Sentencia 2003-00740 de junio 13 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 170012331000-2003-00740-01

Núm. Interno 17698

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Demandante: Representaciones y Distribuciones Remo Ltda.

Demandado: municipio de Manizales

Asunto: recurso extraordinario de revisión

Bogotá, D.C., trece de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

De conformidad con el artículo 13, numeral 5º del Acuerdo 58 de 1999, reglamento del Consejo de Estado, la Sección Cuarta es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión que se interponga contra las sentencias dictadas en procesos de única instancia por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de la Sección.

Los precedentes judiciales de la Sala Plena de esta corporación han reiterado que el recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación excepcional, que procede por especiales circunstancias consagradas taxativamente en la ley, cuyo objeto es el rompimiento de la cosa juzgada, según la cual, una vez en firme la sentencia no es procedente una nueva discusión sobre el asunto resuelto(1), salvo casos excepcionales que permiten reabrir el proceso y dictar la sentencia que en derecho habrá de sustituir a la sentencia revocada.

Así mismo, que este recurso no constituye una nueva instancia, razón por la que no es admisible reabrir el debate probatorio o sobre el fondo del asunto, debiendo circunscribirse, únicamente, a las precisas causales señaladas en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo(2), cuyo examen y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo(3).

Según el artículo 185 del Código Contencioso Administrativo(4), el recurso extraordinario de revisión procede contra sentencias ejecutoriadas y dictadas por: i) las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; ii) por los tribunales administrativos en única, primera o segunda instancia, y iii) por los jueces administrativos, en primera o segunda instancia cuya naturaleza permita la interposición de tal recurso. En esa medida, la Sala es competente para conocer del presente asunto.

El artículo 189(5) del Código Contencioso Administrativo, según lo ha señalado la Sala(6), establece como formalidades del recurso extraordinario de revisión, que se interponga mediante demanda que reúna los requisitos señalados en el artículo 137(7), ibídem, con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda, según lo previsto en el artículo 188, ibídem.

En relación con esta última exigencia, esta corporación ha sostenido que “quien ejerce el recurso extraordinario tiene la elemental obligación de indicar con precisión cuál es la causal que invoca y, por sobre todo, debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos, las razones y especialmente los hechos que le sirven de fundamento y la configuran, excluyendo razones de inconformidad para con el fallo atacado que no estén estrechamente relacionadas con la causal invocada”(8).

En igual sentido, la Sala ha establecido que, habida cuenta de que el recurrente debe demostrar los supuestos de hecho que conforman las circunstancias determinadas por el legislador como causales para recurrir en revisión, deberá adjuntar las pruebas que tenga en su poder(9).

Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que en el presente caso no se cumplen las condiciones previstas para examinar el recurso interpuesto por la demandante, pues, como se anotó, no invocó ninguna de las causales establecidas en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo y, por esa misma circunstancia, no explicó las razones por las cuales estimó que procedía, tal como exige el artículo 189, ibídem.

Lo anterior corresponde al criterio de esta corporación, según el cual, “se requiere de la exposición clara y precisa de las razones o motivos que, de acuerdo con el cargo formulado, configuran la causal, puesto que solo en la medida en que el recurrente demuestre, mediante una adecuada sustentación, cómo la sentencia impugnada incurrió en la causal señalada en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, podrá llegar a establecerse sí efectivamente tal causal se ha configurado”(10).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

NO PROSPERA el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 14 de diciembre de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

(1) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Inés Ortiz Barbosa Bogotá, D.C., 27 de abril de 2004, Radicación 11001 03 15 000 1999-0194 01 (Rev.), actor: Fernando Llanes Silvera, demandado: Ministerio de Defensa Nacional.

(2) “ART. 188.—Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del 2 de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente: Son causales de revisión:

1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.

2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.

4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.

6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

7. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada”.

(3) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Bogotá, D.C., 14 de diciembre de 2009, Radicación 11001-03-24-000-2006-00123-00, actor: presidente Concejo municipal de Chipaque, demandado: Alcaldía municipal de Chipaque.

(4) El artículo 185 del Código Contencioso Administrativo, disponía: “El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y por los tribunales administrativos, en única o segunda instancia”. Sin embargo, mediante Sentencia C-520 del 4 de agosto de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa, la Corte Constitucional declaró inexequible el aparte resaltado. En ese fallo la Corte señaló: “Detectada esta inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa, es necesario definir cuál es la mejor manera de subsanarla. Frente a este tipo de problemas, la Corte ha escogido entre varias alternativas: (i) declarar inexequible una parte del texto cuestionado para cobijar la hipótesis no incluida por el legislador; (ii) declarar la exequibilidad condicionada del texto cuestionado y modular sus efectos para incluir la hipótesis omitida; (iii) declarar la exequibilidad de la norma cuestionada y exhortar al legislador para que emita la regulación correspondiente que supere el vacío inconstitucional.

De estas tres alternativas, la que mayor seguridad jurídica genera en el presente caso, es la que conduce a declarar la inexequibilidad de la expresión “dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y por los tribunales administrativos, en única o segunda instancia”, contenida en el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, con el fin de que bajo la expresión “sentencias ejecutoriadas” empleada en el artículo cuestionado, queden cobijadas todas las hipótesis de sentencias que admitirían el recurso extraordinario de revisión (i) las dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; (ii) las dictadas en única, primera o segunda instancia por los tribunales administrativos y (iii) las dictadas en primera o segunda instancia por los jueces administrativos, cuya naturaleza permita la interposición de tal recurso”.

(5) “ART. 189.—Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del 2 de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente: El recurso debe interponerse mediante demanda que reúna los requisitos prescritos por el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda, acompañada de los documentos necesarios.

El recurrente deberá presentar con la demanda las pruebas documentales que tenga en su poder y pretenda hacer valer”.

(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, D.C., 12 de marzo de 2012, Radicación 25000-23-27-000-2003-00495-01, número interno 1656, actor: Marleny Barrera Pedroza, demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

(7) “ART. 137.—Contenido de la demanda. Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del 2 de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente: Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá:

1. La designación de las partes y de sus representantes.

2. Lo que se demanda.

3. Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción.

4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.

5. La petición de pruebas que el demandante pretende hacer valer.

6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia”.

(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección A. M.P. Mauricio Fajardo Gomez. Bogotá D.C., 7 de marzo de 2012, Radicación 66001-23-31-000-2000-00474-02, número interno 32086, actor: Melba Amparo Gómez Pérez y otros, demandado: La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección A. C.P. Mauricio Fajardo Gomez. Bogotá D.C., 7 de marzo de 2012. Radicación 11001-03-26-000-2001-00073-01, número interno 22057, actor: Isai Cañizares Navarro y otros, demandado: La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional.

(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. C.P. William Giraldo Giraldo. Bogotá, D.C., 13 de junio de 2011, Radicación 25000232700020039049602, número interno 17095, actor: Marleny Barrera Pedroza. Recurso extraordinario de revisión.

(10) Op. cit. sentencias del 7 de marzo de 2012.