Sentencia 2003-0068 de enero 22 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Rad.: 25000232400020030068701

Autoridades nacionales

Actor: Asociación de Usuarios Prestadora de Servicios Públicos del Teusacá, Progresar

Bogotá, D.C., veintidos de enero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Procede la Sala a examinar las argumentaciones expuestas por la parte actora en el recurso de apelación, ya que de conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala se limitará a pronunciarse solamente respecto los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso, pues los mismos, en el caso de apelante único, definen el marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.

El recurso de apelación

— En primer lugar la apelante manifiesta que la sentencia del tribunal desconoce que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca reconoció a través de Resolución 223 de 12 de agosto de 1998 a la Asociación de Usuarios Prestadora de Servicios Públicos de Teusacá, Progresar, como parte del proceso de concesión de aguas otorgada al municipio de Sopó, de acuerdo con el convenio suscrito entre el municipio de Sopó y la Asociación Progresar.

Indica que el proceso de concesión de aguas se inició a través de la Resolución 49 de 17 de febrero de 1996, expedida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, donde se fijó el plazo de 2 meses para la ejecución de las obras a partir de la expedición del acto administrativo; es decir las obras debían estar terminadas para el 17 de abril de 1996 y el caudal concedido fue de 17.36 litros por segundo.

Igualmente señala que a través de la misma Resolución 223, anteriormente mencionada, se modifica el caudal a 5.62 litros por segundo, es decir 16 meses después de ejecutadas las obras.

— La apelante señala que la providencia recurrida olvidó que los actos administrativos enunciados anteriormente, y expedidos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca son la prueba irrefutable de que los actos demandados emitidos por Corpoguavio, fueron expedidos de forma irregular y apoyados en una falsa motivación, ya que por una parte la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, otorga una concesión de aguas, reconoce a la Asociación de Usuarios Prestadora de Servicios Públicos de Teusacá, Progresar EPS, en el trámite y supervisa las obras ejecutadas en la margen occidental del río Teusacá, proceso iniciado desde el año 1996; y por otra Corpoguavio expide los actos sancionadores en el año 2003, bajo el supuesto de su competencia territorial, olvidando que de conformidad con lo anteriormente reseñado, Progresar es sujeto de derechos adquiridos otorgados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y por lo tanto Corpoguavio debió ratificar las actuaciones aprobadas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca dese el año 1996.

— Manifiesta la recurrente que por tener a favor los derechos adquiridos en la concesión de aguas otorgadas al municipio de Sopó, la Asociación de Usuarios Prestadora de Servicios Públicos de Teusacá, Progresar EPS, solicita en el año 1999 a Corpoguavio imparta su aprobación a las obras de la concesión de aguas otorgada para el Municipio de Guasca en un caudal de 13.6 litros por segundo, municipio con quien también suscribió convenio para servir las veredas de San Cayetano, Márquez de la Calera, San José del Triunfo y La Aurora, y que dichas obras ya se encontraban ejecutadas por la Asociación de Usuarios Prestadora de Servicios Públicos de Teusacá, Progresar EPS, desde el año 1996 y que derivan el acueducto necesario para servir las veredas en cita al haber sido ejecutadas en la margen occidental del río Teusacá.

— La apelante manifiesta que la sentencia recurrida, no tiene en cuenta que Corpoguavio, ante la solicitud referida en el párrafo anterior, inmediatamente da inicio a la visita técnica de la que resulta el informe de 17 de septiembre de 1999, dando apertura al proceso sancionatorio que conllevó a la expedición de los actos demandados de nulidad, desconociendo las actuaciones y aprobaciones impartidas por su similar la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en el año 1996.

— -Argumenta igualmente que el fallo recurrido, desconoce igualmente que para ejecutar las obras no requería de una licencia ambiental, como quiera que tal requisito solo fue fijado para aquellas obras que puedan causar deterioro grave a los recursos naturales renovables o notorias al paisaje de conformidad con la Ley 99 de 1993, articulo 49, y el acueducto construido por la Asociación de Usuarios Prestadora de Servicios Públicos de Teusacá – Progresar EPS, con base en los convenios suscritos con los municipios de Sopó y Guasca, no se ubica dentro de los dos citados eventos.

— Finalmente concluye manifestando que la providencia recurrida, desconoce que las entidades se sujetan al cumplimiento de ordenamientos legales para su desarrollo y cumplimiento del objeto para el cual fueron creadas y por tanto Corpoguavio, para el año de 1999, actuó con desviación de poder al supeditar la concesión de aguas otorgada al municipio de guasca, al cumplimiento de requisitos que no fueron fijados por la ley, tan solo a partir del año 2002 con la promulgación del Decreto Reglamentario 1713, se le dio facultad para crear procedimientos mediante los cuales se expedirían las concesiones. Así que la Resolución 120 de 1999, proferida por Corpoguavio, carece de legitimidad, legitimidad que no le puede conferir el despacho judicial.

El caso concreto

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca por Resolución 49 de 17 de enero de 1996, otorgó a favor de la Alcaldía de Sopó, concesión de aguas en caudal de 17.36 litros por segundo, para derivarla de la fuente conocida como río Teusacá, con destino a satisfacer las necesidades de consumo doméstico de la comunidad residente en las veredas de San Gabriel, Mercenario y Violeta, localizadas en el sector occidental de la fuente y las cuales hacen parte de la compresión territorial del Municipio de Sopó. (fl. 51 del Cu P).

Los artículos 3º y 4º de dicha resolución ordenaban lo siguiente:

“ART. 3º—Para captar el caudal otorgado, la beneficiaria debe presentar previamente a la corporación con destino al expediente 12535 los diseños, planos y memorias técnicas de las obras de captación, los caudales deben ser elaborados por un Ingeniero o firma de ingenieros debidamente inscritos en la corporación.

PAR.—Para la presentación de los planos y memorias técnicas, se concede un plazo de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.

A partir de la ejecutoria de la providencia que los apruebe, la concesionaria gozará de otro plazo de dos (2) meses para que construya las respectivas obras e informe de ello por escrito a la CAR, a fin de recibirlas.

ART. 4º—Ejecutadas la obras conforme a los planos previamente aprobados por la corporación, ésta impartirá su aceptación y sólo hasta entonces podrá usarse la concesión aquí otorgada” (resaltado fuera de texto).

Por convenio suscrito el 20 de diciembre de 1996 entre el municipio de Sopó y Progresar, “esta última se compromete voluntaria y gratuitamente a construir la infraestructura del acueducto veredal de San Gabriel, Mercenario y la Violeta del municipio de Sopó conforme estudios, diseños planos, interventoría, vigilancia y finalmente en cada etapa de aprobación para su puesta en marca por el municipio que lo entregará a su vez para su operación y mantenimiento a la empresa de servicios públicos Emsersopo. …” (fl. 62 del CuP)

Por Resolución 223 de 12 de agosto de 1998, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, modificó el artículo primero de la Resolución 49 de enero 17 de 1996, en el sentido de que la concesión será en caudal solamente de 5.62 litros por segundo y aprobó los diseños, planos y memorias para las obras de captación presentados por Progresar ESP y el alcalde Municipal de Sopó (fl. 60 del CuP.)

El 27 de mayo de 2002 la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, le informa al gerente general de Progresar, entre otras cosas, que “relacionado con las obras construidas por la empresa que usted gerencia, la captación de aguas del Río Teusacá y los expedientes que reposan en este corporación, se ha elevado consulta al Ministerio del Medio Ambiente, con el fin de establecer la competencia que tiene esta Dirección Regional o por el contrario la Corporación Autónoma Regional de Guasca, para conocer de todas las decisiones que se deben adoptar dentro de los trámites existentes y los demás que surjan de la actividad que se desarrolla, relacionada con la captación de aguas del río Teusacá las concesiones de aguas para los diferentes municipios”. (fl. 65 del Cu.P) (Resaltado fuera de texto)

El Ministerio de Medio Ambiente contestó la consulta de la Corporación Regional de Cundinamarca con oficio suscrito por la Jefe de la Oficina Jurídica, Rosangela Calle Velásquez, en dicho oficio el Ministerio señaló (fl. 74 del Cu. P):

“Doctor

Samuel Arango Mantilla

Director Regional

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Referencia: Consulta relacionada expedientes 12535, 773 y 2828 de esa corporación.

Apreciado Doctor Arango:

En atención a la consulta por usted formulada en relación con el asunto de la referencia, una vez analizados los antecedentes por usted relacionados, no permitimos conceptuar de la siguiente manera:

1. Respecto de la cual es la Corporación Autónoma Regional que tiene competencia para conocer de los trámites de concesión de aguas que abastecerán o abastecen los municipios de Sopó, La Calera y Chía teniendo en cuenta que estas se captan en jurisdicción del Municipio de Guasca, es sin lugar a dudas Corpoguavio que este municipio pertenece al área de su jurisdicción.

2. En cuanto a si es procedente el trámite sancionatorio iniciado por Corpoguavio, en relación con las obras construidas y las captaciones realizadas sin que mediara para ello una concesión legalmente otorgada por Corpoguavio, es necesario considerar que siempre que exista aprovechamiento ilegal de recursos naturales renovables, hay violación de la normatividad ambiental y si bien es cierto que existen solicitudes de agua de la misma fuente ante la CAR, también es cierto se ejecutaron obras en una jurisdicción diferente e iniciaron el aprovechamiento de las mimas sin que mediara permiso para ello por parte de la autoridad competente.

La irregularidad fue generada por los interesados en la medida en que al momento de construir las obras debieron cerciorarse de que estas se realizarán dentro del área de jurisdicción de la CAR y conforme a las especificaciones dadas por esta corporación en el caso del municipio de Sopó y el aprovechamiento de las aguas no debería haberse iniciado sino hasta cuando la CAR recibiera las obras a satisfacción; en los demás casos la situación en mucho más grave porque en relación con Chía es claro que aún no se ha hecho asignación de caudal y en el caso de la Calera se pretende que la CAR acepte una obra de captación que está captando aguas en jurisdicción de otra autoridad ambiental.

3. En relación con si es procedente adelantar sancionatorio por parte de la CAR respecto de las redes de conducción que atraviesan áreas de jurisdicción de esta corporación, consideramos que este aspecto no constituye violación de la legislación ambiental; la violación a la legislación está dada por el uso y aprovechamiento ilegal del recurso hídrico, la cual se configura en estos casos por la captación sin concesión, hecho este que se da materialmente en jurisdicción de Corpoguavio.

4. Respecto de los actos administrativos expedidos por la CAR en todos y cada uno de los casos referenciados, se recomienda:

• En lo que corresponde al caudal concesionado al municipio de Sopó, que tramitó concesión de aguas de la CAR, lo procedente es que la CAR efectivamente adelante y culmine el trámite de caducidad que informa haber iniciado, en razón a que efectivamente la concesión otorgada a este municipio no está siendo aprovechada en las condiciones que administrativamente se determinaron para ello en las resoluciones 49 de 1996 y 223 de 1998.”.

• Igualmente deberá procederse en relación con la concesión de aguas otorgada para el municipio de La Calera en virtud de la Resolución 47 de 1999 modificada por la Resolución 53 de 2001.

• Respecto de los trámites actualmente

adelantados en relación con la concesión de aguas solicitada por el municipio de Chía, se deberá expedir auto interlocutorio en el sentido de suspender dicho trámite con fundamento en los antecedentes según los cuales el caudal solicitado en concesión se captará en el área de jurisdicción de Corpoguavio.” (Resaltado y subraya fuera de texto)

En efecto, asumiendo sus competencias y a raíz de una solicitud de concesión de aguas para dos veredas del municipio de Guasca, hecha por Progresar EPS, Corpoguavio realiza visitas técnicas a las obras realizadas por Progresar EPS (obras realizadas con ocasión de la concesión de aguas otorgada por la CAR por Resolución 49 de enero 17 de 1996 al municipio de Sopó y el convenio realizado entre el municipio de Sopó y Progresar). Los informes técnicos de las visitas 40 de 4 de septiembre de 1998 (fl. 90, cuaderno de antecedentes) y 100 de diciembre 7 de 2001 (fl. 131, cdno. de antecedentes), revelaron el uso ilegal de las aguas por parte de la empresa Progresar EPS, por lo que específicamente el acto sancionatorio acusado, Resolución 15 de 17 de enero de 2003, señala en la parte pertinente:

“Corporación Autónoma Regional del Guavio

Corpoguavio

Resolución 15 de 17 ene 2003

"Por la cual se resuelve de fondo un trámite administrativo sancionatorio, se impone una multa y se toman otras Determinaciones"

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Guavio "Corpoguavio", en ejercicio de sus facultades legales, estatutarias y en especial las otorgadas en la ley 99 de 1993 y,

Antecedentes

“…

Que finalmente se practicó visita por parte de los funcionarios adscritos a la subdirección de gestión ambiental; de Corpoguavio los cuales mediante el informe técnico 100 de fecha 7 de diciembre de 2001, donde concluye: que se viene haciendo uso del recurso hídrico de manera ilegal por parte de la Empresa Progresar, asimismo no cuenta con los debidos permisos por parte de la entidad correspondientes a la construcción de las obras y por último el proyecto es supremamente sobredimensionado, la forma como se realiza la captación es inadecuada, como quiera que no garantiza la el caudal definido.

Que mediante la Resolución 19 de enero 10 de 2002, se inició trámite administrativo sancionatorio y se formularon cargos en contra de la Empresa Asociación de Usuarios Prestadora de Servicios Públicos del Teusacá Progresar ESP, representada legalmente por el señor Camilo Quintana Mallarino por la presunta violación de lo preceptuado en los artículos 88, 163, 339 y 305 del Decreto 2811/74; artículos 30, 36, 51, 54,97,55 del Decreto 1594/84; artículos 3o, 25, 28, 39 numeral 1°8, 41, 59, 104, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 188, 199, 206,. 232, 236, 239 numeral 8º, 253, 277 del Decreto 1541/78 en concordancia con el artículos 31 numeral 17, 83, 84 y el artículo 85 con el parágrafo 3º de la Ley 99 de 1993 y con los artículos 2º y 8º Numeral 14 y 15 del Decreto 1753/94, relacionadas principalmente con la captación de aguas sin el cumplimiento de requisitos legales, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Providencia notificada el 14 de marzo de 2002.

“…

“Consideraciones del despacho

“…

“Que con referencia al cargo de tener obras de captación ilegales por haber sido construidas sin previa autorización, revisados nuestros archivos no reposa la aprobación de las obras y menos las de sus ampliaciones, siendo necesario aclarar al señor Quintana Mallarino que Corpoguavio entró a funcionar en marzo de 1995, por creación de la Ley 99/93 y que para la fecha de construcción de las obras de Progresar ESP., ya se había dado la entrega formal de expedientes de la CAR Cundinamarca a Corpoguavio,

“Que no obstante, de no tenerse en cuenta los descargos presentados por el doctor Luis Alejandro Tovar Arias, es necesario hacer referencia al argumento sustentado en el principio de la Buena Fe; como quiera que obra en el expediente la Resolución 223 del 12 de agosto de 1998, visto a folio (79) que aprueba unos planos, (fase 1)) localizados en el sector occidental, por lo que los funcionarios adscritos a la Subdirección de Gestión Ambiental de Corpoguavio practicaron visita el día 4 de septiembre de 1998, donde se comprobó que se venían adelantando trabajos en la margen derecha del río Teusacá costado oriental y que para ese momento no contaban con los respectivos permisos y autorizaciones expedidas por esta entidad.

“…

“Que asimismo esta providencia que otorgó concesión de aguas a favor de La Alcaldía Popular de Sopó, en un caudal de 5.62, que al ser verificado por los funcionarios de control y vigilancia de Corpoguavio, se comprobó (informe técnico 100) que la Empresa Progresar capta ilegalmente agua en unos caudales aproximados a 33 LPS y que de acuerdo al administrador de la planta son 25. LPS.

“Que de lo anterior es evidente, la flagrante violación al articulo 239 del Decreto 1541/78 que prohíbe "la utilización de mayor cantidad de la asignada en la concesión o permiso". En el evento de contarse con esta providencia y de partir del supuesto que se tuviere concesión de aguas otorgada a favor de Progresar ESP., y no como lo que ocurre en el caso en comento que el concesionado por CAR Cundinamarca es el municipio, asociado esto a que revisado el expediente no se encontró acto administrativo que compruebe que la CAR, aprobó las obras de captación.

“Que así las cosas, la Empresa Progresar presentó ante Corpoguavio solicitud de concesión de aguas mediante memorial de fecha 15 de septiembre de 1997, por lo que, ésta Entidad dio inicio al trámite administrativo mediante auto 964 del 19 de agosto de 1998, y en desarrollo del trámite procesal, los funcionarios adscritos practicaron visita el día 4 de septiembre de 1998, para verificar la existencia de la construcción de las obras de captación, en esta misma diligencia se dio trámite a la oposición de concesión que hizo el señor Manuel Merizalde, asimismo se hizo presente la administración municipal de Guasca representada por el doctor Dumar Pinzón secretario de gobierno y secretario de la oficina de planeación quien informó que las obras no contaban con ningún permiso de construcción,

“Que en este orden de ideas y después de haber analizado uno a uno los cargos, descargos, las piezas procesales que obraban en el expediente y las que fueron anexas al escrito de descargos, se procede a evaluarlos y a establecer que la empresa Progresar S.A., ESP, infringió la normatividad ambiental al hacer uso ilegal de aguas y al construir un sistema de tratamientos de aguas sin la debida autorización, estableciéndose la violación entre otras normas de lo preceptuado en los artículos 88, que dice: Salvo disposiciones especiales, sólo puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión. So pena de ser sancionado conforme lo establecen los articulo 163, 339 y 305 del Decreto 2811/74; 

“Que según lo normado en los artículos 30, 36, 51, 54, 55, 97, del Decreto 1594/84; dispone: todo usuario del agua que no haya legalizado su uso de conformidad con el decreto 1541/78 deberá solicitar la correspondiente concesión de aguas, para cuya expedición se tendrán en cuenta las disposiciones del presente decreto; que también es aplicable a los responsables de la administración de los acueductos urbanos o rurales, los artículos 3º, 25, 28, 39, enuncia el derecho al uso de las aguas de conformidad con la normatividad ambiental vigente, asimismo los artículos 8º, 41, 59, este último dice: En las solicitudes para usar aguas para prestar servicios públicos deberán indicarse todos los detalles de las obras, la extensión y el número de predios o de habitantes que se proyectan beneficiar, el plazo del cual se dará al servicio y la reglamentación del mismo 104, 125,126, 127, 128, 129, 130, 188, 199, 206,232, 236, numeral 8, Utilizar las obras de captación, control y conducción, almacenamiento o distribución sin haber presentado previamente la documentación técnica. Articulo 239, 253, 277.

“Que en cuanto a la violación a las normas descritas sobre protección ambiental o sobre el manejo de los recursos naturales se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 85, parágrafo 3º de la Ley 99/93 y los artículos 2º y 8º numerales 14 y 15 del decreto 1753/94, establece la necesidad de la Licencia Ambiental en lo atinente a acueductos, bajo el entendido que poseen registros de inscripción de las comunidades como: San Gabriel, Mercenario, la violeta de sopó, Márquez de la Calera, Yerbabuena de Chía y Santa Isabel de Potosí.

“Que de lo anterior es claro que las acciones de Progresar S.A. ESP, como empresa prestadora de un servicio público domiciliario se deben imputar como muy graves toda vez que el agua, es considerada como el recurso vital para el desarrollo humano, lo que genera especial cuidado y protección por parte de las autoridades debidamente constituidas y establecidas para tal fin.” (…)”(resaltado y subrayas fuera de texto)

El principal argumento de la apelante consiste en que al tener un derecho adquirido derivado de la concesión de aguas otorgado al Municipio de Sopó por Resolución 49 de 17 de febrero de 1996 y el convenio suscrito con el Municipio de Sopó, para la construcción de las obras referentes a dicha concesión; y al haberse aprobado por Resolución de la CAR 223 de 12 de agosto de 1998 los diseños, planos y memoras para las obras de captación del caudal, presentados por la actora, Corpoguavio debe respetar las actuaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca que generaron dichos derechos adquiridos.

Al respecto la Sala señala lo siguiente:

La Resolución 49 de 17 de febrero de 1996, transcrita anteriormente, otorgó la concesión de aguas al municipio de Sopó, y ordenó la presentación de los planos y memorias dentro un plazo de dos meses contados a partir de la ejecutoria de la mencionada resolución; también ordenó que a partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe los planos y memorias la concesionaria gozaría de otro plazo de 2 meses para que construir las respectivas obras e informar de ello a la CAR a fin de recibirlas. Igualmente advierte que ejecutadas la obras conforme a los planos previamente aprobados por la corporación, esta impartirá su aceptación y sólo hasta entonces podrá usarse la concesión otorgada” (Resaltado y subrayado fuera de texto).

Pero el apelante afirma que la Resolución 49 de 17 de febrero de 1996 fijó el plazo de 2 meses para ejecución de las obras, a partir de la expedición del acto administrativo, es decir que las obras debían estar terminadas para 17 de abril de 1996

Contrario a ello, Progresar realmente debía presentar los planos y memorias hasta el día 17 de abril de 1996, y a partir de la ejecutoria de la providencia que aprobara los diseños, planos y memorias, es decir, la Resolución 233 de 12 de agosto de 1998, podía comenzar las obras y tendría 2 meses para realizarlas, no antes. Luego de ello, Progresar estaba en la obligación de informar a la CAR la ejecución de las obras, para que ésta impartiera su aceptación o aprobación y solamente hasta la conclusión de esta etapa podría usarse la concesión.

Ahora bien, Progesar, comienza la ejecución de las obras aún antes de presentar los planos, así se evidencia de lo dicho por Progresar en la demanda:

“5. El municipio de Sopó, ante la mora de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en la toma de decisiones, incumple el convenio de apoyo celebrado con la Asociación de Usuarios Prestadora de Servicios Públicos de Teusacá, Progresar ESP, situación que se dio a conocer a la CAR en comunicación de fecha 14 de abril de 1998, amén de insistir en la responsabilidad que le cabe a la CAR frente a la asociación toda vez que las obras se encuentran ejecutadas en un 98% por tales razones Progresar ESP solicita se dé inicio a la concesión de aguas de aguas derivada de la ejecución de las obras ordenadas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca mediante la Resolución 49 del 17 de enero de 1996, obras de captación de aguas totalmente pagadas por la Asociación de Usuarios Prestadora de Servicios Públicos de Teusacá, Progresar ESP.

El 6 de mayo de 1998 la Asociación de Usuarios Prestadora de Servicios Públicos de Teusacá - Progresar ESP, aporta ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, los planos, diseños y memorias de la totalidad de las obras ejecutadas, mediante inversión a través de aportes de los propietarios, obras que en su totalidad ascienden a la suma de $1.300.000.000.

Es así como las obras se realizaron sin estar aprobados los planos y memorias los cuales fueron aceptados, como ya se estableció mediante Resolución 223 de 12 de agosto de 1998.

Además, no existe prueba de que la CAR, hubiera aprobado las obras realizadas por Progresar, ya que pesar de que la actora en su escrito de demanda manifiesta que las obras se aprobaron por medio de la Resolución 233 de 12 de agosto de 1998 (fl. 5, cdno. Ppal.), misma fecha en que se aprobaron los diseños, planos y memorias, no obra dicha prueba dentro del plenario.

Y por lo tanto de conformidad con lo ordenado en la Resolución 49 de 1996, solo hasta la aprobación de las obras podría usarse la concesión otorgada.

Dadas todas las irregularidades cometidas por Progresar especialmente el hecho de no encontrarse aprobadas las obras, para poder usar la concesión, la Sala encuentra que no existe un derecho adquirido que pueda ser exigido por Progresar y justifica la decisión sancionatoria de Corpoguavio ya que se encuentra haciendo uso ilegal de las aguas.

Además la asociación apelante, no refutó el hallazgo hecho por los funcionarios de Corpoguavio en la visita realizada a las obras el 7 de diciembre de 2001, y contenido en el informe técnico 100, en el sentido de que la Resolución 49 de 17 de enero de 1996, modificada por la Resolución 223 de 12 de agosto de 1998 otorgó concesión de aguas a favor de la Alcaldía Popular de Sopó en un caudal de 5.62, y los funcionarios comprobaron en la fecha de la visita que la Empresa Progresar capta ilegalmente agua en un caudal aproximado a 33 LPS, lo que también evidencia el uso ilegal de aguas.

Por otro lado, la apelante argumenta que para ejecutar las obras no requería de una licencia ambiental, como quiera que tal requisito solo fue fijado para aquellas obras que puedan causar deterioro grave a los recursos naturales renovables o notorias al paisaje de conformidad con la Ley 99 de 1993, articulo 49.

La Ley 99 de 1993 establece en su artículo 49:

“ART. 49.—De la obligatoriedad de la licencia ambiental. La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental”.

El artículo 49 de la Ley 99 de 1993, fue reglamentado por el Decreto 1753 de 1994 que respecto al tema en estudio prevé:

ART. 2º—Concepto. La licencia ambiental es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, a una persona, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que conforme a la ley y a los reglamentos, puede producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje, y en la que se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario de la licencia ambiental debe cumplir para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.

ART. 8º—Competencias de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las corporaciones autónomas regionales, son competentes en su respectiva jurisdicción para otorgar licencia ambiental en los siguientes casos:

“…

14. Construcción de sistemas de acueducto en áreas urbanas para el abastecimiento de agua potable a más de 5000 usuarios.

15. Construcción y operación de sistemas de alcantarillado, interceptores marginales, sistemas y estaciones de bombeo y plantas de tratamiento y disposición final de aguas residuales de entidades territoriales bajo jurisdicción de la corporación autónoma regional respectiva.

“….

No puede pretender el apelante argumentar que no es necesaria la licencia ambiental para la construcción del acueducto, ya que en las obras o la actividad de Progresar no puede llegar a producir deterioro grave.

Es evidente que la licencia ambiental pretende comprometer a su beneficiario en el cumplimiento de obligaciones y condiciones para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada, precisamente para evitar lo que se ha evidenciado en la captación que estaba haciendo Progresar la cual era considerablemente mayor a la asignada, atentando contra el abastecimiento del recurso hídrico de la región y poniendo en peligro este vital recurso.

Finalmente, respecto del señalamiento de la apelante, endilgando el vicio de desviación de poder por parte de Corpoguavio al supeditar la concesión de aguas otorgada al municipio de guasca, al cumplimiento de requisitos que no fueron fijados por la ley, debe aclararse que este cargo no tiene relación con los actos sancionatorios acusados ya que este argumento debió corresponder a la inconformidad de Progresar a la negativa dada en resoluciones 301 y 610 de 1999 proferidas por Corpoguavio a la concesión de aguas solicitada por la actora, asunto distinto al tratado en esta providencia.

Así las cosas la demandante no logró desvirtuar la legalidad de los actos acusados y por lo tanto se impone confirmar la sentencia recurrida.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 20 de enero de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».