Sentencia 2003-00653 de febrero 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Rad.: 250002326000200300653 01

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Interno: 29934

Demandante: Rosa María Martínez Camacho y otros.

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y otros.

Asunto: Apelación sentencia de reparación directa.

Bogotá, D. C., veintiséis de febrero de dos mil catorce.

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y la Policía Nacional, contra la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el día 10 de noviembre de 2004, mediante la cual se resolvió lo siguiente:

“1. DECLARAR no próspera la excepción de caducidad interpuesta por la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial y la Policía Nacional.

2. DECLARAR la falta de legitimación por pasiva de la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en parte a las pretensiones establecidas en el escrito de la demanda.

3. CONDENAR en abstracto y solidariamente a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional a pagar los perjuicios materiales cuya suma se determine en trámite incidental conforme al artículo 172 del Código Contencioso Administrativo, según parámetros determinados en la parte motiva de esta providencia” (fls. 504-518 cdn. ppal.).

I. Antecedentes

1. La demanda.

Mediante escrito presentado el 19 de diciembre de 2002, los señores Fernando Enrique Villegas Vargas, Rosa María Martínez Camacho, Ricardo y Andrés Felipe Villegas Martínez, por conducto de apoderado judicial, presentaron demanda de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Defensa – Fuerza Pública y Policía Nacional, con el fin de que se efectuaren las siguientes declaraciones y condenas:

“Declárese a la Nación colombiana – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación y solidariamente Ministerio de Defensa – Fuerza Pública – Policía Nacional, el primero organismo perteneciente a la rama jurisdiccional, administrativamente responsable, del error judicial, cometido contra los ciudadanos Fernando Enrique Villegas Vargas y Rosa María Martínez Camacho, por parte de la Fiscalía Seccional 302 de Bogotá, dentro del proceso Nº 404687 del cual avocó conocimiento posteriormente la Fiscalía 179 de la Unidad Octava de Delitos contra el Patrimonio Económico y la Fe Pública, y por consiguiente la totalidad de los daños y perjuicios morales subjetivos, sicológicos y materiales sucesivos, causados a ellos y a Ricardo y Andrés Felipe Villegas Martínez (hijos). Los hechos se registraron en Bogotá D.C. el día 24 de marzo de 1999”.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron que se condenara a las entidades públicas demandadas a pagar, por concepto de daño moral, la suma equivalente a 100 SMLMV a favor de cada uno de los actores, por concepto de perjuicios sicológicos la suma equivalente a 100 SMLMV para cada uno de los actores.

A su turno, por concepto de daño material en la modalidad de lucro cesante se solicitó lo siguiente:

“(…) El señor Fernando Enrique Villegas Vargas, propietario del local comercial denominado Aplicaciones Digitales, donde se desarrollaba la actividad de capacitación o de enseñanza de cursos de programas de computación, actividad por la cual para la época del allanamiento de que fue objeto, percibía un ingreso promedio de $8´930.000, según consta en comprobantes de pago e inscripción de alumnos a dicho instituto (folio 12 a 132 de los anexos), ingresos que destinaba para el sostenimiento de su familia.

Es obvio que estos dineros no volvieron a ingresar al hogar después de realizado el allanamiento, por cuanto con él se puso fin a la actividad comercial que desarrollaban mis poderdantes, entonces se procede a la liquidación del lucro cesante así:

De este valor ($8´930.000), se liquidarán intereses de acuerdo a las tasas fijadas por la Superintendencia Bancaria, (…).

Total lucro cesante $555´800.871,07”.

Por concepto de daño material en la modalidad de daño emergente solicitó la suma de $25´453.140,oo, discriminados así:

— Licencia de derecho de autor (consistente en curso interactivo para el manejo de Autocad v. 14) $10´000.000,oo.

— Licencia de derecho de autor (consistente en curso interactivo para el manejo de Adobe Photoshop v. 4 $10´000.000,oo.

— Un CD-ROM Rewaiter (sic) Hacer (sic) 2YW/GXR $453.140,oo.

— Una CPU con duplicador o quemador de CD marca Acer 35XMAX-CYRYX $500.000,oo.

— Una CPU con duplicador o quemador de CD marca Acer 24XMAX-CYRYX $500.000,oo.

— Honorarios profesionales de abogado $4´000.000,oo.

Como fundamentos de hecho de la demanda se expusieron los siguientes:

“3.1. El 18 de marzo de 1999, un patrullero de la Policía Nacional se presentó al local ubicado en la carrera 19 Nº 54-35 barrio Galerías de Bogotá, denominado Aplicaciones Digitales, y solicitó que se le reprodujera un diskette (sic), a lo cual la propietaria del establecimiento se negó, por tratarse de una situación que no era legal. El policial reiteró su petición, aduciendo que era una cuestión de urgencia y que no se trataba de comercializar el producto en forma ilegal.

3.2. La señora Rosa María Martínez Camacho, copropietaria del establecimiento insistió en su negativa y el policial insistentemente solicitó a su favor por lo que necesitaba urgente y no sabía dónde conseguirlo. Ante los ruegos la señora Rosa María accedió a reproducir el diskette (sic).

3.3. El miembro de la Policía Nacional, una vez obtuvo el favor que tanto solicitó, informó a sus superiores que a través de inteligencia, había establecido que en el local Aplicaciones Digitales de la carrera 19 Nº 54-35, se dedicaban a la reproducción ilegal de programas de computación.

3.4. Con base en la información de este policial, la Dirección de Policía Judicial, grupo de investigaciones, solicitó al jefe de la unidad de reacción inmediata, autorización para el allanamiento del inmueble, donde según el patrullero se comerciaba (sic) en forma ilícita. La Fiscalía 302 Seccional, procedió a decretar el allanamiento y registro del inmueble ‘Aplicaciones Digitales’, de propiedad de los esposos Fernando Enrique Villegas Vargas y Rosa María Martínez Camacho.

3.5. En cumplimiento a lo dispuesto por la Fiscalía, el 24 de marzo de 1999, se practicó el allanamiento, diligencia que fue atendida por la señora Rosa María Martínez Camacho, quien a la vez era la administradora de la empresa, donde simultáneamente el inmueble estaba destinado para explotación comercial y vivienda.

3.6. Los funcionarios de la Fiscalía incautaron 3 CD quemador, 3 diskettes Sony con programas, 2 equipos duplicadores o quemadores marca Acer. Los funcionarios de la Fiscalía que tuvieron a cargo el allanamiento, coaccionaban y exigían al señor Fernando Enrique Villegas Vargas que les entregara los quemadores y él les explicaba que no había existencia de los mencionados quemadores, porque la finalidad del negocio era la docencia y no el comercio.

3.7. Al señor Fernando Villegas lo obligaron los funcionarios a abrir las CPU o torres de computador y fue de allí, de donde extrajeron el quemador de uso del aparato, pero en ningún momento se incautó (sic) existencia de quemadores para fines comerciales ilícitos. Por ello resulta arbitraria la anotación que deja el funcionario, cuando dice que estos quemadores ‘corresponden a objetos, máquinas y discos, o sea a instrumentos y soportes para la duplicación ilícita de discos, CD piratas, donde se imprimen programas varios, sin el permiso o autorización de los legítimos titulares de su derecho de autor, para su legal comercialización’.

3.8. En el allanamiento, los funcionarios registraron los salones de clase y la vivienda de la familia Villegas Martínez, detuvieron a la señora Rosa María Martínez Camacho, conduciéndola para que rindiera indagatoria. El procedimiento con exceso de despliegue de fuerza en presencia de los niños, quienes se aferraron a su señora madre, para que no se la llevaran.

3.9. Como consecuencia del procedimiento excesivo de la autoridad, el establecimiento comercial Aplicaciones Digitales, se cerró y no continuó dictando las clases a las personas que estaban matriculadas, cuyo número era de 47 aproximadamente y por tal circunstancia no se recibieron más alumnos, como se venía haciendo desde octubre de 1997.

3.14. (sic) El 14 de julio de 2000, la Fiscalía 179 Seccional de la unidad octava de delitos contra el patrimonio profirió resolución acusatoria contra la señora Rosa María Hernández Martínez, por el presunto delito de violación a la Ley 44 de 1993, pero esta decisión al parecer se tomó por las graves aseveraciones que se hicieron en el acta de allanamiento, no obstante que carecían de veracidad y que tampoco fueron corroboradas por otros medios de prueba, lo que hace más gravosa la responsabilidad administrativa y patrimonial de las entidades aquí demandadas.

3.15. Se surtió la correspondiente etapa de juicio, y el Juzgado 36 Penal del Circuito, mediante providencia calendada el 18 de febrero de 2002, absolvió de los cargos formulados el 14 de julio de 2000 por la Fiscalía 179 Seccional. Se destaca que la Fiscalía 179 que acusa inicialmente a la señora Rosa María Martínez Camacho, en la audiencia pública solicitó la absolución de cargos al juez 36 Penal del Circuito, como quiera que dicha diligencia se llevó a cabo por informe del grupo de investigaciones de la DIJÍN, y no se encontró o estableció que se estuvieran reproduciendo CD de una manera ilícita, por el contrario, se pudo establecer que en aquel inmueble se dictaban clases de computación bajo la razón social Aplicaciones Digitales requiriéndose de los aparatos para dictar las clases regularmente y entregarle a los alumnos copias de los cursos como apoyo o soporte técnico, legalmente registrados. Cargos formulados por la Fiscal 179 Seccional por presunta violación al numeral 4º del art. 51 de la Ley 44 de 1993.

3.16. Dentro del contenido de la sentencia absolutoria, se ordenó la entrega de todos los elementos incautados y el Juzgado 36 Penal del Circuito no entregó todos los elementos, faltando los discos duros donde estaban montados los tres (3) cursos interjectivos (sic) para el manejo de programas, faltaban las dos (2) memorias y los tres (3) CD siendo los únicos originales de los cursos”.

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante proveído del 19 de junio de 2003, decisión que se notificó a las entidades demandadas en debida forma (fls. 388-390 cdn. 1).

2. Contestación de la demanda.

2.1. La Rama Judicial se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, por cuanto consideró que dentro del asunto de la referencia no se configuró responsabilidad del Estado o de sus agentes; para tal efecto, sostuvo que le correspondía a la Fiscalía General de la Nación investigar los delitos que de oficio o por denuncia llegaren a su conocimiento y, por ende, acusar a los que resultaren responsables ante las autoridades judiciales correspondientes

“pero para llegar a tales decisiones debe tomar las medidas que considere conducentes para evitar que los delitos queden impunes y que la acción penal se haga ilusoria; pero también declarar la inocencia de los sindicados que por alguna circunstancia fueron a un proceso penal; y en caso de dudas insalvables dar plena aplicación del principio universal de derecho del indubio pro reo”.

Agregó que en el proceso penal se cumplió con la finalidad de las instancias

“como es la de corregir, revocar, confirmar, adicionar, aclarar, etc., las decisiones del a quo, finalidad creada por el legislador como una garantía para el procesado, sin que tal decisión legitime a los demandantes para reclamar la indemnización patrimonial que consagra el art. 90 de la Constitución Política, sencillamente, porque no se le produjo un daño antijurídico, desafortunadamente estaban en la obligación de soportar tanto la medida de aseguramiento, como la investigación, por lo que desde ya solicito se absuelva de todo cargo a la entidad que represento, en razón a que ni fue injusta la medida, ni tampoco se reunieron los presupuestos consagrados en el art. 67 de la Ley 270/96 para que se estructure el error judicial endilgado”.

A su turno, propuso la excepción de caducidad de la acción toda vez que “efectivamente, los presuntos hechos injustos, endilgados por los demandantes, sucedieron el 24 de marzo de 1999; la demanda se presentó en diciembre 19 de 2002. De conformidad con la Ley 446 de 1998, artículo 44, numeral 8, que empezó a regir el 7 de julio del mismo año, estaría más que vencido el plazo de los (2) años para incoar la acción, en razón a que los dos años se cuentan a partir del acaecimiento de los hechos” (fls. 391-399 cdn. 1).

2.2. La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declarara la inexistencia de indemnización de perjuicios a favor del demandante, puesto que dicha institución no había incurrido en falla “al prestarse el servicio y la conducta de la administración fue eficiente y ajustada a derecho para que se le impute a la Fiscalía General de la Nación perjuicio alguno”.

Aunado a ello, esgrimió que el daño antijurídico no se configuró por cuanto no se cumplen los presupuestos formales establecidos en los artículos 66 y 67 de la Ley 270 de 1996 y, además, señaló que no existía una actuación o decisión abiertamente contraria a derecho, ni error judicial “y menos privación injusta de la libertad si se tiene en cuenta que la resolución que resolvió la situación jurídica a Rosa María Martínez fue emitida previa valoración seria, análisis profundo y razonable de las distintas circunstancias del caso y por ende no puede ser considerada equivocada o contraria a derecho”.

Agregó que:

“no puede pretenderse que por el hecho de que la Fiscalía haya encontrado mérito para la vinculación, resolverle la situación jurídica y posteriormente acusar, y que posteriormente el juez se haya pronunciado y resuelto absolver a Rosa María Martínez Camacho, se llegue a la conclusión de que fue privada injustamente de la libertad, para reclamar indemnización patrimonial por parte del Estado tomando como fundamento legal el artículo 414 del anterior C.P.P. tal y como lo hace la parte actora en los fundamentos jurídicos, porque Honorable Magistrada en el caso sub judice, la investigada nunca estuvo privada de la libertad ya que se le concedió el beneficio de la libertad provisional, garantizada inicialmente mediante caución prendaria la cual fue sustituida por juratoria, además debe tenerse presente que para que la Fiscalía decretara la medida de aseguramiento y la acusación a Rosa María Martínez Camacho a la luz del derecho procedimental penal aplicado para entonces, no se exigía la certeza sobre el hecho y la responsabilidad, pues tal requerimiento solo se tenía en cuenta, cuando se trataba de imponer una sentencia condenatoria”.

Finalmente, propuso la excepción denominada culpa de un tercero comoquiera que la investigación adelantada por la referida entidad correspondió a “trámites y decisiones efectuadas dentro del marco de la ley penal y tuvieron como origen y circunstancias ajenas a mi representada limitándose en todo momento a cumplir con su deber”.

2.3. La Policía Nacional arguyó que el actuar de los miembros de la Policía Nacional fue netamente operativo, de conformidad con la queja que había presentado la Asociación Colombiana de Reproductores de Fonogramas, Asincol,

“de que ‘Aplicaciones Digitales’, copiaba ilegalmente discos compactos y programas de computación, por lo que se dispuso una labor de inteligencia en la cual un miembro de la Policía Nacional logró que la propietaria–administradora de ‘Aplicaciones Digitales’, le copiara un compact disk, por lo que pagó $8.000, situación que inmediatamente se puso en conocimiento de la Fiscalía quien continuó con su labor investigativa”.

Adicionalmente, precisó que dicha institución se limitó al simple cumplimiento de una orden legal que fue impartida por una “autoridad legal” con el respaldo jurídico necesario “por la jurisdicción competente, alejando así de toda responsabilidad a la Policía Nacional, ya que por misión constitucional tiene otros cometidos legales, diferentes al de la valoración de pruebas que están por competencia reposando en otras autoridades y mucho menos las de decisiones judiciales que tengan como consecuencia (sic)”.

Propuso las excepciones de i) falta de legitimación en la causa por pasiva y cobro de lo no debido, puesto que desde el momento en que realizó la labor de inteligencia de acuerdo con la queja presentada por la Asociación Colombiana de Reproductores de Fonogramas, Asincol, e Indusof, “de que Aplicaciones Digitales, copiaba ilegalmente discos compactos y programas de computación, en la cual un miembro de la Policía Nacional, logró que la propietaria–administradora de Aplicaciones Digitales, le copiara un compact disk, por lo que pagó $8.000, situación que inmediatamente se puso en conocimiento de la Fiscalía”; ii) legitimidad en la labor de inteligencia, puesto que dicha institución efectuó labores de inteligencia de conformidad con la queja presentada por Asincol e Indusof; iii) caducidad, “como se ha demostrado en el plenario el día de los hechos 18 de marzo de 1999 en que la Policía Nacional concretó las labores de inteligencia y la actora interpone la demanda el 19 de diciembre de 2002, (dos años y ocho meses después), es decir que la acción en contra de la Policía Nacional, de acuerdo a la fecha en que surtió su actuación estaba plenamente caducada, según los lineamientos del artículo 136 del C.C.A.”.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia.

Agotada la etapa probatoria prevista en proveído de 25 de septiembre de 2003, el tribunal de primera instancia, mediante auto de fecha 26 de agosto de 2004, dio traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (fl. 460 cdn. 1).

3.1. La parte demandante sostuvo que del expediente se puede colegir que la señora Rosa María Martínez Camacho no incurrió en la conducta punible de la cual se le acusó, “que el hecho no existió, ni se configuró delito alguno, ni tampoco se le halló responsabilidad alguna, según quedó plasmado en los proveídos de la sentencia, avalados por la misma entidad demandada, conforme lo dispone el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos, el artículo 86 del C.C.A., modificado por el artículo 31 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 90 de la Constitución Nacional (…)”.

3.2. La Rama Judicial reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda (fls. 461-463 cdn. 1).

3.3. La Fiscalía General de la Nación señaló que en el asunto de la referencia sí existió indicio grave de responsabilidad para que el fiscal de conocimiento hubiese proferido medida de aseguramiento en contra de la señora Rosa María Martínez Camacho, “lo que significa que en el caso concreto no existe presunción por detención injusta pues dicha providencia tuvo soporte jurídico probatorio que alcanzó la exigencia legal del indicio grave, además nunca se privó de la libertad a la demandante” (fls. 465-477 cdn. 1).

3.4. La Policía Nacional esgrimió que no existía prueba alguna que determinara responsabilidad objetiva o de resultado, motivo por el cual, concluyó que al asunto de la referencia no resultaba aplicable la indemnización por privación injusta de la libertad, puesto que “en ningún momento se demostró que la detención se hubiese impuesto con dolo o culpa grave, simplemente se ordenó la detención, con base en indicios, carga que todas las personas deben soportar” (fls. 489-499 cdn. 1).

3.4. El Ministerio Público guardó silencio en esta fase procesal.

4. La sentencia apelada.

Cumplido el trámite legal correspondiente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia el 10 de noviembre de 2004 y, mediante la misma, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

Para arribar a tal decisión, el juzgador de primera instancia, en primer lugar, se pronunció respecto de la excepción de caducidad propuesta por la Rama Judicial y la Policía Nacional, la cual no tuvo vocación de prosperidad, en cuanto se explicó que dicho plazo no podía contabilizarse desde el día en que ocurrieron los hechos, esto es el 18 de marzo de 1999, “sino a partir la sentencia del Juzgado 36 Penal del Circuito de Bogotá, calendada el 18 de febrero de 2002 que resolvió la situación jurídica de la actora, la cual aduce no encontrar que los demandantes estuvieran cometiendo actividad ilícita en el establecimiento comercial; a su vez la presentación de la demanda se realizó el 19 de diciembre de 2002, por lo tanto la acción se encuentra instaurada en tiempo”.

De otra parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sostuvo que del acervo probatorio se desprende que la tendenciosa actitud del agente de la Policía Nacional, so pretexto de una maniobra de inteligencia, comprometió severamente tanto la honra como el patrimonio económico de la actora, “al verse involucrada por obra de la irrisoria pirueta policial en la investigación penal adelantada por la Fiscalía, en cuyo curso soportaba resolución de acusación, que finalmente desembocara, en providencia a su favor proferida por el Juzgado 36 Penal del Circuito como quedó registrado”.

Por consiguiente, el juzgador de primera instancia consideró que a la parte demandante se le ocasionó un perjuicio material, comoquiera que todos “los procedimientos señalados determinaron el cierre del Instituto de Sistemas ‘Aplicaciones Digitales’ al quedar desprovistos de los equipos que hacían posible su objeto didáctico, más no a sus hijos, respecto de los cuales no se acreditó el daño antijurídico que se les imputa a las demandadas”.

Enfatizó en que:

“en cuanto a la excepción interpuesta por la Fiscalía General de la Nación nominada culpa de terceros, que es responsabilidad de esta, verificar los hechos en que se fundan las solicitudes para poder iniciar apertura de la investigación, así como velar por el eficaz funcionamiento de la administración, por lo que esta excepción se considera no próspera.

Por último, respecto de la excepción nominada legitimidad en la labor de inteligencia propuesta igualmente por la Policía Nacional, es de anotar que así los agentes de la institución estén investidos de poder para realizar labores de inteligencia, es responsabilidad de ella velar por el debido procedimiento de los mismos por lo que no puede prosperar esta excepción”.

6. (sic) Las impugnaciones.

Inconformes con la anterior decisión, la parte demandante, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, presentaron recursos de apelación.

6.1. La parte demandante señaló que si bien en primera instancia se condenó solidariamente a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional a pagar los perjuicios materiales, lo cierto es que dicha condena se profirió en abstracto “y no en concreto, no obstante que en la demanda se liquidaron los perjuicios y se probaron dentro del proceso. También en la mencionada sentencia se negaron los perjuicios morales, porque a criterio de la Honorable Sala no se evidenció, ni se configuró el padecimiento del perjuicio moral”.

Aunado a ello, precisó que en la demanda se reclamaron los perjuicios morales por la relación de fraternidad que sostenían las dos (2) víctimas con sus dos hijos menores “agravados por la convivencia bajo un mismo techo, comoquiera que en el mismo inmueble donde funcionaba el establecimiento de comercio ‘Aplicaciones Digitales’ allanado, allí también estaba la residencia de la familia Villegas Martínez”.

Añadió que a partir de los elementos de acreditación obrantes en el expediente, el daño moral se encontraba suficientemente acreditado “el cual incidió sobre el patrimonio de los actores y esa intensidad del daño moral es apreciable por las diferentes manifestaciones vividas por la familia Villegas Martínez [que] tuvieron que soportar una captura, una acusación, lo cual produjo angustia, sufrimientos intensos, dolor e incertidumbre ante el maremágnum de hechos y circunstancias que negativamente les afectó su vida, honra y bienes”.

Adicionalmente, sostuvo que los perjuicios materiales en las modalidades de daño emergente y lucro cesante “se presentaron con la debida motivación y sustentación en el momento de presentar la demanda”; en efecto señaló que:

“allí se discriminaron las facturas de las CD ROM folio 156 cdn. ppal., el acta de decomiso de los computadores que obra a folio 140 cdn. ppal., las obras intelectuales de Fernando Villegas de los programas tutorales (sic) registrados que obran a folio 19 y 20 del cdn. 2 pruebas y los honorarios cancelados al abogado Dr. Carlos A. Moreno en proceso penal, ver folios 30 y 32 cdn. 2 pruebas, para un total $25´453.140, a los cuales se liquidaron los intereses de acuerdo a las tablas fijadas por la Superintendencia Bancaria, estableciendo una suma total liquidada al momento de presentar la demanda en una cuantía de $47´093.908,50.

Los perjuicios materiales causados en la modalidad de lucro cesante se presentaron debidamente motivados y sustentados, en el mismo momento de presentar la demanda administrativa, (…). Para lo cual se tomó la suma de $8´930.000 como promedio mensual de ingresos de la actividad comercial de capacitación en sistemas para la época del allanamiento, conforme a los recibos de pago por matrículas de los cursos, los cuales se aportaron desde el mes de marzo 1999 fecha en que cesó la actividad educativa. Del valor promedio (tomando sumatoria de 3 meses y dividiendo entre 3) de los $8´930.000 mensuales, se liquidaron los intereses de acuerdo a las tasas fijadas por la Superintendencia Bancaria, mes por mes, año por año, hasta el mes de noviembre del 2002, fecha en que se estableció con certeza la pérdida y desvalijamiento de los equipos, comoquiera que el Juzgado 36 Penal del Circuito de Bogotá ordenó la entrega de los equipos donde estaban montados los programas, tutoriales o software, cosa que no hizo por el extravío o pérdida de estos. Se liquidó un lucro cesante total en cuantía de $555´800.871” (fls. 535-540 cdn. ppal.).

6.2. La Policía Nacional insistió en la “excepción” propuesta desde la contestación de la demanda, relacionada con la falta de legitimación por pasiva, toda vez que las pretensiones están encaminadas a que se declare la responsabilidad por error judicial “y quien tiene la facultad legal de privar de la libertad y dictar resolución de apertura de investigación y medidas de aseguramiento, es un órgano distinto al de la Policía Nacional; pues la institución que represento tiene por misión, otros cometidos constitucionales y legales distintos, al de las decisiones judiciales”.

A su turno, indicó que la actuación de la Policía Nacional tuvo lugar por una queja incoada por la Asociación Colombiana de Productores de Fonogramas, Asincol, e Indusof, motivo por el cual se procedió a efectuar la visita al establecimiento “como cualquier persona, es decir sin uniforme y sin identificarse como miembro de la Policía Nacional y es precisamente donde surge otro indicio como lo fue la copia de un disco, en formato de ‘CD’, por el cual cobró un dinero, es decir se comercializó”.

Agregó que:

“Revisado entonces el acervo probatorio encontramos que no hay prueba que determine responsabilidad objetiva o de resultado, por lo que se concluye, que no es aplicable al caso en mención, la indemnización por la privación injusta de la libertad, pues en ningún momento se demostró que la detención se hubiese impuesto con dolo o culpa grave, simplemente se ordenó la detención, con base en un indicio, carga que todas las personas deben soportar” (fls. 531-534 cdn. ppal.).

6.3. La Fiscalía General de la Nación presentó recurso de apelación, el cual no se sustentó dentro de la oportunidad procesal correspondiente (fl. 523 cdn. ppal.).

Las referidas impugnaciones se admitieron por esta corporación mediante proveído calendado el 15 de julio de 2005, inclusive el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía que no se sustentó en la etapa procesal correspondiente (fl. 542 cdn. ppal.).

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia.

Mediante auto de fecha de 21 de octubre de 2005 se dio traslado a las partes para que presentaran los alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto (fl. 544 cdn. ppal.).

La parte actora reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación (fls. 545-547 cdn. ppal.).

Durante esta etapa procesal la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público guardaron silencio al respecto.

II. Consideraciones

1. Cuestión previa: falta de sustentación de la impugnación presentada por la Fiscalía General de la Nación.

En este punto conviene advertir que si bien la Fiscalía General de la Nación presentó recurso de apelación, el cual no se sustentó dentro de la oportunidad procesal correspondiente, lo cierto es que el mismo se admitió por la magistrada ponente de la época a través del auto calendado el 15 de julio de 2005.

A pesar de ello, la decisión aludida no fue impugnada por la parte demandada con el propósito de advertir tal irregularidad y, por ende, pretender su revocatoria; tampoco lo hizo frente al proveído que, posteriormente, dio traslado para alegar de conclusión, habida consideración de que la parte impugnante nada dijo en relación con ese aspecto y mucho menos realizó una intervención a título de alegaciones finales, por cuya virtud, eventualmente, pudiere tenerse para análisis una argumentación u oposición concreta respecto del fallo de primera instancia.

Así ha discurrido la Jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado(1) frente a disposiciones similares:

“La Sala estima necesario señalar que la parte demandada no sustentó en debida forma el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, como quiera que no se dio traslado a la entidad recurrente para que cumpliera con esa carga procesal, pues la impugnación fue admitida directamente, no obstante lo anterior tal omisión se convalidó por razón del silencio y la pasividad que las partes mantuvieron al respecto frente a las actuaciones que posteriormente se cumplieron e impulsaron dentro del mismo proceso, pues, en efecto, después de que se profirió el auto admisorio del recurso de apelación, ninguna inconformidad se manifestó en relación con ese aspecto y tampoco se alegó la nulidad dentro de la debida oportunidad procesal, lo cual supone la convalidación del trámite surtido en segunda instancia.

En este caso, la parte recurrente no sustentó el recurso porque no se le concedió la respectiva oportunidad procesal, sin embargo dicha actuación se convalidó de conformidad con los argumentos expuestos.

Ahora bien, en el recurso de apelación, la recurrente no señaló las razones y fundamentos de su inconformidad respecto de la sentencia de primera instancia en cuanto se limitó a enunciar que en la oportunidad procesal pertinente analizaría cada uno de los aspectos tratados en el fallo de primera instancia, advirtiendo que, en su criterio, se declaró responsable a la entidad pública sin ningún fundamento legal.

Se trata entonces claramente de un recurso de apelación que tiene por objeto desvirtuar la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada que fue decretada en el numeral primero de la sentencia y que constituye el fondo del asunto, respecto de cuyos fundamentos y contenido nada se dijo, lo cual impide a la Sala hacer pronunciamiento alguno en relación con ese recurso de apelación, porque carece de elementos para realizar dicho análisis” (se destaca).

En igual sentido, ante un caso idéntico al que ahora se analiza, la Subsección, a partir de los mismos precedentes jurisprudenciales que aquí se han dejado expuestos, consideró:

“Ahora bien, no puede —en modo alguno— pasar inadvertido el hecho de que si bien en este caso la falta de sustentación del recurso de apelación obedeció, entre otras razones, a la admisión en forma directa de la impugnación, no obstante que la misma no se encontraba sustentada, no resulta menos cierto y menos importante destacar que ese aspecto en nada impide que se confirme, por las razones antes expuestas, el fallo impugnado, dado que la irregularidad procesal consistente en la falta de traslado para sustentar el recurso de alzada fue convalidada por la propia parte actora, la cual guardó silencio ante tal omisión, pues consciente de ello solo hizo alusión a tal aspecto al momento de alegar de conclusión(2), esto es cuando el auto que admitió el recurso de apelación había cobrado ampliamente su firmeza(3)”.

Y como sustento de la anterior decisión y a propósito del principio de convalidación, el Consejo de Estado —tanto en su Sala Plena de lo Contencioso Administrativo(4) como en su Sección Tercera(5)— ha sostenido:

“A propósito del régimen legal de las nulidades procesales, importa destacar que el mismo se encuentra orientado, entre otros, por los principios de i) taxatividad o especificidad y de ii) convalidación o saneamiento, con sujeción a los cuales se tiene, en virtud del primero, que no será posible invocar y menos aplicar causales de nulidad que no hubieren sido expresamente consagradas por el legislador —única autoridad, junto con el Constituyente claro está, con facultades para establecer y definir las causales de nulidad—, y, por razón del segundo, que las causales de nulidad que no se propongan o no se aleguen en la oportunidad prevista en la ley para el efecto, desaparecen por razón de su saneamiento.

“(…)

Esos aspectos generales que se dejan expuestos en relación con la estructura del régimen relativo a las nulidades procesales encuentran complemento necesario en el señalamiento igualmente exacto y concreto que la propia ley realiza acerca de los únicos eventos en los cuales no es posible sanear los vicios que están llamados a afectar la validez de las actuaciones procesales (C. de P. C., art. 144, inc. final), cuestión que, como excepción a la regla de la convalidación, solo puede predicarse respecto de las causales comprendidas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 140 del estatuto procesal civil, las cuales dicen relación con: a) La falta de jurisdicción (art. 140-1); b) La falta de competencia funcional (art. 140-2); c) El desconocimiento de providencia ejecutoriada proveniente del superior, la reanudación de un proceso legalmente concluido o la pretermisión íntegra de la respectiva instancia (art. 140-3), y d) La tramitación de la demanda por proceso diferente al que corresponde (art. 140-4).

Las demás causales de nulidad procesal, esto es las que se encuentran consagradas dentro de los numerales 5 a 9 del citado artículo 140 del C. de P. C., son subsanables, cuestión que debe tenerse por cumplida ‘Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente’ (C. de P. C., art. 144-1), hipótesis que guarda total armonía con la norma procesal, igualmente imperativa, de orden público y de derecho público (C. de P. C., art. 6), en virtud de la cual se niega categóricamente la posibilidad de alegar cualesquiera de la causales de nulidad saneables ‘(…) [a] quien haya actuado en el proceso después de ocurrida la respectiva causal sin proponerla’ (C. de P. C., art. 143, inc. 6), amén de la disposición procesal que determina que las demás irregularidades que se configuren dentro del proceso, distintas de las consagradas en los numerales 1 a 9 del citado artículo 140 del C. de P. C., ‘(…) se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este código establece’ (C. de P. C., art. 140, parágrafo).

De ello se desprende, de manera diáfana, que la posibilidad de alegar las causales de nulidad susceptibles de saneamiento —al igual que sucede con las demás irregularidades que se configuren dentro de un proceso, distintas de las causales legales de nulidad procesal—, es una posibilidad que se encuentra sometida a precisas y determinadas etapas procesales cuyo vencimiento determina su preclusión, a lo cual debe agregarse que dicho saneamiento supone la convalidación de la actuación lo cual puede darse bien por manifestación expresa del consentimiento de la parte afectada o bien por consentimiento tácito, como el que corresponde a la realización de actuaciones posteriores sin alegación de la nulidad correspondiente.

Así las cosas resulta igualmente claro entonces que si en el curso de una determinada actuación procesal se llega a configurar la causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 140 del C. de P. C., en la modalidad de falta de competencia por razón del territorio y la misma no se propone o no se alega dentro de los términos establecidos en las mismas leyes procesales para el efecto, tanto en virtud del mencionado principio de convalidación como en cumplimiento de los dictados explícitos que al respecto contiene el también mencionado artículo 144 del Estatuto Procesal Civil, ha de concluirse necesariamente que esa nulidad inicialmente registrada se ha saneado, esto es que —según el sentido natural y obvio de dicha expresión (C.C., art. 28)—, tal vicio se ha reparado o remediado(6) de suerte que ha desaparecido y, por ello mismo, ya no será susceptible de ser declarado”.

Así las cosas, esta Subsección no entrará a revisar los aspectos relacionados con la responsabilidad por error jurisdiccional de la Fiscalía General de la Nación declarada en la sentencia de primera instancia, toda vez que dicha parte no apeló y, por ende, se limitará a estudiar únicamente las impugnaciones que formularon la parte demandante y la Policía Nacional.

Ahora bien, ab initio conviene advertir que una vez analizada la causa petendi del asunto de la referencia esta Subsección observó que la parte demandante estructuró aquella como un error jurisdiccional atribuible a la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación y, de manera solidaria, al Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con ocasión del trámite y allanamiento efectuado en el establecimiento educativo denominado “Aplicaciones Digitales”.

Aunado a ello, se pone de presente que si bien la señora demandante Rosa María Martínez Camacho, con ocasión de la diligencia de allanamiento y registro del centro educativo aludido, resultó privada de su libertad y posteriormente absuelta, lo cierto es que las pretensiones formuladas en el libelo introductorio no se encaminaron a obtener la declaratoria de responsabilidad de la administración por la afectación de la libertad que padeció la referida actora, tanto es así que la propia demandante afirmó que dentro del asunto de la referencia no se había configurado privación injusta de la libertad alguna, lo anterior, para mayor claridad, se manifestó en los siguientes términos:

Aunque en el caso sub examine no hubo privación de la libertad, a que se refiere la norma antes transcrita, el perjuicio sí existió porque con la actuación indebida de las entidades demandadas, en cabeza de sus agentes, cesó la actividad comercial docente de los actores y los dineros que percibían por su trabajo lícito, no volvió a ingresar a las arcas de la familia y ello tipifica el perjuicio en la modalidad de lucro cesante. (…)”.

Adicionalmente se destacan las siguientes afirmaciones que recoge el libelo demandatorio:

Para completar la serie de errores cometidos por la administración de justicia, a todo lo anterior se suma el hecho de que el Juzgado 36 Penal del Circuito, haya dejado de devolver a los esposos Villegas Martínez, los discos duros donde estaban montados los tres (3) cursos interactivos para el manejo de programas, las dos (2) memorias y los tres (3) cursos interactivos para el manejo de programas, las dos memorias y los tres (3) CD siendo los únicos originales que utilizaban mis clientes para su trabajo lícito.

(…) Y es este error por el que debe responder el Estado, como patrono de sus agentes o empleados, la Fiscal Seccional 179 de Bogotá y el patrullero de la Policía Nacional; y que de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Nacional, está obligado a resarcir los perjuicios morales, sicológicos y materiales a las víctimas, (…)” (negritas fuera del texto original).

En este orden de ideas, el análisis correspondiente en primera instancia se hizo con fundamento en el título de imputación de error jurisdiccional, circunstancia que bajo el análisis de dicho evento previsto en la Ley 270 de 1996 llevó a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declarara la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nacional.

2. Caducidad de la acción de reparación directa.

En relación con este aspecto conviene precisar que la sentencia dictada por el Juzgado Treinta y Seis Penal del Circuito de Bogotá, mediante la cual se absolvió a la señora Rosa María Martínez Camacho y, en consecuencia, ordenó devolver los elementos incautados a la Institución Educativa “Aplicaciones Digitales” se dictó el 18 de febrero de 2002 y se notificó personalmente al actor el día 21 de febrero de 2002, razón por la cual, en cuanto la demanda de reparación directa se interpuso el 19 de diciembre de la misma anualidad, se impone concluir que la misma se presentó de manera oportuna, esto es dentro de los 2 años que establece el numeral 8 del artículo 136 de C.C.A.

3. El caudal probatorio obrante en el proceso.

A través de Oficio 1013 de 12 de noviembre de 2003, el Juzgado Treinta y Seis Penal del Circuito de Bogotá remitió copia auténtica del proceso penal adelantado contra de los señores Fernando Enrique Villegas Vargas y Rosa María Martínez Camacho; de dicho encuadernamiento se destacan los siguientes medios de acreditación:

a. Copia auténtica de la solicitud de allanamiento y registro dirigida por la jefatura del grupo de investigaciones generales de la Policía Nacional al jefe de la unidad de reacción inmediata, respecto del inmueble ubicado en la carrera 19 Nº 54-35 del barrio Galerías en la ciudad de Bogotá, en la cual se dejó constancia de lo siguiente:

“Antecedentes.

Originó la presente investigación la queja recepcionada en esta oficina, a la Asociación Colombiana de Productores de Fonogramas Asincol e Indusof, donde dan a conocer la situación anómala que se presenta con sus productos como es la duplicación de discos compactos y programas de computación.

Investigación.

Una vez recepcionada dicha información, se procedió a confirmar y verificar, encontrando que en los inmuebles que a continuación relaciono, efectivamente están duplicando discos compactos y programas de computación así:

Carrera 19 Nº 54-35 (…) ubicado en el barrio Galerías es atendido por la señora Rosa María Martínez es un lugar donde dictan clases de sistemas y aplicaciones digitales, pero en su interior más exactamente en la segunda aula se dedican al ilícito, en dicho lugar se han realizado compras de discos compactos los cuales son grabados en un computador que es manipulado por el señor Juan Camilo. Se trata de una residencia de dos plantas, la entrada accesa (sic) a un corredor y a mano derecha se encuentra la oficina de la mencionada señora, sus puertas son rejas grandes de color blanco; es una señora de 35 a 37 años, trigueña, es de 1.62 de estatura aproximadamente ella es la administradora de este negocio.

Cabe anotar que el promedio de venta por cada disco compacto en estos lugares es de siete mil a diez mil pesos y al negociar por cantidad hacen una rebaja la cual le facilita su venta creyendo la gente que compra el producto original” (fls. 1-2 cdn. 3) (negritas fuera del texto original).

b. Copia auténtica de la providencia dictada por la Fiscalía Seccional 302 de Bogotá, el 24 de marzo de 1999, a través de la cual se ordenó la práctica de la diligencia de allanamiento y registro al inmueble ubicado en la carrera 19 Nº 54-35 de la ciudad de Bogotá (fls. 6-7 cdn. 3).

c. Copia auténtica del acta de derechos de la capturada, señora Rosa María Martínez Camacho (fl. 10 cdn. 3).

d. Copia auténtica de la resolución que dictó la Fiscalía 179 —unidad octava delitos contra el patrimonio económico y fe pública—, el 25 de octubre de 1999, en cuya virtud se resolvió proferir medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de la señora Rosa María Martínez Camacho por la presunta comisión del delito de violación a los derechos de autor y, además, se le concedió a la investigada el beneficio de libertad provisional garantizada mediante caución prendaria (fls. 33-38 cdn. 3).

e. Copia auténtica de la diligencia de compromiso suscrita por la señora Rosa María Martínez Camacho (fl. 28 cdn. 3).

f. Copia auténtica de la resolución que dictó la Fiscalía 179 —unidad octava delitos contra el patrimonio económico y la fe pública—, el 11 de enero de 2000, mediante la cual se denegó la sustitución de la caución prendaria por la juratoria a la señora Rosa María Martínez Camacho (fls. 67-69 cdn. 3).

g. Copia auténtica de la resolución dictada por la Fiscalía 179 —unidad octava delitos contra el patrimonio económico y fe pública—, el 14 de junio de 2000, por medio de la cual se resolvió sustituir la caución prendaria impuesta a la señora Rosa María Martínez Camacho por la juratoria, para lo cual debía suscribir diligencia de compromiso (fls. 85-87 cdn. 3).

h. Copia auténtica de la resolución dictada por la Fiscalía 179 —unidad octava delitos contra el patrimonio económico y fe pública—, el 14 de julio de 2000, en cuya virtud se profirió resolución de acusación en contra de la señora Rosa María Martínez Camacho como presunta responsable del delito de violación a los derechos de autor (fls. 99-106 cdn. 3).

i. Copia auténtica de la sentencia dictada por el Juzgado Treinta y Seis Penal del Circuito, el 18 de febrero de 2002, a través de la cual se resolvió:

“Primero: ABSOLVER a la señora Rosa María Martínez Camacho de los cargos formulados el 14 de julio de 2000, por la Fiscalía 179 Seccional, referidos en el numeral 4 del artículo 51 de la Ley 44 de 1993.

Segundo: Una vez en firme la presente decisión, háganse las desanotaciones de ley.

Tercero: Ordénese la entrega de todos los elementos incautados a la señora Rosa María Martínez Camacho” (fls. 74-82 cdn. 4).

Los principales argumentos de la referida autoridad judicial para adoptar tal decisión fueron los siguientes:

“Consideraciones del Despacho.

El inciso segundo del artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, establece que no se podrá dictar sentencia condenatoria, si no existe certeza acerca de la comisión del hecho punible y la responsabilidad del sindicado, por tal se valorará el material probatorio a fin de establecer si dichos supuestos se cumplen o si por el contrario se ha de proferir sentencia absolutoria.

Se acusó a Rosa María Martínez Camacho del punible contemplado en el numeral tercero del artículo 51 de la Ley 44 de 1993, norma que reza de la siguiente manera:

‘ART. 51.—Incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales:

4. Quien reproduzca fonogramas, videogramas, soporte lógico u obras cinematográficas, sin autorización previa y expresa del titular, o transporte, almacene, conserve, distribuya, importe, venda, ofrezca, adquiera para la venta o distribución o suministre a cualquier título dichas reproducciones’.

Podemos observar que la norma contiene varios verbos y que con el solo hecho de que la acusada incurra en alguno de ellos, se configura la vulneración del tipo penal. Veamos entonces:

Una de las pruebas allegadas a la foliatura es el peritaje técnico elaborado por el CTI de la Fiscalía, cuya conclusión no arroja resultados positivos para esta investigación por cuanto inspeccionó los cuatro CD ROM incautados, y tres de ellos no se pudieron leer porque la multimedia no los aceptó. Solo uno logró leerse, el mismo que contiene temas musicales de corte popular. Respecto de los 2 disquetes, ninguno pudo ser leído porque se encuentran en estado de deterioro. Entonces de allí no se pudo establecer que la implicada de verdad reprodujera CDS (sic).

Los disquetes incautados no ofrecieron prueba de que la señora acusada los estuviera reproduciendo. Si bien la acusada dio la orden a uno de sus colaboradores de quemar el compact musical de los 14 éxitos de Rafael, igualmente se tiene dentro del proceso que fue inducida por la insistencia del agente policial que se encontraba de civil, y no por su voluntad propia. Tampoco se demostró que Rosa María tenga esta forma de trabajo como manera de beneficiarse económicamente, porque ese no era el objeto social de la empresa que manejaba, y tampoco era la fachada para quemar los discos compactos porque los mismos nunca fueron encontrados.

Por su parte la acusada reconoce que en realidad tenía dos quemadores en su institución de enseñanza de sistemas, los cuales eran utilizados para duplicar cursos cuyo autor era su esposo Fernando Villegas y que de igual manera esta sociedad se encontraba pagando unas licencias, porque también están en contra de la piratería de software.

A fin de que se configure el delito referido al numeral 4 del artículo 51 de la Ley 44 de 1993, se hace indispensable que se agote cualquiera de los verbos rectores de esa norma, pero en el presente evento no está claramente establecido ninguno de ellos.

Resultó cierto que el perito en sistemas que acudió al allanamiento, no lo era tanto y que fue necesario que el propio esposo de la procesada le señalara cuáles eran los quemadores y le ayudara en su manejo, al igual que a desconectarlos, porque aquel no sabía. En este orden de ideas el Fiscal debe contar con el verdadero apoyo de un experto en la materia, para no incurrir en violaciones de ninguna naturaleza.

(…).

Ahora, al parecer el comportamiento de la procesada sí era legal, por cuanto al momento manifestó que no supo la razón por la cual la policía realizaba una diligencia de registro en su contra, creyendo que se trataba de que aún no había terminado de pagar el software. Ella conocía acerca de la piratería de software, por ello en este evento no es aplicable el error de derecho alegado por el señor defensor.

La defensa puntualiza que solo porque se reprodujo un CD se llevó a cabo la diligencia de allanamiento y evidentemente así ocurrió, pero ello no es óbice como para que se compulsen copias en contra de los funcionarios que conocieron de la presente investigación penal, quienes estaban en su derecho de establecer la vulneración de la ley penal, aun cuando los hechos indicadores no fueran suficientes.

Si no está probada la reproducción ilícita de CDS (sic), menos podemos referirnos a la conservación o al almacenamiento de los mismos. Tampoco se demostró que los estuviese vendiendo u ofreciendo o distribuyendo, por lo que consecuentemente su conducta no encajaría en el tipo penal descrito por el legislador.

La acción que ejecutó Rosa María Martínez Camacho, no violó la prohibición normativa ni ocasionó una lesión efectiva al bien jurídico tutelado, relativo a la propiedad intelectual.

Acorde con las circunstancias expuestas con anterioridad, y como quiera que las pruebas recopiladas en ningún momento ofrecen certeza acerca de que la señora Rosa María Martínez Camacho estuviere reproduciendo CDS (sic), estima el despacho que su comportamiento no encaja en la descripción que ha hecho el legislador en la norma citada, es decir que la conducta realizada por ella es atípica, más cuando el tipo penal se refiere a número plural de ejemplares reproducidos, y ella escasamente duplicó, lo cual hizo por presión del agente investigador.

(…).

Resulta entonces que la única prueba de cargo es el dicho de los uniformados cuando estos indican que la implicada les había quemado un CD, que ella misma acepta, pero obsérvese que la norma que habla del tipo penal respectivo se refiere por lo menos a dos reproducciones falsas y no una como en este caso.

Así las cosas vemos que el hecho típico no se establece en el diligenciamiento, por la falta de un elemento que estructure el hecho punible, por ende y en la medida que no se reúnen los presupuestos establecidos en el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, el fallo será absolutorio a favor de la implicada.

Por lo anterior se proferirá sentencia absolutoria en su favor, tal como lo solicita ahora la propia representante de la Fiscalía y el señor defensor.

Consecuentes con lo expuesto se ordenará la devolución de todos los elementos incautados a la señora Rosa María Martínez” (fls. 74-82 cdn. 4).

j. Original de una certificación expedida por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, el 31 de octubre de 2003, en la cual se dejó constancia de que

“en el libro 10, tomo 50, partida 255 de fecha 22 de diciembre de 1998, se encuentra registrada la obra literaria inédita titulada ‘Curso interactivo para el manejo de Adobe Photoshop V. 4’, en el cual figura como autor el señor Fernando Enrique Villegas Vargas (…)” (fl. 19 cdn. 2).

j. Original de una certificación expedida por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, el 31 de octubre de 2003, en la cual se dejó constancia de que

“en el libro 10, tomo 50, partida 256 de fecha 22 de diciembre de 1998, se encuentra registrada la obra literaria inédita titulada “Curso interactivo para el manejo de Autocad V. 14”, en el cual figura como autor el señor Fernando Enrique Villegas Vargas, (…)” (fl. 19 cdn. 2).

4. Responsabilidad de la Policía Nacional.

La Sala considera importante analizar la responsabilidad de la Policía Nacional, teniendo en cuenta que en la demanda la parte actora solicitó que se declarara su existencia en el presente caso, así:

“Declárese a la Nación Colombiana – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación y solidariamente Ministerio de Defensa – Fuerza Pública – Policía Nacional, el primero organismo perteneciente a la rama jurisdiccional, administrativamente responsable, del error judicial, cometido contra los ciudadanos Fernando Enrique Villegas Vargas y Rosa María Martínez Camacho, por parte de la Fiscalía Seccional 302 de Bogotá, dentro del proceso 404687 del cual avocó conocimiento posteriormente la Fiscalía 179 de la unidad octava de delitos contra el patrimonio económico y la fe pública, y por consiguiente la totalidad de los daños y perjuicios morales subjetivos, sicológicos y materiales sucesivos, causados a ellos y a Ricardo y Andrés Felipe Villegas Martínez (hijos). Los hechos se registraron en Bogotá D.C. el día 24 de marzo de 1999”.

El Decreto 1355 de 1970 dictó normas sobre policía y, en la referida normativa se destacó que dicho organismo de la Fuerza Pública estaba instituido para proteger a los habitantes del territorio colombiano en su libertad y en los derechos que de esta se derivan, por los medios y con los límites consagrados en la Constitución Política, en la ley, en las convenciones y tratados internacionales, en el Reglamento de Policía y en los principios universales del derecho.

En efecto, vale la pena destacar que un deber a cargo de la Policía Nacional se encuentra consagrado en el artículo 46 del Decreto 1355 de 1970, el cual dispone que:

“Compete a los comandos de la Policía recibir denuncia sobre la comisión de hecho que pueda configurar delito o contravención.

Recibida la denuncia, después del registro estadístico, se notificará a la autoridad competente para hacer la indagación y se le enviará el documento en el que conste la denuncia”.

Adicionalmente, resulta pertinente traer a colación que el artículo 218 de la Carta Política de 1991 consagró que la Policía Nacional tiene la finalidad primordial de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, así como la de asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

Pues bien, dentro del proceso se acreditó que: i) la Asociación Colombiana de Productores de Fonogramas, Asincol, e Indusof instauró una queja ante la Policía Nacional consistente en las prácticas de duplicación de discos compactos y programas de computación que se estaban ejecutando en el inmueble ubicado en la carrera 19 Nº 54-35, barrio Galerías de la ciudad de Bogotá; ii) que en virtud de las funciones conferidas por el Decreto 1355 de 1970, la Policía Nacional reportó el hecho referido al jefe de la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía General de la Nación; iii) que el 24 de marzo de 1999 la Fiscalía General de la Nación ordenó la práctica de la diligencia de allanamiento y registro del inmueble aludido y, adicionalmente, la señora Rosa María Martínez Camacho fue capturada; iv) que el día 25 de octubre de 1999, el referido ente investigador dictó medida de aseguramiento en contra de la demandante por la supuesta comisión del delito de violación a los derechos de autor, pero en la misma fecha se le concedió el beneficio de libertad provisional, garantizada mediante caución prendaria; v) que el 14 de julio de 2000, la Fiscalía 179 de Bogotá profirió resolución de acusación en contra de la demandante Rosa María Martínez Camacho; vi) que el 18 de febrero de 2002, el Juzgado Treinta y Seis Penal del Circuito de Bogotá absolvió a la señora Rosa María Martínez Camacho de los cargos que le fueron imputados.

Ahora bien, de conformidad con lo expuesto, la Sala precisa que si bien la denuncia que realizó la Policía Nacional ante la Fiscalía General de la Nación dio lugar a que se adelantara un proceso penal en contra de la señora Rosa María Martínez Camacho, por la supuesta comisión del delito de violación a los derechos de autor, lo cierto es que dicha institución efectuó tal reporte amparada en las disposiciones del Código Nacional de Policía, codificación que —se itera— dispuso que en aquellos eventos en los cuales la Policía Nacional tuviere conocimiento de la comisión de una conducta punible se encuentra en la obligación de notificar la circunstancia respectiva a las autoridades competentes para llevar a cabo la investigación de los hechos.

Por lo tanto, esta Subsección considera que la actuación de la Policía Nacional estuvo ajustada a los postulados que rigen su actividad, razón por la cual la decisión apelada será modificada para, en su lugar, denegar las pretensiones solicitadas en relación con la referida institución integrante de la Fuerza Pública.

Al respecto, la Ley 270 de 1996 prescribe en su artículo 67 que la responsabilidad patrimonial del Estado puede resultar comprometida por el ejercicio de la función judicial bajo el supuesto de error jurisdiccional, definido en la citada norma como “aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”, cuya invocación se encuentra sujeta a los presupuestos fijados por el artículo 67 y condicionada a los precisos eventos de exoneración de que trata el artículo 70 de ese mismo cuerpo normativo.

5. Indemnización de perjuicios.

La impugnación presentada por la parte demandante se limitó a mostrar su inconformidad respecto del i) no reconocimiento de los perjuicios morales reclamados en el libelo introductorio de la demanda, así como de ii) la condena en abstracto de los perjuicios materiales solicitados en el acápite de pretensiones de la demanda, motivo por el cual, esta Subsección analizará los aspectos precitados.

5.1. Perjuicios morales por la pérdida de cosas materiales.

La decisión de primera instancia denegó los perjuicios morales reclamados en el libelo introductorio, puesto que no se evidenció “que en casos de este talante haya padecimiento moral alguno que configure perjuicio moral”.

Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado lo siguiente:

“En relación con la procedencia del perjuicio moral en los eventos de pérdida de bienes muebles, la doctrina ha aceptado, sin lugar a dudas, su resarcimiento, en atención a que es viable que exista cierto grado de aflicción, desconsuelo o congoja por la destrucción, pérdida, detrimento o deterioro de cosas materiales; así lo ha expresado el tratadista Ramón Daniel Pizarro:

“(…) nada obsta a la existencia de intereses no patrimoniales, de afección, vinculados a bienes patrimoniales, cuya aminoración (por destrucción, pérdida o deterioro) puede generar un detrimento espiritual a su titular.

“En estos supuestos el daño moral requiere de una prueba más categórica, orientada a persuadir al juzgador sobre la existencia de un interés no patrimonial cierto, ligado a un bien patrimonial, conculcado por el ilícito, y de una minoración espiritual o que es consecuencia de esa situación (…)”(7)

Asimismo, como antecedente relevante y de interés en la jurisprudencia colombiana, la Corte Suprema de Justicia en el renombrado caso Villaveces(8), por primera vez ordenó el resarcimiento del daño moral sufrido por el demandante con motivo de la destrucción del mausoleo en el que se encontraban los restos de su esposa, los cuales fueron depositados en una fosa común.

Igualmente, esta corporación, en varias oportunidades, ha admitido la posibilidad de conceder indemnización por este concepto(9). En efecto, en sentencia del 5 de octubre de 1989, se indicó:

‘Es cierto que dentro de los perjuicios indemnizables se comprenden los morales, entendiendo por estos el dolor y la tristeza que el hecho dañoso ocasiona a quien sufre el daño, pero también aquí tanto la jurisprudencia como la doctrina están acordes en que tratándose de daño a las cosas ese dolor o tristeza debe tener envergadura suficiente como para justificarse su reparación y que en todo caso debe ser demostrado, pues no se presume’.(10)

Posteriormente, en términos similares, expresó:

‘La afectación moral compensable pecuniariamente ha de ser tan especialmente intensa efectivamente tan apreciable, que no todo contratiempo o descalabro económico pueda ser, moralmente compensado. La calidad de la persona, su vinculación personal o sentimental hacia el bien perdido, la procedencia del mismo, su originalidad, la imposibilidad física de reemplazarlo o sustituirlo, son entre otros, factores a tomar en consideración cuando en casos como el presente se pretende una indemnización de perjuicios morales de pérdida, desmejora, destrucción de un bien material’.(11)

De lo anterior, se puede establecer que en lo que se refiere al pago de perjuicios por la pérdida de cosas materiales, inicialmente, el juez de lo contencioso no aceptaba dicho reconocimiento, sin embargo, en circunstancias especiales y por razones de particular afecto, admitía esta posibilidad, pero se exigía un tratamiento especial para evitar rendirle culto a las personas que ‘se dejan poseer por las cosas’. Al respecto, se señaló:

‘La pérdida de las cosas materiales, por si misma, no amerita su reconocimiento. Es posible que en circunstancias especiales, y por razones de particular afecto, se vivencie el dolor moral por la pérdida de los bienes materiales. Pero la materia necesita ser tratada con un especial enfoque cultural y filosófico para no rendirle culto a las personas que no poseen las cosas, sino que se dejan poseer por ellas’.(12)

No obstante lo anterior, de manera paralela, la jurisprudencia aceptó la posibilidad de que la pérdida de los bienes materiales causara perjuicio moral, sin embargo, este no se presumía y debía acreditarse en el proceso(13). Igualmente, exigía que la afectación moral fuera tan intensa y tan apreciable que no cualquier pérdida de un bien podía ser moralmente compensado. Es más, se debían estudiar varios factores para determinar si había lugar a su reconocimiento. Al respecto en la sentencia del 6 de agosto de 1993, se afirmó:

‘Sin desconocer el impacto emocional que ese tipo de hecho dañoso genera en una persona, en el presente caso no hay lugar a su reconocimiento. La afectación moral compensable pecuniariamente ha de ser tan especialmente intensa efectivamente tan apreciable, que no todo contratiempo o descalabro económico pueda ser, moralmente compensado. La calidad de la persona, su vinculación personal o sentimental hacia el bien perdido, la procedencia del mismo, su originalidad, la imposibilidad física de reemplazarlo o sustituirlo, son entre otros, factores a tomar en consideración cuando en casos como el presente se pretende una indemnización de perjuicios morales de pérdida, desmejora, destrucción de un bien material’.(14)

Finalmente, la jurisprudencia ha decantado el asunto para llegar a aceptar que es posible indemnizar todo perjuicio moral, inclusive el derivado de la pérdida de bienes materiales, siempre y cuando existan pruebas en esta materia independientes a la mera titularidad del derecho. En efecto, se ha indicado:

‘(…) la Sala ha adoptado un criterio más amplio, para considerar que hay lugar a indemnizar todo perjuicio moral, sin importar su origen, inclusive el derivado de la pérdida de bienes materiales o el causado con el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, siempre que, como sucede en relación con cualquier clase de perjuicios, aquellos sean demostrados en el proceso. Para que haya lugar a la reparación del perjuicio basta que el padecimiento sea fundado, sin que se requiera acreditar ningún requisito adicional. Corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta las condiciones particulares de la víctima y la gravedad objetiva de la lesión. La intensidad del daño es apreciable por sus manifestaciones externas; por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba (…)’(15).

(…).

En esta línea de pensamiento, es preciso advertir que en la actualidad no existe obstáculo o razón alguna para no admitir la reparación del daño moral que podría causar la pérdida de un bien mueble, claro está, siempre y cuando aquel esté debidamente fundamentado con pruebas que acrediten su existencia y magnitud”(16) (se destaca).

Así las cosas, en armonía con el anterior pronunciamiento jurisprudencial, esta Subsección procederá a determinar si hay lugar, o no, al reconocimiento del perjuicio deprecado.

En efecto, la señora Estela Cadena Escorcia narró:

“Preguntado: Por el conocimiento que usted tiene, indique hasta cuándo funcionó el negocio denominado Aplicaciones Digitales (…) en el cual vivía la mencionada familia y por qué salieron de allí. Contesto: Ellos vivieron hasta finales de marzo porque de ahí en adelante a raíz del allanamiento delante de los clientes con todo ese escándalo, el negocio comenzó a bajar y fue quebrando, la gente perdió la confianza, las personas que les había arrendado el local se asustaron y les pidieron la casa, fue una situación bastante difícil. (…). La vida de los esposos Villegas se hizo bien difícil porque perdieron su principal fuente de ingresos y el lugar donde trabajaban, pasaron muchas dificultades hasta que finalmente llegaron a un acuerdo, Rosa María y los niños se fueron a vivir a mi casa (…) y también llevaron sus enseres y muebles, vivieron por un espacio aproximado de un año largo y Fernando Villegas se fue a vivir donde su mamá. Nosotros los asistíamos en cuanto a alimentación y hospedaje con los niños. (…). Los equipos tenían su valor por los cursos que tenían diseñados en sus memorias y con eso era que ellos trabajaban, (…)” (fls. 33-34 cdn. 2).

Por su parte, la señora Liliana Estela Polanía Cadena señaló:

“La mala fama que se hizo ocasionó un perjuicio grave. El sistema de publicidad era el de los ‘recomendados’ y al saberse del allanamiento no se volvieron a recibir llamadas para la entrada de nuevos alumnos. Muchos de los alumnos que estaban se retiraron, otros no volvieron, y los que tenían deudas no las pagaron, se fueron y ya. (…). Los afectó significativamente a nivel económico, moral, psicológico y yo pienso como en su quehacer como de empresario, porque con qué ganas van a empezar otra empresa, ‘berraco’” (fls. 23-26 cdn. 2).

Por su parte, el señor Juan Hernando Moya Cifuentes relató:

“Ellos [los actores] se sintieron mal en el sentido de que ya no siguieron lo mismo, los niños se sintieron muy mal, se ponían a llorar, muy tristes en las veces que yo lo noté” (fls. 27-28 cdn. 2).

De lo antes transcrito resulta claro que existe certeza sobre la existencia y justificación del perjuicio moral solicitado en la demanda, toda vez que, se insiste, se probó que el demandante se afectó emocionalmente por la pérdida de los equipos de informática incautados durante la diligencia de allanamiento y registro del centro educativo “Aplicaciones Digitales” y por la imposibilidad de continuar prestando los diversos servicios de capacitación informática; y además él y su familia se vieron obligados a soportar las graves consecuencias que produjo el desalojo del bien inmueble en el cual funcionaba dicha institución y, que a la vez, era el hogar de residencia de los actores.

Así las cosas, las circunstancias relatadas acreditan la existencia y magnitud del perjuicio, lo que justifica su reparación y, en consecuencia, se reconocerá la suma equivalente a 60 SMLMV para cada uno de los actores(17).

5.2. Perjuicios materiales.

En relación con dichos perjuicios, el Tribunal Administrativo a quo indicó que si bien se acreditó su causación, lo cierto es que no se logró demostrar el monto de aquellos, razón por la cual se profirió condena en abstracto; la parte actora se mostró inconforme con dicha determinación, por lo tanto, esta Subsección entrará a determinar si dentro del acervo probatorio obran los elementos suficientes que permitan liquidar la condena respectiva en concreto.

5.2.1. Lucro cesante.

En esta modalidad de perjuicio material, la parte demandante solicitó indemnización en los siguientes términos:

“Condénase a la Nación Colombiana – rama judicial – Fiscalía General de la Nación – y solidariamente al Ministerio de Defensa – Fuerza Pública – Policía Nacional, (…), a pagar al actor Fernando Enrique Villegas Vargas, los perjuicios materiales causados en la modalidad de lucro cesante.

El señor Fernando Enrique Villegas Vargas, propietario del local comercial denominado Aplicaciones Digitales, donde se desarrollaba la actividad de capacitación o de enseñanza de cursos de programas de computación, actividad por la cual para la época del allanamiento de que fue objeto, percibía un ingreso promedio de $8´930.000, según consta en comprobantes de pago e inscripción de alumnos a dicho instituto (folio 12 a 132 de los anexos), ingresos que destinaba para el sostenimiento de su familia.

Es obvio que estos dineros no volvieron a ingresar al hogar después de realizado el allanamiento, por cuanto con él se puso fin a la actividad comercial que desarrollaban mis poderdantes, entonces se procede a la liquidación del lucro cesante así:

De este valor ($8´930.000), se liquidarán intereses de acuerdo a las tasas fijadas por la Superintendencia Bancaria, (…).

Total lucro cesante $555´800.871,07”.

En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió al reconocimiento de dicha pretensión, en los siguientes términos:

“encuentra esta Sala de Decisión que se le ocasionó un perjuicio material a la actora y a su esposo, puesto que todos los procedimientos señalados determinaron el cierre del instituto de sistemas “Aplicaciones Digitales” al quedar desprovistos de los equipos que hacían posibles su objeto didáctico, más no a sus hijos, respecto de los cuales no se acreditó el daño antijurídico que se les imputa a las demandadas”.

Sin embargo, esta Subsección observa que al momento de dictar la condena referida, el Tribunal Administrativo de primera instancia se limitó a señalar, de manera genérica, la causación de los perjuicios materiales dentro del asunto de la referencia, sin que hubiese analizado, con algún grado de detalle, la configuración de las dos modalidades de dicho perjuicio, esto es, el lucro cesante y el daño emergente.

Aunado a ello, se tiene que el Tribunal Administrativo a quo —se reitera— dictó la condena en abstracto, toda vez que dentro del encuadernamiento no obraban elementos probatorios que acreditaran el monto al cual ascendían los perjuicios reclamados, decisión que será confirmada por esta Subsección de conformidad con las siguientes consideraciones:

En primer lugar, conviene destacar que para acreditar los perjuicios reclamados en la demanda se allegaron los siguientes medios probatorios:

a. Certificado de matrícula Nº 00831623, de octubre 31 de 1997, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, correspondiente al establecimiento educativo “Aplicaciones Digitales”, de cuyo contenido se desprende que su propietario es el señor Fernando Enrique Villegas Vargas (fl. 6 cdn. 1).

b. Copia auténtica del contrato de arrendamiento de inmueble para vivienda urbana y establecimiento educativo suscrito entre el señor José de los Santos Porras Cardona (arrendador) y los señores Rosa María Martínez Camacho, Stella Cadena Escorcia y Fernando Enrique Villegas Vargas (arrendatarios) (fls. 183-187 cdn. 1).

c. Original de los formularios de pago e inscripciones de matrículas de los estudiantes de la Institución Educativa “Aplicaciones Digitales”, cuya numeración está comprendida entre las cifras 5552 y 5794 (fls. 12-132 cdn. 1).

Así las cosas, esta Subsección observa que a partir de los elementos probatorios recaudados no resulta posible cuantificar con precisión el lucro cesante que reclama la parte actora, razón por la cual, esta Subsección confirmará la condena en abstracto que ordenó el juzgador de primera instancia, puesto que a partir de los medios probatorios allegados se pudo determinar que a la parte actora efectivamente se le causaron perjuicios por razón de “la cesación de la actividad comercial docente y los dineros que percibían por su trabajo lícito”.

Por lo tanto, le corresponderá a la parte actora promover incidente de liquidación de perjuicios, de conformidad con lo previsto en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual deberá aportar los medios de acreditación necesarios que permitan acreditar el monto del lucro cesante reclamado.

5.2.2. Daño emergente.

a. En la demanda se solicitó el reconocimiento de los perjuicios materiales, por concepto de daño emergente, consistentes en los gastos que la parte demandante habría tenido que realizar, correspondientes al pago de honorarios del abogado que representó a la señora Rosa María Martínez Camacho durante el curso del correspondiente proceso penal.

Al respecto la Subsección estima procedente el reconocimiento de tal indemnización, dado que si bien en el expediente no existe información que permita establecer su cuantificación, es decir las sumas específicas de dinero que debió cancelar la actora a su(s) representante(s) judicial(es) dentro de la investigación penal, no es menos cierto que de las diferentes decisiones que se adoptaron en dicho proceso —allegadas en debida forma a este litigio— es posible determinar que la señora Rosa María Martínez Camacho sí contó con una defensa técnica y, por consiguiente, sí se configuró el daño alegado.

También se considera procedente la indemnización, dado que si bien en el expediente no existe información que permita establecer su cuantificación, esto es las sumas específicas de dinero que debió cancelar el actor a su(s) representante(s) judicial(es) para hacerle frente a la respectiva investigación penal, no es menos cierto que de las diferentes decisiones que se adoptaron en dicho proceso —allegadas en debida forma a este litigio— es posible determinar que la señora Rosa María sí contó con una defensa técnica y, por consiguiente, sí se configuró el daño deprecado.

Podría aducirse que en este caso no habría certeza acerca de la configuración del perjuicio antes mencionado, comoquiera que bien pudo ocurrir que la señora hubiese acudido a la asistencia y representación judicial gratuita de un familiar, amigo o conocido, de manera que, si ello fuere así, no habría lugar a reconocimiento económico alguno, dado que no habría certeza acerca de si, en efecto hubo, de manera efectiva, erogación dineraria por este concepto.

Sobre este punto cabe indicar que la regla general, cuando se trata de acudir a los servicios de un profesional del derecho para efectos de la representación en un proceso judicial, indica que este tipo de actuaciones profesionales no son ni deben ser de carácter gratuito, en la medida en que lo que ocurre de ordinario es que por esa labor se generen unos honorarios.

De manera que no es común —salvo que se trate de la asignación de abogados de oficio, situación que no ocurrió en este caso— que se presten los aludidos servicios sin que el beneficiario de ellos tenga que asumir una contraprestación de tipo económico, teniendo en cuenta, además, que se trata del desempeño de una labor profesional con un alto grado de complejidad y especialidad, la cual requiere ejecutarse con diligencia y gran sentido de responsabilidad.

Así las cosas, se reitera, en el presente caso existe prueba de que la señora Rosa María Martínez Camacho sí contó con defensa técnica en el proceso penal respecto del cual fue vinculada, representación judicial que, como se expuso, según las reglas de la experiencia está llamada a generar erogaciones por esa labor de carácter profesional.

Con todo, aún en el evento en que se determinara que en las respectivas actuaciones penales judiciales la propia víctima hubiere actuado en su propia defensa si hubiera tenido la condición de profesional del derecho, esto es sin representación de apoderado alguno, la decisión necesariamente debería proferirse en el mismo sentido, esto es accediendo al reconocimiento del daño emergente, comoquiera que el tiempo invertido en la defensa, los especiales conocimientos que se exigen en estas materias y la complejidad de los casos que se ponen a consideración, sin duda son esfuerzos que, por supuesto, merecen ser reconocidos como valores a indemnizar.

Ciertamente, la actividad de un profesional del derecho exige habilidades específicas, conocimientos técnicos y especializados, diligencia y una gran responsabilidad en su ejercicio, de forma tal que aquella persona que dedica sus esfuerzos a estos menesteres, en especial cuando la defensa se ejerce en procesos judiciales, como ocurrió en este caso, en los cuales están de por medio el derecho fundamental a la libertad, la presunción de inocencia, la dignidad y el buen nombre del sindicado, resulta aún más evidente y clara la necesidad de reconocer, en forma pecuniaria, como daño emergente, las energías y arrestos realizados.

Ahora bien, la circunstancia de que en el expediente no exista constancia del quantum al cual debe ascender la indemnización por concepto del daño emergente, no constituye óbice que impida a la Sala proceder a la liquidación de dicho perjuicio, teniendo en cuenta que en el ordenamiento existen parámetros objetivos que el juez puede y debe aplicar en aquellos eventos en que, como el presente, resultan indispensables para definir de manera concreta e inmediata —sin mayores dilaciones— los extremos del proceso sometido a conocimiento del operador judicial.

En este sentido, tanto el Código Contencioso Administrativo, como el Código de Procedimiento Civil, prevén la posibilidad de condenar a la parte vencida en el proceso al pago de las expensas judiciales y las agencias en derecho causadas durante el trámite de la litis.

Las agencias en derecho pueden definirse como “la compensación por los gastos de apoderamiento en que incurrió la parte vencedora, aun cuando pueden fijarse sin que necesariamente hubiere mediado la intervención directa de un profesional del derecho. No obstante, como lo señalan los intervinientes y lo ha explicado la propia Corte, esos valores son decretados a favor de la parte y no de su representante judicial, sin que deban coincidir con los honorarios pactados entra esta y aquel(18)(19).

Los numerales 3 y 4 del artículo 393 del C. de P. C., disponen que el Magistrado Ponente fijará las agencias en derecho con aplicación de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura.

En cualquier caso, ante la existencia de tarifas mínimas y máximas, el Juez deberá tener en cuenta i) la naturaleza, ii) calidad y iii) duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente. Los mencionados supuestos deben valorarse por el juez de la causa, con el fin de decidir el monto de la tarifa dentro de los límites correspondientes.

Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, mediante Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003, estableció las tarifas correspondientes a las agencias en derecho aplicables a los procesos judiciales y señaló los siguientes criterios para su liquidación:

“ART. 3º—Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.

“PAR.—En la aplicación anterior, además, se tendrán en cuenta las normas legales que en particular regulen la materia”.

Con todo, al revisar el citado acuerdo se encuentra que allí no se regularon las tarifas mínimas y máximas, para efectos de liquidar las agencias en derecho causadas en un proceso penal. Lo anterior encuentra justificación en la sencilla pero potísima razón de que en los procesos de naturaleza penal, salvo casos específicos, en los eventos en los cuales el proceso termina por preclusión o fallo absolutorio, no hay lugar a fijar agencias en derecho(20).

Lo anterior adquiere relevancia en la medida en que el Acuerdo 1887, para efectos de fijar las tarifas de las agencias en derecho, se fundamenta, principalmente, en el monto de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia correspondiente, circunstancia que al momento de pretender aplicarse en un proceso penal, por obvias razones, encuentra dificultades, en la medida en que, en estricto sentido, el ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía General de la Nación no se fundamenta, generalmente, en la formulación de pretensiones de índole económica.

No obstante lo anterior, el parágrafo del artículo 4º del mencionado Acuerdo 1887, fija un parámetro que bien puede ser de utilidad en casos como el presente en los cuales se pretende calcular, de nuevo, de manera objetiva, razonable y proporcional, los gastos generados por concepto de la defensa judicial.

Dice el aludido parágrafo:

“ART. 4º—Fijación de tarifas. Las tarifas máximas de agencias en derecho se establecen en salarios mínimos mensuales legales vigentes, o en porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia.

PAR.—En los eventos de terminación del proceso sin haberse proferido sentencia, o esta sea solamente declarativa, se tendrán en cuenta los criterios previstos en el artículo tercero, sin que en ningún caso la tarifa fijada supere el equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes” (se resalta y subraya).

Así las cosas, para liquidar las agencias en derecho tratándose de los procesos judiciales que terminen con sentencia solo declarativa, deberán tenerse en cuenta los criterios previstos en el artículo 3 de ese acuerdo y en ningún caso deberá superar el monto equivalente a 20 SMLMV.

En la misma dirección, la Sala considera pertinente tener en cuenta, como criterio auxiliar, las tarifas que por concepto de honorarios profesionales para el ejercicio de la profesión de abogado han sido señaladas por la Corporación Colegio Nacional de Abogados, Conalbos, en la medida en que allí se hace una discriminación detallada acerca del monto al cual podrían ascender los honorarios de un profesional del derecho que ejerza la representación en un proceso penal, dependiendo de las actuaciones que este realice.

En este sentido, según la mencionada corporación, las siguientes son las tarifas que por concepto de honorarios corresponderían a un abogado que ejerza la representación judicial en un proceso penal:

“18. Derecho penal.

18.1. Consulta oral. Un salario mínimo legal vigente.

18.2. Consulta escrita. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.3. Presentación de denuncia. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.4. Visita a la cárcel y estudio de documentos. Un salario mínimo legal vigente.

18.5. Asistencia en actuaciones preliminares, si es el caso. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.6. Asistencia a indagatoria.

18.6.1. Ante juez penal municipal. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.6.2. Ante fiscal local. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.6.3. Ante fiscal seccional. Tres salarios mínimos legales vigentes.

Si se trata de versión libre: se cobrará el honorario respectivo disminuido en un 50%

18.7 Etapa instructiva.

18.7.1. Ante fiscal local. Diez salarios mínimos legales vigentes.

18.7.2. Ante fiscal seccional. Diez salarios mínimos legales vigentes.

18.7.3. Ante fiscal especializado. Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.7.4. Ante fiscal delegado ante tribunal.- Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.7.5.- Ante Magistrado Sala Penal de la Corte. Cuarenta salarios mínimos legales vigentes.

18.8. Etapa de juicio.

18.8.1. Ante los juzgados penales municipales. Diez salarios mínimos legales vigentes.

18.8.2. Ante los juzgados del circuito. Diez salarios mínimos legales vigentes.

18.8.3. Ante los juzgados del circuito especializados. Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.8.4. Ante los Tribunales Superiores. Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.8.5. Ante la Corte Suprema de Justicia. Cuarenta salarios mínimos legales vigentes.

18.9. Constitución de la parte civil dentro del proceso penal. Diez salarios mínimos legales vigentes.

(…)

18.11. Recursos

18.11.1. Extraordinarios

18.11.1.1. Casación. Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.11.1.2. Revisión. Quince salarios mínimos legales vigentes.

18.11.2. Ordinarios.

18.11.2.1. Ante juzgados penales municipales. Cinco salarios mínimos legales vigentes.

18.11.2.2. Ante juzgados penales del circuito. Cinco salarios mínimos legales vigentes.

18.11.2.3. Ante juzgados penales del circuito especializado. Cinco salarios mínimos legales vigentes.

(…)”(21).

En consecuencia, la Sala, para liquidar el daño emergente por concepto de los honorarios de abogado solicitados en la demanda, tendrá en cuenta los siguientes parámetros:

— La naturaleza, la calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente.

— El parágrafo del artículo 4º del Decreto 1887 de 2003.

— Las tarifas fijadas por la Corporación Colegio Nacional de Abogados.

Así las cosas, una vez revisadas las actuaciones surtidas en el proceso penal que obra en el presente encuadernamiento, hay constancia de que desde el día 2 de septiembre de 1999, la unidad octava de delitos contra la fe pública y el patrimonio de la Fiscalía General de la Nación reconoció personería al abogado Emiro Salazar Acuña para que defendiera los intereses de la actora, en el referido proceso penal; posteriormente, la investigada le confirió poder al doctor Carlos Alfonso Moreno Novoa para que continuara defendiendo sus intereses en aquel proceso.

En cuanto a la calidad de la gestión se encuentra que, en términos generales, la labor de defensa resultó adecuada para los intereses de la defendida, en la medida en que obran en el expediente diferentes actuaciones por medio de las cuales se pretendió hacer cesar la acción penal en contra de la sindicada, esto es hubo diferentes peticiones con el fin de que se ordenara la libertad de la actora, para tal efecto se solicitó la sustitución de la caución prendaria por una de carácter juratoria, así como también que se decretara la preclusión de la investigación.

A partir de lo expuesto y teniendo en cuenta la duración de su gestión y la naturaleza del proceso, se fijará, por concepto de agencias en derecho, un monto equivalente a 20 SMLMV.

b. De otra parte, en el libelo demandatorio se reclamó la indemnización del daño emergente por los siguientes conceptos:

Licencia de derecho de autor (Autocad V. 14)$10´000.000
Licencia de derecho de autor (Photoshop V. 4)$10´000.000
Un CD-ROM Rewaiter (sic) Acer 2YW/GXR$453.140
Una CPU con duplicador o quemador de CD marca Acer 35XMAX-Cyryx$500.000
Una CPU con duplicador o quemador de CD marca Acer 24XMAX-Cyryx$500.000

En primer lugar se destaca que a folios 140-141 obra copia de la diligencia de inspección judicial llevada a cabo en el inmueble en el cual funcionaba el centro educativo “Aplicaciones Digitales”, por la Fiscalía 179 Seccional Bogotá; en dicha diligencia se dejó constancia de lo siguiente:

“(…).

Todos estos lugares se inspeccionaron por el señor perito y por el suscrito Fiscal, y se lograron encontrar como objetos que interesan directamente a la investigación los que pasan a relacionar así: tres (3) CIDIS (sic) quemados con sus respectivas cajas, un (1) disquette Dissan 100 y un (1) Disquette SONY con programas, y dos (2) equipos duplicadores o quemadores marca Acer, uno de 35 X MAX y otro 24 X MAX, y ambos con la inscripción “Cyryx”. Estos elementos acabados de mencionar se decomisan para que queden vinculados a la investigación, como instrumentos del ilícito. En cuanto a los computadores de los salones mencionados del primer piso y a los que se encuentran en el segundo piso en la sala de mantenimiento, se dejan a cargo y en tenencia del señor Fernando Villegas Vargas, con la obligación de no sacarlos del inmueble y mantenerlos a disposición de la Fiscalía si en el transcurso de la investigación se hiciera necesario alguna medida sobre ellos. En cuanto a los elementos decomisados el señor perito manifiesta en su calidad de perito oficial, que ellos corresponden a objetos y máquinas y discos destinados a ser instrumentos y soportes para la duplicación ilícita de discos CIDIS (sic) piratas, donde se imprimen programas varios sin el permiso o autorización de las compañías que legítimamente son titulares de sus derechos de autor o de su legal comercialización. Por otra parte y con base en el contenido de esta acta y en concordancia con las diligencias anteriores que ya obran y que se señalaron en el auto motivado de allanamiento, la Fiscalía dispone capturar a la señora Rosa María Martínez Camacho (…)”.

Sobre el material incautado a la Institución Educativa “Aplicaciones Digitales”, el laboratorio de acústica forense del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, realizó una “inspección físico-acústica y análisis de los soportes donde se encuentran registrados los programas sometidos a estudio técnico”, cuyo resultado fue el siguiente:

“Inspeccionados todos y cada uno de los elementos incautados (4 CD-R y 2 Diskettes) se concluye que tres de los CD-ROM no se pudieron leer, la multimedia no los aceptó. Solo uno pudo ser leído y contiene temas musicales de corte popular (rotulado y contiene grandes éxitos), los diskettes se encuentran deteriorados, tampoco pudieron ser leídos.

En cuanto a los equipos inspeccionados: Dos (2) duplicadoras de marca Acer Cyryx MV Pro Mod. 300, son equipos que se utilizan en el copiado o reproducción de fonogramas de software” (fls. 267-269 cdn. 1).

A su turno, dentro del encuadernamiento se acreditó que una vez adquirió firmeza la resolución de acusación dictada en contra de la señora Rosa María Martínez Camacho, la Fiscalía General de la Nación, a través de Oficio 9526 de agosto 14 de 2000, remitió a los juzgados penales del Circuito de Bogotá (reparto) el referido proceso penal y, adicionalmente, adjuntó lo siguiente:

“Como elementos 4 compact disc, dos equipos duplicadores o quemadores de compact disc, dos equipos duplicadores o quemadores o compact disc, marca Acer con la inscripción Cyryx y un disquete Sony y un disquete Dysan” (fl. 92 cdn. 4).

Luego, se tiene que, una vez fue absuelta la señora Rosa María Martínez Camacho, se ordenó la devolución de los elementos incautados durante la captura de la demandante aludida; en efecto, a folio 87 del cuaderno 4 obra copia auténtica del acta de la diligencia de entrega de elementos a la señora Rosa María Martínez Camacho, en la cual consta lo siguiente:

“a los dos días del mes de abril de dos mil dos, compareció al despacho del Juzgado Treinta y Seis Penal del Circuito la señora Rosa María Martínez Camacho con el fin de que se haga entrega de los elementos conforme a lo ordenado mediante sentencia del 18 de febrero del 2002, en tal virtud la suscrita juez por ante su secretario le hace entrega real y material de dos equipos duplicadores o quemadores de compact disc, marca Acer con la inscripción Cyryx en las condiciones en que fueron recibidas por este despacho. En relación con los demás elementos no hace entrega comoquiera que los mismos no fueron encontrados por lo que se procederá a la búsqueda de los mismos a fin de establecer si se encuentran en el juzgado pues no aparecen en el inventario de entrega” (fl. 87 cdn. 4).

En consecuencia, la actora elevó una petición ante la referida autoridad penal, en cuya virtud requirió la devolución de los elementos que aún no le habían sido devueltos; lo anterior, para mayor claridad y precisión, se manifestó en los siguientes términos:

“dentro del contenido de la sentencia absolutoria, se ordenó la entrega de los equipos incautados en el allanamiento practicado por la Fiscalía, dichos equipos fueron entregados por ese despacho el día 2 de abril de 2002 consistentes en dos (2) CPU; al destapar los equipos por nuestro técnico se observa que hacen falta los siguientes elementos:

1. Los discos duros (contienen programas de autoría registrada).

2. Las memorias.

3. Los dos (2) CD que contienen los programas o cursos de multimedia para aprender a manejar computadores elaborados por su autor; el señor Fernando Villegas.

En el acta de entrega, ese despacho manifiesta desconocer la ubicación de dichos discos que nos fueron confiscados en el momento del allanamiento por parte de la Fiscalía.

De conformidad con lo anterior, le solicito con el debido respeto hacer las respectivas averiguaciones a efecto de que nos sean devueltos los componentes y CD incautados” (fl. 81 cdn. 4).

En virtud de dicha solicitud, mediante Oficio 458 de abril 30 de 2002, el Juzgado Treinta y Seis Penal del Circuito de Bogotá requirió a la Fiscalía 179 Seccional de Bogotá para que se sirviera informar “a la mayor brevedad posible qué pasó con la totalidad de los elementos incautados a la señora Rosa María Martínez Camacho, el día 24 de marzo de 1998, (…)”.

Como respuesta al anterior requerimiento, la Fiscalía 179 Seccional Bogotá señaló:

“me permito remitirle copia del Oficio 526 de fecha 14 de agosto de 2000 por medio del cual el señor secretario de esta Fiscalía remitiera el sumario 404687 y los elementos que hacían parte del mismo, donde se observa claramente que los elementos fueron recibidos por el juzgado de reparto junto con el sumario” (fl. 91 cdn. 4).

Posteriormente, la señora Rosa María Martínez Camacho rindió declaración juramentada ante la mencionada autoridad judicial, en desarrollo de la cual, relató:

“Preguntado: Sírvase decir al despacho qué elementos le fueron incautados para el día 18 de marzo de 1999, en el allanamiento y registro por parte de la Fiscalía 302 Seccional al inmueble ubicado en la carrera 19 Nº 54-35 Barrio Galerías, se corrige esto fue el 24 de marzo de 1998, y precise a quién pertenecen estos elementos. Contestó: Incautaron como aparece en el expediente dos CPU de computadores por dentro de estas CPU contenían cada una su disco duro en ese tiempo de 10 gigas, memoria RAM, procesador, fuente de poder, los quemadores, la multimedia, toda la información la contenían los discos duros dicha información eran los cursos en CD que eran de autoría de mi esposo Fernando Villegas, con los cuales se estaba trabajando para poder sacar y reproducir estos CD los cuales se hacían por medio de los quemadores que fue para los que inicialmente se compraron. Pertenecían a la empresa Aplicaciones Digitales que en ese tiempo era de propiedad de mi esposo y mía. [La] Empresa estaba registrada en la Cámara de Comercio. Preguntado: Sírvase decir al despacho qué inventario realizó la DIJÍN y la Fiscalía al momento de realizar la incautación de los elementos que usted acaba de mencionar. Contestó: Ellos no hicieron inventario lo único que hicieron fue el acta de la inspección judicial, ellos incautaron tres CD quemados obviamente por nosotros porque contenían los cursos que estaban elaborados como anteriormente dijimos que eran de autoría del esposo, los cuales nosotros vendíamos a nuestros alumnos como material de apoyo complemento al curso que nosotros le dictábamos. Un disquette y dos CPU con sus respectivos quemadores multimedia que era lo que se veía a simple vista, parte física. Porque no destaparon las CPU que incautaron puesto que sus respectivos discos duros, procesadores, memoria y demás componentes de la CPU, en ningún momento ellos destaparon dichas CPU porque no tenían ni idea que así se llamaban las torres del computador, a mi esposo le preguntaron que ellos iban por unos quemadores que nosotros utilizábamos para quemar programas que cuáles eran esos quemadores y mi esposo se los mostró que estaban ahí en la CPU entonces por eso ellos se lo iban a llevar que esa era la prueba del delito fue así como él procedió a desconectarlos y le entregó las dos CPU en presencia de los señores que estaban ahí. Y también en mi presencia pues yo también estaba ahí. Preguntado: Sírvase decir al despacho qué elementos le fueron entregados por este juzgado y qué elementos le hacen falta de aquellos que le fueron incautados para el día de los hechos. Contestó: Me entregaron las dos CPU efectivamente a simple vista tenían los quemadores, la multimedia y la unidad de drive, a simple vista cuando yo llegué a la oficina los destapé, desatornillé la CPU, le quité la caja para hacerle una limpieza y revisar si aún estaban funcionando los equipos. Mi sorpresa fue que no tenía ni el disco duro ni las memorias, lo demás estaba, procedí nuevamente a enviar una carta aquí al juzgado donde daba comunicación de esto, por lo tanto aclaro que quedan pendientes los tres CD que eran los únicos que teníamos como originales de los cursos elaborados por mi esposo como herramienta de trabajo para los alumnos y obviamente en los discos duros eran los únicos que teníamos guardado la información de dichos cursos que eran autoría de mi esposo (la única herramienta de trabajo que teníamos). Cabe anotar que dentro del proceso están los certificados ante derechos de autor de dicho contenido editado y elaborado por el señor Fernando Villegas, en este momento con lo único que contamos es con esos registros porque todo el trabajo se perdió, porque estaban en los discos duros y en los tres CD que se llevaron” (fls. 96-97 cdn. 4) (se destaca).

Finalmente, obra una nueva acta de entrega de elementos a la señora Rosa María Martínez Camacho, en la cual se lee que:

“compareció ante el despacho del Juzgado Treinta y Seis Penal del Circuito la señora Rosa María Martínez Camacho (…), con el fin de hacerle entrega de los siguientes elementos: 4 CD ROM y dos disquetes, los cuales recibe la señora en mención a su entera satisfacción (…)” (fl. 100 cdn. 4).

Pues bien, del anterior recuento probatorio se tiene que los elementos incautados al centro educativo “Aplicaciones Digitales” durante la diligencia de allanamiento y registro, fueron los siguientes:

(3) CD con sus respectivas cajas.

(1) Disquette Dissan 100

(1) Disquette Sony con programas.

(2) Equipos duplicadores o quemadores marca Acer, uno de 35 X MAX y otro 24 X MAX y ambos con la inscripción “Cyryx”.

No obstante lo anterior, se encuentra debidamente acreditado que una vez fue absuelta la señora Rosa María Martínez Camacho de los cargos que se le imputaban, le fueron devueltos dichos elementos en dos entregas a satisfacción de la actora, según consta en las actas obrantes en el expediente de la referencia.

En efecto, en la primera entrega se devolvió lo siguiente: (2) equipos duplicadores o quemadores de compact disc, marca Acer, con la inscripción Cyryx; mientras que en la última entrega se hizo devolución de (4) CD ROM y (2) Disquettes.

En ese orden de ideas, esta Subsección no accederá al reconocimiento de dichos perjuicios, toda vez que se demostró que los elementos incautados a la plurimencionada institución educativa le fueron restituidos a la parte demandante en dos (2) entregas efectuadas por el Juzgado Treinta y Seis Penal del Circuito de Bogotá, los días 2 de abril y 19 de julio de 2002, respectivamente.

Aunado a ello, se observó que según lo dictaminado en el informe de carácter oficial, elaborado por laboratorio de acústica forense del CTI, sobre el material incautado se estableció que 3 CD-ROM no pudieron ser leídos y que además los disquettes se encontraban en estado de deterioro.

Así las cosas, esta Subsección modificará la decisión apelada, para en su lugar declarar la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por los hechos de la demanda y, por ende, exonerar de toda responsabilidad a la Policía Nacional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

7. (sic) Condena en costas.

Comoquiera que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Subsección se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Modifícase la sentencia apelada, esto es, la que dictó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el día 10 de noviembre de 2004, cual quedará así:

“1. DECLÁRASE administrativamente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación por los perjuicios derivados del error jurisdiccional alegado por la parte actora y, por ende, DENIÉGASE las pretensiones reclamadas en relación con la Policía Nacional.

2. CONDÉNASE en abstracto a la Fiscalía General de la Nación a pagar los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de la señora Rosa María Martínez Camacho.

3. CONDÉNASE por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente para el señor Fernando Enrique Villegas Vargas, la suma equivalente a 20 SMLMV.

4. Por daño moral, a favor de las personas y en los montos que se señalan a continuación, valores todos expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes:

Rosa María Martínez Camacho (víctima)60 SMMLV
Fernando Enrique Villegas Vargas (cónyuge)60 SMMLV
Andrés Felipe Villegas Martínez (hijo)60 SMMLV
Ricardo Villegas Martínez (hijo)60 SMMLV

Segundo. Confírmanse los demás numerales de la providencia impugnada.

Tercero. Sin condena en costas.

Cuarto. Expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Quinto. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Hernán Andrade Rincón—Mauricio Fajardo Gómez—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

(1) Sentencia de 16 de octubre de 2007, expediente 16.647.

(2) “(…) ante todo es procedente indicar al Despacho que se omitió correr traslado para sustentar el recurso interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, muy seguramente por venir sustentado el recurso de apelación en cuanto a su conducencia por tener vocación de segunda instancia, circunstancia que su despacho consideró procedente para admitir la apelación, pero no en cuanto al fondo del asunto”.

(3) Sentencia de 21 de febrero de 2011, exp. 17721.

(4) Auto de 22 de abril de 2008, exp. C-110010315000200800180 00.

(5) Sentencia de 20 de septiembre de 2007, exp. 15779, reiterada por esta Subsección en sentencia de 21 de febrero de 2011, exp. 17721.

(6) Las acepciones pertinentes que de las expresiones aquí referidas contiene el “Diccionario de la Lengua Española” de la Real Academia Española, publicado en Madrid en 1992, son las siguientes:

“saneamiento. M. Acción y efecto se sanear”.

“sanear. (De sano). (…) // 2. Reparar o remediar una cosa”.

(7) Daniel Pizarro, Ramón. Daño Moral. Prevención. Reparación. Punición. El daño moral en las diversas ramas del Derecho. Editorial Hammurabi. Págs. 531 y 532.

(8) Corte Suprema de Justicia; Sala de casación civil; Sentencia del 22 de agosto de 1924; M. P. Tancredo Nannetti; Gaceta judicial T XXI. p. 82.

(9) Ver entre otras las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de octubre de 1989, expediente. 5320, M. P. Gustavo de Greiff Restrepo, del 5 de junio de 2008, expediente 14526, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, del 7 de junio de 2006, expediente AG 001, M. P. Alier E. Hernández Enríquez, del 13 de abril de 2000, expediente. 11.892, M. P. Ricardo Hoyos Duque y del 11 de noviembre de 2009, expediente 17119 M. P. Mauricio Fajardo Gómez.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de octubre de 1989, expediente. 5320, M. P. Gustavo de Greiff Restrepo.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de agosto de 1993, expediente 8009. C. P. Daniel Suárez Hernández

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de abril de 1994, expediente 6828 C. P. Juan de Dios Montes Hernández.

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de abril de 1994, expediente 9367, C. P. Daniel Suárez Hernández.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de agosto de 1993, expediente 8009. C. P. Daniel Suárez Hernández.

(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2004, expediente AG-2002-00226. C. P. Ricardo Hoyos.

(16) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de mayo de 2012, expediente Nº 21269. C. P. Enrique Gil Botero.

(17) Dentro del acervo probatorio obra el respectivo registro civil de matrimonio de los señores Fernando Enrique Villegas Vargas y Rosa María Martínez Camacho; además se encuentran los registros civiles de nacimiento de los señores Ricardo y Andrés Felipe Villegas Martínez, elementos probatorios que acreditan la calidad de cónyuge e hijos de la víctima directa del daño, respectivamente (fls. 2-4 cdn. 1).

(18) Corte Constitucional, Sentencia C-539 de 1999, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En el mismo sentido cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto del 28 de junio de 1995, exp. 4571 M. P. Héctor Marín Naranjo.

(19 Corte Constitucional. Sentencia C-089 del 13 de febrero de 2002. M. P. Eduardo Montealegre Lynett.

(20) Al respecto ver: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 13 de abril de 2011. Expediente: 34145. M. P. Sigifredo Espinosa Pérez.

(21) http://conalbos.com/tarifas. Último ingreso: 6 de junio de 2013.