Sentencia 2003-00625 de mayo 28 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Expediente: 35913

Radicación: 520012331000200300625 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: José Gabriel Ortiz Lemos

Demandados: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional

Naturaleza: Reparación directa

Bogotá, D.C., a mayo veintiocho de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

7. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse de un recurso de apelación presentado contra una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño en un proceso que, por su cuantía(2), tiene vocación de doble instancia.

7.1. De igual forma, advierte la Sala que en razón a que las partes interpusieron recurso de apelación, su competencia no se encuentra limitada de conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(3) aplicable al caso por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo.

II. Validez de los medios de prueba

8. Las declaraciones rendidas ante el Tribunal serán valoradas dado que fueron vertidas ante el juez de conocimiento o, en su defecto, ante el juez comisionado, con respeto por los principios de inmediación y contradicción de la prueba. Con relación a la solicitud de la parte demandada de que se califiquen como sospechosas las declaraciones de los señores Jairo Anaxarco Ortiz Lemos y Jerjés Ortiz Segura, hermano e hijo del señor Ortiz respectivamente (fls. 114-118; 143-145, cdno. 3), se advierte que, en efecto, estas relaciones existen, de manera que sus afirmaciones serán valoradas bajo la condición de la sospecha(4).

8.1. Cabe aclarar que en el sistema probatorio previsto en el Código de Procedimiento Civil no se consagra la descalificación legal del testigo considerado sospechoso, ya que esto sería incompatible con el principio de la sana crítica(5). Como lo ha hecho la Sala en otras oportunidades, las declaraciones mencionadas serán valoradas y apreciadas con un valor indiciario, siempre que sean concordantes o no se opongan a los demás elementos de convicción aportados al proceso(6), en especial con los informes y la prueba técnica practicada.

III. Hechos probados

9. De conformidad con las pruebas válidamente allegadas al proceso, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:

9.1. Entre los meses de mayo y junio del año 2001, el Ejército Nacional realizó una operación de asalto contra la cuadrilla 29 y columnas móviles de las FARC, la cuadrilla comuneros del sur del ELN y el bloque central de las AUC, denominada “operación Tsunami” a fin de neutralizar las acciones violentas perpetradas por estos grupos ilegales. En desarrollo del operativo militar, se realizaron movilizaciones helicoportadas desde el aeropuerto del Tumaco hasta el municipio de Barbacoas (Nariño), lugar en donde el 22 de mayo de 2001, aproximadamente a las 11:00 a.m. inició el desembarco de la tropa, y se instaló el puesto de mando táctico (original del informe operacional expedido por el Ejército - fls. 85-64, cdno. 1).

9.2. El señor José Gabriel Ortiz Lemos es propietario de dos inmuebles ubicados en el perímetro urbano del municipio de Barbacoas (Nariño); uno de ellos adquirido a título de compraventa el 12 de marzo de 2001 y el segundo por sucesión a causa de muerte el 5 de noviembre de 2002 (copia auténtica de las escrituras públicas suscritas ante la Notaría Única de Barbacoas, fls. 106-111, cdno. 1).

IV. Problema jurídico

10. Procede la Sala a determinar si la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, debe indemnizar a la parte actora por la destrucción del bien inmueble así como de los bienes muebles de su propiedad, en el municipio de Barbacoas (Nariño), luego del desembarque de las tropas y la permanencia de las mismas en su predio. Para este propósito, se debe establecer si puede ser declarada patrimonial y extracontractualmente responsable por los daños antijurídicos ocasionados al demandante consistentes de un lado en la ocupación de su propiedad y las destrucciones que de allí se derivaron; y de otro por el desplazamiento al que se vio compelido una vez el grupo subversivo regresó al municipio y lo convirtió en objetivo militar como consecuencia del apoyo brindado a la fuerza pública para el desarrollo de la operación “Tsunami”. En el caso de constatarse la responsabilidad de la entidad, se procederá a la verificar si la liquidación de los perjuicios reconocidos en la sentencia de primera instancia se adecua a los parámetros fijados al respecto por esta Corporación.

V. Análisis de la Sala

11. En el asunto bajo examen, está demostrado que el día 22 de mayo de 2001, el Ejército Nacional realizó la operación militar helicoportada “Tsunami” en el municipio de Barbacoas departamento de Nariño, en aras de capturar o dar de baja en caso de resistencia armada, a las organizaciones al margen de la ley ubicadas en esta área. Para el desarrollo de esta operación la fuerza pública se apoyó en tres helicópteros clase UH-60A para el transporte de la tropa, un primer grupo de 108 soldados que partió desde Mercedes (Cauca) con destino a Barbacoas, un segundo grupo proveniente del aeropuerto de Tumaco que desembarco en el referido municipio alrededor de la una de la tarde. Una vez abordaron a la zona urbana instalaron el puesto de mando táctico. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el lugar exacto en donde se realizó el desembarco, la Sala le dará credibilidad a los testimonios rendidos por los vecinos del sector en virtud de los cuales se identificó como el lugar de descenso de las tropas el inmueble del actor, testigos que, es preciso recordarlo, declararon bajo la gravedad de juramento y sin que tuvieran alguna relación con el demandante o algún interés en la resulta del proceso, además todos ellos fueron contestes al determinar que el arribó de los helicópteros se realizó en ese predio.

11.1. Al respecto, Harold Hernando Ruiz Bárcenas indicó (fls. 139-142, cdno. 1):

Preguntado: Por haber vivido en esa casa durante muchos años, ud. Debe saber qué sucedió el 22 de mayo de 2001. Contestó: Para esa época llegó el Ejército a la zona, realizando una operación llamada Tsunami y en la casa de José Gabriel Ortiz desembarcaron los helicópteros mucho personal del Ejército, sin autorización de él, solamente porque había una cancha de fútbol que pertenecía al lote de las delicias, este desembarco lo hicieron sin permiso y sin autorización de él, eso me consta personalmente. Al aterrizar los helicópteros que eran muy grandes, ocasionaron la voladura de todo el techo de la casa y otra serie de daños y por la tarde se vino un torrencial aguacero (…) Preguntado: Diga si sabe y le consta cuáles fueron los daños o perjuicios ocasionados por razón de la ocupación transitoria del Ejército a ese lote de terreno, Contestó: Inicialmente como lo dije anteriormente cuando los helicópteros desembarcaron sin permiso en las Delicias ocasionaron daños en la casa de habitación y como lo tuvieron ocupado por varios días estos terrenos, el Ejército entonces don José Gabriel iba a hablar con los comandantes de dicha institución para que le arreglaran su casa y lo vieron subir muchas veces a las oficinas, cuando esta gente se fue volvió la guerrilla y nos suponemos que creían que él era el informante o alguna otra cosa y por eso llegaron dando la orden de que desocuparan el pueblo en menos de 24 horas o sino no respondían por su vida, por lo tanto les tocó salir al otro día a las 4 de la mañana, todo esto me consta porque además de trabajar con ellos vivía en su casa. Preguntado: Diga cuál fue el paradero de su familia después de la toma. Contestó: Inicialmente cuando le destruyeron la casa me consta que tuvieron que ir a pedir posada a donde los vecinos, y después cuando la guerrilla saca a José Gabriel del pueblo, la familia también se va desplazada por temor a represalias contra sus vidas. Preguntado: Es cierto que el Ejército Nacional al mando del general Fernando Tapias, abandonó la población dejándola desprotegida. Contestó: De esto sí me consta, y además hago la declaración pública de que cuando llegó el Ejército los diferentes altos mandos manifestaron que se les diera todo el respaldo necesario porque ellos nunca iban a dejar a la población civil sola, pasando unos 15 días la sorpresa de los habitantes fue que los dejaron solos por eso sucedió lo que sucedió. Preguntado: le consta a usted, si es cierto que la guerrilla de las FARC reunió a la gente en la plazoleta principal y si en la lista de personas que debían salir del pueblo para no ser asesinadas, se encontraba el nombre del señor José Gabriel Ortiz. Contestó: Si me consta porque cuando llegó la guerrilla por las diferentes partes del pueblo y formar el caos matando a unos, buscando a otros, reunió a la mayoría de gente que estaba en las calles, en el parque principal y leyó una lista en la cual aparecía el nombre de José Gabriel Ortiz, a quienes tildaron de colaboradores del Ejército, por eso tenían que abandonar el pueblo.

11.2. Por su parte, Jerjés Ortiz Segura (fls. 143-145, cdno. 1):

Preguntado: Que sucedió el 22 de mayo de 2001 en los predios de su padre. Contestó: Siendo la 1:10 p.m. el Ejército desembarco sin ninguna autorización en esos predios, causando daños como la voladura de techo, las paredes de las cabañas que estaban en construcción por la turbulencia del helicóptero. Preguntado: Diga si sabe y le consta que el Ejército Nacional llevó en esta población la denominada operación Tsunami y cuáles fueron sus consecuencias Contestó: Si esa operación se llevó a cabo un domingo después de la misa, y como dije anteriormente al aterrizar los helicópteros por la turbulencia se voló el techo de la casa, por la tarde como cayó un torrencial aguacero dañó todos los enseres de la casa. Preguntado: Cuánto tiempo permanecieron los soldados en el lote de terreno. Contestó: ellos se quedaron aproximadamente 15 días. Preguntado: Después de la ocupación al lote de terreno, cuál fue la actitud de todos ustedes. Contestó: Mi mamá se hospedó en la casa de una amiga por temor a las represalias de la guerrilla y nosotros nos fuimos a la casa de unos vecinos, dejando todo abandonado. Preguntado: Diga si el Ejército comandado por el general Tapias abandonó la población de Barbacoas, dejándola completamente desprotegida. Contestó: Sí, efectivamente, pero antes de irse prometió en una reunión pública la presencia militar, construyendo una base militar. Preguntado: Que consecuencias trajo el abandono de la población por parte del Ejército. Contestó: que a raíz de eso la guerrilla se apoderó nuevamente del pueblo haciéndole conocer a la población de que las personas que le habían colaborado al Ejército directa o indirectamente tenían que desalojar el pueblo al otro día. Preguntado: Diga si es cierto que la guerrilla de las FARC reunió a la población en la plaza principal y si en la lista de personas que debían salir del pueblo, se encontraba el nombre de su padre José Gabriel Ortiz. Contestó: Desgraciadamente sí se encontraba en la lista porque la guerrilla pensaba de que nosotros le habíamos dado permiso al Ejército para la ocupación o desembargo de la tropa, acampando en este terreno durante 15 días aproximadamente, a pesar de que le advertimos sobre el peligro o las consecuencias que se podían causar, pero no hicieron caso, se quedaron allí, inclusive se perdieron algunas cosas. Preguntado: Que le paso luego con su padre al saber que estaba incluido en la lista. Contestó: Salió al otro día en la madrugada hacía otro municipio corriendo el riesgo de que lo mataran porque habían muchos retenes de la guerrilla, afortunadamente todo salió bien y gracias a Dios aún esta con vida.

11.3. A su vez, Manuel Enrique Cabezas Benavides manifestó (fls. 146-148, cdno. 1.):

Preguntado: Haga un relato de todo aquello que le conste sobre una supuesta ocupación del Ejército en ese lote: Contestó: Exactamente la fecha no la recuerdo, pero sí recuerdo que el Ejército invadió esos terrenos con los helicópteros que aterrizaban constantemente, era grandes y por eso levantaron el techo de la casa, no sé si en forma total o parcial, pero sí quebrantó todas las láminas de zinc y de eternit. Preguntado: Por el conocimiento que tiene usted de la llamada operación militar Tsunami que el Ejército llevó a cabo, cuáles fueron los perjuicios y daños sufridos por el señor Ortiz. Contestó: No solo para el señor Ortiz, sino para muchos habitantes de aquí de Barbacoas, tuvieron que desplazarse, abandonado sus bienes, incluso hasta la señora mía tuvo que desplazarse, porque la guerrilla tomó represalias contra mucha gente, incluido el señor Ortiz, además la propia guerrilla vino aquí al parque Tomás Cipriano de Mosquera de aquí de barbacoas e hizo una reunión después de que se fue el Ejército y dejó a la población abandonada, yo no asistí a la reunión, pero casi todo el pueblo asistió y la gente del pueblo comentaba que había un ultimátum para determinadas personas que nombraron allí en la reunión con nombre y apellido, entre esos nombres el del señor José Gabriel Ortiz. Preguntado: Cuál era el ultimátum. Contestó: Que desocuparan el pueblo dentro de las 48 o 72 horas, exactamente no me acuerdo.

11.4. En el mismo sentido Doris Ayde Álvarez Martínez, señaló (fls. 146-148, cdno. 1):

Preguntada: Haga un relato de todo aquello que le conste sobre una supuesta ocupación del Ejército en ese lote: Llegaron los helicópteros y se instalaron ahí, don cheque en ese momento no estaba, cuando llegó estaba todo ocupado, incluso metiéndose a la casa. Preguntada: El señor Ortiz había dado permiso para que aterrizaran los helicópteros. Contestó: No, cuando él llegó y su familia que estaba trabajando por fuera encontraron la casa invadida y el techo de la casa caído, no tuvieron en donde pasar la noche, por eso acudieron a los vecinos del mismo miedo que tenían. Preguntado: Por el conocimiento que tiene usted de la llamada operación Tsunami que el Ejército llevó a cabo en esta ciudad, cuáles fueron los perjuicios o daños sufridos por el señor Ortiz. Contestó: Además de los daños ocasionados a la casa, don Chepe tuvo que huir porque la guerrilla lo mandó a amenazar cuando el Ejército abandonó esta población, entonces él se fue y la esposa doña Colombia también se fue después de unos días, dejando abandonado todos los negocios, como la droguería, etc., inclusive hasta los hijos quedaron abandonados, luego éstos también se fueron, el único que quedó luchando fue Jerjés.

12. Estas declaraciones permiten constatar, los daños padecidos por el demandante consistentes de un lado, en el desembarco de las tropas de soldados que participaron en la operación militar en el inmueble de su propiedad el cual le ocasionó la destrucción del techo de su vivienda y algunos enseres que allí se encontraban; y de otro lado, el desplazamiento al que se vio compelido una vez regresaron los integrantes del grupo guerrillero, quienes ante la retirada de la fuerza pública, retornaron para tomar represalias contra las personas que de alguna manera habían auxiliado el operativo. Dichos testimonios son coherentes al afirmar que la pérdida de los bienes y el desplazamiento del señor Ortiz, se produjeron con ocasión del descenso y permanencia del grupo de soldados en su predio y la supuesta ayuda por brindada por él al Ejército Nacional.

13. Una vez demostrado los daños, la Sala procede a determinar si éstos le son imputables a la entidad demandada. Se tiene entonces que el Ejército Nacional realizó el desembarco de sus tropas para adelantar la operación militar referida, y permaneció por espacio de 15 días aproximadamente en el inmueble de propiedad del demandante de manera inconsulta, situación que comporta una ocupación temporal de bienes por razones de seguridad, como bien lo determinó el tribunal, pues no existía para él la obligación jurídica de soportar sin compensación alguna, el detrimento a su patrimonio por el desembarco y la permanencia de soldados, que si bien reportaron un beneficio para la población en general, lesionaron desproporcionadamente los intereses del señor Ortiz.

14. La responsabilidad del Estado por ocupación de bienes inmuebles debe ser entendida a la luz de la garantía a “la propiedad privada y demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles”, consagrada en el artículo 58 de la Constitución de la Constitución Política(7), en concordancia con lo dispuesto por el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos(8), norma en la cual también se contempló que la propiedad privada es una función social que implica obligaciones y a la cual le es inherente una función ecológica. Según esta misma disposición, el ejercicio de este derecho puede ser subordinado a motivos de utilidad pública o de interés social, al punto que, por estas mismas razones y según las formas establecidas por la ley, su titular puede ser privado del mismo a través de una expropiación sujeta al pago de indemnización. Para el efecto esta Corporación ha señalado(9):

16.1. La responsabilidad estatal surgida de la ocupación de bienes inmuebles tiene su fundamento normativo en los artículos 58(10), 59(11) y 90 de la Constitución Política, y en los artículos 86(12), 219(13) y 220(14) del Código Contencioso Administrativo. En interpretación de las normas mencionadas, el Consejo de Estado ha precisado, en una uniforme línea jurisprudencial, que para que surja obligación indemnizatoria a cargo del estado por el aludido tipo de responsabilidad, se requiere que el interesado acredite que es titular de unos derechos en relación con un bien inmueble(15), y que esos derechos han sido limitados o suprimidos por virtud de la ocupación de facto —temporal o permanente(16)— del susodicho bien. Igualmente, el interesado debe demostrar que la ocupación es atribuible a la entidad pública contra la cual se dirige la reclamación, bien sea porque la afectación del predio fue instrumentada por alguno de sus agentes, o bien porque la entidad autorizó la ocupación del inmueble por parte de terceros particulares.

16.2. El análisis de los anteriores presupuestos debe realizarse bajo la óptica de un régimen objetivo de responsabilidad, con aplicación de la teoría del daño especial por rompimiento de las cargas públicas que el ciudadano debe soportar en condiciones de igualdad, de tal forma que al interesado le basta con demostrar que existió la ocupación y el daño surgido de la misma, sin que tenga que evidenciar que la limitación de los derechos sobre el bien ocurrió con ocasión de una falla del servicio, y a la entidad demandada le corresponde, para exonerarse de responsabilidad, la labor de comprobar que la ocupación se produjo por una causa extraña —fuerza mayor, hecho de un tercero y hecho exclusivo de la víctima— (…).

15. Respecto al derecho de propiedad invocado por el actor sobre el predio en donde se realizó el descenso y estadía del grupo de soldados del Ejército Nacional, la Sala advierte que obran en el expediente dos escrituras públicas suscritas por el demandante en calidad de comprador, una de ellas la número 611 otorgada en la Notaría Única del Circulo de Barbacoas el 12 de marzo de 2001, y una segunda 97 originaria de la misma notaría elevada el 5 noviembre de 2002, registrada en el folio de matrícula correspondiente —ver párrafo 9.2—, de lo que es dable concluir que se trataba de dos inmuebles contiguos de acuerdo a los linderos comunes. Frente a la forma de probar el derecho real de dominio sobre bienes inmuebles, esta Corporación mediante sentencia de unificación(17) determinó que el documento idóneo para tal fin lo constituye el certificado de tradición y libertad expedido por el registrador de Instrumentos Públicos. No obstante lo anterior, y ante la carencia de este documento respecto del primer inmueble, la Sala tendrá al actor en calidad de poseedor de buena fe, en tanto obra en el expediente la referida escritura pública así como los testimonios transcritos, elementos de juicio que analizados en su conjunto, permiten asignarle este esta calidad que lo legitima a solicitar la indemnización derivada de la trasgresión a su derecho real de dominio. No pierde de vista la Sala que el inmueble que se predica de propiedad del actor, pues aportó el certificado de tradición y libertad, fue adquirido por éste después del 22 de mayo de 2001 fecha en la que se desarrolló el operativo militar, esto es el 5 de noviembre de 2002, circunstancia que en principio lo deshabilitaría para el ejercicio de la acción indemnizatoria, si se tiene en cuenta que se trató de una adquisición por causa de muerte y no se tiene probada su derecho real sobre el inmueble. Sin embargo, encuentra la Sala que pese a que no se pudo identificar plenamente el lugar de aterrizaje de los helicópteros así como tampoco el de permanencia de la tropa, tendrá como aquel lugar el adquirido por el demandante con anterioridad a la fecha de la ocupación, esto, en virtud de los testimonios rendidos que son contestes en afirmar el ejercicio del derecho de propiedad por parte del señor Ortiz, además de que la parte demandada en la oportunidad procesal para desvirtuar que el arribo de los helicópteros y la estadía de los soldados hubiese ocurrido en ese lugar, no realizó ninguna manifestación ni aportó prueba alguna.

16. A propósito de la ocupación, la Sala advierte que se encuentra demostrado que el Ejército Nacional en desarrollo de la operación militar helicoportada “Tsunami” ocupó temporalmente el inmueble de propiedad del actor con ocasión del descenso de sus tropas y la permanencia del grupo de soldados por aproximadamente 15 días, lo que constituye un daño antijurídico que, como tal, debe ser indemnizado.

17. En lo que tiene que ver con el segundo daño demostrado, esto es el desplazamiento al que se vio conminado el señor Ortiz, la Sala deberá determinar si existió una actuación irregular por parte del Ejército Nacional, y de ser así, si existe una relación causal entre ésta y el daño alegado. Para ello es preciso aclarar que la lectura del expediente no permite concluir que alguna autoridad del Estado haya provocado directamente el desplazamiento del demandante, pues no se tiene prueba alguna de que la fuerza pública haya dirigido amenazas contra esta persona en particular.

18. Esta situación permitiría, en principio, eximir de responsabilidad a la entidad demandada, dado que ninguno de sus agentes estuvo involucrado en dicha situación. Sin embargo, la jurisprudencia de esta Corporación ha examinado en varias oportunidades la responsabilidad del Estado por hechos de terceros, en casos en los que si bien los agentes estatales no causaron el daño de forma directa, con su acción u omisión propiciaron o permitieron que terceras personas ajenas a la administración lo causaran(18). Es el caso típico de los llamados “actos terroristas”, cometidos usualmente por miembros de grupos armados ilegales, si bien otro tipo de bandas criminales, con un menor grado de organización y jerarquía, pueden producirlos.

19. En el presente caso, está demostrado que las amenazas recibidas en contra de la vida del señor José Gabriel Ortiz, las cuales motivaron su salida del municipio de Barbacoas (Nariño), fueron realizadas por hombres del grupo guerrillero de las FARC, quienes ante el retiro de la fuerzas militares, regresaron para tomarse la población y cobrar venganza contra los habitantes que presuntamente favorecieron el operativo militar. Se logró determinar al interior del expediente que el Ejército Nacional ocupó transitoriamente el inmueble de propiedad del demandante, por lo que solo resta establecer si la invasión a su predio, causó, o al menos, contribuyó de manera eficiente a la materialización de este segundo daño. Precedentemente se citaron in extenso los testimonios de habitantes del sector y del hijo del demandante que coincidieron en afirmar que una vez el Ejército Nacional abandonó el municipio, los integrantes del grupo subversivo, lista en mano, individualizaron a los pobladores que presuntamente habían colaborado en la ejecución del operativo militar, lista dentro de la cual se encontraba el nombre del señor Ortiz. Al no existir prueba directa que le permita a la Sala atribuir estas amenazas y en consecuencia el desplazamiento, a un hecho distinto al señalado, es razonable concluir que el Ejército Nacional con ocasión del desembarco e instalación de sus tropas, generó para el demandante un riesgo superior al que estaba expuesto los demás habitantes de la población en desarrollo de un conflicto armado.

20. Este riesgo se materializó cuando las fuerzas armadas realizaron el descenso de sus hombres y posteriormente se alojaron en el inmueble de propiedad del actor, situación que convirtió a dicho predio en un bien representativo de la institucionalidad del Estado y su propietario en un auxiliador del Ejército Nacional y en consecuencia en objetivo militar. En asuntos de similar naturaleza, esta Subsección ha considerado que los casos que involucran daños derivados de ataques guerrilleros a bienes o instalaciones del Estado, plantean una categoría de riesgo que deriva de la confrontación armada que surge de la disputa por el control del territorio y el monopolio del uso de la fuerza(19). Esta categoría de riesgo, llamado riesgo-conflicto, surge del reconocimiento de que, dada la situación de conflicto armado, el cumplimiento de ciertos deberes legales y constitucionales genera para la población civil un riesgo de naturaleza excepcional en la medida en que la pone en peligro de sufrir los efectos de los ataques que los grupos guerrilleros dirigen contra los bienes e instalaciones que sirven como medio para el cumplimiento de esos deberes y el desarrollo de dichas actividades(20).

21. En el presente caso, si bien la amenaza guerrillera se dirigió contra un particular, que no representaría la institucionalidad del Estado, la presencia continua de la fuerza pública en el predio facilitó que este bien fuera un objeto claramente identificado como Estado. Sobre el riesgo creado por el Estado al instalar sus fuerzas militares y de policía en proximidad o cercanía de bienes civiles, la Subsección ha señalado:

De esta forma, se considera que los atentados cometidos por la guerrilla contra un “objeto claramente identificable como Estado” en el marco del conflicto interno armado, tales como estaciones de policía, cuarteles militares u oleoductos, pueden ser imputados al Estado a título de riesgo excepcional no porque estos bienes e instalaciones puedan ser considerados peligrosos en sí mismos —como sí ocurre con los objetos que encuadran dentro de la categoría riesgo-peligro (p.e. armas de dotación oficial, químicos o instalaciones eléctricas)—, sino porque la dinámica misma del conflicto armado ha hecho que la cercanía a ellos genere para la población civil el riesgo de sufrir afectaciones en su vida, su integridad personal y su patrimonio en razón a que son blanco de continuos y violentos ataques por parte de la guerrilla que los considera objetivos militares.

La Sala no desconoce que desde un enfoque de teoría administrativa resulta extraña, por decir lo menos, la afirmación según la cual la simple presencia institucional constituye un factor generador de riesgo, máxime cuando muchas veces esa presencia —lograda, por ejemplo, mediante el acantonamiento de la fuerza pública— la que permite al Estado conjurar o repeler las amenazas que para la vida y los bienes de la población civil implican las acciones de la delincuencia. Sin embargo, considera que de cara a la realidad del país, resulta imposible negar que existen zonas afectadas por fenómenos graves de violencia política en las que la cercanía a ciertos bienes e instalaciones del Estado, genera un riesgo cierto para las personas que viven o desarrollan sus actividades cotidianas en sus proximidades ya que éstos son blanco de continuos ataques de la guerrilla(21).

22. En el asunto bajo examen, no es que el Estado haya instalado sus fuerzas militares en proximidad o cercanía del predio del señor José Gabriel Ortiz, sino que las instaló al interior del mismo predio, según las declaraciones de los vecinos, con lo cual convirtió dicho bien en un objeto claramente identificado como Estado y, de tal forma, creó de manera consciente y deliberada un riesgo para los habitantes del mismo.

23. Ahora bien, es preciso aclarar que, en tanto este riesgo se deriva de la existencia del conflicto armado interno, su naturaleza es contextual, porque no en todos los municipios del país es factible que se produzca una incursión armada de la guerrilla o un ataque contra la infraestructura del Estado. Este hecho es, justamente, lo que le atribuye al riesgo su carácter excepcional. En efecto, es un hecho notorio que estas acciones tienden a concentrarse en pequeñas poblaciones, ubicadas en zonas del territorio nacional que ofrecen una ventaja estratégica desde el punto de vista militar, y donde los actores armados ejercen una fuerte presencia y están en capacidad de perpetrar un ataque armado de gran impacto. Al respecto, se ha determinado:

Así las cosas, para que pueda imputarse responsabilidad a la administración a título de riesgo excepcional por los daños derivados de ataques guerrilleros contra bienes o instalaciones del Estado es necesario que el factor de imputación, esto es, el riesgo, exista realmente, lo cual puede acreditarse a través de distintos medios de prueba, que den cuenta de la situación de orden público en la región, o también puede inferirse a partir de la existencia de antecedentes de ataques similares al mismo municipio o de municipios aledaños, de la noticia de la presencia de actores armados en la región, y de los medios que se utilizaron para perpetrar el ataque.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera que en la medida en que el Estado participa consciente y deliberadamente en la creación del riesgo, debe adoptar todas las medidas de precaución, contención y defensa a su alcance para minimizarlo y para evitar que se materialice, pues si no lo hace y facilita la actuación de los grupos armados ilegales, se configura una ostensible falla del servicio que da lugar a un juicio de responsabilidad de naturaleza distinta, fundado en el incumplimiento del deber positivo de protección que le es exigible, no sólo respecto de los bienes y personas civiles, sino también de quienes participan en las hostilidades y de los bienes de carácter militar(22).

24. En este caso, no cabe duda de que el arribó de tropas pertenecientes al Ejército Nacional y la posterior instalación en el inmueble de propiedad del actor, ubicado en el perímetro urbano del municipio de Barbacoas (Nariño), están inscritos en un contexto de violencia derivada del conflicto armado, debido a la presencia de grupos armados ilegales que se disputan el poder económico, político y militar que representa la zona estratégica de la Costa Pacífica Nariñense, el Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Presidencia de la República ofrece el siguiente panorama(23):

No existe duda respecto del fortalecimiento de las guerrillas y de las autodefensas a raíz del narcotráfico presente en la región estudiada. En lo que concierne a las guerrillas, es indudable que fortalecieron su pie de fuerza, trasladaron integrantes desde el oriente colombiano, incrementaron su presión armada y se concentraron en la obtención de recursos alrededor del narcotráfico; es así como columnas como la Mariscal Sucre y la Daniel Aldana de las FARC datan de los años 2000 y la expansión del frente 29, con trayectoria anterior, también se presentó en los mismos años. Las FARC llevaron a cabo ataques de envergadura en la Costa Pacífica en el nuevo siglo: La Tola, Bocas de Satinga e Iscuandé y fue abortado otra acción armada contra El Charco.

Por su lado, las autodefensas se expandieron entre finales de los noventa y 2005, cuando se desmovilizaron. Su incursión se dio por el Alto y el Medio Patía hacia el Pacífico, por la vía que de Pasto conduce a Tumaco. Lograron tener más injerencia que las FARC en algunas cabeceras municipales, no solamente en el Alto y Medio Patía, como en Leyva y Policarpa, sino también en Samaniego. Del mismo modo, adquirieron influencia en Barbacoas.

25. En este contexto de violentos enfrentamientos entre las fuerzas militares, grupos guerrilleros y paramilitares, que motivaron la operación de asalto realizada por el Ejército Nacional tantas veces referenciada, se constata una compleja situación de orden público en el marco de la cual la permanencia de fuerzas militares en predios de carácter civil —como el inmueble del señor José Gabriel Ortiz— constituyó un altísimo riesgo que se materializó en contra del actor.

26. Finalmente, es claro para la Sala que el riesgo excepcional se deriva no solamente del peligro de que en algún momento se produzca un ataque guerrillero contra el bien identificable como Estado, sino también del mensaje que la presencia continua de la fuerza pública en determinado lugar envía a los grupos insurgentes. En el contexto del conflicto armado colombiano, es usual que los grupos guerrilleros, al notar en la población civil algún tipo de cercanía o de trato con la fuerza pública, la señalen de pertenecer, colaborar o auxiliar a las fuerzas militares, y los conviertan en el blanco de sus ataques. Sin perjuicio del deber civil de colaborar con el Estado, en las condiciones anotadas, no le correspondía al actor soportar el daño sufrido, materializado con ocasión del riesgo creado por la actuación de las fuerzas militares.

27. En este orden de ideas, la entidad demandada, al hacer uso de los predios del señor José Gabriel Ortiz para desembarcar e instalar su tropa, en una zona caracterizada por continuos enfrentamientos entre grupos armados ilegales y graves violaciones a los derechos humanos, contribuyó significativamente a la producción del daño ocasionado por los grupos insurgentes, de manera que debe asumir su responsabilidad administrativa y patrimonial.

VI. Liquidación de perjuicios

Perjuicios morales

28. El demandante solicitó el reconocimiento de perjuicios morales en cuantía equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tipología de perjuicio negada por el tribunal en consideración a la no procedencia de perjuicios morales por pérdida de bienes materiales. Frente a esta consideración el recurrente indicó que el perjuicio inmaterial por él padecido no tenía relación propiamente con la destrucción de sus bienes, por el contrario atendió al deterioro de su situación patrimonial y familiar creada por la desesperada salida de su domicilio.

28.1. Al respecto, encuentra la Sala que le asiste razón al actor, en tanto es clara la existencia del perjuicio padecido por el señor José Gabriel Ortiz derivado del cambio intempestivo en sus condiciones de vida, ocasionadas por el desplazamiento al que se vio conminado por las amenazas provenientes del grupo insurgente que, como ya se determinó, guardan total relación con la presencia del Ejército Nacional en su predio. La indemnización originada en el desplazamiento forzado reconocido como un daño autónomo, responde a la obligación asignada al Estado de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los asociados no solo consagrados en la legislación interna sino en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y demás tratados que reconocen y protegen derechos humanos.

28.2. En lo que tiene que ver con la cuantificación del referido perjuicio la Sala en apoyo de las decisiones adoptadas en caso que guardan coincidencia en los supuesto de hecho(24) y en aplicación del arbitrio judicial que le permite al juez determinar el monto de la indemnización debida, teniendo en cuenta los criterios de la sana crítica y prudente juicio que deben acompañar sus decisiones, considera que a favor del señor José Gabriel Ortiz deberá reconocerse la suma equivalente a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

29. Frente al reconocimiento de perjuicios materiales el actor solicitó se le indemnizara en valor de $ 866.000.000 correspondiente al lucro cesante y daño emergente ocasionados por la destrucción de su casa de habitación así como de la mina de oro de su propiedad y el negocio de combustible que debió abandonar debido al desplazamiento forzado. En esta oportunidad el a quo reconoció el valor de $ 54.573.636 por concepto del daño emergente sufrido por el demandante, para lo cual tuvo en cuenta el peritazgo practicado, pese a la objeción formulada por la parte demandada de acuerdo con la cual la experticia no fundamentó el estimativo de los daños ocasionados a la vivienda ni a los muebles y enseres que allí se encontraban, como tampoco a los negocios de propiedad del actor, objeción que en consideración del tribunal era infundada, pues el auxiliar de la justicia tuvo en cuenta el valor de los materiales, los costos de los muebles y enseres, sin que fuese necesaria una fundamentación distinta a la allí consignada.

29.1. En primer término, el actor indicó que como consecuencia de su desplazamiento la mina de oro de su propiedad quedó totalmente abandonada con todo su entable consistente en dos máquinas retroexcavadoras, un monitor para el bombeo de agua, equipo de soldaduras, planta eléctrica, entre otros elementos. Advierte la Sala que no se encuentra en el expediente ninguna prueba que permita establecer el derecho de titularización minera a favor del actor que de conformidad con el Decreto-Ley 2655 lo habilitaba para la exploración y explotación de ese recurso natural no renovable, por lo que ante la carencia de la prueba pertinente, esto es la licencia de adjudicación u otro documento similar, no se tiene acreditado el licenciamiento para desarrollar esta tipo de actividad, carencia probatoria ante la cual la Sala deberá negar el reconocimiento de los perjuicios alegados por el demandante relacionados con la imposibilidad de explotar la referida mina de oro.

29.2. En el mismo sentido, el actor solicitó que se le indemnizara por la pérdida de los elementos utilizados en la labor de minería y que se relacionaron precedentemente, para lo cual allegó junto con la demanda un número importante de recibos de caja provenientes de la Sociedad Anónima Motores S.A. que dan cuenta de abonos correspondientes a máquinas identificadas tan solo con números sin que sea posible conocer la clase de equipos ni el uso que se les podía asignar. Encuentra la Sala que si bien estos recibos no son prueba suficiente para acreditar la propiedad alegada por el actor, no sería esta la razón para desestimar el reconocimiento de los perjuicios aducidos por éste, derivados de la pérdida de la referida maquinaria, sino como se refirió precedentemente, la negativa atiende a que el actor no logró acreditar que el desarrollo de esta actividad de minería se hubiese ejercido de forma legal, situación que le impide a la Sala realizar algún tipo de reconocimiento patrimonial no solo por la actividad misma, sino por el entable allí utilizado.

29.3. En lo que tiene que ver con el pago de los daños ocasionados con el incendio de la embarcación dedicada al transporte de combustible presuntamente de propiedad del demandante, la Sala encuentra que este perjuicio no guarda relación con los daños irrogados, en tanto no se tiene probado que la motonave haya sufrido este accidente por la ausencia del señor Ortiz, pues no se tiene certeza sobre las razones de la conflagración, así como tampoco de que ante la presencia física del señor Ortiz ésta no hubiese ocurrido. La Sala no cuenta con información suficiente sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el siniestro que le permitan identificar el nexo de causalidad con el daño irrogado, elemento indispensable a la hora de imputar responsabilidad a la entidad demandada. Así las cosas no reconocerá la indemnización solicitada por este concepto.

29.4. Por último, dentro de las pretensiones formuladas se indicó que con ocasión de la ocupación temporal sobre el predio del actor por parte del Ejército Nacional, se destruyó el entejado de la casa de habitación junto con los muebles y enseres que allí se encontraban además de la destrucción de las paredes de unas cabañas en construcción, un gallinero, galpones y una perrera. Para acreditar el monto de los perjuicios causados, la parte demandante solicitó la práctica de una prueba pericial, la cual fue practicada en el mes de noviembre de 2005. La entidad demandada mediante memorial del 12 de octubre de 2006 visible a folios 191-192, objetó por error grave el peritazgo rendido, en tanto consideró que aquella información carecía de fundamento técnico y el estimativo de los valores correspondientes a los muebles y enseres no da cuenta del origen de su determinación. Para la tasación de esta indemnización, la Sala analizará la prueba pericial practicada en primera instancia, por el ingeniero Fabio Casierra Quiñonez, quien se posesionó de su cargo el día 21 de septiembre de 2005 (fl. 175, cdno. 1), y rindió un dictamen en el que estimaron en $ 1.182.330.169 los perjuicios padecidos. Se transcribe la fundamentación del dictamen (fls. 65-67, cdno. 2).

Durante la inspección del peritaje se constató o siguiente:

1 Ubicación. Las construcciones del señor José Gabriel Ortiz Lemos se encuentran ubicadas en el predio “Las Delicias”, área urbana del municipio de Barbacoas.

2. Extensión: El predio tiene una extensión de 9.600 m2 aproximadamente.

3. Linderos: El terreno presenta los siguientes linderos: por el NORTE: con propiedad del hospital San Antonio, SUR: con propiedad del señor Julio Pantoja, OCCIDENTE: con el río Guaqui y termina.

4. Edificaciones: Se encuentran las siguientes construcciones: dos casas, una piscina y una cancha de baloncesto.

ESTIMATIVO DE LOS NEGOCIOS(25) (…).

ITEMACTIVIDADUNDCANTIDADVr. UNITARIOVr. TOTAL

 I VIVIENDA    
1CUBIERTA    
1.1.Teja de eternite Nº 6M2282,5 $ 30.889,00 $ 8.726.143,00
1.2.Cielo raso en machimbreM2282,5 $ 37.835,00 $ 10.688.388,00
 SUBTOTAL    $ 19.414.531,00
 II CABAÑAS    
1MAMPOSTERÍA    
1.1.Muro en ladrillos comúnM2175.70 $ 35.908,00 $ 6.309.036,00
 SUBTOTAL    $ 6.309.036,00
 III GALPONES Y BODEGA    
1MUROS    
1.1,Pared en maderaM292.0 $ 36.596,00 $ 3.366.832,00
 SUBTOTAL    
2CUBIERTA    
2.1.Cubierta en eternit Nº 6M2140. $ 30.889,00 $ 4.324.460,00

COSTO DIRECTO (I+II+III)    $ 37.770.207,00
IMPREVISTOS (5%)     $ 1.888.510,00
COSTO TOTAL    $ 39.658.717,00

1TelevisorUND2 $ 482.640,00 $ 965.280,00
2Juego de poltronasUND1 $ 723.960,00 $ 723.960,00
3Camas de maderaUND4 $ 382.000,00 $ 1.528.000,00
4Equipo de sonidoUND1 $ 643.520,00 $ 643.520,00
5Juego utensilios de cocinaGBL1 $ 500.000,00 $ 500.000,00
6RopaGBL1 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00
7ComedorUND1 $ 683.480,00 $ 683.480,00
      
 IMPREVISTOS    $ 327.212,00
1COSTO DIRECTO    $ 6.871.452,00
 

29.5. La Sala ha considerado que la eficacia probatoria del dictamen de expertos requiere que: (i) el perito informe de manera razonada lo que sepa de los hechos, según sus conocimientos especializados; (ii) el dictamen sea personal y contenga conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no de otras personas, por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad; (iii) el perito sea competente, es decir, un experto para el desempeño del cargo; (iv) no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad; (v) no se haya probado una objeción por error grave; (vi) el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras, firmes y consecuencia de las razones expuestas; (vii) sus conclusiones sean conducentes en relación con el hecho a probar; (viii) se haya surtido la contradicción; (ix) no exista retracto del mismo por parte del perito; (x) otras pruebas no lo desvirtúen; (xi) sea claro, preciso y detallado, es decir, que dé cuenta de los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas(26).

29.6. Al examinar el dictamen pericial a la luz de estos parámetros encuentra la Sala que lo consignado en el mismo por parte del perito, no le permite tener una valoración objetiva y razonada de los daños causados al inmueble, los enseres y bienes muebles de propiedad del actor, en tanto (i) no se acreditó cuál era la experticia del referido auxiliar de la justicia para desarrollar el análisis encomendado; (ii) las conclusiones vertidas en el informe se plasman a partir de meras apreciaciones subjetivas, sin ningún tipo de soporte teórico en el campo de la construcción, (iii) La determinación de los valores no se soportó en la verificación de los precios en el mercado, ni sobre el aporte de facturas de compra de estos materiales; (iv) adicionalmente no se establecieron las dimensiones del área afectada.

29.7. Se refiere en el dictamen que el valor de los daños ocasionadas en el inmueble del actor asciende a la suma de $ 39.658.717. Encuentra la Sala que la determinación de este valor no se sustenta en ninguna información conocida o documentada en el dictamen, sino por el contrario se parte de una suma de la cual se desconoce su origen y que por supuesto no ofrece credibilidad a la hora de tasar el perjuicio material en la modalidad de daño emergente. Si bien es cierto aparece probado en el proceso que el inmueble del señor sufrió daños con ocasión del desembarco y permanencia de los soldados del Ejército Nacional, no es posible determinar a través del dictamen pericial rendido a cuanto ascendieron.

29.8. Sin embargo, aunque se desconozca el valor de los destrozos ocasionados, lo cierto es que el daño está acreditado, por lo que la Sala estima necesario condenar en abstracto por estos conceptos, en aplicación del artículo 172 del Código Contencioso Administrativo. La respectiva liquidación deberá hacerse mediante el trámite incidental previsto en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, con base en un dictamen técnico que, a partir de las pruebas documentales que deben aportar los solicitantes —facturas de compra de materiales para restaurar el techo de la vivienda afectada, de la construcción de la paredes de las cabañas ubicadas en ese terreno, del galpón y la perrera, elementos destruidos en el desembarco de la tropa, también deberá aportar factura de la compra de los muebles y enseres o en caso de ausencia de éstos, valores de referencia en el mercado de productos de similares características que guarden coincidencia con los enumerados tanto en la demanda como en el dictamen pericial allegado y, en general, aquellos que acrediten el valor de los referidos conceptos.

VII. Costas

30. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

MODIFICAR la sentencia del 4 de julio de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Decisión, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente decisión.

1. DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por el desplazamiento al que fue sometido el señor José Gabriel Ortiz

2. DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por la destrucción de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del señor José Gabriel Ortiz.

3. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a pagar a favor del señor José Gabriel Ortiz, por concepto de perjuicios morales la suma de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR EN ABSTRACTO a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a pagar a favor del señor José Gabriel, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, las sumas que le correspondan, con sujeción a la parte motiva de esta providencia.

5. DENEGAR las restantes súplicas de la demanda.

6. Sin condena en costas.

7. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

8. En firme este proveído, devuélvase al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

2 En la demanda se estima el valor de la mayor pretensión, correspondiente a la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, en $ 866.000.000. Se aplica en este punto el artículo 132 de la Ley 446 de 1998, que disponía que la cuantía necesaria para que un proceso de reparación directa iniciado en 2003 fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 166.000.000.

3 “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones (…)”.

4 Código de Procedimiento Civil. “ART. 217.—Son sospechosas para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”.

5 Sobre la valoración del llamado “declarante sospechoso” la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado lo siguiente: “dentro del sistema que adopta el Código de Procedimiento Civil para la valoración de la prueba, no existe descalificación legal de un testigo que se pueda calificar de “sospechoso”, ya que ello sería incompatible con el principio de la sana crítica que gobierna todo el régimen probatorio en nuestro medio, sin embargo, las razones por las cuales un declarante puede tildarse de sospechoso (amistad, enemistad, parentesco, subordinación, etc.), deben ser miradas por el juzgador como aquellas que pueden colocar al testigo en capacidad de engañar a la justicia; pero para ello, el juez debe hacer uso del análisis de la prueba, en su conjunto, a fin de llegar a una convicción aplicando las reglas de la sana crítica de la prueba. Y no resulta procedente desestimar de plano un testimonio, porque el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil establece como norma de conducta para el juez apreciar los testimonios sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, y no desecharlos de plano. El calificar como sospechoso un testigo no implica necesariamente que este haya incurrido en un falso testimonio, pues, en la práctica, respecto de testigos que en principio puedan ser calificados sin tacha de sospecha, no puede presumir el juez que siempre dicen la verdad; su dicho, como todo medio probatorio, debe evaluarse en conexidad con todos los demás medios de prueba aportados dentro de un proceso”. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1º de julio de 2004, expediente 2003-01445, C.P. Olga Inés Navarrete. En el mismo sentido, véase la sentencia de 19 de julio de 2007, expediente PI-02791, C.P. Martha Sofía Sánz Tobón.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2012, expediente 23686, C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 6 de diciembre de 2013, expediente 26669, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

7 Esta disposición, modificada por el Acto Legislativo 1 de 1999, dispone: “Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. // La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. //El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.// Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio”.

8 Norma según la cual: “1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley”.

9 Sentencia de 26 de octubre de 2011, expediente 18350, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

10 [22] Que en su inciso tercero dispone que “Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación de mediante sentencia judicial e indemnización previa. Ésta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto al precio”.

11 [23] Que establece en su inciso tercero que “El Estado será siempre responsable por las expropiaciones que el Gobierno haga por sí o por medio de sus agentes”.

12 [24] En lo pertinente regula: “ART. 86.—Modificado. Decreto 2304 de 1989, artículo 16. Modificado. Ley 446 de 1998, artículo 31. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea… la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. (…)”.

13 [25] “ART. 219.—Modificado. Decreto 2304 de 1989, artículo 56. En la sentencia que ordene reparar el daño por ocupación de inmueble ajeno se deducirá del total de la indemnización la suma que las partes hayan calculado como valorización por el trabajo realizado, a menos que ya haya sido pagada la mencionada contribución.// En esta clase de procesos cuando se condenare a la entidad pública, o a una privada que cumpla funciones públicas, al pago de lo que valga la parte ocupada del inmueble, la sentencia protocolizada y registrada obrará como título traslaticio de dominio”.

14 [26] “ART. 220.—Si se tratare de ocupación permanente de una propiedad inmueble, y se condenare a una entidad pública, o a una entidad privada que cumpla funciones públicas al pago de lo que valga la parte ocupada, la sentencia protocolizada y registrada obrará como título traslaticio de dominio”.

15 [27] No sólo el titular del derecho de dominio puede verse afectado como consecuencia de la ocupación temporal o permanente de un inmueble. Al respecto, en la ya citada sentencia del 11 de marzo de 2004 (C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Nº interno 12289)… se dijo por la Sala: “Ahora bien, no cabe duda a la Sala de que el poseedor de un bien está legitimado en la causa para solicitar la indemnización del perjuicio causado como consecuencia de la ocupación permanente o transitoria de un inmueble por causa de trabajos públicos. En efecto, si bien aquél no es titular del derecho de propiedad, tiene otro derecho digno de tutela, reconocido y regulado por el legislador civil en su contenido, sus efectos y su forma de protección. Así lo ha reconocido esta misma Sala, en fallos anteriores (se citan en este punto, como nota al pie de la página, las sentencias del 11 de diciembre de 1992 [expediente 7403], del 2 de diciembre de 1996 [expediente 11248], del 26 de abril de 2001 [expediente 12994] y del 10 de julio de 2003 [expediente 11163-9918]), y ha recurrido, en algunos de ellos, a la prescripción contenida en el artículo 2342 del Código Civil, según la cual puede pedir la indemnización “no solo el que es dueño o poseedor de la cosa sobre la cual ha recaído el daño o su heredero, sino el usufructuario, el habitador, o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho…””.

16 [28] Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado: sentencia del 23 de agosto de 1995, C.P. Juan de Dios Montes Hernández, radicación 8378, actor: Inversiones y Urbanismo Turbay, demandado: Fondo Vial Nacional; sentencia del 29 de agosto de 1996, C.P. Juan de Dios Montes Hernández, radicación 9054, actor: Jesús Ariza Franco, demandado: Corporación Eléctrica de la Costra Atlántica, Corelca; sentencia del 18 de septiembre de 1997, C.P. Daniel Suárez Hernández, radicación 11646, actor: Belia del Castillo de Silgado; sentencia del 26 de abril de 2001, C.P. María Helena Giraldo Gómez, radicación 52001-23-31-000-1995-6630-01(12994), actor: Alfredo López y Adela Delgado, demandado: Ministerio de Transporte-Instituto Nacional de Vías; sentencia del 4 de diciembre de 2006, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación 52001-23-31-000-1996-07633-01(07633), actor: Ilmo Giraldo Chaves, demandado: Ministerio de Transporte-Instituto Nacional de Vías.

17 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación del 13 de mayo de 2014, expediente 23128, C.P. Mauricio Fajardo Gómez: “…un análisis profundo de los antecedentes, características, finalidades y alcances del Sistema de Registro Inmobiliario en Colombia, permite llegar a una conclusión distinta de la sostenida actualmente por la jurisprudencia, en el sentido de que con sólo el aporte del certificado expedido por el Registrador de Instrumentos Públicos, resulta suficiente para acreditar la propiedad sobre el bien inmueble objeto de debate, para efectos de la legitimación en causa por activa, tratándose de un proceso que se adelanta ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
De conformidad con el acuerdo 19 de 1972, mediante el cual se establece la creación del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) como establecimiento público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente con domicilio en la ciudad de Bogotá.

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de mayo de 2013, expediente 30522, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 28 de febrero de 2013, expediente 27959, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 29 de julio de 2013, expediente 30452, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de octubre de 2012, expediente 18 472, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Ello sin perjuicio de la posición reciente de la Sala Plena de la Sección Tercera, según la cual no debe privilegiarse un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que éste puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación. Ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, expediente 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012, expediente 23219, C.P. Hernán Andrade Rincón.

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, expediente 18 536, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

21 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de octubre de 2012, expediente 18 472, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

22 Ibídem.

23 Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Presidencia de la República, “Dinámica reciente de la violencia en la Costa Pacífica Nariñense y Caucana y su incidencia y sobre la comunidad afrocolombiana”, Bogotá, Presidencia de la República, 2009.

24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia del 18 de julio de 2012, actor: Rosa María Rodríguez de Hidalgo, expediente 23594, C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.

25 La Sala se abstendrá de hacer la transcripción de los valores estimados respecto de la mina de oro y el transporte de combustible, pues como ya se anotó, estos presuntos perjuicios no serán reconocidos.

26 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2013, expediente 27959, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 21 de marzo de 2012, expediente 24250, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 16 de abril de 2007, expediente AG-250002325000200200025-02, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.