se atiene a los argumentos esgrimidos en la sentencia del 31 de julio de 2014, fallo en el que se desvirtuó este enjuiciamiento, al considerar lo siguiente:

“Los actores insisten en su recurso en que la CREG vulneró el debido proceso, por cuanto no citó ni comunicó a los distribuidores de GLP o a terceros interesados el procedimiento que se adelantaba, de modo que éstos no se pudieron hacer parte ni ser escuchadas para hacer valer sus derechos, pese a la grave incidencia de la decisión adoptada sobre su situación financiera.

Lo señalado en el apartado anterior respecto del objeto de la resolución atacada permite entender que tampoco este cargo puede ser estimado. Al no suponer una modificación de la fórmula tarifaria, es claro que la expedición de la Resolución 01 de 2005 no debe someterse al procedimiento fijado por los artículos 124(8), 126(9) y 127(10) de LSPD, aplicables únicamente a las actuaciones relacionadas con la determinación, revisión y modificación de las tarifas; lo cual, se repite, no ocurre en el caso de la resolución atacada.

Esta misma situación, y el carácter general del acto administrativo impugnado, permiten excluir la aplicación de las reglas de procedimiento contenidas en los artículos 28, 34, 35, 44, 47, 48 y 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo. Esto, toda vez que los actores edifican el cargo bajo la equivocada convicción de que la Resolución 01 de 2005 es un acto administrativo de carácter particular porque sus efectos se proyectan sobre un supuesto grupo determinado de personas a las que presuntamente afecta de manera negativa.

(…).

Ahora, las reglas procedimentales establecidas por las normas invocadas por los demandantes tienen por objeto definir el trámite al que deben ser sometidas las actuaciones administrativas que involucran intereses particulares específicos. Por ende resultan inaplicables al caso sub examine. Cuando de lo que se trata es de proferir una norma jurídica o una regulación como la contenida en la resolución acusada las disposiciones del Código Contencioso Administrativo que establecen las garantías de participación del afectado no resultan vinculantes. Homologar, como pretenden los actores, el procedimiento de expedición de un acto administrativo general con el propio de la formación de un acto administrativo particular implica desconocer que el debido proceso consagrado por el artículo 29 Constitucional ni es un derecho absoluto, ni posee contenido uniforme. Es, por el contrario, un estándar de corrección formal que define el legislador para cada clase de actuación de las autoridades en consideración de los intereses implicados. Y ni las reglas sobre deber de comunicación y vinculación de terceros (CCA., arts. 14 y 28), ni sobre la posibilidad de aportar pruebas o refutar las obrantes en el expediente (CCA., art. 34), presentar alegaciones (CCA., art. 35), el deber de notificación (arts. 44 y ss.) o el derecho a interponer recursos en vía gubernativa (arts. 50 y ss.) son aplicables a supuestos de actuaciones de carácter general. Su alcance general y abstracto explica esta situación, pues de lo contrario su trámite correría el riesgo de permanecer abierto de manera indefinida, obstaculizado irrazonablemente a causa de la infinidad de posibles sujetos interesados en participar, al punto que difícilmente podría culminar y cobrar ejecutoria lo resuelto, con un alto costo para la toma de decisiones de interés general a cargo de la Administración, muchas de las cuales no dan espera. En consecuencia, la censura elevada no prospera”.

Respecto de la transgresión de las demás normas superiores invocadas como violadas por la Resolución 005 de 2003, la Sala comparte y reitera el siguiente argumento proferido por esta misma Sección, en sentencia del pasado 7 de mayo de 2015 radicado 25000232400020010053502 M.P. Marco Antonio Velilla Moreno, fallo en el que se descartó esta causal de nulidad invocada por la parte actora, al considerar lo siguiente

“En este sentido la Sala reitera que con la expedición de la Constitución Política de 1991, se incorporaron nuevas normas de carácter económico y regulatorio, con el objeto de desarrollar los principios del Estado Social de Derecho, y en materia de Servicios Públicos Domiciliarios, la intervención del Estado en la economía, para garantizar la libre competencia y proteger a los consumidores y usuarios, en pro del interés general”.

Al no haber sido desvirtuada la presunción de legalidad que ampara al acto acusado, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, por lo que así lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(4) El auto figura a folios 26 al 32 del cuaderno número 2.

(5) En el radicado 2001-00253-01 se demandó en virtud del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, la nulidad del artículo 4º de la Resolución 48 de 11 de agosto de 2000, “por la cual se establece para el servicio público domiciliario de distribución de los Gases Licuados del Petróleo (GLP), el valor del Margen para seguridad y se adoptan otras disposiciones relacionadas con este servicio”, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 9 de junio de 2005, Rad. No. 11001-03-24-000-2003-00209-01. C.P.: María Claudia Rojas Lasso.

(7) SÁNCHEZ MORÓN, Miguel. Derecho Administrativo. Parte General, 3ª Edición, Madrid, Tecnos, 2007, p. 183.

(8) Artículo 124. Actuación administrativa. Para determinar las fórmulas tarifarias se aplicarán las normas sobre régimen tarifario de las empresas de servicios públicos previstas en esta Ley, las normas del Código Contencioso Administrativo, y las siguientes reglas especiales:

124.1. La coordinación ejecutiva de la comisión de regulación respectiva impulsará toda la actuación; sin embargo, cuando corresponda a la comisión como autoridad nombrar peritos, el nombramiento corresponderá a la comisión misma.

124.2. Si la actuación se inicia de oficio, la comisión debe disponer de estudios suficientes para definir la fórmula de que se trate; si se inicia por petición de una empresa de servicios públicos, el solicitante debe acompañar tales estudios. Son estudios suficientes, los que tengan la misma clase y cantidad de información que haya empleado cualquier comisión de regulación para determinar una fórmula tarifaria.

(9) Artículo 126. Vigencia de las fórmulas de tarifas. Las fórmulas tarifarias tendrán una vigencia de cinco años, salvo que antes haya acuerdo entre la empresa de servicios públicos y la comisión para modificarlas o prorrogarlas por un período igual. Excepcionalmente podrán modificarse, de oficio o a petición de parte, antes del plazo indicado cuando sea evidente que se cometieron graves errores en su cálculo, que lesionan injustamente los intereses de los usuarios o de la empresa; o que ha habido razones de caso fortuito o fuerza mayor que comprometen en forma grave la capacidad financiera de la empresa para continuar prestando el servicio en las condiciones tarifarias previstas.

Vencido el período de vigencia de las fórmulas tarifarias, continuarán rigiendo mientras la comisión no fije las nuevas.

(10) Artículo 127. Inicio de la actuación administrativa para fijar nuevas tarifas. Antes de doce meses de la fecha prevista para que termine la vigencia de las fórmulas tarifarias, la comisión deberá poner en conocimiento de las empresas de servicios públicos las bases sobre las cuales efectuará el estudio para determinar las fórmulas del período siguiente. Después, se aplicará lo previsto en el artículo 124.