Sentencia 2003-00612 de julio 2 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 25000 2327 000 2003 00612 01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Sociedad Colombiana de Servicios Portuarios S.A. Serviport S.A.

Bogotá, D.C., dos de julio de dos mil nueve.

EXTRAXTOS: «Consideraciones

1. Los actos acusados.

Al punto se tiene que en la Resolución 000699 de 24 de abril de 2002 de la división de liquidación de la administración especial de aduanas de Cartagena, se declaró el incumplimiento de un régimen de importación temporal a largo plazo leasing que le había sido autorizado a la actora, y hacer efectiva la póliza con la cual esta garantizó la obligación de finalizar dicho régimen por un valor de $ 171.416.984;

Mediante la Resolución 001732 de 5 de septiembre de 2002, de la dependencia antes citada, se resolvió el recurso de reposición contra aquella, confirmándola, y la 002663 de 17 de diciembre de 2002 de la división jurídica aduanera de la mencionada administración de aduanas, desató el recurso de apelación contra la primera, en igual sentido confirmatorio.

La principal razón de esa decisión es la de que la actora no acreditó la finalización del régimen de importación temporal referida dentro del término autorizado, con uno de los eventos previstos en el artículo 156 del Decreto 2685 de 1999, de modo que no fue por el pago extemporáneo de la última cuota.

2. La cuestión central de la alzada.

2.1. Atendiendo las razones y los motivos de inconformidad de la actora respecto de la sentencia apelada, el debate de la instancia se circunscribe a las siguientes cuestiones:

2.1.1. Establecer si dicha sentencia es o no contraria a los artículos 1037, 1045, 1083, 1054, 1072, 1077, 1084 del Código de Comercio y 2369 del Código Civil, así como el 6º de la Constitución Política en concordancia con el 8º de la Ley 153 de 1887 y 831 del Código de Comercio, por la alegada ausencia de perjuicio derivado de la no finalización del régimen; y

2.1.2. Si es contraria o no a los artículos 142, 143, 145, 146, 147 y 156 del Decreto 2685 de 1999, bajo el argumento de que en las importaciones temporales de largo plazo hay un término de permanencia de las mercancías máximo de 5 años, y no que el régimen deba inexorablemente terminar en el plazo señalado en la declaración o en el máximo de 5 años, pues el artículo 146 otorga un plazo de gracia de 3 meses para el pago de las cuotas atrasadas.

3. Examen del recurso.

Tales censuras están sustentadas en normas y argumentos que hicieron parte de los cargos de la demanda, luego corresponden a la causa petendi debatida y decidida en la instancia, de allí que sea procedente avocar su estudio con ocasión de la alzada.

3.1. Respecto del primer cargo que se le hace a la sentencia, es menester tener en cuenta el objeto o la obligación amparada por la póliza.

En este caso, textualmente se dice en el respectivo documento (fl. 60), que “el objeto de la póliza” fue el de “garantizar la finalización de la importación temporal a largo plazo y el pago oportuno de los tributos aduaneros de la mercancía remocaldor (sic) marítimo manzanillo (exsaba) según lo dispuesto en el Decreto 1909 de 1992, artículos 40 al 42, Resolución 1794 de 1993, artículo 18 declaración de importación 1205501098406-1 de fecha septiembre 8 de 1997”.

De modo que el objeto de dicha póliza no se limita a garantizar el pago oportuno de los tributos aduaneros de la mercancía de que se trate, sino que también garantiza la finalización del régimen, objeto este que según atrás se reseñó fue el que dio lugar al acto administrativo acusado, y así lo puso de presente el a quo.

Al punto se tiene que el artículo 156 del Decreto 2685 de 1999, modificado para entonces por el Decreto 1232 de 2001 y aplicable al momento en que debía finalizar el régimen motivo del sub lite, en lugar del artículo 46 del Decreto 1909 de 1991, bajo cuya vigencia se inició dicho régimen, establecía así los eventos o condiciones constitutivos de la finalización del régimen:

“ART. 156.—La importación temporal se termina con:

a) La reexportación de la mercancía;

b) La importación ordinaria o con franquicia, si a esta última hubiere lugar;

c) La aprehensión y decomiso de la mercancía, cuando vencido el término señalado en la declaración de importación esta no se haya reexportado, o por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones inherentes a la importación temporal o cuando no se cancelen los tributos aduaneros en la oportunidad establecida en el artículo 146 del presente decreto, salvo cuando en este último caso, se haya hecho efectiva la garantía.

d) La legalización de la mercancía, cuando se presente uno cualquiera de los eventos previstos en el literal anterior;

e) El abandono voluntario de la mercancía; o

f) La destrucción de la mercancía por fuerza mayor o caso fortuito demostrados ante la autoridad aduanera.

PAR.—Si en desarrollo de lo previsto en el literal c) de este artículo, no se cancelan los tributos aduaneros en la oportunidad establecida en el artículo 146797 del presente decreto, el importador o declarante podrá optar, en reemplazo de la aprehensión, por la efectividad de la garantía, en cuyo caso, deberá presentar declaración de legalización que ampare la mercancía de que se trate, sin el pago de sanción alguna por este concepto”.

Se observa en esa disposición que el régimen debe finalizar dentro del término concedido en la declaración de importación temporal, pues la reexportación debe darse antes del vencimiento del mismo.

Que el pago oportuno de los tributos aduaneros no está entre los eventos que causan la finalización del régimen en comento, de suerte que una situación es la finalización del régimen y otra, distinta, el pago de los tributos aduaneros dentro de los términos correspondientes, que valga resaltarlo, no implica la aludida finalización.

Igualmente se observa que hay causales de finalización que son de cargo del importador temporal: las relacionadas en los literales a), b) y d), que por lo mismo vienen a constituir obligación suya, y son justamente las que dan lugar al otorgamiento de garantía por parte de ese importador, las cuales cabría denominarlas formas de finalización normal.

Lo que sí genera la finalización es la falta de pago oportuno de dichos tributos, situación que a su vez constituye incumplimiento de una de las obligaciones que impone el régimen y es objeto de la póliza que se aporte para garantizarla.

En este caso, no hay prueba alguna, incluso ni siquiera lo aduce la actora, de que esta hubiera dado cumplimiento a la finalización del régimen en las formas que son de su cargo, sino que se ha dedicado a tratar de justificar esa falta de cumplimiento con argumentos que no tienen la virtud de exonerarla de esa obligación, en especial, la socorrida ausencia de perjuicio a la entidad beneficiaria de la póliza, la Nación, pues esta no se constituyó para amparar perjuicio patrimonial alguno, sino para garantizar el cumplimiento de dos obligaciones aduaneras claras: la finalización por cuenta suya del régimen que le fue otorgado y el pago oportuno de los tributos, de suerte que el riesgo amparado y, por ende, el siniestro que da lugar a su efectividad, es sencillamente el incumplimiento de cualquiera de esas obligaciones, sin que de ello deba desprenderse necesariamente un perjuicio o daño pecuniario concreto o específico.

Si de perjuicio debiera hablarse, ese estaría dado por el que se llega a causar por el importador al ordenamiento jurídico aduanero y a su cumplido obedecimiento como instrumento de protección del interés general y del orden público económico, así como para la preservación de la soberanía del Estado sobre su espacio y territorio en relación con el flujo internacional de bienes.

De no ser así, con el prurito de la falta de daño patrimonial concreto o específico, todos los sujetos intervinientes en el proceso aduanero resultarían autorizados o justificados para incumplir sus obligaciones aduaneras que no implican pago de sumas de dinero, tales como las relativas a plazos, formalidades, etc., de donde el régimen aduanero devendría en un ordenamiento subjetivizado y relativizado, cuya efectividad quedaría dependiendo de la voluntad de dichos sujetos, es decir, que dejaría de tener el carácter de ordenamiento jurídico de orden público que se predica del régimen aduanero.

Pero lo cierto es que por incumplimiento de la obligación en comento, se causó el siniestro o riesgo amparado por la póliza, luego era procedente aplicar el procedimiento administrativo pertinente para hacerla efectiva.

Si el siniestro, constituido por el solo incumplimiento de la obligación, tuvo ocurrencia, quiere decir que el pago que se llegare a hacer por concepto de la garantía, tiene una causa legal, por lo tanto no es cierto que se dé un enriquecimiento sin causa.

3.2. En cuanto hace al segundo cargo, esto es, contrariar los artículos 142, 143, 145, 146, 147 y 156 del Decreto 2685 de 1999, bajo la tesis de que cuando en las importaciones temporales de largo plazo no se fija un término de permanencia de las mercancías en el país se aplica uno máximo de 5 años, se ha de advertir que el término del régimen de las importaciones temporales se fijan en la correspondiente declaración, y que el lapso de 5 años es como la misma actora lo dice, el máximo hasta el cual la autoridad aduanera puede autorizar una importación temporal de largo plazo, según lo señala el artículo 143, literal b) del Decreto 2685.

Significa que la autoridad aduanera puede moverse dentro del rango de seis (6) meses, que es el máximo de la importación temporal de corto plazo, y cinco (5) años, máximo de la importación temporal a largo plazo de suerte que puede conceder un término menor a esos 5 años en cada caso concreto, como ocurrió en el del sub lite, que fue de cuatro años y medio (4 1/2)

Si la autoridad aduanera otorgó un plazo menor al máximo, como ocurrió en este caso, que fue de cuatro años y medio (4 1/2), el importador puede solicitar modificación de la correspondiente declaración de importación por una sola vez, sin exceder ese máximo, en las condiciones del artículo 148 ibídem, a saber: “Si la mercancía se importa temporalmente por un término inferior al máximo establecido, el declarante podrá ampliar por una sola vez el plazo inicialmente declarado, sin exceder el máximo establecido en el artículo 1437630 del presente decreto. Para tal efecto se deberá modificar la declaración de importación en cuanto al término de la misma. Cuando se trate de importaciones a largo plazo, de deberá reliquidar el saldo de los tributos aduaneros, teniendo en cuenta las nuevas cuotas que se generen. En ambos eventos, se deberán ampliar las garantías inicialmente otorgadas” (destaca la Sala).

Es claro que el comentado máximo no opera de manera automática y generalizada, sino que su aplicación requiere de manifestación expresa de la autoridad aduanera mediante su fijación precisa en la correspondiente declaración de importación temporal, aunque sea a petición del importador y, en este caso, la actora ni siquiera alude a que hubiera hecho uso de la posibilidad que le brindaba el transcrito texto normativo, para llevar el término de su importación temporal a ese tope.

Por otra parte, los tres (3) meses de gracia que el enunciado original del artículo 146 del Decreto 2685 de 1999 otorgaba al importador para pagar cualquier cuota de los tributos aduaneros, no significa de manera alguna una extensión o modificación por igual tiempo, del término fijado en la declaración de importación temporal respectiva, sino simplemente una oportunidad para pagar la cuota y evitar que se configurara incumplimiento por parte del importador en la correspondiente obligación aduanera, en cuanto disponía que “si el pago no se realiza oportunamente, el interesado podrá cancelar la cuota atrasada dentro de los tres (3) meses siguientes a su vencimiento, liquidándose los intereses moratorios de que trata el artículo 5437570 de este decreto. Vencido este término sin que se hubiere producido el pago, la autoridad aduanera declarará el incumplimiento de la obligación y dispondrá la efectividad de la garantía y la aprehensión de la mercancía”.

En virtud del artículo 5º del Decreto 4136 de 2004, ese periodo de gracia desapareció del ordenamiento aduanero.

De suerte que, contrario al alegato de la actora, el término fijado por la autoridad aduanera en la declaración de importación temporal sí es taxativo e imperativo, y la ampliación de que es susceptible, está sujeto al límite y los requisitos señalados en el artículo 148 atrás comentado, y en este caso no se aportó elemento de juicio alguno que demostrara el cumplimiento de esos requisitos.

4. Conclusión.

En ese orden, el recurso no tiene vocación de prosperar, de allí que la sentencia apelada se ha de confirmar, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada, de 18 de agosto de 2006, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda en acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentado contra la DIAN por la Sociedad Colombiana de Servicios Portuarios S.A. Serviport S.A.

2. RECONÓCESE personería a la abogada Jacqueline E. Prada Ascenciso, como apoderada de la parte demandada, DIAN, en los términos del memorial poder que obra a folio 35 de este cuaderno.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 2 de julio de 2009».

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