Sentencia 2003-00553 de febrero 4 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Ref.: Expediente 410012331000200300553 01.

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Número interno: 1540-2008.

Autoridades nacionales.

Actor: Leonora Oliveros Canencio.

Bogotá D.C., cuatro de febrero de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

Consiste en determinar si la señora Leonora Oliveros Canencio, tiene derecho a que se le tenga en cuenta como factor salarial lo percibido por prima especial de servicios desde el año de 1993 hasta el 2002 y en consecuencia se proceda a efectuar la correspondiente liquidación de las prestaciones con la inclusión de dicho factor.

Actos acusados

Resolución 257 de 3 de diciembre de 2002 (fl. 30), proferida por la Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, que negó el reintegro de las sumas descontadas de los salarios al considerar el 30% como prima especial de servicios sin carácter salarial.

Resolución 1193 de 28 de enero de 2003 (fl. 24), proferida por el director ejecutivo de administración judicial, que confirmó en todas y cada una de sus partes la decisión anterior.

De lo probado en el proceso

El jefe de recursos humanos de la dirección ejecutiva de administración judicial, seccional Huila, expidió la certificación 625 (fl. 92), en la que consta que la actora se vinculo como juez desde el 1º de agosto de 1983 y a la fecha de expedición del certificado, 8 de junio de 2005, seguía vinculada en el Juzgado Segundo Penal Municipal de Neiva.

Mediante el formulario de opción de 23 de febrero de 1993 que obra a folio 39 del expediente consta que la demandante se acogió en su integridad al régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 57 de 1993.

La demandante mediante escrito presentado el 15 de noviembre de 2002 a la pagadora de la rama judicial solicitó el reintegro de las sumas descontadas desde 1993 hasta 2002, por concepto de 30% de la remuneración básica mensual, considerada como prima especial de servicios sin carácter salarial (fl. 29).

Mediante la Resolución 257 de 3 de diciembre de 2002, la directora ejecutiva seccional de la administración judicial de Neiva (fl. 30), negó la solicitud anterior argumentando que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial.

Contra la anterior decisión la actora interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por el director ejecutivo de administración judicial mediante Resolución 1193 de 28 de enero 2003 (fl. 24), que confirmó la Resolución 257 de 2002, con la misma argumentación adicionando el hecho de que la sentencia del Consejo de Estado de 14 de febrero de 2002, que la demandante invoca, declaró la nulidad del artículo 7º del Decreto 38 de 1999, en cuanto al 30%, el cual es aplicable únicamente a los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación.

Análisis de la Sala

La petición presentada el 15 de noviembre de 2002 ante la Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva, así como la demanda, se orientaron a obtener a favor de la demandante el pago de los valores que por concepto de prestaciones sociales (primas, vacaciones y cesantías entre otras) le adeuda la entidad desde 1993, fecha en la que la demandante se acogió al régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 57 de 1993, y que resultan de aplicar el 30% de la prima especial como factor salarial para su reliquidación.

Las pretensiones de la demandante buscan la aplicación de unas normas que regulan aspectos propios del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, en virtud de lo previsto en la Ley 4ª de 1992.  En efecto, el Decreto 108 de 1994, artículo 1º, establece que es obligatorio lo allí contemplado para quienes se vinculen al servicio de la Fiscalía General de la Nación con posterioridad a la vigencia del Decreto 53 de 1993, sin que se tenga en cuenta para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de las ramas del poder público, organismos o instituciones del sector público, en especial el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

A su vez, el artículo 2º ídem, indicó que los servidores públicos vinculados a la Fiscalía General de la Nación que en su oportunidad no se acogieron al régimen salarial establecido en los decretos 53 y 109 de 1993 podrán optar por el régimen establecido en el presente decreto hasta el 28 de febrero de 1994 mediante manifestación escrita; el artículo 3º por su parte expresa la remuneración de los cargos allí descritos y el artículo 7º, contempla el 30% del salario básico mensual de los empleos, considerándose como prima especial de servicios sin carácter salarial.

Sobre dicha prestación, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, mediante sentencia de 3 de marzo de 2005, M.P. Dra. Ana Margarita Olaya Forero, Exp. 17021, Actor: Everardo Venegas Ávila y Otros, declaró la nulidad de las siguientes normas: artículos 7º del Decreto 52 de 1997; 7º del Decreto 108 de 1996; 7º del Decreto 49 de 1995; 7º del Decreto 108 de 1994 y 6 del Decreto 53 de 1993, mediante los cuales se dispuso que el 30% del salario básico mensual de los fiscales delegados ante el Tribunal Nacional, el tribunal del distrito, jueces regionales y jueces del circuito, del secretario general, de los directores nacionales, regionales y seccionales, de los jefes de oficina, división y de unidad de policía judicial, del fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia y del fiscal delegado ante jueces municipales y promiscuos; de lo anterior concluyó que la prima especial considerada sin carácter salarial, fue aprobada por el Gobierno Nacional excediendo la facultad contemplada en el artículo 150 numeral 19, al no sujetarse a los criterios y objetivos fijados en la Ley 4ª de 1992, artículo 14.

A la actora, en su calidad de Juez Segundo Penal Municipal de Neiva (Huila), se le aplican en material salarial y prestacional las normas establecidas para la Rama Judicial, sin beneficiarse de otros regímenes y menos aquel orientado a los servidores de la Fiscalía General de la Nación cuya normativa expresa que lo allí previsto no se tendrá en cuenta para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de las ramas del poder público, organismos o instituciones del sector público, siendo atribución del legislador contemplar los diferentes regímenes dentro del ámbito de sus competencias.

Régimen aplicable

Como la demandante también citó como normatividad violada los artículos 14 de la Ley 4ª de 1992 y 2º del Decreto 57 de 1993, que prevén el Régimen Salarial y Prestacional de los servidores públicos de la rama judicial y la Justicia Penal Militar, la Sala entrará a analizar estás normas y aquellas concordantes.

El artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, prevé en lo pertinente lo siguiente:

“… El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial, para los Magistrados de todo orden de los tribunales superiores de distrito judicial y contencioso administrativo, agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y para los jueces de la República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1º) de enero de 1993”.

A su vez, el artículo 2º del Decreto 57 de 1993, establece en el artículo 3º que los servidores públicos vinculados a la rama judicial y a la Justicia Penal Militar podían optar por una sola vez, antes del 28 de febrero de 1993, por el régimen salarial y prestacional establecido en esa preceptiva, y quienes no lo hicieran continuarían rigiéndose por lo dispuesto en las normas legales entonces vigentes; por su parte, el artículo 6º ibídem prevé que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como prima sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de, entre otros funcionarios, los magistrados, jueces y fiscales.

El artículo 2º del Decreto 106 de 1994 fijó, a partir del 1º de enero de ese año, la remuneración mensual de los empleos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar; su numeral 4º enlista la denominación de los cargos de los juzgados municipales y les señala la remuneración mensual y el artículo 6º ibídem, prevé  que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como prima sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de, entre otros funcionarios, los magistrados, jueces y fiscales.

Respecto del artículo 3º del Decreto 43 de 1995, fijó, a partir del 1º de enero de ese año, la remuneración mensual de los empleos de la rama judicial y de la Justicia Penal Militar; su numeral 4º enlista la denominación de los cargos de los juzgados municipales y les otorga la remuneración mensual y el artículo 7º ibídem, prevé  que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como prima sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de, entre otros funcionarios, los magistrados, jueces y fiscales.

El artículo 2º del Decreto 36 de 1996, fijó, a partir del 1º de enero de ese año, la remuneración mensual de los empleos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar; su numeral 4º enlista la denominación de los cargos de los juzgados municipales y les otorga la remuneración mensual y el artículo 6º ibídem, prevé que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como prima sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de, entre otros funcionarios, los magistrados, jueces y fiscales.

El artículo 2º del Decreto 76 de 1997 fijó, a partir del 1º de enero de ese año, la remuneración mensual de los empleos de la rama judicial y de la Justicia Penal Militar; su numeral 4º enlista la denominación de los cargos de los juzgados municipales y les otorga la remuneración mensual y el artículo 6º ibídem, prevé que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como prima sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de, entre otros funcionarios, los magistrados, jueces y fiscales.

El artículo 2º del Decreto 64 de 1998 fijó, a partir del 1º de enero de ese año, la remuneración mensual de los empleos de la rama judicial y de la justicia penal militar; su numeral 4º enlista la denominación de los cargos de los juzgados municipales y les otorga la remuneración mensual y el artículo 6º ibídem, prevé que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como prima sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de, entre otros funcionarios, los magistrados, jueces y fiscales.

El artículo 2º del Decreto 44 de 1999 fijó, a partir del 1º de enero de ese año, la remuneración mensual de los empleos de la rama judicial y de la justicia penal militar; el numeral 4º enlista la denominación de los cargos de los juzgados municipales y les otorga la remuneración mensual y el artículo 6º ibídem, prevé que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como prima sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de, entre otros funcionarios, los magistrados, jueces y fiscales.

El artículo  2º del Decreto 2740 de 2000 fijó, a partir del 1º de enero de ese año, la remuneración mensual de los empleos de la rama judicial y de la justicia penal militar y su numeral 4º enlista la denominación de los cargos de los juzgados municipales y les otorga la remuneración mensual y el artículo 6º ibídem, prevé que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como prima sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de, entre otros funcionarios, los magistrados, jueces y fiscales.

El artículo  2º del Decreto 1475 de 2001 fijó, a partir del 1º de enero de ese año, la remuneración mensual de los empleos de la rama judicial y de la Justicia Penal Militar y su numeral 4º enlista la denominación de los cargos de los juzgados municipales y les otorga la remuneración mensual y el artículo 6º ibídem, prevé que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como prima sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de, entre otros funcionarios, los magistrados, jueces y fiscales.

El artículo 2º del Decreto 673 de 2002 fijó, a partir del 1º de enero de ese año, la remuneración mensual de los empleos de la rama judicial y de la justicia penal militar y su numeral 4º enlista la denominación de los cargos de los juzgados municipales y les otorga la remuneración mensual y el artículo 6º ibídem, prevé que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como prima sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de, entre otros funcionarios, los magistrados, jueces y fiscales.

Tal como quedó demostrado, las normas citadas fijaron para cada año la remuneración mensual de los empleados y funcionarios de la rama judicial y de la justicia penal militar y previeron que la de algunos de sus servidores (magistrados, jueces, fiscales etc.), estaba constituida por una prima sin carácter salarial, equivalente al treinta por ciento (30%) de la remuneración que les correspondía.

Caso concreto

Las certificaciones expedidas por la división de recursos humanos de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva-Huila, demuestran que la demandante en su condición de Juez Segundo Penal Municipal de Neiva, percibió remuneraciones desde enero de 1993 hasta 2005; si bien es cierto que en dichas certificaciones aparecen mencionados varios conceptos (sueldo básico mensual, prima especial mensual, vacaciones bonificación por servicios, primas de servicios y navidad, descuentos para pensión, salud y fondo de solidaridad), no puede inferirse que al salario básico de la actora se le deducía la prima especial de servicios, lo que equivale al treinta por ciento (30%) del mismo, ni cómo ni de qué forma ello incidió en las demás prestaciones mencionadas en la demanda.

Por lo expuesto, se concluye que al no desvirtuarse la presunción de legalidad que ampara los actos demandados, el proveído impugnado que negó las pretensiones amerita ser confirmado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Confírmase la sentencia de 14 de marzo de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que negó las pretensiones de la demanda instaurada por Leonora Oliveros Canencio contra la Nación, rama judicial, Consejo Superior de la Judicatura.

Copíese, notifíquese y cúmplase. Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

Magistrados: Bertha Lucía Ramírez de Páez—Gerardo Arenas Monsalve—Víctor Hernando Alvarado Ardila.