SENTENCIA 2003-00591/39529 DE SEPTIEMBRE 21 DE 2016

 

Sentencia 2003-00591 de septiembre 21 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 68001-23-31-000-2003-00591-01(39529)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: Said Díaz Castañeda

Demandado: Rama Judicial

Referencia: Apelación sentencia - acción de reparación directa.

Temas: Error judicial - Presupuestos para su configuración / Culpa exclusiva de la víctima - Por la no interposición de los recursos.

Bogotá, D.C., veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) competencia de la Sala; 2) ejercicio oportuno de la acción; 3) la responsabilidad del Estado por error jurisdiccional y sus presupuestos; 4) hechos probados y análisis de responsabilidad en el caso concreto: culpa exclusiva de la víctima y 5) la procedencia o no de la condena en costas.

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 19 de febrero de 2010 por el Tribunal Administrativo de Santander, comoquiera que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia sin consideración a la cuantía del proceso(8).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

En el presente caso la demanda se originó en los perjuicios que habría sufrido el demandante con ocasión del error jurisdiccional que, a su juicio, se configuró con el auto fechado el 21 de marzo de 2002 —notificado en estrados—, proferido por el Juzgado 2º Civil Municipal de Vélez (Santander), por medio del cual se decretó la suspensión de la diligencia de remate, el cual, en criterio del demandante, condujo a que no se le adjudicara el inmueble en cuestión.

En ese sentido, como la demanda se interpuso el 12 de marzo de 2003, resulta forzoso concluir que la acción se ejerció oportunamente.

3. La responsabilidad del Estado por error jurisdiccional y sus presupuestos.

De manera reiterada, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido que se está en presencia del título de imputación denominado error jurisdiccional cuando se atribuyen falencias al momento de dictar providencias judiciales, a través de las cuales se haya interpretado, declarado o hecho efectivo un derecho subjetivo.

El error jurisdiccional, según el artículo 67 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia—, está sujeto a los siguientes presupuestos: i) que el afectado haya interpuesto los recursos de ley y ii) que la providencia contentiva del error esté en firme. Sobre este particular, esta Subsección ha señalado:

“En cuanto tiene que ver con los presupuestos correspondientes, la Sala ha señalado, que deben concurrir para que proceda la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado con base en el error judicial, los siguientes: a) que conste en una providencia judicial respecto de la cual se hayan agotado los recursos ordinarios legalmente procedentes y b) que la providencia sea contraria a derecho, sin que esto signifique que la contradicción tenga que ser grosera, abiertamente ilegal o arbitraria(9)(10).

4. Hechos probados y análisis de responsabilidad en el caso concreto: culpa exclusiva de la víctima.

De conformidad con el material probatorio allegado al expediente, la Sala encuentra acreditado lo siguiente:

— El Banco Agrario de Colombia, por conducto de apoderado judicial, interpuso demanda ejecutiva en contra de los señores Campo Elías Ariza Franco y Jorge Orlando Ariza Castañeda, la cual le correspondió al Juzgado 2º Civil Municipal de Vélez (Santander)(11).

— El Juzgado 2º Civil Municipal de Vélez (Santander), mediante providencia del 29 de septiembre de 2000, decretó el embargo del predio urbano, denominado casa-lote, ubicado en la carrera 6ª Nº 5A-20, de propiedad del señor Campo Elías Ariza Franco(12).

— A su vez, por auto del 7 de marzo de 2001, el juzgado de conocimiento fijó fecha para iniciar la diligencia de secuestro del predio en cuestión(13). El 4 de junio de 2010, se llevó a cabo tal diligencia, declarándose legalmente secuestrado el inmueble, el cual fue recibido a satisfacción por el auxiliar de la justicia(14).

— Mediante auto del 12 de febrero de 2002, se fijó fecha para la diligencia de remate del inmueble referido. El 21 de marzo de la misma anualidad, el juzgado se constituyó en audiencia pública para llevar a cabo el respectivo remate. Así transcurrió tal diligencia:

“En este estado hace su presencia en el recinto del Juzgado el señor SAID DÍAZ CASTAÑEDA, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 13.955.863 de Vélez, quien presenta un Recibo de Consignación de Depósitos Judiciales por la suma de CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5’000.000), correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del avalúo por el señor Perito al Inmueble que fue la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($ 25’000.000). El señor SAID DÍAZ CASTAÑEDA ofrece la suma de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 17’500.000) por el inmueble objeto de remate. En este estado de la diligencia se recibe un escrito del señor Apoderado de la Entidad demandante Banco Agrario de Colombia, oficina de la ciudad, doctor RODRIGO MURILLO VARGAS, quien solicita se suspenda la diligencia de remate. Ante la solicitud elevada por la parte ejecutante la suscrita Jueza procede a dictar el siguiente — AUTO: JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL, por ser de recibo lo solicitado por el señor apoderado de la entidad demandante, doctor RODRIGO MURILLO VARGAS, en el escrito que allega, se accede a lo pedido. En consecuencia se suspende la presente diligencia de remate. Con oficio dirigido al señor Gerente del Banco Agrario de Colombia oficina de la ciudad, solicítele devolver al señor SAID DÍAZ CASTAÑEDA, identificado con la cédula de ciudadanía 13.955.863 de Vélez, la suma de CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5’000.000), consignada como porcentaje para hacer postura en el presente remate. Anéxese el original de la consignación presentada y déjese fotocopia en el presente proceso. NOTIFÍQUESE. Las partes quedan notificadas en estrados(15) (se resalta).

— Luego de esa decisión y a solicitud de la parte ejecutante, el 11 de septiembre de 2003 el juzgado llevó a cabo la diligencia de remate, en la cual se adjudicó el predio en cuestión a la señora Azaneth Ariza Hernández —quien participó como única postora—(16); remate que fue aprobado mediante auto del 28 de septiembre de 2003(17).

Realizado el recuento probatorio y atendiendo a los presupuestos del título de imputación del error jurisdiccional, advierte la Sala que el aquí demandante no se opuso —a través de los recursos de ley— a la providencia que decretó la suspensión de la diligencia de remate, la cual, a juicio de la parte actora, fue la causa eficiente del daño, toda vez que con esa decisión se le privó de que se le adjudicara el inmueble rematado.

El artículo 527 del Código de Procedimiento Civil, que regulaba la diligencia de remate para la época de los hechos de la demanda, no prevé los recursos que proceden contra las decisiones adoptadas en tal diligencia, así como la de su suspensión, pero ello no significa que esas determinaciones no sean pasibles de recursos, pues no existe prohibición normativa al respecto. Es más, según el artículo 348 ibídem(18), por lo menos procede el recurso de reposición, dado que no existe norma en contrario.

Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia T-267 de 2000, sostuvo lo siguiente:

“Hay que precisar, para efectos de la tutela, (no de investigación disciplinaria, ni de presunta responsabilidad), que el camino adecuado para cuestionar la continuación de la diligencia de remate era el de recurrir a la decisión de la juez, lo cual hizo la parte demandante pero no la demandada; es más, al no prosperar la reposición ni concederse la apelación, no hubo recurso de queja del demandante, por el contrario pidió posteriormente la continuación del juicio. Luego no puede decirse que por este aspecto el demandado quedó en situación de indefensión y que por ende se le hubiere violado el derecho fundamental al debido proceso. Es indudable que esta irregularidad no tiene la calidad de vía de hecho. La discusión que pueda surgir sobre si fue acertada o no la determinación del juzgado escapa al examen de tutela”(19) (se resalta).

Si bien en el pronunciamiento aludido se dijo que la decisión de “continuación de la diligencia de remate” podía ser cuestionada a través de los medios de impugnación, con mayor razón es posible predicar que aquellos también proceden contra la determinación que decreta la suspensión de dicha diligencia.

En el caso concreto se observa que la diligencia de remate programada para el 21 de marzo de 2002 no se llevó a cabo, pues una vez iniciada, mediante auto de la fecha, el Juzgado 2º Civil Municipal de Vélez (Santander) decretó su suspensión, sin que el señor Said Díaz Castañeda —quien asistió a la diligencia— interpusiera los recursos ni se opusiera a esa determinación de ninguna manera.

Según el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, uno de los presupuestos del error jurisdiccional se refiere a que el afectado haya interpuesto los recursos de ley, pues de no procederse así, el daño sufrido sería producto de su negligencia, mas no del error alegado. Ello significa que, en caso de no interponerse los recursos legalmente procedentes, el Estado se exonera de responsabilidad por configurarse el eximente de culpa exclusiva de la víctima —artículo 70 ibídem—(20). Esto ha dicho la corporación:

“Conforme a lo expuesto, se tiene que en el caso concreto, el señor Bernabé Piza Piza, no interpuso, como tercero interesado, los recursos de ley contra las decisiones en que fundamenta el daño causado por la administración de justicia, dentro de los ejecutivos seguidos en los juzgados 19 y 49 civiles municipales de Bogotá, pese a haber actuado dentro de los mismos, incluso por intermedio de apoderado judicial, tal como quedó demostrado de todo el acervo probatorio allegado al expediente, simplemente se limitó a presentar derechos de petición.

“Así las cosas, no sólo se incumple uno de los requisitos establecidos por la Ley Estatutaria de Administración de Justicia para que se configure el error jurisdiccional, sino que la conducta desplegada por el actor constituye, en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996, una culpa exclusiva de la víctima y, por tanto, al respecto, habrá lugar a exonerar de responsabilidad al Estado(21) (se resalta).

Descendiendo al caso concreto y atendiendo a los lineamientos jurisprudenciales trazados, advierte la Sala que se configuró el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, toda vez que la parte demandante no expresó inconformidad alguna respecto de la decisión que, eventualmente, le causó unos perjuicios, de ahí que no pueda configurarse el error jurisdiccional alegado, por la sencilla pero suficiente razón de que el afectado no interpuso los recursos.

En efecto, la parte demandante, en el curso de la diligencia de remate, precisamente cuando fue suspendida, asumió una conducta pasiva, pues si su interés consistía en que continuara el remate para que —supuestamente— le fuera adjudicado el inmueble en cuestión, debió oponerse a la suspensión —notificada en estrados— y así manifestar su inconformidad a través de los recursos, cosa que no ocurrió; por tanto, no resulta viable pretender una indemnización por vía de la reparación directa —error judicial— cuando el demandante no ejerció los medios de impugnación en su oportunidad.

En ese orden de ideas, ante el incumplimiento de uno de los presupuestos para la configuración del error jurisdiccional en los términos de la Ley 270 de 1996, como lo es la interposición de los recursos, no queda duda de que en el presente caso se configuró el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, circunstancia que releva a la Sala de examinar los argumentos del recurso de alzada.

Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en esta providencia.

5. Condena en costas.

En vista de que en este caso no se observa temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia fechada el 19 de febrero de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, pero por las razones expuestas en esta providencia.

2. Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

8 Sobre este tema consultar auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

9 Original de la cita: pueden consultarse, entre muchas otras providencias, la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2001; M.P. Dr. Ricardo Hoyos Duque; expediente 13164, reiterada en sentencias de 14 de agosto de 2008, expediente 16.594, de 15 de abril de 2010, expediente 17.507 y de 26 de febrero de 2015, expediente 32987.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de febrero de 2016, M.P. Hernán Andrade Rincón, expediente 36.375.

11 Folio 43, cuaderno de primera instancia.

12 Folios 45-46, cuaderno de primera instancia.

13 Folio 70, cuaderno de primera instancia.

14 Folios 76-77, cuaderno de primera instancia.

15 Folios 106-107, cuaderno de primera instancia.

16 Folios 123-126, cuaderno de primera instancia.

17 Folios 128-129, cuaderno de primera instancia.

18 “ART. 348.—Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado ponente no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que se revoquen o reformen”.

19 Con ponencia del magistrado Alejandro Martínez Caballero.

20 “ART. 70.—CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado” (se resalta).

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de fecha 11 de julio de 2013, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz, expediente 26.021.