Sentencia 2003-00682 de marzo 17 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil dieciséis (2016).

Consejero Ponente:

Roberto Augusto Serrato Valdés

Rad.: Expediente 250002324000 2003 00682 01

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho

Actor: Fundación Infantil Los Ángeles

Demandado: UNIMEC S.A. EPS en liquidación

Ref.: Liquidación de entidades promotoras de salud

EXTRACTOS: «5. Consideraciones de la Sala

5.1. El acto administrativo enjuiciado.

Lo es la Resolución Nº 001 de marzo 13 de 2003, “(...) Por la cual se decide sobre sobre las reclamaciones de créditos presentadas oportunamente contra la UNIÓN DE USUARIOS MÉDICOS Y CAJAS UNIMEC ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. UNIMEC EPS S.A. —EN LIQUIDACIÓN—; los bienes que integran la masa de liquidación y los que gozan del beneficio de exclusión de la masa a liquidar; las reclamaciones aceptadas como sumas de dinero excluidas de la masa de la liquidación; los créditos aceptados con cargo a la masa de la liquidación, el valor y las condiciones en que es reconocido cada uno de estos créditos; los privilegios y la prelación para los pagos de los créditos reconocidos, las objeciones presentadas y las causales de rechazo de los créditos no aceptados (...)”, cuya parte resolutiva es la siguiente:

“(...) CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS BIENES QUE INTEGRAN LA MASA DE LIQUIDACIÓN 

ART. PRIMERO.—De conformidad con lo expuesto en el capítulo V, integran la masa de la liquidación todos los bienes actuales y futuros de UNIMEC EPS S.A. —EN LIQUIDACIÓN—.  

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS SUMAS DE DINERO EXCLUIDAS DE LA MASA DE LIQUIDACIÓN  

ART. SEGUNDO.—Aceptar y reconocer como obligaciones que se pagarán con el privilegio de exclusión de la masa de la liquidación, los valores señalados en las columnas del anexo Nº 7, correspondientes al régimen subsidiado a los titulares de las reclamaciones contempladas en los considerandos 7.3.2.5 y 7.3.2.7, las cuales una vez aporten la certificación exigida en el considerando 7.3.2.5, quedarán determinadas en forma individual y aceptadas definitivamente como sumas de dinero excluidas de la masa de la liquidación  

ART. TERCERO.—Aceptar el aumento del total de las cuantías reconocidas en el Artículo Segundo, por el cumplimiento de la condición establecida en el considerando 6.9 relacionada con el aporte de soportes.  

ART. CUARTO.—Restituir las sumas de dinero excluidas de la masa de la liquidación con sujeción, en lo pertinente, a las condiciones para la aceptación y prelación de créditos establecidas en los capítulos VI y VII de la presente resolución.  

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE LA MASA DE LIQUIDACIÓN 

ART. QUINTO.—Aceptar y reconocer los valores señalados en el anexo 5, como obligaciones que se pagarán con cargo al primer orden de la primera clase de los créditos a cargo de la masa de la liquidación, las reclamaciones determinadas en el considerando 7.4.1.1, correspondientes a obligaciones laborales.  

ART. SEXTO.—Aceptar y reconocer los valores señalados en el anexo 1, como obligaciones que se pagarán con cargo al segundo orden de la primera clase de los créditos a cargo de la masa de la liquidación, las reclamaciones determinadas en el considerando 7.4.1.2 correspondientes a obligaciones fiscales.  

ART. SÉPTIMO.—Aceptar y reconocer los valores señalados en el anexo 7, correspondientes al Régimen Contributivo, como obligaciones que se pagarán con cargo a la quinta clase de los créditos a cargo de la masa de la liquidación, a los titulares de las reclamaciones determinadas en el considerando 7.4.5, correspondientes a créditos quirografarios.  

PAR.—Aceptar y reconocer como obligaciones que se pagarán con cargo a la quinta clase de los créditos a cargo de la masa de la liquidación, los valores reconocidos en el artículo segundo del régimen subsidiado, a los acreedores que no cumplan la condición de aportar la certificación exigida en el considerando 7.3.2.5.  

ART. OCTAVO.—Aceptar el aumento del total de las cuantías reconocidas en los Artículos Quinto, Sexto y Séptimo, por el cumplimiento de la condición establecida en el considerando 6.9., relacionada con el aporte de soportes.  

ART. NOVENO.—Pagar los créditos aceptados en los artículos quinto, sexto y séptimo con sujeción, en lo pertinente, a las condiciones para la aceptación y prelación de créditos establecidas en los capítulos VI y VII de la presente resolución.  

CAPÍTULO CUARTO 

DE OBLIGACIONES SUJETAS AL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE LA LEY 550 DE 1999 

ART. DÉCIMO.—Aceptar y reconocer, los valores señaladas en las columnas del anexo Nº 7, correspondiente a la Ley 550 de 1990, a los titulares de las reclamaciones contempladas en el considerando 7.5. 

PAR. PRIMERO.—Aceptar y reconocer como obligaciones que se pagarán como créditos de la Ley 550 de 199, los valores reconocidos en el artículo segundo de los Bonos Serie A, a los acreedores que no cumplan la condición de aportar la certificación exigida en el considerando 7.3.2.5. 

PAR. SEGUNDO.—Pagar las obligaciones de largo plazo de la Ley 550 de 1999 una vez que queden cancelados los bonos series A, B y C del acuerdo.  

PAR. TERCERO.—Pagar las obligaciones no relacionadas en el inventario ni en la determinación de los derechos de voto, una vez queden canceladas las obligaciones de largo plazo de la Ley 550 de 1999.  

ART. UNDÉCIMO.—Pagar los créditos aceptados en el artículo décimo con sujeción en lo pertinente, a las condiciones para la aceptación y prelación de créditos establecidas en los capítulos VI y VII de la presente resolución.  

CAPÍTULO QUINTO 

DE LAS CONDICIONES PARA EL PAGO 

ART. DUODÉCIMO.—Condicionar el pago de las acreencias aceptadas en los artículos segundo, quinto, sexto, séptimo y décimo a las reglas establecidas en los considerandos 6.6 y del 6.8 al 6.16 de la presente resolución, cuando a ello hubiere lugar. 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LAS OBJECIONES 

ART. DÉCIMOTERCERO.—Por las razones expuestas en el capítulo VIII de la parte motiva, rechazar por improcedentes las objeciones relacionadas en el anexo 6.  

CAPÍTULO SEXTO 

DEL RECHAZO DE RECLAMACIONES 

ART. DÉCIMOCUARTO.—Rechazar los valores señalados en el anexo Nº 7, correspondiente al valor glosado a los titulares de las reclamaciones por los motivos determinados en forma genérica en los cuadros indicados en los considerandos 9.2, 9.4 y 9.5 e individualizados en el anexo Nº 8. 

ART. DÉCIMOQUINTO.—Rechazar las reclamaciones relacionadas con el reconocimiento de intereses moratorios y remuneratorios, la desvalorización monetaria, la compensación de obligaciones, el pasivo interno a cargo de la entidad y aquellas que por su naturaleza no son de competencia del liquidador, de conformidad con lo establecido en los considerandos 6.1 a 6.5 de la presente resolución. (...)”. 

En relación con la reclamación presentada por la demandante, el anexo Nº 7, “(...) RECLAMACIONES Y VALORES RECONOCIDOS - CUENTAS ASISTENCIALES REGÍMENES SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO (...)”, se establece que el valor total reclamado fue la suma de $ 249.048.720, de los cuales $ 168.944.118 lo fueron en el régimen subsidiado y $ 80.104.602 en el régimen contributivo, de los que fueron reconocidos $ 24.057.493 en el régimen subsidiado (fl. 62, t. 1, anexos del expediente).

5.3. El problema jurídico.

La Sala debe determinar en el presente caso, si el acto administrativo enjuiciado, (1) se encuentra falsamente motivado; y (2) si transgredió de las normas que le han debido servir de fundamento, en particular y conforme al recurso de apelación presentado por la parte demandante, del numeral 5º del Decreto 2418 de 1999.

Las razones por las cuales se considera que el acto administrativo demandado se encuentra falsamente motivado e igualmente que ha violado el numeral 5º del artículo 5º del Decreto 2418 de 1999, se exponen a continuación.

5.3.1. La falsa motivación del acto demandado.

Conforme lo ha señalado esta Sala, el vicio de la falsa motivación se presenta “(...) cuando la sustentación fáctica del acto carece de veracidad, es decir, no hay correspondencia entre lo que se afirma en las razones de hecho o de derecho que se aducen para proferir el acto y la realidad y/o jurídica (sic) del respectivo asunto. (...)”(1).

En el presente asunto, el apelante considera, contrario a lo manifestado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que sí identificó plenamente las facturas cuyo valor fue negado por UNMEC EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN, conforme el numeral 2.4 del memorial compilatorio de la demanda y su reforma.

Así mismo, considera que probó que el reconocimiento de las mismas fue solicitado dentro del proceso de liquidación; que con su reclamación allegó las facturas objeto de cobro, junto con sus correspondientes soportes; y que acreditó cuáles de esas facturas “(...) habían sido conciliadas con la demandante, cuáles habían sido glosadas, cuáles fueron conciliadas, cuáles fueron pagadas y cuáles fueron reconocidas dentro del proceso liquidatorio de UNIMEC (...)”, amparándose para el efecto en el dictamen pericial rendido en el proceso.

Para iniciar el análisis de los cargos formulados por el actor, inicialmente debe resaltarse que la Resolución Nº 001 de 13 de marzo de 2003 estableció el procedimiento aplicable al proceso de liquidación de UNIMEC S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN, lo cual no fue objeto de controversia por parte de la entidad demandada, así:

“(...) 3.1. Que el artículo 68 de la Ley 715 de 2001 dispone que la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá la intervención forzosa administrativa para administrar o para liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de explotación u operación de monopolios rentísticos cedidos al sector salud, empresas promotoras de salud e instituciones prestadoras de salud de cualquier naturaleza, así como en los de intervención técnica y administrativa de las direcciones territoriales de salud.  

3.2. Que en el artículo 2º de la Resolución 0553 del 04 de abril de 2002, la Superintendencia Nacional de Salud dispuso que, de conformidad con el Decreto 1922 de 1994, los procedimientos administrativos a aplicar en la liquidación forzosa administrativa de UNIMEC EPS S.A. —EN LIQUIDACIÓN—, en lo que sea pertinente serán los previstos en el Decreto-Ley 663 de 1993 y las demás normas que lo complementan y modifican.  

3.3. Que el artículo 32 del Decreto 1922 de 1994, al regular el procedimiento de la intervención para liquidar dispone que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto-Ley 1259 de 1994, los procedimientos administrativos para la intervención o toma de posesión para liquidar una entidad promotora de salud, en lo que sea pertinente, serán los previstos en el artículo 116 del Decreto-Ley 663 de 1993 y las demás normas que lo complementen o modifiquen.  

3.4. Que el artículo 1º del Decreto 1015 de 2002, dispone que de conformidad con el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, la Superintendencia Nacional de Salud aplicará en los procesos de intervención forzosa administrativa para administrar o para liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de explotación u operación de monopolios rentísticos cedidos al sector salud, las empresas promotoras de salud y las instituciones prestadoras de salud de cualquier naturaleza, así como en los de intervención técnica y administrativa de las direcciones territoriales de salud, las normas de procedimientos previstas en el artículo 116 del Decreto-Ley 663 de 1193, la Ley 510 de 1999, el Decreto 2418 de 1999 y demás disposiciones que lo modifican y desarrollan.  

3.5. Que el artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto Ley 663 de 1993 (en adelante E.O.S.F.) que regulaba los efectos de la toma de posesión para liquidar las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria fue modificado por la Ley 510 de 1999.  

3.6. Que el artículo 117 del E.O.S.F., modificado por el artículo 23 de la Ley 510 de 1999, regula la liquidación de las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria.  

3.7. Que el artículo 24 de la Ley 510 de 1999 facultó al Presidente de la República para señalar la forma como se desarrollará el proceso de toma de posesión y en particular la forma como se procederá a liquidar los activos de la entidad.  

3.8. Que en cumplimiento del artículo 24 de la Ley 510 de 1999 el Presidente de la República mediante el Decreto 2418 de 1999 determinó el procedimiento aplicable a las liquidaciones de entidades financieras.  

3.9. Que el artículo 5º del Decreto 2418 de 1999 establece el procedimiento liquidatorio de las entidades financieras, determinando cada una de las etapas de dicho proceso.  

3.10. Que el artículo 293 del E.O.S.F. establece que el proceso de liquidación forzosa administrativa es un proceso concursal y universal cuya finalidad esencial es la pronta realización de los activos y el pago gradual y rápido del pasivo externo a cargo de la respectiva entidad hasta la concurrencia de sus activos, preservando la igualdad entre los acreedores sin perjuicio de las disposiciones legales que confieren privilegios de exclusión y preferencia a determinada clase de créditos.  

3.11. Que de conformidad con lo expuesto, el procedimiento aplicable al proceso de liquidación forzosa administrativa de UNIMEC EPS S.A. —EN LIQUIDACIÓN—, es el contenido y regulado en el artículo 293 del E.O.S.F., en el artículo 5º del Decreto 2418 de 1999 y demás normas complementarias que regulan el procedimiento de liquidación forzosa administrativa de las entidades financieras. (...)”. 

El citado artículo 5º del Decreto 2418 de 1999, estableció:

“(...) ART. 5ºProcedimiento liquidatorio. El procedimiento liquidatorio se desarrollará en las siguientes etapas: 

1. Emplazamiento. Dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que se disponga la liquidación, se emplazará a quienes tengan reclamaciones de cualquier índole contra la entidad intervenida y a quienes tenga en su poder a cualquier título activos de la intervenida, para los fines de su devolución y cancelación. 

Para tal efecto, se publicarán por lo menos dos avisos en un diario de amplia circulación nacional y en otro del domicilio principal de la intervenida, durante dos (2) semanas consecutivas, con un intervalo no inferior a tres días hábiles. 

Copia del texto del aviso deberá, además, fijarse tanto en las oficinas principales como en las agencias y sucursales de la intervenida, en sitios a los cuales tenga acceso el público, así como en la secretaría general de la Superintendencia Bancaria y en el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Así mismo deberá divulgarse a través de los mecanismos de divulgación electrónica de que dispongan dichas entidades. 

El aviso contendrá: 

a) La citación a todas las personas que se consideren con derecho a formular reclamaciones contra la entidad a fin de que se presenten con prueba siquiera sumaria de sus créditos, en el lugar que al efecto se señale; cuando se trate de derechos incorporados en títulos valores deberá presentarse el original del título;(...)”. 

Cabe anotar que esta Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en relación con el régimen legal que gobierna a las entidades promotoras de salud en liquidación(2), resaltando que el liquidador de dichas entidades debe aplicar las disposiciones legales especiales que regulan su proceso de liquidación y no aquellas normas que se seguían cuando desarrollaba su objeto social. En tal sentido la corporación indicó:

“(...) Los actos acusados fueron expedidos por el liquidador de CAJANAL S.A. EPS, en liquidación, teniendo en cuenta que mediante el Decreto 4409 de 30 de diciembre de 2004, el Gobierno Nacional en uso de la facultad que le otorgó el artículo 52 de la Ley 489 de 1998, ordenó la disolución y liquidación de la sociedad CAJANAL S.A. EPS, cuya naturaleza jurídica era la de empresa industrial y comercial del Estado. 

El Decreto 4409 de 2004, en su artículo 2º dispone que el régimen de liquidación se someterá a las disposiciones del Decreto-Ley 254 de 2000 y a las especiales del acto de liquidación, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 52 de la Ley 489 de 1998, y en lo no previsto en dichas disposiciones, se aplicarán, en lo pertinente, los preceptos del Código de Comercio sobre liquidación, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de la entidad. 

A su vez el artículo 3º del Decreto 4409 de 2004 estableció como efecto de la liquidación ordenada, que CAJANAL S.A. EPS, en liquidación, conservará su capacidad jurídica, únicamente para realizar los actos, operaciones y contratos necesarios en orden a efectuar su pronta liquidación.  

El Decreto-Ley 254 de 2000, por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional, dispone en su artículo 1º(3): 

“ART. 1º—El presente decreto se aplica a las entidades públicas del orden nacional, respecto de las cuales se haya ordenado su supresión o disolución.  

En lo no previsto en el presente decreto deberán aplicarse, en lo pertinente, las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y del Código de Comercio sobre liquidación, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de la entidad.  

PAR.—Aquellas entidades del Estado que por su naturaleza tengan un régimen propio de liquidación, contenido en normas especiales, incluyendo las sociedades, continuarán rigiéndose por ellas”.  

Y el artículo 2º dispone:

El proceso de liquidación se inicia una vez ordenada la supresión o disolución de una de las entidades a las cuales se refiere el artículo 1º del presente decreto”. 

Así mismo, los artículos 23 y 24 ídem, rezan:

“ART. 23.—Dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que se inicie el proceso de liquidación, se emplazará a quienes tengan reclamaciones de cualquier índole contra la entidad en liquidación y a quienes tengan en su poder a cualquier título activos de la entidad, para los fines de su devolución y cancelación.  

Para tal efecto se publicarán avisos en la misma forma y con el mismo contenido, en lo pertinente, previsto por las normas que rigen la toma de posesión de entidades financieras.  

PAR.—En los procesos jurisdiccionales que al momento de decretarse la liquidación de la entidad se encontraren en curso y dentro de los cuales se hubieren practicado medidas cautelares sobre los bienes de la entidad en liquidación, levantada tal medida de acuerdo con lo dispuesto en el presente decreto, el o los actuantes deberán constituirse como acreedores de la masa de la liquidación”.

“ART. 24.—Término para presentar reclamaciones. El término para presentar reclamaciones, el traslado de las mismas y la decisión sobre ellas se sujetará a las disposiciones que rigen a las entidades financieras”. (Se resalta fuera de texto).

De lo reseñado colige la Sala que desde el momento en que se decretó la disolución y liquidación de la EPS CAJANAL S.A., le era aplicable el Decreto 254 de 2000, y no, como lo considera la actora, las normas que gobiernan las relaciones entre las EPS, IPS y ESE, es decir, los decretos 723 de 1997, por el cual se dictan disposiciones que regulan algunos aspectos de las relaciones entre las entidades territoriales, las entidades promotoras de salud y los prestadores de servicios de salud, y 046 de 2000, que dispuso que la totalidad de las entidades que administren recursos de seguridad social deberán cancelar íntegramente la parte de las cuentas que no hubieren sido glosadas.  

La actora en su recurso ante esta corporación, insiste en que las relaciones surgidas entre EPS, IPS y ESE, se encontraban reglamentadas por los Decretos 723 de 1997 y 046 de 2001 y que a ellas se debe ceñir el liquidador. 

Estima la Sala que dichas normas regulaban la procedencia y forma de los pagos a las IPS, en condiciones ordinarias, es decir, cuando la EPS está desarrollando su objeto social normalmente, o sea cuando presta el servicio de salud, situación muy distinta a la extraordinaria que se presenta cuando la entidad deja de cumplir su objeto social y debe someterse al proceso concursal y universal de liquidación para efectuar sus pagos de conformidad con las normas especiales. 

Esta sección mediante sentencia de 24 de septiembre de 2009 (Exp. 2001-0299-01, C.P. Dra. María Claudia Rojas Lasso), que la sala prohíja, en un caso similar expresó: 

“Corresponde a la Sala determinar si los actos proferidos por la EPS RISARALDA S.A. EN LIQUIDACIÓN se ajustan a derecho, pues el actor considera que el liquidador de dicha entidad no glosó las facturas de cobro presentadas oportunamente por los servicios médicos prestados a la EPS, dentro del término de 20 días que tenía para ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 723 de 1997(4). 

La toma de posesión que se hizo de la EPS RISARALDA S.A. mediante la Resolución 1940 de 13 de diciembre de 1999 de la Superintendencia Nacional de Salud tuvo por fin su liquidación, por lo cual le eran aplicables desde ese momento, las normas relativas a la liquidación de las entidades financieras y no como pretende el actor, las que regulan las relaciones entre las EPS y los prestadores de servicios de salud establecidas en el Decreto 723 de 1997.  

Como se indica, las normas para el procedimiento liquidatorio de las entidades financieras se encuentran contenidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, actualizado mediante el Decreto 663 de 1993 y modificado por la Ley 510 de 1999, cuya aplicación a la liquidación de las empresas promotoras de salud no ofrece duda alguna... 

Para la Sala correspondía al actor demostrar que en realidad la entidad demandada debía reconocerle la totalidad de los créditos presentados oportunamente, pues según el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil aplicable por reenvío del artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. (Negrillas fuera de texto).

Por considerarlo pertinente, la Sala Prohíja la sentencia de 25 de noviembre de 2012, expediente Nº 2007-00211-01, Actora: ESE Hospital Universitario HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA, quien demandó en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, entre otras, dos de los actos acusados en el presente caso, a saber, resoluciones 291 de 8 de noviembre de 2005 y 300 de 15 de diciembre de 2006, demandada: CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN, consejera ponente doctora MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ, en la cual esta sección, en lo pertinente, expresó: 

“Por lo tanto, teniendo en cuenta que el cobro de los créditos reclamados por el hospital demandante se realiza dentro de un proceso de disolución y liquidación, regulado por la ley de manera especial, mediante las disposiciones que fundamentan los actos administrativos acusados, referidas en párrafos precedentes, es claro que dicha normativa especial y no otra, es la aplicable para efectos de obtener el pago deprecado por el actor. Así lo ha sostenido la jurisprudencia de esta sala, al considerar que: 

“Respecto del proceso de liquidación forzosa, ha dicho la Corte Constitucional que es el proceso administrativo de liquidación forzosa de una entidad vigilada por la Superintendencia Bancaria, es un proceso concursal y universal, que tiene como objeto realización de los activos y el pago gradual y rápido de los pasivos externos a cargo de la respectiva entidad, hasta la concurrencia de sus activos; este procedimiento se orienta en el principio racional de justicia presentándose de tal forma la igualdad entre los acreedores, sin perjuicio de las disposiciones que confieren privilegios de exclusión y preferencia a determinada clase de créditos. Se refiere entonces a una modalidad fluida de control y de solución de situaciones de carácter económico que deben ser atendidas por el derecho público, y de extrema gravedad, que no pueden dejarse bajo el régimen ordinario de los concursos entre comerciantes, por cuanto su régimen es especial, pero existe una remisión al Código Contencioso Administrativo cuando se dice que “Los procesos de liquidación forzosa administrativa de entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria serán adelantados por los liquidadores y se regirán en primer término por sus disposiciones especiales.  

La medida preventiva de aviso de suspensión de los procesos ejecutivos en curso y la prohibición de iniciar otros nuevos, no es una innovación del Decreto 809 de 2002 sino que venía desde la Ley 510 de 1999 y también fue consagrada en el Decreto 2418 del mismo año. De conformidad con lo anterior, cuando el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades que le confieren el artículo 189, numeral 15, de la Constitución Política y el artículo 52 de la Ley 489 de 1998, ordena la disolución y liquidación del Banco Central Hipotecario y dispone medidas preventivas que corresponden a las normalmente aplicables en los casos de liquidaciones forzosas, no está excediendo el ámbito de su facultad ni mucho menos derogando disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil puesto que la suspensión de los procesos ejecutivos en curso y la prohibición de iniciar otros nuevos contra la entidad demandada, en liquidación, se salen del ámbito general de operabilidad de esos procesos. En este caso se trata de normas especiales que cobijan casos específicos y que, por lo mismo, priman sobre la reglamentación general. La prohibición de iniciar nuevos procesos ejecutivos en entidades intervenidas se aplica únicamente a las acreencias anteriores a la toma de posesión. Ello, por cuanto la recuperación de la entidad depende de su capacidad de realizar operaciones económicas, y esta capacidad desaparecería si los posibles contratistas de la entidad se dieran cuanta que ella es invencible ante cualquier demanda dirigida a obtener el pago de sus cuentas”.(5) (Negrillas y subrayas fuera de texto).

En ese orden de ideas, el demandante debió señalar cuáles de las normas que sí son aplicables al proceso de disolución y liquidación de CAJANAL S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN, fueron desconocidas en el curso del mismo y no acudir, como lo hizo, a una normativa ajena a éste para estructurar el cargo de nulidad que se estudia y que, en consecuencia, no prospera”. 

La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-140 de 2001, que resolvió la demanda presentada contra el Decreto 254 de 2000, refiriéndose a la naturaleza de la liquidación de entidades públicas, indicó: 

“En efecto, conviene recordar que una liquidación es un proceso universal, que tiene como fundamento el principio de igualdad entre los acreedores, salvo que exista una prelación o el privilegio entre las acreencias. Por ello, con el fin de asegurar esa igualdad, es necesario cancelar los embargos que en los procesos ejecutivos singulares hubieran podido decretarse contra la entidad, para de esa manera poder formar la masa de liquidación que sirva para cancelar a todos los acreedores, en igualdad de condiciones”.  

Precisado lo anterior se tiene que el artículo 293, numeral 1º, del Estatuto Financiero, define la naturaleza y objeto del proceso de liquidación forzosa de una entidad vigilada por la Superintendencia Bancaria, a cuyo tenor: 

“ART. 293.—Naturaleza y normas aplicables de la liquidación forzosa administrativa.  

1. Naturaleza y objeto del proceso. El proceso de liquidación forzosa administrativa de una entidad vigilada por la Superintendencia Bancaria es un proceso concursal y universal, tiene por finalidad esencial la pronta realización de los activos y el pago gradual y rápido del pasivo externo a cargo de la respectiva entidad hasta la concurrencia de sus activos, preservando la igualdad entre los acreedores sin perjuicio de las disposiciones legales que confieren privilegios de exclusión y preferencia a determinada clase de créditos.  

2....”. (Negrillas fuera de texto).

A su vez, el Decreto 2211 de 8 de marzo de 2004, por medio del cual se determina el procedimiento aplicable a las entidades financieras sujetas a toma de posesión y liquidación forzosa administrativa, en su artículo 23, previó que dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que se disponga la liquidación de la institución, se emplazará a quienes tengan reclamaciones de cualquier índole contra la intervenida y a quienes tengan en su poder, a cualquier título, activos de la intervenida, para los fines de su devolución y cancelación. El numeral a) ídem dispone que: 

“El aviso de emplazamiento contendrá lo siguiente: 

a) La citación a todas las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado que se consideren con derecho a formular reclamaciones de cualquier índole contra la institución financiera en liquidación, a fin de que se presenten con prueba siquiera sumaria de sus créditos, en el lugar que para el efecto se señale. Cuando se trate de derechos incorporados en títulos valores deberá presentarse el original del título. (Negrilla fuera de texto).

Y el artículo 25 ídem dispone que:

“Vencido el término para presentar reclamaciones, el expediente se mantendrá en la oficina principal de la entidad en liquidación en traslado común a todos los interesados por un término de cinco (5) días hábiles. Durante el término del traslado cualquiera de los interesados podrá objetar las reclamaciones presentadas, acompañando las pruebas que tuviere en su poder”. 

El parágrafo del artículo 26 ídem, dispone:

“Si el liquidador dudare de la procedencia o validez de cualquier reclamación prevista en el presente decreto, la rechazará”. (Negrilla fuera de texto).

Por su parte, el Decreto 1281 de 2002, “Por el cual se expiden las normas que regulan los flujos de caja y la utilización oportuna y eficiente de los recursos del sector salud y su utilización en la prestación”, dispone: 

“ART. 7º—Trámite de las cuentas presentadas por los prestadores de servicios de salud. Además de los requisitos legales, quienes estén obligados al pago de los servicios, no podrán condicionar el pago a los prestadores de servicios de salud, a requisitos distintos a la existencia de autorización previa o contrato cuando se requiera, y a la demostración efectiva de la prestación de los servicios. 

Cuando en el trámite de las cuentas por prestación de servicios de salud se presenten glosas, se efectuará el pago de lo no glosado. Si las glosas no son resueltas por parte de la institución prestadora de servicios de salud, IPS, en los términos establecidos por el reglamento, no habrá lugar al reconocimiento de intereses, ni otras sanciones pecuniarias”. (Negrilla y subraya fuera de texto).

Teniendo en cuenta las normas anteriores y la auditoría integral a cada una de las reclamaciones, la demandada rechazó algunas que corresponden a glosas médicas o administrativas, que fueron revisadas por el revisor fiscal delegado de la firma Auditora JAHV McGREGOR S.A. 

Mediante la Resolución acusada Nº 291 de 2005, el liquidador expuso los motivos de glosa asistenciales y administrativas, que le impedían realizar las reclamaciones que fueron presentadas en tiempo, tales como: mayor valor de UPC facturado, actividades no contratadas, servicios no autorizados, incumplimiento de los requisitos de la contratación estatal, no cumplimiento del contrato, valor no ejecutado de promoción y prevención, factura que no está a nombre de CAJANAL S.A. EPS, factura sin NIT del proveedor o sin registro de numeración consecutiva o de la razón social, o ilegible, incompleta, sin registro de fecha de elaboración, falta de firma del médico tratante o del usuario, no se anexa copia de los exámenes de diagnóstico, hoja quirúrgica incompleta o ilegible, actividad que no coincide con el soporte enviado, no hay factura, tratamientos fuera del POS-S, suministros no incluidos, evento que corresponde a accidente de trabajo, enfermedad profesional, o accidente de tránsito en lo que corresponda al SOAT, no se trate de atención de urgencias, medicamentos no pertinentes, inconsistencia con la edad y género, estancia prolongada, doble facturación, valores que superen precio del mercado, etc. 

Entre las glosas que incluyó en el componente jurídico, están las obligaciones prescritas y/o caducadas (factura, cheques girados, cuentas de cobro u otros), es decir, aquellas que se han extinguido, por no haber ejercido las acciones durante un lapso de tiempo. 

El acto en comento fue aclarado por error en una numeración, mediante la Resolución también acusada Nº 300 de 15 de noviembre de 2005.  

Contra los anteriores actos que se refirieron de manera general a las glosas que se presentaban frente a los reclamos que se hicieron en tiempo por parte de los acreedores de CAJANAL S.A. EPS, en liquidación, la actora presentó el recurso de reposición que procedía en este caso de conformidad con el artículo 28 del Decreto 2211 de 2004, como lo expresaron las Resoluciones acusadas. 

En respuesta, CAJANAL S.A. EPS, en liquidación, mediante la Resolución acusada Nº 921 de 30 de noviembre de 2006, consideró, en resumen, que para exigir el cobro de las facturas por prestación de servicios de salud se deben presentar de conformidad con el artículo 774 del Código de Comercio, y aclaró que la sola factura no basta, puesto que es necesario que el acreedor demuestre la efectiva prestación del servicio, como lo exige el artículo 7º del Decreto 1281 de 2002, antes transcrito, para lo cual el Hospital Federico Lleras Acosta ESE debe aportar los documentos que sirvan de soporte y los requerimientos que la ley determina, pues ambos elementos conforman una unidad para exigir el pago de una obligación clara, expresa y actualmente exigible, que preste mérito ejecutivo. 

En la resolución en comento, la demandada explicó que el archivo de CAJANAL S.A. EPS, en liquidación, no estaba en buenas condiciones y no existía acta de entrega formal e inventario de los archivos, por lo que inició una búsqueda exhaustiva de soportes tanto de la sede central en Bogotá así como de las seccionales, que pudieran determinar obligaciones a su cargo y éstos se incorporaron al expediente de cada acreedor, para ser tenidos en cuenta; que así mismo puso a disposición los archivos de la entidad. 

De manera que, como lo expresó la Resolución Nº 921 de 2006, con la orden de liquidación era imperativo realizar el proceso de reconocimiento de créditos de todos los acreedores que presentaran reclamación, por lo que se impuso la carga procesal de que se hicieran parte en el proceso, aportando la prueba de sus créditos que pretendían hacer valer. 

Con fundamento en lo expuesto es evidente que el liquidador debe someterse a lo que en el desarrollo del proceso liquidatorio resulte probado como una acreencia a cargo de la entidad demandada y a favor del demandante, y por ello puede rechazar la reclamación si duda de su procedencia o validez, y fija glosas, sobre las cuales el reclamante, en este caso, el Hospital Federico Lleras Acosta, tuvo oportunidad de desvirtuar. (...)”. 

Lo expresado por esta Sala permite señalar, entonces, que no pueden ser susceptibles de aplicación a la liquidación de UNIMEC S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN las disposiciones del Decreto 046 de 2000(6) (el demandante se refiere al Decreto 042 de 2000) a las que hace referencia el demandante en el recurso de apelación.(7)

En esa medida, igualmente, esta Sala considera que carece de valor probatorio el dictamen pericial formulado por la Señora Rita Stella Pérez Arango (anexo al expediente ppal.). El contenido del dictamen pericial es el siguiente:

“(...) ALCANCE 

Revisión total de las facturas enviadas por el HOSPITAL INFANTIL LOS ÁNGELES a EPS UNIMEC. 

Revisión de los registros contables, mediante los cuales se evidenció la causación de las facturas emitidas por el HOSPITAL INFANTIL LOS ÁNGELES a E.P.S. UNIMEC.  

LIMITACIÓN DEL ALCANCE 

No fue posible evidenciar el archivo de documentos y los registros contables de la EPS UNIMEC, en razón a que la EPS UNIMEC ya no funciona en la dirección que reposa en los archivos del proceso. Al indagar sobre la ubicación de la EPS y sus archivos, se pudo establecer que todos sus documentos fueron enviados para archivo a la empresa ALMARCHIVOS LTDA, ubicada en la carrera 59 Nº 17-24, sitio en el cual no responden.  

DICTAMEN PERICIAL 

Con base en la documentación enviada, a pesar de las limitaciones del alcance de otras pruebas, se concluye:  

1. De acuerdo con los registros contables, el valor adeudado por la EPS UNIMEC al HOSPITAL INFANTIL LOS ÁNGELES asciende a la suma de $ 153.837.195, dichos valores corresponde a facturas desde Mayo de 1999 hasta abril de 2002 (ver fls. del 1 al 5).  

Es de resaltar que los registros contables mencionados se encuentran debidamente soportados con las facturas cambiarias de compraventa y sus respectivos anexos, en estos últimos se evidencia diligenciado el espacio de la “firma del paciente”, en señal de recibido el servicio. 

2. El valor antes mencionado se encuentra reflejado igualmente en el libro oficial “mayor y balances” en el folio 107, tal como lo certifica la señora Janeth Liliana Solarte S. —jefe contable y financiero y el señor Jairo Antonio Galeano— tesorero del hospital (ver fl. 6), los cual confirma la existencia de la deuda de la EPS con el Hospital (...)”. 

Como soporte del dictamen pericial se allegan un estado de cuenta de cartera impreso por la parte demandante (fls. 5-9, dictamen pericial), una certificación igualmente expedida por la demandante que acredita una obligación a cargo de “(...) UNIMEC (...)”, por la suma de $ 138.855.023 para el régimen subsidiado y de $ 14.982.172 para el régimen contributivo, la cual es expedida con ocasión del dictamen pericial (16 de julio de 2007) y unos modelos de facturación.

La ampliación del dictamen pericial rendido el 11 de marzo de 2008 (fls. 504-509, cdno. ppal.) por dicha perito reitera lo señalado por esta Sala al manifestar:

“(...) 1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Analizados los documentos que reposan en el Hospital Infantil Los Ángeles, y comparada la información allí consignada con la información descrita en la demanda interpuesta por el doctor David Fernando Rojas Chaparro, se concluyó:  

(...) 

2. Ampliación de la demanda 

Con base en la petición realizada por el Dr. DAVID FERNANDO ROJAS CHAPARRO se complementa el dictamen pericial en los siguientes términos:  

(...) 

b) Determine si mi mandante lleva sus libros de contabilidad cumpliendo con los requisitos de ley para servir de medio probatorio y, además, para que previa la inspección directa de los mismos por parte de la perito, determine si, efectivamente, en los estados financieros de LA FUNDACIÓN se encuentra registrado el valor de las facturas identificadas en los numerales 2.4.1.1 a 2.4.2.12 de la demanda.  

R/ Analizadas las cifras en los estados financieros a febrero 11 de 2008 se evidencia que el HOSPITAL INFANTIL LOS ÁNGELES, lleva sus libros cumpliendo con las disposiciones emanadas del Código de Comercio y al Decreto 2649 de 1993.  

Adicionalmente se puede evidenciar en el anexo 7 (libro auxiliar de contabilidad) que los saldos de las facturas se encuentra debidamente registradas y por ende reconocidas. (...)”. 

En relación la función del juez al apreciar y valorar los dictámenes periciales practicados en los procesos judiciales a su conocimiento, el Consejo de Estado ha indicado que:

“(...) La Sala reitera que según el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil, el juez, al valorar o apreciar el dictamen, tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso. Con esto se quiere significar que el juez es autónomo para valorar el dictamen y verificar la lógica de sus fundamentos y resultados, toda vez que el perito es un auxiliar de la Justicia, pero él no la imparte ni la administra, por manera que el juez no está obligado a “... aceptar ciegamente las conclusiones de los peritos, pues si ello fuese así, estos serían falladores...”(8).  

En suma, el juez está en el deber de estudiar bajo la sana crítica el dictamen pericial y en la libertad de valorar sus resultados; si lo encuentra ajustado y lo convence, puede tenerlo en cuenta total o parcialmente al momento de fallar; o desechar sensatamente y con razones los resultados de la peritación por encontrar sus fundamentos sin la firmeza, precisión y claridad que deben estar presentes en el dictamen para ilustrar y transmitir el conocimiento de la técnica, ciencia o arte de lo dicho, de suerte que permita al juez de la causa otorgarle mérito a esta prueba por llegar a la convicción en relación con los hechos objeto de la misma(9). (...)”.(10) 

Esta sala, en el mismo sentido, ha señalado:

“(...) Conforme ha sido expresado por esta sala de decisión, “[d]el perito, en virtud de sus conocimientos especializados, se espera un criterio razonado y acorde con los fundamentos vigentes dentro de su ciencia o técnica. Con todo (...) el perito es un auxiliar de la justicia, no el juez mismo. Por esto su dictamen no es obligatorio para el juez, a quien le corresponde valorarlo. Mal podría edificarse un fallo sobre un dictamen que se muestra equivocado, arbitrario o confuso”(11). En consecuencia, y según el mandato contenido en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, el dictamen pericial debe valorarse de acuerdo con la sana crítica. Por ende, le corresponde al juez analizar el informe rendido tanto por sus conclusiones, como por sus fundamentos y por calidades e imparcialidad del perito. Y “si alguno de esos elementos no otorga la certeza suficiente para soportar el dictamen, simplemente, el dictamen pierde su valor”(12) (...)”.(13) 

Así mismo, la corporación ha considerado que la eficacia probatoria del dictamen de expertos está supeditada a la presencia de ciertos requerimientos, así:

“(...) 41.2. La sala, sin embargo, considera que el dictamen pericial allegado al expediente no permite establecer ni el valor actual del vehículo ni la depreciación sufrida hasta la fecha de esta sentencia. La corporación ha considerado que la eficacia probatoria del dictamen de expertos requiere que: (i) el perito informe de manera razonada lo que sepa de los hechos, según sus conocimientos especializados; (ii) el dictamen sea personal y contenga conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no de otras personas, por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar el concurso de técnicos, bajo su dirección y responsabilidad; (iii) el perito sea competente, es decir, un experto para el desempeño del cargo; (iv) no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad; (v) no se haya probado una objeción por error grave; (vi) el dictamen esté debidamente sustentado y sus conclusiones sean claras, firmes y consecuencia de las razones expuestas; (vii) sus conclusiones sean conducentes en relación con el hecho a demostrar; (viii) se haya surtido la debida contradicción; (ix) no exista retracto del mismo por parte del perito; (x) otras pruebas no lo desvirtúen; y (xi) sea claro y detallado, y que dé cuenta de los exámenes, experimentos e investigaciones”.(14) 

Revisado el dictamen pericial, encuentra la Sala que existen motivos serios para dudar de la imparcialidad del perito en la medida en que, la perito sustenta su experticia únicamente en la información que reposaba en la contabilidad de la Fundación Hospital Infantil Los Ángeles(15) y que el liquidador no pudo tener a su disposición para realizar la calificación de los créditos reclamados por la FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL LOS ÁNGELES, información que debió aportar en su momento al liquidador, en atención a que el régimen legal que regula el proceso de liquidación le impone a los acreedores el deber de hacerse parte en el proceso y presentarse “(...) con prueba sumaria de sus créditos (...)”.

Sumado a lo anterior, el dictamen se muestra contrario a la posición esbozada por la Sala consistente en que el liquidador de una entidad promotora de salud debe someterse a lo que en desarrollo del proceso de liquidación resulte probado como una acreencia a su cargo y a favor de la demandante, y por ello puede rechazar la reclamación si duda de su procedencia o validez, rechazo que se sustenta en la aplicación de “(...) glosas (...)”, las cuales resultan ser distintas de aquellas que en su momento, y cuando ejecutaba su objeto social, la entidad aplicó.

Es claro entonces que los argumentos expuestos en relación con las facturas cambiarias números 2481 del 6 de septiembre de 2000, 2536 de 3 de octubre de 2000, 2588 de 3 de noviembre de 2000, 2589 de 3 de noviembre de 2000, 2680 del 5 de diciembre de 2000, 2773 del 5 de enero de 2001, 2793 de 2 de febrero de 2001, 2794 de 2 de febrero de 2001, 2864 de 7 de marzo de 2001, 2950 del 9 de abril de 2001 y 2993 de 9 de mayo de 2001 (régimen subsidiado) y 2949 (régimen contributivo) no pueden ser aceptados por cuanto su sustento está en que no se acepta que el liquidador tuviera la facultad de establecer causales de rechazo a las reclamaciones y que, en consecuencia, solo son válidas aquellas realizadas por la entidad cuando se encontraba en marcha, facultad que, contrario a los citados razonamientos esbozados por la parte demandante, ha sido reconocida por la jurisprudencia de esta sala:

“(...) De manera que, como lo expresó la Resolución núm. 921 de 2006, con la orden de liquidación era imperativo realizar el proceso de reconocimiento de créditos de todos los acreedores que presentaran reclamación, por lo que se impuso la carga procesal de que se hicieran parte en el proceso, aportando la prueba de sus créditos que pretendían hacer valer. 

Con fundamento en lo expuesto es evidente que el liquidador debe someterse a lo que en el desarrollo del proceso liquidatorio resulte probado como una acreencia a cargo de la entidad demandada y a favor del demandante, y por ello puede rechazar la reclamación si duda de su procedencia o validez, y fija glosas, sobre las cuales el reclamante, en este caso, el Hospital Federico Lleras Acosta, tuvo oportunidad de desvirtuar. (...)”.(16) 

Adicionalmente, los argumentos de la entidad demandante se cimentan en un dictamen pericial que no puede ser tenido en cuenta en la medida en que para realizar el mismo, la profesional tuvo en cuenta documentos distintos a aquellos que componían la reclamación presentada por la entidad demandante al proceso de liquidación, y que fueron los que tuvo a la vista el liquidador de UNIMEC S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN para proferir el acto administrativo.

De otro lado, el actor insiste en el reconocimiento de unas facturas que no fueron objeto de calificación por parte del liquidador en la medida en que las mismas estaban integradas por unas facturas que cobraban los servicios prestados a determinados pacientes.

Así, las facturas cambiarias 2481 de 6 de septiembre de 2000, 2536 del 3 de octubre de 2.000, 2680 del 5 de diciembre de 2000, 2793 del 2 de febrero de 2000, 2794 del 2 de febrero de 2001, 2864 del 7 de marzo de 2001, 2950 del 9 de abril de 2001 y 1953 del 31 de enero de 2000, no se encuentran en el anexo Nº 8 de la resolución impugnada, sin embargo, sus facturas integrantes fueron objeto de calificación.

Para evidenciar lo anterior, tenemos que la factura cambiaria Nº 2481 de 6 de septiembre de 2000, se encuentra integrada por las facturas 120942, 121312, 124545, 118820, 127789, 123000, 127575, 128151, 127519, 127663, 127825, 127343, 126577, 126458, 125478, 123908, 121467, 125879, 124413, 122476, 123429, 123432, 122208, 122566, 122322 y 126506, pues dicha factura cobra servicios prestados en el mes octubre de 2000, a los afiliados de UNIMEC S.A. EPS, los cuales se individualizan en dichas facturas.

Estas facturas fueron rechazadas por el liquidador de UNIMEC S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN, ante la ausencia de los soportes documentales que acreditaran la efectiva prestación del servicio, en particular, dicho funcionario aplicó las glosas 03(17), 04(18), 05(19), 41(20), 42(21) 54(22) y 53(23), documentos que no reposan en la citada carpeta.

Debe mencionarse que la factura Nº 126506, si bien se encuentra en la relación del formato de glosa que reposa en la carpeta señalada por la parte demandante, no fue allegada físicamente ni se encuentra relacionada en el anexo Nº 8.

Adicionalmente, la factura Nº 127519 por valor de $ 17.100, se encuentra en la relación del formato de glosa que se reposa en la carpeta y fue allegada físicamente a la reclamación, sin embargo, no se hizo alusión a la misma en el anexo Nº 8, situaciones que no fueron alegadas por la entidad demandada.

Así mismo, la entidad demandante no dedicó esfuerzo alguno para desvirtuar los motivos de rechazo que fueron impuestas a las facturas cambiarias números 2588, 2589, 2773, 2198, 2339, 2045, 2105, 2128, 3027, 2772 (las anteriores pertenecientes al régimen subsidiado) y 2949 (régimen contributivo), en el anexo Nº 8 y, se repite, centró su análisis en que dichas facturas debían ser reconocidas en el proceso de liquidación por cuanto su valor no fue glosado o lo fue parcialmente cuando la entidad se encontraba en desarrollo de su objeto social, lo cual desconoce el régimen legal del proceso de liquidación.

Por lo anterior, esta Sala no puede compartir los argumentos esbozados por la parte demandante en su recurso de apelación y, en consecuencia, los mismos no tienen vocación de prosperidad.

5.3.1.(sic) La violación del numeral 5º del artículo 5º del Decreto 2418 de 1999.

El demandante consideró que se violaba ostensiblemente este artículo en la medida en que identificó que frente a las facturas 2408 de 4 de agosto de 2000, 2535 de 3 de octubre de 2000, 2863 de 7 de marzo de 2003, 2948 de 9 de abril de 2001, 2992 de 9 de mayo de 2001, 3040 de 12 de junio de 2001, 2409 de 4 de agosto de 2000, 2647 de 18 de noviembre de 2000, 2681 de 5 de diciembre de 2000, 2900 de marzo de 2001, 2984 de 8 de mayo de 2001, 3101 de 9 de julio de 2001, 2862 del 7 de marzo de 2001, 2985 de 8 de mayo de 2002, 3026 del 7 de junio de 2001 y 3309 de 7 de noviembre de 2001; y las cuentas de cobro 003 de 31 de enero de 2002, 006 de 31 de enero de 2002, 007 de 31 de enero de 2001, 009 del 4 de febrero de 2002, 12 de 7 de marzo de 2002, 15 de 8 de abril de 2002 y 16 de 8 de mayo de 2002, el proceso de liquidación no hizo pronunciamiento alguno.

Para desatar el cargo resulta necesario analizar cada una de las facturas señaladas, así:

5.3.1.1. La factura Nº 2408 no se encuentra relacionada en el anexo Nº 8 de la Resolución Nº 001 de 2003; sin embargo, se evidencia del formato anexo a la factura, que la misma está integrada por las facturas: 118356, 109715, 114772, 114748, 114291, 119261, 120304, 120307, 115384, 115609, 115987, 115882, 119842, 116925, 116846, 117455, 114514, 117310, 117428, 114778, 115922, 120262, 117975, 118821, 118584, 120273, 117956, 118509, 115892, 118508, 117086, 120342, 120710, las cuales fueron objeto de pronunciamiento por parte del liquidador de UNIMEC S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN, aplicándole, siguiendo dicho anexo, las causales de rechazo números 03(24), 04(25), 05(26), 06(27), 11(28), 14(29), 31(30), 41(31), 42(32) y 54(33), frente a las cuales el demandante no hizo pronunciamiento alguno.

Resulta claro, entonces, que el liquidador de UNIMEC S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN si se pronunció sobre dicha factura, calificando sus facturas integrantes.

5.3.1.2. La factura Nº 2535 de 3 de octubre de 2000, no se encuentra relacionada en el anexo Nº 8 de la Resolución Nº 001 de 2003; sin embargo, se evidencia del formato anexo a la factura, que la misma está integrada por las facturas: 130190, 132837, 128796, 131655, 133300, 132293 y 130509, las cuales fueron objeto de pronunciamiento por parte del liquidador de UNIMEC S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN, aplicándole, siguiendo dicho anexo, las causales de rechazo números 03, 04, 05, 06, 11, 14, 16(34), 31, 41, 42 y 54, frente a las cuales el demandante no hizo pronunciamiento alguno. El liquidador de UNIMEC S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN si se pronunció sobre dicha factura, calificando sus facturas integrantes.

5.3.1.3. La factura Nº 2863 de 7 de marzo de 2003, no se encuentra relacionada en el anexo Nº 8 de la Resolución Nº 001 de 2003; no obstante se evidencia del formato anexo a la factura, que la misma está integrada por las facturas 153522, 157587, 156660, 156994, 154918, 154922, 153867, 154045, 155100, 156203, 156024, 157171, 154998, 153749, 154941, 153921, 153917, 156661, 155579, 156659, 156079, 157183 y 156052. En la reclamación presentada al proceso de liquidación, la demandante manifiesta:

“(...) FACTURA 2863 alto costo CARPETA Nº 13 (Nº fls. 37):  

FACTURA 154918: Se adjunta copia de atención médica brindada y resultados de estudios diagnósticos.  

FACTURA 154922: Se adjunta copia de atención brindada y resultados de estudios diagnósticos.  

FACTURA 153867: Se adjunta copia de atención brindada y resultados de estudios diagnósticos.  

FACTURAS: 153522, 157687, 156660, 156994, 154045, 155100, 156203, 157171, 154998, 153749, 154941, 153921, 153917, 156661, 155579, 156659, 157183, Corresponden a glosas levantadas por ASD, aunque no pagadas. Se adjunta documento que ratifica las glosas levantadas por ASD (...)”. 

En la carpeta azul señalada por el actor únicamente se encuentra las facturas 154918, 154922 y 153867, respecto de las que el liquidador realizó el pronunciamiento respectivo, rechazándolas por las causales de glosa 03, 04, 05, 06, 16, 41 y 42.

5.3.1.4. La factura Nº 2948 no se encuentra relacionada en el anexo Nº 8 de la Resolución Nº 001 de 2003. Ahora bien, la misma se encuentra físicamente en la carpeta azul número 13 y se integra, de acuerdo con el formato de auditoría médica, por las facturas números 161933, 159408, 160982, 159539, 160538, 158703, 160754, 158275, 161517, 159358, 158277, 158337 y 161580.

Ahora bien, la reclamación presentada por la entidad demandante hace referencia a que pertenecen a esta factura, los títulos 159057, 161421, 159315 y 158262, lo cual muestra una evidente contradicción entre los documentos soportes que allegó con la reclamación y el escrito presentado para hacerse parte en el proceso de liquidación, lo cual no fue advertido por el apoderado judicial del demandante.

Las facturas relacionadas en el formato de auditoría médica fueron objeto de pronunciamiento por parte del liquidador de UNIMEC S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN, aplicándole, siguiendo dicho anexo, las causales de rechazo números 03, 04, 05, 06, 11, 14, 16, 41, 42 y 46(35), frente a las cuales el demandante no hizo pronunciamiento alguno. El liquidador de UNIMEC S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN si se pronunció sobre dicha factura, calificando sus facturas integrantes.

5.3.1.5. La factura Nº 2992 no se encuentra relacionada en el anexo Nº 8 de la Resolución Nº 001 de 2003. Ahora bien, la misma se encuentra físicamente en la carpeta azul número 8 y se integra, de acuerdo con el formato de auditoría médica, por las facturas números 163905, 164774, 165981 y 164224, las cuales fueron objeto de pronunciamiento por parte del liquidador de UNIMEC S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN, aplicándole, siguiendo dicho anexo, las causales de rechazo números 03, 04, 05, 06, 16, 41 y 42, frente a las cuales el demandante no hizo pronunciamiento alguno. El liquidador de UNIMEC S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN si se pronunció sobre dicha factura, calificando sus facturas integrantes.

5.3.1.6. La factura Nº 3040 no se encuentra relacionada en el anexo Nº 8 de la Resolución Nº 001 de 2003. Ahora bien, la misma se encuentra físicamente en la carpeta azul número 8 y se integra, conforme los soportes que se encuentran anexos a dicha carpeta, por las facturas 167411, 167410, 171128, 170813, 170349, 170179, 170172, 170698, 168828, 168283, 167895 y 170284.

Las facturas números 167410, 168828, 167895 y 170284 fueron reconocidas en el anexo Nº 8 en la suma de $ 19.307, $ 357.960, $ 16500 y $ 15.675. Las facturas restantes fueron glosadas por el liquidador imponiendo las causales de rechazo 03, 04, 05, 16, 41 y 42. El liquidador de UNIMEC S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN si se pronunció sobre dicha factura, calificando sus facturas integrantes.

5.3.1.7. En relación con la factura Nº 2409 de 4 de agosto de 2000, la reclamación presentada por la entidad demandante señala que está compuesta por la factura Nº 116506 (fl. 28, carpeta 19), la cual fue objeto de pronunciamiento en el anexo Nº 8 de la Resolución Nº 001 de 2003, a la cual se le aplicaron las glosas números 04, 05, 41, 42 y 53(36). El liquidador de UNIMEC S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN si se pronunció sobre dicha factura, calificando sus facturas integrantes.

5.3.1.8.- La factura Nº 2647 de 18 de noviembre de 2000, se encuentra físicamente en la carpeta número 5 y, conforme al reporte de auditoría médica, está compuesta por las facturas números 128884, 138774, 132381, las cuales fueron objeto de pronunciamiento por parte de la entidad en liquidación, en su anexo Nº 8, glosándola con los códigos 04, 05, 06, 41, 42 y 53, de lo cual no se percató la entidad demandante.

5.3.1.8. La factura Nº 2681 de 5 de diciembre de 2000, se encuentra relacionada en la reclamación y según la misma, conforme el formato de auditoría médica que acompaña a la factura física (carpeta azul Nº 5), está integrada por la factura Nº 143321 (fl. 28, carpeta azul Nº 19) la cual fue objeto de pronunciamiento por parte del liquidador de UNIMEC S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN, aplicándole las glosas números 03, 04, 05, 41 y 42, situación que no fue advertida por la parte demandante.

5.3.1.9. La factura Nº 2900 de 18 de noviembre de 2000, se encuentra físicamente en la carpeta número 5 y, conforme al reporte de auditoría médica, está compuesta por la factura número 156531 la cual fue objeto de pronunciamiento por parte de la entidad en liquidación, en su anexo Nº 8, glosándola con los códigos 04, 05, 41 y 42, de lo cual no se percató la entidad demandante.

5.3.1.10. La factura Nº 2984 de 8 de diciembre de 2000, se encuentra relacionada en la reclamación y según la misma, está integrada por la factura Nº 163226 y 164250 (fl. 28, carpeta azul Nº 19), acorde con el formato de auditoría médica que se encuentra anexa a la factura física (carpeta azul Nº 16), las cuales fueron objeto de pronunciamiento por parte del liquidador de UNIMEC S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN, aplicándole, a la factura Nº 164250 las glosas números 03, 04, 05, 06, 07(37), 16, 41 y 54 y, por el contrario, siendo reconocida la factura Nº 163226 por valor de $ 606.281.

5.3.1.11. La factura Nº 3101 de 9 de julio de 2001, se encuentra físicamente en la carpeta número 16 y, está integrada por las facturas números 173345 y 173072, conforme al reporte de auditoría médica, está compuesta por las facturas números 128884, 138774, 132381, las cuales fueron objeto de pronunciamiento por parte del liquidador de UNIMEC S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN, aplicándole, a la factura Nº 164250 la glosa número 06 y, por el contrario, siendo reconocida la factura Nº 163226 por valor de $ 2.168.505.

5.3.1.12. Las Facturas 2985 de 8 de mayo de 2002, 3026 de 7 de junio de 2001 y 3309 de 7 de noviembre de 2001; así como las cuentas de cobro 006 de 31 de enero de 2002, 007 de 31 de enero de 2001, 009 de 4 de febrero de 2002, 12 de 7 de marzo de 2002, 15 de 8 de abril de 2002 y 16 de 8 de mayo de 2002, fueron objeto de pronunciamiento en el anexo Nº 8, aplicándoles las citadas facturas las causales de glosa 03, 04, 05, 06, 11, 14(38) y 50(39).

Conforme a lo anterior, es posible evidenciar que, contrario a lo manifestado por el demandante, el liquidador de UNIMEC S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN si se pronunció en relación con las facturas reclamadas, reconociendo algunas de ellas, situación de la cual no se percató la entidad demandante, quien tampoco observó que las facturas cuyo reconocimiento solicitaba, cobraban servicios que se encontraban individualizados en sus facturas integrantes lo cual muestra un desconocimiento del acervo probatorio que reposaba en el expediente.

De otro lado, es necesario reiterar, ante la insistencia del demandante por darle valor probatorio al dictamen pericial y fundar en él la solicitud de reconocimiento de las facturas que menciona en su escrito de apelación, que el dictamen pericial carece de valor probatorio en la medida en que la perito no analizó la información que el liquidador tuvo en consideración para efectuar la calificación de los créditos reclamados por la FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL LOS ÁNGELES. Adicionalmente, el demandante insiste en rechazar cualquier glosa aplicada por el liquidador de UNIMEC S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN, lo cual es contrario a la jurisprudencia de esta Sala consistente en que el liquidador de una entidad promotora de salud debe someterse a lo que en desarrollo del proceso de liquidación resulte probado como una acreencia a su cargo y a favor de la demandante, y por ello puede rechazar la reclamación si duda de su procedencia o validez, rechazo que se sustenta en la aplicación de “(...) glosas (...)”, las cuales resultan ser distintas de aquellas que en su momento, cuando ejecutaba su objeto social, la entidad aplicó. Al respecto, nuevamente se reitera la posición de la Sala, así:

“(...) De manera que, como lo expresó la Resolución Nº 921 de 2006, con la orden de liquidación era imperativo realizar el proceso de reconocimiento de créditos de todos los acreedores que presentaran reclamación, por lo que se impuso la carga procesal de que se hicieran parte en el proceso, aportando la prueba de sus créditos que pretendían hacer valer. 

Con fundamento en lo expuesto es evidente que el liquidador debe someterse a lo que en el desarrollo del proceso liquidatorio resulte probado como una acreencia a cargo de la entidad demandada y a favor del demandante, y por ello puede rechazar la reclamación si duda de su procedencia o validez, y fija glosas, sobre las cuales el reclamante, en este caso, el Hospital Federico Lleras Acosta, tuvo oportunidad de desvirtuar. (...)”(40) 

Los argumentos del demandante, en consecuencia, no tienen vocación de prosperidad.

Finalmente, en el expediente (fls. 32-40, cdno. Consejo de Estado), se encuentra memorial enviado por la Superintendencia Nacional de Salud, en el cual la jefe de la oficina jurídica de aquella institución otorga poder amplio y suficiente a la doctora Diana Jacqueline Rodríguez Ojeda, identificada con la cédula de ciudadanía Nº 40.219.513 de Villavicencio y tarjeta profesional Nº 191.501, para que represente los intereses de aquella superintendencia en el trámite de este proceso. Sin embargo, observadas las piezas procesales del mismo, se encuentra que dicha superintendencia no fue vinculada a este proceso judicial, razón por la que no resulta procedente, entonces, reconocerla como apoderada judicial de dicha institución.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFÍRMASE la sentencia de diecisiete (17) de marzo de dos mil once (2011), mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, “Subsección B”, declaró no probadas las excepciones propuestas y negó las pretensiones de la demanda.

2. En firme esta providencia, remítase el expediente al tribunal de origen.

3. NEGAR la solicitud de reconocimiento de la doctora Diana Jacqueline Rodríguez Ojeda, como apoderada judicial de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, por las razones expuestas en esta providencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

Consejeros: Roberto Augusto Serrato Valdés, Presidente—María Elizabeth García González—María Claudia Rojas Lasso—Guillermo Vargas Ayala».

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala, Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil quince (2015), Rad. 11001-03-24-000-2013-00159-00, Actor: SOCIEDAD REDIBA S.A. ESP, Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil trece (2013), Rad. 25000-23-24-000-2007-90290-01, Actor: Hospital Federico Lleras Acosta ESE.

3 Esta disposición fue modificada por el artículo 1º de la Ley 1005 de 2006, que dispuso que “Los vacíos del presente régimen de liquidación se llenarán con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las normas que lo desarrollan”.

4 «Por el cual se dictan disposiciones que regulan algunos aspectos de las relaciones entre las entidades territoriales, las entidades promotoras de salud y los prestadores de servicios de salud» [...]

«ART. 3º—Del pago por conjunto de atención integral o pago por actividad. Cuando en los contratos se pacte por conjunto de atención integral o por actividad y no se establezcan los términos para el pago, deberá observarse el siguiente procedimiento: A partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, las entidades promotoras de salud deberán comunicar a los prestadores de servicios el período del mes en el cual recibirán las facturas o cuentas de cobro. Este período será de diez (10) días calendario.

La entidad promotora de salud tendrá un plazo de veinte (20) días calendario, contados a partir del vencimiento del período anterior, para revisar integralmente la cuenta y aceptarla u objetarla.

En caso de no objeción, la entidad promotora de salud deberá cancelar la cuenta dentro de los diez (10) días calendario siguientes al vencimiento del plazo estipulado en el numeral precedente».

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de noviembre de 2003, proferida en el expediente 2002-00356-01(8358), M.P. Dra. Olga Inés Navarrete Barrero.

6 ART. 8º—Modifícase el artículo 4º del Decreto 723 de 1997, el cual quedará así:

“ART. 4º—Pago a las instituciones prestadoras de servicios de salud y pago de objeciones. Las entidades promotoras de salud, cualquiera sea su naturaleza como entidades sujetas a lo previsto en el Decreto 723 de 1997, las administradoras del régimen subsidiado, las entidades que administren planes adicionales, las entidades que administren recursos del seguro obligatorio de tránsito y las demás que administren recursos de la seguridad social, deberán cancelar íntegramente la parte de las cuentas que no hubieran sido glosadas, en los términos contractuales, como condición necesaria para que la institución prestadora de servicios de salud esté obligada a tramitar y dar alcance a las respectivas glosas formuladas de la cuenta, siempre que la factura cumpla con las normas establecidas por la Dirección de Impuestos Nacionales. Se considera práctica no autorizada la devolución de una cuenta de cobro o factura de servicios sin el correspondiente pago de la parte no glosada, en los términos contractuales. La fecha de radicación de la factura debe corresponder a la fecha en la que esta se presentó por primera vez, ajustada a los requisitos formales antes mencionados, a partir de esta fecha correrán los términos establecidos en el Decreto 723 de 1997 para aceptar o glosar las facturas.

La radicación de la factura no implica la aceptación de la misma.

Las instituciones prestadoras de servicios de salud tendrán la obligación de aclarar ante las entidades promotoras de salud y demás a que aluden el inciso anterior, las glosas debidamente fundamentadas, dentro de los veinte (20) días siguientes a su comunicación formal. El saldo frente a las correspondientes glosas será cancelado en la medida en que estas sean aclaradas.

7 El apelante indica “(...) c) La falta de veracidad de la razón por la cual UNIMEC no accedió a efectuar el reconocimiento de esa deuda a favor de mi mandante, pues inclusive antes de que esa empresa fuera intervenida con fines liquidatorios, algunas de las glosas presentadas a las facturas de mi mandante habían sido aceptadas y las otras debidamente explicadas, explicaciones respecto de las cuales la demandada no hizo pronunciamiento alguno y por ello en los términos del artículo 8º del Decreto 042 de 2000, esas glosas debidamente explicadas se tornaron en inaplicables. (...)”.

8 Sentencia de 16 de abril de 2007, Exp. 25000-23-25-000-2002-00025-02(AG), M.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio, reiterada por esta Subsección en sentencia de 26 de noviembre de 2014, Exp. 760012331000200300834-02 (AG).

9 Ibídem.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Hernán Andrade Rincón (E), Bogotá, D.C., noviembre cuatro (4) de dos mil quince (2015), Rad. 70001-23-31-000-2002-00293-01(37499), Actor: Luis Ignacio Beltrán Barrios y otros, Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros.

11 Sentencia de 23 de enero de 2014, Rad. 25000-23-24-000-2005-00669-01, C.P. Guillermo Vargas Ayala.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 25 de marzo de 2003, Rad. 25000-23-27-000-2006-00173-01, C.P. Hugo Bastidas Bárcenas.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala, Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014), Rad. 25000-23-24-000-2010-00609-01(AP), Actor: Hermann Gustavo Garrido Prada y otros, Demandado: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, RED BULL COLOMBIA SAS y Ministerio de Salud.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2013, Exp. 27959, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 21 de marzo de 2012, Exp. 24250, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 16 de abril de 2007, Exp. AG-250002325000200200025-02, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

15 La perito manifiesta: “(...) No fue posible evidenciar el archivo de documentos y los registros contables de la EPS UNIMEC, en razón a que la EPS UNIMEC ya no funciona en la dirección que reposa en los archivos del proceso. Al indagar sobre la ubicación de la EPS y sus archivos, se pudo establecer que todos sus documentos fueron enviados para archivo a la empresa ALMARCHIVOS LTDA, ubicada en la carrera 59 Nº 17-24, sitio en el cual no responden (...)”.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil trece (2013), Rad. 25000-23-24-000-2007-90290-01, Actor: Hospital Federico Lleras Acosta ESE.

17 Servicio no autorizado. No hay autorización expedida por UNIMEC.

18 Falta de soportes: documento de identidad. No se presenta el documento de identidad para la comprobación de derechos del usuario.

19 Falta de soportes: carnet (evento). No se presenta el carnet del usuario al cual se le prestó el servicio.

20 Falta firma del responsable de la entidad. Toda factura debe venir firmada y sellada por el responsable de facturación de la IPS.

21 Falta firma del afiliado en el registro de actividades y/o en la solicitud de servicio. Toda factura debe venir firmada por el usuario o persona responsable de la misma. Lo mismo que todo soporte de autorización. En el caso de Apoyo terapéutico cada sesión debe venir respaldada por la firma del usuario y fecha de realización. La aceptación de cuentas por concepto de asistencia a varias sesiones debe venir con la firma y fecha a cada una de estas.

22 No se encuentra nota operatoria. (Descripción quirúrgica). Falta nota de un procediendo (sic) quirúrgico previamente autorizado o de urgencia

23 Falta soporte de la atención de urgencias. No se anexa la historia clínica o epicrisis de la atención de urgencia.

24 Servicio no autorizado. No hay autorización expedida por UNIMEC.

25 Falta de soportes: documento de identidad. No se presenta el documento de identidad para la comprobación de derechos del usuario.

26 Falta de soportes: carnet (evento). No se presenta el carnet del usuario al cual se le prestó el servicio.

27 Falta de soportes: resumen de H.C. y/o epicrisis; reportes LAB, RX, etc. La factura presentada carece de epicrisis o registro de atención individual, con los datos clínicos de la atención. La epicrisis o el resumen de atención debe ser legible en su totalidad. Se debe realizar nuevamente este documento, firmado por el profesional médico con registro. Resolución 3905/94 y Decreto 23 artículo 36 de febrero 10 de 1981 de Minsalud. La epicrisis debe tener los datos de la atención y debe justificar en su totalidad los conceptos liquidados en la factura individual por usuario. Para justificar la glosa se debe completar esta, firmada por un profesional con su sello. El resumen de atención debe contener la fecha y hora de ingreso y salida del paciente del servicio facturado.

28 Facturación no individualizada por paciente. Una vez auditadas las cuentas presentadas por evento se detecta que no se encuentra por paciente según lo establece la ley (no aplica para cuentas por capitación)

29 Facturas en fotocopia o incompletas. La factura en fotocopia deben presentar el sello de radicado por UNIMEC.

30 No es urgencia. La descripción del procedimiento y los soportes indican que la atención se realizó previa programación y se presenta autorización.

31 Falta firma del responsable de la entidad. Toda factura debe venir firmada y sellada por el responsable de facturación de la IPS.

32 Falta firma del afiliado en el registro de actividades y/o en la solicitud de servicio. Toda factura debe venir firmada por el usuario o persona responsable de la misma. Lo mismo que todo soporte de autorización. En el caso de apoyo terapéutico cada sesión debe venir respaldada por la firma del usuario y fecha de realización. La aceptación de cuentas por concepto de asistencia a varias sesiones debe venir con la firma y fecha a cada una de estas.

33 No se encuentra nota operatoria. (Descripción quirúrgica). Falta nota de un procediendo (sic) quirúrgico previamente autorizado o de urgencia

34 Cobro de más en procedimientos o servicios. Glosa justificada por el cobro de equipos, o procedimientos incluidos en UCI, según Resolución 5261 artículos 28 y 40. Acuerdo 209 artículo 108. Glosa realizada con base en la Resolución 5261 artículo 43. Se requiere justificación médica de la estancia prolongada del paciente en la IPS. Revisadas las facturas se encuentran procedimientos por paciente en donde se están cobrando mayor número de los realizados.

35 Las terapias no vienen autorizadas de acuerdo al número total de sesiones. Auditada la factura se encuentra que se realizaron un mayor número de actividades a las autorizadas.

36 Falta soporte de la atención de urgencias. No se anexa la historia clínica o epicrisis de la atención de urgencia.

37 Falta de claridad en DX – H.C o epicrisis. La epicrisis o el resumen de la atención debe ser legible en su totalidad. Se debe realizar nuevamente este documento, firmado por el profesional médico con registro. Resolución 3905/94 y Decreto 23 Artículo 36 de Febrero 10 de 1981 de Minsalud.

38 Facturas en fotocopias o incompletas.

39 Servicios autorizados no contratados (sin contrato).

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil trece (2013), Rad. 25000-23-24-000-2007-90290-01, Actor: Hospital Federico Lleras Acosta ESE.