Sentencia 2003-00596 de diciembre 2 de 2009

 

Sentencia 2003-00596 de diciembre 2 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-31-03-009-2003-00596-01

Magistrado Ponente:

Dr. Edgardo Villamil Portilla

EXTRACTOS: «Como derecho real que es, la hipoteca concede al titular los atributos que atañen a los demás de su tipo, es decir, la persecución y la preferencia, caracteres que han sido reconocidos por la Corte, con apoyo en los artículos 2452 y 2448 del Código Civil, como la facultad del acreedor para “embargar y hacer vender ese bien, al vencimiento del término, sea quien fuere el poseedor, para hacerse pagar con el precio, de preferencia a los otros acreedores” (XLIV, pág. 542). En otras palabras, la hipoteca permite al acreedor promover las acciones judiciales tendientes a la satisfacción de las obligaciones garantizadas, con abstracción de quién sea el dueño o poseedor actual del bien gravado y asistido aquel acreedor del derecho de preferencia respecto de los demás acreedores de menor derecho.

Adrede se trae el asunto de la extensión de los derechos del acreedor hipotecario, pues profusa ha sido la Sala en sostener, desde antaño, que cuando coinciden el deudor de la obligación y el propietario del bien hipotecado, dicho titular mantiene la posibilidad de ejercer el “derecho personal o de crédito que conlleva el de perseguir la ejecución de la obligación sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, y el derecho real de hipoteca sobre el inmueble para que con el producido se le pague o hacérselo adjudicar en pago hasta concurrencia de su crédito, sea quien fuere el que posea la cosa hipotecada. (…) por el hecho de tener un derecho real de hipoteca, no deja de tener los derechos de acreedor común y corriente, es claro que tiene dos acciones distintas: la acción personal y la acción real hipotecaria, que pueden ejercerse conjuntamente. Cuando se ejercita la acción personal, el demandado tiene que ser el deudor de la obligación. Cuando se ejercita la acción real, el demandado tiene que ser el actual poseedor” (Sent. Cas. Civ., dic. 15/36, G.J. t. XLIV, pág. 542).

Igualmente, la Corte sostuvo que cuando el deudor constituye hipoteca en respaldo del crédito, “el acreedor tiene contra él dos acciones: la personal por el contrato principal, la real por el contrato de hipoteca. Enajenado el bien hipotecado, éste queda siempre bajo el imperio de una acción real; el acreedor conserva su acción personal contra el deudor, la real contra el inmueble hipotecado; pero es claro que la acción personal no puede recaer sobre el adquirente de la finca hipotecada, que la recibió con ese gravamen, porque él no está ligado con ninguna relación personal con el acreedor” (Sent. Cas. Civ., sep. 3/37, G.J. t. XLV, pág. 489, reiterada en Sent. Cas. Civ., feb. 27/68, G.J. t. CXXIV, pág. 32).

En general, existen entonces dos situaciones claramente diferenciadas de las cuales se desprenden consecuencias jurídicas disímiles, vale decir, que el deudor respalde una obligación suya con un bien propio y que se mantiene como dueño el día que la obligación es cobrada judicialmente, caso en el cual el acreedor puede alternativa o conjuntamente perseguir el bien hipotecado o este y los demás bienes del deudor. También puede suceder que el deudor originario constituya la garantía hipotecaria sobre un bien suyo, pero trasfiera su derecho de propiedad antes de la ejecución del gravamen, evento en el cual el accipiens puede dirigir su acción personal contra el deudor con prescindencia de la hipoteca, ejercer exclusivamente la garantía real contra el propietario actual del bien gravado (CPC, art. 554, inc. 3º), o involucrar al dueño de la prenda y al deudor que no son el mismo, en un proceso ejecutivo mixto, juntando en beneficio del acreedor la prenda general del deudor y la prenda específica que vive en el gravamen hipotecario, todo con los límites que más adelante se indicarán.

3. La sistematización de las acciones a disposición del acreedor presenta la siguiente situación: tal como está organizada la acción ejecutiva en el ordenamiento procesal no es posible, de modo general, acumular las acciones hipotecarias y las comunes. No está demás señalar que el Código de Procedimiento Civil no regula de manera aislada, autónoma y cerrada cada una de las vías para perseguir tanto las garantías genéricas, como las específicas, es decir, el proceso ejecutivo llamado singular y el proceso ejecutivo con título hipotecario son trámites que tienen múltiples puntos de contacto e interrelación normativa.

3.1. Así, el numeral 9º del artículo 555 del Código de Procedimiento Civil prevé una regla de integración de conformidad con la cual, los posibles vacíos normativos del proceso ejecutivo hipotecario se llenan con las reglas del trámite ejecutivo singular, al decir la norma que “en todo lo no regulado en el presente capítulo, se aplicarán las normas de los capítulos I a IV de este título”; mecanismo general que se ratifica, si se tiene en cuenta además, que el numeral 3º del propio artículo 555 ibídem, dispone que “respecto de la regulación de perjuicios, cumplimiento de la obligación y condena en costas, beneficio de exclusión y eficacia de la sentencia, se aplicarán los artículos 506, inciso primero del 507, 511, y 512, respectivamente”, disposición que acude como vaso comunicante para dejar ver aspectos regulativos que reflejan más semejanzas que diferencias entre el proceso ejecutivo singular y el hipotecario, en especial, porque el objetivo en uno y otro es idéntico, el cobro de las obligaciones, tan solo se apartan en punto de la garantía, general en un caso y específica en otro.

3.2. Igualmente, en la acción ejecutiva, hay cierto margen de adaptabilidad y flexibilidad. Así, son varias las normas que dan muestra de la labilidad de la dicha acción, tanta, que un proceso de cobro promovido bajo la modalidad hipotecaria, puede migrar hacia el proceso ejecutivo singular.

En efecto, por vía de ejemplo, ello se presenta cuando es insuficiente el producto de la prenda específica, una vez realizada y aplicada al pago. Este caso se encuentra previsto en el numeral 7º del artículo 557 del Código de Procedimiento Civil, que prevé la mutación del proceso ejecutivo hipotecario en un proceso común, en el que por supuesto pueden ser perseguidos otros bienes del deudor para pagar el déficit de la deuda que no pudo enjugarse con la venta de la prenda; por lo tanto, es posible en ese proceso convertido, la concurrencia de otros acreedores mediante los mecanismos de acumulación de demandas o de procesos, y eventualmente una ejecución concursal de tono universal. En la hipótesis recién expuesta, una vez se ha producido esta especie de metamorfosis del proceso, es dable perseguir no solo otros bienes, sino los que se lleguen a desembargar en otras ejecuciones y aún proceder a la acumulación de aquel proceso que por agotamiento de la prenda ha devenido en ejecutivo común.

Entonces, el acreedor hipotecario cuya prenda ha resultado insuficiente, puede seguir denunciando otros bienes hasta la satisfacción total de la deuda. El numeral 7º del artículo 557 del Código de Procedimiento Civil sólo realiza la primacía sustancial de los derechos del acreedor y autoriza a este para que continúe con la labor de cobro judicial del crédito, con los demás bienes del patrimonio del deudor, pues nótese que el remate de bienes no pone fin al proceso ejecutivo hipotecario; por el contrario, la insolvencia parcial del deudor faculta al acreedor para buscar por la vía de la prenda general, la satisfacción del derecho personal reclamado.

Situación semejante se presenta cuando la prenda es amenazada, como ocurre en el caso previsto en el numeral 8º del artículo 555 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el parágrafo 3º del artículo 686 ibídem, es decir, cuando se levanta el embargo como consecuencia de la prosperidad de la oposición al secuestro; entonces, si se trata de proceso ejecutivo con garantía real, “el ejecutante podrá perseguir bienes distintos de los gravados con hipoteca o prenda. A partir de este momento serán admisibles tercerías de acreedores sin garantía real y se aplicará el artículo 540” ibídem. Con lo cual resulta evidente que el proceso hipotecario demuda en otro singular, inclusive con la participación abierta de todo tipo de acreedores en concurso para perseguir la prenda general de garantía del ejecutado.

Acontece lo propio en la denominada acción mixta, mediante la cual el acreedor, en desarrollo del artículo 2449 del Código Civil(1) y el inciso 5º del artículo 554 de Código de Procedimiento Civil, puede perseguir, además del bien hipotecado, otros bienes distintos del deudor, caso en el que “se seguirá exclusivamente el procedimiento señalado en los anteriores capítulos de este título”, disposición que reconoce la posibilidad de que el acreedor hipotecario emprenda, simultáneamente, tanto la acción derivada del derecho real accesorio de hipoteca, como la persecución de la garantía general que corresponde a cualquier otro acreedor, de acuerdo con el trámite ejecutivo singular.

3.3. También hay ejemplos de esa coexistencia procesal entre el ejercicio de una acción personal con otra de carácter hipotecaria; así, los incisos 1º y 2º del artículo 539 del Código de Procedimiento Civil, prevén que si dentro de un proceso ejecutivo singular se embarga un inmueble gravado con hipoteca, se citará a los acreedores hipotecarios, para que hagan valer sus derechos, bien sea en proceso ejecutivo con garantía real “o en el que se les cita en ejercicio de la acción mixta”, que se convierte en imperativo, pues “si vencido el término a que se refiere el inciso anterior a que se refiere [30 días siguientes a la notificación], el acreedor notificado personalmente no hubiere instaurado alguna de las demandas ejecutivas, solo podrá hacer valer sus derechos en el proceso [ejecutivo] donde se le hizo la notificación, dentro del plazo señalado en el artículo 540”, situaciones en que el acreedor con acción real deberá concurrir con otros que tienen obligaciones sin tal respaldo, e inclusive promovidas contra otros sujetos que están comprometidos solo quirografariamente.

De igual manera, el numeral 4º del artículo 157 del Código de Procedimiento Civil establece que si varios acreedores hipotecarios lo acuerdan, pueden acumular el ejercicio de su derecho “a un ejecutivo quirografario que contra el mismo deudor se adelante por otros acreedores”, de manera que así se estructura otro ejemplo en que el proceso ejecutivo da abrigo al ejercicio de acciones hipotecarias.

Viene de lo dicho, que existen distintos escenarios en que la ejecución con garantía real puede migrar hacia la singular; tampoco hay obstáculo para que una vez iniciado el proceso ejecutivo se involucre un cobro con respaldo hipotecario, casos en los cuales el trámite debe reajustarse de acuerdo con las reglas del proceso ejecutivo mixto, todo para procurar la satisfacción expedita de los créditos quirografarios (garantía general), ora la obtención del pago de las obligaciones con la prenda específica (garantía hipotecaria), episodios todos que son una clara muestra de la adaptabilidad de las formas procesales para ajustarse a las necesidades sustanciales y a los privilegios del acreedor.

4. Ahora, importa esclarecer en ese contexto, los límites de la responsabilidad de los deudores, en especial, cuando quien contrajo la obligación es persona diferente a quien aparece como propietario del bien, evento en el cual a cada categoría de ejecutado corresponde un compromiso también diverso.

Así, la jurisprudencia ha reconocido que tal situación se presenta cuando el constituyente del gravamen hipotecario pierde por cualquier causa la titularidad en el dominio del inmueble, o porque con este se haya garantizado obligación ajena en los términos del artículo del artículo 2439 del Código Civil, situaciones en las cuales

“… las dos garantías de que arriba se habló presentan matices diversos, como que, evidentemente, contra el deudor no tendrá el acreedor más que una acción personal, atendiendo precisamente la naturaleza del derecho de crédito que le pertenece; por lo mismo, el patrimonio del deudor, in integrum y hasta el importe de la deuda, constituye en tal caso su garantía personal. Y a la par con ella, está favorecido también con la garantía real de hipoteca, en el evento en que el deudor no cumpla la obligación, que se traduce, quepa repetirlo, en la facultad de perseguir exclusivamente el bien hipotecado, a fin de obtener la venta del mismo y garantizar su acreencia con el producido, lo cual podrá ejercer mediante acción que dirija contra el dueño de la cosa, sea el que fuere, haya o no constituido el gravamen, exceptuado el caso, claro está, de que haya adquirido en pública subasta en las condiciones previstas en el artículo 2452 del Código Civil.

Nótese que la razón para resultar demandado el tercero poseedor estriba no en que esté personalmente obligado a la deuda, sino solo por encontrarse en poder del inmueble hipotecado.

En la hipótesis comentada, es claro, pues, que contra el deudor no podrá ejercerse la acción real; a su turno, contra el dueño de la cosa se carece de acción personal, como sea que el que garantizó deuda ajena se haya obligado a ello expresamente (parte final del art. 2439 ya citado)” (Sent. Rev., mar. 14/90, G.J. t. CC, pág. 117)

Este análisis sobre los límites de las diferentes acciones derivadas de la hipoteca constituye, en lo pertinente, la reiteración de otro pronunciamiento realizado por la Corte, en cuyo estudio se dejó planteado que

“… el acreedor hipotecario, cuando la obligación se hace exigible, tiene distintas acciones para hacerla judicialmente efectiva: una de carácter personal, derivada del derecho de crédito, contra el deudor de la obligación, y otra real, proveniente de la hipoteca, contra el dueño del bien hipotecado (CPC, art. 554, inc. 3º). (…).

En este último caso [cuando el deudor y el dueño de la cosa hipotecada sean sujetos distintos], pues, esa relación jurídica es plurilateral; son tres las personas que intervienen en ella, el deudor, el acreedor, y el dueño de la cosa hipotecada, sea que éste haya constituido el gravamen para respaldar deuda ajena, ya que habiendo gravado el bien para garantizar su propia obligación, haya enajenado la cosa estando la deuda aun pendiente de pago” (Sent. Cas. Civ., jun. 17/75, G.J. t. CLI, pág. 140).

A pesar de que el caso no era semejante al de ahora, la Corte sostuvo recientemente que

“… la acción real inherente a la hipoteca se dirige contra el propietario poseedor actual del bien, quien no siendo deudor de la obligación principal, sea porque adquirió la cosa con posterioridad, ora porque amparó una deuda ajena, contrae frente al acreedor una responsabilidad sin débito propio limitada a la cosa gravada, el valor del crédito y sus accesorios, pudiendo “abandonársela, y mientras no se haya consumado la adjudicación, de recobrarla, pagando el monto de la obligación y los gastos que este abandono hubiere causado”, pues “no se entenderá obligado personalmente si no se hubiere estipulado” y “no habrá acción personal contra él si no se ha sometido expresamente a ella” (C.C., art. 2454); siendo deudor, el acreedor puede ejercer en su contra, ya la acción personal como quirografario con posibilidad de perseguir todo el patrimonio debitoris, ya la acción real como preferencial, bien acción mixta conjuntamente (arts. 28, L. 95/1890 subrogatorio del art. 2449 y 1583, num. 1º, 2418, 2452 C.C. y 554, inc. 3º CPC; Cas. Civ., dic. 15/36, XLIV, 541 y 542; mayo 19/37, XLV, 118 y 13 de ago. de 1946, LXII, 59; feb. 27/68, CXXIV, 32)” (Sent. Cas. Civ., jul. 1º/2008, Exp. 2001-00803-01) (destaca la Corte).

En suma, el acreedor puede demandar a la par al propietario del bien que garantizó una deuda ajena con un bien o lo compró estando vigente un gravamen; de un lado, la hipoteca frente al propietario del inmueble gravado, y de otro, la obligación respaldada, contra el deudor respectivo. Nótese que ningún reparo podría formularse contra la citada posibilidad, si es que la simple disparidad entre los sujetos pasivos de cada relación jurídica es insuficiente para restringir el ejercicio de los derechos derivados de la hipoteca, cuando quiera que el titular de esta decida promover conjuntamente las facultades inherentes a la garantía, sin prescindir de la persecución personal contra el deudor original.

Por supuesto que la realización mancomunada de las acciones derivadas de la hipoteca debe llevarse a cabo dentro de los límites que ha señalado la jurisprudencia en aplicación de las normas sustanciales, vale decir, el compromiso del propietario del bien se restringe al valor de este, pues “responde con la cosa y sólo con ella” (G.J. CXXIV, 32), mientras que el deudor original responde por la obligación con la totalidad de sus bienes embargables, en desarrollo de la prenda general de garantía de los acreedores.

Además, el propio artículo 2449 del Código Civil reconoce que el ejercicio de la acción hipotecaria deja incólume la acción personal “para hacerse pagar sobre bienes del deudor que no le han sido hipotecados, y puede ejercitarlas ambas conjuntamente”, sin excluir que pueda desarrollarse a través del mismo proceso, se reitera, por la vía del denominado proceso “mixto”, apropiado para cuando la calidad de deudor y propietario de la cosa hipotecada, esté disociada en personas diferentes.

5. Ahora, si el acreedor hipotecario puede perseguir desde el primer momento, tanto el bien que soporta el gravamen, como otros bienes del demandado, a través del proceso ejecutivo mixto, nada obsta para que el trámite que comenzó como singular, persiguiendo la prenda general, se convierta en mixto mediante reforma, acumulación de la demanda, o denuncia del bien hipotecado, en este último caso, siempre que haya identidad entre el deudor y el obligado hipotecario.

Es que ninguna norma sustancial o procesal dispone la pérdida o extinción de la hipoteca simplemente porque el acreedor persiga, en un primer momento, la prenda general de garantía de los deudores, pues la sistematización de las opciones de cobro con que cuenta el dicho acreedor admiten, sucesivamente, el ejercicio de la acción ejecutiva singular, para luego modificar el objeto de persecución general a otro específico, sin que puedan oponerse talanqueras procesales de ninguna naturaleza, pues la estructura y filosofía de los trámites tienen como norte servir de cauce para garantizar la satisfacción de los derechos subjetivos reconocidos por el ordenamiento jurídico; por lo tanto, los procesos deben flexibilizarse para lograr el cumplimiento de ese importante fin, permitiendo la armonía entre los intereses de los demandantes, con el respeto al debido proceso de los demandados.

Además, las reglas procesales ya indicadas (art. 539, incs. 1º y 2º; art. 554, inc. 5º; art. 555, nums. 5º y 8º; art. 557, num. 7º; art. 686, par. 3º; normas del CPC), admiten que haya mixtura en la ejecución sin que se afecte la fuerza sustancial del gravamen, ni los privilegios derivados de este.

A la postre, si el proceso ejecutivo singular y el mixto se desarrollan por un mismo procedimiento, nada impide que el primero pase a adelantarse por el trámite del segundo, si es que se acumula una demanda mediante la cual se persigue la garantía real.

De otro lado, si bien es inadmisible sostener que hay en algún momento fracaso total de la persecución contra los deudores quirografarios, en tanto el activo futuro deja abierta la expectativa de satisfacción, el acreedor hipotecario puede utilizar el proceso ejecutivo, en la modalidad mixta, para perseguir las prerrogativas derivadas de la hipoteca, con indiferencia de quién sea el propietario del bien, acudiendo a la vía de la reforma de la demanda, o a la acumulación de demandas.

En suma, ningún obstáculo legal existe para que el trámite cambie de ejecutivo hipotecario a singular, como tampoco puede haberlo para que este último se convierta en mixto con el fin de enarbolar la hipoteca, todo para permitir el ejercicio adecuado de los derechos del acreedor con garantía real, desde luego, permitiendo la defensa del propietario de la cosa gravada, o de quien haya respaldado deuda ajena con un bien propio, para que, a pesar de la conversión del procedimiento, se garantice el debido proceso a las personas llamadas a resistir las ejecuciones.

Dicho elípticamente, el proceso puede variarse durante el decurso según las necesidades que se presenten, pero nunca podrá prohijarse que la garantía real pueda realizarse a espaldas del dueño que está facultado para replicar a los reclamos del acreedor».

(1) Cuyo texto fue modificado por el artículo 28 de la Ley 95 de 1890.