Sentencia 2003-00697 de octubre 12 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Expediente: 52754

Radicado: 540012331000200300697 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Naid del Carmen Durán Ortiz y otros

Demandados: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y otros.

Naturaleza: Reparación directa

Bogotá, D.C., a doce de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

7. La Sala observa que es competente para resolver el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander en un proceso que, por su cuantía (fl. 12, cdno. 1)(1), tiene vocación de doble instancia.

7.1. Se precisa en este punto que al presente caso le resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009(2) en el que se autoriza a las salas, secciones o subsecciones de las altas cortes, otorgar prelación a los procesos en los siguientes eventos: por razones de seguridad nacional, para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, en caso de graves violaciones de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o asuntos de especial trascendencia social. Se resuelve con prelación el presente caso, en atención a lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera en la sesión llevada a cabo el 26 de enero de 2017, tal como consta en el acta 2 del mismo año.

Validez de los recortes de prensa

8. La publicación en el diario Vanguardia Liberal, publicada el día 11 de enero de 2002, titulada “El ELN asedió a alcalde de Hacarí” (fl. 121, cdno. 1), se valorarán en consideración a lo siguiente:

8.1. Ha establecido la jurisprudencia que las noticias difundidas en medios escritos, verbales o televisivos no dan fe de la ocurrencia de los hechos que allí se reseñan sino, simplemente, de la existencia de la información(3). Es decir que, los recortes de prensa pueden ser apreciados como prueba documental y como tal dan certeza de la existencia de la información, pero no de la veracidad de su contenido.

8.2. Así mismo, la Sección Tercera —Subsección C— del Consejo de Estado admitió que estos documentos podían tenerse como un indicio contingente si valorados racional, ponderada y conjuntamente con la totalidad del acervo probatorio resultaban indicativos de la veracidad de la ocurrencia de los hechos(4).

8.3. La Sala Plena en un primer momento(5) señaló que los informes de prensa no tienen, por sí solos, la entidad suficiente para probar la existencia y veracidad de la situación que narran y/o describen, por lo que su eficacia probatoria depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente(6), posición morigerada en fallo de Sala Plena posterior(7), en el que se consideró que dicha coincidencia probatoria no era necesaria en dos casos particulares: “La regla expuesta será reiterada por la Sala Plena Contenciosa en esta ocasión, pero a partir de esta decisión, aquella será complementada en estos dos eventos: i) cuando en dichos medios se reproducen hechos públicos y/o notorios y ii) cuando en ellos se reproducen declaraciones y/o manifestaciones de servidores públicos, Vgr. congresistas, presidente de la república, ministros, alcaldes, gobernadores, etc.”.

8.4. Esta postura resulta acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que al respecto ha señalado que los documentos de prensa aportados por las partes pueden ser apreciados, “cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, no rectificadas, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso y acreditados por otros medios”(8).

8.5. En consideración a lo anterior, la Sala acogerá el precedente trazado por la Sala Plena de la corporación y, en consecuencia, dará valor probatorio a los recortes de prensa publicados en diferentes periódicos de circulación nacional, siempre y cuando la información que se narre en ellos guarde correspondencia con las otras pruebas documentales y testimoniales aportadas al proceso.

II. Hechos probados

9. De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, que pueden ser valoradas, están debidamente acreditados los siguientes hechos relevantes:

9.1. El señor Wilder Torres Parada, fue electo como alcalde municipal de Hacarí, departamento de Norte de Santander, durante los comicios electorales realizados el 29 de octubre del año 2000, para el periodo constitucional de 2001 a 2003. Como remuneración mensual por su labor el burgomaestre recibía la suma mensual de $ 1.716.000, adicionado por el pago de prima de navidad por el mismo valor, reconocimiento de vacaciones por $ 858.000 y una bonificación de dirección por valor de $ 3.160.000 (copia del acta de posesión del señor Wilder Torres Parada, fl. 139, cdno. 1; acta parcial del escrutinio de los votos, fl. 132, cdno. 1; copia de la certificación expedida por el tesorero municipal, fl. 126, cdno. 1).

9.2. El 10 de enero de 2002, aproximadamente a las 6:00 p.m. fue asesinado el señor Wilder Torres Parada en la vereda de San Pablo, municipio de Hacarí, Norte de Santander, sin que hasta la fecha de presentación de la demanda fuera posible determinar los autores del hecho punible. Su deceso fue ocasionado por un proyectil de arma de fuego que le generó un shock neurogénico. Sobre las condiciones en que se produjo su deceso el Ejército Nacional informó (copia del certificado civil de defunción, fl. 15, cdno. 1; radiograma, fl. 135, cdno. 1; acta de levantamiento del cadáver, fls. 141-143, cdno. 1; publicación del diario Vanguardia Liberal, fls. 120-122, cdno. 1):

El día 1016:00-ene-02 fue asesinado el señor alcalde del municipio de Hacarí, Norte de Santander Wilder Torres Parada, Filiación conservadora, vereda Filo Real, Jurisdicción del municipio de Hacarí. El mencionado señor acudió a una cita efectuada por bandoleros de la cuadrilla Carlos Armando, Cacua Guerrero.

9.3. La Fiscalía, Unidad de Terrorismo Especializada adelantó investigación radicada bajo el número 41857 por el punible de homicidio con fines terroristas por el asesinato de Wilder Torres Parada ocurrido el 10 de enero de 2002. Mediante resolución del 5 de noviembre de 2003, el ente instructor profirió resolución inhibitoria y, en consecuencia, ordenó archivar el expediente (original de la certificación expedida por el asistente judicial II, fl. 124, cdno. 1).

9.4. El señor Wilder Hernando Torres Parada era hijo de Hernando Torres y Zoila Rosa Parada, padre de Elizabeth, Wilder Hernando, Juan David Torres Durán, hermano de Edgar Emiro, Henry Emil, Franklin Leonardo, Liceth Paola, Magreth Yesenia Torres Parada y compañero permanente de Naid del Carmen Durán Ortiz(9)(copia del registro civil de nacimiento, fl. 14-25; 28-30, cdno. 1).

VI. Problema jurídico

10. Corresponde a la Sala determinar si, como lo consideró el a quo, la muerte del alcalde del municipio de Hacarí, Norte de Santander se produjo como consecuencia de la omisión en el deber de protección al funcionario o si, como lo estiman las accionadas, el daño alegado es atribuible de manera exclusiva y determinante a un tercero, lo que las exoneraría de responsabilidad.

10.1. En caso de confirmarse la responsabilidad de las entidades demandadas, la Sala deberá establecer si hay lugar a conceder los perjuicios de orden moral en favor de la señora Eduviges Guerrero de Torres quien acudió al proceso en calidad de abuela de la víctima, así como determinar si el ingreso básico de liquidación utilizado a fin de hallar el lucro cesante correspondió al salario devengado por el funcionario

VII. Análisis de la Sala

11. A propósito del juicio de responsabilidad, la Sala advierte que, demostrado como está el daño invocado en la demanda, esto es, la muerte del señor Wilder Hernando Torres Parada —supra párr. 9.2—, corresponde establecer su imputabilidad a las demandadas.

11.1. Por regla general los daños ocasionados por agentes no estatales no comprometen la responsabilidad patrimonial del Estado en la medida en que no le resultan imputables desde un punto de vista fáctico. No obstante, la jurisprudencia ha considerado que los daños derivados de ataques cometidos por grupos insurgentes contra personas ajenas al conflicto, pueden ser imputados a la administración si ésta ha contribuido en su producción a través de acciones u omisiones que se relacionan con el incumplimiento de sus funciones(10).

11.2. De esta forma, la corporación ha considerado que el concepto de falla del servicio opera como fundamento del deber de reparar en aquellos casos en los que agentes estatales intervienen en la producción del daño por ineficacia, retardo u omisión en el cumplimiento de las funciones a su cargo, lo cual se ha entendido que ocurre cuando (i) la falta de cuidado o previsión del Estado facilita la actuación de los grupos ilegales(11); (ii) la víctima, o la persona contra quien iba dirigido el acto, solicita protección a las autoridades y éstas la retardan, omiten o la prestan de forma ineficiente(12); (iii) el hecho era previsible, en razón de las especiales condiciones que se vivían en el momento, pero el Estado no realiza ninguna actuación dirigida a evitar o enfrentar eficientemente el ataque(13); y (iv) la administración omite adoptar medidas para evitar o atender adecuadamente una situación de riesgo objetivamente creada por ella(14).

11.3. Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha considerado que existe un deber especial de protección en cabeza del Estado frente a personas que, por la naturaleza de sus funciones, el grupo político al que pertenecen o el contexto social en que operan, deben ser resguardadas de cualquier ataque en su contra, aún si no han solicitado formalmente protección a las autoridades.

11.4. Así, por ejemplo, en la sentencia que analizó la responsabilidad del Estado por la muerte del ex ministro Enrique Low Murtra, quien debido a sus acusaciones contra el cartel de Medellín había sido amenazado por las mafias del narcotráfico, se estipuló que los organismos de seguridad del Estado —Policía Nacional y DAS— debían conocer el riesgo que corría su vida y, en consecuencia, estaban obligados a adoptar medidas para protegerlo, aún si no hubiera hecho una solicitud concreta de protección:

Quien a nombre del Estado, en cumplimiento de los deberes que un cargo público le impone, enfrenta una lucha en contra del crimen, la cual genera amenazas en contra de su vida e integridad personal, debe ser protegido por los organismos de seguridad del estado, de por vida si ello es necesario, y sin que sea menester que medie una solicitud de protección; porque esa es precisamente la función de los organismos de seguridad, porque si se arriesga la vida para enfrentar una lucha que corresponde al Estado, tal acto debe ser compensado al menos, con la protección de la vida. Quienes al ocupar un cargo público, por servir a la comunidad exponen su vida frente a la lucha que el Estado libra contra las mafias del crimen organizado, tienen derecho como mínimo a que se les garantice la protección de su vida, sin que tengan que hacer solicitudes concretas al respecto(15).

11.5. En la decisión que declaró al Estado responsable por la muerte del dirigente político Jaime Pardo Leal, se determinó que, dada la naturaleza de sus actividades —era líder del partido “Unión Patriótica”, un colectivo perseguido y diezmado por grupos armados ilegales—, tanto a la Policía Nacional como a los organismos de seguridad les correspondía velar por su protección, sin necesidad de que mediara un requerimiento previo:

Ese deber, general y abstracto en principio, se particulariza y concreta cuando quiera que alguna persona invoque la protección de la fuerza de policía por hallarse en especiales circunstancias de riesgo o cuando, aún sin mediar solicitud previa, la notoriedad pública del inminente peligro que corre el ciudadano hace forzosa la intervención del organismo armado.

El carácter de líder de la oposición, presidente de un partido político perseguido y diezmado violentamente, debería, por esa sola circunstancia, ser suficiente para que el doctor Pardo Leal recibiera del Estado a través de la Policía Nacional y demás organismos de seguridad, sin necesidad de requerimiento previo, la protección adecuada para garantizarle la vida, si no de manera absoluta, al menos en el mayor grado posible(16).

11.6. En el fallo que encontró responsable al Estado por la muerte del señor Luis Alfonso Herrera García, inspector de trabajo del municipio de Envigado, Antioquia, quien debido a las autorizaciones que otorgó desde el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social para el despido masivo de trabajadores en distintas empresas del departamento, fue amenazado y luego asesinado por sicarios anónimos, se decidió que en el contexto de un orden público turbado por la violencia no es necesario requerir a las autoridades para que éstas actúen en función de proteger a quienes se sabe que se encuentran en peligro:

Lo que la Sala Plena ha sostenido de manera constante en esta materia de falla del servicio y consecuente responsabilidad administrativa es que en circunstancias de especial conmoción, de quebrantamiento del orden público, de perturbación de la normalidad ciudadana, de zozobra y peligro colectivos, en suma, de anormalidad en términos de convivencia social, no es indispensable que la autoridad sea requerida para que accione, prevenga el daño que pueda presentarse y sea capaz de precaver el hecho que pueda lesionar la vida, honra y bienes de los ciudadanos. (...).

La relación del Estado frente al ciudadano implica, no sólo necesariamente la existencia de poderes y deberes, que en el derecho anglosajón se denominan “obligaciones funcionales del Estado”, y que son verdaderas obligaciones jurídicas cuyo incumplimiento acarrea algún tipo de consecuencia o sanción. No podría ser de otra manera, para el caso objeto de juzgamiento, como quiera que el deber del Estado se traducía en su poder y en la necesidad de proteger los derechos del ciudadano, en este caso la vida, aún sin que hubiera mediado solicitud por parte del señor Luis Alonso Herrera(17).

11.7. Además, sobre el particular, ha manifestado la Corte Constitucional que habrá lugar a proceder a reconocer el amparo del derecho a la seguridad personal, identificar el tipo de amenaza que se cierne sobre la persona y definir de manera oportuna las medidas y medios de protección específicos, adecuados y suficientes para evitar la consumación de un daño, “especialmente cuando se trata de personas que por su actividad misma están expuestas a un nivel de amenaza mayor, como sería el caso de los defensores de derechos humanos, altos funcionarios, periodistas, líderes sindicales, docentes en zona de conflicto, minorías políticas o sociales, reinsertados, personas en condiciones de indigencia, desplazados por el conflicto armado, personas privadas de la libertad, soldados que prestan servicio militar obligatorio, niños y niñas y sujetos de un especial grado de protección por su notoria situación de indefensión”(18).

12. En el caso concreto, está demostrado que los hechos ocurrieron en una zona del territorio nacional afectada por una fuerte presencia de grupos armados organizados al margen de la ley, y en un momento histórico caracterizado por una agudización del conflicto a causa del incremento de las acciones cometidas por la guerrilla. Esta circunstancia permite afirmar que los habitantes del municipio de Hacarí (Norte de Santander), se encontraban en situación permanente de riesgo que, por su gravedad y notoriedad, no podía escapar al conocimiento de las autoridades.

12.1. Con relación al contexto en el lugar de los hechos se deja de presente que fuentes oficiales, como el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Presidencia de la República, otras de organismos regionales que hacen parte del sistema de la ONU como la oficina del Alto Comisionado para Refugiados “ACNUR”, y otras que no revisten dicho carácter oficial, como publicaciones del Centro de Investigación y Educación Popular-CINEP, y artículos de prensa del diario Vanguardia Liberal(19), se revisarán para corroborar con mayor detalle el contexto puesto de presente en la demanda, acerca de la difícil situación de violencia presentada en el municipio de Hacarí, departamento de Norte de Santander, años antes del 2002, fecha de ocurrencia de los hechos.

12.1.1. Como pruebas acerca del contexto en el municipio de Hacarí, Norte de Santander, lugar de ocurrencia de los hechos se tiene:

12.1.1.1. En la publicación titulada “El ELN asesinó al alcalde Hacarí” en el diario Vanguardia Liberal, edición Nº 29 137 de enero 11 de 2002, aportado por la parte actora, en la que además de hacer una referencia a la vida política del servidor público, se indica la situación de violencia vivida al interior de ese municipio. Así lo relató el medio de comunicación (fl. 28, cdno. 1):

Con el homicidio perpetrado por el ELN queda ratificada la amenaza a las poblaciones de San Calixto y Teorama, en Norte de Santander, donde avanzan los trabajos los trabajos de restauración de los comandos de policía.

Cabe recordar que el año pasado el grupo subversivo secuestró a ocho trabajadores, oriundos de Barrancabermeja y que tenían como destino la localidad de San Calixto, donde aportarían su experiencia como albañiles.

Su liberación se produjo 24 horas después de la retención. Con ellos llegó un comunicado del ELN, donde se advertía del peligro de muerte sobre quienes colaboraran con el proyecto de construcción de las estaciones de policía.

12.1.2. Por su parte el Observatorio de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario de la Presidencia de la República en su publicación de julio de 2006, titulada “Dinámica reciente de la confrontación armada en el Catatumbo” la cual se ocupó de hacer un seguimiento a la situación de derechos humanos, de violencia y de confrontación armada en el país, señaló que para el periodo comprendido entre 1999 y 2002, se evidenció un incremento significativo de los homicidios y la disputa entre las autodefensas y grupos subversivos por el dominio de la zona. En estos términos fue relatado:

El segundo periodo, entre 1999 y 2002, está marcado por la incursión más sistemática de los grupos de autodefensa, que se expresa en un incremento importante de la tasa de homicidio que alcanzó 160 homicidios por cada cien mil habitantes —hpch— en 2000, el doble del punto más alto del período anterior, y a 180 hpch en 2002, el punto más alto de la serie; el secuestro llegó a su pico en 1999, y desde 2000 su tendencia es a la disminución por efecto de las actuaciones de las autodefensas que limitaron la capacidad de la guerrilla en este ámbito; la intensidad de la confrontación bajó momentáneamente en 2000, como efecto de la entrada de las autodefensas, no obstante sube nuevamente en 2001 y 2002, como resultado de la reorganización de los dispositivos del ELN y las FARC, que actuaban en esos años cada vez más en las zonas Intermedia y de Cordillera.

En la zona de Cordillera, las acciones armadas en su conjunto fueron ascendiendo cada vez más: 11 en 1999, 19 en 2000, 30 en 2001 y 27 en 2002 y a un ritmo mayor que los contactos armados. La confrontación armada se desplazó entonces cada vez más hacia las zonas montañosas, predominando los ataques a bienes civiles y los hostigamientos, los cuales se incrementaron especialmente en Convención, Teorama, El Carmen, y San Calixto, al tiempo que se mantuvieron en Ocaña. En este periodo, se elevaron los contactos armados desarrollados por la fuerza pública hasta doblar las acciones desplegadas por la guerrilla, que consistieron principalmente en ataques contra el oleoducto y hostigamientos dispersos. En esta zona, las FARC fueron ante todo objeto de combates por parte de las Fuerzas Militares y el EPL realizó principalmente hostigamientos en Ocaña y San Calixto.

12.1.3. Sobre las condiciones de orden público vividas en el departamento de Norte de Santander para los años 2001-2002, el estudio “Deuda con la Humanidad, paramilitarismo de Estado 1988-2003” del Centro de Investigación y Educación Popular-CINEP(20) registró el asesinato de 8 servidores de elección popular de los municipios de Gramalote(21), Zulia(22), Convención(23), Tibú(24), Hacarí,(25) Salazar(26), Herrán(27) y Arboledas(28) ubicados en este departamento, entre los años 2001 y 2002, homicidios que precedieron el perpetrado en contra del alcalde Wilder Hernando Torres Parada.

12.1.5(sic). En el documento titulado “Informe sobre conflicto armado, situación humanitaria y desplazamiento forzado y la política pública de atención al desplazamiento forzado” elaborado por el área de política de Codhes para el año 2007, reflejó el siguiente panorama(29):

En los seis primeros meses del año 2003 fueron asesinados 4 alcaldes, lo que equivaldría, proyectando la cifra al resto del año, a 8 burgomaestres muertos en total; es de notar que esta cifra es inferior a los 13 asesinados en 2002 y a los 17 de 2001, pero superior a los 5 de 2000. Es importante destacar el asesinato de los Alcaldes de Cabrera (Cundinamarca), y del Alcalde encargado de Saravena (Arauca), ocurridos en el mes de febrero a manos de desconocidos. Así mismo los de Eduardo León Díaz de El Roble (Sucre) y de Belisario Useche de n Antonio (Tolima) ocurridos en abril y mayo.

12.1.6. La Sala además encuentra que era de tal magnitud el estado de vulnerabilidad que afrontaban estos servidores de elección popular, que el Gobierno Nacional promulgó el Decreto 1386 de 2002, que intentó brindar protección a alcaldes, concejales y personeros municipales en atención a las acciones perpetradas en su contra por parte de grupos ilegales, las que no solo comportaron amenazas y desplazamientos forzados sino además asesinatos sistemáticos.

12.1.8(sic). En atención al anterior análisis, la Sala tiene por acreditada la difícil situación de violencia declarada entre grupos paramilitares y la guerrilla en la gran mayoría de los municipios de Norte de Santander, los asesinatos sistemáticos de líderes regionales, delitos que en el caso de la referencia constituyen el daño causado a los actores, esto es, la muerte del alcalde del municipio de Hacarí, Wilder Hernando Torres Parada.

12.1.9. En este orden de ideas se tiene que el daño puesto de presente en la demanda de reparación directa comporta hechos notorios para la fuerza pública, en atención a la preocupante situación de violación de derechos humanos en el departamento de Norte de Santander y los ataques selectivos perpetrados en contra de los servidores públicos a lo ancho y largo del país estudiados para la fecha de los hechos, la cual a pesar de ello no implementó medidas preventivas para protegerlos.

12.1.10. Así las cosas, el incumplimiento de la obligación de seguridad frente a miembros de especial protección, aunado a las particulares circunstancias de violencia y conflicto armado que imperaban en el municipio de Hacarí y en general en el departamento de Norte de Santander para el momento de los hechos, las cuales hacían razonable y altamente previsible el peligro al que estaban expuesto los líderes comunitarios, permiten concluir que se materializó un riesgo frente a la parte actora.

13. Acerca de la asignación de responsabilidad de las entidades demandadas, se tiene que, en los términos del artículo 218 de la Constitución Política(30), la Policía Nacional tiene como fin primordial mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz(31), lo que, de conformidad con el Decreto 1355 de 1970(32), se concreta en la obligación de conservar el orden público, es decir, prevenir y eliminar las perturbaciones de la seguridad, de la tranquilidad de la salubridad y la moralidad públicas, función que cumplen bajo la dirección y coordinación de gobernadores y alcaldes(33), no cabe duda de que, ante el conocimiento fundado de las amenazas en contra de la vida e integridad personal de los líderes comunitarios y dirigentes políticos de la región, de la que daba cuenta los sistemáticos asesinatos que precedieron el cometido en contra de Wilder Hernando Torres Parada, esta última estaba en el deber calificado o reforzado de tomar medidas eficaces para evitar que dicha amenaza se concretara o, en su defecto, que pudiera ser repelida a la mayor brevedad posible(34) y para garantizar la protección de estos funcionarios de elección popular.

13.1. De otro lado y, teniendo en cuenta que, en los términos del artículo 216 de la Constitución Política(35), el Ejército Nacional tiene como fin primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, y de manera excepcional, la preservación del orden público cuando sea requerido por las autoridades públicas, gobernadores o alcaldes, o por la Policía Nacional(36), supuesto fáctico que para el caso concreto no se produjo, pues no existe ningún elemento de prueba que permita evidenciar que las autoridades en mención requirieron el apoyo de la fuerza pública para conjurar la grave situación de orden público presentada, de lo que se concluye que no le asiste responsabilidad en la causación el daño que se intenta reparar.

13.4(sic). Así las cosas, la Policía Nacional incurrió en una falla en la prestación del servicio, en la medida que no adoptó las medidas necesarias para garantizar el respeto por la vida e integridad personal del alcalde Wilder Hernando Torres Parada.

VI. Liquidación de perjuicios

14. Los demandantes en su recurso de apelación solicitaron el reconocimiento de perjuicios morales en favor de la señora Eduviges Guerrero de Torres, quien compareció al proceso en calidad de abuela de la víctima, indemnización que fue negada por el tribunal sin indicar las razones de su decisión.

14.1. Revisado el registro civil de nacimiento aportado por los actores a fin de acreditar el parentesco existente entre la víctima y la señora Guerrero de Torres, esto es, el correspondiente al padre del burgomaestre, se constata que aparece consignado como nombre de la progenitora de aquel Eduviges Jaimes, el que no coincide con la identificación utilizada por quien compareció al proceso en tal calidad, pues tanto en el poder conferido como en la demanda se le nombra como Eduviges Guerrero de Torres.

14.2. Así las cosas, la Sala estima que no se acreditó el parentesco del cual pueda inferirse los perjuicios morales reclamados a favor de esta demandante. No obstante, al interior del proceso se rindió un testimonio que da cuenta del dolor y el sufrimiento padecido por ella con ocasión de la muerte violenta del servidor público:

14.2.1. Al respecto, el señor Willington Galván Herrera, quien aseguró conocer a los demandantes por lo menos diez años atrás, señaló:

Díganos qué tanto afectó a los padres, a los hermanos, a la esposa y a los hijos de Wilder Hernando Torres Parada su deceso violento? C. Pues a todos los afectó mucho, porque los hijos quedaron huérfanos, a los padres porque perdieron a un hijo y a la esposa pues quedó viuda y todos han sufrido mucho, además todos salieron del pueblo de Hacarí, la única que quedó allá fue la abuela de él a quien también le afectó mucho. (…) P. Díganos si tiene usted conocimiento cómo era la relación del señor Wilder Hernando Torres Parada con su señora, con sus hijos, sus padres, sus hermanos y su abuela Eduviges Guerrero de Torres? C. Pues era una relación muy familiar muy allegada, muy integrados todos, muy apegados, se querían mucho entre sí todos eran muy unidos” (fl. 160-162, cdno. 1).

14.3. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el quantum de la condena se tiene que, de conformidad con la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera, se reconocen en estos eventos(37), la suma equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes para relaciones afectivas no familiares. Así las cosas el monto de la liquidación por perjuicios morales en favor de Eduviges Guerrero de Torres será de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

15. De otro lado, y a propósito de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante frente a los cuales la parte actora indicó que habían sido erróneamente calculados, pues el ingreso básico utilizado no correspondía al salario devengado por el alcalde, la Sala considera que se encuentra probado al interior del expediente que el señor Wilder Hernando Torres Parada al momento de su muerte se desempeñaba como alcalde del municipio de Hacarí (Norte de Santander), de lo que resulta probable suponer que de no ser por su deceso habría continuado devengando un salario cuando menos similar al que recibía como funcionario público de elección popular. En efecto, se acreditó que su asignación salarial mensual ascendía a la suma de $ 1.716.000, suma adicionada anualmente por valor de $ 5.734.000 correspondiente a una bonificación de dirección y prestaciones sociales, la cual una vez actualizada constituiría el ingreso básico de liquidación para el reconocimiento de esta tipología de perjuicio.

15.1. Ahora bien, pretenden los apelantes que el ingreso básico utilizado supere la suma de $ 3.160.000, pues señalan que este era el valor real devengado por el alcalde teniendo en cuenta que el recibía mensualmente un auxilio de viáticos. Frente a esta solicitud, la Sala considera que no se logró probar tal ingreso, en primer lugar porque el salario mensual certificado por la tesorería del municipio ascendía a la suma de $ 1.716.000, documento público que otorga credibilidad; y de otro, porque luego de realizar la respectiva actualización se advierte que la cifra sugerida por los demandantes resulta superior al sueldo que actualmente recibiría un alcalde de un municipio de sexta categoría, nivel en el que se encuentra el municipio de Hacarí(38), pues de acuerdo con el Decreto 225 de 2016 el monto máximo que podrán autorizar las asambleas departamentales y los concejos municipales y distritales como salario mensual de los gobernadores y alcaldes estará constituido por la asignación básica mensual y los gastos de representación, y en ningún caso podrán superar el límite máximo del salarial mensual fijado, que para el caso es la suma de $ 3.458.154, mientras que la actualización nos arroja una suma de $ 6.483.027:

15.1.1.

Ra =va* IPC final
 IPC inicial

Ra= 3.160.000*137.99
 67.26(39)

Ra= $ 6.483.027

15.2. Así las cosas, la Sala tomará como ingreso básico de liquidación el valor certificado por la Secretaría de Hacienda del municipio de Hacarí correspondiente al sueldo básico el cual asciende a la suma de $ 1.716.000 aumentado en un 25% por concepto de prestaciones sociales, suma que será actualizada conforme el criterio de reparación integral utilizado por esta corporación en lo que tiene que ver con las indemnizaciones de perjuicios materiales. Así entonces, aplicada la misma fórmula de actualización anteriormente citada, el ingreso básico de liquidación corresponde a la suma de $ 4.400.662 sobre la cual se liquidará el lucro cesante. De este valor, se resta un 25% ($ 1.100.165) correspondiente a lo que el señor Torres Parada destinaba para sus gastos personales, de lo cual se obtiene el valor de $ 3.300.497 m/cte., cifra que destinaría al sostenimiento de Naid del Carmen Durán Ortiz y sus hijos Elizabeth, Wilder Hernando y Juan David Torres Durán.

15.3. Para efectos de determinar si en la liquidación realizada en primera instancia se incurrió en un yerro, resulta necesario verificar, además de los parámetros jurisprudenciales que normalmente se consideran, lo relativo al acrecimiento de la indemnización por el lucro cesante “(…) a que tienen derecho quienes, debido a la solidez del grupo y el deber ser del buen padre de familia, amén de que dejaron de percibir la ayuda económica de la persona por cuyo fallecimiento se demanda la responsabilidad patrimonial del Estado, habrían asistido a no ver menguado el apoyo sino robustecido, culminada la necesidad de cada uno de los integrantes del núcleo familiar”, el cual fue establecido en reciente sentencia de unificación jurisprudencial(40) y que, necesariamente, debe implementarse(41).

15.4. Teniendo en cuenta que para el 10 de enero de 2002, fecha del asesinato del señor Wilder Hernando Torres Parada (nacido ene. 20/69, fl. 14), este había cumplido 33,45 años de edad, se deduce que le restaban 43,38 años de vida probable y a su compañera permanente Naid del Carmen Durán Ortiz (nacida mar. 26/69, fl. 20), de 33,28 años, le quedaban 44,89 años más de expectativa de vida.

15.5. Siendo así, la compañera permanente supérstite hubiera recibido la ayuda durante más largo tiempo, comoquiera que su expectativa de vida es mayor que el periodo faltante para que todos los hijos no discapacitados cumplan la edad de 25 años. Entonces, el tiempo máximo (Tmax) a liquidar será de 43,38 años, o sea, 520,56 meses, la expectativa de vida del fallecido Wilder Hernando Torres Parada, pues como estadísticamente hubiera vivido menos que su compañera permanente, a partir de entonces esta no recibirá apoyo de aquél, así lo sobreviviera. De los 43,38 años ya se han consolidado (Tcons) 191,4 meses(42) (desde ene. 10/2002, hasta sep. 30(43)/2017), quedando futuros (Tfut) otros 329,16 meses.

15.6. Ahora bien, teniendo en cuenta que la hija Elizabeth Torres Durán (nacida feb. 26/90) tenía 12.13 años de edad, se deduce que le faltaban 13,31 años —159,83 meses— para cumplir 25 años, a Wilder Hernando Torres Durán (nacido mayo 26/95) que contaba con 6.72 le restaban 18.64 años —223,7 meses—, para alcanzar la misma edad, así como Juan David Torres Parada quien al momento de la muerte de su padre tenía 3.68 años (nacido mayo 24/98, fl. 21-23, cdno. 1), esto es, le faltaban 21,67 años —260,13 meses— para llegar a la edad de autonomía económica.

15.7. Entonces, durante los primeros 159,83 meses de lucro cesante consolidado (Pd1), mientras Elizabeth Torres Durán cumple 25 años de edad, se asignará la mitad de la renta consolidada dejada de percibir por el fallecido en ese periodo a la compañera permanente, y la otra mitad a los tres hijos. En los siguientes 63.87 meses [31,57 de daño consolidado (Pd2) y 32,3 meses futuros (Pd3)], mientras Wilder Hernando Torres cumple 25 años, se asignará el 50% de la renta dejada de percibir en ese periodo a la madre más una tercera parte de la porción que le habría correspondido a Elizabeth, y a Wilder Hernando Torres y a Juan David Torres Parada una tercera parte del valor a distribuir en este periodo más una tercera parte de la porción del acrecimiento a cada uno. Ahora, en lo que tiene que ver con Juan David Torres se tiene que los 36,43 meses siguientes (Pd4), todos correspondientes al periodo futuro, tiempo en que se distribuirá el ingreso en 50% más las dos terceras partes correspondientes a Elizabeth y Wilder a favor de la compañera permanente, y las dos terceras partes restantes en favor de Juan David más su porción, descontando los gastos personales que habría tenido el fallecido.

15.8. Retomamos lo referido en el párrafo 15.2, en el que se estableció que el ingreso básico de liquidación del señor Wilder Hernando Torres Parada ascendía para el momento de su muerte a la suma de $ 3.300.497 m/cte.

15.9. Con este valor se calcula la renta dejada de percibir por el fallecido durante el tiempo consolidado, así:

Rc = Ra x(1+i)n-1
 i

15.9.1. Donde i = al interés mensual legal (0,004867) y n= Tcons. Desde la fecha en que ocurrieron los hechos (ene. 10/2002) hasta el 30 de septiembre de 2017 (correspondiente al último IPC publicado a la fecha de la sentencia), Tcons = 191,4 meses.

Rc = $ 3.300.497 x(1+0,004867)191.4 - 1
 0,004867

Rc = $ 1.039.378.971

15.9.2. Se tiene, entonces, que durante el tiempo consolidado (191,4 meses) los parientes del fallecido dejaron de percibir una renta total de $ 1.039.378.971 destinada al apoyo que el compañero permanente y padre habría brindado, si viviese, al grupo familiar.

15.10. Así mismo, se calcula la renta dejada de percibir por los parientes del fallecido, si este viviese, durante el tiempo futuro, así:

15.10.1.

Rf = Ra x((1+i)n-1)
  i(1+i)n

15.10.2. Dónde: i = al interés mensual legal (0,004867) y n = (Tfut). Desde el 1º de octubre de 2017 hasta completar la expectativa de vida probable del fallecido, Tfut = 329,16 meses.

Rf = $ 3.300.497x((1+0,004867)329,16 -1)
 0,004867(1+0,004867)329,16

Rf = $ 540.968.721

15.10.3. Es decir que durante el tiempo futuro (329,16 meses), los parientes dejaron de percibir una renta total de $ 540.968.721 que el fallecido, si viviese, habría destinado al grupo familiar.

15.11. Se procede al cálculo del lucro cesante con acrecimiento para cada uno de los actores beneficiarios, distribuyendo los valores de la renta calculada, en los periodos del acrecimiento, así:

15.11.1. En los primeros 159,83 meses de lucro cesante consolidado (Pd1), mientras Elizabeth Torres Durán cumple los 25 años de edad, se asigna el valor de la renta consolidada a distribuir (Vd) en ese periodo. Al efecto, se calcula el valor mensual de la renta consolidada (Rc/Tcons) y el valor resultante se multiplica por el número de meses del periodo a asignar. O sea:

Vd = (Rc/Tcons) x Pd1

Vd =$ 1.039.378.971 x 159,83 m
 191,4 m

Vd = $ 867.941.175,20

15.11.2. Así, el valor de la renta consolidada a distribuir en el primer periodo de 159,83 meses, es de $ 867.941.175.20, de los cuales se asigna el 50% a la compañera permanente la señora Naid del Carmen Durán, esto es, la suma de $ 433.970.587 y la otra mitad dividida en partes iguales, a cada uno de sus tres hijos, Elizabeth, Wilder Hernando y Juan David Torres Parada, o sea la suma de $ 144.656.862.

15.12. En los últimos 31,57 meses de lucro cesante consolidado (Pd2), mientras Wilder Hernando y Juan David Torres Durán aún son menores de edad, se asigna el valor de la renta consolidada a distribuir (Vd) en ese periodo. Esto es:

Vd = (Rc/Tcons) x Pd2

Vd =$ 1.039.378.971 x 31,57 m
 191,4 m

Vd = $ 171 437 795.79

15.12.1. Y la porción que le hubiere correspondido a la primera hija (la mitad del valor de Vd, o sea $ 85.718.897, divido entre tres hijos), esto es $ 28.572.965,83 acrece en la mitad a la porción asignada a la compañera permanente, y el 50% restante se divide entre sus dos hermanos menores en partes iguales. Entonces, a la señora Naid del Carmen Durán le corresponde la suma de $ 100.005.379 y a Wilder Hernando y Juan David Torres Durán, la suma de $ 35.716.206,45.

15.13. En resumen, la liquidación del lucro cesante consolidado es la siguiente:

Liquidación del lucro cesante consolidado

 Consolidado primeros 159,83 meses (pd1)Consolidado últimos 31,57 meses (pd2)Total lucro cesante consolidado
Valor de la renta a distribuir$ 867.941.175$ 171.437.795$ 1.039.378.970
Naid del Carmen Durán$ 433.970.587$ 100.005.379$ 533.975.966
Elizabeth Torres Durán$ 144.656.862$ 0 $ 144.656.862
Wilder Hernando Torres Durán$ 144.656.862$ 35.716.206$ 180.373.068
Juan David Torres Durán$ 144.656.862$ 35.716.206$ 180.373.068
Total lucro cesante consolidado  $ 1.039.378.964

Pd1: hasta la fecha en que Elizabeth cumple los 25 años de edad.

Pd2: últimos meses de lucro consolidado, Wilder Hernando y Juan David aún no cumplen 25 años de edad.

15.14. En los primeros 32,3 meses de lucro cesante futuro (Pd3), mientras Wilder Hernando cumple los 25 años, se asigna el valor de la renta futura a distribuir (Vd) en ese periodo como sigue:

Vd = (Rf/Tfut) x Pd3

Vd =x 540.968.721 x 32,3
 329,16 m

Vd = $ 53.084.486

15.14.1. Entonces, de esta renta futura a la señora Naid del Carmen Durán le corresponde la suma de $ 26.542.243 y a los hijos Wilder Hernando y Juan David 13.271.121 para cada uno.

15.14.2. Durante los siguientes 36,43 meses (Pd4) mientras Juan David cumple sus 25 años de edad, la renta se distribuirá de la siguiente manera:

Vd = (Rf/Tfut) x Pd3

Vd =x 540.968.721 x 36,43
 329,16 m

Vd = $ 59.872.069,83

15.14.2.1. Así, el valor de la renta a distribuir para la compañera permanente asciende a la suma de $ 37.420.042 correspondiente al valor de su propia cuota adicionado por la cuota que correspondía a Wilder Hernando quien a estas alturas ya cumpliría sus 25 años. Para Juan David Torres Durán el valor de su renta es de $ 22.452.025.

15.14.3. Y en los últimos 260.43 meses de lucro cesante futuro, es decir, el restante de la expectativa de vida probable del fallecido, se asigna el valor de la renta consolidada a distribuir (Vd) en ese periodo, a la cónyuge supérstite. Así:

15.12.3.1. Vd = (Rf/Tfut) x Pd5

Vd =x 540.968.721 x 260,43 m
 329,16 m

Vd = $ 428.012.164,32

15.14.4. Teniendo en cuenta que estos $ 428.012.162,32 corresponden al 75% (al inicio se le dedujo de la base el 25% de gastos propios del causante) de los ingresos que hubiera percibido el fallecido luego de que todos sus hijos alcanzaran 25 años, de esta base se le reconocerá a la cónyuge supérstite el 50% de los ingresos remanentes, esto es, la suma de $ 214.006.082,16 pues en esas circunstancias de independencia económica de los hijos, el trabajador habría aumentado las reservas para sus propias necesidades, quedando con esta distribución, el 50% de los ingresos restantes para cada consorte.

15.15. En síntesis, las sumas liquidadas por concepto de lucro cesante futuro son las siguientes:

Liquidación lucro cesante futuro

 Futuros primeros 32,3 mesesFuturos 36.43 mesesFuturos últimos 260,43 mesesTotal lucro cesante futuro
Valor de la renta a distribuir$ 53.084.486 $ 59.872.069$ 428.012.164540.968.721
Naid del Carmen Durán$ 26.542.243$ 37.420.042$ 214.006.082.16$ 277.968.082
Wilder Hernando$ 13.271.121$ 0$ 0$ 13.271.121
Juan David Torres$ 13.271.121$ 22.452.025$ 0$ 35.723.146
Incremento gastos personales del occiso (50%) no acrecido$ 0 $ 214.006.082$ 214.006.082
Total renta distribuida$ 53.084.486$ 59.872.069$ 428.012.164$ 540.968.721

15.16. Siendo esta la liquidación final de la indemnización por el lucro cesante a cada uno de los actores:

ActorTotal lucro cesante
Naid del Carmen Durán$ 811.640.971
Elizabeth Torres Durán$ 144.656.862
Wilder Torres Durán$ 193.644.189
Juan David Torres Durán$ 216.096.214

V. Costas

16. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia del 27 de junio de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, y en su lugar:

1. DECLARAR administrativamente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa Policía Nacional, por la muerte del alcalde Wilder Hernando Torres Parada, conforme a las consideraciones expuestas en esta sentencia.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa Policía Nacional al pago, por concepto de perjuicios de orden moral a favor de:

• Naid del Carmen Durán Ortiz 100 smlmv

• Elizabeth Torres Durán 100 smlmv

• Wilder Hernando Torres Durán 100 smlmv

• Juan David Torres Durán 100 smlmv

• Zoila Rosa Parada de Torres 100 smlmv

• Hernando Torres Jaimes 100 smlmv

• Liceth Paola Torres Parada 50 smlmv

• Magreth Yesenia Torres Parada 50 smlmv

• Edgar Emiro Torres Parada 50 smlmv

• Henry Emil Torres Parada 50 smlmv

• Franklin Leonardo Torres Parada 50 smlmv

• Eduviges Guerrero de Torres 15 smlmv

3. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa Policía Nacional al pago, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, tanto en su periodo consolidado como futuro con sujeción a la parte motiva de esta providencia, a favor de:

Naid del Carmen Durán$ 811.640.971
Elizabeth Torres Durán$ 144.656.862
Wilder Torres Durán$ 193.644.189
Juan David Torres Durán$ 216.096.214

4. NEGAR las demás súplicas de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. Todas las sumas aquí determinadas devengarán intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.

7. CUMPLIR la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

8. Por secretaría EXPEDIR copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, que se entregarán a quien ha venido actuando como su apoderado judicial.

9. En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

1 La Sala encuentra que el presente asunto tiene vocación de doble instancia, comoquiera que la cuantía es superior a la suma de $ 1.258.600.000, la cual resulta superior a los 500 smlmv exigidos por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo para las acciones de reparación directa iniciada en el año 2003 ($ 166.000.000), teniendo en cuanta que la misma se obtiene de la sumatoria de la totalidad de las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda, de conformidad con lo dispuesta por el artículo 3º de la Ley 1395 de 2010.

2 “Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación”. // “Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos”. // “Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las Salas de los Tribunales Superiores y de los Tribunales Contencioso-Administrativos de Distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio…”.

3 Al respecto, véanse, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: 10 de junio de 2009, expediente 18.108, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, 9 de junio de 2010, expediente 19.283, C.P. Enrique Gil Botero, 11 de agosto de 2011, expediente 20.325, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

4 Sentencias de 25 de julio de 2011, expediente 19.434, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; 19 de octubre de 2011, expediente 20.861, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; y 15 de febrero de 2012, expediente 20.880, C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.

5 Expediente 110010315000201101378-00, C.P. Susana Buitrago Valencia.

6 Cabe señalar que este planteamiento acerca del valor indiciario de los recortes de prensa fue objeto de una aclaración de voto expresada en los siguientes términos por los magistrados Stella Conto Díaz del Castillo y Danilo Rojas Betancourth: “Centralmente debe advertirse que, en determinados eventos, atendiendo, verbi gratia, la naturaleza de la noticia, el espectro de difusión y la calidad de los medios que la comunicaron, puede el juez considerar que se trata de un hecho notorio que no requiere prueba adicional, pues las notas periodísticas otorgan esa naturaleza.// Es que, por ejemplo, casos como desastres naturales de repercusión nacional que son registrados en detalle por todos los medios de comunicación no podrían recibir el mismo trato, ni tampoco debería aplicarse la jurisprudencia vigente para hechos que impactan al colectivo en general y por lo mismo son registrados por la opinión pública hasta convertirse en temas de discusión en cualquier foro social.// Por tanto, el llamado de la presente aclaración tiene por objeto morigerar el precedente vigente para que en cada caso el juez, orientado por su sana crítica, pueda darle a las notas e informaciones periodísticas un alcance superior al de la simple veracidad de su sola difusión y pueda, dependiendo del sub júdice, tener el hecho como notorio y por lo mismo relevarlo de cualquier exigencia de prueba adicional, estimando entonces cierto el contenido que a nivel nacional registren los medios de comunicación, atendiendo también a su grado de credibilidad social.// Además, no puede desconocerse que la publicación de determinada información, puede tenerse como un indicio que, apoyado con otras pruebas, permita alcanzar un grado de convencimiento sobre la certeza del hecho noticioso, esto a partir de su confiabilidad”.

7 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 14 de julio de 2015, C.P. Alberto Yepes Barreiro.

8 Esta fue la postura asumida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las siguientes sentencias: 4 de julio de 2007, caso Escué Zapata vs. Colombia, párrafo 28, y 11 de mayo de 2007, caso Bueno Alves vs. Argentina, párrafo 46. Sin embargo, cabe señalar que en fallos anteriores, la Corte había impuesto menos condicionamientos para la valoración de estos documentos. Así, en varias sentencias proferidas en 2006 (entre otras, la de nov. 29/2006, caso La Cantuta vs. Perú, párr. 65; de jul. 4/2006, caso Ximenes López vs. Brasil, párr. 55; de jul. 1º/2006, caso de las masacres de Ituango vs. Colombia, párr. 122) indicó que los documentos de prensa aportados por las partes podrían ser apreciados “cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso”. Previamente, en la sentencia de 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, había señalado que los recortes de prensa tienen valor probatorio “en cuanto reproducen textualmente declaraciones públicas, especialmente de altos funcionarios de las Fuerzas Armadas, del Gobierno o de la propia Corte Suprema de Justicia de Honduras, como algunas emanadas del Presidente de esta última; [mientras que] otros tienen importancia en su conjunto en la medida en que corroboran los testimonios recibidos en el proceso respecto de las desapariciones y la atribución de esos hechos a las autoridades militares o policiales de este país” (párr. 146).

9 Sobre la calidad de compañera permanente de esta demandante, además de existencia de tres hijos en común, se recibió el testimonio de Eduard Alirio Trigos Durán que se transcribe: “P Díganos que tanto afectó a los padres, esposa, a los hijos, a los hermanos, a la abuela la muerte de Wilder Hernando Torres Parada. C- Los afectó mucho, sobre todo a la señora Anais Dura su esposa (…).

10 En el sistema interamericano de protección de derechos humanos también se ha admitido la posibilidad de imputar responsabilidad al Estado por violaciones de derechos humanos cometidos por agentes no estatales. En estos casos, el fundamento de la obligación de reparar se sustenta en el incumplimiento de las obligaciones de protección y garantía consignadas en el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sobre el particular, pueden consultarse, entre otras, las siguientes sentencias: caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006, párr. 123; caso de la masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005, párr. 111.

11 En este sentido, véase la sentencia el 11 de julio de 1996, expediente 10.822, C.P. Daniel Suárez Hernández, mediante la cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte del comandante de guardia de la cárcel del municipio de Cañasgordas (Antioquia) durante un ataque armado perpetrado por presuntos guerrilleros, aprovechando las deficientes condiciones de seguridad que presentaba el establecimiento carcelario.

12 Este fue el título de imputación a partir del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia. Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias del 16 de febrero de 1995, expediente 9040, C.P. Juan de Dios Montes; del 27 de junio de 1995, expediente 9266, C.P. Juan de Dios Montes; del 3 de abril de 1995, expediente 9459, C.P. Juan de Dios Montes; y del 29 de marzo de 1996, expediente 10.920, C.P. Jesús María Carrillo.

13 La providencia del 12 de noviembre de 1993, expediente 8233, C.P. Daniel Suárez Hernández, responsabiliza al Estado por los daños causados con la destrucción de un bus de transporte público por parte de la guerrilla del ELN, en protesta por el alza del servicio de transporte entre los municipios de Bucaramanga y Piedecuesta (Santander). A juicio de la Sala, el daño es imputable a título de falla del servicio porque, aunque la empresa transportadora no solicitó protección a las autoridades, éstas tenían conocimiento que en esa región “el alza del transporte genera reacciones violentas de parte de subversivos en contra de los vehículos con los cuales se presta ese servicio público”.

14 Esta fue la postura asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado al resolver la acción de reparación directa originada en la toma guerrillera a la base militar de Las Delicias en el departamento de Putumayo. Sentencia de 25 de mayo de 2011, expediente 15838, 18075, 25212 (acumulados), C.P. Jaime Orlando Santofimio. En este caso la responsabilidad que se imputa al Estado “es por el resultado en atención a que i) no hubo o no se emplearon suficientes instrumentos de prevención (frente a lo que los altos mandos militares reflejan su omisión y desatención); ii) la calidad de la respuesta que se tuvo para defender a los miembros de la fuerza militar (…) fue limitada, tardía, insuficiente y propia de la falta absoluta de planeación y coordinación que exige la estrategia y desarrollo militar (pese a que nuestra fuerza militar tiene instituciones y forma a sus cuadros en escuelas militares de las mejores en el mundo), y; iii) a que el apoyo o reacción del Estado fue tardío, insuficiente y drásticamente limitado, lo que llevo a dejar sin alternativa alguna a los ciudadanos soldados, que produjo la muerte de uno de ellos y las lesiones de los otros dos. Por lo tanto, se sustenta dicha atribución, en su conjunto, en la falta absoluta de la “debida diligencia” que debía aplicar el Estado en el caso concreto de la toma de la Base Militar de Las Delicias por parte de un grupo armado insurgente”.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de junio de 1997, expediente 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de octubre de 1997, expediente 10958, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2007, expediente 16894, C.P. Enrique Gil Botero.

18 Corte Constitucional, Sentencia T-078 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Este fallo de tutela amparó los derechos fundamentales a la vida y a la seguridad personal del líder indígena Yecid Brines Polo che, gobernador de la comunidad indígena Chenche Buenavista, ubicada en el municipio de Colaina, Tolima, presidente de las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia y beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgadas a los indígenas del pueblo Pitao. La providencia ordenó a la Unidad Nacional de Protección, adscrita al Ministerio del Interior, disponer de manera ininterrumpida la continuidad de las medidas de protección otorgadas al tutelante por parte de la CIDH.

19 La Sala valorará la información hallada en esos sitios web, toda vez que el artículo 10 de la Ley 527 de 1999 admite como medios de pruebas los mensajes de datos, entendidos como “la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos”, El mismo criterio ha sido aplicado antes por la Subsección C y el pleno de la Sección Tercera, como una forma de propender por la utilización de las nuevas tecnologías en la dinámica de las relaciones intersubjetivas, y por supuesto en la actividad probatoria dentro de los procesos judiciales. Véanse la sentencia de 24 de octubre de 2013, expediente 26.690 y el auto de 6 de diciembre de 2012, expediente 45.679, ambos con ponencia de Jaime Orlando Santofimio.

20 Editorial Códice Ltda., Bogotá, 2004.

21 “Paramilitares de las AUC arribaron al casco urbano, en horas de la noche, ingresaron a un establecimiento público de propiedad del municipio y sacaron por la fuerza al concejal Niño Ramírez y al administrador del lugar; según la fuente “atados de manos recorrieron las despobladas calles, hasta la salida del pueblo”, allí el concejal fue ejecutado de seis impactos de bala y la otra persona de cinco impactos. Los cadáveres fueron hallados al día siguiente boca abajo, con múltiples heridas y las manos atadas a la espalda. El grupo paramilitar al retirarse dejó consignas en las paredes de algunas viviendas, donde escribieron, “llegamos para quedarnos, somos 100, AUC”.

22 “El cadáver del concejal de El Zulia, de filiación Liberal, Francisco Rodríguez, fue hallado con varios impactos de bala en la cabeza, en el sitio El Tablazo, vereda Santa Rosa”.

23 “El concejal de Convención, Alcides Angarita, fue ejecutado de cinco impactos de bala por paramilitares en un establecimiento comercial en zona urbana. El hecho se presentó hacia el mediodía”.

24 “Paramilitares ejecutaron de un impacto de bala de fusil en la inspección de policía La Llana, a un Concejal de Tibú. La víctima estudiante de quinto semestre de Ingeniería Civil, había sido bajado del vehículo en que se movilizaba del caserío Campo Dos hacia la ciudad de Cúcuta”.

25 “El ex concejal de la localidad Luis Castilla, fue muerto de diez impactos de bala al interior de su vivienda por guerrilleros del Frente Armando Cacua Guerrero del ELN.

26 El cadáver del concejal de Arboledas (Norte de Santander), Ramiro Pabón, con señales de tortura fue hallado en el sito Fincas Corderos. El hecho se presentó en horas de la noche.

27 “Hombres armados asesinaron de varios impactos de bala a tres personas, miembros de una misma familia e hirieron a otra a las 7:00 p.m., en el corregimiento Siberia. Juan era Concejal en Herrán”.

28 “Guerrilleros del Frente Juan Fernando Porras del ELN vistiendo ropa camuflada y portando armamento largo y corto dieron muerte al Concejal de éste municipio, de filiación política conservadora. El hecho se presentó hacia las 5:30 de la madrugada cuando la víctima de 41 años, fue sacada de su finca ubicada en la vereda Chicagua. Actualmente el político asumía el cargo en reemplazo de Ramiro Pabón asesinado en febrero pasado”.

29 http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_1817.pdf

30 “La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

31 Antes de la Constitución Política de 1991, el artículo 1º del Decreto 1355 de 1970 "Por el cual se dictan normas sobre Policía", ya prescribía: “La policía está instituida para proteger a los habitantes del territorio colombiano en su libertad y en los derechos que de ésta se derivan, por los medios y con los límites estatuidos en la Constitución Nacional, en la ley, en las convenciones y tratados internacionales, en el reglamento de policía y en los principios universales del derecho”.

32 Artículo 2º: “A la policía compete la conservación del orden público interno. // El orden público que protege la policía resulta de la prevención y eliminación de las perturbaciones de la seguridad, de la tranquilidad de la salubridad y la moralidad públicas. // A la policía no le corresponde remover la causa de la perturbación” y artículo 34: “La protección del orden público interno corresponde a cuerpos de policía organizados con sujeción a la ley y formados por funcionarios de carrera, instruidos en escuelas especializadas y sujetos a reglas propia de disciplina. // Los cuerpos de policía son civiles por la naturaleza de sus funciones”.

33 Artículo 39 del Decreto 1355 de 1970: “Los gobernadores, como agentes del Gobierno Nacional, dirigirán y coordinarán en el departamento el servicio nacional de policía y lo relativo a la policía local. // Los alcaldes, como agentes del gobernador, son jefes de policía en el municipio”.

34 Se recuerda que si bien es cierto que, de conformidad con el artículo 109 del Decreto 522 de 1971, “[p]ara preservar el orden público la policía empleará sólo medios autorizados por ley o reglamento y escogerá siempre, entre los eficaces, aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes. Tales medios no podrán utilizarse más allá del tiempo indispensable para el mantenimiento del orden o su restablecimiento”, no cabe duda que, en todos los casos, la Policía Nacional está en la obligación de escoger medios eficaces para garantizar la protección del orden público amenazado.

35 “La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.

La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio”.
La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

36 Decreto 522 de 1971, artículo 112 y 113 “Cuando la policía no fuere suficiente para contener grave desorden, procede la solicitud de asistencia a las Fuerzas Militares”.

“Los gobernadores, el alcalde de Bogotá (los intendentes y los comisarios especiales) podrán requerir el auxilio de las fuerzas militares, cuando las circunstancias de orden público lo exijan”.

Por el cual se dictan normas sobre Policía", ya prescribía: “La policía está instituida para proteger a los habitantes del territorio colombiano en su libertad y en los derechos que de ésta se derivan, por los medios y con los límites estatuidos en la Constitución Nacional, en la ley, en las convenciones y tratados internacionales, en el reglamento de policía y en los principios universales del derecho”.

37 Sección Tercera-Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2014, expediente 27709, C.P. Carlos Alberto Zambrano.

38 Consultar el siguiente sitio web: http://www contaduria.gov.co

39 10 de enero de 2002, fecha de muerte del señor Torres Parada.

40 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 15 de abril de 2015, expediente 2000-03838 (19146), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

41 Si bien se siguen los parámetros fijados por la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación en cuanto al acrecimiento de los perjuicios por el lucro cesante, lo cierto es que no se comparte la aplicación de dicha figura. En cuanto a los argumentos que fundamentan la posición adoptada, puede consultarse el salvamento parcial de voto realizado a dicha providencia.

42 Contabilizados en días y trasladados a meses, operación que ofrece mayor precisión en la proyección del periodo real a establecer.

43 Se toma este mes porque corresponde al del último IPC publicado a la fecha de la sentencia.