Sentencia 2003-00625 de mayo 29 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 250002326000200300625-01 (28971)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Demandante: Olga Lucy Vélez Patiño

Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros

Asunto: Apelación sentencia de reparación directa

Bogotá, D.C., veintinueve de mayo de dos mil trece

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Prelación de fallo(1). 

En la actualidad la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho del correspondiente magistrado ponente.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16(2), permite decidir sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate dice relación con la privación injusta de la libertad de la señora Olga Lucy Vélez.

Respecto del tema antes referido, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en relación con lo cual ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(3).

Así las cosas, dado que en relación con los hechos materia del presente asunto existe una jurisprudencia consolidada y reiterada de esta corporación, la Subsección procederá a decidir este proceso de manera anticipada con el fin de reiterar su jurisprudencia.

2. Caducidad de la acción.

Se encuentra que la demanda se presentó dentro los dos años siguientes al hecho que da origen a la alegada responsabilidad del ente demandado, dado que la sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Leticia, mediante la cual se absolvió a la señora Olga Lucy Vélez por los delitos a ella imputados, quedó ejecutoriada el 23 de julio de 2002 (fl. 172 c. 4) y la demanda se formuló el 11 de marzo de 2003 (fl. 14 c. 1).

3. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Reiteración de jurisprudencia.

Como se expuso con anterioridad, en punto a los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y alcance del artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, de manera general, se aplica el régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado que ha sido privado de la libertad finalmente es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso a que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica.

De igual forma, de conformidad con la posición mayoritaria, reiterada y asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal in dubio pro reo, por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos —cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva(4)—.

Bajo esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

4. El material probatorio que obra en el proceso.

• Al proceso se allegó, por parte del Juzgado Penal del Circuito de Leticia, copia del expediente penal adelantado en contra de la que en este proceso funge como demandante, señora Olga Lucy Vélez, con ocasión del cual se le privó de su libertad, Expediente que será valorado por la corporación por cuanto se solicitó como prueba por la parte demandante, al tiempo que se allegó al proceso y se adelantó con audiencia de la propia entidad demandada.

Dentro de la aludida prueba trasladada reposan, entre otros medios de convicción, copia auténtica de las siguientes pruebas documentales:

— Resolución de fecha 15 de diciembre de 1998, mediante la cual la Unidad de Fiscalías Delegadas ante los juzgados penales del Circuito de Leticia, Amazonas, dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, sin beneficio de excarcelación, contra la señora Olga Lucy Vélez Patiño, por los delitos de “peculado por apropiación, falsedad en documento privado en concurso homogéneo y heterogéneo sucesivo y concierto para delinquir y en el concurso de peculado y falsedad en documento privado en la modalidad de tentativa” (fls. 34-37 c. 2).

— Resolución de fecha 25 de enero de 1999, a través de la cual la Unidad Delegada ante los Tribunales Superiores de Santafé de Bogotá, confirmó la anterior providencia.

— Providencia del 25 de enero de 1999, mediante la cual se dictó resolución de acusación contra la señora Olga Lucy Vélez Patiño, como presunta determinadora “de un delito de peculado por apropiación, en concurso material con delitos de falsedad en documento privado, acorde a las circunstancias de tiempo, modo y lugar referidas a lo largo de este proveído”.

— Providencia del 25 de octubre de 1999, mediante la cual se concedió libertad provisional a la señora Olga Lucía Vélez Patiño, bajo caución prendaria. La anterior resolución fue notificada a la señora Vélez Patiño el día 26 de octubre de 1999.

— Sentencia del 4 de abril de 2000, mediante la cual el Juzgado Penal del Circuito de Leticia decidió, entre otros aspectos, absolver a la señora Olga Lucy Vélez Patiño de todos los cargos formulados en su contra y, en consecuencia, le concedió su libertad definitiva.

— Providencia del 22 de junio de 2000, a través de la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca - Sala Penal, decretó la nulidad de la sentencia proferida el 4 de abril del 2000 por el Juzgado Penal del Circuito de Leticia.

— Sentencia del 1º de septiembre de 2000, mediante la cual el Juzgado Penal del Circuito de Leticia decidió, entre otros aspectos, absolver a la señora Olga Lucy Vélez Patiño de todos los cargos formulados en su contra y, en consecuencia, le concedió su libertad definitiva.

— Providencia del 22 de junio de 2000, a través de la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca - Sala Penal, decretó, de nuevo, la nulidad parcial de la sentencia proferida el 1º de septiembre del 2000 por el Juzgado Penal del Circuito de Leticia, en lo que tuvo que ver con la absolución de las señoras Olga Lucy Vélez Patiño y Stella Ríos de Blanco.

— Sentencia del 11 de julio de 2002, mediante la cual el Juzgado Penal del Circuito de Leticia decidió, entre otros aspectos, absolver a la señora Olga Lucy Vélez Patiño de todos los cargos formulados en su contra y, en consecuencia, ordenó cancelar la medida de aseguramiento que se le había impuesto.

La providencia se fundamentó, principalmente, en los siguientes argumentos:

“El señor Edwin Alfonso Medina Altamar en su injurada que obra a folio 33 y ss., afirma: que él sustrajo de la Caja Agraria 6 o 7 cheques en blanco, imitaba la firma del girador y se los entregaba a la señora Stella Ríos y Olga Vélez para que los consignara en las cuentas de ellas. Posteriormente agrega: que ellas y el señor Fabio Sáenz, fueron las personas que lo ilustraron para sacar la plata del Banco Agrario. Después de su injurada, el señor Medina afirma que la persona que le enseñó dicho procedimiento había sido solamente Stella Ríos. Agrega el deponente, que Olga Lucy Vélez no tuvo conocimiento de las artimañas que ellos utilizaban para defraudar al banco y que tampoco se benefició económicamente.

En el expediente sólo se cuenta con esta prueba de cargo en contra de Olga Lucy Vélez cuando manifestó al principio de su injurada que Olga Lucy Vélez, Stella Ríos y el señor Fabio Sáenz, fueron las personas que lo ilustraron como debía actuar él para defraudar el banco.

Testimonio que analizado integralmente, no es claro, convincente, referente a la responsabilidad de la señora Vélez; por cuanto después en su injurada el señor Medina Altamar, advierte que la señora Olga Lucy Vélez, desconocía la forma como él y la señora Ríos realizaban la gestión criminal.

Prueba esta que por su imprecisión no da la certeza de la culpabilidad de los hechos de defraudación al actual Banco Agrario por parte de la señora Olga Lucy Vélez máxime que ella en su injurada manifestó: que por su labor en la empresa Márquez Express consistía en llevar la contabilidad del negocio. Dicho este que es corroborado por el propietario del establecimiento comercial, señor Jairo Miguel Suárez Zambrano”.

Ahora, en relación con la otra supuesta prueba incriminatoria que figuraba en contra de la señora Vélez Patiño, en el sentido de haber acudido al sitio donde había sido capturado el señor Medina Altamar, para reclamarle unos cheques que él poseía, quedó aclarada tal situación al exponer ella, que el señor Medina Altamar le había dicho que él tenía en el bolsillo de su camisa dos cheques que habían sido devueltos y que pertenecían a la cuenta corriente de la empresa Márquez Express y que pasara a recogerlos.

Al no existir en el plenario prueba realmente alguna que permita deducir con certeza que la señora Olga Lucy Vélez Patiño participó en esa sociedad criminal (…) resulta procedente absolver del hecho punible de peculado por apropiación en calidad de cómplice a la señor Olga Lucy Vélez Patiño (se resalta).

• Ante el tribunal a quo se practicaron los siguientes testimonios:

— Declaración de la señora Sol Lilian Pérez Gil.

“(…) Eso afectó mucho a la familia, ella y el hermano era quienes respondían por los padres al estar ella tan lejos, la situación se tornó muy difícil, además para la familia y para ella, porque nunca la fue a visitar, la ciudad de Leticia es muy lejana. En este estado de la diligencia se procede a hacer el respectivo cuestionario presentado en forma escrita por el [apoderado de los demandantes] (…). CONTESTÓ: La conozco desde muy pequeñas porque siempre hemos vivido una contigua a la otra, mi familia y ella has sido muy allegados por los años que hemos compartido (…) QUINTA PREGUNTA. [Manifieste si tiene conocimiento, si la señora Olga Lucy recobró su libertad](5) Si, después de 11 meses de estar privada de la libertad. SEXTA PREGUNTA. [Durante el tiempo que estuvo privada de la libertad, sabe quién sufragó los gastos de la señora Olga, tales como honorarios de abogado, gastos de sostenimiento, etc.]. Si, entre los hermanos y algunos familiares y conocidos pues ayudaron económicamente a la familia para mandarle de vez en cuando para los gastos de ella, en cuanto a los honorarios de abogado fueron con préstamos familiares, entidades y personas que se dedican al préstamo de dinero, vendiendo objetos u artículos de valor que poseía la familia. SÉPTIMA PREGUNTA. [Manifieste si sabe en qué entidad trabajaba y cuánto devengaba Olga Lucy antes de ser privada de la libertad] Si, trabajaba para una importadora de pescado y cerveza, no recuerdo el nombre de la empresa, en cuanto al salario era aproximadamente de $ 800.000 pesos (…). NOVENA PREGUNTA [Diga si conoce a Dora Libia, Edgar Antonio y Martha Cecilia Vélez Patiño, hermanos de Olga Lucy; en caso afirmativo como han sido las relaciones entre ellos, de apoyo económico, hermandad] Si, los conozco pues las relaciones entre ellos siempre han sido muy buenas a pesar de que Dora y Martha viven tan lejos y tienen cada una su hogar, han tratado siempre de ayudar entre sí, en relación con lo que pasó con Olga, los papás son adultos mayores y son los hermanos solteros quienes responden por la familia económicamente, la relación entre hermanos es muy buena, han sido muy unidos entre ellos. DÉCIMA PREGUNTA. [Cómo afectó a su familia padres y hermanos, la pérdida de la libertad de la señora Olga Lucy Vélez]. La afectó de manera negativamente (sic), fue un impacto muy fuerte para todos, primero por la preocupación porque ellas se encontraban muy lejos porque no había manera de visitarla, porque no había forma de ayudar económicamente, además ella era quien principalmente respondía por los gastos del hogar, porque la situación económica se tornó difícil al tener que buscar recursos para ayudarla a ella y para sostener la familia.

— Testimonio del señor Alexander Gravenhorst Arboleda.

“CONTESTÓ: Si, hace 10 años, es la hermana de mi señora (…) QUINTA PREGUNTA. Si, después de un tiempo, un año de estar detenida. SEXTA PREGUNTA. Los padres y las hermanas. SÉPTIMA PREGUNTA. Si, trabajaba con una importadora de cerveza en Leticia (Amazonas) y el sueldo era aproximadamente entre $ 800.000 y $ 900.000 pesos mensuales (…) NOVENA PREGUNTA. Si, los conozco y fueron el sostén junto con sus padres del tiempo que ella estuvo detenida. DÉCIMA PREGUNTA. Fue un afecto traumático”.

5. El caso concreto.

De conformidad con el conjunto probatorio antes descrito, la corporación encuentra que la demandante Olga Lucy Vélez Patiño fue privada de su derecho fundamental a la libertad desde el 17 de diciembre de 1998 hasta el 26 de julio de 1999, sindicada de determinadora “de un delito de peculado por apropiación, en concurso material con delitos de falsedad en documento privado”.

El demandante indicó que la privación de la libertad habría ocurrido desde el 17 de julio de 1998 hasta el 11 de julio de 2002, sin embargo en el expediente no hay constancia del momento exacto y efectivo en el cual la señora Olga Lucy Vélez fue privada del aludido derecho, esto es no hay medio probatorio a través del cual se pueda determinar, por ejemplo, la fecha en que fue capturada, enviada a un sitio de reclusión o certificación de establecimiento carcelario alguno por medio de la cual se hubiere hecho constar el tiempo en que estuvo interna en la respectiva institución.

Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta la fecha en la cual fue notificada a la señora Olga Lucy Vélez la resolución por medio de la cual se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, esto es el 17 de diciembre de 1998, teniendo en cuenta, además, que de conformidad con el numeral quinto de la mencionada providencia se ordenó librar las boletas de detención respectivas, circunstancia que indicaría que, hasta ese entonces, no se encontraba privada de la libertad.

De igual forma, aun cuando la parte actora arguyó que la privación de la libertad se había extendido hasta el 11 de julio de 2002, lo cierto es que de conformidad con las piezas procesales que hacen parte del expediente penal que fue allegado a este proceso, hay constancia de que mediante resolución del 25 de octubre de 1999 se le concedió a la señora Olga Lucía Vélez Patiño la libertad provisional, motivo por el cual, dado que tampoco existe constancia del momento exacto en que la señora Vélez Patiño fue liberada, la Sala tendrá en cuenta como fecha en que finalizó la privación de la libertad el día en que fue notificada a la afectada la anterior providencia, esto es el 26 de octubre de 1999.

Ahora bien, no obstante el proceso penal iniciado contra la persona que funge en este proceso como demandante, como consecuencia del cual fue privada de su libertad, el Juzgado Penal del Circuito de Leticia, en sentencia del 11 de julio de 2002 decidió, entre otros aspectos, absolver a la señora Olga Lucy Vélez Patiño de todos los cargos formulados en su contra y, en consecuencia, ordenó cancelar la medida de aseguramiento que se la había impuesto, debido a que no se comprobó su autoría o responsabilidad en el hecho punible, circunstancia que, por sí sola, constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad —que el sindicado no cometió el delito—, según los precisos términos del ya derogado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal.

La Sala precisa que, contrario a lo que sostuvo la parte demandada, la referida absolución no devino, finalmente, de la aplicación del principio in dubio pro reo, comoquiera que de la lectura de la referidas decisiones se impone concluir que tal determinación acaeció porque no se logró establecer la responsabilidad penal de la señora Vélez Patiño, sin que en dichas decisiones hubiere aparecido la aplicación de tal postulado como pilar para que se ordenara la mencionada preclusión.

A tal efecto, por tanto, cabe precisar que resulta indiferente que el obrar de la administración de justicia hubiere sido ajustado o contrario a derecho, pues si las víctimas no se encuentran en el deber jurídico de soportar el daño que les fue irrogado, como se expresó en varios de los pronunciamientos hasta ahora citados, será intrascendente —en todo sentido— que el proceso penal hubiere funcionado correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja planteada, que la responsabilidad del Estado deberá declararse porque, aunque con el noble propósito de garantizar la efectividad de varios de los fines que informan el funcionamiento de la administración de justicia, se habrá irrogado un daño especial a un individuo, ello en la medida en que mientras la causación de ese daño habrá de redundar en beneficio de la colectividad, solo habrá afectado de manera perjudicial a quien se privó de la libertad, sin que se hubiere podido establecer o determinar su responsabilidad penal y, por tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, esas víctimas tendrán derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el aludido artículo 90 constitucional(6).

Por consiguiente, se impone concluir que la señora Vélez Patiño no estaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó, el cual debe ser calificado como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la administración pública demandada de resarcir a dicha persona por ese hecho, tal como se dejó indicado en precedencia, sin que se halle probado que la víctima directa del daño se hubiere expuesto, dolosa o culposamente, al riesgo de ser objeto de la medida de aseguramiento que posteriormente debió ser revocada.

6. Indemnización de perjuicios.

6.1. Perjuicios morales.

En relación con esta clase de perjuicios, la Sala ha admitido la existencia de una presunción consistente en que la sola privación injusta de la libertad, según las reglas de la experiencia, produce sentimientos de tristeza y dolor, situación que da lugar a su reparación(7). Asimismo se ha dicho que, con la prueba del parentesco o del registro civil de matrimonio, se infiere la afectación moral de la víctima, del cónyuge y de los parientes cercanos(8), según corresponda.

Respecto del monto al cual deben ascender estos perjuicios, según la jurisprudencia de la Sala, el juez debe tener como fundamento el arbitrio judicial y las circunstancias propias del caso concreto, para efectos de determinar la intensidad de esa afectación, con el fin de calcular las sumas que se deben reconocer por este concepto. En este sentido se ha manifestado:

“4.1. Morales: Conforme a lo expresado en sentencia del seis de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral; ha precisado, por el contrario, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador en cada caso según su prudente juicio, y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado(9).

En el presente caso, se decretarán perjuicios morales tasados en salarios mínimos legales mensuales para todos los demandantes, esto es, para Martha Esperanza Ramos de Echandía, Mary Gema Rodríguez de Ramos y Aníbal Ramos Oviedo, estos últimos padres de la afectada directa, según los registros civiles aportados con la demanda, y a los cuales se hizo referencia en el capítulo 2 de esta providencia(10).

Ahora bien, la simple acreditación del parentesco, para los eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos cuando alguno de estos haya muerto o sufrido una lesión, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(11), debe presumirse, que el peticionario ha padecido el perjuicio solicitado.

De otra parte, si bien en la demanda se deprecó como perjuicio moral una suma que asciende al valor de 1.000 gramos de oro para cada uno de los demandantes, es relevante precisar que en el sub judice no se presenta el perjuicio en su mayor magnitud (v.gr. eventos de muerte), sino que la aflicción de los demandantes, al menos, se prolongó no solo durante el periodo en que la señora Ramos Echandía estuvo privada de la libertad, sino que se extiende hasta el momento en que quedó ejecutoriada la decisión que la absolvió de las imputaciones penales a ella formuladas; se tiene en cuenta además, la posición social de quien fuera privada de la libertad, su prestigio como profesional del derecho que indudablemente resulta afectado, la ancianidad de los padres, y las demás particularidades que en este tópico enseñan los autos; en esas condiciones, habrá lugar a reconocer, a título de daño moral y con fundamento en el arbitrio judicial, las sumas de dinero establecidas en el cuadro señalado a continuación, para cada uno de los demandantes”(12).

De igual forma, de conformidad con la jurisprudencia de esta corporación, en casos de privación injusta de la libertad, la Sala ha reconocido que el dolor de los padres es cuando menos tan grande como el de los hijos, en este caso víctimas directas del daño(13).

En cuanto a la prueba del parentesco en el caso concreto que aquí se examina, de los registros civiles que fueron aportados al proceso —fls.1 a 5 y 20 c. 1— se demostró que los señores Héctor Julio Vélez y Carmen Emilia Patiño son los padres de la señora Olga Lucy Vélez Patiño y que los señores Edgar Antonio, Dora Livia y Martha Cecilia Vélez Patiño(14) son los hermanos de la víctima directa del daño.

Ahora bien, teniendo en cuenta el tiempo que la señora Olga Lucy Vélez permaneció privada de su libertad, esto es más de 7 meses y la gravedad de los delitos por los cuales fue acusada, esta Subsección considera que hay lugar a reconocer, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a 90 smlmv.

En relación con los padres de la víctima directa, en aplicación de la presunción antes aludida, se observa que hay lugar a reconocer a cada una de ellos el monto equivalente a 90 smlmv y respecto de los hermanos la suma correspondiente a 50 smlmv.

6.2. Perjuicios materiales.

6.2.1. Daño emergente.

En la demanda se solicitó el reconocimiento de los perjuicios materiales, por concepto de daño emergente, consistentes en los gastos que la señora Vélez Patiño y/o los demás demandantes habrían tenido que realizar por concepto del pago de honorarios del abogado que la representó durante el curso del correspondiente proceso penal.

Sobre ese particular, la Subsección estima que si bien no hay certeza del pago exacto que habría cancelado el demandante, no es menos cierto que de las diferentes decisiones que se adoptaron en el proceso penal —algunas de estas allegadas al presente proceso— es posible determinar que la señora Vélez Patiño, por lo menos desde la resolución por medio de la cual se definió su situación jurídica, sí contó con una defensa técnica y, por consiguiente, sí se configuró el daño antijurídico cuya reparación se depreca.

Ahora bien, la circunstancia de que en el expediente no exista constancia del quantum al cual debe ascender la indemnización por concepto del daño emergente, no constituye óbice que impida a la Sala proceder a la liquidación de dicho perjuicio, teniendo en cuenta que en el ordenamiento existen parámetros objetivos que el juez puede y debe aplicar en aquellos eventos en que, como el presente, resultan indispensables para definir de manera concreta e inmediata —sin mayores dilaciones— los extremos del proceso sometido a conocimiento del operador judicial.

En este sentido, tanto el Código Contencioso Administrativo, como el Código de Procedimiento Civil, prevén la posibilidad de condenar a la parte vencida en el proceso al pago de las expensas judiciales y las agencias en derecho causadas durante el trámite de la litis.

Las agencias en derecho pueden definirse como “la compensación por los gastos de apoderamiento en que incurrió la parte vencedora, aun cuando pueden fijarse sin que necesariamente hubiere mediado la intervención directa de un profesional del derecho. No obstante, como lo señalan los intervinientes y lo ha explicado la propia Corte, esos valores son decretados a favor de la parte y no de su representante judicial, sin que deban coincidir con los honorarios pactados entre esta y aquel(15)(16).

Los numerales 3º y 4º del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, disponen que el magistrado ponente fijará las agencias en derecho con aplicación de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura.

En cualquier caso, ante la existencia de tarifas mínimas y máximas, el juez deberá tener en cuenta i) la naturaleza, ii) calidad y iii) duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente. Los mencionados supuestos deben valorarse por el juez de la causa, con el fin de decidir el monto de la tarifa dentro de los límites correspondientes.

El Consejo Superior de la Judicatura —Sala Administrativa— mediante Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003, estableció las tarifas correspondientes a las agencias en derecho aplicables a los procesos judiciales y señaló los siguientes criterios para su liquidación:

ART. 3º—Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.

PAR.—En la aplicación anterior, además, se tendrán en cuenta las normas legales que en particular regulen la materia.

Con todo, al revisar el citado acuerdo, se encuentra que allí no se regularon las tarifas mínimas y máximas, para efectos de liquidar las agencias en derecho causadas en un proceso penal. Lo anterior encuentra justificación en la sencilla pero potísima razón de que en los procesos de naturaleza penal, salvo casos específicos, en los eventos en los cuales el proceso termina por preclusión o fallo absolutorio, no hay lugar fijar agencias en derecho(17).

Lo anterior adquiere relevancia en la medida en que el Acuerdo 1887, para efectos de fijar las tarifas de las agencias en derecho, se fundamenta, principalmente en el monto de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia correspondiente, circunstancia que al momento de pretender aplicarse en un proceso penal, por obvias razones, encuentra dificultades, en la medida en que, en estricto sentido, el ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía General de la Nación no se fundamenta, generalmente, en la formulación de pretensiones de índole económica.

No obstante lo anterior, el parágrafo del artículo 4º del mencionado Acuerdo 1887, fija un parámetro que bien puede ser de utilidad en casos como el presente en los cuales se pretende calcular, de nuevo, de manera objetiva, razonable y proporcional, los gastos generados por concepto de la defensa judicial en un proceso penal.

Dice el aludido parágrafo:

“ART. 4º—Fijación de tarifas. Las tarifas máximas de agencias en derecho se establecen en salarios mínimos mensuales legales vigentes, o en porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia.

PAR.—En los eventos de terminación del proceso sin haberse proferido sentencia, o esta sea solamente declarativa, se tendrán en cuenta los criterios previstos en el artículo tercero, sin que en ningún caso la tarifa fijada supere el equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes (se resalta y subraya).

Así las cosas, para liquidar las agencias en derecho tratándose de los procesos judiciales que terminen con sentencia solo declarativa, deberán tenerse en cuenta los criterios previstos en el artículo 3º de ese acuerdo y en ningún caso deberá superar el monto equivalente a 20 smlmv.

En la misma dirección, la Sala considera pertinente tener en cuenta, como criterio auxiliar, las tarifas que por concepto de honorarios profesionales para el ejercicio de la profesión de abogado han sido fijadas por la Corporación Colegio Nacional de Abogados, Conalbos, en la medida en que allí se hace una discriminación detallada acerca del monto al cual podrían ascender los honorarios de un profesional del derecho que ejerza la representación en un proceso penal, dependiendo de las actuaciones que este realice.

En este sentido, según la mencionada corporación, las siguientes son las tarifas que por concepto de honorarios corresponderían a un abogado que ejerza la representación judicial en un proceso penal:

“18. Derecho penal.

18.1. Consulta oral. Un salario mínimo legal vigente.

18.2. Consulta escrita. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.3. Presentación de denuncia. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.4. Visita a la cárcel y estudio de documentos. Un salario mínimo legal vigente.

18.5. Asistencia en actuaciones preliminares, si es el caso. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.6. Asistencia a indagatoria.

18.6.1. Ante juez penal municipal. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.6.2. Ante fiscal local. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.6.3. Ante fiscal seccional. Tres salarios mínimos legales vigentes.

Si se trata de versión libre: se cobrará el honorario respectivo disminuido en un 50%.

18.7. Etapa instructiva.

18.7.1. Ante fiscal local. Diez salarios mínimos legales vigentes.

18.7.2. Ante fiscal seccional.- Diez salarios mínimos legales vigentes.

18.7.3. Ante fiscal especializado. Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.7.4. Ante fiscal delegado ante tribunal. Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.7.5.- Ante magistrado Sala Penal de la Corte. Cuarenta salarios mínimos legales vigentes.

18.8. Etapa de juicio.

18.8.1. Ante los juzgados penales municipales. Diez salarios mínimos legales vigentes.

18.8.2. Ante los juzgados del circuito. Diez salarios mínimos legales vigentes.

18.8.3. Ante los juzgados del circuito especializados. Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.8.4. Ante los tribunales superiores. Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.8.5. Ante la Corte Suprema de Justicia. Cuarenta salarios mínimos legales vigentes.

18.9. Constitución de la parte civil dentro del proceso penal. Diez salarios mínimos legales vigentes.

(…)

18.11. Recursos

18.11.1. Extraordinarios

18.11.1.1. Casación. Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.11.1.2. Revisión. Quince salarios mínimos legales vigentes.

18.11.2. Ordinarios.

18.11.2.1. Ante juzgados penales municipales. Cinco salarios mínimos legales vigentes.

18.11.2.2. Ante juzgados penales del circuito. Cinco salarios mínimos legales vigentes.

18.11.2.3. Ante juzgados penales del circuito especializado. Cinco salarios mínimos legales vigentes.

(…)”(18).

En consecuencia, la Sala, para liquidar el daño emergente, por concepto de los honorarios de abogado solicitados en la demanda, tendrá en cuenta los siguientes parámetros:

— La naturaleza, la calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente.

— El parágrafo del artículo 4º del Decreto 1887 de 2003.

— Las tarifas fijadas por la Corporación Colegio Nacional de Abogados.

Así las cosas, una vez revisadas las actuaciones surtidas en el proceso penal que obra en el presente encuadernamiento, hay constancia de que desde el día 17 de diciembre de 1998, la señora Olga Lucy Vélez Patiño contó con la asistencia de un profesional del derecho, labor de defensa que se extendió hasta la fecha —11 de julio de 2002— en la cual se dictó la providencia por cuya virtud se decidió absolver a la sindicada de los delitos a ella imputados.

En cuanto a la calidad de la gestión, se encuentra que en términos generales, la labor de defensa resultó adecuada para los intereses de la defendida, en la medida en que obran en el expediente diferentes actuaciones por medio de las cuales se pretendió hacer cesar la acción penal en contra del sindicado, esto es, hubo diferentes peticiones con el fin de que se ordenara la libertad de la procesada, se interpuso recurso de apelación contra la resolución mediante la cual se dictó medida de aseguramiento, se contó con la asistencia del profesional del derecho a varias audiencias e, incluso se presentaron varios memoriales tendientes a exponer razones por las cuales el Juzgado Penal del Circuito debía, como en efecto lo hizo, dictar sentencia absolutoria.

A partir de lo expuesto y teniendo en cuenta la duración de su gestión y la naturaleza del proceso, se fijará, por concepto de perjuicio material, en la modalidad de daño emergente, un monto equivalente a 15 smlmv.

6.2.2. Lucro cesante.

En relación con el reconocimiento del lucro cesante, tratándose de la privación injusta de la libertad, la Sala ha dicho:

“En relación con estos pedimentos, advierte la Sala que la demanda no conceptúa adecuadamente las nociones de daño emergente y lucro cesante. Estas se hallan consagradas en el artículo 1614 del Código Civil, a cuyo tenor:

“Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplídola imperfectamente, o retardado su cumplimiento” (resaltado fuera del texto original).

El daño emergente supone, por tanto, una pérdida sufrida, con la consiguiente necesidad para el afectado de efectuar un desembolso si lo que quiere es recuperar aquello que se ha perdido. El daño emergente conlleva que algún bien económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima. Cosa distinta es que el daño emergente pueda ser tanto presente como futuro, dependiendo del momento en que se haga su valoración. De este modo, el reconocimiento y pago que la parte actora solicita de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento en que se produce la suspensión del demandante en el ejercicio de sus funciones, no puede catalogarse como una modalidad del daño emergente, sino de lucro cesante. Este último corresponde, entonces, a la ganancia frustrada, a todo bien económico que, si los acontecimientos hubieran seguido su curso normal, habría ingresado ya o lo haría en el futuro, al patrimonio de la víctima. Esto último es lo que ocurre con el no pago de los salarios y prestaciones mientras se prolongó la detención preventiva. De manera que, por tratarse este extremo de un asunto que toca con el rubro del lucro cesante, será abordado inmediatamente después de cuantificar el daño emergente”(19).

Respecto de los criterios que deben tenerse en cuenta para reconocer la indemnización de este perjuicio, la jurisprudencia ha exigido que este debe ser cierto:

“El lucro cesante, de la manera como fue calculado por los peritos, no cumple con el requisito uniformemente exigido por la jurisprudencia de esta corporación, en el sentido de que el perjuicio debe ser cierto, comoquiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a indemnización. El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún modo, eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente, debe aparecer como la prolongación cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por la actividad dañina realizada por la autoridad pública(20). Esa demostración del carácter cierto del perjuicio brilla por su ausencia en el experticio de marras”(21).

En este sentido, cuando se trata, por ejemplo, de los asuntos que se refieren a la privación injusta de la libertad, la Sala ha sostenido de manera reiterada que para la procedencia del reconocimiento de los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, se requiere que se acredite que la víctima de la referida privación, al momento de la ocurrencia de ese hecho dañoso, desarrollaba alguna actividad económica(22).

En el expediente obran varios documentos y declaraciones que dan cuenta de que la señora Olga Lucy Vélez al momento en el cual fue privada de la libertad se desempeñaba en el cargo de contadora de una empresa y que, precisamente por el desarrollo de esas funciones fue vinculada al proceso penal al cual se ha hecho referencia.

No obstante, de las mencionadas piezas procesales no existe certeza acerca de la suma exacta que la señora Vélez Patiño podía obtener con ocasión de la labor económica realizada, en la medida en que según el testimonio de la señora Sol Lilian Pérez Gil, devengaba aproximadamente $ 800.000, mientras que según la declaración del señor Alexander Gravenhorst Arboleda, “el sueldo era aproximadamente entre $ 800.000 y $ 900.000 pesos mensuales”.

En estos casos, en los cuales no existe certeza acerca de la suma devengada por la víctima directa del daño, se ha concluido que hay lugar a aplicar la presunción según la cual toda persona que se encuentre en determinada edad productiva devenga, por lo menos, el salario mínimo legal vigente, sin embargo para la Sala no pasa desapercibido que lo que usualmente un contador vinculado a una empresa devenga por el cumplimiento de ese oficio, supera, en muchas ocasiones, con creces, el valor del salario mínimo legal vigente.

Con todo, la Sala, con el propósito de definir de manera concreta y precisa la totalidad de los extremos de la litis y en aplicación de los principios de equidad, proporcionalidad y reparación integral, tomará en cuenta el estudio realizado por el Observatorio Laboral para la Educación(23) —sistema de información del Ministerio de Educación— en el año 2012, denominado perfil académico y condiciones de empleabilidad de los graduados de educación superior(24), el cual, entre otros aspectos, presentó varias cifras relacionadas con el promedio del salario devengado por profesional recién graduado —alrededor de un año después de haber obtenido un título universitario—, monto que para el año 2012 ascendió a $ 1’525.357.

Si bien de las piezas procesales que obran en el expediente podría afirmarse que la señor Vélez Patiño llevaba varios años de haber recibido un título universitario, lo cierto es que ante la incertidumbre del monto exacto que devengaba y, de nuevo, bajo el apremio de definir de manera integral las pretensiones deprecadas, la Sala considera que las cifras arrojadas por el aludido estudio consultan el principio de proporcionalidad y constituyen un criterio valioso y serio, para efectos de determinar, con bases sólidas, el salario que en promedio devenga un profesional, cifra que, como se observa, supera el salario mínimo legal mensual vigente, motivo por el cual serán tenidas en cuenta, con el fin de liquidar el lucro cesante solicitado.

De igual forma, en la liquidación debe agregarse el factor prestacional correspondiente para determinar el ingreso base y sumar al lapso durante el cual la señora Vélez Patiño estuvo privada de la libertad, el tiempo que se presume una persona tarda en conseguir trabajo con posterioridad a su salida de la cárcel, esto es 8.75 meses(25).

Lo anterior, comoquiera que hay no certeza de que la señora Vélez Patiño, una vez le fue revocada la medida de aseguramiento fue reintegrada a su trabajo.

En este orden de ideas, procederá la Subsección a realizar la liquidación de dicho perjuicio. Entonces:

Ingresos (2012): $ 1’525.357(26)

Período a indemnizar: 16,05 meses(27)

Índice final: de 2013 mayo (último conocido): 113.48

Índice inicial: octubre de 2012(28): 111.87

Actualización de la base:

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RA = $ 1’525.357 x 1.01 = $ 1’540.610; a esta suma se le debe agregar el 25% por las prestaciones sociales que se presume son devengadas por cada trabajador.

Así: 1’540.610x 0.25 = 385.152 + 1’540.610= 1’925.762

De conformidad con lo anterior, se tomará la suma de $ 1’925.762 como ingreso base de liquidación.

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S = $ 1’925.762 x 16.65

S = $ 32’063.937

Total perjuicios materiales por lucro cesante: treinta y dos millones sesenta y tres mil novecientos treinta y siete pesos ($ 32’063.937).

7. Condena en costas.

Comoquiera que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Subsección se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Revócase la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección B, el día 14 de julio de 2004 y, en consecuencia, se dispone:

1. Declárase administrativamente responsable a la Nación - Fiscalía General, por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto la señora Olga Lucy Vélez Patiño.

2. Condénase a la Nación - Fiscalía General a pagar a los señores Olga Lucy Vélez Patiño, Héctor Julio Vélez y Carmen Emilia Patiño un monto equivalente a noventa (90) smlmv, y a los señores Edgar Antonio, Dora Livia y Martha Cecilia Vélez Patiño, la suma equivalente a cincuenta (50) smlmv, para cada uno de ellos, a título de perjuicios morales.

3. Condénase, a la Nación - Fiscalía General, a pagar a la señora Olga Lucy Vélez Patiño, a título de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma equivalente a quince (15) smlmv.

4. Condénase a la Nación - Fiscalía General, a pagar a la señora Olga Lucy Vélez Patiño, a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma treinta y dos millones sesenta y tres mil novecientos treinta y siete pesos ($ 32’063.937).

5. Sin condena en costas.

6. Cúmplase lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. Expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) De conformidad con el Acta de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado Nº 9 del 25 de abril de 2013.

(2) “ART. 16.—Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente:

ART. 63A.—Del orden y prelación de turnos. “Artículo CONDICIONALMENTE exequible”.

“…

“Igualmente, las Salas o Secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadamente los asuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera preferente.

“Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos.

“Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las Salas de los Tribunales Superiores y de los Tribunales Contencioso-Administrativos de Distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio” (negrillas y subrayas fuera del texto original).

(3) En este sentido, para solo mencionar algunos, la Sala ha proferido los siguientes fallos, de reciente expedición, en relación con los cuales se ha consolidado la jurisprudencia actual en cuanto a los presupuestos necesarios para que se configure la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad:

— Subsección A: Sentencia del 27 de abril de 2011, Expediente 21140, M.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 27 de enero de 2012, Expediente 22701, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia del 21 de marzo de 2012, Expediente 23507; sentencia del 23 de febrero de 2012, Expediente 18418; sentencia del 11 de julio de 2012, Expediente 24008.

— Subsección B: Sentencia del 12 de mayo de 2011, Expediente 20569, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; sentencia del 11 de mayo de 2011, Expediente 19457, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; sentencia del 31 de enero de 2011, Expediente 18626, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; sentencia del 29 de marzo de 2012, Expediente 16448, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

— Subsección C: Sentencia de junio 22 de 2011, Expediente 20713, M.P. Enrique Gil Botero; sentencia del 10 de octubre de 2011, Expediente 19151, M.P. Enrique Gil Botero; sentencia del 24 de enero de 2011, Expediente 15996, M.P. Jaime Orlando Santofimio; sentencia del 23 de mayo de 2012, Expediente 22672, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

(4) Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente 13.168; sentencia del 2 de mayo de 2007, Expediente 15.463, reiteradas por esta Subsección en sentencia de mayo 26 de 2011, Expediente 20.299, entre muchas otras.

(5) Se transcriben entre corchetes las preguntas formuladas por la parte demandante, comoquiera que obran en escrito aparte.

(6) Los anteriores planteamientos han sido expuestos por esta Subsección frente a casos similares al presente, tal como quedó consignado en las sentencias proferidas el 12 y 26 de mayo de 2011, expedientes 20.665 y 18.895, respectivamente, reiteradas, en forma reciente, en proveído de 21 de marzo de 2012, Expediente 40.455, M.P. Hernán Andrade Rincón

(7) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre de 2006 Expediente 13168.

(8) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 1º de marzo de 2006. Expediente 15440, M.P. María Elena Giraldo Gómez.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232-15.646.

(10) “Una razonable aspiración de la sociedad, es que —como retribución por su obediencia a las leyes, de su sometimiento pacífico a las decisiones jurisdiccionales, de su profundo respeto a la dignidad de quienes ejercen el apostolado de la justicia— se le garantice que sus derechos no podrán ser conculcados, ni por ignorancia, ni por negligencia, ni por arbitrariedad del poder público. Allí reposa el germen de la paz social, la suprema virtud de un auténtico ordenamiento jurídico. Y cuando estos principios se olvidan, empiezan los síntomas del despotismo y la tiranía.

“(…) Pero si ya ha padecido la situación aflictiva, perjudicial y desmoralizante, después de lo cual se declara su inocencia; si se le ha sometido a torturas o coacciones físicas y morales; si su nombre como incriminado en un delito, ha trascendido imprudentemente a la opinión pública, mediante la radio, la prensa o la televisión; si como consecuencia de la privación de su libertad perdió su crédito o quedaron en falencia sus negocios; si por causa de su reclusión sufrió serios quebrantos su salud y adquirió enfermedades que requirieron tratamiento posterior; si por ello moralmente se desmoronó su hogar y se interrumpió la seguridad de un bienestar económico; y, en fin, si por un error judicial han quedado en su vida estas huellas que lo afrentan y lo disminuyen ante el conglomerado social, el Estado debe obligarse a repararle adecuadamente los perjuicios sufridos, lo que se impone no solo por incuestionable deber moral, sino por imperativo mandato de justicia”. Londoño Jiménez, Hernando “De la captura a la excarcelación”, Ed. Temis, 1974, págs. 196 y 197.

(11) “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

“El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.

(12) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre de 2007, Expediente 15498, M.P. Enrique Gil Botero.

(13) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 11 de julio de 2012, Expediente 23.688, M.P. Carlos Alberto Zambrano. Reiterada en sentencias del 30 de enero de 2013, Expediente 23.998 y del 13 de febrero de 2013, Expediente 24.296.

(14) Respecto de la citada demandante resulta conveniente realizar las siguientes precisiones:

a) Si bien el poder por ella otorgado lo extendió en el extranjero, a través de diligencia de reconocimiento practicada ante el Cónsul de Colombia en la ciudad de Boston, MA, lo cierto es que en los términos del inciso 3º del artículo 65 del Código de Procedimiento Civil, no se requería agotar el procedimiento previsto en el artículo 259 de la misma codificación. Al respecto, prevé el artículo 65 en mención:

“Los poderes o las sustituciones de éstos podrán extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello; en este último caso su autenticación se hará en la forma establecida en el artículo 259”.

b) La citada demandante solicitó que se le tomara en cuenta como tal en escrito allegado al proceso después de la fecha de presentación de la demanda, pero con anterioridad al momento en que se dictó auto admisorio de la demanda, no obstante, el tribunal a quo omitió mencionar a la citada persona en la aludida providencia.

Para la Sala la anterior circunstancia no puede ser considerada de tal entidad para entender que la señora Martha Cecilia Vélez Patiño no hace parte del grupo demandante en este proceso, comoquiera que las consecuencias negativas de la omisión incurrida por el tribunal a quo no pueden trasladarse a dicha persona, comoquiera que, además, el escrito mediante el cual solicitó que se le tuviera como parte en el proceso —esto es a través de un memorial por medio del cual se adicionó la demanda— reunió los presupuestos previstos en el ordenamiento para estos efectos.

Así las cosas, la señora Martha Cecilia Vélez Patiño integra la parte demandante en el presente asunto.

(15) Corte Constitucional, Sentencia C-539 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En el mismo sentido cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto del 28 de junio de 1995, Expediente 4571, M.P. Héctor Marín Naranjo.

(16) Corte Constitucional. Sentencia C-089 del 13 de febrero de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(17) Al respecto ver: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 13 de abril de 2011, Expediente 34145, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez.

(18) http://conalbos.com/tarifas.

(19) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente 13168.

(20) En ese sentido pueden verse, entre otros, los pronunciamientos de esta Sección, de 2 de junio de 1994, C.P. Julio César Uribe Acosta, actor: Julio César Delgado Ramírez, Expediente 8998, o el de 27 de octubre de 1994, C.P. Julio César Uribe Acosta, actor Oswaldo Pomar, Expediente 9763.

(21) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente 13168.

(22) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 13 de noviembre de 2008, Expediente 17004. Ver también: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 12 de mayo de 2011, Expediente 20665.

(23) http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/channel.html. “El Observatorio Laboral para la Educación, un sistema de información del Ministerio de Educación Nacional, soporta la política educativa en los ejes de calidad, cierre de brechas e innovación y pertinencia, de forma que responda efectivamente a las necesidades productivas y sociales del país. Este instrumento hace parte de las herramientas que requiere Colombia para generar información sobre la oferta laboral y la identificación de necesidades de recursos humanos para el país. Con el fin de facilitar el uso de este instrumento para la toma de decisiones, el Ministerio de Educación Nacional pone a disposición de los usuarios una nueva herramienta de visualización, compuesta por seis módulos:

(…)

• Vinculación laboral general: En este módulo se presenta la tasa de vinculación y el salario promedio de los graduados de los programas académicos, las instituciones de educación superior y el sexo, la cual se puede detallar por el año de seguimiento, año de grado, nivel académico y área de interés. Esta consulta permite explorar la situación laboral entre 2007 y 2011 de los graduados que obtuvieron el título a partir de 2001.

(24) Elaborado por el Ministerio de Educación, Viceministro de Educación Superior. Octubre de 2012. Puede ser consultado a través del siguiente enlace:

http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles-195072_perfil_2012.pdf. Última vez visitado: 18 de julio de 2013.

(25) Al respecto ver, entre otras: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 30 de enero de 2013, Expediente 21.938.

(26) Suma obtenida del estudio elaborado por el Observatorio Laboral para la Educación.

(27) Lapso comprendido entre la fecha en la cual la señora Vélez Patiño fue privada de la libertad (17 de diciembre de 1998) hasta el momento en que la recobró (26 de julio de 1999), contando con los 8,75 meses una persona tarda en conseguir trabajo con posterioridad a su salida de la cárcel.

(28) Fecha de elaboración del estudio denominado perfil académico y condiciones de empleabilidad de los graduados de educación superior.