Sentencia 2003-00758 de diciembre 18 de 2009

 

Sentencia 2003-00758 de diciembre 18 de 2009

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 11001-3103-040-2003-00758-01

Magistrado Ponente:

Dr. Arturo Solarte Rodríguez

Bogotá, D.C., dieciocho de diciembre de dos mil nueve.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, integrada por los señores JAIME PEDRAZA FORERO, GLORIA ESPERANZA ROMERO CASTILLO y DIEGO MAURICIO PEDRAZA ROMERO, así como por la menor ANA MARÍA PEDRAZA ROMERO, representada por los dos primeros, en calidad de padres de la misma, respecto de la sentencia proferida el 1º de julio de 2008 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, dentro del proceso ordinario que los mencionados impugnantes adelantaron en contra de la sociedad G.M.A.C. FINANCIERA DE COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL.

Antecedentes

1. En la demanda con la que se dio inicio al referenciado proceso se solicitó, en síntesis, que se declarara que la demandada, con los “actos y hechos que realizó, por intermedio de funcionarios que actuaban en ejercicio de sus cargos y con ocasión de ellos”, provocó a los actores daños materiales, morales y fisiológicos; y que, por lo tanto, se condenara a aquella a pagar a éstos los valores en que estimaron el monto de tales perjuicios o, en subsidio, las sumas que al respecto “se prueben en el proceso”.

2. En respaldo de los compendiados pedimentos, los demandantes expusieron los hechos que a continuación se sintetizan:

2.1. La demandada es una entidad financiera sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera) y, como tal, entre otras muchas facultades y deberes, puede recibir dinero del público y está obligada a “actuar como entidad profesional, diligente y cuidadosa, en el control de las captaciones de recursos mediante procedimientos y mecanismos pertinentes”, así como a “avisar a las autoridades competentes, cualquier información relevante sobre el manejo de fondos cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica de sus clientes o de transacciones que por su considerable cuantía puedan conducir a sospechar que se está utilizando la entidad para transferir, manejar, aprovechar o invertir dinero proveniente de actividades delictivas”.

2.2. El señor Jaime Pedraza Forero estuvo vinculado laboralmente con la accionada en el “cargo de Asistente de Tesorería, durante el lapso que va desde el 19 de junio de 1990 y hasta el 14 de julio de 1995”, el cual desempeñó “de manera intachable, cumpliendo con sus deberes, […] sin recibir reparos o llamados de atención o sanciones, etc., por parte de sus jefes” y del que se desvinculó “por razón del clima laboral que se vivía en la sociedad demandada y no por otra razón”.

2.3. Como quiera que en el desarrollo de un allanamiento en un lugar en el que se presumía la presencia de integrantes del “Cartel de Cali”, diligencia que tuvo lugar el 8 de julio de 1995, las autoridades decomisaron diversos certificados de depósito a término expedidos por la demandada, ésta, una vez conoció tal hecho, adelantó una investigación interna, la cual “se recog[ió] en los documentos que conforman la carpeta denominada ‘Caso DAS Fiscalía”, esto es, en los memorandos de 29 de julio, 14, 15, 16 y 22 de agosto de 1995 y en la carta de 9 de agosto de ese mismo año, remitida a la demandada por sus asesores jurídicos.

2.4. Dicha investigación, en cuanto hace al señor Jaime Pedraza Forero, arrojó, en esencia, los siguientes resultados:

a) Doris Garzón Tribiño, Asistente de Tesorería, en el memorando del 29 de julio de 1995 que dirigió a Francy Yasmine Rubiano, Gerente Financiera, expresó que el nombrado demandante “fue consultado respecto de la propuesta de Lucero García Zapata y Germán Serrano de destruir una carta de Coodemil y borrar las copias azules de los CDTS, documentos existentes en los archivos de la entidad demandada, [y] que frente [a] tal propuesta, éste no dijo nada”.

b) En el memorando de 15 de agosto de 1995, remitido por la citada Gerente Financiera al señor J.L. Antuna, Gerente General, aquella destacó que “el día 7 de julio, fecha del allanamiento a Lucero García,…se perdió en Tesorería la carpeta con CDTS y una semana después Jaime Pedraza, ex tesorero, renunció. El conocía a Lucero García personalmente, pues ella venía a G.M.A.C. para la constitución de CDTS e incluso esperaba en la misma oficina de tesorería cuyo acceso está restringido a los clientes”.

2.5. Los anteriores planteamientos adolecen de imprecisión, como quiera que el referido allanamiento se realizó el 8 de julio de 1995; la carpeta que se perdió, se le extravió a Doris Garzón Tribiño un día antes de dicha fecha; Jaime Pedraza Forero “no fue Tesorero” de la accionada, “sólo era asistente de tesorería”, y renunció “sin saber de la ocurrencia del allanamiento”, debido “al clima laboral que se vivía en la sociedad demandada y no por otra razón”; tal empresa tuvo conocimiento de la realización de la mencionada diligencia el 28 de julio del año en cita; el nombrado actor “no conocía a Lucero García, no negociaba o constituía certificados de depósito a término con ella, y no hizo que… ingresara a las oficinas de la sociedad demandada”.

2.6. No obstante la gravedad de la situación, la sociedad G.M.A.C. Financiera de Colombia S.A., para los fines de la señalada investigación, “no buscó la colaboración de Jaime Pedraza Forero, ya que si bien había renunciado a su cargo, no había razón para que éste no prestara su colaboración”, más cuando su desempeño laboral, como ya se advirtió, no fue objeto de reproche alguno y la demandada sabía de su “idoneidad profesional, seriedad y solvencia moral”.

2.7. La investigación de que se trata “no tuvo en cuenta que Jaime Pedraza Forero era solo un asistente de tesorería (…) [y] que cumplía funciones netamente operativas”, entre las cuales, en lo que tiene que ver con los certificados de depósito a término expedidos por la entidad, se destacan las de elaborarlos materialmente y la de realizar el “fraccionamiento de los títulos inicialmente constituidos, todo según las instrucciones del tesorero” y “de acuerdo a las peticiones de las bolsas de valores”, por lo que no era pertinente “achacarle conductas más allá de sus funciones”. Asimismo, en ese trámite interno se pasó por alto “la estructura organizacional del área de tesorería para efectos de las responsabilidades en cuanto al cumplimiento de los deberes jurídicos de la compañía en lo que tocaba con las captaciones”.

2.8. De esa misma investigación interna se desprende, en lo tocante a los deberes jurídicos de la compañía demandada, que “no conocía a los clientes Coodemil y Coeditex”, constituyentes de los certificados de depósito a término incautados por las autoridades, al punto que sólo a partir del 29 de julio de 1995 se dio a la tarea de establecer y constatar sus datos, sin haber podido contactarlos, habida cuenta de las notorias inconsistencias de la información que recaudó; que no conocía “los volúmenes de fondos” que manejaban esas dos cooperativas, ni “las características de las transacciones financiaras” que realizaban, pues fue sólo a consecuencia de las referidas indagaciones que determinó, por una parte, que las nombradas entidades habían colocado en certificados de depósito a término la suma de $ 8.138.367.795 y, por otra, la forma y el período en que se hicieron los depósitos, la renovación automática de los títulos y las numerosas operaciones de endoso o fraccionamiento de los mismos, derivadas de las solicitudes que emitió la Bolsa de Valores de Bogotá.

2.9. Los asesores jurídicos de la entidad demandada rindieron a ésta concepto en torno de la problemática expuesta, mediante carta del 9 de agosto de 1995, en la que le sugirieron esperar el desarrollo de la investigación adelantada por la Fiscalía; de solicitarse el pago de los certificados de depósito a término decomisados, constatar, antes de su realización, la entrega de los títulos por parte de ese organismo de control; respecto de los restantes certificados constituidos por la citadas cooperativas, “proceder a pagarlos, previa la verificación sobre la identidad de sus beneficiarios a menos que exista orden de autoridad competente que impida” su cancelación; recopilar “la mayor información comercial posible sobre Coodemil y Coeditex”; dar aviso a la Superintendencia Bancaria de las comentadas operaciones, en cumplimiento del artículo 40 de la Ley 190 de 1995, “con el objeto de reducir el riesgo que existe de que la compañía sea sancionada con multas o sus funcionarios sean vinculados a un proceso penal”, sugerencia ésta que, en últimas, no fue atendida por la demandada.

2.10. También como consecuencia del decomiso antes mencionado, la Fiscalía General de la Nación inició el proceso 107, en desarrollo del cual se estableció la historia de los títulos encontrados por las autoridades; se comisionó al Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) para que realizara las pesquisas en la sociedad accionada, las cuales concluyeron con el informe relacionado en el hecho 9º de la demanda; se practicó luego una inspección judicial en las dependencias de dicha institución financiera y, adicionalmente, mediante resolución del 9 de marzo de 2000, por una parte, se negó la devolución de los certificados retenidos solicitada por la sociedad Desarrollos Bursátiles S.A. y, por otra, se ordenó “investigar el delito de enriquecimiento ilícito a favor de terceros”, determinación que dio lugar a la iniciación del proceso 257, el cual estuvo a cargo de la Fiscalía Décima de la Unidad Nacional de Fiscalías Antinarcóticos e Interdicción Marítima.

2.11. En ese nuevo proceso —Nº 257—, con resolución del 4 de abril de 2000, se citó a indagatoria a diversas personas. Seguidamente, con resolución del 24 de mayo del mismo año, se dictó orden de captura contra Jaime Pedraza Forero “por existir antecedentes en el proceso que así lo hacen ameritar, o sea, los aportados por la demandada al Cuerpo Técnico de la Fiscalía,…, y […] la inspección judicial realizada en agosto 27 de 1999 en [sus] oficinas”. En esa misma providencia, se decretaron las pruebas relacionadas en el hecho 10 de la demanda.

Como la orden de captura librada respecto del citado Pedraza Forero no se materializó, “se le declaró persona ausente en septiembre 12 de 2000 y se dictó medida de aseguramiento en su contra mediante resolución de octubre 10 de 2000”, la cual se afincó, en resumen y según la Fiscalía, en su vinculación laboral con la empresa demandada, en la circunstancia de haber renunciado a su cargo pocos días después del decomiso de los certificados de depósito a término, en que él fue la conexión que, al interior de la entidad financiera, facilitó la circulación de grandes capitales provenientes de actividades ilícitas, en que conocía a la persona a quien se incautaron dichos títulos y le facilitó el acceso a las oficinas de la demandada con violación de las normas internas que existían al respecto y, finalmente, en que omitió investigar a las Cooperativas que realizaron las inversiones.

2.12. En razón de la referida medida de aseguramiento, el señor Jaime Pedraza Forero fue capturado el 19 de febrero de 2001, cuando pretendía viajar a República Dominicana a dictar una conferencia, y permaneció recluido en la Cárcel Modelo de esta capital por 3 meses y 16 días, hasta cuando, mediante resolución del 1º de junio de 2001, se decretó la preclusión de la investigación en cuanto a él y se ordenó su libertad, decisiones que, entre otros argumentos, se fundamentaron en que “con los testimonios de las personas que concurrieron al proceso y aún de la persona que inicialmente realizó imputaciones en su contra, su eventual complicidad ha quedado desvirtuada”, de forma que pudo establecerse que no participó “ni en la captación inicial, ni en el fraccionamiento con fines de ocultación”, por lo que “no había razón para involucrarlo en el grado de cómplice”, infiriéndose que “las manifestaciones iniciales que se presenta[ron] como hechos indicadores de su participación eran simples conjeturas o sospechas, sobre las cuales se hizo una errónea valoración”.

2.13. Los esposos Jaime Pedraza Forero y Gloria Esperanza Romero Castillo son personas honorables, formadas en hogares que les inculcaron los más altos valores y principios; su desempeño laboral y, en el caso del primero, docente, no ha sido objeto de reproche alguno; son padres de Diego Mauricio y Ana María Pedraza Romero, a quienes educaron también con criterios de moralidad y rectitud.

2.14. Las imputaciones que la demandada hizo al señor Jaime Pedraza Forero en la mencionada investigación interna, que luego aportó a los procesos penales 107 y 257 adelantados por la Fiscalía General de la Nación, “sin medir las consecuencias, o sin expresar reparos sobre ellas, o sin presentar oportunas rectificaciones”, fueron las que condujeron a su posterior captura y detención.

2.15. Por dicha circunstancia, tales imputaciones afectaron profundamente las relaciones familiares de los demandantes; impidieron que Jaime Pedraza Forero, mientras estuvo detenido, obtuviera los recursos para el sostenimiento de todos ellos; implicaron que, en ese tiempo, los gastos fueran asumidos por su esposa e hijos, muchas veces con préstamos de terceros; ocasionaron a los actores un inmenso dolor y un gran trauma, al punto que el señor Pedraza Forero se vio en la necesidad de recibir asistencia psicológica por tres meses, cuatro horas a la semana; dificultaron el desempeño tanto laboral de Gloria Esperanza Romero, como académico de Diego Mauricio y Ana María Pedraza Romero; provocaron que el señor Pedraza Forero viera “cómo el trabajo de toda una vida para construir el honor, el buen nombre, la honestidad, la pulcritud, la buena fama como requisitos necesarios para el ejercicio exitoso de un profesional en la actividad financiera” y, sobre todo, como docente, se perdiera, por la injusta vinculación que se le hizo a un proceso de enriquecimiento ilícito; y les generaron toda suerte de efectos negativos en el campo económico, como quiera que, en síntesis, determinaron la pérdida de los ingresos que con anterioridad a la detención aquél percibía y, por otra parte, causaron nuevas obligaciones, como los honorarios del abogado defensor que se vieron en la necesidad de contratar, los emolumentos para la manutención del señor Pedraza Forero en la cárcel y el costo del dinero que solicitaron en préstamo.

3. Admitida que fue la demanda por auto del 28 de enero de 2004 (fl. 403 y 404, cdno. 1), se surtió su notificación personal y se corrió traslado de dicho libelo a la sociedad accionada, en diligencia cumplida el 1º de marzo del mismo año (fl. 416, cdno. 1).

4. La demandada, por intermedio de apoderado judicial, al contestar el escrito introductorio, hizo oposición a sus pretensiones, se pronunció expresamente sobre cada uno de sus hechos y formuló las excepciones de fondo que denominó “falta de legitimación en la causa para que GMAC FINANCIERA sea demandada”; “ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil extracontractual”; “inexistencia de nexo jurídico entre la conducta de GMAC FINANCIERA y el posible daño”; “hecho de un tercero”; “acto de autoridad como motivo único de los supuestos daños causados”; “cuantificación exagerada del daño”; y “prescripción” (fls. 418 a 429, cdno. 1).

5. Agotada la tramitación de la instancia, el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de esta capital, al que correspondió el conocimiento del asunto, le puso fin con sentencia del 26 de abril de 2007, en la cual, tras considerar que “la mera conducta de la empresa demandada no tenía la potencialidad de ser la causa determinante de la privación de la libertad de JAIME PEDRAZA” y que, por consiguiente, la “responsabilidad que se reclama no es imputable a la convocada GMAC”, declaró probada la excepción de “ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil extracontractual” y, como consecuencia de ello, negó la totalidad de la pretensiones de la demanda (fls. 235 a 242, cdno. 2).

6. En virtud del recurso de apelación que los actores interpusieron contra el comentado pronunciamiento, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, decidió confirmarlo, mediante el fallo impugnado en casación, fechado el 1º de julio de 2008 (fls. 29 a 58, cdno. 3).

La sentencia del tribunal

1. De entrada, el juzgador de segundo grado calificó la acción como de responsabilidad civil extracontractual y precisó que ella se deriva del “abuso del derecho” que los demandantes atribuyeron a la demandada “al dar informaciones inexactas, falsas y temerarias”.

2. Seguidamente destacó que como la accionada es una persona jurídica, “ella responde de manera directa por los actos de sus agentes, en el entendido que la culpa personal de éstos será también la de aquélla, siempre y cuando que tal conducta desencadenante del daño, como se anticipó, haya tenido lugar en ejercicio de las funciones del dependiente o con ocasión de ellas y, desde luego, que tal comportamiento hubiere sido el determinante del daño o perjuicio sufrido por el extremo demandante”, aserto que reforzó con trascripción de un fallo de esta Corporación.

3. Trajo a colación mpo econs sciera(sic) la jurisprudencia según la cual “quien abusa de un derecho, o lo ejerce de modo negligente, debe indemnizar a la víctima”. Sobre el mismo tema, reprodujo el concepto de un autor extranjero y analizó el contenido de los artículos 1º, 83, 92 y 97, numeral 7º, de la Constitución Política. Coligió, por último, que “dar noticia de hechos teñidos de ilicitud constituye para los habitantes del territorio nacional un imperativo constitucional, que el Código de Procedimiento Penal siempre ha consagrado de modo expreso”.

4. Fijada su atención en las particularidades del caso llevado a su conocimiento, el Tribunal, por una parte, recordó que la situación que se debate tiene su origen en el decomiso de unos certificados de depósito a término expedidos por la entidad demandada y reseñó las más importantes actuaciones cumplidas en los procesos penales que se derivaron de ese hecho; y, por otra, comentó con detalle el contenido de los memorandos conformantes de la investigación interna que, en razón de ese mismo acontecimiento, adelantó la accionada.

Luego de advertir que “la responsabilidad civil surgida como consecuencia del abuso en el ejercicio de un derecho subjetivo, supone la existencia del dolo, o de la temeridad o imprudencia en quien así actúa, es decir, la culpa del agente de ese acto ilícito, circunstancias éstas cuya demostración resulta indispensable para que pueda declararse judicialmente la responsabilidad en cuestión e imponer[se] la condena respectiva por los perjuicios irrogados a la víctima”, el ad quem puso de presente que la demandada “no fue quien dio la noticia del presunto ilícito a las autoridades competentes” que las condujera a la iniciación del proceso penal en el que resultó vinculado el señor Jaime Pedraza Forero, sino que dicha tramitación “tuvo su génesis en la investigación que realizó el detective con distingo número 0270 y la solicitud de allanamiento que éste elevó en el año de 1995 a la Fiscalía General de la Nación…, de allí y del resultado de la incautación de unos CDT’s fue [de] donde [se] derivó toda la investigación penal que da cuenta los autos”.

Añadió que, “[b]ásicamente, las cartas o memorandos donde se mencionó el nombre de Jaime Pedraza Forero son dos (2)”, ambas fechadas el 14 de agosto de 1995; que en uno de tales escritos, la señora Doris Garzón Tribiño, al relatar lo sucedido durante el almuerzo que tuvo con la persona a quien se le decomisaron los certificados de depósito a término —Lucero García— y en la que se habría efectuado la insinuación de “desaparecer la carta donde COODEMIL LTDA. autorizaba a esta señora para efectuar transacciones con los CDT’s y de borrar su firma de tales instrumentos”, señaló que ésta le comentó que había contactado telefónicamente al señor Pedraza y que “sobre el particular ‘él no dijo nada’”; así mismo, que en el otro memorando se registró que el señor Pedraza Forero renunció una semana después del comentado allanamiento y que él conocía personalmente a quien portaba los indicados documentos en el momento en que fueron incautados, e, incluso, que cuando dicha persona iba a la entidad financiera esperaba en la oficina de tesorería, “área a la cual estaba restringido el acceso a los clientes”.

Observó el Tribunal que, de conformidad con “los hechos relatados en la demanda y con la prueba documental” recaudada, “en virtud de los diferentes allanamientos realizados en las ciudades de Cali y Bogotá, se vinculó al proceso por enriquecimiento ilícito a varias personas, entre ellas, a Jaime Pedraza Forero”; que “tal actuación del ente investigador se realizó con base en el resultado de la inspección judicial que se efectuó a la entidad GMAC, donde los detectives del CTI (códigos 6092 y 359) encontraron que los CDT’s fueron abiertos ‘por parte del señor JAIME PEDRAZA y la señora DORIS GARZÓN, quienes para la época, ocupaban los cargos de asistentes de Tesorería’”; y que “en varios de los ‘memos’…se encuentra consignado…que el señor JAIME PEDRAZA renunció días después del allanamiento y que además la carpeta se perdió de la Tesorería, donde también se afirma que este señor conocía personalmente a la señora LUCERO GARCÍA quien al parecer era la persona que constituía los títulos’…”.

Anotó el ad quem, que “[a]sí entonces, estimó el ente investigador en librar orden de captura en su contra, toda vez que ‘…existen antecedentes en la actuación de que el señor JAIME PEDRAZA FORERO,… era el intermediario para colocar ante la compañía GMAC FINANCIERA DE COLOMBIA los certificados de Depósito a Término de las compañías fantasmas, de dineros injustificados,…’”.

5. Con tal fundamento, el sentenciador de segunda instancia coligió:

5.1. Que “los memorandos derivados del trámite interno de la entidad financiera no fueron la causa determinante que dio origen a la detención en la persona de Jaime Pedraza Forero”.

5.2. Que “en tales escritos no se muestra una actitud abusiva de los funcionarios de la entidad”, pues es cierto que el señor Pedraza Forero “renunció al cargo el 14 de julio de 1995 y el allanamiento se llevó a cabo el 8 de julio de esa anualidad, esto es, días después de tal pesquisa”.

5.3. Que en el memorando del 29 de julio de 1995, la señora Doris Garzón Tribiño “se limitó a poner de manifiesto lo que Lucero García le dijo: ‘Seguidamente les pregunté por qué no habían llamado antes y ella me dijo que al Sr. Jaime Pedraza se le había comentado el insidente (sic) pero él no dijo nada’ (fl. 28 y 198, cdno. 1)”.

5.4. Que “la única manifestación que podría tener algún aprieto de cordura, tiene que ver con la afirmación que realizó Francy Yasmine Rubiano en el memorando de agosto 14 de 1995, cuando consideró de relevancia mencionar que Jaime Pedraza conocía a Lucero García y que cuando ésta llegaba a las oficinas de la entidad financiera demandada, ‘esperaba en la misma oficina de tesorería, área a la cual esta[ba] restringido el acceso a los clientes’”, empero “ello tan solo es una apreciación subjetiva del personaje que presenció tal situación y tal calificación no puede tenerse como el motivo primordial que dio lugar a la orden de captura y por supuesto [a] la vinculación del demandante a la investigación sobre enriquecimiento ilícito”.

5.5. La motivación del Fiscal Delegado para adoptar las determinaciones que finalmente condujeron a la detención del señor Pedraza Forero estuvo relacionada con los “antecedentes del caso y, en especial, [con] el carácter de intermediario del actor para colocar ante la GMAC FINANCIERA DE COLOMBIA S.A. los certificados de depósito a término de las compañías fantasmas, es más, el mismo señor Jaime Pedraza, en su declaración, contestó a la pregunta 3ª ‘…Dentro de las labores de asistente de tesorería tenía la función de fraccionar los títulos de acuerdo a órdenes superiores y mediante una carta de solicitud enviada por la Bolsa de valores. Mi función como [la] de la señora DORIS GARZÓN TRIBIÑO era la de recibir órdenes en materia de fraccionamientos, contabilidad dentro del departamento de tesorería’”.

6. Con fundamento en las anteriores reflexiones, el Tribunal concluyó “que la conducta de los funcionarios de la demandada no es abusiva o, mejor, no alcanza a configurar el acto culposo que la ley exige para que se pueda inferir responsabilidad civil, como tampoco lo es el haberse incorporado al expediente penal los diferentes memorandos que conllevaron la investigación interna en la entidad bursátil, pues ello se constituye en el ejercicio de una facultad legítima y de la sola circunstancia de que el procesado Jaime Pedraza Forero hubiese sido finalmente absuelto, no puede derivarse para la demandada responsabilidad civil, máxime si se tiene en cuenta que con tales actuaciones la GMAC FINANCIERA DE COLOMBIA S.A., a través de sus empleados, no tuvo como finalidad causar daño al señor Pedraza Forero, o por los menos eso no se demostró en el proceso”.

7. En relación con otros aspectos de la apelación, en los cuales los recurrentes hicieron referencia a los argumentos que sirvieron de respaldo a la decisión de precluir la investigación en contra del señor Jaime Pedraza Forero y al incumplimiento de la demandada respecto de sus deberes de control sobre las inversiones que captaba del público, el Tribunal, luego de destacar que la propia Fiscalía aceptó que la detención del mencionado Pedraza Forero se debió a “una errónea valoración de los elementos de prueba aportados”, reiteró que las actuaciones de los agentes de la entidad demandada no fueron la causa primordial que motivó la decisión de privarlo de la libertad; que en ellas no se advierte intención de querer causarle daño a él o a su núcleo familiar, ni temeridad, ni “una sindicación punitiva bajo los parámetros de deshonestidad, o de manera inmoral, ni al margen de la prudencia que caracterizan el proceder de un hombre recto y seguro de sus actos”; que “los memorandos internos tan sólo constituyeron un medio de prueba que fue requerido por la autoridad penal y en ese deber de colaboración, se remitieron para que formasen parte del expediente”; que “salta a la vista que, conforme el material probatorio, el ente fiscal fue quien valoró y adoptó de manera autónoma la decisión de vincularlo a la investigación”; y que la supuesta falta de control de las operaciones financieras por parte de la accionada, “no puede erigirse como el motivo determinante de la vinculación a la actuación penal del demandante y por ende de la orden de captura que en ella se emitió”, puesto que “no existe relación de causalidad” entre dicho comportamiento y tales decisiones.

8. Culminó el Tribunal su argumentación señalando que “las restantes pruebas en verdad nada aportan frente al tema de la vinculación del demandante a la actuación penal”, toda vez que “solo dan cuenta del daño que le ocasionó al señor Pedraza Forero […] encontrarse en una situación tan difícil como la de estar privado de la libertad y por ende de la compañía de sus seres queridos”.

La demanda de casación

Cargo único

1. Con respaldo en la causal primera de casación, el recurrente denunció la violación indirecta, por falta de aplicación, de “los artículos 4º, 58, 83, 92 y 95 de la Constitución Política; 4º, 6º, 174, 175, 176, 177, 187, 194, 202, 213, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 276, 289 del Código de Procedimiento Civil; 2º, 822, 882 del Código de Comercio; 16, 63, 66, 653, 664, 665, 234 (sic), del Código Civil, artículos 1º, 2º del Decreto 1872 de 1992, artículo 10 del Decreto 2266 de 1991, artículo 102 del Decreto 663 de 1993 y artículos 31, 39, 40 y 42 de la Ley 190 de 1995, artículo 352, 375, 385, 387, 388, 389, 395 del Decreto 2700 de 1991 Circular Externa 75 de 1992 de la Superintendencia Bancaria”, a consecuencia de los “errores de hecho en que incurrió el Tribunal respecto a pruebas que omitió al momento de fallar”.

En el desarrollo del cargo, como seguidamente se ampliará, se invocaron expresamente, además, los artículos 1494 y 2341 del Código Civil y, entre otros reproches, se cuestionó al Tribunal por no haber encontrado la prueba de los elementos estructurales de la responsabilidad civil extracontractual.

2. Delanteramente, el censor explicó que el quebranto de las normas en precedencia mencionadas se derivó del hecho de que el Tribunal para sustentar sus particulares conclusiones sólo apreció determinadas pruebas, que seguidamente identificó.

3. A continuación, agrupó por temas las pruebas presuntamente preteridas por el ad quem. En cada uno de estos acápites, el casacionista, en esencia, se limitó a identificar los medios de convicción respectivos, generalmente con la invocación de los folios donde se encuentran, a reproducirlos en parte y/o a hacer breves comentarios sobre su sentido demostrativo, como pasa a compendiarse.

3.1. Pruebas concernientes con “la noticia del decomiso de los CDT’s e investigación interna de la demandada”: la conversación sostenida entre Lucero García y Doris Garzón el 28 de julio de 1995, en un almuerzo en el que, a través de ésta, la demandada tuvo conocimiento del decomiso de los títulos; la contestación al hecho quinto de la demanda, que acredita la investigación interna adelantada por la accionada; y la ausencia de demostración de que la entidad financiera hubiese buscado la colaboración del señor Jaime Pedraza Forero, independientemente de que él ya se encontrara desvinculado de su cargo.

3.2. Pruebas relacionadas con “los documentos de la investigación interna de la demandada”: la contestación al hecho sexto, que demuestra la elaboración de varios memorandos, y los documentos de folios 30, 31, 37, 40 a 43, 80, 201, 202 y 442 a 445, cuaderno 1.

3.3. Pruebas vinculadas con “la obligación de control y sus mecanismos”: los documentos de folios 30, 31, 37, 40 a 43, 236 a 238 y 442 a 445, cuaderno principal.

3.4. Pruebas sobre “la obligación de reportar a la Fiscalía y a la Superintendencia Bancaria”: los documentos de folios 37 a 39, 40 a 43, 82, 83, 86, 90, 98, 442 a 445, 529 y 587 a 588, cuaderno 1; y 199, cuaderno 2.

3.5. Pruebas atinentes a “la investigación interna y la vinculación del Jaime Pedraza con Lucero García y los CDT’s”: los documentos de folios 16 a 21, 22 a 28, 29, 30 a 31, 37, 44 a 45, 69, 102, 169 a 173, 227 a 231, 232 a 235, 257, 259, 264 y 420, cuaderno 1, así como 198 y 200 a 203, cuaderno 2; la contestación al hecho séptimo de la demanda; las declaraciones de los señores Sandra Patricia Sabogal Ruiz, Esperanza Camacho Riaño, Fanny Aurora Bacca Sierra, Libardo Ortiz Mancilla y José del Carmen Jaimes Rivera; y el testimonio rendido en el proceso penal por la señora Doris Garzón Tribiño.

3.6. Pruebas tocantes con “el aporte de los documentos que recogen la investigación interna”: los documentos de folios 28 a 43, 80, 81, 109 y 430 a 445, cuaderno 1 y 192 a 204, cuaderno 2; y la contestación al hecho once de la demanda.

3.7. Pruebas relativas a “la vinculación de Jaime Pedraza al proceso penal”: la orden de captura librada en su contra; y los documentos de folios 22 a 43, 80, 81, 82 a 98, 111 a 174, 193, 208 a 210 y 252 a 266 del cuaderno 1.

4. A continuación, el recurrente precisó que si el Tribunal hubiese apreciado las pruebas que, en su opinión, fueron ignoradas, otras habrían sido sus conclusiones, y sobre el particular explicó:

4.1. De conformidad con los artículos 1º del Decreto 1872 de 1992 y 102 del Decreto 663 de 1993, la Ley 190 de 1995 y la Circular Externa 75 de 1992 de la entonces Superintendencia Bancaria, la demandada, como todas las entidades financieras, estaba obligada a “adoptar las medidas necesarias y suficientes para que sus operaciones no pudieran ser utilizadas en el ocultamiento o lavado de dinero”; “conocer la actividad económica” y la “magnitud” de la misma, respecto de sus clientes; “establecer la frecuencia, características, volumen y movimientos de fondos” de ellos; y “reportar de forma inmediata y suficiente a la Fiscalía General de la Nación cualquier información sobre el manejo de fondos cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica de sus clientes” o sobre operaciones en relación con las cuales “se pueda sospechar que se usa a la entidad para manejar dineros ilícitos”.

Con tal fundamento agregó que “la consideración de no aplicar dicha normatividad como generador de la vinculación de Jaime Pedraza al proceso penal” es evidente, pero “el Tribunal no consideró las pruebas que demuestran el incumplimiento de las mismas”, cuando dicha omisión, por una parte, “es un acto alejado de la prudencia que caracteriza el proceder de un hombre recto, diligente y cuidadoso de respetar los deberes que a su cargo consagra la ley” y, por otra, “permitió el camino criminal que nace en la emisión y posteriores fraccionamientos, que unidos al decomiso, generan el actuar culposo” que dañó a los demandantes.

Insistió en que el mencionado incumplimiento permitió los hechos materia de la investigación penal, los cuales, ante su gravedad, motivaron asimismo que la demandada adelantara “una investigación interna” que luego aportó a la Fiscalía, “quien con base en ella vincul[ó] a Jaime Pedraza”, sin que éste, por lo tanto, tuviera lugar a los beneficios del artículo 42 de la Ley 190 de 1995.

En definitiva, el censor aseveró que “desconocer por parte del Tribunal pruebas del incumplimiento de los deberes que estaban a cargo de la demandada…, no puede considerarse como una falta de relación de causalidad entre ellas y la vinculación al proceso penal de Jaime Pedraza, y ello obligaba a fallar en forma diferente a la que lo hizo”.

4.2. Luego de compendiar las apreciaciones del ad quem tocantes, en primer lugar, con los artículos 83, 92 y 95 de la Constitución Política, en segundo término, con la estimación que dicha autoridad hizo en cuanto a que la aportación al proceso penal de los documentos integrantes de la investigación interna que realizó la demandada corresponde al “ejercicio de una facultad legítima” y, finalmente, con su inferencia de que los memorandos de la accionada no fueron “causa determinante” de la detención del nombrado Pedraza Forero, ni denotan una “actitud abusiva” o temeraria de los funcionarios de la accionada, el impugnante observó que “[l]a aplicación de las normas mencionadas en cuanto a lo que considera el Tribunal respecto a la actuación de la demandada, obligaba a éste a no olvidar que tal miramiento no tiene lugar, cuando existen pruebas admisibles, pertinentes y eficaces…” que servían para “desvirtuar la presunción de la buena fe y de verdad que en principio cobijaba a las actuaciones de la demandada”, de lo que coligió que dicho sentenciador actuó “en contra de la ley [y de] la Constitución, que lo obligaba[n] a fallar en forma diferente”.

4.3. Fincado en el artículo 2341 del Código Civil, el censor resaltó que “quien por actuar con culpa, dañ[a] a otro, debe indemnizar a su víctima”, puesto que “nace… una obligación a cargo del culpable”, en tanto que “si ha desatado una cadena de mutaciones en el mundo exterior, cuyo efecto final va a ser la lesión de un bien patrimonial o extracontractual de la víctima, ella tiene derecho a su reparación”, aserto que reforzó con la invocación del artículo 1494 de la misma obra.

Añadió que el sentenciador de segunda instancia “tenía el deber, sustentado en el acervo probatorio, de considerar aquellos hechos claros y concluyentes que negaban las razones por las cuales confirmó la sentencia de abril 26 de 2007, y al no hacerlo por omitir pruebas admisibles, pertinentes y eficaces, la actuación del Tribunal es del todo errada, ya que, en el ordenamiento legal no está previsto un valor preferente de los hechos que aceptó, frente [a] aquellos obrantes en el proceso y debidamente probados, y que son concluyentes y prevalentes de conformidad con la Constitución y la ley, para desvirtuar (sic) que señaló en la sentencia”, planteamiento que remató pidiendo la aplicación del artículo 2535 del Código Civil.

5. Finalmente, el casacionista destacó que la sentencia del Tribunal desconoció el “derecho de propiedad de los actores que nació a su favor al originarse en la demandada la obligación de indemnizarlos” por los daños que padecieron y que, por consiguiente, dicha autoridad transgredió los artículos 4º y 58 de la Constitución Política, así como los artículos g653, 664, 665, 1494 y 2341 del Código Civil.

Consideraciones

1. El Tribunal, para arribar a la decisión confirmatoria que profirió, delanteramente, calificó la acción como de responsabilidad civil extracontractual derivada del ejercicio abusivo de un derecho y estimó en cuanto a ella, que “supone la existencia del dolo, o de la temeridad o imprudencia en quien así actúa, es decir, la culpa del agente de ese acto ilícito”.

Con el fundamento antes señalado, el ad quem asumió el estudio del caso llevado a su conocimiento y, en el campo de los hechggos, coligió lo siguiente: 

a) La sociedad demandada no fue quien dio aviso a las autoridades sobre las infracciones que motivaron el adelantamiento del proceso penal por enriquecimiento ilícito, al cual fue vinculado el demandante señor Jaime Pedraza Forero. 

b) Los memorandos que integran la investigación interna que la accionada adelantó con ocasión de esos mismos hechos, “no fueron la causa determinante que dio origen a la detención” de quien fuera su empleado. 

c) Esas comunicaciones no muestran “una actitud abusiva de los funcionarios de la entidad” demandada, ni alcanzan “a configurar el acto culposo que la ley exige para que se pueda inferir responsabilidad civil”, ni tuvieron “como finalidad causar daño al señor Pedraza Forero” o a su familia. 

El memorando librado el 14 de agosto de 1995 por la señora Francy Yasmine Rubiano, en el cual “consideró de relevancia mencionar que Jaime Pedraza conocía a Lucero García y que cuando ésta llegaba a las oficinas de la entidad financiera demandada ‘esperaba en la misma oficina de tesorería, área a la cual esta[ba] restringido el acceso a los clientes’…, tan solo es una apreciación subjetiva del personaje que presenció tal situación y tal calificación no puede tenerse como motivo primordial que dio lugar a la orden de captura y por supuesto [a] la vinculación del demandante a la investigación sobre enriquecimiento ilícito”.  

d) La aportación al referido proceso penal de los documentos materia de la también mencionada investigación interna seguida por la accionada, constituyó “el ejercicio de una facultad legítima” y obedeció al requerimiento que al respecto le hizo el correspondiente Fiscal.  

e) La vinculación del señor Pedraza Forero al señalado trámite penal y, concretamente, la detención que allí se ordenó en su contra, fueron decisiones autónomamente adoptadas por el Fiscal del conocimiento, que se fundamentaron en los “antecedentes del caso y, en especial, [en] el caráctger de intermediario del actor para colocar ante la GMAC FINANCIERA DE COLOMBIA S.A., los certificados de depósito a término de las compañías fantasmas”, como quiera que a él le correspondía dentro de las labores de asistente de tesorería, como lo admitió en el interrogatorio que absolvió, la función de fraccionar los títulos de acuerdo con las órdenes superiores que recibiera o a las solicitudes que por escrito formularan las bolsas de valores.  

f) El incumplimiento por parte de la demandada de los deberes legales de control respecto de las captaciones que recibía y de dar aviso oportuno a las autoridades sobre cualquier operación sospechosa o irregular, “no puede erigirse como el motivo determinante de la vinculación a la actuación penal del demandante y por ende de la orden de captura que en ella se emitió; puesto que no existe relación de causalidad entre éste y aquella; a la postre, podía generar una sanción por parte del organismo de control y vigilancia al tenor del artículo 107 del Decreto 663 de 1993”.  

2. En el único cargo propuesto en casación, el recurrente reprochó al Tribunal haber preterido diversas pruebas respecto de variados aspectos de la controversia, tales como el relacionado con el conocimiento que la demandada tuvo del decomiso por parte de las autoridades de varios certificados de depósito que había expedido; la investigación que en torno de tales títulos ella realizó, los documentos que la integraron y su posterior aportación a los procesos penales que por esos mismos hechos se adelantaron; el incumplimiento de las obligaciones de control que recaían en cabeza de la accionada, entre ellas, la de reportar a la Fiscalía y a la entonces Superintendencia Bancaria las operaciones que brindaran sospecha de que encubrían el manejo de dinero proveniente de actividades ilícitas; la relación que se hizo del señor Jaime Pedraza Forero con la señora Lucero García, a quien se incautaron los títulos, y de aquél con dichos instrumentos; y la vinculación del nombrado demandante a la investigación penal por el delito de enriquecimiento ilícito.

A continuación, el impugnante aseveró que si dichos medios de convicción hubiesen sido ponderados, otro habría sido el sentido del fallo y sobre el particular explicó:

a) El incumplimiento de los deberes que tenía la demandada de controlar las captaciones de dinero que recibía y de dar informes oportunos a las autoridades competentes respecto de las operaciones sospechosas, dio lugar a la ocurrencia de los hechos materia de la investigación penal adelantada por la Fiscalía y, por ende, generó el daño padecido por el señor Jaime Pedraza Forero y por su familia.

b) El comportamiento de la demandada no corresponde, en realidad, al que el Tribunal encontró apegado a “la presunción de buena fe y de verdad”, ni su actitud tuvo como propósito colaborar con la justicia a través de la denuncia de la comisión de ilícitos, o correspondió al ejercicio de una facultad legítima.

c) El Tribunal debió reconocer la responsabilidad civil demandada, ya que si alguien con culpa “ha desatado una cadena de mutaciones en el mundo exterior, cuyo efecto final va a ser la lesión de un bien patrimonial o extracontractual (sic) de la víctima, ella tiene derecho a su reparación”, razón por la cual debió “considerar aquellos hechos claros y concluyentes que negaban las razones por la cuales confirmó la sentencia de abril 26 de 2007”, y no los que le sirvieron para adoptar esa determinación.

3. Tal comprensión sobre los alcances de la sentencia de segunda instancia, en comparación con los argumentos de la censura planteada para sustentar el recurso extraordinario que se examina, dejan al descubierto que el impugnante no se ocupó de combatir, o de hacerlo frontal y certeramente, los verdaderos fundamentos de dicho fallo, el cual, por ende, habrá de mantenerse en pie, toda vez que los basamentos en que se apoya, no fueron por manera alguna resquebrajados.

En efecto, siguiendo el mismo orden en que se dejaron consignados los planteamientos sustentantes de la sentencia del ad quem, se establece:

3.1. Ni la calificación que el Tribunal hizo de la acción, ni su apreciación consistente en que para el establecimiento de la responsabilidad civil extracontractual derivada del ejercicio abusivo de un derecho se requiere la plena demostración de que la persona a quien se reclama la reparación del perjuicio actuó con dolo, esto es, con intención de dañar, o, por lo menos, con culpa, entendida como imprudencia o temeridad, ni las conclusiones fácticas a las que arribó esa autoridad recogidas en los literales a), b), d) y e) del punto primero precedente, fueron en verdad cuestionadas.

Es que el censor nada objetó en relación con la comentada calificación de la acción, o con la referida exigencia que para su prosperidad el Tribunal dedujo, o con las advertidas inferencias que de los acontecimientos esa Corporación extrajo, en torno de las cuales debe resaltarse —ello es toral— que el impugnador ningún reparo elevó en contra de los argumentos que las respaldan, esto es, básicamente, que el proceso penal que por el delito de enriquecimiento ilícito se adelantó, fue consecuencia de la actividad oficiosa de las propias autoridades; o que la vinculación del señor Jaime Pedraza Forero a dicho diligenciamiento, o la detención que en el curso del mismo se decretó en su contra, fueron decisiones producto, por una parte, de la autónoma valoración que el Fiscal Delegado del conocimiento hizo de los elementos de juicio de que disponía y, por otra, del hecho de que el citado Pedraza Forero, como asistente de tesorería de la sociedad G.M.A.C. Financiera de Colombia S.A., era una de las personas que se encargaba del fraccionamiento de los certificados de depósito a término expedidos por la entidad; y que la aportación al asunto penal en precedencia comentado de los documentos recaudados en la investigación que con motivo del varias veces indicado decomiso realizó la demandada, fue un acto que se verificó en ejercicio de una facultad-deber legítima, la de colaborar con el esclarecimiento de los hechos, y en cumplimiento de las ordenes que le impartió el Fiscal de la causa.

En consecuencia, si dichos planteamientos del Tribunal no fueron efectivamente combatidos, aflora paladino que su fallo no está llamado a derrumbarse, en tanto que ellos soportan suficientemente la decisión confirmatoria dictada en segunda instancia.

Sobre el particular, pertinente es recordar que “‘por vía de la causal primera de casación no cualquier cargo puede recibirse, ni puede tener eficacia legal, sino tan solo aquellos que impugnan directa y completamente los fundamentos de la sentencia o las resoluciones adoptadas en ésta; de allí que haya predicado repetidamente [la Corte] que los cargos operantes en un recurso de casación únicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrantarlas, puesto que si alguna de ellas no es atacada y por sí misma le presta apoyo suficiente al fallo impugnado éste debe quedar en pie, haciéndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura’ (se resalta; cas. civ. jun. 23/89, exp. 5189, reiterada en cas. civ. dic. 15/2003, exp. 7565)” (Cas. Civ., sent. dic. 19/2005, exp. 1989-01859-01).

3.2. En cuanto hace a la consideración del Tribunal relativa a que los memorandos conformantes de la investigación realizada por la demandada no evidencian que los funcionarios de ésta que los suscribieron, hubieran actuado abusivamente, o con la intención de dañar al señor Jaime Pedraza Forero o a su familia, o con temeridad o notoria imprudencia, el censor, al tratar el tema atinente a “la investigación interna y la vinculación de Jaime Pedraza con Lucero García y los CDT’s”, relacionó como pruebas preteridas por el ad quem, las siguientes:

a) Los documentos de folios 257, 259 y 264, cuaderno 1, sobre los que dijo acreditan “que Lucero García ‘es realmente la persona que realizó en todas las etapas las conducta típica’, y por ello se le dictó resolución acusatoria”.

b) Los escritos de folios 29, 37 y 102, cuaderno 1, que demuestran “que la demandada consideró grave lo dicho por Doris Garzón,…, en cuanto a que Lucero García le pidió ayuda para desaparecer y borrar los documentos donde aparece vinculada a los CDT’s decomisados. De esta preocupación hace referencia la Fiscalía”.

c) El material obrante a folios 22 a 28, 30, 31, 169 a 173 y 227 a 231, cuaderno 1, así como a folios 198 y 200 a 203, cuaderno 2, en tanto que comprueba que “quien vincula a Jaime Pedraza con Lucero García y los CDT’s, es la demandada en los memorandos de julio 29 de 1995, de agosto 15 de 1995, de agosto 16 de 1995 y con los dos de agosto 14 de 1995, y con el testimonio de Doris Garzón, empleada de la demandada”, memorandos cuyo contenido, en lo más diciente, a continuación reprodujo.  

d) Los documentos visibles a folios 16 a 21, cuaderno principal, que son prueba de “que el allanamiento y decomiso de los CDT’s ocurrió el sábado 8 de julio de 1995, y no el viernes 7 de julio de 1985”.

e) Las piezas militantes a folios 44 y 45 de las que se desprende que “la pérdida de la carpeta, ocurrió un día antes del allanamiento y decomiso y que la misma se le perdió a Doris Garzón, ya que no guardó la carpeta en la caja fuerte. Además, no existe prueba que dicha carpeta corresponda a los CDT’s decomisados, asimismo ella no podía estar en uso, [porque] los CDT’s vencían solo hasta julio 21 de 1995, como así lo señala a folio 30, cuaderno 1”.

f) La contestación al hecho séptimo de la demanda y el testimonio rendido por la señora Sandra Patricia Sabogal Ruiz, elementos de juicio de los cuales se infiere que Jaime Pedraza Forero no se desempeñó como Tesorero de la entidad demandada, sino como Asistente de Tesorería.

g) Las declaraciones recibidas a las señoras Esperanza Camacho Riaño y Fanny Aurora Bacca Sierra, que dejan en claro que las funciones que el señor Jaime Pedraza Forero cumplía como asistente de tesorería en la entidad demandada eran “netamente operativas”, es decir, que “consistían en elaborar materialmente los CDT’s de las captaciones realizadas por la compañía” y efectuar “los fraccionamientos de los CDT’s, todo a su solicitud y bajo las órdenes del tesorero… y de acuerdo a las peticiones de las bolsas de valores”.

h) Los testimonios atrás mencionados, así como el rendido por el señor Libardo Ortiz Mancilla y los documentos de folios 69 a 71 del cuaderno 1, probanzas que dan cuenta de que el señor Jaime Pedraza Forero renunció al cargo de asistente de tesorería de la demandada antes de saber del decomiso de los certificados de depósito a término y debido al ambiente laboral que reinaba entonces en dicha empresa.

Se sigue de lo expuesto que los planteamientos anteriormente compendiados, en esencia, se limitaron a afirmar la preterición de las señaladas pruebas por parte del ad quem y a ilustrar, aunque en forma tangencial, el sentido y alcance que, en concepto del censor, ellas tenían, dejando así en el umbral la acusación, pues su gestor no dio el paso siguiente que era indispensable para su adecuada configuración, toda vez que nada dijo en pro de demostrar los errores de hecho que imputó al sentenciador, deber que implicaba evidenciar la rutilancia y trascendencia de los mismos, para lo cual, como lo tiene decantado la Corte, se impone al recurrente, “más que disentir, […] acreditar los yerros que le atribuye al sentenciador, laborío que reclama la singularización de los medios probatorios supuestos o preteridos; su puntual confrontación con las conclusiones que de ellos extrajo —o debió extraer— el Tribunal y la exposición de la evidencia de la equivocación, así como de su trascendencia en la determinación adoptada” (Cas. Civ., sent. mar. 23/2004, exp. 7533; se resalta).

Se suma a lo dicho, que la protesta del censor no estuvo dirigida a controvertir las conclusiones que sobre los mencionados memorandos extrajo el sentenciador de segunda instancia, esto es, se repite, que de dichas comunicaciones no se infiere que los funcionarios de la demandada que las expidieron hubiesen actuado con la intención de dañar a los actores, o con deshonestidad, temeridad o imprudencia, circunstancia que impidió a esa Corporación avizorar la presencia en el caso sub lite del factor subjetivo de imputación —culpa— y, por esta vía, la adecuada estructuración de la responsabilidad civil extracontractual demandada.

3.3. El último planteamiento del Tribunal, según el cual el incumplimiento por parte de la demandada de sus obligaciones de controlar la captación de los fondos que recibía y de informar a las autoridades las operaciones sospechosas, no fue la causa directa de los perjuicios padecidos por los actores en razón de la pérdida de la libertad por parte del señor Jaime Pedraza Forero, de lo que infirió el incumplimiento del requisito de la responsabilidad relativo al nexo de causalidad, tampoco fue desvirtuado.

Ciertamente, los argumentos que el censor propuso en lo atinente a este punto, son ajenos al razonamiento del Tribunal, puesto que se circunscribieron, por una parte, a poner de presente, con invocación de las normas legales correspondientes, la existencia de esos deberes en cabeza de la sociedad accionada y, por otra, a advertir que el desconocimiento de dicha normatividad es “contrari[o] a derecho”, o que su cumplimiento no era potestativo por parte de la entidad demandada, o que es un “acto alejado de la prudencia que caracteriza al proceder de un hombre recto, diligente y cuidadoso de respetar los deberes que a su cargo consagra la ley”, o que dicha omisión “permitió el camino criminal que nace en la emisión, y posteriores fraccionamientos, que unidos al decomiso, generan el actuar culposo que dañó” a los demandantes.

Empero resulta que el ad quem, tras advertir que la accionada, en efecto, no atendió tales cargas legales, lo que, per se, descarta la pretermisión denunciada, atribuyó a su omisión un significado jurídico diverso, en tanto que no la consideró como causa directa de la vinculación del señor Jaime Pedraza Forero al proceso penal que adelantó la Fiscalía por el delito de enriquecimiento ilícito, ni de que en dicha tramitación se hubiese decidido privar de la libertad al nombrado demandante, sino, a lo sumo, como motivo para la imposición de “una sanción por parte del organismo de control y vigilancia al tenor del artículo 107 del Decreto 663 de 1993”.

Ningún sustento, pues, encuentra la crítica del censor a la conclusión del ad quem relativa a que la insatisfacción de los señalados deberes no permite establecer un nexo causal entre dicha conducta y “la vinculación al proceso penal de Jaime Pedraza”, aserto ayuno por completo de demostración, que, por lo tanto, no es suficiente para controvertir la postura que al respecto adoptó el Tribunal.

4. Desde otra perspectiva, cabe añadir que si la preterición de pruebas, por regla de principio, conduce al desconocimiento de hechos que de haber sido apreciados por el sentenciador hubiesen obligado a resolver en forma diferente el proceso, en el sub lite tal condición no se cumple, como quiera que, según se desprende del propio fallo recurrido, examinado en todo su contexto, el Tribunal sí apreció y admitió los hechos que el censor, precisamente, señaló como desconocidos por esa autoridad.

Ciertamente, la sentencia recurrida partió del decomiso de los certificados de depósito a término expedidos por la demandada, del enteramiento que ella obtuvo de ese hecho, de la investigación interna que con ocasión del mismo tal entidad adelantó, de los memorandos que la conformaron y de su posterior aportación a los procesos penales que en razón de esos sucesos adelantó la Fiscalía General de la Nación.

En relación con los señalados memorandos, el Tribunal se refirió a ellos, uno a uno, en forma pormenorizada, y resaltó que en algunos se especificó que el señor Pedraza Forero renunció a su cargo unos días después de la práctica de indicado allanamiento, que él conocía a la persona a quien se incautaron los referidos documentos, que ella cuando iba a la entidad financiera esperaba en las dependencias de tesorería, pese a estar restringido el acceso a los clientes, y que dicha persona, en una conversación que sostuvo con la otra asistente de tesorería de la demandada, señora Doris Garzón Tribiño, le manifestó a ésta que había hecho contacto telefónico con el citado demandante y le había comentado el “incidente”, quien no había dicho nada al respecto.

Por otra parte, el sentenciador de segunda instancia tuvo en cuenta la vinculación laboral que existió entre el señor Jaime Pedraza Forero y la accionada, que su cargo fue el de Asistente de Tesorería, que en desarrollo del mismo, entre otras funciones, tenía la de elaborar los certificados de depósito a término de los dineros captados del público por la entidad y de aquellos que, por orden de sus superiores o por solicitud de los bancos o de las bolsas de valores, debían reemplazarlos, en los casos de fraccionamiento, y que a tal relación él le puso fin mediante renuncia, que presentó días después del mencionado decomiso y sin tener conocimiento de su ocurrencia.

De igual modo, el pronunciamiento del ad quem reconoció la existencia de los referidos procesos penales, entre ellos, el iniciado de oficio por el delito de enriquecimiento ilícito, la vinculación a éste como cómplice del señor Jaime Pedraza Forero, la medida de aseguramiento que en su contra allí se adoptó, la pérdida de la libertad del citado actor y la preclusión de la investigación que respecto de él luego se emitió.

Es ostensible, entonces, que ninguna razón asiste al casacionista cuando reprocha al Tribunal la preterición denunciada, siendo ese el único yerro imputado en el cargo auscultado, pues es lo cierto que, con apoyo en el material probatorio recaudado, el Tribunal admitió la demostración de todos y cada uno de los hechos sobre los que el censor llamó la atención, lo que, per se, descarta el buen suceso de la acusación examinada. Cosa diferente es que, con tal soporte fáctico, el ad quem, por una parte, hubiese colegido que en el presente proceso no se acreditó la culpa de la demandada en las actuaciones realizadas respecto de la investigación interna que sus funcionarios efectuaron con ocasión de los movimientos financieros cuestionados, o, por la otra, que el incumplimiento de los deberes profesionales a su cargo, consistentes en controlar rigurosamente las captaciones de dinero que efectuaba y de informar a las autoridades los movimientos financieros sospechosos, no tuviera una relación de causalidad adecuada con la vinculación que al proceso penal por enriquecimiento ilícito se hizo del demandante señor Jaime Pedraza Forero, ni con la medida de aseguramiento de que él fue objeto en ese asunto.

Recuérdese al respecto que el surgimiento de la obligación reparatoria o indemnizatoria tiene como fundamento la presencia concurrente de los que se han conocido como los elementos o presupuestos de la responsabilidad civil, entre los cuales, además del hecho ilícito y del daño, para el caso que se analiza sobresalen la existencia de un factor o criterio de imputación de la responsabilidad, generalmente de carácter subjetivo —culpa—, referido a que el comportamiento del autor del daño no se haya ajustado a los estándares de conducta exigibles para la vida en sociedad, particularmente en cuanto a la omisión de los deberes de prevención y de evitación de daños que a cada uno corresponde según el rol que desempeñe, y la relación de causalidad directa y adecuada que debe existir entre la acción u omisión de aquel cuya responsabilidad se investiga y el daño sufrido por la víctima del ilícito. Adviértase, en relación con lo primero, que en el proceso de que se trata no se acreditó que la mención del nombre del señor Jaime Pedraza Forero en los memorandos elaborados con ocasión de la investigación interna realizada por funcionarios de la accionada sobre las operaciones catalogadas de sospechosas o el suministro de tal información a la Fiscalía General de la Nación por solicitud que ésta le hiciera a la sociedad demandada, hubieran sido conductas alejadas de los estándares de comportamiento exigibles a la mencionada compañía; asimismo, en relación con el segundo aspecto destacado, es evidente que en el plenario no se demostró que la inobservancia de la accionada respecto de los deberes profesionales a ella exigibles en relación con el conocimiento de sus clientes, el origen de sus recursos o la magnitud de sus operaciones, hubiera sido, en realidad, la causa adecuada de la vinculación del señor Pedraza Forero al proceso penal de marras o de su posterior detención, con las lamentables consecuencias personales y familiares, desde luego las económicas, que una situación de esa naturaleza ocasiona, así tales omisiones pudieran ser catalogadas como comportamientos culposos.  

Es que en el asunto que se analiza, y particularmente en la constatación de la relación de causalidad entre la conducta censurada y el daño sufrido por los demandantes, es imposible desconocer que fue la propia Fiscalía General de la Nación la que en providencia del 1º de junio de 2000, cuando precluyó la investigación que adelantaba contra Jaime Pedraza Forero, aseveró que “no había razón para involucrarlo en el grado de cómplice dentro de la investigación y las manifestaciones iniciales que se presentaban como hechos indicadores de su participación eran simples conjeturas o sospechas, sobre las cuales se hizo una errónea valoración” (resalta fuera del texto). 

5. Colofón del precedente análisis es que el cargo no está llamado a prosperar y que, por consiguiente, no habrá de casarse la sentencia recurrida.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, actuando en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 1º de julio de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en este proceso ordinario.

Se condena en constas en casación, a la parte recurrente. Liquídense.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Magistrados: William Namén Vargas—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Ruth Marina Díaz Rueda—Pedro Octavio Munar Cadena—Arturo Solarte Rodríguez—César Julio Valencia Copete—Edgardo Villamil Portilla.